Nuestro país se enfrenta hoy a una miríada de crisis, entre las que podemos destacar tres extremadamente acuciantes: la crisis del coste de vida, consecuencia del aumento de la inflación; la existencia de un mercado de trabajo altamente precarizado, especialmente para los más jóvenes, y la crisis climática, que nos recuerda a través de fenómenos meteorológicos extremos su urgencia. Como explica el economista político Adam Tooze, estas emergencias son tan desconcertantes porque ya no parece factible señalar una única causa y, por consiguiente, una única solución. Hemos entrado en el mundo de lo que él llama de policrisis, donde shocks económicos, ecológicos y, recientemente, sanitarios, son dispares, “pero interactúan de modo que el conjunto es aún más abrumador que la suma de las partes”. Sin embargo, pese a que un mundo de policrisis requiere soluciones más complejas, tiene la ventaja de que, en caso de identificar políticas que se dirijan a más de una emergencia, podemos hacer frente a la policrisis en su totalidad. La mejor herramienta de la que dispone el Estado para hacerlo es una que abandonó hace cuatro décadas y que parece que hoy regresa con más importancia que nunca.

El problema más apremiante es el de la inflación, una de las preocupaciones principales de los hogares de nuestro país. España ha experimentado recientemente una inflación récord, lo que ha llevado a un aumento en los precios de los bienes y servicios. Esta situación es particularmente difícil para aquellos con ingresos bajos y medios, que ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Una política industrial se centra en atacar la inflación desde la oferta, a través de la innovación y la inversión pública en sectores clave, como la tecnología, la energía y la infraestructura. Al hacerlo, se puede aumentar la productividad y reducir los costes de producción, lo que contribuiría a controlar la inflación. En lugar de movilizar soluciones de demanda, como la subida de los tipos de interés, que pueden tener un impacto negativo en el mercado laboral y aumentar la carga de la deuda de los hogares y las empresas, una política industrial ayudaría a abordar la inflación de manera más efectiva y sostenible.

En segundo lugar, al mejorar la calidad de los trabajos y la capacitación de los trabajadores, se puede aumentar la capacidad de los hogares para hacer frente a la inflación y mejorar su bienestar financiero. Pese a que la reforma laboral ha conseguido situar el SMI en el 60% del salario medio español, protegiendo a los trabajadores más vulnerables, esta cifra sigue lejos de la media de la UE. Como recogía Emilio Sánchez Hidalgo hace unos días en una detallada pieza sobre el trabajo en España, mientras el tejido económico siga dependiendo tanto de sectores como la hostelería, los salarios y las condiciones laborales seguirán sin mejorar. Es decir, la única manera de conseguir que el mercado laboral cambie verdaderamente es a través de un cambio productivo que apueste por sectores que ofrezcan trabajos de mayor calidad y estén mejor pagados. Cambiar el modelo productivo pasa necesariamente por el retorno de la política industrial.

Por último, pero no menos importante, está el desafío del cambio climático. En EE. UU., este regreso[1]  se asocia con "supply side progressivism" (política de oferta progresista). Con ello se refiere a fomentar la innovación y la inversión en tecnologías limpias y renovables, así como en mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Al invertir en energías renovables, como la solar y la eólica, se puede reducir la huella de carbono del país y, por ende, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este frente pone de relieve cómo responder a la policrisis: aprovechando, precisamente, esa interacción entre emergencias. Una política industrial activa liderada por un Estado emprendedor puede reducir el coste de la energía y aumentar la competitividad económica del país. La inversión en tecnologías limpias y renovables puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, lo que disminuiría los costos de la energía a largo plazo mientras se reducen las emisiones. Además, al impulsar la innovación pública y la eficiencia energética, se pueden reducir los costos de producción de las empresas, aumentando su competitividad en el mercado global y exportando knowhow en estos sectores (como ya ha logrado nuestro país con la energía solar). En otras palabras, es hora de aprovechar lo que hace tan complejas las policrisis —sus interconexiones— y volverlas contra ellas. La política industrial activa y su capacidad de coordinar a los actores económicos es el mejor arma para conseguirlo.

Esta semana hemos conocido que Trabajo ha llevado a cabo una macrorredada de las Big Four de la consultoría: Deloitte, PwC, EY y KPMG. Esta noticia ha sido recibida con entusiasmo por quienes conocían el secreto a voces de que las jornadas laborales en estas grandes multinacionales no eran de ocho horas, sino en muchas ocasiones, de doce. Tanto es así, que hasta la misma patronal de consultoras propuso ampliar este año a doce horas la jornada laboral. Sin embargo, lo más grave no es que esta patronal presione al legislador a desmantelar derechos sociales; lo más grave es que, de facto, llevaran décadas haciéndolo a plena luz del día, sintiéndose por encima de la ley.

Este tipo de abusos eran tan conocidos que, según cuenta un actual empleado de una de estas multinacionales bajo la condición de mantener el anonimato, en las entrevistas de trabajo te dejan caer que si no estás dispuesto a sobrepasar tu horario, mejor no aceptes el trabajo. Estas consultoras justifican sus jornadas de hasta 80 horas semanales con el hecho de que forman y dan trabajo a unos 10.000 recién graduados. Sin embargo, esta oportunidad no viene sin costes: varios empleados de estas multinacionales describen cómo en los (pocos) descansos que se conceden, algunos becarios lloran discretamente de ansiedad o cansancio por las jornadas a las que son sometidos. Una cultura de desprecio por los derechos laborales —ajenos, pero también propios— que se extiende desde el último becario hasta los socios más sénior.

Sin lugar a dudas, la principal víctima de este sistema es la “carne de cañón” de estas empresas, que pasa sus primeros años de carrera profesional en empresas donde los horarios son papel mojado y los salarios, apenas de supervivencia. Esto se traduce en el hecho de que sean la tercera industria con mayores niveles de riesgo de salud mental (71%) en un mercado laboral donde, en su conjunto, uno de cada cuatro trabajadores ya consume ansiolíticos y somníferos de forma habitual. No obstante, las consecuencias van más allá: dado que el modelo de negocio de las grandes consultoras se predica en la explotación de sus empleados más jóvenes, estas ilegales jornadas interminables se traducen en una competencia desleal y, sobre todo, en peores servicios públicos.

La competencia desleal es un problema grave en el sector de la consultoría, y las grandes consultoras son las principales responsables. Al no remunerar adecuadamente las horas extras y explotar a sus empleados, estas empresas pueden presentar propuestas con precios más bajos en los concursos públicos, así como en ofertas a otras entidades privadas, lo que les da una ventaja competitiva sobre las empresas más pequeñas y menos establecidas. Esto puede desalentar a las empresas emergentes a entrar en el mercado y puede limitar la innovación y la competencia en el sector de la consultoría, permitiendo que las Big Four tengan un poder cada vez mayor en el mercado. Si atendemos, por ejemplo, al sector de la auditoría, En 2011, por ejemplo, Bruselas planteó nuevas regulaciones antimonopolísticas cuando las Big Four llegaron a acaparar hasta el 85% del mercado en la UE.

Asimismo, al no preocuparse por el bienestar de sus empleados, las Big Four pueden presentar una imagen falsa de eficiencia, contribuyendo a la privatización o externalización de servicios. No en vano, el poder de las Big Four fue impulsado por —y contribuyó a—el auge del New Public Management (la “Nueva Gestión Pública”), el tipo de gestión pública que emergió en los años ochenta con el auge del neoliberalismo,  caracterizada por la privatización de servicios públicos y la externalización de empleos a empresas privadas. Estas empresas, en su afán de aparentar ser más eficientes, explotan a sus trabajadores no remunerando las horas extras y escondiendo estas horas trabajadas, lo que les permite presentar cotizaciones más bajas en los concursos públicos. Estas empresas no son realmente más eficientes, sino que simplemente saben ocultar la explotación a sus trabajadores. Donde realmente son más eficientes que las Administraciones públicas es en ocultar la explotación a sus trabajadores. Esto ha llevado a un aumento en la contratación de empresas de consultoría, incluyendo a las Big Four, para llevar a cabo servicios críticos en el sector público, algo que ha contribuido a su deslegitimación y desarticulación. Al depender cada vez más de la industria de la consultoría para llevar a cabo funciones críticas de política y servicio, nuestro sistema democrático se ve cada vez más incapaz de mantener las capacidades y recursos necesarios para abordar los desafíos del futuro.

Por ello, es necesario establecer medidas para asegurar que las grandes consultoras no practiquen la competencia desleal y promover una competencia justa en el mercado, asegurando el bienestar de los trabajadores. Esta primera macrorredada rompe décadas de impunidad, marcándonos el camino.

El periodismo ha experimentado una serie de cambios a lo largo de los años, desde la llegada de la imprenta hasta la era digital. Sin embargo, con la llegada de la Inteligencia Artificial y el avance de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, es posible que ChatGPT pueda terminar con la industria periodística tal y como la conocemos hoy en día.

Para empezar, ChatGPT es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural desarrollada por OpenAI. Está diseñada para imitar el lenguaje humano de manera tan convincente que es difícil distinguir si una conversación es con una persona o con una máquina. Esto significa que ChatGPT puede ser utilizado para crear contenido de manera rápida y eficiente, lo que podría tener un impacto enorme en la industria del periodismo.

Uno de los principales problemas con ChatGPT es que, al ser una Inteligencia Artificial, no tiene la capacidad de investigar y verificar la veracidad de la información. Aunque puede generar texto coherente y convincente, no puede garantizar que la información que proporciona sea verdadera. Esto plantea serias preocupaciones sobre la confiabilidad de la información que se genera con ChatGPT y cómo se puede utilizar para engañar a la población.

Otro problema es que ChatGPT puede generar artículos y noticias mucho más rápido que un ser humano, lo que plantea preocupaciones sobre el empleo en la industria periodística. Si ChatGPT se convierte en una herramienta ampliamente utilizada para generar contenido, es posible que se elimine la necesidad de contratar a periodistas humanos, lo que podría llevar a una reducción del empleo en la industria.

Además, ChatGPT no tiene la capacidad de tener opiniones propias ni de tomar en cuenta las implicaciones éticas y sociales de la información que proporciona. Esto podría llevar a una falta de perspectiva y equilibrio en las noticias y artículos generados por ChatGPT, lo que a su vez podría afectar a la calidad del contenido periodístico.

En conclusión, ChatGPT puede tener un impacto significativo en la industria periodística y cómo se proporciona la información a la población. Aunque tiene la capacidad de generar contenido de manera eficiente y rápida, la falta de capacidad de verificación de la veracidad de la información presenta un riesgo importante para los medios de comunicación como los hemos entendido hasta ahora.

¿No me creen? Bien, este artículo lo ha escrito íntegramente ChatGPT. Bienvenidos al futuro. 

“En el futuro trabajaremos quince horas”. El conocido vaticinio del economista más importante del siglo XX, John Maynard Keynes, acertaba en el diagnóstico, pero erraba en las correlaciones de poder que lo tendrían que hacer posible. Si casi cien años después la productividad por hora aumenta regularmente, mientras que los salarios reales se estancan y, desde hace años, las horas trabajadas no se reducen, ¿dónde acaba ese remanente? En el bolsillo del empresario, naturalmente.

Hoy trabajamos 40 horas a la semana, las mismas que en 1983. Desde entonces, seguimos casi tan lejos de ese horizonte que dibujaba Keynes en 1930. Sin embargo, hace unos días avanzamos —aunque fueran tan solo unos milímetros— en esa dirección cuando, bajo el Real Utopias for a Social Europe: Working Time Reduction and the Four-Day Week, la Comisión Europea organizaba su primer workshop sobre la idoneidad y la implementación del 4 Day Week (semana laboral de 32 horas en cuatro días) en la UE. Entre la miríada de argumentos presentados por algunos de los expertos y expertas en la cuestión, podemos quedarnos con tres: el de salud, el ecológico y, más importante, el de justicia social.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta la preocupante degradación de la salud física y, sobre todo, mental que han vivido nuestras sociedades. En el caso de nuestro país —como consecuencia entre otros factores del sedentarismo—, la obesidad no ha dejado de crecer a un ritmo alarmante, así como somos el segundo país de Europa con más trastornos mentales. Como desveló el macro-estudio How the reduction of working hours could influence health outcomes: a systematic review of published studies, la reducción de horas en la jornada laboral aumentaba significativamente el bienestar físico y mental de los trabajadores. Hazte la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que de verdad tuviste tiempo para ti? Ahora imagina qué harías si trabajaras de lunes a jueves, y tuvieras siempre un fin de semana de tres días. La semana de cuatro días significa más tiempo para ti, para pasar con tu familia y amigos tiempo de calidad, para hacer deporte, para dedicar tiempo a tus hobbies.

En segundo lugar, la semana laboral de cuatro días contribuiría a reducir las emisiones de carbono. Para ser exactos, en torno a un 20%, según un estudio realizado con datos del Reino Unido. Esta disminución se derivaría de reducir el gasto energético (en particular en sectores electro-intensivos) y en reducir los desplazamientos al trabajo (una de las principales fuentes de emisión de CO2), pero también de los efectos indirectos de una mejor salud y, sobre todo, de tener un día libre más (que, como se demostró en Francia con la reducción de la semana laboral a 32 horas, se asocia con actividades menos contaminantes).

En tercer lugar, pero más importante: es necesario adoptar la semana de cuatro días por una cuestión de justicia. Se viene dando una traslación de los beneficios del aumento de la productividad por parte de los empresarios de la reducción de la jornada laboral (i.e., si los trabajadores producen más por hora, deberían trabajar menos horas) al beneficio corporativo (i.e., si los trabajadores producen más por hora, manteniendo el total de horas trabajadas sin subir salarios aumentas los beneficios corporativos). Este proceso no sólo ha aumentado las desigualdades de renta desde los años ochenta; también se ha traducido en que la gente sigue trabajando tanto como hace décadas. La única manera de revertir esta tendencia es a través de una intervención pública, puesto que, como señaló Juliet Shor—una de las mayores expertas en esta cuestión— en el seminario de la Comisión Europea: “sin intervenciones públicas, hay presiones estructurales por parte de la economía de mercado para convertir aumentos de la productividad en aumentos de beneficio en lugar de en reducciones de jornada”. Algo que solo podemos lograr a través de las urnas.

Hace unas décadas, el fin de semana de dos días era una utopía. Trabajemos para que la jornada de cuatro días se convierta también un derecho. 

Como ya es costumbre, nada más conocerse los resultados de las elecciones generales italianas, una marabunta de analistas —tanto profesionales en medios como amateurs en sus redes sociales— se lanzaron a señalar los errores de la izquierda que habrían empujado a muchos de sus antiguos votantes a elegir a la candidata posfascista Giorgia Meloni. Entre esos errores estarían el hacer hincapié en una agenda demasiado feminista, ser demasiado laxos con la inmigración, el prestar demasiada atención a los derechos de la comunidad LGTB o ignorar la identidad italiana en favor de un europeísmo “globalista” [sic]. No obstante, hay varios problemas con este análisis.

El problema más importante son las descripciones infundadas, como es la de que hay una importante transferencia de voto desde ex-votantes de izquierda hacia la extrema derecha. Este tipo de argumento en el que en ocasiones incurren analistas, hecho como quien levanta un dedo mojado para determinar de dónde viene el viento, se desinteresa de manera clara por la evidencia sobre las transferencias de voto. Así, cualquiera que analice de manera medianamente seria estas dinámicas podría corroborar que tan solo el 4% de los electores del Partito Democrático, principal partido de izquierdas italiano, de 2018 cambiaron el sentido de su voto hacia la extrema derecha (en este caso, Fratelli d’Italia de Meloni y la Lega de Salvini). 

Esta es una tendencia que se viene dando en casi todas las democracias avanzadas: un declive de la socialdemocracia (de unos diez puntos porcentuales), que sin embargo se debe a transferencias de voto hacia la extrema izquierda, partidos verdes o centroderecha. En este sentido, podemos observar los resultados del estudio La transformación de la izquierda, realizado por la Fundación Friedrich Ebert, que seguía las transferencias de voto en el largo plazo (en lugar de tan solo durante una legislatura, como en la imagen anterior), que también encontraba que tan solo un porcentaje marginal de votantes socialdemócratas acabarán apoyando a la extrema derecha a lo largo de toda su vida:

Esto, por supuesto, no quiere decir que la izquierda tenga que ser autocomplaciente. No cabe duda de que la izquierda italiana ha cometido un buen número de errores, entre los que destaca el no haber conseguido alcanzar un acuerdo con el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Pese a las importantes diferencias entre los partidos (particularmente respecto al proyecto de Mario Draghi), habría sido necesaria una coalición electoral para vencer a una coalición mucho más amplia que la del PD en un sistema electoral que asigna un tercio de los escaños a través de un sistema mayoritario. No obstante, estos errores van más allá de los estrictamente estratégicos: como señalaba el analista italiano Paolo Gerbaudo, el apoyo a Meloni se puede leer como un fenómeno económico “pequeñoburgués” que busca proteger sus negocios de la globalización y de lo que consideran una sobrerregulación laboral. En un contexto de decadencia continuada durante décadas, Meloni promete proteccionismo e inversión pública para hacer frente a la globalización y mano dura con los trabajadores y los sindicatos. Frente a esta agenda reaccionaria, la izquierda ha de alejarse de las soluciones estrictamente tecnócratas para lidiar con estas ansiedades socioeconómicas, algo que el líder del PD, Enrico Letta, sólo ha hecho al final de la campaña (en gran medida por las presiones del M5S).

¿Qué lecciones podemos, por tanto, extraer? Por una parte, que tras dos profundas crisis, la socialdemocracia europea ha de comprender que volver a la austeridad es “un viaje a ninguna parte” y superar las tentaciones de “tercera vía”. Sin embargo, esta nueva agenda económica que proteja a los trabajadores a través de políticas públicas industriales activas y de conquistas de derechos laborales ha de ir acompañada de una agenda feminista que reconozca y proteja los derechos LGTB. Como señalaba Pablo Simón, el tipo de argumentos que hemos leído estas semanas tienen menos que ver con análisis electorales y más con excusas para despreocuparse de estas minorías. Por último, allá donde el sistema electoral lo haga deseable, las izquierdas tienen que aprender a superar sus diferencias. Porque, en plena ola reaccionaria, es más lo que nos une que lo que nos separa. 

Ocurrió de nuevo: el pasado mes de julio se volvía a poner de relieve la desconexión entre el sistema judicial español y su sociedad cuando la Audiencia Provincial de Málaga y la Fiscalía de Andalucía suspendieron la condena de dos años de prisión a dos policías locales de 40 y 41 años que, de uniforme y valiéndose de su posición de poder, violaron a una joven de 18 años en Estepona. El controvertido acuerdo, que numerosos expertos han descrito como “ingeniería jurídica”, reescribía lo sucedido sustituyendo la agresión sexual (castigada con penas de prisión de seis a doce años si hay acceso carnal, como fue el caso) por el abuso sexual (penado con cuatro a diez años). Por ello, considerando atenuantes el pago de la responsabilidad civil (que pagaron los padres de los acusados, no ellos) e ignorando evidentes agravantes como son el abuso de superioridad y la intimidación, redujeron a dos años la pena, que después se suspendió con la condición de realizar “un curso de educación sexual”. Tal como sucedió con la primera sentencia de La Manada emitida por la Audiencia Provincial de Navarra (que sería corregida por el Tribunal Supremo), esta impunidad fue recibida con ira por la mayoría social de nuestro país. Más si cabe, puesto que en este caso no existe posibilidad de recurso a causa de la negligencia de la Fiscalía andaluza al aceptar el acuerdo.  

Este tipo de violaciones “espectaculares” son raras, puesto que sabemos que el 80% de las violaciones se producen entre conocidos. Además, como señala la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, solo un 8% de las mujeres que sufren violencia sexual lo denuncian, en gran medida por falta de confianza en el sistema judicial. Por tanto, ¿cómo podemos pedirle a nadie que confíe en la justicia, cuando hasta en los casos más evidentes como este —en el que media intimidación, abuso de autoridad y chantaje, y donde hay numerosos testigos— le da la espalda a la víctima? Y, más importante, ¿cómo podemos obligar al sistema judicial a no dejar ninguna violación impune? Pese a que la “ley del solo sí es sí” avanza en la dirección adecuada, hemos de poner el acento en dos direcciones: proteger a la víctima y endurecer nuestro Código Penal.  

En primer lugar, con la entrada en vigor de esta ley se implementa un proceso de atención médica, psicológica y jurídica a la víctima. No obstante, el caso de los policías municipales de Estepona ejemplifica cómo muchas víctimas, frente a la revictimización ante el juez —especialmente en un juicio mediático— prefieren un acuerdo entre las partes o incluso no denunciar. Por lo tanto, el primer paso para luchar contra la impunidad ha de ser una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita que el testimonio de la víctima durante la instrucción del caso se convierta de forma imperativa en prueba preconstituida, de modo que no tengan que volver a declarar en el juicio oral, como ha señalado la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato.  

Es la segunda dirección la que quizá resulte más polémica, particularmente entre aquellos que nos consideramos de izquierdas: el endurecimiento de la ley. En primer lugar, por una cuestión de justicia: si queremos garantizar que ningún violador escape de la justicia, debemos endurecer las penas de prisión para evitar que suceda lo mismo que con los policías de Estepona. En este sentido es importante señalar que si bien eliminar la distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual con la entrada en vigor de la “ley del solo sí es sí” es un acierto para evitar lo que sucedió con La Manada o en Estepona, paradójicamente ahora cabe el riesgo de que haya agresiones que se penen con menos años de prisión, puesto que los dos antiguos tipos compartirán una sola horquilla de años. Por lo tanto, lo natural es converger con los países de nuestro entorno y endurecer las penas para evitarlo. Por ejemplo, en Francia las penas de prisión son de 15 años y en Reino Unido de cuatro a 19. Además, en países como Francia estas penas de prisión van acompañadas con cifras fijas de responsabilidad civil que rondan los 100.000 euros, algo que también sería deseable introducir. En segundo lugar, por una cuestión de disuasión: una vasta literatura académica señala que existe una relación proporcional entre la duración de las penas de prisión y la reincidencia. Por lo tanto, es hora de romper con el tabú de ser más duros con este tipo de criminales.  

Es comprensible que esta propuesta pueda ser recibida con reservas por algunos, alegando que tenemos que centrar el debate en la educación y la rehabilitación. En relación con la educación, esta ocupa sin lugar a dudas un rol esencial en instruir a los más jóvenes en el consentimiento; sin embargo, no podemos ser inocentes y pensar que quienes violan lo hacen sin saber lo que hacen. En muchas ocasiones, es precisamente la transgresión de la norma lo que les impulsa a cometer el delito. En cuanto a la rehabilitación, pese a que sea un principio constitucional, es probable que se quede en eso: la mayor parte de la literatura científica señala que los programas de rehabilitación en prisiones tienen poco o ningún efecto sobre las tasas de reincidencia de los violadores.  

Es hora de ser más protectores con quienes lo necesitan y más duros con sus agresores.

Hace veinte años, fue el Aserejé de Las Ketchup. Hace un lustro, Despacito. Este 2022, parece que la canción del verano será la vuelta de la inflación. Esta semana el INE confirmaba el peor dato de inflación en casi cuarenta años tras una subida de los carburantes del 40%. La inflación es, de alguna manera, como el estrés para nosotros: algo de inflación en momentos de crecimiento no tiene por qué ser mal síntoma, pero si se descontrolan sus efectos pueden ser extremadamente nocivos. En el caso de la inflación, el riesgo de que siga creciendo es el de entrar en una espiral de aumento de precios-salarios y del desempleo que den lugar a la estanflación, una situación que se dio en los años setenta. Pero ¿hemos llegado hasta ese punto?

El diagnóstico es complicado. En este momento, el aumento de la inflación se debe más a la resaca económica del covid-19, producida por el desajuste entre oferta y demanda entre 2020 y 2022, y por la ruptura de las cadenas de suministro, extremadamente frágiles en una economía hiperglobalizada. Asimismo, la guerra en Ucrania ha empeorado la ya precaria situación de las cadenas de suministro globales, encareciendo (como consecuencia de las sanciones y de la propia guerra) el precio de la energía y los combustibles, y, por tanto, el precio del transporte de alimentos. Es por ello por lo que muchos analistas insisten en que esta es una situación diferente a la inflación al uso. Jorge Tamames, investigador en el Real Instituto Elcano y fellow de Future Policy Lab, señala que “sería más correcto hablar de shock de precios que de inflación, puesto que se da fundamentalmente en el precio de la energía y luego se traslada a todos los precios”.

Pese a ello, el miedo a una situación similar a la de la década de los setenta ya ha llevado a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés (es decir, el crédito disponible) para enfriar la economía. Pese a que esto parece acertado en el corto plazo, resulta esencial ampliar el abanico de medidas para hacer frente a la inflación, sobre todo cuando hoy podemos invertir la máxima de Milton Friedman para afirmar que la inflación nunca es un fenómeno exclusivamente monetario. Afrontar la inflación requiere intervenirla desde la perspectiva de la demanda (subiendo los tipos de interés), pero hoy también la oferta. Y la mejor manera de hacerlo es invirtiendo en políticas de la transición ecológica.

Este proyecto tendría diferentes caras. En el corto plazo esto requeriría introducir impuestos a los beneficios caídos del cielo (“windfall tax”) sobre los elevados beneficios actuales del petróleo y el gas natural para destinar esos ingresos a la aceleración de la transición energética. En el medio plazo, las más evidentes serían aumentar la inversión en energías renovables para reducir el apalancamiento energético de nuestra industria (reduciendo así los costes de producción), electrificar vehículos a nivel europeo para reducir nuestra dependencia del precio de los combustibles, y aislar viviendas y oficinas. Además de matar dos pájaros de un tiro —el de la inflación y el de la crisis climática—, esto sería viable económicamente, puesto que podrían invertirse los fondos de recuperación provistos por la Unión Europea. Además, esta estrategia permitiría hacer frente a la inflación mientras se invierte en infraestructura, se desarrolla un sector constructor nacional que ya es competitivo en todo el mundo y se estimula la creación de nuevos empleos. Como señala Jorge Tamames, una inversión pública fuerte en este tipo de infraestructura “permitiría utilizar los fondos NextGEN para desarrollar un know-how que haría a nuestra industria más competente a nivel internacional”. En suma, un dique contra la inflación que al mismo tiempo permita luchar contra el cambio climático y desarrollar el músculo industrial de nuestro país.

Movilizar una agenda verde para hacer frente a la inflación no es solo acertado en términos de eficiencia económica, también representa una manera de aprovechar una tendencia inflacionaria para profundizar en reformas que beneficien a la mayor parte de los ciudadanos. Como decíamos, hablar de inflación suele evocar aquellas colas de vehículos de los años setenta, una década que terminó con la autonomización de los bancos centrales del poder político, puesto que se consideraba que solo así serían capaces de introducir políticas necesarias pero impopulares. Sin embargo, como explica Adam Tooze, “los bancos centrales independientes no estaban realmente por encima de la política”; sino que se convirtieron en “la extensión de la política conservadora por medios tecnocráticos y no democráticos”. Hoy tenemos el desafío de superar viejos dogmas económicos para dar una respuesta diferente: una agenda democrática, industrial y verde para hacer frente a la preocupante inflación.

No podemos decir que se cumplieron los peores vaticinios, puesto que el resultado fue aún más adverso para la izquierda. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno obtuvo una mayoría absoluta más clara de lo que se esperaban las encuestas que manejaba el Gobierno, lo que ahorra al Partido Popular de Feijoó cualquier dilema respecto a qué hacer con Vox. Si bien el hecho de que Vox no tenga ningún poder de negociación en Andalucía es una buena noticia, la izquierda tiene al menos dos motivos para acogerla con alerta. En primer lugar, porque lejos de representar un dique frente a la ultraderecha, el oportunismo del PP los llevará a pactar con Vox y concederles lo que necesiten allá donde les haga falta, incluido el Gobierno de España. En segundo lugar, y clave frente a las elecciones generales, marca el fin de la estrategia del “nosotros o la ultraderecha” que ha movilizado a tanto votantes estos años. Como escribe el investigador Javier Carbonell, el problema de usar constantemente la estrategia de Pedro y el lobo es que la gente le acaba perdiendo el miedo al lobo. Ha llegado el momento de que la izquierda pase de la defensiva a la ofensiva.

En primer lugar, para lanzarse a la ofensiva de 2023 el Gobierno ha de utilizar todo su arsenal de aquí a las elecciones. Como señalaba el analista Daniel Guisado, es un absoluto despropósito que en plena resaca electoral del desastre de Andalucía el Gobierno anunciara que reduce el IVA energético del 10% al 5%, ¡una propuesta enarbolada repetidamente por el Partido Popular en nuestro país y que la Comisión desaconsejó! En lugar de apostar por una agenda ambiciosa que, por ejemplo, grave los beneficios de las multinacionales eléctricas (como sí ha hecho la Italia de Draghi), ha apostado por una propuesta tímida y contraproducente. Tímida, porque apenas beneficiará al usuario y porque no se enfrenta a los grandes poderes del sector de la regulación energética; contraproducente, porque como sugieren numerosas investigaciones, cuando expire la reducción temporal, los precios subirán. Es decir, que habrá un efecto rebote que afecte negativamente a los consumidores.

En lugar de esto, el gobierno de coalición ha de profundizar en la agenda abierta por la reforma laboral —que por fin ha puesto coto a la temporalidad— o por el Ingreso Mínimo Vital, dos medidas económicas que tienen un efecto visible en el bienestar de la mayoría de los españoles. La lección de la debacle de Andalucía es que, en un contexto de polarización en dos bloques y tras la constatación de que los votantes de Ciudadanos han vuelto al Partido Popular u optado por Vox, el PSOE tiene que superar el espejismo de que debe capturar el centro político. Por tanto, tiene poco más de un año para llevar a cabo reformas que mejoren el bienestar material de la mayoría de los españoles sin miedo a enfrentarse a poderes como el de las energéticas. Aplicar recetas que —literalmente— son análogas a las del PP solo les llevará a repetir los resultados. Para que les bajen el IVA, ya tienen a Feijoó.

En segundo lugar, cuando llegue la campaña, los partidos de la izquierda deberán proponer políticas públicas transformadoras capaces de conectar con la mayoría social española. Pese a la arrolladora victoria de Moreno Bonilla, la vencedora silenciosa de las elecciones andaluzas fue la abstención. Como argumentaba el académico Paolo Gerbaudo, una de las lecciones que nos dejan las elecciones de nuestro entorno es que en un contexto en el que se ha agotado el “momento populista”, la izquierda tiene que dejar de hablar de conquistar los cielos para pasar a hablar de reformas socialdemócratas concretas. Así, las izquierdas españolas harían bien en centrarse en propuestas a corto plazo como la reducción de la jornada laboral a 20 horas por semana o el acceso de los jóvenes a la vivienda y, a largo plazo, en propuestas como la herencia universal, la cogestión en las empresas y, por supuesto, la emergencia climática. Solo con propuestas así podrá explicarse y legitimarse algo necesario tanto en términos de justicia social como en términos de eficiencia económica: una reforma fiscal para igualar rentas del capital y rentas del trabajo, y mejorar la progresividad del sistema tributario en su conjunto.

En tercer lugar, la izquierda ha de cuidar la organización de sus partidos. No todo es discurso; como el economista político Jorge Tamames investiga en su libro La brecha y los cauces, lo que explicó la divergencia entre el proyecto de Bernie Sanders con otros movimientos populistas no fue tanto lo discursivo, sino la atención a crear redes de base (“grassroots”) por todo el país. Sabemos por múltiples investigaciones que los partidos políticos de izquierdas se han desligado de la sociedad civil a través de un repliegue sobre sí mismos. Esta “cartelización” de los partidos ha llevado a que pasaran de ser espacios relativamente democráticos en los que los militantes participaban activamente, e incluso conocían a sus amigos o parejas, a espacios dominados por una élite hermética sin contrapesos internos. Si bien este déficit organizativo es más fuerte en los diferentes grupos a la izquierda del PSOE (con la desaparición de la mayoría de círculos), el PSOE —como sus homólogos socialdemócratas europeos— ha sufrido durante décadas este proceso de cartelización. Por ello, estas izquierdas tendrán que volcarse en fomentar y nutrir estos movimientos de base. Asimismo, las izquierdas harían bien en interesarse más por desarrollar redes entre aquellos actores que tienen mayor capacidad de influir en la opinión pública: periodistas, fundaciones y think tanks. En este sentido, el contraste con la derecha es claro, quienes desde la década de los 70 han sabido financiar y utilizar estas redes para legitimar sus propuestas económicas y sociales. Necesitamos una izquierda que pase a la ofensiva en el frente de la opinión pública con ideas que rompan los marcos de la derecha y de la ultraderecha.

Por último, para que esta ofensiva sea eficaz, la izquierda ha de analizar cuidadosamente el sistema electoral en el que compite. Así, si bien no tiene sentido fetichizar un único frente de izquierdas como el francés, la izquierda ha de concurrir con dos partidos a nivel nacional (al margen de lo que suceda en Cataluña y el País Vasco). Esto implica que los partidos a la izquierda del PSOE se entiendan en una sola candidatura que no divida el voto como en Andalucía. Efectivamente, todas las izquierdas en una sola candidatura no suman; pero dividir el voto en tres o más partidos no solo dificulta obtener escaños en las circunscripciones más pequeñas, sino que además profundiza el desencanto entre los votantes de izquierdas que sienten que sus líderes (y sobre todo exlíderes) no son capaces de ponerse de acuerdo.

Nadie sabe qué tiene que hacer la izquierda para vencer unas elecciones a las que llega tocada. No obstante, sí es evidente que aplicar las políticas económicas del PP, basar el discurso en hacer frente a Vox, descuidar lo organizativo y presentarse a las elecciones dividida en una miríada de grupúsculos, no funcionará. Es hora, por tanto, de pasar al ataque. 

Aunque la idea de que la riqueza de una sociedad debe ser distribuida con relación al mérito de cada uno puede parecer que lleva con nosotros siglos, la noción de “meritocracia” es relativamente reciente. Introducida en una sátira política, Michael Young imaginó en los años cincuenta —a modo de advertencia— una sociedad en la que ganadores disfrutaran de enormes privilegios, mientras los perdedores fueran abandonados a su suerte. Esta distopía es prácticamente una realidad en muchas partes del mundo. Todos sabemos que cuando se critica a los superricos (es decir, a los milmillonarios), inmediatamente salen una miríada de voces defendiendo esa desigualdad abismal a partir de sus logros. Este discurso meritocrático permea todas las áreas de la sociedad: desde los debates sobre reformas fiscales, hasta el diseño de nuestro sistema educativo. Las consecuencias de este discurso se pueden resumir en una: justificar sistemáticamente unas desigualdades económicas y sociales que hace no muchas décadas nos habrían parecido inaceptables. ¿Cómo podemos, por tanto, derribar este dique ideológico?

Esta semana hemos presentado Derribando el dique de la meritocracia, un informe coordinado por Borja Barragué (director adjunto de Future Policy Lab), y en ella hemos participado Javier Carbonell, Javier Soria-Espín, Marina Romaguera, Guillermo Kreiman y quien escribe estas líneas. Este informe representa la investigación más completa llevada a cabo sobre esta cuestión publicada hasta la fecha en nuestro país, que pone de relieve dos realidades: en primer lugar, el hecho de que empíricamente en nuestro país es imposible hablar de meritocracia, puesto que el 65% de la riqueza se explica por herencias; en segundo lugar, que, incluso si empíricamente hubiera mayor movilidad social, normativamente resulta injusto legitimar desigualdades de riqueza con relación al mérito, ya que estas se derivan fundamentalmente de dos loterías: la natural y la social.

¿Cuál es, entonces, la realidad en España? En este estudio, Javier Soria-Espín utilizaba la base de datos de su investigación doctoral, en la que analiza la movilidad intergeneracional de más de tres millones de personas durante treinta años, concluyendo que —con mucha diferencia— el factor determinante a la hora de acceder a la élite económica era la riqueza de los padres:

Esta observación empírica está en línea con los diferentes estudios que la economía y la sociología de la desigualdad vienen llevando a cabo desde la segunda mitad del s. XX. Grosso modo, la manera en la que la economía estudia la reproducción de la desigualdad es comparando el nivel de renta de padres e hijos, mientras que los sociólogos se interesan por cuestiones más ligadas a la categoría socioprofesional y el prestigio de los trabajos. Aquello que debemos retener es el hecho de que ambas disciplinas han observado una fuerte reproducción social, asociada tanto al capital económico heredado por los hijos, como también a su capital cultural (por ejemplo, cómo expresarse al escribir o tener “cultura general”), que influye enormemente en el éxito educativo, o el capital social, es decir, una red de contactos. La investigación que recoge Soria-Espín en nuestro informe, demuestra por primera vez a esta escala esta falta de movilidad social.

¿Pero qué sucede cuando, pese a todas estas barreras, los estudiantes de origen humilde llegan a la universidad y obtienen mejores notas que sus compañeros ricos? Pese a que no tenemos datos de nuestro país, nuestro estudio recoge las recientes observaciones de Friedman y Laurison en Reino Unido, que demostraban la irrealidad de la meritocracia y cómo esos estudiantes brillantes de clase trabajadora acababan en peores empleos que sus compañeros ricos con peores notas:  

Asimismo, este informe recoge también los avances más recientes en otras disciplinas como la genética. Así, una de las secciones del informe explora la “lotería natural” (ciertas capacidades cognitivas pre-sociales), llegando a dos conclusiones: en primer lugar, que las desigualdades que se derivan de esta lotería también tienen que ser corregidas, puesto que disfrutar de una mayor capacidad cognitiva es una cuestión arbitraria que nadie se “merece”. En segundo lugar, que aun siendo importantes, la “lotería social” (la familia en la que naces) sigue siendo más importante. En la siguiente imagen podemos ver cómo aquellos que vienen de un ingreso paterno bajo pero tienen un índice poligénico alto tienen una menor tasa de graduación universitaria que aquellos que tienen un índice poligénico bajo pero vienen de buenas familias:

En resumen, este informe demuestra cómo empírica y normativamente, hemos de terminar con la ideología de la meritocracia. Puesto que como argumentaba Guillem Vidal (revisor del informe), “la crítica a la meritocracia no es una crítica al esfuerzo. Es una crítica a la falsa idea de que el esfuerzo se recompensa igual para todos”.

Entonces, ¿qué alternativas cabe proponer a la narrativa meritocrática? En este momento, resulta inexplicable que no existan políticas como la educación gratuita de cero a tres años, cuando esos años son cruciales para la formación de un niño, algo que se arrastra durante toda la vida. Asimismo, propuestas como las prestaciones por hijo a cargo permitirían no solo un sistema educativo más justo, sino que además serían beneficiosas para otro problema que arrastra nuestro país: su baja tasa de natalidad.

No obstante, necesitamos un cambio de paradigma. Puesto que la desigualdad —tanto de oportunidades como de riqueza— está tan estrechamente relacionada en nuestro país con las herencias, necesitamos transformar cómo entendemos estas últimas. Por ello, proponemos introducir en nuestro país una “herencia universal” que reciba cada ciudadano al cumplir la mayoría de edad. Esta herencia, tal como la han propuesto pensadores como Thomas Piketty, sería de unos 120.000 euros en nuestro país (un 60% de la riqueza media), y estaría condicionada a llevar a cabo un proyecto profesional o educativo. Solo así podríamos hablar de una verdadera igualdad de oportunidades.

Sabemos por numerosos estudios que la ultraderecha no solo llega al poder por la cuestión migratoria, sino también por la ansiedad económica que se deriva de la desigualdad y de la falta de expectativas. En un momento en el que la ultraderecha roza el poder en España, Francia, EEUU o Italia, los demócratas necesitamos un discurso que le haga frente proponiendo una alternativa ilusionante. Una “herencia universal” para que todos puedan realizar su proyecto de vida es, sin lugar a dudas, un buen punto de partida.

En semanas en las que ruedan cabezas y legislaturas peligran por el uso del spyware Pegasus, resulta conveniente recordar cuál es la crucial relación entre Pegasus (y otros programas de este tipo) y el periodismo. Esta relación es ambivalente porque al mismo tiempo que el uso de este tipo de software por parte tanto de regímenes autoritarios como de democracias liberales pone en peligro las condiciones de posibilidad del periodismo, los periodistas juegan un rol esencial en la lucha contra este tipo de programas, constituyendo el último dique de protección frente a estos abusos.

No en vano, resulta esencial refrescar la memoria y recordar que el escándalo de Pegasus comenzó salpicando a un buen número de dictaduras que lo utilizaban para espiar a, sobre todo, periodistas. Este software se utilizó como arma a través de dos estrategias: por una parte, saber con qué información contaban y quiénes eran sus fuentes; por otra, podían recabar quiénes eran sus seres queridos, cuál era su rutina, qué documentos tenían o qué incluían sus mensajes más íntimos. Este espionaje ilegal de periodistas —que poco tiene que ver con el seguimiento con autorizaciones judiciales que se da en democracias— pone en riesgo no solo la integridad de estos profesionales a través de chantajes o amenazas sino también la propia posibilidad de desvelar abusos de poder. En otras palabras, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Frente a esto, los periodistas han aprendido a armarse: a través de la protección de sus dispositivos, la encriptación de sus comunicaciones e incluso el uso de dispositivos que nunca hayan sido conectados a internet. Esta “pulcritud digital” es esencial porque, como argumentaban los periodistas de investigación Laurent Richard y Sandrine Rigaud, el periodismo es nuestra mayor defensa frente a aquellos que quieren convertir nuestros móviles en micrófonos. Su ONG, Forbidden Stories, investigó durante meses los abusos de diferentes Estados, trabajando con 80 periodistas de 16 medios diferentes. Así, la combinación de esas precauciones con la formación de coaliciones de periodistas son ese último dique de protección democrático.

Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes. En las últimas dos décadas ha habido una intensificación en la represión de denunciantes, como Edward Snowden, y de activistas, como Julian Assange, que también ha afectado al gremio de los periodistas. Por ejemplo, en entrevistas que realicé para mi tesis doctoral pude hablar con periodistas que por haber sido investigados por agencias como el FBI perdieron la posibilidad de informar sobre seguridad nacional. Este tipo de investigaciones estigmatizan a periodistas, quienes acaban perdiendo a sus informantes, incluso si son absueltos de esas acusaciones. Esto ha llevado a un “efecto amedrentador” (chilling effect) para los periodistas que cubren cuestiones de seguridad nacional. Asimismo, el trabajo de académicas como Julia Cagé ha demostrado cómo el actual modelo económico ha mermado exponencialmente la capacidad de los medios de comunicación de financiarse y constreñido las informaciones que los medios pueden publicar. Esto pone en riesgo el periodismo de investigación, puesto que pese a ser el más necesario para hacer frente al poder, es también el más lento y, por tanto, el más caro.

Quizá el periodismo no pueda evitar que se vuelva a dar otro abuso como Pegasus. Lo que es seguro es que, sin el periodismo, estamos condenados a vivir sin siquiera saberlo. Cuidemos de él.

El pasado lunes se viralizaba la enésima salida de tono del streamer El Xokas. En ella, alababa el modus operandi de amigos suyos, que consistía en acudir a discotecas, mantenerse sobrios toda la noche y, tras identificar mujeres muy embriagadas, llevárselas a casa. En otras palabras, estaba alabando —delante de decenas de miles de seguidores— cómo algunos de sus amigos presuntamente violaban a jóvenes de manera premeditada y sistemática.

Esta admiración, que podríamos denominar apología de la agresión sexual, es un claro ejemplo de la cultura de la violación: la noción de que las violaciones no se producen exclusivamente por aspectos individuales del violador, sino también por un grupo o sociedad que normaliza e incluso fomenta ese tipo de abusos. Esta noción emerge en la década de los setenta, pero se consolida como agenda de investigación sociológica en las publicaciones que en los ochenta y noventa estudiaron por qué la prevalencia de las violaciones en algunos campus universitarios estadounidenses era tan alta. Esta miríada de estudios demostró que el número de violaciones dependía en gran medida de las actitudes de los estudiantes hacia las implicaciones de tener relaciones sexuales tras un alto consumo de alcohol. En aquellos casos donde se reducía la violación a asaltos de extraños y se quitaba hierro a violaciones bajo los efectos del alcohol —puesto que nadie puede consentir tener relaciones si está en estado de profunda embriaguez—, las mujeres estaban en mucho mayor peligro.

Pese a que este debate explotó en nuestro país con su expresión más salvaje con el caso de “la Manada”—quienes usaron técnicas no tan diferentes de las que Xokas alababa—, es fundamental recordar que la expresión más preocupante de la cultura de la violación es la menos visible: la que normaliza violaciones en contextos de cotidianidad. Así, los delitos contra la libertad sexual bajo los efectos del alcohol están tan normalizados que cuando las mujeres los sufren, en muchas ocasiones no son conscientes de que han sido víctimas de un abuso o, cuando sí son conscientes, sus allegados no lo reconocen como tal.

El vídeo del Xokas pone de relieve esta cultura de la violación: por una parte, normaliza la agresión sexual, describiendo acciones constitutivas de delito como “una estrategia para ligar”. Por otra, lo celebra con calificativos como “crack”. Cuando algunas usuarias de Twitter criticaron el clip, esta cultura de la violación quedó plasmada en los comentarios en los que cientos de hombres las insultaban, insistiendo en que era completamente normal. En otras palabras: para gran parte de los usuarios de Twitter, Xokas salía más reforzado que escaldado. La apología de la violación no parece pasar gran factura. Como explica Jen Herranz, comunicadora cultural, “en la industria del entretenimiento de videojuegos, incluyendo la prensa especializada, hay muchos casos de hombres que han cometido abusos contra mujeres y que nunca han perdido su trabajo por ello. En contraste con esto, cuando mujeres en esta industria han denunciado este tipo de comportamientos, han perdido el trabajo o, como poco, han sido hostigadas en redes”. Esto explica, en gran medida, que pocos creadores de contenido hayan denunciado la apología de Xokas. Ante esto, la responsabilidad de condenar al Xokas —a quien ven cada mes millones de personas, sobre todo hombres jóvenes— recae sobre todos nosotros.

Existe, por tanto, una sorprendente distancia entre las quejas de algunos conservadores sobre el riesgo de la cultura de la cancelación —la idea de que por cuestiones nimias pueden organizar una campaña en contra de tu reputación— y las consecuencias reales que estas campañas puedan tener. Uno puede ser el streamer español en Twitch con más espectadores y adular entre risas cómo su colega se dedica a violar a mujeres cada vez que sale de fiesta, e irse luego de rositas sin que lo puedan “cancelar”.

¿Pero por qué cancelar? Idealmente, este tipo de mecanismos sociales no tendrían que ser necesarios si tuviéramos, por una parte, un sistema penal capaz de castigar con todo el peso de la ley cualquier tipo de abuso o agresión sexual y, por otra, unas plataformas que se tomaran en serio la responsabilidad de eliminar contenidos de odio (como, en este caso, odio contra las mujeres). Por lo tanto, es solo ante la inacción de las plataformas y —en caso de ser constitutivo de delito— de la fiscalía que estos procesos de denuncia pública que solemos llamar “cancelaciones” tienen mayor sentido. Un último recurso de justicia.

Por supuesto, existen ciertas reservas a la hora de participar en estos procesos de condena pública, como por ejemplo la presunción de inocencia o la falta de contexto en la que se pueda afirmar algo (como sucedió con Guillermo Zapata, cuyas bromas fueron descontextualizadas). Sin embargo, en el caso de Xokas no se aplica ninguna de ellas: describía con pelos y señales unos hechos que podrían constituir una violación. Además, lejos de retractarse, sus últimas intervenciones solo han ahondado en el argumento de que su amigo no habría hecho nada malo.

Frente a la apología de la violación de Xokas hemos de exigir a Twitch, la plataforma que se lucra con este tipo de contenido, una revisión de sus sistemas de control de contenido. Y, en un caso tan claro de delito, que la fiscalía actúe de oficio iniciando una investigación, puesto que el abuso y la agresión sexual son delitos públicos. No obstante, hasta que todo eso suceda, todo lo que nos queda es dificultar tanto como nos sea posible que Xokas, o quien quiera que se dedique a blanquear este tipo de acciones, participe en la vida pública. Mucho más preocupante, extendida y dañina que la cultura de la cancelación es la cultura de la violación.

Porque sí, hay quien sí merece ser cancelado.

Este domingo diez de abril se decidirá qué dos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta para las elecciones presidenciales francesas. Podemos asumir con cierta seguridad que la distancia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen nunca ha sido tan estrecha, tanto en esta primera vuelta como en una potencial segunda vuelta, con algunas encuestas sugiriendo por primera vez un empate técnico. En estas elecciones, Le Pen se beneficia de una importante desafección con Macron y de una normalización de sus posiciones consecuencia de la entrada en la campaña del polemista ultraderechista Éric Zemmour, cuyas teorías del “gran reemplazamiento” han hecho parecer a Le Pen una candidata 'razonable'. Todo ello en una recta final en la que el candidato de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, parece acortar sus distancias con Le Pen hasta el punto de que algunos analistas no descarten un “efecto Mélenchon” sorpresa. 

Por lo tanto, pese a que la mayor parte de expertos asumen que Francia reelegirá a Macron como Presidente de la República tras un cara a cara con Le Pen (algo relativamente excepcional, considerando que Francia lleva desde Jacques Chirac sin reelegir a un Presidente), esta incertidumbre nos invita a analizar una serie de variables que podrían dar un vuelco al tablero político. Estas variables incluyen la invasión de Ucrania, la decisión de no organizar debates para esta primera vuelta, y el timing de las diferentes campañas; pero, sobre todo, pasan por dos factores clave: el voto útil y la abstención electoral.

En primer lugar, el shock exógeno más relevante tanto para Macron como para sus rivales es el de la guerra de Ucrania. El Presidente de la República se ha volcado de lleno en esta cuestión en las últimas semanas, siendo uno de los pocos líderes occidentales en mantener una línea de comunicación abierta con Moscú, con la que quería proyectar una imagen de político capaz de liderar a la UE a nivel internacional. Sin embargo, no parece que esta estrategia se haya traducido en un mayor apoyo en las encuestas. El “rally around the flag” parece haberse terminado. Por otra parte, se había hablado mucho del hecho de que la guerra probablemente socavaría la base electoral de Le Pen y de Mélenchon, por su cercanía con Vladimir Putin (mayor en el caso de la primera) y una relativa ambivalencia respecto a Ucrania. Sabemos que esto no ha sido así, puesto que Le Pen ha logrado replantear el debate en términos de poder adquisitivo criticando las sanciones a Rusia por los efectos perniciosos para los franceses, mientras que Mélenchon ha subido el tono contra el régimen de Putin.

En este sentido, resulta importante señalar que no ha habido debate presidencial en esta primera ronda. Esta estrategia, impulsada por un Macron que consideró que la mejor campaña electoral es aquella que no lo parece (para proyectar una imagen de hombre de Estado), explica en parte por qué a Le Pen y Mélenchon no les han pasado tanta factura sus pasadas posiciones sobre Rusia y Putin en el contexto de la guerra, puesto que no se han visto en un cara a cara. De haber debatido en un debate con todos los candidatos, este habría sido sin lugar a dudas uno de los puntos más explotados por Macron. Además, en un contexto en el que el mitin sustituye completamente el debate entre candidatos, la mayor parte de analistas políticos franceses coinciden en que Mélenchon es quien más tiene que ganar, puesto que suele considerarse el candidato más carismático y con mejor puesta en escena de estas elecciones. Por ejemplo, el uso de hologramas del candidato resulta relevante no solo por su originalidad tecnológica, sino además por la posibilidad de realizar mítines en más de diez localizaciones de manera simultánea. Esta ambiciosa campaña podría funcionar como filón para acortar distancias con Le Pen en esta primera vuelta.

Otro factor que podría ser clave en la sorpresa de Mélenchon es su control sobre los tiempos políticos. Aquí podemos contrastar la estrategia de Zemmour, a quien algunas encuestas daban en noviembre el acceso a la segunda vuelta por delante de Le Pen y Mélenchon, pero que no ha sabido mantener ese impulso, con la veteranía de Mélenchon, cuya experiencia le ha servido para manejar con habilidad los tiempos políticos para generar momentum en esta recta final (no en vano, estas son sus terceras presidenciales).

Sin embargo, aquello que verdaderamente podría permitir una sorpresa en esta vuelta son dos factores: el voto útil y, sobre todo, la abstención electoral. Por una parte, Mélenchon sigue apelando al “voto eficiente” (por respeto a todos los votantes, cuyo voto según el candidato siempre es útil en una democracia), presentándose como el único candidato de la izquierda. Esto se deriva del sistema electoral de la Quinta República, que busca garantizar estabilidad en favor de representatividad con un sistema de dos vueltas. Así, si se dan más apoyos como el de Ségolène Royal –ex candidata del Partido Socialista Francés– o el de Christiane Taubira –vencedora de la incompleta “primaria popular”– a la plataforma de Mélenchon como única alternativa a Macron y a Le Pen podrían movilizar a parte del electorado de izquierdas hacia un cierre de filas con los insumisos.

Aun así, debido a la antipatía que Mélenchon genera entre algunos votantes de otros partidos de izquierda, el factor clave será el de la movilización de quienes a priori pensaban abstenerse. Así, los perfiles que más suelen abstenerse son los jóvenes (en torno a un 40%, frente a un 20% de los mayores de 65 años) –principal apoyo de Mélenchon (y de Le Pen)–, las clases populares (41%, frente a un 16% de los más ricos), y quienes se sitúan a la izquierda del centro político. Si la ambiciosa campaña de Mélenchon logra ilusionar a una parte lo suficientemente numerosa entre esos abstencionistas e indecisos de otros partidos de izquierda, podría dar la sorpresa pasando a la segunda vuelta. Porque no: Francia no se está derechizando. Lo que explica la crisis de la izquierda es ese alto abstencionismo. Como explicaba el sociólogo Aldo Rubert, profesor en la Universidad de Lausanne, es mucho más justo hablar de una 'des-izquierdización' electoral predicada en la desmovilización y la fragmentación de ese electorado.

A un día de los resultados, podemos aventurarnos a sugerir que Macron y Le Pen se verán las caras en la segunda vuelta. Pero en un escenario de alta volatilidad política todo sigue siendo posible. 

El pasado viernes 25 de marzo el Ejecutivo asestaba un golpe de efecto en Bruselas donde, tras meses de tensas negociaciones, logró que la Comisión reconociera la excepción ibérica. Esta permitiría a España y Portugal limitar los precios energéticos saltándose de manera extraordinaria las reglas de fijación de la UE, un sistema que penalizaba a estos dos países por su baja interconexión con el continente europeo y su limitada dependencia del gas. Pese a que los detalles del nuevo marco no los tendremos hasta que la Comisión dé el visto bueno a la propuesta que España y Portugal preparan, este representa sin lugar a dudas un enorme logro económico en la política exterior de nuestro país debido en primer lugar a su relevancia económica en un contexto de crisis de los precios y, en segundo lugar, la dificultad de conseguir el mismo, dada la reticencia de la Comisión a alterar la regulación de la competencia de la UE.

A nadie le ha podido sorprender la reacción de la derecha radical de nuestro país, tan dada a movilizar el discurso más nacionalista contra los más vulnerables mientras pagaban las nóminas de su líder con las prebendas del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Resulta algo más desconcertante la reacción del renovado Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que no hace sino ahondar en la estrategia europea de Pablo Casado y, sobre todo, de Ciudadanos. Empecemos por este último.

A las pocas horas de conocerse la victoria del Gobierno, Luis Garicano —Jefe de delegación de Ciudadanos Europa, hombre fuerte del partido en Bruselas— escribía que el acuerdo en Bruselas no había sido tal y que las nuevas medidas no resolverían esta situación. Resulta cuando menos curioso que el adalid de las políticas basadas en la evidencia se decantara por leer su bola de cristal antes siquiera de conocer la propuesta de los equipos técnicos de España y Portugal. Esta no es sino la última iteración del esfuerzo de Garicano en Bruselas, más preocupado por desprestigiar las propuestas del Gobierno de coalición que de coordinar los esfuerzos de nuestro país en este tipo de espacios. El ejemplo más claro de esto ha sido la constante enmienda a la totalidad de la propuesta española para los Fondos de Recuperación, que finalmente se ha tenido que tragar cuando nuestro país fue el primero en recibir luz verde de la Comisión. Una lectura generosa sugeriría que el comportamiento de Garicano en Bruselas se debe simplemente a cálculos electorales, pero la inminente desaparición de su partido sugiere que el resentimiento de haberse quedado fuera del Gobierno resulta una explicación más posible. Porque Dios sabe que, de haber conseguido Ciudadanos este acuerdo, nos lo estarían vendiendo como la mayor negociación internacional desde la Crisis de los misiles de Cuba. 

El Partido Popular de Casado también dedicó sus esfuerzos no solamente a posicionarse contra el plan de recuperación español, sino también a tratar de movilizar sus contactos en el Partido Popular Europeo (EPP) para torpedearlo. Por fortuna para nuestro país, las últimas semanas han demostrado que la incompetencia de Pablo Casado y su equipo ha resultado ser mayor que su mezquindad. Uno podría haber esperado de Feijóo, otrora moderado, un cambio de rumbo que a todas luces no solo no se ha dado, sino que se ha intensificado en los últimos días, calificando de incompleta la propuesta del Gobierno y condicionando su apoyo a una bajada de impuestos. Esta oferta se hace a sabiendas de que dicha bajada de impuestos no sólo sería regresiva, sino que además se llevaría a cabo en un país cuyos impuestos a los hidrocarburos ya están sensiblemente por debajo de la media europea:

Lo más desconcertante de la línea del Partido Popular es que mantenía esta postura al mismo tiempo que, tras la sin duda controvertida decisión del Ejecutivo de virar su política respecto al Sáhara, ponía el grito en el cielo por no respetar el hecho de que la política exterior es una “política de Estado”. En este sentido, la izquierda española ha demostrado ser la única que se ha tomado la política exterior de esa manera cerrando filas cuando había una cuestión de interés nacional en el extranjero, como cuando apoyó la candidatura de Luis de Guindos al Banco Central Europeo. En ocasiones esta lealtad nacional fue tan lejos como para pedir respeto por un expresidente cuyas políticas había revertido completamente, como cuando Rodríguez Zapatero se enzarzó con Hugo Chávez por los insultos de este último a Aznar en aquel desencuentro que terminó con el célebre “por qué no te callas” del rey emérito.

En contraste, la deslealtad en el plano internacional de la derecha española viene de largo, algo que probablemente emana del hecho de que siempre le ha costado mucho reconocer la legitimidad de la izquierda para gobernar nuestro país (primero en 2004 y luego en 2018). Sea como fuere, los que seguimos la política exterior española recordamos el esfuerzo del Partido Popular de Rajoy en la oposición por socavar la proyección española en Latinoamérica o burlarse de iniciativas multilaterales españolas como la Alianza de Civilizaciones (la cual, por cierto, acabaron apoyando una vez llegaron al Gobierno).

La derecha española es nacionalista hasta que su nación la gobierna democráticamente la izquierda. Como Feijóo parece estar demostrando, esperar una oposición de derechas responsable en política exterior es como esperar a Godot. Hasta que llegue, que al menos tengan la decencia de no aburrirnos con sus discursos sobre política de Estado. 

El pasado 9 de marzo el Ministerio de Cultura de Miquel Iceta informaba de “la suspensión de los proyectos e iniciativas en curso con la Federación Rusa, así como la cancelación de aquellas que se hubieran previsto y aún estuvieran pendientes de iniciarse”. Con ese comunicado, anunciaba que España se sumaría al veto a la cultura rusa de algunos países y empresas occidentales. Así, en unas pocas semanas, la filarmónica de Múnich despedía a Valery Gergiev, el Teatro Real cancelaba las funciones del Ballet Bolshói, y hasta Netflix anunció que cancelaba la adaptación de “Guerra y Paz” de Tolstói.

Este veto es un enorme error por numerosas razones, y en este artículo me centraré en tres de ellas. En primer lugar, porque afecta a multitud de artistas cuyas obras representaron espacios de resistencia a autoritarismos análogos al de Vladimir Putin. En segundo lugar, debido a los peligros de presentar la cultura rusa como un “todo”, discurso que acaba vinculando al pueblo ruso con su gobierno y que ha comenzado a traducirse en ataques rusófobos en Europa y en EE. UU. En tercer lugar, por lo ineficiente que es como medida: no tiene sentido recurrir a esta opción mientras no se sancionan el gas y el petróleo ruso.

Empecemos con el problema más evidente: lo absurdo que resulta invisibilizar o censurar la obra de artistas rusos, pasados o contemporáneos, que se enfrentan o enfrentaron a autoritarismos. Tomemos como ejemplo el caso del Museo Ruso de Málaga, que funciona como sede satélite del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo y que sin duda es una de las joyas museísticas de la ciudad andaluza. Tanto el grupo municipal del PSOE como el de Cs llevan semanas presionando al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a deponer las obras del museo y cerrarlo inmediatamente. En el caso del PSOE, el partido se opuso a que el museo permaneciera abierto con la propuesta de reemplazarlo por un entorno que diera sitio a los artistas locales (como si fuera dicotómico), según informaba el Diario Sur. Irónicamente, el museo alberga en este momento una exposición sobre “Guerra y Paz” que aborda los horrores de la guerra y cuenta con las pinturas de vanguardistas como Kazimir Malévich, Aleksandr Labás o Sofia Dímshits-Tolstaia, catalizadoras artísticas del pacifismo ruso que León Tolstói desarrolló a raíz de su experiencia en la Guerra de Crimea. Tratar de vetar la obra de artistas como Malevich, pintor de origen ucraniano y polaco, condenado por la NKVD (precursora del KGB), resulta un ataque injustificado a la resistencia que plantea el arte frente a los autoritarismos y, de paso, un ataque a nuestra propia cultura. 

En segundo lugar, conviene analizar esta “mezcla” discursiva del gobierno ruso con la cultura rusa. Respecto al “Affaire Gergiev”, alguien tan poco sospechoso de ser ambivalente como Daniel Barenboim (probablemente el gran director de orquesta más políticamente comprometido del mundo con su West-Eastern Divan, fundada junto a Edward Said), insistía en que “la cultura rusa no es lo mismo que la política rusa”. Tras concluir su concierto con el himno de Ucrania, insistió en que “no debemos permitir una caza de brujas contra el pueblo y la cultura rusos. Las prohibiciones y boicots emergentes, por ejemplo, de la música y la literatura rusas en varios países europeos, evocan las peores asociaciones en mí".

Este tipo de asociación discursiva en tiempos de guerra entre el gobierno del enemigo y su cultura ha llevado a algunos de los episodios más oscuros en democracias occidentales. Y pese a que se han dibujado muchas analogías con las causas de las dos guerras mundiales, estos episodios se han recordado poco: la “desalemanización” de los EE. UU. y Reino Unido en la Primera Guerra Mundial y, como expresión extrema de estas reacciones, el internamiento en campos de trabajo en su propio país de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses de ascendencia o costumbres alemanas, italianas o japonesas. Como escribía Jorge Tamames hace unas semanas, las analogías históricas no proporcionan soluciones prefabricadas, pero sí nos otorgan una perspectiva de lo que puede llegar a pasar si persistimos en ciertas dinámicas. Resulta imposible ignorar la manera en la que la medida anunciada por el Ministerio de Cultura “rima” con el proceso de desalemanización llevado a cabo en EE. UU., donde se llegó a prohibir la música, la literatura, el idioma e incluso los nombres alemanes a través de leyes que la Corte Suprema derogó un lustro después con casos como Meyer v. Nebraska. Asimismo, este tipo de medidas contra la cultura rusa implica regalarle a Putin el argumento esencial de su narrativa nacionalista: “la guerra y las sanciones no son contra él sino contra el pueblo ruso”. Nunca conviene, Y menos en tiempos de guerra, participar en la asociación entre una cultura y un gobierno.

Por último, resulta sangrante que los gobiernos occidentales hayan decidido utilizar esta carta, de efectividad limitada, cuando se mantiene la excepción del embargo a productos energéticos. Esta medida se debe fundamentalmente al miedo a que se disparen los precios energéticos y a un aumento desmedido de la inflación. Ponderar unas sanciones lo suficientemente duras como para castigar al régimen de Putin al tiempo que se mantiene bajo control el shock energético de ese corte de gas y petróleo merece, como poco, un artículo propio. Lo que sí podemos señalar es que, mientras no se apliquen medidas más eficientes, tomar una decisión tan extrema como interrumpir lazos culturales parece desproporcionado y, sobre todo, injusto. Resulta incomprensible no poder disfrutar de un ballet ruso mientras llenamos el depósito del coche con combustible de grandes oligarcas y calentamos nuestras casas con gas ruso. 

Enfrentarnos a esta crisis requiere la audacia de lo mejor del legado de Roosevelt para poner en marcha programas de reindustrialización pública verde que nos permitan dejar de depender energéticamente de Rusia; pero también el cuidado de no caer en las mismas espirales de odio y miedo en las que cayó su administración cuando internó a cientos de miles de inocentes sin un juicio justo. Ningún pueblo es enemigo de otro pueblo; tan solo de sus sátrapas. 

Esta semana Podemos ha criticado que la Unión Europea envíe armamento a Ucrania, así como la imposición de nuevas sanciones. Esta no es más que la última iteración del bochornoso espectáculo al que parte de la izquierda española e internacional nos ha sometido. Más vergonzoso, si cabe, cuando uno se siente parte de la misma. Desde la absurda convocatoria de Izquierda Unida, que frente a una invasión rusa destacaba su rechazo a la OTAN, hasta la controvertida declaración del comité internacional del Partido Socialista Democrático de los EEUU, no son pocos los movimientos de izquierdas que parecen más preocupados con la OTAN que con la invasión ilegítima e ilegal de un país soberano por parte de una superpotencia militar ultranacionalista como Rusia.

En primer lugar, conviene analizar cuáles son las alternativas que existen a estas dos medidas que Podemos ha criticado. Respecto al envío de armas (hasta ahora, la medida más polémica), nuestro país se ve en la disyuntiva entre unirse a la mayoría de los países de la UE o ponerse de perfil. Resulta reseñable que frente a la arbitrariedad de esta invasión, incluso países que, como Alemania, históricamente han preferido una política estricta de no-intervención hayan terminado apoyando el envío de armamento. Este mismo sentido de urgencia ha llevado a muchos a criticar la decisión de Podemos comparando su negativa a la de países como Gran Bretaña o Francia cuando, frente al golpe de estado de 1936 en España, decidieron no apoyar al régimen democrático republicano por evitar chocar con el régimen de Hitler. Las piruetas discursivas a las que han recurrido perfiles como Juan Carlos Monedero para enfatizar las diferencias entre Kiev en el 2022 y Madrid en 1936 se parecen más al argumentario de la derecha contemporánea respecto a la II República (“no se trata una democracia consolidada”, “había desorden social”) que al que uno esperaría de la solidaridad del internacionalismo. Nuestro deber moral con un pueblo que resiste una invasión extranjera es incuestionable: apoyarlo como haga falta.

Por otra parte, cabe plantearse cuáles son las alternativas a las fuertes sanciones comerciales a las que Rusia será sometida como consecuencia de esta violación del derecho internacional. En este momento, existen tres escenarios: una intervención militar de la OTAN, el establecimiento de durísimas sanciones comerciales o la inacción. La primera opción, además de políticamente inviable, resulta una insensatez cuando consideramos que Rusia es el país con mayor número de cabezas nucleares del mundo. Dejar al pueblo ucraniano a su suerte frente al invasor ruso tampoco parece aceptable ni desde un punto de vista moral ni desde un punto de vista estratégico (en términos de disuasión). Por lo tanto, la única vía razonable y responsable es la de un paquete de sanciones histórico. Es más, convendría contemplar sanciones incluso más duras, más allá de la desconexión de la plataforma de pagos Swift, como por ejemplo suspender todas las correspondencias bancarias (algo que además es políticamente viable, puesto que solo depende del estado de Nueva York). Asimismo, EEUU y Europa deben concentrarse en asegurar que estas sanciones a Rusia se ven complementadas con la persecución de las fortunas escondidas en el extranjero por los oligarcas de este régimen. Según investigaciones de Piketty, Zucman y Novokmet, el patrimonio escondido por estos oligarcas en el extranjero equivale al 85% del PIB de Rusia. Por lo tanto, no resulta sorprendente confirmar que hay una mayor proporción de la riqueza de los rusos más ricos (el 0,01%) escondido en el extranjero que en su propio país:

Una posición genuinamente de izquierdas no consiste en criticar estas sanciones, sino insistir en la necesidad de imponerlas también dentro de nuestras fronteras y en los paraísos fiscales donde nuestros propios oligarcas esconden su patrimonio.

¿Pero de dónde viene esta fijación con la inacción? Podemos identificar dos momentos fundacionales: la resistencia a la OTAN durante la Guerra Fría, que movimientos como IU han heredado como parte de su identidad política, y la condena de la invasión —a todas luces ilegítima— de Iraq por parte de los EEUU en 2003. Este rechazo histórico a la OTAN es si cabe más importante en nuestro país, puesto que ha sido uno de los elementos de distinción más significativos dentro de la izquierda española, entre un PSOE favorable a la alianza y una IU contraria a ella. Asimismo, el rotundo “No a la guerra” de 2003 sigue resonando en la conciencia colectiva de todo este espectro político. No obstante, hemos de ser conscientes de que esta tradición viene teniendo consecuencias indeseables en las lecturas de la política internacional que realizan ciertos grupos de izquierdas. Como una miríada de activistas o académicos han denunciado, esta imbricación ha llevado a muchos “antiimperialistas” a criticar las tímidas intervenciones de EEUU o Francia en Siria al tiempo que —a sabiendas o por error— blanqueaban el régimen criminal de Al-Assad. Esta posición, exigente con los países occidentales, pero ciega a los abusos de regímenes autoritarios fue denominada como el “antiimperialismo de los idiotas” (término que tomo prestado para el título de esta pieza). Así, si durante esos años se dio “un debate sobre Siria sin los sirios”, hoy vemos cómo parte de la izquierda discute sobre Ucrania sin los ucranianos, un pueblo que ha decidido no rendirse frente a la invasión de una potencia infinitamente más poderosa.

Aquellos que más abogan por “insistir en la vía diplomática” parecen ser quienes menos entienden cómo esta se combina con otros medios (como las sanciones comerciales) y qué sucede cuando esa vía se agota. Como los diplomáticos suelen decir, se trata de jugar con la estrategia del palo y la zanahoria. Un buen ejemplo de cómo la presión a través de sanciones puede facilitar soluciones diplomáticas es el Acuerdo Nuclear con Irán (el JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015, donde una combinación de presiones y canales diplomáticos desembocaron en un acuerdo histórico entre enemigos. Bien planeado, apoyar a quienes resisten una invasión ilegítima y sancionar a quienes llevan a cabo esta invasión representa no solo la opción más ética, sino también la adecuada para propiciar las condiciones para una solución diplomática. Porque, como bien apunta Rafa Cabeleira, quedarse en el discurso del “No a la guerra” cuando un país ya ha invadido a otro es equivalente a presentarse a un incendio con carteles de “No al fuego” y no hacer nada.

Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de enormes proporciones. […] y reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Están en juego nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestros medios de vida. También lo está la propia estructura de nuestra sociedad.

En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de una capacidad de influencia, buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. El potencial para el aumento desastroso de un poder equivocado existe y persistirá. Nunca debemos dejar que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Sólo una ciudadanía alerta y bien informada puede obligar a que la enorme maquinaria industrial y militar de la defensa encaje adecuadamente con nuestros métodos y objetivos pacíficos, para que la seguridad y la libertad prosperen juntas.

No es el discurso de ningún activista antibelicista, sino el discurso de despedida del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. En esta célebre y celebrada intervención, Eisenhower advertía a los ciudadanos norteamericanos de los riesgos de la aparición de un complejo militar-industrial capaz de intervenir en los procesos democráticos aumentando los medios militares y el apetito de volver a la guerra.

Esta advertencia no solo resulta premonitora a la luz de guerras innecesarias avivadas por intereses financieros de esta industria (como los del vicepresidente Dick Cheney durante la Segunda Guerra del Golfo), sino también por la progresiva aparición de otro complejo que ha recibido menos atención: el Complejo industrial y de espionaje. Una industria capaz de aumentar y capturar el gasto en defensa a través de la privatización de actividades como la recopilación y análisis de datos.

Este proceso se inició con el ataque de Reagan al sector público, cuando se empezaron a privatizar ciertas labores de espionaje gubernamental. Pero no es hasta el shock del 11-S cuando la tendencia de limitación de gasto en defensa post-1990 (consecuencia del final de la Guerra Fría) se invierte en favor de un aumento exponencial en este tipo de partidas presupuestarias. Así, entre el año 2000 y el 2010 el gasto en inteligencia no solo aumentó en un 250%, sino que además hasta un 70% de este gasto fue a parar a contratistas externos, según informaba el Washington Post. Por poner este aumento en contexto, la cifra en 2010 se sitúa en los 55.000 millones de dólares, 8.000 millones más que el Departamento de Estado (el equivalente norteamericano al Ministerio de Exteriores que coordina y financia toda su política exterior).

Si en los anteriores artículos de esta serie especial sobre espionaje exponíamos por qué deben preocuparnos las prácticas de las agencias de inteligencia de nuestras democracias y cómo alcanzar un control de las mismas, esta serie especial concluye con una llamada de atención a la privatización de estas prácticas. Si las privatizaciones que se empezaron a dar en los años ochenta a ambos lados del Atlántico consistieron fundamentalmente en privatizar beneficios pero socializar pérdidas, esta resulta incluso más preocupante por la capacidad de incrementar ese gasto en vigilancia y defensa y, más preocupante, en dificultar enormemente el control democrático y efectivo de sus operaciones. Esta obstrucción se puede dar de dos formas: en la colaboración con las agencias estatales en la intercepción masiva de sus propios clientes y a través de la externalización de tareas y puestos de trabajo.

En lo relativo a esta ayuda, hoy sabemos gracias a Snowden que Facebook (ahora Meta), Apple, Palantir o Microsoft colaboraron con el programa secreto PRISM, desarrollado por la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA), que permitía usar palabras clave para interceptar casi cualquier comunicación de sus usuarios (correos electrónicos, mensajes de chat, fotos, etc.). Lejos de hacerlo a regañadientes, empresas como Microsoft trabajaron estrechamente con la NSA para burlar el sistema de encriptación de sus propios servicios, tales como Outlook o Hotmail. En otras palabras, las grandes tecnológicas han sido en numerosas ocasiones colaboradoras necesarias para este tipo de abusos. 

Asimismo, este complejo aumenta el gasto público en defensa a través de la contratación sistemática de exfuncionarios públicos en empresas que externalizan actividades de inteligencia, como Booz Allen o Carlyle Group, produciendo una fuga de cerebros desde el sector público hacia el privado (demostrando una vez más que la privatización de servicios está lejos de representar ninguna panacea). No obstante, este aumento del gasto público es incluso más evidente en los casos en los que grandes tecnológicas seducen a gobiernos (nacionales o locales) para utilizar sus productos de vigilancia, aparentemente más eficaces. El mejor ejemplo de este tipo de prácticas lo representa la multinacional Palantir, que logró capturar un enorme porcentaje del presupuesto asignado para cuestiones de seguridad nacional. Para ilustrarlo, y pese a que sabemos que Palantir trabaja codo a codo con la NSA, usemos un ejemplo policial, puesto que los contratos con los servicios de inteligencia son confidenciales y solo salen a la luz gracias a denunciantes. La empresa, que en este momento está siendo investigada por el Departamento de Defensa de los EE. UU. por potenciales trampas en estos concursos públicos, consiguió persuadir al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para introducir Gotham, su software estrella, en sus operaciones. Antes de continuar, resulta esencial contextualizar el peso del LAPD: su presupuesto es de casi 20.000 millones de euros, casi el doble del presupuesto en Defensa de España. Tras varios años de uso, y cientos de millones de dólares invertidos, se demostró que el programa reproducía sesgos racistas sin que fuera acompañado necesariamente de una mayor eficiencia. Como advierte Eisenhower a tenor de su equivalente militar, el complejo industrial y de espionaje logra intervenir en el diseño de políticas públicas para aumentar el gasto en seguridad en nombre del “riesgo-cero” a través de la predicción al mismo tiempo que pone en peligro principios democráticos como la no discriminación por motivos raciales.

Para terminar, esta privatización ha llevado a situaciones absurdas como la de que miembros de los comités legislativos encargados de la supervisión de cuestiones de inteligencia no tengan acceso a documentos a los que más de un millón de contratistas privados sí pueden acceder, poniendo en peligro el control democrático de estas operaciones. El complejo industrial y de espionaje ha socavado mecanismos democráticos, capturado fondos que podrían destinarse a otros servicios públicos y colaborado en la violación de derechos fundamentales en EE. UU. y el resto del mundo. Si bien esta es una realidad por ahora limitada al mundo anglosajón, particularmente EE. UU. y Reino Unido, no podemos olvidar cómo surgen también en esos países las privatizaciones que luego se extendieron al resto del mundo occidental. Esta vez, hemos de conocer las consecuencias de estos procesos y su particular sensibilidad cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional y derechos fundamentales.

Como planteábamos en la primera parte de esta serie especial sobre inteligencia, las agencias de inteligencia occidentales operan con una doble impunidad: no solo actúan sin un control democrático efectivo, sino que además consiguen intimidar o castigar a aquellos que tratan de denunciar sus acciones. Frente a este enorme desafío, ¿qué políticas cabe proponer? En este artículo, se proponen algunas reformas institucionales de alcance nacional e internacional que garanticen un control democrático de los servicios de inteligencia. Asimismo, se establecen algunas condiciones necesarias para poder llevarlas a cabo.

En primer lugar, a nivel nacional distinguimos tres instrumentos a disposición del legislador: el control judicial, el control parlamentario y las agencias especializadas. En lo relativo al primero, la fuerte autonomía del poder judicial ha permitido a nuestro país ser ejemplar en la rendición de cuentas de los responsables de violencia de Estado (no en vano, el nuestro es uno de los pocos países que ha llegado a condenar a ministros o secretarios de estado por estos delitos).

No obstante, en lo relativo al control parlamentario nuestro país carece de una comisión dedicada exclusivamente al control de los servicios de inteligencia, como sí la tienen países como EEUU (con sus select committees de inteligencia tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado), Reino Unido (Intelligence and Security Committee con miembros de ambas cámaras), Alemania (Parlamentarische Kontrollgremium y la comisión G10) o incluso Francia (con su Délégation parlementaire au renseignement en la Asamblea Nacional). A diferencia de estas democracias, en España tan solo tenemos la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, cuya responsabilidad es la de auditar los “fondos reservados” con los que se financia, entre otras instituciones, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). No obstante, este es, principalmente, un control de las finanzas y no de las operaciones, y, en ocasiones, la frecuencia con la que se reúne no llega a ser ni anual. Esta rendición de cuentas es incluso más complicada si consideramos que por costumbre se ha venido nombrando como miembros de esta comisión a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que carecen generalmente del conocimiento técnico necesario para este tipo de control y del tiempo requerido para llevarlo a cabo.

Asimismo, parece complicado crear una agencia que haga un control técnico, como la Comisión Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia (CNCTR, por sus siglas en francés), recientemente creada en Francia, y que combina perfiles parlamentarios de diferentes cámaras y partidos con jueces y técnicos especializados en telecomunicaciones. Hoy, el panorama político español parece poco favorable a la creación de agencias independientes que vigilen a diferentes poderes públicos, como demuestra, por ejemplo, la oposición a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Dado que la tecnología avanza más rápidamente que el Derecho, esta resistencia a una agencia técnica independiente resulta cuando menos preocupante.

Por último, el nivel al que las agencias de inteligencia operan con mayor impunidad es el transnacional. El principio que opera en los intercambios de información entre agencias es el third-party rule (o "regla de terceros"), que prohíbe compartir la información recibida por parte de una agencia con ningún otro actor. Esta doctrina se viene utilizando estas últimas dos décadas a modo de protección contra los mecanismos judiciales, legislativos y técnicos descritos anteriormente, incluso en países donde este sistema de control está más desarrollado. ¿Cómo? A través de considerar “terceras partes” a sus agencias de control. Por ejemplo, si la DGSE francesa recibiera información por parte de la CIA, se escudaría en esta doctrina para no explicar detalles esenciales a sus agencias de control, a sus jueces, a la Asamblea Nacional francesa, o a la CNTR. Necesitamos, por tanto, constituir a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas un marco institucional que permita un control internacional de estas agencias (similar, por ejemplo, al del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que permite investigaciones de equipos internacionales en casos de denuncias).

No obstante, resulta esencial no caer en el voluntarismo que denuncia Sánchez Cuenca en La desfachatez intelectual (2016) cuando critica la ligereza con la que se proponen ciertas reformas legislativas sin plantear cómo vencer las posibles resistencias que estas podrían suscitar, a lo que también podríamos añadir una reflexión sobre qué tipo de coyunturas abren una ventana de oportunidad para plantear estas reformas. Contextualicemos, por ejemplo, la emergencia del primer sistema de control parlamentario: el estadounidense. Este se desarrolló cuando una investigación del New York Times provocó un escándalo que sacudió Estados Unidos a mediados de los años setenta, cuando operaciones de la CIA como CHAOS o del FBI como COINTELPRO violaron flagrantemente la constitución de este país al cometer asesinatos sumarísimos (tanto de líderes extranjeros como de activistas norteamericanos), manipulaciones políticas, espionajes extrajudiciales y campañas de chantaje.

El poder legislativo y el ejecutivo establecieron varias comisiones de investigación, entre la que destacó el Comité Church, que realizó informes detallados sobre estas actividades y propone el marco jurídico que da pie a los “comités selectos” mencionados anteriormente. El caso de los EEUU pone de relieve cómo la colaboración entre medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil (particularmente de activistas antirracistas y antibelicistas) y expertos técnicos (incluso exagentes de la CIA) lograron ejercer la suficiente presión sobre el campo político como para realizar reformas que hasta entonces habrían parecido imposibles (particularmente por el estatus de superpotencia de los EE. UU. y el contexto de Guerra Fría).

Sin embargo, dos legislaturas de Ronald Reagan —declarado enemigo de estos mecanismos de control— y veinte años de Guerra contra el terror fueron suficientes para desmantelar gran parte de estas garantías constitucionales. Hoy nuestros medios de comunicación tienen más problemas financieros que nunca y, por tanto, equipos de investigación raquíticos, nuestra sociedad civil está más atomizada, y los gobiernos a ambos lados del Atlántico persiguen a denunciantes como Snowden acusándoles de traidores. No es de extrañar, pues, que cuando éste dio un paso adelante para demostrar estas malas prácticas con cientos de miles de pruebas, la falta de preparación y la agresividad de los estados occidentales se tradujo en lo que el investigador del CNRS Félix Tréguer denomina “la paradoja Snowden”: el hecho de que su heroísmo se aprovechara para reformas legislativas superficiales que, bajo la excusa de un sistema de control más efectivo, legalizaba la mayor parte de las técnicas de vigilancia masiva que denunció. Así, la Loi relative au renseignement francesa de 2015, el Investigatory Powers Act británico de 2016, y la reforma alemana en curso —todas ellas consecuencia política de las revelaciones Snowden— introdujeron o proponen introducir nuevas capacidades de intervención para sus agencias.

Garantizar un control efectivo de los servicios de inteligencia de una democracia (y de sus cuerpos y fuerzas de seguridad) requiere el conocimiento comparativo y técnico de qué políticas funcionan, pero también comprender cómo construir coaliciones entre medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos necesarias para empujar esas reformas.

El pasado 14 de enero el exministro de defensa de Dinamarca, Claus Hjort Frederiksen, era imputado por la justicia danesa acusado de filtrar secretos de Estado. Pese a que la acusación exacta no trascendió, según informaba el diario Le Monde, nadie en Dinamarca parecía dudar de que estaba relacionada con la denuncia por parte de Hjort Frederiksen de las colaboraciones entre el Servicio de Inteligencia de Defensa danés y la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés).  El exministro y ahora diputado denunció en una entrevista en 2020 cómo la NSA utilizó la red de cableado danesa —que comunica países como Rusia, Francia, Alemania o Suecia—  para espiar tanto a rivales como a aliados.

Este suceso pone de relieve dos problemas: por una parte, el hecho de que ningún medio español (más allá de alguna agencia de noticias como Europa Press) haya cubierto la noticia demuestra la falta de interés que existe por las cuestiones de inteligencia y vigilancia. En segundo lugar, si las revelaciones de Snowden demostraron la falta de control de los servicios de inteligencia europeos, este caso viene a confirmar la doble impunidad con la que estas agencias operan: no solo actúan sin un control democrático efectivo, como ha denunciado el Consejo de Europa en numerosas ocasiones, sino que además consiguen intimidar o castigar a aquellos que tratan de denunciar sus acciones (como ha sucedido con denunciantes como Edward Snowden en EE. UU., Katharine Gun en Reino Unido o, ahora, Hjort Frederksen en Dinamarca).

 La complejidad y extensión de estos problemas merecen una serie de artículos dedicados a este asunto, en los que desgranaremos tres cuestiones relacionadas con las agencias de inteligencia contemporáneas. La primera, su relevancia: ¿por qué te deberían preocupar a ti, ciudadano honesto, las prácticas de las agencias de inteligencia? En un segundo artículo, examinaremos cómo la falta de control democrático sobre las agencias de inteligencia en Europa y EEUU ha resultado en numerosas violaciones de derechos humanos. El tercer artículo se centrará en un fenómeno reciente que ha acentuado estos problemas: la privatización de la inteligencia a través de contratos con empresas como Palantir.

¿Por qué debería importarte lo que hagan los servicios de inteligencia? En lo que sigue, trataré de convencerte desmontando dos mitos: por una parte, la idea de que las acciones de los servicios son fundamentalmente de información; por otra, la noción de que todas ellas siguen un fin de “interés nacional”. Es importante remarcar, antes de exponerlo, que no me referiré específicamente al caso de la principal agencia de inteligencia de nuestro país, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino a la coalición de agencias de inteligencia conocida como los “Catorce Ojos”, es decir, los Five Eyes —EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda— y sus socios europeos, entre los que se incluye nuestro país.

En primer lugar, conviene desmontar la narrativa que tanto agencias de inteligencia (particularmente las anglosajonas) como académicos y periodistas cercanos a ellas, han adoptado en la última década: aquella de que, lejos de tratarse de una cuestión relacionada con la violencia de Estado, se trata de recabar e intercambiar información a través de un control inofensivo de nuestros “metadatos”. Esta narrativa ha venido ganando centralidad desde que la inteligencia de señales (conocida en ese mundo como “SIGINT”), basada en la intercepción de comunicaciones, comenzó a ganar peso frente a la inteligencia humana (“HUMINT”), basada en fuentes humanas.

Frente a este discurso, resulta fundamental recordar que, desde el trabajo de Michel Foucault, una miríada de estudios han demostrado que sentir que podríamos, potencialmente, estar bajo vigilancia altera nuestra manera de comportarnos como ciudadanos. Asimismo, resulta crucial insistir en la idea de que las agencias intercambian con frecuencia este tipo de información, y posteriormente la utilizan para prácticas que varían desde interrogatorios hasta asesinatos selectivos. Por ejemplo, en 2011 el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ) compartió con la CIA información que fue utilizada para asesinar de manera extrajudicial a cuarenta personas —la mayoría civiles—. Por tanto, es fundamental ser conscientes de que este tipo de información tiene esencialmente una finalidad violenta.

“Bueno, pero lo hacen por nuestro país”. ¿Tiene sentido asumir que las agencias de inteligencia violan el derecho nacional o internacional por el bien de su país? Dejando al margen el juicio moral de este enunciado, que se enmarca dentro de la lógica de la “razón de estado”, existen numerosos estudios que demuestran que la autonomía de la que gozan las agencias de inteligencia las lleva, en numerosas ocasiones, a actuar no en beneficio de sus ciudadanos o gobiernos, sino en beneficio de agencias extranjeras. ¿Cómo podemos explicar eso? Por el corporativismo. De igual manera que existe el corporativismo y las relaciones de cooperación en comunidades como, por ejemplo, los policías o incluso los médicos (que en algunas ocasiones pueden ocultar malas prácticas por solidaridad gremial), se generan lazos de solidaridad entre agencias, particularmente aquellas con un tipo de características sociológicas similares: 

Por ejemplo, a tenor de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se demostró que las relaciones entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) —ambas agencias norteamericanas— eran mucho peores que entre la CIA y el Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6). En este caso, primó la lógica del gremio sobre la lógica nacional. Como Bigo y Bonelli explican, “en algunos casos, las lealtades entre agencias pueden ser más fuertes que el apego institucional a los líderes políticos de su país”, lo que demuestra que el interés nacional no siempre prevalece sobre las redes internacionales que estas agencias desarrollan. Esto explica por qué, por ejemplo, el Servicio Federal Alemán (BND) compartió información confidencial sobre su propio gobierno (en aquel entonces de Angela Merkel) con la NSA. En otras palabras: es posible que las agencias de inteligencia de un país sean más leales a sus socios extranjeros que a sus propios gobiernos.

En conclusión, debido a la naturaleza de sus acciones y a su autonomía frente a los controles políticos y democráticos, es necesario que atendamos a las prácticas de las agencias de inteligencia. Frente a estas, ¿qué políticas cabe proponer? Lo examinaremos en el próximo artículo.

Como ya es costumbre, Kiko Llaneras daba la bienvenida al nuevo año con una lista de datos que, en sus propias palabras, busca combatir una paradoja: “la mayoría de la gente cree que el mundo retrocede y que nos dirigimos al caos, aunque los datos dejan claro que esa percepción es falsa. El mundo no empeora, mejora”. Llaneras bebe directamente del optimismo de Steven Pinker, al que cita en su artículo:  “Todas las estadísticas señalan que mejoramos. En general, la humanidad se encuentra mejor que nunca”. Llaneras es, sin duda, un extraordinario periodista, arquitecto del mejor periodismo de datos en nuestro país. Pero considero que se equivoca al movilizar este “optimismo pinkeriano”, tanto por los datos que maneja —en ocasiones, cuestionables— como por sus efectos políticos —el disciplinar la crítica al sistema—.

Empecemos con lo primero: la noción de que, efectivamente, el mundo mejora y la tendencia es positiva. Para cuestionar esta idea, sin entrar en detalles daré pinceladas de dos grandes problemas cuyos indicadores Pinker y Llaneras presentan con optimismo: la pobreza y la crisis climática.

En lo relativo a la pobreza, como el antropólogo de la LSE Jason Hickel ha explicado, el Banco Mundial ha declarado en repetidas ocasiones que el umbral que Pinker utiliza para su gran narrativa de progreso “es demasiado bajo para ser utilizado en cualquier país” y no se utiliza a la hora de diseñar o evaluar las políticas de la institución. De hecho, debido a numerosas críticas académicas, el Banco Mundial tuvo que actualizar sus umbrales de pobreza adaptándolos a diferentes tipos de economías. Así, explica Hickel, con el criterio más reciente, “hay unas 2.400 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza hoy en día”, más del triple de lo que Pinker quiere hacer creer. Esto tendría que ser suficiente como para replantearse el optimismo que nos tratan de transmitir. Pero incluso si utilizáramos su criterio, la crisis sanitaria del covid-19 ha traído consigo más de 150 millones de nuevos “pobres extremos”. Algo difícil de celebrar.

Por otra parte, en cuanto a la crisis climática, conviene no olvidar que —por muchas noticias buenas que incluya Llaneras en su artículo— continuar con la tendencia actual es abocarse al desastre. En este sentido, un reciente informe del Instituto de Recursos Mundiales demostraba que en ningún sector (transporte, industria, agricultura, etc.) se estaba haciendo lo suficiente como para poder alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5ºC, como se acordó en la COP21 de París. En el mejor de los casos, en algunos sectores las acciones eran insuficientes, mientras que en el peor de los casos se requería, directamente, un giro de 180º. Así, como Kelly Levin (una de las coautoras del informe) explicó a The Guardian, “tres áreas en particular requieren ese giro de 180º: la producción de cemento, la fabricación de acero y los esfuerzos para poner una tasa a las emisiones de carbono”. En otras palabras, ser optimista con la crisis climática por un par de pequeñas buenas noticias tiene el mismo sentido que ser optimista en el hundimiento del Titanic porque el cuarteto de cuerda suena fantástico.

Fuente: Estado de la Acción Climática 2021: Transformaciones de los sistemas necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 °C (adaptado del inglés, diseño original Guardian Graphics)

No obstante, el mayor problema de la narrativa de Pinker o Llaneras no es tanto su parte empírica (que como hemos visto es cuestionable en sí), sino los efectos políticos de adoptarla. Este discurso resulta problemático en tanto que tiene como fin el aceptar sin rechistar el sistema político y económico en el que vivimos. Por ejemplo, en un artículo de 2016, Llaneras argumentaba lo siguiente:

“El debate entre percepción y datos no pasaría de eso, de un debate, si no fuera porque la creencia de que el mundo empeora se usa con fines políticos. Si el mundo empeora, mejorarlo exige cambiar el sistema (aunque el sistema, o partes del mismo, siempre según los datos, nos hacen ir a mejor). Quien se oponga a cambiarlo todo será alguien que se opone a frenar el empeoramiento del mundo. Es decir, un egoísta, un inmoral, o un irresponsable”.

El optimismo aquí funciona como argumento para deslegitimar críticas contra el sistema, puesto que los datos demuestran que vamos a mejor. De hecho, utiliza en ese mismo artículo el ejemplo de la crisis de 2008 (en la que nuestro país seguía inmersa). En lugar de cuestionar las causas estructurales de la crisis, o las políticas de austeridad que tanto daño hicieron, Llaneras insiste en que “pocos indicadores nos han devuelto más allá de 2000 y muchos no han dejado de mejorar”, considerando esta una serie de  “alteraciones puntuales […] parte de un proceso que abarca siglo”. Por tanto, concluye Llaneras, el discurso de movimientos que disputan el statu quo es deshonesto, puesto que el sistema funciona. Sin embargo, son muchas las voces que cuestionan esta conclusión y argumentan que el mundo no mejora porque el sistema esté bien, sino que el mundo mejora a pesar del mismo, gracias a que hay mucha gente y movimientos presionando para mejorarlo. En este sentido, en su último libro, Thomas Piketty reconoce que "desde finales del siglo XVIII existe una tendencia a largo plazo hacia la igualdad". No obstante, explica el economista, esta se hace siempre contra los sistemas establecidos: “Este movimiento hacia la igualdad es la consecuencia de luchas y revueltas frente a la injusticia que han permitido transformar las relaciones de poder y derrocar las instituciones en las que se han basado las clases dominantes para estructurar la desigualdad social en su propio beneficio”. El optimismo del que Pinker o Llaneras hacen gala funciona como obstáculo al “combustible” de estas movilizaciones, por lo que sería deseable desecharlo.  

Esto presenta una paradoja, puesto que, como indica correctamente Llaneras, 2021 sí ha dejado algunas muy buenas noticias. Además de las que recoge en su artículo (particularmente aquellas que se refieren al covid-19), el gobierno de coalición ha logrado que seamos el primer país en recibir los cruciales fondos de recuperación de la UE, así como la histórica primera reforma laboral acordada entre la patronal y los sindicatos en las últimas décadas que avanza en los derechos de los trabajadores. ¿Cómo lo debemos ponderar para no caer en la banalidad del optimismo, pero evitando la parálisis del pesimismo?

Como explica Terry Eagleton en Esperanza sin optimismo (2016), cuya primera parte parafraseo en el título de este artículo, existe una manera de imaginar un futuro más justo lejos del optimismo despolitizador que algunos intelectuales tratan de vendernos. En su libro, Eagleton opone el carácter superficial y pasivo del optimismo al de la esperanza, que solo nos permite imaginar un mundo mejor a través de la acción y del compromiso. Esperar un futuro mejor requiere trabajar por el mismo. La cuestión no es si el vaso está medio lleno o medio vacío; la cuestión es que el vaso lo tenemos que llenar nosotros. 

Encaremos este nuevo año sin la banalidad del optimismo, pero con el compromiso —político y moral— de la esperanza.

Da igual con quién habláramos o qué red social abriéramos este pasado fin de semana, que, con casi toda probabilidad, habríamos encontrado algún intercambio, crítica o recomendación de No mires arriba (Don’t Look Up, en su título original). La última película de Adam McKay se ha convertido en una de esas raras ocasiones en las que, en un contexto de creciente segmentación cultural en diferentes plataformas, nos encontramos con un producto al que sentimos asistir no como individuos, sino como sociedad. Este filme merece, por ende, ser examinado no tanto por su valor artístico —probablemente inferior al de The Big Short (2015) o Vice (2018)— como por su relevancia ideológica en tanto que evento monocultural (un fenómeno que, por otra parte, muchos dieron por muerto tras el final de Juego de Tronos).

Resulta divertido comprobar que el largometraje funcionó como una suerte de test de Rorschach en el que cada cual proyectó en la alegoría de la película sus propias fobias. Algo sorprendente si consideramos que uno de los aspectos más criticables del guion es precisamente masticar de más el objeto de dicha alegoría: la inacción frente al cambio climático. Pese a ello, un buen número de anarcocapitalistas y reaccionarios vieron en el meteorito una alegoría del socialismo o las élites biempensantes. 

En este sentido, cualquier duda se disipa al leer las entrevistas de McKay sobre el propósito de su largometraje. Como explica, la parábola del meteorito se le ocurre en una conversación con David Sirota, exdirector de discurso de Bernie Sanders, que comparó la indiferencia climática de republicanos y demócratas estadounidenses con un meteorito que no parecía importarle a nadie. Asimismo, el reparto estelar tiene como propósito el llegar a cuanta más gente posible. En otras palabras, McKay busca sensibilizar —si no radicalizar— sobre la inminencia de la crisis climática. Resulta reseñable que el director consiga hacerlo sin caer en el absurdo moralismo individualista, mostrando cómo la inacción respecto al cambio climático no es dejadez o falta de conocimiento, sino la priorización de una serie de intereses económicos de unos pocos sobre la supervivencia del resto de nuestro planeta. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de blockbusters, en No mires arriba no hay ambigüedades: los malos son los ultrarricos. Y se salen con la suya.

Por tanto, tras su incontestable éxito y tras contextualizar su génesis, ¿con qué lecciones o ideas del largometraje nos podemos quedar? Sugiero cuatro, de menor a mayor importancia, que no se limitan necesariamente al cambio climático: la importancia de comunicar, la obligación de tomar partido, la necesidad de hacer frente a las grandes corporaciones y la urgencia de atajar la crisis climática.

En cuanto a la primera, vemos en numerosas ocasiones a los científicos Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) y a Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) tratar sin éxito de concienciar de la situación a diferentes políticos, burócratas y periodistas. En un momento dado, Teddy Oglethrope (Rob Morgan), director de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, advierte a Mindy: “Nada de matemáticas. Cuenta una historia”. Esta incapacidad de explicar ideas complejas de manera sencilla es endémica de la universidad, donde multitud de investigadores excelentes se muestran inútiles a la hora de influir en la opinión pública. Por ejemplo, muchos economistas asumen que exponer las conclusiones de su investigación al público es suficiente para transformar sus preferencias, sin importar que estas estén profundamente arraigadas —como sucede con temas como los efectos de la inmigración o la política fiscal, por citar algunos—. En este sentido, resulta esencial la labor de académicos como Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Mariana Mazzucato o Michael Sandel, capaces de cuestionar consensos a través de la divulgación, o la labor que algunos think tanks llevan a cabo para traducir en políticas públicas los últimos avances en investigación. De nada nos sirven los académicos encerrados en sus torres de marfil.

En segundo lugar, la película también destaca la importancia de tomar partido. En uno de los gags más divertidos de la película, cuando la división entre los negacionistas (adeptos del “no mires arriba”) y los comprometidos con parar el meteorito (partidarios del “mirar arriba”) alcanza su punto álgido, aparece un actor de Hollywood (un cameo de Chris Evans) con una flecha que señala arriba y abajo en la solapa. Cuando el entrevistador le pregunta por ella, responde que “como país, es importante dejar de discutir y simplemente llevarse bien”. Aquí McKay se burla de las figuras mediáticas centristas y de la superficial neutralidad que enarbolan frente a cualquier conflicto político. Esta actitud equidistante se puede extrapolar al campo intelectual: lo que en EE. UU. representan personajes como Steven Pinker o Jonathan Haidt, podría ser relevante en nuestro país para académicos como Víctor Lapuente o, con un perfil sensiblemente menos intelectual, Juan Soto Ivars o Daniel Gascón. Por supuesto, también para el espacio que ocupó Ciudadanos —“ni rojos ni azules”— hasta su derechización y descomposición. El director acierta con su burla: la equidistancia solo sirve para otorgar el mismo valor moral a dos posiciones que rara vez son igual de válidas.

Asimismo, respecto a la tercera lección, pese a su carácter de sátira, la película pone de relieve el creciente poder que las grandes multinacionales, como Meta (Facebook), Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon o Tesla, han acumulado. Un poder tanto de mercado (con tendencias monopolísticas) como sobre el campo político que está reconfigurando áreas como las relaciones laborales, el funcionamiento de la democracia o la política monetaria. McKay, acostumbrado a retratar diferentes caras del poder (financiero en The Big Short y político en Vice), captura en el personaje de Peter Isherwell (Mark Rylance), multimillonario y CEO de una gran tecnológica, aspectos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Peter Thiel. Aunque el personaje y su influencia sobre la presidenta de los EE. UU., Janie Orlean (Meryl Streep), a la que convence de explotar los recursos del asteroide en lugar de destruirlo, pudiera parecer exagerada, el poder político de las tecnológicas nunca ha sido mayor —superando hoy incluso al de Wall Street—. Las tecnológicas son hoy una de las industrias que más invierten en lobbying en Washington D. C., tan solo comparable a las empresas energéticas o del automóvil. A modo de ilustración, Alphabet (Google) aumentó su inversión en lobbying en entre 2003 y 2016 un 19 150 %, y alquiló en 2013 unas oficinas en Washington D. C. del tamaño de la Casa Blanca a medio kilómetro de la misma. ¿En qué se traduce esta presión sobre el campo político? En desregularizaciones laborales, bajadas de impuestos y flexibilidad en la protección de nuestra intimidad. En otras palabras, el poder de estas multinacionales nos hace tener peores trabajos, peores servicios y peores democracias. 

En cuarto y último lugar, el arco narrativo de la película pone el énfasis no solo en la importancia de detener la crisis climática, sino en la urgencia de hacerlo ahora. La película contrapone el cortoplacismo de los tiempos políticos (es este caso, unas elecciones a la vuelta de la esquina) con los seis meses que el mundo tiene para parar al meteorito. Esta crítica de la procrastinación y la falta de atención se extiende también a los medios de comunicación, que tratan de presentarlo de manera amena (a lo que Dibiasky reacciona con un “quizás la destrucción del planeta no tendría que ser divertida; quizás debería aterrorizarnos”). De nuevo, pese a su carácter de sátira, este problema existe: los medios de comunicación están fracasando en su rol de informar sobre el cambio climático y en presionar a los políticos para que expliquen su posición y propuestas respecto al mismo. Como ejemplo, a tenor de los grandes incendios de 2019, Hertsgaard y Pope demostraron cómo “los medios de comunicación perdieron interés en la noticia y, cuando la cubrieron, fueron víctimas de la propaganda de la industria de los combustibles fósiles”. Conociendo el cortoplacismo de los incentivos políticos, la angustia de la segunda mitad de No mires arriba nos recuerda que resulta esencial construir una prensa y una sociedad civil capaces de presionar a nuestros gobiernos, creando —como escribía Manu Romero— alternativas al bloqueo de la imaginación del neoliberalismo.

El tono humorístico del largometraje contrasta con sus últimos minutos: oscuros, sobrios y tristes. Vemos el planeta desaparecer hasta consumir a nuestros protagonistas, conscientes de su inminente final. Tras un silencio, una melancólica canción —interpretada, como no podía ser de otra manera, por Bon Iver— acompaña al espectador entre las ruinas de lo que fue nuestro planeta. De entre esos restos, emerge una nave espacial que transporta a los superricos a otro mundo, recordándonos que, si nuestro planeta sucumbe al cambio climático, ellos tienen ya un plan para no pagar las consecuencias.

Pese a ser una comedia ligera, el contraste del final nos deja con un mal cuerpo que, en lugar de hacernos sentir culpables, nos insta a la acción. Quizás este sea el último evento monocultural que nos interpele de esta manera a todos. Por lo pronto, enfadémonos.