En febrero de 2021, una potente narcolancha de color blanco dotada de dos potentes motores fueraborda salía de un aserradero de Outes, en A Coruña. Su destino era un punto concreto en aguas del Atlántico, enfrente de A Costa da Morte. Su objetivo, recoger unos 2.000 kilos de cocaína del buque Nehir, que llegaba a aguas próximas a Galicia desde Sudamérica. En aquel momento, los Greco Galicia de la Policía Nacional tenían el convencimiento de que dicha embarcación había sido fletada por la organización de Ramón Canto Nine, alias Moncho Vilaboa, uno de los grandes capos del siglo XXI, ligado históricamente a los clanes colombianos y con relación estrecha con Los Charlines. Entonces no pudieron acreditarlo. Ahora parece que sí podrán hacerlo.

La singladura del Nehir, que acabó abruptamente al norte de Ribadeo con una intervención policial plagada de riesgos –los narcos intentaron hundir el buque, que quedó boca abajo con parte del alijo en su interior– le conducía a las costas gallegas, si bien no fue hasta la desencriptación de las comunicaciones de los narcos y, en concreto, hasta el rastreo de los datos de la plataforma Sky-ECC, cuando la Policía pudo conocer los detalles.

Ese cargamento, compuesto por dos alijos de cerca de dos toneladas cada uno de ellos, tenía varios dueños, si bien las cabezas visibles eran Urfi Cetinaya, alias El Paralítico, otrora rey de la heroína y ya fallecido, Jonas Falk, alias el Pablo Escobar sueco, pendiente de condena por esta causa en un tribunal de su país, y Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, probablemente el mayor capo de la droga español del momento y que ya ostentaba tal condición en 2021, cuando sucedieron los hechos. Todo ello, según la hipótesis policial a través del análisis de los mensajes de Sky.

Junto a nombres de tamaño postín, algunos de los mayores capos de la droga a nivel mundial, trabajaba, sostiene la Policía, Moncho Vilaboa, en su especialidad: la recogida de la cocaína en altamar. Por ese alijo y, también, por el blanqueo de ingentes cantidades de dinero, fue detenido este miércoles en Cambados, una información que contaba en primicia este periódico. La lancha que salió de Outes y que apareció encallada en una zona rocosa de Corcubión le delata, piensan los investigadores. La lancha y los datos de la plataforma encriptada.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía Antidroga, interrogó este viernes en Madrid a Canto Nine (que contra el criterio de la Fiscalía fue puesto en libertad provisional con comparecencias quincenales). En próximas fechas irán pasando ante el juez otros investigados que han sido detenidos en diferentes puntos. Entre ellos destacan los miembros de la organización afincados en la capital de España y también una rama procedente de Laredo, en Cantabria, que hizo un último intento de salir al encuentro del Nehir antes de que fuese interceptado por la Policía.

Este último intento tuvo lugar después de que la organización de Moncho Vilaboa conociese a través de un chivatazo –que, según se investiga, tuvo que llegar desde dentro de las filas de las fuerzas del orden o de los juzgados investigadores– de que la Policía le seguía la pista. Fue eso lo que le llevó a renunciar a la descarga en A Costa da Morte en aquel febrero de 2021.

En cuanto al resto del operativo, coordinado a nivel internacional, tiene un alcance muy relevante, con hasta 30 objetivos policiales, incluidos los cinco de Cambados adelantados en estas líneas en exclusiva. Uno de los países a los que se le ha solicitado colaboración ha sido Dubái. Ya hemos contado que El Tigre, con un papel presuntamente clave en tramas como la del inspector jefe de los 20 millones de euros emparedados en su vivienda, también estaba –supuestamente– detrás de este barco. Y El Tigre, por esa época –ahora no se sabe con precisión– se ubicaba en Dubái, en la mesa de la que Gustavo Petro, presidente de Colombia, llama la Junta del Narcotráfico. Esa a la que pertenecen Jorge Vélez Garzón o Germán Sánchez Rey, aliados históricos de Moncho Vilaboa y a los que se sitúa en activo y en España.

Volviendo al Nehir, será recordado por varias cuestiones sombrías, una de ellas la más que posible pérdida de la droga en el puerto de Gijón. La Policía siempre sospechó que el segundo alijo –se intervinieron unos 1.800 kilos– seguía en sus bodegas con el buque boca abajo, pero la maniobra de reflote se retrasó varios meses, tiempo suficiente para que el poder de los narcos llegase al interior de la dársena asturiana para llevarse la cocaína. Una vez más, la lentitud de la justicia española operando a favor de la obra criminal.

La gran redada realizada a nivel internacional este miércoles que, en España, tuvo su punto álgido con la detención del histórico Moncho Vilaboa acusado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, se ha saldado con la puesta en libertad provisional de los cinco arrestados en Galicia. Los cuatro primeros ya en sede policial, mientras que el quinto, el conocido capo de Cambados, ha comparecido en la mañana de este viernes en Madrid, ante la Audiencia Nacional.

El resultado de dicha comparecencia, y en contra del criterio de la Fiscalía, fue la puesta en libertad de Ramón Canto Nine, eso sí, en calidad de investigado por el citado delito de blanqueo de capitales, al tiempo que se sospecha también acerca de su participación en el alijo del Nehir. Deberá presentarse en sede judicial cada quince días, según dictaminó Ismael Moreno, titular del Juzgado Central que instruye la investigación. Se ha procedido, además, al bloqueo de las cuentas bancarias de todo el núcleo objeto de pesquisas, esto es, Vilaboa, su hermano y las tres mujeres.

A partir de ahora continuarán las investigaciones para determinar los flujos de dinero y su procedencia en el marco de la red delictiva investigada, que tiene ramificaciones muy relevantes en lugares tan lejanos como Dubái. Respecto al emirato, se sospecha que dinero procedente de Galicia se mueve en esas latitudes, si bien habrá que acreditarlo, una circunstancia muy complicada dada la escasa o nula cooperación de las autoridades dubaitíes con las españolas en este caso.

Un elemento que influyó mucho en la decisión del juez de poner en libertad a Vilaboa es el tiempo transcurrido desde la operación del Nehir, más de cinco años, si bien se sigue analizando si la prueba aportada por la Policía unida a las conversaciones de Sky y sus evidencias anexas son suficientes para incriminar al vecino de Cambados y a su organización.

El trabajo más difícil y, al mismo tiempo, el más importante, que deben afrontar en su día a día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antidroga es perseguir el rastro del dinero. Los grandes alijos se suceden y las incautaciones históricas también, pero el gran elemento que hace que la actividad criminal siga viento en popa es el beneficio que ofrece a quienes lo desarrollan.

En este ámbito, la colaboración entre autoridades de distintos países resulta clave, y así ha sido, al menos de forma indiciaria, en la operación que ha tenido entre sus puntos neurálgicos el término municipal de Cambados (Pontevedra), en el corazón de la actividad del narcotráfico en Galicia. Fruto de dicha colaboración, sostiene la Policía Nacional, se ha podido llegar a los movimientos de dinero procedentes, supuestamente, del tráfico de drogas, de uno de los históricos capos, condenado en su momento por liderar una de las organizaciones más relevantes y sofisticadas a la hora de recoger grandes alijos en altamar. De él y de sus personas de su núcleo más cercano.

Así, en la mañana de este miércoles, agentes de la UDEF desplazados desde Madrid, en una acción efectuada en conjunto con la Udyco Central de la Policía, han detenido a Ramón Canto Nine, más conocido en el mundo del narcotráfico como Moncho Vilaboa, al que acusan de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes del citado delito. Junto a él han sido arrestados su hermano, su esposa y su exesposa, todos ellos sospechosos indiciariamente del mismo delito en sus distintos escalones, bien sea de forma directa, bien como presuntos testaferros.

El ahora detenido, que ha sido trasladado junto al resto de arrestados a la comisaría de Vigo desde O Salnés, cae en el marco de una acción internacional que tiene ramificaciones en otros países e incluso en otros continentes, un operativo para el que resultaron vitales los datos arrojados tras la desencriptación de las comunicaciones de los narcotraficantes, en especial la plataforma de origen canadiense Sky-ECC, que tenía sus servidores en la ciudad francesa de Roubaix.

Su relación con el narco viene de años atrás, siendo el caso más relevante la operación Destello, un trabajo policial que sirvió para detener, juzgar y condenar a representantes de distintos clanes de la droga de Galicia, todos ellos en conexión directa con dos de los capos de la droga colombiana más famosos y relevantes del siglo XXI: Jorge Vélez Garzón y Germán Sánchez Rey, alias Coletas. Ambos situados por Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la esfera de la famosa Junta del Narcotráfico que mueve los hilos del negocio a nivel internacional.

La operación Destello, que se cerró en 2007, incluyó importantes condenas para todos los implicados. En el caso de Moncho Vilaboa, se le impusieron ocho años de prisión. En aquella redada también cayeron nombres históricos de Los Charlines, dos de cuyos integrantes acaban de ser detenidos en otra acción policial, y Los Caneos, ambos clanes históricos que operan en Galicia.

En cuanto al ahora detenido, se sabe que lleva tiempo dedicado a distintos negocios lícitos relacionados con la fibra de vidrio y otros materiales de construcción, todo ello para distintas obras, e incluso que ha sido adjudicatario de diversos contratos con administraciones públicas de ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Por el momento se desconocen los delitos concretos que se le atribuyen.

Sí se sabe de los lujos que atesora, con una vivienda cuya tasación superaría claramente el millón de euros, ubicada en una pequeña colina de Cambados, cerrada por altos muros que impiden cualquier visión de curiosos desde el exterior y protegida por un sofisticado esquema de videovigilancia. Una piscina con una catarata artificial, palmeras y distintas edificaciones y complementos alrededor de una gran mansión principal pueden observarse desde el aire gracias a las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

Hace algunos meses, Narcodiario contaba en primicia la detención de José El del Buque, considerado en aquel momento el mayor narcotraficante de las Islas Canarias y que, además, fue objetivo de las iras de sus peligrosos socios por un supuesto robo de cocaína.

Su caída supuso que las personas de su entorno o relacionadas con él asumiesen las riendas de un negocio criminal con pocos límites en el archipiélago, un lugar privilegiado para el crimen organizado por su situación geográfica, puerta de entrada de Europa tanto desde África como desde América Latina, pero también por su gran colonia extranjera residente que permite el ocultamiento de actividades y el blanqueo de capitales a gran escala. No hay más que ver la acción policial que ofrece en exclusiva este miércoles este periódico, con la incautación de 1.500 kilos de cocaína en una guardería.

Así, casi al mismo tiempo que la citada caída de José El del Buque, la Udyco Central y la Udyco de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron una investigación sobre varias personas que llevaban años en el radar policial. La principal respondía al alias de Juke, y estaba considerado el máximo exponente de una red narcocriminal con capacidad para recibir hachís desde Marruecos y cocaína desde América Latina, enfriarla y distribuirla ya en el espacio Schengen.

A su lado, según consta en las pesquisas de los investigadores, estaría Pedro S., un gran empresario muy bien relacionado en la isla y que incluso se jactaba en redes y en programas de televisión de su espectacular patrimonio, centrado en la adquisición de colecciones únicas en el mundo. Fan acérrimo de David Hasselhoff, actor estadounidense, y en especial de su icónico vehículo, El coche fantástico, contaba no solo con toda clase de elementos relacionados con el mismo, sino con una réplica casi idéntica del automóvil, con todos sus elementos, con un valor difícil de estimar, pues se trata de una pieza única.

Este hombre, cuyo patrimonio más destacado fue incautado de forma provisional por la autoridad judicial, también tenía una réplica exacta de la furgoneta del Equipo A, además de una espléndida colección de objetos de Manga y múltiples artículos más que, unidos, componen un auténtico museo personal. Todo ello, piensa la Policía, se obtuvo gracias a las ganancias que llevaba años acumulando a raíz del tráfico de drogas, una actividad que se le presuponía pero que hasta ahora no se había podido acreditar.

El último ingrediente de la cúpula de la organización, más allá de los 'trabajadores' que estaban al servicio de todos ellos, era un policía local de Las Palmas de Gran Canaria al que apenas le restaba un mes para jubilarse y que fue cazado con las manos en la masa participando en el último pase de drogas de la organización, muy cerca de la droga y en relación estrecha y cordial con El Juke.

Este agente, sostienen los investigadores, no tenía acceso a las investigaciones de la Policía Nacional, pero sí sabía muy bien cuales eran los métodos más seguros para traficar, los lugares con menor vigilancia y, llegado el caso, conocía los momentos en los que se iba a desarrollar una operación, advirtiendo de todo ello a los miembros de la red criminal.

El operativo policial, que incluyó la detención de las tres personas citadas y de otras cuatro en seis registros domiciliarios, se desarrolló tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban unos 400 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada con la finalidad de dificultar su detección.

A partir de esta actuación se practicaron esas seis entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Como resultado de los registros, se intervinieron más de 300 kilogramos de hachís en el interior de la furgoneta, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, entre ellos los dos citados del coleccionista, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de nuevas actuaciones que pudieran derivarse del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación. A partir de este momento se inicia la investigación por blanqueo de capitales centrada, especialmente, en el empresario, pero también en el policía local, cuyo tren de vida no se correspondía con su puesto como funcionario municipal.

La detención en Barcelona por una supuesta doble agresión sexual de Fedlan Kılıçaslan ha vuelto a situar el foco sobre un fenómeno que desde hace años preocupa a las autoridades turcas: la expansión internacional de las redes dedicadas presuntamente al negocio de las apuestas ilegales. Allí tienen un gran problema con asesinatos y ajustes de cuentas vinculados a ese negocio que desde Chipre ocupado maneja la Mafia Turca a su antojo.

Para la Fiscalía de Estambul, el caso representa uno de los expedientes más relevantes abiertos contra una estructura que, según sostiene, habría operado durante años a través de empresas, plataformas digitales y sociedades radicadas en varios países europeos. Y, como no podía ser de otra forma, uno de los enclaves preferentes está en España.

Kılıçaslan, de 44 años y natural de Balıkesir, era buscado mediante una notificación roja de Interpol por una investigación abierta en Turquía por presuntos delitos de organización criminal y explotación de apuestas ilegales. Después de estar viviendo en Leópolis (Ucrania) y Varsovia (Polonia) se le localizó en España y se activó inmediatamente el procedimiento de extradición solicitado por Ankara, aunque la decisión final corresponde a la justicia española.

Su arresto coincidió además con otra investigación abierta en Barcelona por una denuncia de presunta agresión sexual, un procedimiento completamente independiente del expediente turco y que continúa bajo instrucción. Hasta el momento, no existe una resolución judicial firme sobre ninguna de las investigaciones abiertas contra él.

Durante la última década, Turquía ha intensificado la persecución de las plataformas de apuestas que operan fuera del sistema autorizado por el Estado. Las autoridades consideran que estas redes no solo generan pérdidas fiscales millonarias, sino que también constituyen una vía para el presunto blanqueo de capitales y la transferencia internacional de fondos.

Las investigaciones de la Fiscalía de Estambul han dado lugar a decenas de operaciones policiales, embargos patrimoniales y solicitudes de cooperación judicial con distintos países europeos. En ese contexto, el nombre de Fedlan Kılıçaslan comenzó a aparecer de forma recurrente en los comunicados oficiales y en la prensa turca.

Según la Fiscalía, el empresario habría desempeñado un papel relevante dentro de una estructura que utilizaba sociedades mercantiles y plataformas tecnológicas para gestionar operaciones relacionadas con apuestas ilegales. Esas acusaciones forman parte del procedimiento judicial actualmente abierto y deberán ser valoradas por los tribunales competentes. También cuenta con empresas legales en España, Polonia y Ucrania.

Una investigación periodística publicada recientemente por NGL.media en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), OCCRP, socio de Narcodiario e infoLibre, y varios medios europeos, reconstruye la trayectoria empresarial de Kılıçaslan durante los últimos años.

Según esa investigación, desarrolló actividades empresariales vinculadas al sector del juego en el norte de Chipre antes de expandir su presencia hacia Ucrania, Polonia, Portugal y España. El reportaje sostiene que distintas sociedades relacionadas con el empresario fueron utilizadas para prestar servicios tecnológicos, centros de atención telefónica y actividades de marketing asociadas a plataformas de juego online.

Los autores también documentan inversiones inmobiliarias millonarias en Varsovia y otras ciudades europeas, así como la apertura de diversas sociedades mercantiles. La investigación periodística recoge igualmente la versión de personas vinculadas a esas empresas, algunas de las cuales niegan que Kılıçaslan mantenga actualmente relación con ellas, como suele ser habitual en estos casos en los que todo huele a chamusquina.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la importancia que el norte de Chipre ha adquirido para la industria del juego orientada al mercado turco. Aunque los casinos están prohibidos en Turquía y las apuestas por internet sin autorización también son ilegales, el territorio chipriota controlado por Turquía alberga numerosos complejos hoteleros y casinos que sirven de base para operadores internacionales.

Diversas investigaciones periodísticas han señalado que parte del ecosistema tecnológico y comercial de estas empresas se ha desplazado progresivamente hacia otros países europeos, aprovechando la facilidad para constituir sociedades, contratar personal especializado o gestionar infraestructuras digitales. La investigación internacional publicada este mes sitúa precisamente a Kılıçaslan dentro de ese proceso de expansión empresarial, aunque el propio empresario ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones que lo relacionan con actividades ilícitas.

En el norte de Chipre opera una Mafia Turca más compleja que la que compone la nueva generación (integrada entre otros por los Daltons), más dedicada al narcotráfico, sicariato y el tráfico de armas. El juego ilegal requiere de mejores abogados y de otros profesionales liberales que manejen decenas de sociedades para seguir operando sin problema. En Turquía esto es un negocio que mueve miles de millones y que hace tambalearse muchas veces al Estado.

En 2022 fue asesinado a tiros el 'rey de los casinos' del norte de Chipre, Halil Falyalı, un homicidio que casi hace saltar por los aires la estabilidad del Gobierno de Erdogan. Los ajustes siguieron cuando el 1 de mayo del año pasado fue también ultimado a tiros Cemil Önal en un hotel en La Haya, el hombre que manejaba la contabilidad de Falyalı. Lo quitaron del medio porque meses antes había concedido entrevistas y realizó declaraciones explosivas. En ellas hablaba de la implicación en tramas de blanqueo de capitales de funcionarios y políticos turcos, con el telón de fondo del juego ilegal.

Más allá de la figura de Kılıçaslan, los expertos consideran que el caso refleja la transformación del crimen económico en la era digital. Las organizaciones investigadas ya no dependen exclusivamente de estructuras tradicionales, sino de redes internacionales de empresas, servicios tecnológicos, publicidad digital y movimientos financieros transfronterizos.

La cooperación entre fiscalías, unidades de inteligencia financiera e Interpol se ha convertido en una herramienta imprescindible para seguir el rastro de fondos que pueden atravesar varios países en cuestión de segundos. Precisamente por esa dimensión internacional, las autoridades turcas han convertido las investigaciones sobre apuestas ilegales en una prioridad dentro de su estrategia contra el crimen organizado.

El futuro judicial de Fedlan Kılıçaslan dependerá de dos procedimientos paralelos. Por un lado, la justicia española deberá resolver las causas abiertas en su territorio. Por otro, los tribunales españoles tendrán que pronunciarse sobre la solicitud de extradición presentada por Turquía, evaluando si concurren los requisitos legales previstos en la legislación española y en los convenios internacionales.

Mientras tanto, la investigación turca continúa abierta y las acusaciones formuladas por la Fiscalía permanecen pendientes de examen judicial. Como en cualquier procedimiento penal, la presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia firme.

El caso ilustra cómo las investigaciones sobre el juego ilegal han dejado de ser un fenómeno exclusivamente nacional para convertirse en un desafío europeo, en el que confluyen tecnología, finanzas y cooperación policial internacional. La evolución del procedimiento judicial determinará si la detención de Kılıçaslan supone únicamente un episodio más dentro de una larga investigación o el inicio del juicio que las autoridades turcas llevan años intentando celebrar.

El wax es típico de Estados Unidos, pero apenas sí se había visto hasta ahora en España. Se trata de una variante de la marihuana convertida en una especie de pasta de resina tras hacer contacto con gas butano, lo que multiplica hasta límites nunca vistos su porcentaje de THC, el principio psicoactivo más conocido del cannabis. En esta sustancia, el THC llega a alcanzar cotas que superan ampliamente el 80%, con un riesgo inmediato para la vida del que la consume debido a sus enormes efectos sobre los neurotransmisores cerebrales. Sí son conocidos en la península ibérica los intentos de producción de aceite de hachís, para el que también se usa el butano y que supone un gran riesgo no solo para el que lo consume sino para el que lo produce, por la manipulación del gas de forma artesanal.

Esta droga, el wax, ha aparecido en Madrid y, en concreto, en un frigorífico de un supuesto club de fumadores de cannabis del barrio de San Blas localizado por la Policía Municipal y desmantelado en una acción conjunta con la Policía Nacional. Fue en el marco de una redada contra el menudeo de drogas que se saldó con cinco personas detenidas y que incluyó el decomiso de dos kilos de marihuana, un kilo de hachís y unos 2.000 euros en efectivo, tanto en el citado local como en una vivienda anexa al mismo.

Sin embargo, el hallazgo más destacado fueron los 400 gramos de wax intervenidos. Por establecer una comparación, la marihuana tradicional solía tener entre un 3% y un 6% de THC y la que se elabora últimamente mediante modificación genética puede alcanzar el 28%. El wax puede superar el 90%.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un local en el que se registraba un constante movimiento de personas que permanecían en su interior durante breves periodos de tiempo o accedían a la vivienda anexa para abandonarla apenas unos minutos después.

En una primera fase comprobaron que el establecimiento funcionaba como un club de fumadores. No obstante, tras realizar las comprobaciones oportunas, constataron que no existía inscripción alguna de una asociación de estas características en el registro correspondiente. Además, al local no acudía un grupo estable de socios, sino que los usuarios abandonaban el lugar a los pocos minutos y ni siquiera eran identificados al acceder.

Ante estos indicios, los investigadores determinaron que el establecimiento estaba dedicado exclusivamente a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, permitiéndose tanto la adquisición como el consumo en su interior. Asimismo, desde este punto se abastecía de droga a la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban la sustancia para distribuirla posteriormente a otras personas.

El establecimiento estaba dividido en varias estancias. Una de ellas hacía las funciones de recepción y contaba con un taquillero en el que cada compartimento almacenaba distintas cantidades de marihuana o hachís. Otra habitación se utilizaba como dispensario, donde en una nevera fue localizado el wax. Los agentes también intervinieron ocho recipientes con hachís, otros once tarros de cristal con cogollos de marihuana y 23 cigarrillos ya elaborados, además de gominolas y productos cosméticos.

Además de un delito contra la Salud Pública por motivos obvios, la Policía atribuye a los detenidos, cuatro hombres y una mujer, el delito de pertenencia a grupo criminal, pues todos ellos se repartían las funciones para que el negocio funcionase, desde los controles de accesos hasta la distribución y venta de la droga y las medidas de seguridad.

El 27 de junio, la Guardia Civil informaba de la caída de una red criminal especializada en los vuelcos de droga con base en Las tres mil viviendas de Sevilla. Un peligroso trabajo policial llegaba a su fin. Sin embargo, el caso no era más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el sur de España.

Dos días más tarde, el lunes pasado, varios conductores que circulaban por la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de de Guadaíra (Sevilla) pensaron que estaban viendo un atraco. Dos vehículos cruzados, varios hombres encapuchados y al menos un arma larga apuntando hacia otro coche inmovilizado. Cristales rotos. Unos bultos que desaparecen en apenas unos segundos. Después, los asaltantes vuelven a sus vehículos y huyen mientras el tráfico recupera la normalidad como si nada hubiera ocurrido.

El vídeo, grabado por otros usuarios de la carretera, se propagó en cuestión de horas por redes sociales. Muchos interpretaron la escena como un robo indiscriminado a plena luz del día, un síntoma más de la inseguridad. Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan hacia otra dirección mucho más preocupante: un presunto vuelco de drogas, el nombre con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denominan al robo de un cargamento de estupefacientes entre organizaciones criminales.

Lo verdaderamente relevante no es el vídeo. Lo importante es lo que revela. Porque un vuelco no aparece de la nada. Es la consecuencia de la existencia de una infraestructura criminal consolidada. Nadie organiza un asalto armado para robar un alijo cuya existencia desconoce. Alguien sabía qué transportaba ese vehículo, quién lo movía y en qué momento era vulnerable. Y eso sitúa inevitablemente el foco sobre Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la vía de servicio de esa localidad en dirección a Arahal, pasada la gasolinera Moeve, en un punto en el que ya te incorporas en la A-92.

Durante años, el mapa del narcotráfico andaluz parecía perfectamente delimitado. Las narcolanchas pertenecían al Campo de Gibraltar, las persecuciones tenían lugar frente a las costas de Cádiz y Huelva y los desembarcos se producían de madrugada. Pero ese dibujo hace tiempo que dejó de responder a la realidad.

La presión policial sobre el Estrecho y el incremento de la vigilancia en otros puntos tradicionales han obligado a las organizaciones criminales a diversificar rutas. El Guadalquivir se ha consolidado como uno de los principales corredores de entrada para grandes cargamentos de hachís y, desde hace algún tiempo, también de cocaína. Las embarcaciones remontan el río hasta puntos donde la mercancía puede descargarse con rapidez y, desde allí, comienza una segunda fase casi tan importante como el propio desembarco: el almacenamiento y la distribución. Es precisamente en esa fase donde Alcalá de Guadaíra ha adquirido un papel estratégico.

Su cercanía con Sevilla, la conexión con la A-92, la SE-40 y otras grandes vías de comunicación convierten al municipio en un enclave privilegiado para redistribuir la droga hacia distintos puntos del país. Sobre todo hacia el norte de Andalucía y en consecuencia al norte de España. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico, parte de los cargamentos de cocaína que llegan a través del Guadalquivir permanecen durante horas o incluso días ocultos en viviendas, naves industriales o fincas utilizadas como guarderías en los alrededores de Alcalá de Guadaira, donde las organizaciones almacenan temporalmente los alijos antes de continuar su transporte.

La existencia de estas guarderías explica también un fenómeno que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía: los vuelcos. No son simples robos. Son operaciones planificadas para arrebatar a otra organización un cargamento valorado, en ocasiones, en millones de euros. Para ejecutarlos es imprescindible contar con información privilegiada, conocer los movimientos del grupo rival y disponer de capacidad logística suficiente para actuar en apenas unos minutos.

Según fuentes de la Guardia Civil y diversas informaciones publicadas por medios locales, en el último mes se habrían producido al menos cuatro vuelcos relacionados con el narcotráfico en el entorno de Alcalá de Guadaíra. Una sucesión de episodios que, para los investigadores, reflejaría el creciente peso logístico que ha adquirido el municipio dentro de las rutas del narcotráfico vinculadas al Guadalquivir.

El asalto grabado esta semana en la A-92 sería, precisamente, el más visible de todos ellos. La actuación fue rápida, coordinada y ejecutada con una violencia poco habitual en una vía abierta al tráfico y a plena luz del día. El empleo de armas largas y la ausencia de una denuncia posterior encajan con el patrón habitual de este tipo de acciones, donde las propias víctimas forman parte de la cadena del narcotráfico y difícilmente acudirán después a una comisaría para denunciar el robo de un cargamento ilegal.

Ese silencio complica enormemente las investigaciones. En muchas ocasiones, la Guardia Civil o la Policía Nacional logran reconstruir estos episodios gracias a vigilancias previas, seguimientos, escuchas telefónicas o investigaciones paralelas sobre las organizaciones implicadas. En esta ocasión, además, las imágenes grabadas por varios conductores han permitido poner el foco sobre un fenómeno que habitualmente permanece oculto.

La proliferación de los vuelcos también evidencia otra realidad: el narcotráfico ha dejado de ser únicamente una actividad ligada a la costa. Hoy funciona como una auténtica red logística con embarcaciones, vehículos lanzadera, pisos francos, guarderías de droga y equipos especializados tanto en custodiar los alijos como en robárselos a organizaciones rivales.

Ese nivel de profesionalización quedó reflejado hace apenas unos días con la desarticulación de la citada organización criminal presuntamente especializada en vuelcos enraizada en la capital andaluza. La operación, desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Alcalá de Guadaíra, permitió detener a nueve personas que, según la investigación, se dedicaban a localizar guarderías de droga y asaltar cargamentos pertenecientes a otros grupos criminales.

Los agentes intervinieron armas de fuego, chalecos antibalas, vehículos preparados para este tipo de acciones y diverso material utilizado para ejecutar los asaltos. Según las pesquisas, algunos de sus integrantes incluso planeaban hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para interceptar los cargamentos sin levantar sospechas.

La investigación confirmó, además, el elevado grado de organización que han alcanzado estas redes. Los vuelcos ya no responden a acciones improvisadas, sino a operaciones cuidadosamente preparadas en las que participan equipos de vigilancia, conductores, hombres armados y colaboradores encargados de obtener información sobre los movimientos de las organizaciones rivales.

Para los investigadores, este tipo de episodios son una consecuencia directa de la consolidación del Guadalquivir como una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Cuanta más mercancía entra y más tiempo permanece almacenada en el interior de la provincia, mayores son las posibilidades de que surjan enfrentamientos entre organizaciones por hacerse con esos cargamentos.

La principal preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no reside únicamente en impedir la entrada de la droga, sino en evitar que esa violencia termine trasladándose a espacios frecuentados por ciudadanos completamente ajenos al narcotráfico. El asalto grabado en la A-92 demuestra que esa frontera cada vez resulta más difusa. Un error, un disparo o una maniobra inesperada podrían convertir a cualquier conductor en víctima colateral de una disputa entre organizaciones criminales.

La actividad, además, no se limita al entorno del Guadalquivir. Según fuentes consultadas por este periódico, el pasado martes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendieron un alijo de droga que se estaba produciendo en la Playa de la Luna, en Mijas, el corazón de la Costa del Sol. La rápida intervención policial permitió recuperar varios fardos de hachís antes de que fueran retirados por la organización responsable del desembarco, frustrando parcialmente la operación y evitando que la mercancía abandonara la costa.

Dos escenarios separados por más de doscientos kilómetros, pero unidos por un mismo fenómeno: la expansión de las rutas del narcotráfico y la creciente violencia que acompaña a un negocio que ya no entiende de fronteras entre la costa y el interior. El vídeo viral de la A-92 no fue un atraco cualquiera. Fue la imagen más visible de una guerra silenciosa que hace tiempo dejó de librarse únicamente junto al mar.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Pamplona ha finalizado la denominada Operación Silver contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se ha desarrollado en tres fases, desde abril de 2025 hasta junio de 2026, en la Comunidad Foral de Navarra, pero también en La Rioja, Madrid y Burgos. El operativo dejó sin existencias a uno de los grandes grupos criminales que pretendía abastecer al gran número de consumidores en las próximas fiestas de San Fermín.

La redada ha concluido con un total de 37 detenidos en esas cuatro provincias como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal y la incautación de 125,9 kilos de cocaína, 10,5 kilos de hachís y alrededor de 150.000 euros de dinero en efectivo.

Durante la primera fase, iniciada a finales del 2025, se procedió a la detención de 14 personas en varios distritos de la ciudad de Madrid, en el barrio de la Rochapea de Pamplona y varias localidades de Navarra. Se realizaron registros domiciliarios, incautando en Madrid una gran cantidad de cocaína (108 kilos) lista para ser distribuida en diferentes lugares de España, desarticulando igualmente varios puntos de venta minorista de droga dentro de la Comunidad Foral.

En la segunda fase se procedió a la detención de otras cuatro personas durante la realización de un pase de sustancia estupefaciente (cocaína) de casi 400 gramos en dos localidades riojanas.

En la tercera y última fase acontecida la semana previa a las fiestas de San Fermín y ante el aumento de la actividad ilícita por parte de este grupo criminal, se concluyó la operación deteniendo un total de 15 personas en Madrid capital, Logroño, Pamplona, Estella y otras localidades de Burgos y Navarra. Los múltiples registros permitieron incautar una gran cantidad de sustancia estupefaciente que presumiblemente iba a ser destinada al consumo durante las fiestas.

Concretamente un total de siete kilos y medio de cocaína, 10 kilos de hachís, tres kilos de marihuana, 620 gramos de MDMA, 190 gramos de heroína, 41,2 gramos de speed, y más de 73.000 euros en efectivo. Además durante la operación se decomisaron relojes de alta gama así como 16 vehículos caleteados con sistemas de ocultación para droga.

Es destacable el grado de especialización de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cuyos miembros utilizaban los últimos medios técnicos para no ser detectados por los investigadores; esto es routers portátiles, aparatos de inhibición y de detección de balizas, así como vehículos de alta gama para evitar las vigilancias y seguimientos en los que llegaban a alcanzar 255 km por hora en competiciones entre los integrantes que simulaban carreras.

La instrucción de esta importante investigación ha sido llevada a cabo por la titular del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número tres de Pamplona.

Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración en España. Es un ecosistema donde el efectivo sigue circulando con intensidad, la contratación es acelerada y la demanda parece capaz de absorber casi cualquier oferta. Precisamente por eso, el ocio de verano se ha convertido desde hace muchos años en un espacio especialmente atractivo para las organizaciones criminales que buscan transformar B en A. Los investigadores especializados en delincuencia económica coinciden en un patrón que se repite en distintos países europeos. Las grandes organizaciones ya no buscan únicamente controlar mercados ilegales como el narcotráfico o el contrabando. Cada vez destinan más patrimonio en la llamada economía legal, donde pueden diversificar riesgos, obtener rentabilidad y, sobre todo, blanquear capitales.

El turismo ofrece una combinación difícil de igualar. Durante pocos meses se multiplican las transacciones, aumentan las inversiones de oportunidad y proliferan sociedades mercantiles creadas para explotar negocios de temporada. En ese contexto resulta más complicado distinguir entre un empresario con éxito y un inversor cuya fortuna procede de actividades ilícitas.

Las fórmulas utilizadas son muy variadas. En algunos casos aparecen empresarios aparentemente independientes que adquieren restaurantes, beach clubs o locales de ocio nocturno mediante sociedades instrumentales. En otros, el dinero llega a través de préstamos privados, fondos de inversión opacos o entramados empresariales registrados en distintos países. La propiedad real termina diluyéndose tras una compleja red de intermediarios.

Las zonas costeras concentran buena parte de estas operaciones en España; la Costa del Sol, Islas Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. El elevado valor inmobiliario, unido al constante flujo de turistas, convierte determinados destinos turísticos en escenarios especialmente atractivos para quienes desean mezclar capitales legales e ilegales.

No se trata de afirmar que un territorio concreto esté dominado por estas prácticas, sino de reconocer que allí donde existe una elevada circulación de dinero también aumenta el interés de las redes criminales. Clanes de la Camorra mantienen en propiedad discotecas y restaurantes en España en el que han diluido tanto la propiedad real de la empresa que resulta casi imposible descubrir al verdadero propietario.

Desde la época en las que los Amato-Pagano le estaban arrebatando la soberanía de Scampia a los Di Lauro hasta ahora, los clanes camorristas han invertido en España cientos de millones de euros que han conseguido evitar las miradas indiscretas del SEPBLAC y de Hacienda. La restauración es su sector favorito, pero los hoteles y las discotecas son negocios predilectos. Y si miramos estrictamente a las discotecas tenemos ejemplo como Jonas Falk que fue absuelto en el Tribunal Supremo tras ser investigado por comprar la discoteca Opium de Barcelona en 2008 supuestamente con dinero ganado a base de operaciones de narcotráfico.

Las autoridades financieras han incrementado durante los últimos años la vigilancia sobre operaciones sospechosas. Bancos, notarios, registradores y sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales deben comunicar aquellas transacciones que presenten indicios de riesgo. Sin embargo, la sofisticación de las estructuras utilizadas por las organizaciones criminales ha aumentado al mismo ritmo que los mecanismos de control. El crimen organizado siempre va por delante.

El fenómeno presenta además una dimensión internacional. El dinero generado por una organización dedicada al tráfico de drogas puede recorrer varios países antes de terminar financiando un complejo hostelero o una empresa de ocio. La digitalización financiera, las sociedades constituidas en distintas jurisdicciones y el uso de testaferros dificultan seguir el rastro de los fondos.

Existe además un efecto menos visible, pero igualmente preocupante. Cuando el crimen organizado entra en un mercado legal no busca únicamente obtener beneficios. También pretende ganar influencia económica y social.

Un empresario que controla establecimientos de referencia puede establecer relaciones con proveedores, administraciones, entidades financieras y otros actores económicos, ampliando así su capacidad de influencia mucho más allá de la actividad delictiva que originó su patrimonio. Y precisamente este networking hace que un narcotraficante sea para el gran público un empresario más, es su gran baza para dejar atrás esa sombra que le persigue toda la vida a un criminal.

El turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos y la inmensa mayoría de sus operadores cumplen las normas fiscales, laborales y mercantiles. Precisamente por ello, identificar a quienes utilizan este sector para blanquear capitales resulta esencial para proteger la competencia y la reputación del mercado.

Los expertos sostienen que la respuesta no pasa únicamente por aumentar las investigaciones policiales. La transparencia societaria, el intercambio internacional de información financiera, la cooperación judicial internacional y el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos se han convertido en elementos decisivos para detectar operaciones sospechosas antes de que el dinero ilícito quede completamente integrado en la economía formal.

El verano seguirá siendo una temporada de crecimiento económico y oportunidades empresariales. Pero también continuará representando un escenario atractivo para quienes intentan ocultar el origen de fortunas construidas al margen de la ley.

La batalla ya no se libra únicamente en puertos, fronteras o almacenes clandestinos. Cada vez con mayor frecuencia se desarrolla detrás de una barra de un establecimiento de moda, en la compraventa de un hotel o en la adquisición de una empresa que, sobre el papel, parece una inversión tan legítima como cualquier otra. Ahí reside el verdadero desafío: distinguir cuándo el éxito empresarial responde al dinamismo del mercado y cuándo es simplemente la última fase de un proceso de blanqueo cuidadosamente diseñado. Marbella e Ibiza son los grandes focos del turismo internacional de ocio durante el verano en España, y en ellos son donde más ha invertido el crimen organizado internacional.

Por ejemplo, en Marbella en 2019 asesinaron a tiros al dueño de la mítica discoteca Tibu de Puerto Banús y también era dueño de otros cuatro establecimientos de ocio de la zona. Lo asesinó un clan de la Mocro Mafia, pero la Audiencia Provincial de Málaga absolvió a dos sicarios neerlandeses que se encontraban ese día en Marbella de estos hechos.

Otro caso reciente fue el doble asesinato del clan Lyons en Fuengirola que ocurrió el año pasado en el Pub Monaghans, un establecimiento en pleno paseo marítimo de la ciudad. Un lugar privilegiado que acabó con un reguero de sangre y que al poco tiempo cambió de apariencia para tapar que los verdaderos dueños pertenecen a la estirpe del narcotraficante Ross Monaghan. Es sólo un ejemplo, hay muchos más.

El asesinato más mediático fue el del fiscal antidroga de Paraguay Marcelo Pecci, por cometerse en una zona paradisíaca de Colombia y ante multitud de testigos. Sin embargo, lo que ocurre en Paraguay, en Colombia o en cualquier otro país de América Latina no se puede comparar con lo que se está viendo en Ecuador. Allí, los Lobos, los Choneros y el resto de organizaciones locales que dominan las salidas de cocaína hacia los mercados internacionales, y que actúan en conexión directa con las mafias extranjeras, tanto colombianas y mexicanas como europeas, contratan a sicarios casi por rutina para matar a quienes se les ponen enfrente.

El último caso conocido ha sido el asesinato de una de las fiscales que llevaba años investigando al crimen organizado en la ciudad costera de Manta, uno de los puntos clave para la salida de los alijos de cocaína en distintas direcciones, pero en especial hacia el canal de las Galápagos, una zona clave en los tránsitos de los cargamentos. Gloria Alexandra Bravo Cedeño es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022, donde, además, los narcos dieron muerte en su momento a uno de los escasos representantes políticos que les hacía frente, el alcalde de la localidad, Agustín Intriago.

La muerte de Bravo se suma a las de sus compañeros Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez, ambos de la carrera fiscal, si bien es obligado mencionar que entre las víctimas también hay funcionarios de distinto rango que trabajan en los tribunales. Es evidente que el objetivo de los narcos es controlar por completo la Justicia en los puntos críticos del país.

El modus operandi en el último caso, que tuvo lugar este domingo, no se salió del método más repetido: un sicario dispara a quemarropa en un ataque que, además, en este caso, también se llevó por delante a la hermana de la víctima, que la acompañaba.

El Observatorio de Derechos y Justicia, una organización ecuatoriana que ha revisado los ataques contra operadores de justicia en Ecuador, ha registrado 26 asesinatos de jueces, fiscales y otro personal judicial en el país desde 2020. Una cifra absolutamente asombrosa y que deja claro que los narcos han conseguido su objetivo: someter a esa Administración a través del miedo.

Ante esas tácticas, no resulta extraño que una parte muy importante ya no solo de la Justicia, sino también de la Policía, se halle completamente indefenso y, al mismo tiempo, sea muy permeable a la corrupción, pues ya no es solo una cuestión de dinero, sino de preservar la propia vida.

Mientras, las políticas del presidente Daniel Noboa siguen sin ofrecer resultados. La actuación tras el asesinato de este domingo ha sido volver a decretar el estado de excepción en el país, una medida que, por lo visto hasta ahora, no ofrece resultados satisfactorios. Los asesinatos continúan y la cocaína sigue saliendo de forma masiva desde el país, ya no solo desde las terminales portuarias, sino también desde otros puntos de las costas.

Al mismo tiempo, los países occidentales siguen sin mover ficha. Se sabe que la mayor parte de la cocaína que sale de Ecuador acaba inicialmente en España para un posterior envío a otros puntos de Europa. Sin embargo, nada se escucha desde el Gobierno ni desde la Comisión Europea al respecto. Tres cuartas partes de lo mismo sucede con Estados Unidos, que mantiene el foco puesto sobre Venezuela y Colombia pero nada dice de Ecuador, país del que parte gran parte de la droga que acaba en sus calles.

En Europa, en Estados Unidos y en Australia, los grandes mercados de la cocaína, está el origen de lo que sucede en Ecuador. La demanda de cocaína ha transformado a un país en un lugar en el que la Justicia está completamente tomada por el crimen organizado, y nada se hace para solucionarlo.

En cuanto a las pesquisas por la concreta muerte de la fiscal Bravo, un individuo que se habría enfrentado a los agentes fue detenido por la Policía Nacional, considerado uno de los sicarios que acabaron con la vida de la jurista y de su hermana. Sin embargo, nada se sabe de la autoría intelectual de un crimen que pone una piedra más en el interés de los narcos por manejar los hilos del Estado, que están tomando por la fuerza.

El ingenio de los narcotraficantes en España parece no tener límites, tal y como se ha visto esta semana en uno de los enclaves históricos para la venta de drogas: el poblado de Son Banya (Palma de Mallorca, Baleares). El territorio que en su día dominó con puño de hierro La Paca y que sigue siendo caldo de cultivo para dicha actividad fue escenario de una gran intervención policial y judicial que acabó con un negocio que mezclaba drogas y fútbol.

Para ello, sus responsables idearon un esquema criminal basado en el fervor de las personas por el Mundial de fútbol que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos. Así, personalizaron una chabola para convertirla en la narcocaseta del Mundial, con imágenes de algunos de los integrantes de la selección como Pedri, Ferrán o Isco, y otros históricos como Raúl o Casillas como reclamo.

En su interior, todos los útiles precisos para la venta de estupefacientes, así como para su consumo, incluidas ofertas especiales de cocaína y heroína (llamada por ellos caballo) para los días de partido de la selección española durante el citado campeonato universal. Todo un atractivo para los drogodependientes.

Para poner punto y final a esa y a otras actividades ilícitas en el enclave, agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por ser presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y a dos más por estar en busca y captura. Además, también actuaron el Ajuntament de Palma y la Policía Local en materia urbanística, apoyo imprescindible para derribar siete casetas que servían como puntos de venta, no solo la del Mundial, sino otras muchas, incluida una con los logotipos del Real Madrid y del FC Barcelona.

Con ese objetivo, agentes de la Policía Nacional en Palma llevaron a cabo esta semana un operativo policial en el citado poblado de Son Banya procediendo a la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, consiguiendo desmantelar nueve puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Los especialistas de la Udyco llevaron a cabo la investigación en el poblado, donde varias organizaciones criminales explotaban la venta de sustancias con la construcción de las casetas, que son puntos de venta de droga pertenecientes a cada organización que se establecen en la explanada del poblado, formando un abanico para facilitar las transacciones con los compradores y no vincularlos con los domicilios.

Al infringir la normativa urbanística municipal, el Ajuntament de Palma y la Policía Local participaron en el operativo para demoler siete de las casetas, además de abrir al menos seis nuevos expedientes para actuar en el futuro en distintas partes del poblado.

Una vez con toda la información se estableció un operativo policial sobre las 9:00 horas del jueves, en el que se accedió al interior del poblado cogiendo desprevenidos a los vendedores y accediendo al interior de los puntos, localizando en el lugar diferentes sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana, heroína y hachís.

Varios de los vendedores intentaron huir del lugar corriendo y trataron de deshacerse de dinero y sustancias estupefacientes que arrojaron a una oquedad. Sin embargo, por la rápida intervención de los policías, fueron atrapados los presuntos autores que trataron de escapar.

En el dispositivo policial intervinieron agentes de la Udyco de Baleares apoyados por policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica, Unidad Aérea con el helicóptero, así como el grupo de Conducciones.

Por parte de la Policía Local, intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata, la Unidad de Seguridad Integral, la Unidad de Drones y la Unidad Motorizada.

De la misma manera, la Policía Local interpuso tres denuncias a conductores por carecer de ITV en vigor y otra más a un conductor por no tener el seguro obligatorio. Igualmente, los agentes denunciaron a un varón por transportar de manera ilegal, careciendo de licencia, a varias personas. También remitieron al juzgado de guardia un posible delito leve de hurto.

El resultado de la operación policial se saldó, además de con las citadas detenciones, con la intervención de más de 500 gramos de cocaína, cerca de 500 gramos de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y de cocaína en base y más de 3.000 euros en billetes, así como diversos útiles necesarios para la venta de sustancias estupefacientes.

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la Udyco de la Policía Nacional se vienen desarrollando en los diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales y tratan de dar respuesta a la demandas ciudadanas.

Estos dispositivos se refuerzan con actuaciones de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en diferentes barrios y zonas de ocio en un esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.

En esta última década ha sido raro el narcotraficante de alto nivel que no haya pasado temporadas en Dubái. Pero esa tendencia ha dado un giro. La guerra de Irán ha agilizado movimientos de seguridad en el Emirato que se esperaban desde hace tiempo. La vista gorda que hacían las autoridades de ese país sobre criminales buscados por decenas de países del mundo se ha terminado, al menos en parte.

Ahora, a los dirigentes de ese Estado del Golfo Pérsico ya no les hace tanta gracia que la crème de la crème del crimen organizado internacional dirija su negocio desde allí. Ahora al menos miran de reojo si conocen la existencia de una orden judicial de otro país contra un ciudadano extranjero que reside allí. Le ha pasado a la Camorra, la Mocro Mafia, el Clan Kinahan o a la Mafia Albanesa.

Eso le ocurrió también a Carlos Humberto Arango Castaño, alias Burger King, un supuesto narco colombiano afincado en Dubái que fue arrestado a finales de marzo. Arango Castaño puede ejemplificar esa nueva hornada de capos colombianos del crimen organizado con un bajo perfil mediático, pero que son decisivos en el engranaje del narcotráfico mundial. Sin ellos, sería imposible acceder a los productores primarios de la coca en Colombia, al igual que pasaría en Perú y Bolivia.

La captura de un sujeto como este muestra que Emiratos Árabes Unidos (EAU) está colaborando en serio con otros Estados en materias de seguridad. Y le interesa bastante no enemistarse con nadie más, porque la guerra de Irán le está afectando en todos los aspectos, especialmente económicos y a la percepción internacional del país, ya que el turismo está en estos momentos está alrededor del diez por ciento de su capacidad como consecuencia del miedo a ser de nuevo atacados por misiles o drones iraníes.

Volviendo al protagonista, Burger King formaría parte de lo que el presidente de Colombia Gustavo Petro denominó como Junta del Narcotráfico. Que viene a ser, en esencia, una congregación de grandes narcos mundiales que deciden cómo se trafica con droga a nivel industrial. Y en ese estatus está Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, al cual las fuentes del periódico colombiano El Tiempo lo sitúan como uno de sus colaboradores.

Y, como todo presunto capo colombiano que se precie, Burger King guarda relación con España. Eso se conoció cuando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (la DEA, por sus siglas en inglés) intervino conversaciones con un político español, que comentó que asistió a una gran fiesta en un yate en México. La fiesta había sido organizada por Carlos Humberto Arango Castaño –Burger King–, un personaje oriundo de Alcalá, Valle del Cauca (Colombia). Por esa pista lograron saber quién fue el organizador de tal evento, una noticia revelada el pasado abril también por la Unidad de Investigación de El Tiempo, en Colombia.

De los hechos, sólo se sabe que ocurrieron poco tiempo antes de la captura de Burger King, que tuvo lugar el 27 de marzo en el aeropuerto de Bali (Indonesia). Allí pretendía alejarse del foco de Dubái, como otros narcotraficantes que operan en Europa y son, por ejemplo, exmiembros de los Hells Angels que se toman temporadas en el sudeste asiático porque han sufrido atentados en lugares como en Marbella.

La Corte de Texas reclama a Carlos Humberto Arango Castaño, y se adelantó a la Audiencia Nacional, ya que se sospecha que Burger King era uno de los proveedores con los que supuestamente trabajaba Ignacio Torán, el gran investigado de la trama del exjefe de la UDEF Óscar Sánchez al que se le intervino unos 20 millones de euros en efectivo.

Esta historia puede descubrir más relaciones y los contactos con altas instituciones del Estado que logró la supuesta organización criminal más importante de la historia de España, ya que se le calcula que traficaron con más de 70 toneladas de cocaína. Y no sólo transportándola a tierra, si no que era la organización que la comercializaba en suelo europeo.

También habrá que preguntarse porqué la DEA tenía intervenido el teléfono de un político español del que aún no hay información sobre su identidad, ya que las autoridades de EEUU no han filtrado este dato más que preocupante.

En la citada fiesta fue contratado un conocido cantante de México, algo que entra dentro de la normalidad porque los artistas de narcocorridos son constantemente contratados por capos del narcotráfico. Sucede tanto que esta misma semana Larry Hernández, uno de los referentes de la música norteña mexicana, compartió en un reel de Instagram aparentemente inofensivo a uno de los narcotraficantes más importantes de todo México.

Las imágenes las grabó Larry Hernández y se le ve charlando con un chico en bici y con varias personas que se encontraban sentadas alrededor de una mesa en el bar Mariscos Bianney, en Pueblos Unidos (Sinaloa). De allí es Larry Hernández, y en la grabación se ve que uno de los comensales era un tipo llamado Carlos Alberto Páez Pereda, alias Carlitos Rugrats. Un capo de una de las facciones más poderosas del Cártel del Mayo Zambada que perteneció durante tres décadas al Cártel de Sinaloa. Por El Rugrats, EEUU ofrece una recompensa de tres millones de dólares para quien dé información para capturarlo.

Quizás en la fiesta que organizó Burger King en un yate en México había otro sujeto con una recompensa sobre la cabeza como en el Lejano Oeste. Aquello llamó tanto la atención porque la embarcación en la que se realizó tal fiestón tenía un coste de alquiler de unos 200.000 euros al día. Si un narcotraficante colombiano alquiló un yate de ese calibre, quiere decir que el buque medía más de 80 metros y sólo podía ser uno de súper lujo. Algo que no es discreto, y del que muchas personas se podían hacer preguntas sobre quién pagaba la fiesta. Ahora queda por saber qué político español acudió y qué razón le llevó a ese lugar. La DEA tiene el secreto.

Berkshire Hathaway HomeServices Spain (BHHS Spain), una de las inmobiliarias más importantes de España en el sector de las viviendas de alta gama, ha rescindido de manera inmediata "las relaciones comerciales con la compañía en la que el señor Luca Tamburello era socio comercial". Lo ha hecho tras la operación policial desarrollada de forma conjunta por autoridades italianas y españolas que descubrió la estructura de blanqueo de capitales asociada a Matteo Mesina Denaro, el último gran capo de la mafia que falleció en 2023.

"BHHS Spain no tenía ningún conocimiento de las actividades del señor Tamburello que están siendo investigadas", explicaron fuentes de la inmobiliaria a Narcodiario, en respuesta a las informaciones policiales y periodísticas que trascendieron la última semana.

"La cultura empresarial de la compañía siempre ha sido, y continuará siendo, de tolerancia cero frente a cualquier actividad de naturaleza ilícita", añadieron desde la compañía, especializada en viviendas de lujo en distintos puntos de España y con una fuerte implantación en la Costa del Sol y en toda la costa mediterránea.

La investigación ha puesto ahora el foco en Giacomo Tamburello, narcotraficante siciliano de Campobello di Mazara, señalado como una pieza clave en el presunto entramado destinado a camuflar la fortuna de Matteo Messina Denaro. Varios colaboradores de la justicia de la Cosa Nostra han declarado en distintas ocasiones que Tamburello pagaba el 10% de cada alijo de droga que gestionaba a Messina Denaro, como muestra de subordinación. Era, según esas declaraciones, una de sus personas de máxima confianza.

Las sociedades que Giacomo Tamburello controlaría en España a través de su hijo y de su exmujer, Maria Antonina Bruno, estarían vinculadas a inmobiliarias de lujo en la Costa del Sol, gestionadas por su hijo Luca. Este último, ahora situado en el centro de la investigación, había logrado consolidarse como un respetado hombre de negocios en Málaga.

El presunto testaferro destaca por sus habilidades en el mundo de la banca. Según su LinkedIn, trabajó en Morgan Stanley en Londres antes de fundar una inmobiliaria en Marbella en 2009. Esa empresa le habría servido posteriormente para ser la imagen visible en Málaga de la poderosa inmobiliaria de Warren Buffet, Berkshire Hathaway HomeServices, la misma que ha roto cualquier relación con él tras conocer que, según la Guardia di Finanza y la Policía Nacional, estaba lavando los enormes beneficios de la Cosa Nostra.

En mayo de 2016, hace un década, el nombre de Alejandro Salgado Vega no aparecía en el radar de los grandes organismos oficiales. Hace una década, sin embargo, un joven madrileño que aún no había cumplido los 38 años se daba de alta en la Receita Federal de Brasil, la Hacienda del país sudamericano, con su número en el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), imprescindible para cualquier persona que pretenda realizar inversiones en el país. Entonces no se le conocía, que se sepa, como El Tigre ni Don Máquina, como reflejan las investigaciones posteriores de la Policía Nacional en el entramado del inspector jefe de los 20 millones en su vivienda. Pero parecía saber bien lo que tenía entre manos.

Alejandro Salgado Vega es hoy el objetivo prioritario de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, y como decía el anuncio "y cada día el de más gente". Y lo es por un motivo con fundamento: las autoridades judiciales españolas creen que es el narcotraficante español más poderoso a nivel internacional. Tanto es así que su nombre ya no sólo aparece recurrentemente en los juzgados especializados españoles, también ocurre en el extranjero. En ese escenario del narcotráfico internacional, un país clave a la hora de los envíos de cocaína hacia Europa es Brasil, y cualquier gran capo que se precie debe controlarlo.

Esta semana, la Policía Federal brasileña, una de las que más colabora con la española en cuestiones relacionadas con el crimen organizado, lanzó una operación para rastrear bienes patrimoniales al PCC (Primeiro Comando Capital) y a sus aliados. Su prioridad era encontrar las propiedades en Brasil del narcotraficante serbio Antun Mrdeza, que durante muchos años ha utilizado una identidad falsa italiana en la que se llamaba Nikola Boros hasta que cayó en Venezuela en 2025, y se le acabó eso renegar de su nacionalidad balcánica. Este narco serbio ha sido señalado por la DEA de forma reiterada porque tienen información de que controla rutas de cocaína hacia EEUU y Europa. Y en medio de esta operación aparece el nombre del Tigre porque, según la policía brasileña, es socio clave de Mrdeza.

La operación se desarrolló el martes con el nombre de Narco Sky, derivada de la operación Narco Vela, para desmantelar una organización criminal especializada en el narcotráfico internacional. Como se recordará, la operación Narco Vela sirvió para desmantelar la gran red criminal del PCC que introducía alijos de cocaína a gran escala que, procedentes de Brasil, acababan en África Occidental y en Europa con las Islas Canarias como puente. Las autoridades del país sudamericano apuntaron en su día a un famoso influencer, Buzeira, amigo personal del futbolista Neymar jr -llegó a regalarle una cadena de oro valorada en 400.000 dólares- como una pieza clave para el blanqueo de la red criminal. Así lo contó Narcodiario.

Las investigaciones, llevadas a cabo con el apoyo de mecanismos de cooperación jurídica internacional, identificaron esta misma semana una estructura criminal dedicada al transporte de cargamentos de drogas desde Brasil a países de Europa y África a través de rutas marítimas internacionales.

Se ejecutaron diez órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de registro e incautación emitidas por el Juzgado Federal de Santos, en direcciones ubicadas en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul y Pará.

El Tribunal Federal también ordenó la congelación y el embargo de numerosos bienes y objetos de valor. La decisión autorizó además la inclusión de los investigados en la Notificación Roja de Interpol, dada la existencia de prófugos extranjeros buscados por las fuerzas policiales de otros países por su presunta participación en el narcotráfico internacional. En esta pieza aparece Salgado Vega, que, como hemos adelantado, tiene intereses en Brasil desde hace una década, como mínimo. Brasil se une a la lista de países que le reclaman para responder ante la Justicia. En concreto, le atribuyen su participación en el envío de 340 kilos de cocaína a bordo del buque Venezia que partió de Rio Grande do Sul en agosto de 2020. 

El Tigre posiblemente sea el narcotraficante español más poderoso conocido hasta la fecha debido a que coordina alijos de cocaína multimillonarios. Se ha labrado una red de contactos tan elevada que le ha permitido vivir con inmunidad en Emiratos Árabes Unidos. El nombre de Alejandro Salgado Vega sonó policialmente ya antes de la pandemia en España, pero no comenzó a circular por medios nacionales hasta el caso del inspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez, que salió a la luz pública tras descubrirse los 20 millones de euros en efectivo que guardaba en su casa. Fue en ese momento cuando encajaron todas las piezas del puzzle.

Ahora, cuando su paradero real es toda una incógnita -hay quien le sitúa aún en Dubái, pero los últimos movimientos policiales en el emirato pueden haberle hecho huir, quizá hacia Asia, quizá hacia África, buscando países sin tratados de extradición- se le vincula con el Cartel de los Balcanes, la Ndrangheta, la Mocro Mafia y el PCC, asó como con las principales organizaciones criminales colombianas, o la Mafia Albanesa.

Todo porque es un bróker de cocaína muy respetado en el hampa internacional. Ganándose la confianza de las mafias internacionales más potentes ha logrado tejer los mejores contactos para conseguir introducir en Europa alijos multimillonarios. Y esto es tan evidente que la Policía Federal brasileña maneja su ficha policial española. A diferencia de otros narcotraficantes españoles históricos que están retenidos en la memoria colectiva del país, el Tigre no es sólo simplemente el transportista. Es el dueño de buena parte de la mercancía, un detalle fundamental. En Dubái, además, era reconocido por el control de los puertos de entrada en Europa. Parte del mismo, al menos el de los españoles, se le ha caído tras la incautación de las 13 toneladas en Algeciras y el operativo contra el citado inspector jefe corrupto.

Sus alijos están al alcance de muy pocos. Se codea a otro nivel porque no sólo consigue que la droga llegue a donde sus clientes necesiten, sino que ofrece unas garantías de seguridad en las transacciones que son impensables para otras organizaciones criminales. En el caso de Óscar Sánchez conseguían saber si los contenedores cargados de droga o las empresas tapadera utilizadas en la operación estaban marcadas por la Policía. Y en vista de las operaciones de droga con las que se le está vinculando, no debe ser el único caso de supuesto funcionario corrupto que estaba en nómina del Tigre.

Esta última investigación dirigida desde Brasil presenta pruebas de que Salgado Vega es un aliado del Cartel de los Balcanes y del PCC, ya que utilizaban aviones para mover la droga hacia la costa brasileña para cargarla luego en el transporte decidido. Brasil es un país imprescindible para dar salida al stock de cocaína que existe en Sudamérica hacia Europa, tanto en narcosubmarinos como en puertos como el de Santos. La droga que parte del territorio carioca necesita de gente como el Tigre y él está encantado de que requieran sus servicios.

El Tigre ya pertenece a la Junta del Narcotráfico, tal y como la bautizó el presidente de Colombia, que viene a ser la unión empresarial de varios capos de la droga que ofrecen sus servicios de brókers a otras grandes organizaciones criminales. Básicamente, cada uno de ellos comparte ganancias y riesgos en alijos multimillonarios como el que la Guardia Civil descubrió en el Arconian. En la mesa de esos acuerdos estrictamente empresariales de capos como el Tigre, se encuentra capos de la 'Ndrangheta, capos colombianos, mexicanos, serbios o albaneses. Una amalgama de traficantes que al unirse consiguen acceder a puertos o territorios que les sería imposible si no existiera esta relación. Y junto a ellos, individuos concretos de alto valor, como el neerlandés Jos Leijdekkers o el español Alejandro Salgado.

El salto cuantitativo del Tigre tampoco pasó desapercibido para la DEA, y eso sí que le puede suponer un serio problema. Después de salir en prensa, sus movimientos se limitaron en Emiratos Árabes Unidos, tanto que, como se ha dicho, no se sabe dónde está en este momento.

La Costa del Sol está manchada con la sangre que la Cosa Nostra provocó en su guerra contra el Estado italiano de los años 90. Esa es la conclusión de la Dirección Antimafia de Palermo y, en concreto, del fiscal jefe de Palermo Maurizio di Lucia que, después de muchísimos años de investigación, ha intervenido un trozo del pastel del gran patrimonio amasado por Matteo Messina Denaro, el último capo di tutti capi de la Cosa Nostra que falleció en 2023. El sistema de infiltración era el esperado: la adquisición a través de terceros de un gran patrimonio inmobiliario gracias a las facilidades que se daban en Marbella y en otras localidades de su entorno.

Los cálculos que se filtraron hace tiempo le estimaban una fortuna de alrededor de 4.000 millones de euros, desde compañías del sector renovable energético, constructoras, restaurantes, supermercados, inmobiliarias y cualquier otro tipo sociedad del sector empresarial que se puedan imaginar.

La Guardia di Finanza ha logrado detectar una porción de ese patrimonio en España, en concreto en la Costa del Sol. Y lo han conseguido gracias a la colaboración de países como Andorra, Luxemburgo o territorios como Gibraltar. La importancia de esta operación es el tesón de las autoridades italianas en tratar de intervenir por todos los medios esos bienes que se están disfrutando gracias al dinero que la Cosa Nostra amasó traficando con todo tipo de drogas, asfixiando al sector empresarial italiano cobrando pizzo –una especia de impuesto revolucionario que se exigía a comerciantes y empresarios a cambio de no sufrir daños, robos o violencia–y arrebatando miles de licitaciones públicas a competidores legales mediante sus clásicos métodos mafiosos.

Esta operación dirigida desde la Fiscalía Antimafia de Palermo tiene mucho simbolismo. Como se sabe, Matteo Messina Denaro falleció de cáncer de colon el 25 de septiembre de 2023. Pese a los esfuerzos de la hacienda italiana, el patrimonio de su clan mafioso de Castelvetrano no fue encontrado en su totalidad.

Messina Denaro es uno de los principales responsables de la campaña de atentados terroristas que la Cosa Nostra perpetró en los años 90, y hay muchos recuerdos de esa ola de terror en los Tribunales de Palermo. Desde los asesinatos del juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morvillo y sus escoltas, hasta el de Paolo Borsellino, o el atentado del 27 de julio de 1993 en Milán cerca del centro de arte contemporáneo de la ciudad en el que murieron asesinados los bomberos Carlo La Catena, Sergio Pasotto y Stefano Picerno, el agente de policía local Alessandro Ferrari, y el ciudadano marroquí Moussafir Driss, que era un indigente que falleció al ser alcanzado por una lámina de metal mientras dormía en un banco cerca del coche bomba que explotó.

Este último atentado está borrado de la memoria colectiva fuera de Italia, pero en esos términos la Mafia atacaba a sus propios ciudadanos, con Toto Riina, Bernardo Provenzano y Matteo Messina Denaro decidiendo que la Cosa Nostra iba a sostenerse gracias a una auténtica campaña de terror destinada a hacer sucumbir a todo el Estado italiano bajo sus intereses.

Pero no lo consiguieron, y tras caer detenidos Toto Riina en 1993 y Bernardo Provenzano en 2006, sólo quedó libre de ese triunvirato Messina Denaro, que logró esquivar a la justicia italiana desde el año 1993 a 2013.

Con él decidiendo por encima de todos los miembros de la Mafia, hubo un cambio de rumbo en la que ha sido la organización criminal más poderosa en el siglo XX. No hay que olvidar que las famosas familias de Nueva York, y la mafia italoamericana no sólo descendían de la Cosa Nostra; también gran parte de sus decisiones a corto y largo plazo estaban supeditadas a las decisiones de la Cosa Nostra siciliana.

Y como Giovanni Falcone daba instrucciones a sus colegas en su día, los fiscales de Palermo han seguido con métodos de trabajo parecidos: seguir el rastro del dinero. Ahí es donde radica el verdadero poder del crimen organizado, y en él se sostiene un imperio criminal. Por eso, la intervención de estos 200 millones de euros en bienes repartidos por sociedades en las Islas Caimán, Andorra, Mónaco, Luxemburgo y Marbella es un buen ejemplo de la capacidad económica que posee un clan criminal del nivel de la familia Messina Denaro.

Lo que ahora se ha descubierto es que Giacomo Tamburello, narcotraficante siciliano de Campobello di Mazara, ha sido clave para camuflar la fortuna de Matteo Messina Denaro. Varios colaboradores de la justicia de la Cosa Nostra han señalado en distintas ocasiones que Tamburello pagaba a Messina Denaro el diez por ciento de cada alijo de droga que manejaba como muestra de subordinación.

Las sociedades que posee Giacomo Tamburello a través de su hijo y de su exesposa, Maria Antonina Bruno, en España, pasan por inmobiliarias de lujo en la Costa del Sol, manejadas por su hijo Luca, que ahora se encuentra en prisión provisional y que se convirtió en un respetado hombre de negocios de la Costa del Sol.

El presunto testaferro destaca por sus habilidades en el mundo de la banca, ya que según su Linkedin trabajó en Morgan Stanley en Londres, y luego fundó una inmobiliaria en Marbella en 2009 que le sirvió posteriormente para ser la imagen visible en Málaga de la poderosa inmobiliaria de Warren Buffet, Berkshire Hathaway HomeServices.

Esta empresa ya borró el rastro de Tamburello en sus portales tras conocerse la noticia de su detención. En el esquema financiero desarticulado hay sociedades creadas en los años 80 en Gibraltar, algo que no es sorprendente, porque la Cosa Nostra lleva asentada en la Costa del Sol desde que comenzó a despegar como destino turístico a principios de los años 70. Ya en esa época la Fiscalía Antimafia de Palermo conocía las inversiones de blanqueo de los clanes sicilianos e italoamericanos en la Costa del Sol.

Entre Marbella, Málaga y Benahavís se han intervenido 22 propiedades de lujo que se canalizaban a través de sociedades camufladas como inmobiliarias según los investigadores italianos. Las fechas de creación de las sociedades hacen una idea del planeamiento financiero meticuloso de los clanes mafiosos italianos para pasar desapercibidos ante la hacienda española. Todo está estudiado para realizar un crecimiento orgánico empresarial como si se tratase de una empresa normal.

Pero en estos términos, todo era más complejo. Las sociedades de Marbella están interconectadas con otras de Panamá, Gibraltar, Islas Caimán para que el dinero acabase moviéndose hacia Mónaco, Líbano, España, Andorra o Luxemburgo. Todo se realizaba de forma circular para que mover constantemente entre ellas el dinero para complicar la trazabilidad del engranaje. En los tribunales de Palermo confían en que descubrirán aún más millones que pertenecían a Messina Denaro. Saben que el pastel era aún más grande.

La relación tan cercana de Messina Denaro con Giacomo Tamburello, para legarle de alguna forma su herencia en vida y confiarle casi al completo su sustento económico, parte de que Matteo Messina Denaro se escondió muchísimos años en Campobello di Mazara, el pueblo de Tamburello. A tan sólo 8 kilómetros de Castelvetrano.

Debido a la confianza que se ganó Tamburello de Matteo Messina Denaro, Giacomo pudo trabajar de forma independiente en el narcotráfico internacional sin mediación de los clanes de Cosa Nostra tan sólo pagando diez por ciento del beneficio de cada alijo.

Esta información se conoce por declaraciones de un mafioso arrepentido, en concreto de Vincenzo Spezia. Hijo del capo de Cosa Nostra en Campobello di Mazara, un tipo que por sus antecedentes familiares conocía muy bien a Tamburello y a Messina Denaro. Él declaró a los fiscales de Palermo que Giacomo Tamburello era un testaferro de Messina Denaro y que en Málaga habían abierto varias heladerías gracias a varios millones que ganaron traficando con hachís.

Esa sólo fue un avance, pues supuestamente Messina Denaro poseía villas de más de tres millones de euros en Marbella. Pero todo por ahora está en el aire hasta que el hijo y la exesposa de Tamburello sean extraditados a Italia y puedan ser juzgados. Por ahora a la Justicia española le queda resguardar ese patrimonio intervenido aquí y evitar que se repitan más errores procesales flagrantes que merman la confianza internacional de colaborar con las autoridades españolas.

El Ministerio de Justicia de Portugal ha anunciado la entrada en vigor de la nueva ley que pretende combatir el uso de embarcaciones de alta velocidad (EAV), las famosas narcolanchas, para el tráfico internacional de drogas y otros los delitos vinculados al crimen organizado. Lisboa legisla en un momento en el que la presencia de estas lanchas se ha convertido en un problema de primer orden en toda la frontera sur y oeste de la Unión Europea, con cientos de ellas operando al sur de la península ibérica con un único objetivo: introducir grandes partidas de droga en el continente.

El nuevo marco legal, sin embargo, se queda a medias: introduce algunas medidas de control, pero mantiene en esencia la legalidad de estas planeadoras, cuya navegación solo estará prohibida durante la noche. El pasado domingo, 17 de mayo, entró en vigor el Decreto Ley 43/2026, el "nuevo régimen de las embarcaciones de alta velocidad". Ni siquiera la muerte de un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) embestido por una de estas embarcaciones en el río Guadiana, parece haber sido suficiente para que el legislador portugués dé un paso más contundente.

El régimen afecta a las lanchas neumáticas y semirrígidas de alta potencia, "cada vez más utilizadas en el tráfico de drogas y personas en la costa portuguesa", según explica Justicia. A partir de ahora estarán sometidas a un mayor control y trazabilidad, pero no quedan prohibidas. La legislación portuguesa, por tanto, no va en la misma línea que la española, donde la mera tenencia de estas embarcaciones constituye un delito de contrabando desde 2018.

El Ministerio detalla que los principales cambios consisten en la obligatoriedad del Sistema de Identificación Automática (AIS), así como en la colocación de una marca visible que identifique la embarcación como EAV.

La nueva normativa obliga, además, a comunicar previamente las entradas y salidas del territorio nacional, y exige que las embarcaciones permanezcan atracadas entre las 21.00 y las 7.00 horas, es decir, durante la noche. Ese horario, sin embargo, se queda corto en invierno, cuando en algunas épocas anochece antes de las 18.00 horas y no amanece hasta pasadas las 8.00. En cualquier caso, parece una medida de escaso alcance.

Junto a ello, cualquier movimiento vinculado a la importación, exportación o transporte de estas embarcaciones requerirá autorización previa de la Autoridad Marítima.

La ley también prohíbe transportar combustible adicional más allá del que albergan los propios depósitos de la lancha, es decir, llevar garrafas a bordo.

Las multas por incumplir el nuevo articulado oscilan entre los 25.000 y los 100.000 euros, en función del número de tripulantes. Además, se introduce responsabilidad penal: la nueva ley contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión por posesión o cesión ilegal de embarcaciones de alta velocidad, y de hasta dos años para quien las pilote sin la habilitación correspondiente.

"Portugal tiene 2.500 kilómetros de costa. Protegerla exige reglas modernas", explica el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la respuesta legislativa parece quedarse corta ante la presencia constante de estas lanchas y de los narcotraficantes que las utilizan en territorio portugués, en estrecha conexión con España, donde las reglas del juego son distintas.

Así, la regulación lusa no impedirá que los narcos españoles sigan empleando sus aguas y sus naves industriales como refugio. Al contrario: podrán ampararse en el articulado de un marco legal que avanza muy inferior a la de unas embarcaciones que siguen siendo en buena medida legales en Portugal y que representan ya un problema de primer orden para la seguridad ciudadana en toda la península ibérica.

Los clanes históricos que dominan amplias franjas del territorio suponen un serio problema para la seguridad y la tranquilidad del resto de los vecinos, pues intentan implantar sus propias leyes saltándose, en ocasiones, al propio Estado. Así ocurría en Font de la Pólvora y amplias zonas de Girona, tal y como relató este martes Narcodiario, y así sucedía también en Cantabria, hasta que la Policía ha logrado intervenir. Son tácticas que recuerdan mucho a lo que sucede en Italia con las distintas facciones mafiosas, y que cada vez se ven con más frecuencia en España.

Así, los agentes han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales, entre otros hechos ilícitos, con base en Torrelavega y otras localidades cercanas. La Policía ha detenido a 33 personas y ha bloqueado más de un millón de euros en bienes y activos vinculados a la actividad criminal como 118 cuentas bancarias, 27 propiedades y 110 vehículos.

En el operativo, desarrollado de forma simultánea en Torrelavega, Cartes y Barreda, participaron más de 400 agentes y se practicaron 26 entradas y registros donde incautaron dinero, drogas, gallos de pelea y diversas armas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía y la Autoridad Judicial de Torrelavega, se inició en 2025, tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal ubicado en esta ciudad y que estaría organizando peleas ilegales de gallos. A partir de ese momento se inició una compleja investigación multidisciplinar que se prolongó durante más de un año y medio.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que la organización no solo se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas relacionadas con el maltrato animal, sino que mantenía una intensa actividad criminal en múltiples ámbitos delictivos que llevaba años afectando gravemente a la seguridad y convivencia ciudadana.

Los integrantes del grupo habían dado recientemente un salto cualitativo en su peligrosidad al comenzar a hacer uso de armas, llegando incluso a protagonizar enfrentamientos que pusieron en peligro la vida de terceras personas.

La investigación permitió acreditar que la organización ejercía un fuerte control e intimidación en determinadas zonas de la ciudad, llegando en ocasiones a amenazar y amedrentar a vecinos si no se sometían a sus imposiciones. Asimismo, los investigados se aprovechaban de la dependencia generada por las sustancias estupefacientes que ellos mismos distribuían para utilizar a consumidores como autores materiales de distintos delitos contra el patrimonio, obteniendo posteriormente los beneficios económicos derivados de los robos y hurtos cometidos por encargo.

Con el dinero obtenido de estas actividades delictivas, la organización habría generado un patrimonio superior al millón de euros, a pesar de que algunos de sus miembros carecían de actividad laboral conocida. Parte de los bienes incluso figuraban a nombre de menores de edad con el objetivo de dificultar su localización y embargo.

Una vez reunidos los indicios necesarios y ante la creciente alarma social generada por la actividad delictiva del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación policial durante la madrugada del pasado miércoles.

El dispositivo se inició a las cinco de la mañana con la ejecución simultánea de 26 entradas y registros en Torrelavega, Cartes y Barreda, en los que participaron más de 400 efectivos pertenecientes a distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, incluidas las excavadoras y robots de los Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) que ya se vieron recientemente en operaciones antidroga en Galicia.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 10.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína y hachís—, armas como una catana, navajas y un bate de béisbol, así como útiles empleados para el maltrato animal, 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro.

También fueron localizados 53 gallos de pelea que presentaban distintas lesiones –seis de ellos fallecidos– descubriendo además que contaban con cintas de correr para fortalecer a los animales.

Paralelamente, gracias al trabajo desarrollado por las unidades especializadas en investigación económica, se procedió al bloqueo de 118 cuentas bancarias pertenecientes a 51 investigados, así como a la prohibición de disposición sobre 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias. Actualmente, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.

La llegada de cargamentos de cocaína a los puertos europeos ocultos bajo la línea de flotación de grandes mercantes es una realidad desde hace años. Ha habido varios casos de incautaciones en las Islas Canarias, primer punto de referencia de estas embarcaciones al este del Atlántico, y también en la provincia de Pontevedra, ya en la Europa continental, donde se han detectado casos tan sofisticados como los que implican la recogida de la droga mediante seabob.

El origen de estos cargamentos es variado, pero desde hace tiempo se sospechaba de redes de envío con presencia en Brasil, un país tan extenso como difícil de controlar desde el punto de vista policial. Allí ya se habían desarrollado operaciones contra redes de narcobuzos, pero pocas con la dimensión de la desplegada el pasado martes.

La Policía Federal brasileña puso en marcha la Operación Tirocinium con el objetivo de desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico transnacional mediante este sistema, así como al envío de droga en contenedores marítimos y al lavado de dinero.

La operación se desarrolló simultáneamente en diez municipios del estado de Santa Catarina —Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Barra Velha, Garuva, Jaraguá do Sul e Imbituba—, además de en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, y Uberaba, en Minas Gerais.

Los agentes ejecutaron 18 órdenes de prisión preventiva y 31 registros, además de cuatro medidas cautelares que incluyen vigilancia electrónica. El dispositivo buscaba desarticular el núcleo financiero de la organización criminal mediante la incautación de 36 propiedades, la confiscación de vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 35 personas investigadas.

Las pesquisas revelaron que el grupo utilizaba la logística portuaria para exportar cargamentos de droga con destino a Europa y África. También se identificó una trama de blanqueo de capitales que recurría a empresas pantalla, intermediarios y operaciones comerciales ficticias para reintroducir en el sistema financiero los beneficios obtenidos del narcotráfico.

La operación es resultado de investigaciones iniciadas en 2023 a partir de detenciones realizadas en zonas portuarias de Santa Catarina, que permitieron identificar una estructura criminal de alcance internacional.

Durante la investigación se han incautado aproximadamente 4,6 toneladas de cocaína y se han practicado otros siete arrestos. También se han intervenido rifles, pistolas, granadas, munición y una ametralladora de calibre 50.

Como se aprecia en las imágenes, además de numerosas armas, los agentes intervinieron droga preparada en bolsas con doble y triple cobertura, así como cuerdas y sacos impermeables, material destinado a resistir largas travesías oceánicas en un entorno completamente húmedo. El cofre de mar, el lugar elegido para ocultar estos cargamentos, se utiliza habitualmente para la entrada de agua y la refrigeración natural de la zona de motores de los buques.

Tras la traición que llevó a la detención por parte de Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, gran capo de lo que fue el cártel de Sinaloa, comenzó una cruenta guerra civil interna que sigue activa y de la que aún no se han recuperado ni Sinaloa (México) ni la propia organización criminal. De hecho, una de las facciones implicadas está siendo masacrada por la otra. La principal razón es que no tiene respaldo político federal del Estado de Sinaloa, algo imprescindible para ellos, porque ese apoyo se ha desmoronado como un castillo de naipes en estas últimas dos semanas.

La estructura de los cárteles mexicanos es imposible de sostener en el tiempo sin que políticos muy importantes del país estén implicados en el mismo juego. Y eso está teniendo consecuencias ahora mismo en Sinaloa tras una ofensiva completa de la justicia de Estados Unidos contra representantes públicos sinaloenses muy relevantes.

El cártel de Sinaloa es una empresa criminal multimillonaria con ramificaciones en todo el mundo y que basa sus ingresos es el tráfico de drogas. Con los años ha diversificado tanto el negocio que posee empresas legales que dan beneficios reales a toda la organización, pero ahora se encuentra en un momento de cambio total. El cártel se basaba en una alianza férrea entre la estructura del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán que cambió por completo el 25 de julio de 2024, cuando Zambada llegó en un avión a un aeropuerto de Texas y pasó a estar bajo custodia de un juez estadounidense.

La traición al Mayo Zambada por parte de los hijos del Chapo Guzmán cavó la propia tumba de la organización, que ha ido perdiendo sus principales piezas poco a poco, primero a Ovidio Guzmán López y después Joaquín Guzmán López.

El primero duró mucho en libertad tras protagonizar el Culiacanazo, el mayor escándalo de seguridad de la década en México. Y el segundo fue quien lideró la artimaña para entregar al Mayo Zambada a Estados Unidos. Sin Joaquín Guzmán López no habría sido posible esto, fruto de la cooperación que han tenido los hijos del Chapo Guzmán con la DEA y con otras instancias de EEUU. Todo apunta a una venganza orquestada hace ya tiempo, por una motivación concreta: uno de los hijos del Mayo, Vicente Zambada, alias Vicentillo, se convirtió hace años en testigo protegido en para la agencia americana, y por eso disfruta de su libertad.

En esta trama de vendettas y traiciones hay una larga historia detrás, porque todos los grandes capos actuales del cártel de Sinaloa se conocían desde niños. El Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada y que ha heredado la organización criminal, declaró la guerra de por vida a los hijos del Chapo Guzmán. Todos están en la diana, y cualquiera que les apoye también. Así lo ha demostrado en estos casi dos años.

No ha dejado títere con cabeza y ha logrado llegar a acuerdos con antiguos rivales dentro del propio Estado sinaloense, como lo es el Chapo Isidro, otro narcotraficante muy importante de Sinaloa que heredó el clan de los Beltrán Leyva y que se ganó mucho respeto de personas relevantes del crimen organizado mexicano.

Esta alianza le ha permitido al Mayito Flaco librar una guerra completa contra los hijos del Chapo Guzmán, llegando a solicitar apoyo éstos últimos al cártel Jalisco Nueva Generación, un hecho inaudito dentro del Estado de Sinaloa y que habla de la debilidad para mantener el terreno de quienes fueran los reyes del narcotráfico en México.

Toda esta situación de combates con asesinatos selectivos y tiroteos entre convoyes de sicarios y en la que miles de personas han perdido la vida ha provocado un decrecimiento de la economía de la capital de Sinaloa, Culiacán, fruto de un aumento de la violencia descontrolada que afecta en el día a día al ciudadano y a su vez a cualquier empresa.

La gran consecuencia política de todo esto en Sinaloa ha sido la caída de su gobernador, Rubén Rocha Moya, y junto a él, expolíticos y funcionarios de las altas instancias de ese Estado que fueron acusados directamente por la justicia estadounidense de cooperar con el cártel.

Con el paso atrás del gobernador de Sinaloa, y mientras se dilucida la petición de extradición, corre un rumor que dinamitaría el futuro de la carrera criminal de los hijos del Chapo Guzmán. Sin la protección política en su Estado, se sabe que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el último de Los Chapitos que sigue libre, está tratando de negociar una entrega pactada con la justicia de EEUU.

Los términos son por ahora secretos y los intereses que hay detrás también, porque hay mucho en juego. La única forma de ofrecer algo a EEUU es colaborando con ellos, y por la ofensiva judicial de este último mes parece que el Gobierno de Donald Trump ha adoptado una vía para tratar de limitar la influencia política de los cárteles mexicanos dando órdenes de centrarse en los representantes políticos que permiten que el sistema criminal tenga vigencia.

Mientras las piezas de ajedrez se mueven, el Mayito Flaco sigue ganando peso en el crimen organizado mexicano. Las gallinas que entran por las que salen.

Iván, el gran capo de Los Chapitos, se piensa el hecho de entrar en prisión, algo que parece que va a suceder con políticos sinaloenses que esta semana han llegado a plantarse ante la justicia de EEUU, como es el caso de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el mismo Estado.

Es decir, quienes estos últimos años tenían la responsabilidad de controlar la seguridad y la economía de Sinaloa están acusados de trabajar directamente para Los Chapitos controlando rutas de cocaína y armas. Un jarro de agua fría para la Administración de México. Y no serán los únicos en caer, porque se sospecha que Iván Archivaldo dará nombres y apellidos de quienes tenía a sueldo, y esa lista puede ser infinita mientras el cártel de Sinaloa desaparece para convertirse en otra organización criminal.

Si se borra del mapa a los hijos del Chapo, la historia de los cárteles mexicanos lleva a pensar que la facción del Mayo Zambada dirigida por una de sus vástagos se hará tan grande como lo fue en su día el conjunto de todas las organizaciones criminales que formaban parte del cártel de Sinaloa. Y en estos momentos esa gran organización criminal sólo es una mezcla de vendettas y traiciones que seguirán perpetuándose en el tiempo. Mientras el pueblo mexicano sufre sus consecuencias.

La tripulación del guardacostas Tahoma interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas de contrabando que transportaban aproximadamente 2.760 kilogramos de cocaína, valorada en casi 45,8 millones de dólares, el 8 de mayo, a unas 145 kilómetros de Cartagena, en Colombia. Esta incautación representa 2,3 millones de dosis potencialmente letales de cocaína que no llegarán a las calles estadounidenses y se desarrolló mediante tácticas que, esta vez sí, preservaron la vida de los sospechosos, a diferencia de lo que venía ocurriendo en otras ocasiones.

La tripulación del Tahoma desplegó sus dos pequeñas embarcaciones y la dotación aérea del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, que se encontraba desplegada, detuvo a las tres embarcaciones.

Una de las narcolanchas se negó a cooperar —no se detenía— y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse.

Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda. La tripulación aérea lanzó varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

“La interceptación simultánea de tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de nuestras tripulaciones”, declaró el comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma. “Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y su trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”.

Estas declaraciones y este modo de actuar confronta directamente con las ejecuciones de personas sospechosas de narcotráfico que se produjeron en los últimos meses en la región, con más de un centenar de muertes por bombardeos estadounidenses con el pretexto de que transportaban droga.