El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.
Venezuela en vísperas
Desde hace semanas, un gran dispositivo naval de Estados Unidos está posicionado en el Caribe frente a las costas de Venezuela con la excusa oficial de operaciones contra el narcotráfico, aunque en el momento actual ya ha escalado a operaciones antiterroristas. La exhibición de este poder militar, además de perfectamente innecesaria, es extemporánea para la misión oficial declarada. Las fuerzas desplegadas, sobre todo a partir de la incorporación del portaaviones Gerald Ford y de su grupo de protección naval, han ido incrementando la postura de combate con entrenamiento de las capacidades específicas de los buques de superficie, arma submarina, desembarco anfibio y vuelos en la zona, cuyo espacio aéreo ha sido despejado por la emisión de una alerta de la agencia norteamericana para restringir el tráfico de la aviación comercial.
No obstante, el alistamiento de la fuerza no parece que tenga como fin un ataque inminente y a gran escala contra Venezuela, sino que la misión principal consistiría en exhibir el poder militar en proximidad para forzar al régimen de Maduro a pactar su salida del país. Esta presión externa se combinaría con la interna de la oposición venezolana para producir el cambio de gobierno, dando paso al presidente electo en los últimos comicios generales. La clave de la resistencia del régimen de Maduro sigue estando en la unidad de las fuerzas armadas, sin cuyo concurso el gobierno venezolano no podría sostenerse ante el deterioro de sus políticas y el abandono masivo del apoyo popular. Operaciones encubiertas de los servicios de Inteligencia, aprobadas por orden presidencial, estarían trabajando sobre el terreno para este fin.
La reacción del régimen, que no ha conseguido el pacto de no agresión con Washington pese a las concesiones ofrecidas, ha consistido en movilizar al Estado y a sus bases militantes para organizar la defensa frente a una eventual agresión externa, si bien es notorio que realmente el plan está diseñado para reforzar el control interior de la población y de todos los recursos públicos. La vía de la negociación sigue abierta, aunque todo indica que ya únicamente en la línea de pactar una salida del poder y, en tal sentido, cabe interpretar el hecho de que la parte estadounidense haya desvelado la llamada telefónica directa entre ambos presidentes “para salvar vidas”. La administración Trump, que tiene descontado el fin del régimen, es consciente de los riesgos del empleo de la fuerza, que podría derivar en consecuencias imprevisibles.
La caída del régimen pondría el anhelado fin a tres décadas de chavismo y, con la restitución en el poder de la derecha política legitimada por las urnas, situaría a Venezuela como aliado principal de la administración Trump en su estrategia sobre América del Sur. La pieza encajaría perfectamente en el dominó de la tendencia electoral en la región, donde cada vez es menos indisimulada la intervención estadounidense en favor de los candidatos que mejor garanticen sus intereses comerciales y políticos. Al mismo tiempo, un ejecutivo aliado en Caracas sería de enorme utilidad frente a los gobiernos de Brasil y Colombia, todavía restos importantes de una izquierda latinoamericana en retroceso. A este respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aparece cada vez más aislado y perfilado como disidente de la línea ortodoxa marcada por la Secretaría de Estado, habiendo merecido ya la inquietante calificación de “líder narcotraficante”. El presidente de Colombia, que lo es también de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en ejercicio, ha denunciado el silencio atronador de los organismos multinacionales frente al desconocimiento fragrante y constante desafío de Washington a las normas del Derecho internacional.
La peculiar campaña en Venezuela a la que asistimos estos días, con confusas razones justificativas, es relevante en la nueva ‘doctrina Monroe’ de seguridad nacional
La advertencia del presidente Petro merece toda la consideración, si entendemos que las normas internacionales, con todas sus insuficiencias e imperfecciones, son el único instrumento colectivo consensuado con que cuenta la comunidad de Estados soberanos, en un sistema anárquico que carece de autoridad ejecutiva, para regular las relaciones internacionales con cierto grado de previsibilidad dentro de la disparidad de recursos y evitar así que se imponga la ley del más fuerte. El proceso de integración política, social y económica en las regiones mundiales, con un desarrollo de los organismos multilaterales y la creación de una agenda compartida sobre los asuntos esenciales para la supervivencia como el clima, la sanidad y la extracción de recursos, que parecía irreversible cualquiera que fuera el signo político de los países, está siendo relegada por la lógica que impone el realismo en el tablero internacional.
La aparición de un liderazgo disruptivo en Estados Unidos, que renuncia explícitamente a su papel moderador en el mundo para replegarse en sus propios intereses nacionales, ha acelerado el proceso de suspensión, y cierta descomposición, de la aplicación de la ley internacional. Washington abandona sus responsabilidades de actor principal del sistema de seguridad colectivo para arrogarse unilateralmente competencias a la carta que favorezcan sus declarados intereses económicos sea la obtención de tierras raras, los suministros energéticos, la balanza comercial, el desarrollo inmobiliario o la expansión de su industria armamentística.
La política MAGA de desconexión del consenso internacional, agudizada en este segundo mandato presidencial, se despliega ya en todos los ámbitos. La peculiar campaña en Venezuela a la que asistimos estos días, con confusas razones justificativas, es relevante en la nueva “doctrina Monroe” de seguridad nacional. En su misión de gendarme en la zona, se han comunicado ex post facto diversos incidentes de apertura de fuego contra embarcaciones menores con destrucción total de los objetivos, consumando la ejecución extrajudicial de cerca ya de un centenar de personas. La desproporción de emplear buques de guerra en operaciones de naturaleza policial y la decisión de actuar sin sujeción a derecho plantea, en este como en otros casos, consecuencias funestas para la reconstrucción de un nuevo orden que no vuelva a la bipolaridad de las esferas de influencia. En este sentido, las vísperas en Venezuela también lo son para el sistema internacional.