“Este Ayuntamiento no tiene previsto adoptar tal medida”. Con esta breve frase el gobierno del conservador del Ayuntamiento de Boadilla del Monte –último reducto aguirrista del PP de Madrid–  da por respondida la petición del grupo municipal Alternativa por Boadilla de dedicarle una calle al doctor Luis Montes doctor Luis Montesen el municipio.

Entre los argumentos expuestos por la formación para pedir dicho reconcomiendo está la lucha de Montes por “hacer realidad el acceso universal de la ciudadanía a los cuidados paliativos hospitalarios y extra hospitalarios”, además de considerar que con esta calle se homenajearía también a “la sanidad pública madrileña, los grandes profesionales que trabajan en ella y su buen funcionamiento”.

En la petición, también recuerdan las acusaciones falsas que Montes sufrió durante tres años y señalan que Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno de José María Aznar y vecino de la localidad en aquel momento, tuvo que indemnizar al médico con 30.000 euros por un delito continuado de injurias graves con publicidad.

El encargado de firmar la negativa fue Raimundo Herráiz, concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, quien fue diputado del PP ocho años con Esperanza Aguirre y director general de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

No es la primera vez que el PP se niega a conceder un reconocimiento al doctor Luis Montes tras su fallecimiento. A pesar del voto conservador en contra, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 25 de abril la medida que le concederá una calle gracias al apoyo del PSOE y Ahora Madrid y la abstención de Ciudadanos. La edil del PP Inmaculada Sanz aseguró que su grupo no sabe "cuáles son los méritos de esta persona para tener una calle en Madrid".

Luis Montes (Salamanca, 1949), falleció el pasado 19 de abril mientras viajaba en su coche hacia la localidad murciana de Molina de Segura para dar una charla de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)(DMD), de la que era presidente desde 2009 y con la que defendió de manera militante la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida.

La denuncia anónima que utilizó en su día el consejero de Sanidad Manuel Lamela para iniciar todo el proceso judicial por el que acusaban al doctor Montes y su equipo de cuatrocientos asesinatos ya era conocida. Circulaba por los departamentos de la Consejería hacía tiempo e incluso se envió a un equipo para que investigara si aquello tenía el menor sentido, y los técnicos que fueron al hospital, tras un largo y exhaustivo trabajo para que no quedaran dudas, concluyeron que la denuncia era absurda y felicitaron al equipo de urgencias del hospital por su trabajo.

Al llegar el señor Lamela a la Consejería de Sanidad madrileña de la mano de Esperanza Aguirre, gracias al soborno de dos diputados del PSOE (Tamayo y Sáez), la denuncia volvió a desempolvarse, y se utilizó como bomba de relojería para llevar el debate de la Sanidad a un derrotero estúpido, pero que servía a sus fines: trabajar en la sombra para lograr la privatización de la Sanidad a escondidas, mientras los medios de comunicación hablaban de campos de exterminio. La cabeza de turco fueron las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Este hospital era uno de los de mayor prestigio de toda España. Destacaba por su calidad asistencial a pesar de que durante mucho tiempo abarcó un área mayor que la que le correspondía, atendía a más pacientes de los que debía.

La denuncia anónima en cuestión hacía referencia al asesinato de 400 pacientes. No de golpe, con gas letal, sino a lo largo de años. Es decir, que por el normal funcionamiento de un hospital esto exigiría la colaboración de los trabajadores de todas las plantas y especialidades: médicos, enfermeros, celadores…

Es decir, tamaña estupidez no habría tenido el menor recorrido sin la colaboración necesaria de la Justicia que, en lugar de desestimar esa absurda denuncia anónima, ahora que la rescataba de la basura el consejero Lamela, decidió darle pábulo, y comenzar el proceso de investigación, declarando el secreto del sumario durante muchos meses, de forma que los propios médicos encausados no sabían de qué se les acusaba, mientras la acusación particular, una asociación de afectados que sólo consiguió dos familiares de los supuestos 400 asesinados, y que se retiraron en el juicio cuando vieron de qué iba el juego, esa asociación, misteriosamente, tuvo acceso a muchas pruebas y documentos durante la fase de instrucción que le fueron negadas a la defensa. No se presentó, como digo, ningún miembro de familias afectadas, era lo que llaman los juristas “un delito sin víctimas”.

El juez fue Rafael Rosel. El hecho de prolongar un proceso que creó alarma social y política mucho más de lo deseable, de forma incomprensible e innecesaria, supuso que ya no habría justicia para los encausados, tal y como me relató uno de ellos. El daño ya estaba hecho. Les hicieron vivir un calvario impresentable mientras en las radios y televisiones les acusaban de ser nazis exterminadores. Todo era ridículo y de una crueldad extrema.

En ningún momento estas autoridades pensaron que esa historia de los asesinatos tuviera el menor sentido. Eso dota sus acciones de una crueldad extrema, y denota la catadura moral de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y todos los que intervinieron en este linchamiento.

A tal punto era cierto que nadie creía en este montaje, que aunque Luis Montes fue apartado de su cargo, tanto él como el resto de sus compañeros siguieron ejerciendo la medicina en el mismo hospital. Para que siguieran matando, es de suponer.

La estupidez en la que se basaron para emprender las acciones legales fue que la cifra de muertes en Urgencias del Hospital Severo Ochoa superaba con creces la de cualquier otro. Esto se debía, y los políticos lo sabían muy bien, a que en esa planta de Urgencias también estaba la unidad de enfermos terminales, que por una cuestión técnica se había ubicado allí. Es decir, que en el resto del hospital apenas moría nadie, pero este dato se ocultaba capciosamente para dar algo de credibilidad a esa teoría de médicos asesinando sistemáticamente durante años.

Finalmente, el juez Rafael Rosel desestimó las acusaciones dos años y dos meses después, algo que podía haber hecho en menos tiempo, antes de que este juego macabro para ocultar el gran negocio de la privatización de la Sanidad del que, por cierto, el señor Lamela ha sido uno de los grandes beneficiarios, destruyera la vida y la reputación de los encausados. Aún dilató un poco más el proceso para que no coincidiera con las elecciones autonómicas y municipales, y terminó de echar una manita al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando declaró en la sentencia que esas muertes pudieron ser provocadas por la mala praxis de los médicos, aunque no se pudo probar. Para no pillarse los dedos, declaraba el señor juez una cosa y su contraria y así la caverna mediática, como en efecto ocurrió, tuvo también su titular, al tiempo que Aguirre y Lamela se iban de rositas. Bueno, el segundo, además, con un patrimonio espectacular gracias a los negocios que hacía mientras era Consejero. Ya saben eso que ahora se llama lobismo, y es legal, y antes, soborno, y era un robo, una vergüenza.

Escribía el juez en la sentencia: "Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque admitía que no hay pruebas de que se deba "excesivamente a los fármacos prescritos”. ¿?

¿Cómo podía afirmar que varios pacientes habían muerto tras mala práctica y a la vez que no había pruebas de tal cosa?

Recurrió el doctor Montes la sentencia para que eliminaran cualquier alusión que pudiera sembrar dudas sobre su quehacer médico. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid falló en su favor y ordenó suprimir “toda referencia sobre mala práctica de los médicos denunciados”.

Como era de esperar, y para eso se había montado la conjura político-mediático-judicial, ya nada importaba. El Gobierno estaba de nuevo en manos de Esperanza Aguirre, la Consejería de Sanidad ya había comenzado su imparable política de destrucción de la Sanidad Pública en favor de los negocios sanitarios, y de sus compañeros de partido que desembarcaron en esas sociedades, y la notificación de la sentencia definitiva llegaba muy tarde.

Las diferentes acciones difamatorias que en su día poblaban la red (especial aversión provocaba una entrevista que en su día hizo Jiménez Losantos  al consejero Lamela en la que ambos se despachaban a gusto con estos “asesinos”), se han borrado. Es difícil encontrar vestigios de aquella infame campaña en los medios de los difamadores. Como suele suceder, estos seres ignominiosos se encubren y protegen bajo el manto de la mentira y la cobardía. Cuando el caso se cerró, sin que ninguno de los responsables diera la cara, se inhibieron, llegando a afirmar el señor Lamela, artífice de toda la operación, que nada tenía que ver con el caso y que todo había sido un proceso judicial ajeno a su cometido.

Delincuentes y cobardes.

Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid, a través de la jueza Celia Sainz de Robles, declaraba que los insultos y las acusaciones de Jiménez Losantos, Isabel San Sebastián o Cristina López Schlichting, entre otros, se encuadraban dentro del derecho de libertad de expresión que ampara la Constitución. Decían cosas del tipo: "No se trataba de aplicar morfina a enfermos terminales con horribles sufrimientos, sino que llegaba un señor con una insuficiencia respiratoria, con una apoplejía que tenía una esperanza de vida, a lo mejor de cinco años, y se lo “piolaban”.

Pura basura.

Ah, se me olvidaba, el fiscal del caso de los 400 asesinatos era Manuel Moix.

Bueno, lo dejo aquí. Estos son los que dicen que hay que cumplir la ley.

Quiero mandar un abrazo a la familia de Luis Montes, a todos sus compañeros que tuvieron que sufrir esta ignominia en forma directa, y también a todos los ciudadanos de Leganés que tantas veces salieron a la calle para defender a sus médicos, así como a mis compañeros del rodaje del documental (enlace abajo) que hicimos en su día, mientras la instrucción se estiraba deliberadamente, y que me permitió conocerles.

Para mí fue el mayor exponente de hasta dónde están dispuestos a llegar con sus mentiras, pero la gente decente de este país tiene la obligación de restablecer el honor de los injustamente perseguidos.

En ello estaremos.

Nadie es perfecto –a estas alturas de la película eso ya lo tengo asumido–, pero hay una enorme distancia moral entre quienes luchan por mejorar la existencia de otros y quienes se emplean a fondo en destrozarles a otros la vida.

Ha fallecido el doctor Montes, aquel que sufrió una pesadilla vital por contribuir con sus conocimientos médicos a que la transición de los enfermos terminales hacia la muerte, fuera lo más parecido a un sueño.

Montes defendió la muerte digna con su trabajo y pagó un precio altísimo. Fue acusado, imputado –junto a otros 14 médicos–, represaliado y vapuleado mediáticamente.

En 2007, la Audiencia Provincial de Madrid archivó, definitivamente, la causa por aquellas supuestas sedaciones irregulares en el hospital público Severo Ochoa.

No dedicaron tantas horas de radio, televisión y espacios de prensa escrita, a comentar la decisión final de la Audiencia Provincial, aquellos que tanta pasión habían invertido en intentar desprestigiarlo cuando saltó el escándalo. Seguramente, el exjefe del Servicio de Reanimación del hospital Severo Ochoa ya no vivía para ellos, estaban sedados contra una verdad incómoda.

Los que hemos pasado por la terrible experiencia de vivir la enfermedad de un ser querido –¿quién no?– conocemos bien la impotencia y la angustia que genera el dolor ajeno. Siempre me viene a la memoria aquella frase de una canción de Víctor Manuel, que retrata la desesperación de la madre de un hijo drogadicto: “¡Qué te puedo dar, que no me sufras!”.

No se me ocurre una expresión más clara para describir el tormento emocional que supone asistir al sufrimiento de otro ser humano. Máxime si esa persona es alguien a quien quieres, máxime si su dolor es absolutamente inútil, si ya no hay retorno... ¡Qué te puedo dar, que no me sufras!

La muerte forma parte de la vida y ha de ser tan digna como esta, sorprende que a algunos les cueste tanto entenderlo y el doctor Montes nunca perdonó el daño que aquel episodio siniestro le hizo a la Sanidad Pública, el miedo que provocó entre los profesionales sanitarios, la desconfianza que generó en los usuarios.

La parte más débil, como siempre, fue la gran perjudicada por esta historia siniestra y los responsables políticos de aquel momento, tan tranquilos, el consejero Lamela en sus labores de asesor y la expresidenta Esperanza Aguirre aparcada en su carril.

Luis Montes defendió sus principios hasta el último minuto, el pasado jueves falleció de camino a Molina de Segura, donde iba a impartir una conferencia sobre muerte digna, aunque a él le gustaba más decir “morir bien”, “todos tenemos derecho a morir bien”, defendía.

Ojalá Luis Montes haya podido morir bien, ojalá haya logrado sufrir lo menos posible al “deslizarse hacia otro lugar”, bellísima expresión con la que me consoló un amigo cuando murió mi padre.

Se paró su corazón, pero vivirá en los de todos los que agradecemos su integridad. Gracias, doctor Montes, descanse en paz. Y los que le hicieron daño, conscientemente, que recen... por ellos.

Uno de esos médicos era Luis Montes (Salamanca, 1949), fallecido este jueves mientras viajaba en su coche hacia la localidad murciana de Molina de Segura para dar una charla de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que era presidente desde 2009 y con la que defendió de manera militante la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida. En el comunicado en el que confirmó su fallecimiento, el colectivo ensalzó su lucha "incansable" por "la libertad y los derechos de toda la ciudadanía" y aseguró que continuará su labor y defenderá estos valores.

La muerte del que fuera jefe del servicio de Reanimación y coordinador de Urgencias del Severo Ochoa, rememora un episodio que marcó su vida y la historia de la sanidad madrileña: la denuncia anónima que acusó a un equipo de médicos de ese centro sanitario de haber asesinado a 339 personas y a la que el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio pábulo admitiendo como posible que un servicio completo, integrado por decenas de profesionales, hubiera participado en tal plan entre 2002 y marzo de 2005.

Y eso a pesar de que una investigación previa de la consejería, basada en una denuncia similar, ya había decretado la inexistencia de mala praxis en las sedaciones. Ese informe atribuyó la alta mortalidad en las urgencias del Severo Ocho a una cuestión organizativa: al ser un hospital colapsado –aunque estaba diseñado para ser el hospital de referencia de 240.000 personas, en realidad atendía a 400.000– se habían construido en ese servicio dos salas de terminales. Por eso la tasa era más alta que el resto de hospitales. 

En marzo de 2005, el entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, abrió una investigación tras recibir de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre una denuncia por presunta "mala praxis" y comenzó a investigar si los pacientes recibieron "dosis excesivas de fármacos" que les pudieran haber causado la muerte. Sin embargo, las familias de los supuestos asesinados no presentaron denuncia alguna, a pesar de recibir llamadas anónimas que les animaban a presentarse como acusación con lo que, decían, obtendrían cuantiosas indemnizaciones.

Según relató El País, cuando Moix estaba a punto de archivar la denuncia por falta de pruebas, la consejería llevó el caso al juzgado el 24 de mayo de 2005 basándose en un informe elaborado por un comité de expertos nombrado a dedo por Lamela para que analizara las historias de las supuestas víctimas, pues los inspectores enviados al hospital por la consejería habían decretado previamente la inexistencia de mala praxis.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés, Rafael Rosel, redujo los casos investigados de 339 a 15 y acabó archivando la denuncia el 22 de junio de 2007 al no haber encontrado elementos suficientes para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial". Dejaba así abierta la posibilidad de que pudiera haber existido una "mala praxis" en la administración de fármacos, lo que llevó a Montes y el resto de médicos a acudir a la Audiencia de Madrid, que en enero de 2008 archivó definitivamente el caso y ordenó retirar del fallo cualquier alusión a la mala práctica médica. 

Se intentó así limpiar el nombre de los facultativos, que llevaban tres años siendo objeto de una campaña pública de difamación capitaneada principalmente por el diario El Mundo y la cadena Cope e instigada por el PP. Varios de ellos decidieron dejar la sanidad madrileña y se marcharon a trabajar a hospitales de Castilla-La Mancha. Montes siguió en el Severo Ochoa hasta su jubilación.

Activismo 

En los últimos años, ya retirado, siguió con su trabajo "incansable" en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que estuvo vinculado durante una década, según comentan en su entorno. "Era muy militante de las cosas en las que creía", dicen estas mismas fuentes. Estaba convencido de que los representantes políticos debían tener en cuenta la importancia de la libre disposición de la propia vida para no estar de espaldas a la ciudadanía. "La mayor sensibilización ante la eutanasia es haber vivido una mala muerte en tu entorno", dijo en 2016 en una entrevista con infoLibre. 

La defensa de la sanidad pública fue otro de los grandes caballos de batalla de su vida. Su participación fue muy activa en la marea blanca que detuvo el plan privatizador que impulsó la expresidenta Esperanza Aguirre junto a  un viejo conocido para él, Manuel Lamela, y que pretendía entregar a manos privadas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos. 

También estuvo vinculado a Podemos, de cuya primera dirección en Madrid formó parte entre 2015 y la segunda mitad de 2016. De hecho, su muerte fue anunciada en la Asamblea de Madrid por su amiga Carmen San José, médica y diputada de la formación morada, mientras se debatía una comparecencia del consejero de Sanidad sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno regional para hacer efectiva la ley por una muerte digna de la Comunidad de Madrid, aprobada hace un año, y que garantiza el derecho de las personas en situación terminal y de agonía a recibir cuidados paliativos integrales en los hospitales públicos o privados o en su propio domicilio. 

El excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ocho de Leganés y presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes, ha fallecido este jueves a la edad de 69 años, según ha anunciado la portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carmen San José, informa Europa Press.

Tras conocer su fallecimiento en el Pleno de la Cámara regional, los diputados de la bancada socialista y de Podemos han querido hacerle una ovación en reconocimiento a su lucha "incansable" a favor de la muerte digna.

Montes era licenciado de Medicina y especialista en anestesia y reanimación. Fue director médico del Hospital La Paz de Madrid, jefe del Servicio de Reanimación del Hospital Severo Ochoa de Madrid y coordinador del Servicio de Urgencias de ese mismo centro.

En 2005, la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre le acusó falsamente de haber aplicado sedaciones irregulares a 400 enfermos, un caso que finalmente fue sobreseído por los tribunales.

Montes quiso limpiar su nombre, como dictaminó la Audiencia Provincial de Madrid, llevando a la Justicia a la entonces cúpula de la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Junto con el doctor Miguel Ángel López Varas, denunció en 2009 un presunto delito de denuncia falsa al entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y a otros cargos madrileños de este ámbito. La querella se dirigió también contra seis médicos que participaron en un informe encargado por Sanidad en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la lex artis, un hecho que nunca se demostró. Finalmente, la querella se archivó.

Desde 2009, se puso al frente de la Presidencia de la asociación Derecho a Morir Dignamente, asociación que defiende la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos hospitalario y extrahospitalarios, a la sedación, la implantación y difusión del testamento vital, y el derecho a la autonomía del paciente, así como el respeto a su voluntad y libertad individual.

En abril de 2011 se conoció la sentencia por la que se condenaba a Miguel Ángel Rodríguez, antiguo portavoz del gobierno de José María Aznar al pago de 30.000 euros como autor de un "delito continuado de injuria grave realizado con publicidad" contra el doctor.

Reacciones

Diversas personalidades han rendido tributo este miércoles al anastesista salmantino a través de las redes sociales. Así, el diputado regional José Manuel López de Podemos ha colgado un tuit en el que destaca que gracias a él Madrid cuenta con "una Ley de Muerta Digna". "Luchador y justo como pocos. El #PlenoAsamblea aplaude y llora. No todo, pero a él le hubiera gustado así. Que la tierra te sea leve", señala su mensaje colgado en Twitter.

También la parlamentaria socialista Carla Antonelli ha querido rendir un homenaje al doctor a través de su cuenta de Twitter. "Fallece Doctor, #LuisMontes, presidente Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), perseguido, acusado y absuelto por sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Madrid, ahora mismo se ha pedido un aplauso en @asambleamadrid y algnxs indignas señorías se han negado #MuerteDIGNA2, señala.

El doctor Luis Montes, que lidera la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) explica a infoLibre el por qué de la aceptación de los delitos y del acuerdo con la Fiscalía y analiza la situación del debate sobre la muerte digna en España. A su juicio, la sociedad española cada vez es más proclive a que se fomente la propia capacidad de decidir en todos los ámbitos de la vida, incluido en su final. Montes, ya jubilado, fue injustamente acusado de llevar a cabo sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2008, la Audiencia Provincial de Madrid archivó definitivamente la causa presentada contra él por el Ejecutivo madrileño (PP) y ordenó restituir su nombre y retirar cualquier alusión a mala práctica médica.

PREGUNTA: ¿Por qué han decidido admitir los cargos de los que les acusaba la Fiscalía y llegar a este acuerdo? 

RESPUESTA: Tal y como se condujo la situación por parte del juzgado y la Fiscalía pensamos que lo más prudente era llegar a un protocolo de conciliación. Se planteó la posibilidad de bajar el delito de cooperación al suicidio a complicidad, lo que reducía bastante las penas. Ha sido una decisión dura porque en la asociación no asumimos la implicación de nuestros miembros en los hechos que han sido objeto de investigación ni la calificación de los delitos que realizó el Ministerio Público. No obstante, como dice el saber popular, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y en el ámbito de la  justicia –igual que en el de la medicina– todo está ideologizado. Eso fue lo que nos hizo aceptar.

P: ¿Cree que esta sentencia puede contribuir a reabrir un debate, el de cómo afrontar el final de la vida, que parece haber estado aparcado en los últimos tiempos? 

R: Es un debate que va y viene, que toma más protagonismo en momentos puntuales. En España fue Ramón Sampedro, con su lucha judicial y su suicidio, quien lo puso en la agenda. Después vinieron el caso Severo Ochoa de Leganés o la petición de rechazo al tratamiento de Inmaculada Echevarria... Es cierto que estos casos no han cambiado el ordenamiento jurídico, aunque sí han contribuido a la aprobación de leyes de muerte digna en varias autonomías.

Recientemente ha habido también otras situaciones que han tenido cierta influencia mediática. Me refiero a la condena a dos años de cárcel al hombre de Zaragoza que ayudó a morir a su madre, que llevaba 10 años sin poder salir de casa por los dolores. O al caso de una pareja que intentó la autoliberación con un arma de fuego y él quedó ciego. En ambos casos, los jueces han tenido en cuenta estas situaciones como actos de amor y de final de la vida por compasión. 

P: ¿A qué se enfrenta en España una persona que participe en una eutanasia activa habiendo una petición de la persona que quiere acabar con su vida?

R: El Código Penal establece penas de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona y de seis a diez años si la cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte. Pero el verdadero problema es que se penaliza al colaborador necesario. Es decir, se penaliza la inducción y la cooperación al suicido aunque se produzca tras una petición expresa y reiterada de un demandante que viva en un contexto de intenso sufrimiento y a pesar de que ese acto se realice por una motivación de justicia y solidaridad... En estos casos, las penas se pueden reducir uno o dos grados. Este último artículo es el que, desde DMD, pedimos que se cambie. 

P: Ahora, a las puertas de unas nuevas elecciones, parece ser un buen momento para pedir estos cambios. ¿Qué piensan los partidos al respecto? 

Antes del 20-D en DMD organizamos varios debates en los que invitamos a representantes de las diferencias fuerzas políticas para que explicaran su propuestas en relación a este tema. Lo que intentamos es que se retrataran respecto a lo que piensan sobre este asunto. El PP no vino a ninguna de las convocatorias y el PSOE y Ciudadanos lo hicieron a nivel particular, señalando que era un tema que no se había tratado en sus formaciones.

Podemos se mostró favorable a derogar el citado artículo 143 y a sumarse a una ley de muerte de digna, al igual que Compromís, Equo e IU, que ha presentado varias proposiciones de ley en esta línea en las últimas legislaturas, aunque nunca consiguió los apoyos necesarios. Este es un debate que está en la ciudadanía desde hace mucho tiempo y que los representantes políticos deben tener en cuenta para no estar de espaldas a la ciudadanía. Es un clamor popular que se derogue el artículo 143 y se haga un protocolo y una ley de muerte voluntaria.

P: ¿Ha habido algún cambio legislativo en este frente en los últimos años? 

R: Sí, son varias las autonomías que, en el ejercicio de sus competencias, han aprobado leyes de muerte digna. Es el caso de Andalucía, Aragón, Navarra, Galicia, Baleares, Canarias... y también están en trámites normas similares en el País Vasco, la Comunitat Valenciana, Cantabria o Madrid. No obstante, lo que pueden hacer las comunidades es desarrollar la ley de autonomía del paciente en su planificación sobre los cuidados al final de la vida. No tienen competencias para decidir sobre si la muerte voluntaria o el suicidio asistido son legales. También ha habido propuestas para llevar este tema al Congreso de los Diputados, que es la Cámara que tiene legitimidad para iniciar una legislación sobre la eutanasia o el suicidio asistido.

P: ¿Hay alguna legislación extranjera en la que, a su juicio, España tendría que fijarse para, como ustedes defienden, despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido?

R: Los países que en su ordenamiento jurídico han permitido un protocolo en este sentido se han definido por dos situaciones: el suicidio asistido o la eutanasia. Una práctica se diferencia de otra en el papel que juega el colaborador necesario, que es al que se le va a imputar por cometer un delito. En la eutanasia activa, el colaborador necesario da la muerte directamente, una muerte voluntaria, reiteradamente solicitada en un contexto de intenso sufrimiento psíquico y físico, insoportable y refractario a cualquier tipo de tratamiento. En el caso de suicidio asistido, el colaborador procura los medios y el propio ciudadano se da la muerte.

El paradigma es Ramón Sampedro, a quien un colaborador le procuró el veneno para que él mismo –que no era autónomo y no se lo podía procurar– se diera la muerte. El suicidio asistido está legalizado en seis estados de EEUU y en Suiza. Mientras que en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia o Canadá hay aprobadas leyes de muerte voluntaria con aceptación de la eutanasia activa, que es modelo que defendemos en DMD. 

P: ¿Cree que la sociedad española admitiría una regulación en este sentido?

R: La última vez que el CIS incluyó preguntas sobre este asunto fue en 2009 [PDF de la encuesta, aquí]. Entonces, el 73% de los encuestados se mostró a favor de que se regulara la eutanasia y el 82% dijo estar de acuerdo con "administrarle la medicación necesaria para aliviar su sufrimiento aunque acelere su muerte" a un enfermo en fase terminal. No obstante, para mí la pregunta más interesante es en la que se evidencia que el 52,1% de los encuestados había vivido una muerte como consecuencia de alguna enfermedad irreversible en cuya fase final tuvo mucho sufrimiento. Creo que esa es la mayor madurez y sensibilización que hay.

Vivimos en una sociedad que cada vez es más laica. Desde los años ochenta se ha ido avanzando, desde el modelo tradicional paternalista, a otra vertiente autonomista en la que se desarrolla el principio fundamental de la autonomía personal, de la capacidad de decidir... Es indudable que vamos a una participación cada vez mayor en todos los actos importantes de nuestra vida y, desde luego, uno de los más importantes es el de finalizarla. Aunque los dos modelos se solapan, creo que si ahora se preguntara a la ciudadanía hay una corriente mayoritaria que considera que la vida es suya y que quiere decidir sobre ella hasta el final.  

La candidatura Podemos Ganar Madrid, encabezada por el activista y dirigente de Izquierda Anticapitalista Miguel Urbán y que intentará conseguir el liderazgo del partido en la Comunidad de Madrid, ha fichado al actor Alberto San Juan, al doctor Luis Montes y al profesor Jaime Pastor, entre otras conocidas personas de diferentes ámbitos.

Urbán, uno de los fundadores de Podemos y que en el congreso fundacional del partido celebrado en octubre formó parte de la corriente crítica con su líder, Pablo Iglesias, ha elaborado una lista con 44 nombres, 29 de ellos hombres y 15 mujeres. De ellos, finalmente el domingo por la tarde en un encuentro en el colegio mayor Diego Cobarrubias elegirán a 34 nombres. La semana que viene la harán pública en una rueda de prensa.

La candidatura de Podemos Ganar Madrid al Consejo Ciudadano regional del partido cuenta con varias áreas: Anticorrupción y Justicia; Comunicación, Prensa y Redes Sociales; Cultura y Patrimonio; Diversidad Funcional y Accesibilidad; Ecología, Protección Animal, Energía y Modelo Territorial; Educación e I+D+i; Extensión, Organización Territorial y Círculos; Feminismos e Igualdad; Finanzas y Transparencia; Juventud e Infancia; Mayores y Pensionistas; Migración; Participación Ciudadana y TICs; Políticas Públicas y Libertades Civiles; Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales; y Sanidad y Salud.

Así, destaca entre los candidatos en Cultura el actor Alberto San Juan, en Ecología el profesor Jorge Riechmann; en Educación, la conocida activista de la Mareas por la Educación Pública Cecilia Salazar; en Igualdad, la conocida feminista Beatriz Jimeno; en Participación Ciudadana Diego Pacheco –que en el congreso de otoño formó parte del grupo Sumando Podemos, encabezado por el eurodiputado Pablo Echenique–; en Movimiento Sociales el profesor Jaime Pastor; y en Sanidad, Carolina Huelmo, del Círculo de Enfermeras de Podemos.

El nombre más conocido de la lista es el del doctor Luis Montes, que fue director del Hospital Severo Ochoa. Fue denunciado en 2005 por la Comunidad de Madrid a causa de dos denuncias anónimas en las que se les acusaba de sedaciones en dosis elevadas en enfermos terminales en Urgencias de dicho hospital. La causa fue sobreseída. Actualmente sigue como facultativo del servicio de Urgencias y preside la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente.

Dos listras enfrentadas

El nombre de Miguel Urbán, que opta a la secretaría regional de Podemos, fue lanzado en el encuentro general mantenido el domingo en un colegio mayor para explorar la posibilidad de crear, como en otras comunidades, una candidatura unitaria y común para la Comunidad. Sin embargo, y aunque al encuentro acudieron algunos miembros de Claro que Podemos no se llegó a un acuerdo. Así, tal y como se confirmó ayer, el sector afín a Pablo Iglesias ha presentado a su candidato, Luis Alegre, secretario de Participación interna del partido a nivel estatal.

Tras la falta de unidad surgió la iniciativa Podemos Ganar Madrid que agrupa a gente de corrientes críticas con la dirección. Urbán espera plantar cara a Alegre en la campaña electoral de las primarias, que se abrirá el 26 de enero y culminará 8 de febrero. La votación transcurrirá entre el 9 y el 13 de febrero, y la publicación de los resultados será el 14.

"Han arremetido" contra el hospital, decía Wyoming en la presentación, "y han hecho un agujero en el buque insignia de la sanidad pública de la Comunidad". Y añadía: "El quid de este proceso absurdo basado en miserables denuncias anónimas hay que buscarlo en la sanidad privada, que es un chollo. Se siembra la duda entre los pacientes y el miedo entre los profesionales de la sanidad pública madrileña y, si alguien quiere morir sin dolor, que se vaya a la sanidad privada". 

El humorista y presentador de televisión relataba en aquellos días cómo "muchos trabajadores" le habían manifestado "su sorpresa ante la campaña de difamación de varios medios", y de hecho el documental muestra con frecuencia las acusaciones de El Mundo y la Cope. "No pensaban que se pudiera llamar doctor Muerte a un médico respetable y no pasara nada, pero es así y así ha sucedido, y además se ha hecho a sabiendas de que todo se basaba en una denuncia falsa, anónima y miserable que alude al bajo nivel cultural de los habitantes de Leganés".

infoLibre recoge todo el documental –citado por Wyoming en su exhaustivo reportaje sobre el caso Lamela publicado hoy en este diario–, parcelado en seis fragmentos volcados en YouTube. 

Parte I

Parte II

Parte III

Parte IV

Parte V

Parte VI

“Sin apellidos”, eso era antes. Ahora, gracias entre otros a él, podemos empezar a hablar de “sanidad con nombres y apellidos”. Recuerdo un chiste que circulaba en el año 1975, cuando Franco agonizaba, y en el Sáhara, entonces provincia española, el Frente Polisario se enfrentaba a las fuerzas coloniales. Doña Carmen Polo de Franco, mujer del dictador, le visitaba en el hospital y él le relataba sus preocupaciones sobre cómo se desarrollaban los acontecimientos previendo que la colonia iba a caer en manos de Marruecos, su atávico enemigo. Ella le respondía airada: “Te lo dije, haberlo puesto a mi nombre”.

Esta broma que sugería una exagerada y despótica manera de entender la relación de los dictadores con los medios que administran, se ha convertido en una esperpéntica realidad que amenaza con no detenerse hasta dejar absolutamente vacía la vitrina de las joyas de la corona. A esa forma de “poner a su nombre” el patrimonio de los españoles, los neoliberales, con la complacencia de los medios de comunicación, la llaman “privatización”.

Cuando uno observa que los presidentes de las principales empresas públicas de este país, como Telefónica, Repsol, Argentaria… se quedaron en el cargo una vez privatizadas y, para mayor escarnio del sistema democrático, resultaban ser amigos personales, en algún caso de la infancia, del presidente del Gobierno José María Aznar –véase Juan Villalonga, Alfonso Cortina, Francisco González o consejeros y asesores como Eduardo Zaplana, Ángel Acebes....–, entiende que se trata de una verdadera incautación, que nada tiene que ver con la transparencia y honradez que deberían presidir procesos de esta envergadura que, en ningún caso, han aportado el menor beneficio, sino todo lo contrario, al interés general. Los principales beneficiarios de estas operaciones han sido los cargos nombrados a dedo cuando eran empresas públicas que han acumulado, al hacerse copropietarios con la privapropiación, descomunales fortunas.

DE LA AUSTERIDAD AL SAQUEO

Ahora asistimos con perplejidad al descaro con el que se derivan grandes partidas presupuestarias desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hacia empresas privadas en cuya cúpula directiva aparecen los exconsejeros que adjudicaron esos recursos. A simple vista parece un simple fraude para apropiarse de dinero público, cuando se dan las explicaciones pertinentes se confirma.

Son los casos del señor Juan José Güemes y del señor Manuel Lamela. Protegidos y encumbrados por Esperanza Aguirre que ahora, con su característica humildad se ofrece, desinteresadamente, para “regenerar la democracia”. Aznar también urge en la necesidad de hacerlo: los que inventan las trampas se ofrecen para cambiar las reglas del juego.

Ante tamaño atropello al sentido común y la honradez elemental, en estos tiempos de crisis en los que a muchos ciudadanos se les priva de lo esencial, aquellos que predican e imponen la austeridad, se dedican al saqueo. ¿Cómo reaccionan sus compañeros de partido? Salen en tromba, en su defensa apelando a la legalidad de esas operaciones.

Aguirre, Aznar y Botella en un mitin del PP de Madrid en Las Rozas.- PP

La legalidad se convierte en el manto que legitima toda clase de maniobras empresariales llevadas a cabo desde la gestión pública y que tienen como fin el lucro personal. Hay un debate al margen de los resquicios que permiten las leyes y que se refiere a la moralidad, la razón y la justificación de esas acciones.

Los ciudadanos no pagan impuestos de forma voluntaria. Tampoco la cantidad a tributar la deciden ellos. Es la distribución, el empleo de esos fondos públicos, es decir (usemos de nuevo esa palabra que tanto a gusta a los neoliberales) “la gestión” de nuestro dinero lo que nos escandaliza. Son muchos los millones de euros provenientes del trabajo de los ciudadanos que, en lugar de invertirse en servicios necesarios, terminan en los bolsillos de los administradores, al parecer, de forma legal. En otros casos de forma ilegal, pero con prescripciones por medio, que devuelven al presunto su honorabilidad, y su condición de ciudadano respetable y libre para disfrutar lo sustraído, compensando así los malos ratos que la Justicia haya podido hacerles pasar con sus penosos tramites burocráticos.

El efecto de lluvia fina

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este estado de cosas? Viendo el énfasis con el que defienden altos cargos de la Administración estas aberrantes conductas, podemos deducir que quieren establecerlas como modelo. La primera vez que se descubre un caso de adjudicación de fondos públicos por parte de un consejero a la que más tarde será su empresa, se produce un escándalo, pero el goteo y la insistencia en la idoneidad de permitir a estas personas buscarse un puesto respetable en la empresa privada, una vez que abandonan el cargo público, produce el efecto de lluvia fina, y con ella este tipo de rapiña deja de ser noticia.

El listón de las tropelías va subiendo, cada vez pasa más basura por debajo, y con este sistema de expolio de nuestro patrimonio, la calidad de vida de los ciudadanos desciende, se les priva de la menor posibilidad de plantearse un proyecto de vida y desaparece la fe en el sistema, que en un proceso de retroalimentación favorece su desmantelamiento por la desafección de los beneficiarios hacia el Estado del bienestar. Los responsables de la Administración se convierten en auténticas empresas de demolición que obtienen astronómicos beneficios con la expoliación del bien común. Por eso, como decíamos, no se debe centrar el debate en la legalidad de estas perversas maniobras de enriquecimiento personal, sino en cuál es la misión para la que estos señores han sido elegidos y para qué le pagamos dinero nosotros, los ciudadanos, que somos los que les contratamos.

La malicia de estas acciones queda aún más en evidencia si, como a ellos les gusta, llevamos su “gestión” al terreno de la empresa privada que dicen entender muy bien. En unos casos, no hacen más que derivar clientes a la competencia para luego pasarse a ella en claro delito empresarial, pero en otros es aún más descarado, meten mano en la caja y reclaman la acción de la Justicia como único foro donde dar explicaciones. ¿Único? Cuando a alguien le sorprenden robando en su puesto de trabajo, primero tiene que aclarar lo sucedido a sus superiores y son estos los que le denuncian en la comisaría de turno si lo estiman oportuno.

En el caso de estos señores, se ahorran las explicaciones a los ciudadanos, en un desprecio absoluto hacia las reglas del sistema, olvidando que trabajan para ellos y no para los jefes que les nombran. Cuando se les llena la boca afirmando: “A nosotros nadie nos da clase de democracia”, suena redundante, es obvio que ni las reciben, ni las recibieron cuando salieron de aquel sitio para viajar al centro. Ese es uno de los principales problemas del partido que nos gobierna y que como una legión de termitas, incansables, pertinaces, está desmontando el Estado del bienestar.

EL 'CASO LAMELA'

Pero ¿quiénes son estos señores?

Analicemos el caso del señor Lamela. Veamos cómo se ha enriquecido desde que llegó a la política.

Al señor Lamela no le gusta la “sanidad con apellidos”. Tal vez sea consecuencia del mal resultado que le dio, desde el punto de vista mediático, no económico, la primera sociedad que fundó: Lamela Campos SL. Cuando fue ascendiendo en su carrera política, algunos miraban con malos ojos esa cohabitación de lo público con lo privado y decidió dejar el cargo de administrador único de la empresa, para cedérselo a su madre, que junto a su padre componían la totalidad del accionariado.

A pesar de no requerirle demasiado tiempo, ya que su dedicación a la política en aquellos años noventa parecía exhaustiva, le fue muy bien. El objeto de la sociedad era amplio, entre otras cosas, la actividad inmobiliaria y el asesoramiento en la fundación de empresas y, a pesar de que, como decíamos, su dedicación no era exclusiva, consiguió elevar el capital social de la sociedad de 500.000 pesetas con el que se fundó en 1992 hasta 1.013 millones en sólo diez años, es decir multiplicó el capital social por 2.000. Cuando se cuestionó la legitimidad de este tipo de enriquecimiento, enseguida se alegó que no tenía la mayoría del accionariado. Es cierto, no podemos olvidar que también había dos socios, dos personas mayores, sus padres que, a lo mejor, eran unos linces de las finanzas. En resumidas cuentas, estamos ante un ejemplo de cómo compatibilizar la gestión pública con los negocios privados puede rendir pingües beneficios. Claro que es difícil saber qué precio hacen las empresas a un consejero de una comunidad autónoma cuando este, a título personal, contrata sus servicios. Pero dejémonos de conjeturas y vayamos a los hechos.

Agricultura, Hacienda, Sanidad

Aclarado que es un gran empresario a tiempo parcial, siempre dentro de la legalidad vigente, desembarca en el Ministerio de Hacienda de la mano de Rodrigo Rato. En esa época, gracias a su dureza e intransigencia se creó fama de gran “solucionador de crisis”, aunque algunas las fabricara él mismo, como veremos más adelante. De esta etapa es la polémica que se desató durante el primer Gobierno de Aznar, cuando se acusó al saliente Felipe González de haber creado una amnistía fiscal para favorecer a sus amigos –¿les suena?– por un valor de 1.200 millones de euros. El presidente Aznar fue el principal valedor de esta acusación con la que fustigó a una perpleja oposición. Finalmente, se demostró que no existía tal amnistía, todo quedó archivado, nadie se disculpó, y de la crisis salió un vencedor, el que parecía ser urdidor de la trama, que rindió un gran beneficio político por aquello de “difama que algo queda”, cuando se implantó ese sucio estilo del “todo vale” que tanto gustaba al héroe de las Azores. Ese hombre en la sombra que empezaba a sonar en los pasillo se llamaba Manuel Lamela.

Esta manera tan efectiva de hacer política le llevó terminar como jefe de Gabinete de Rodrigo Rato, entonces vicepresidente y ministro de Economía, y con el que volvería a coincidir años más tarde en Bankia, mire usted por dónde.

Antes de Hacienda, pasó por el Ministerio de Agricultura donde, de nuevo, se vio envuelto en varias crisis, la de las vacas locas, la del lino, la de un producto cancerígeno en un aceite de orujo que provocó el descrédito de nuestra exportación y la indignación de los agricultores… Allí donde hubiera un delito de corrupción económica o de salud pública, había un hombre capaz de resolverlo como fuera: nuestro hombre. Se autoadjudicó, con razón, esa medalla al mérito de resolver lo irresoluble gracias a, como decimos, su dureza e intransigencia, pero también y, sobre todo, a su falta de escrúpulos y su disposición a la fabricación de insidias para obtener rendimiento político o económico… La historia le daría la oportunidad de demostrar hasta qué punto era capaz de mentir sin parpadear, y de decir una cosa y su contraria sin el menor rubor. Arte que, por desgracia, se ha instalado, extendido, convertido en rutina y trepado hasta las más altas instancias de gobierno.

En el año 2003, de la mano de Esperanza Aguirre, entra en la Comunidad de Madrid como consejero de Sanidad, donde enseguida descubrirá eso que ellos mismos bautizaron en la convocatoria para capacitar a los empresarios de cara a la gestión de la sanidad pública como: “Una gran oportunidad de negocio”. Entonces, como ahora, los responsables de la Comunidad de Madrid negaban la más mínima intención de privatizar la sanidad pública, mientras se sacaba a subasta en el mercado. De nuevo nuestro hombre se encargó de resolver el problema de impopularidad que tal política suponía y para ello se valió de la estrategia más miserable de la historia de nuestra democracia: dio crédito a una denuncia anónima que acusaba a un equipo de médicos del hospital Severo Ochoa de haber asesinado a 400 personas.

Ataque al buque insignia de la sanidad pública

El hecho de que la acusación viniera de la propia Consejería aportaba credibilidad a la denuncia ya que sería el propio consejero denunciante el responsable en última estancia de estos hechos y, si esta fuera una democracia como las del resto de Europa, al darlos por ciertos, debería haber presentado su dimisión. Todo resultaba muy extraño, y especialmente traumático para los médicos denunciados que sufrieron un linchamiento social, mediático e institucional, durante casi tres años.

El hospital Severo Ochoa de Leganés era uno de los buques insignia de la sanidad pública española. A pesar de cubrir dos áreas, es decir, tener asignados muchos más pacientes de lo normal, había sido celebrado como uno de los de mayor calidad de asistencia de toda España. No fue casualidad que el torpedo en la línea de flotación se lanzara, precisamente, contra este hospital. Entonces no se entendía bien por qué se realizaba una acusación tan grave desde la propia Consejería.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la figura de una denuncia anónima no tiene el menor valor jurídico en un Estado de derecho. Esa misma denuncia, que al leerla causa rubor, ya había circulado con anterioridad por la consejería, y siendo consejero el señor José Ignacio Echániz (también del PP), quiso zanjar este asunto enviando un equipo médico al hospital para que investigara qué ocurría allí. Tras dos meses de averiguaciones concluyeron que no sólo no existían irregularidades en el trabajo de sedación de los enfermos terminales, sino que felicitaron al equipo por su buena labor terapéutica. Por eso es más sorprendente aún que Manuel Lamela decidiera tomar de nuevo la denuncia y utilizarla, ahora en los juzgados, para atacar a este grupo de médicos.

La funesta comparación con los nazis

A la vez que se detenía al doctor Luis Montes y salía en las portadas de todos los diarios acusado de asesinar a cuatrocientas personas como si fuera un psicópata peligroso, se firmaba en la sombra, sin el menor debate político o exposición de su contenido, los principios que regirían la privatización de la sanidad madrileña que estamos pagando ahora. La subrepticia introducción de la privatización de la sanidad en nuestras vidas, a espaldas de los ciudadanos, quedó totalmente eclipsada por estos supuestos homicidios y su polémico desarrollo político, mediático y judicial.

La cuestión se complicó sobremanera, porque por el normal funcionamiento de un hospital, donde los equipos rotan, tienen turnos de asistencia, y los enfermos pasan por distintas plantas, no podría llevarse a cabo tamaña historia criminal mantenida en el tiempo sin la colaboración necesaria de decenas de profesionales, médicos, ATS, celadores… Para completar el absurdo, era un delito sin víctimas porque las familias de los supuestos asesinados no presentaron denuncia alguna, a pesar de recibir llamadas anónimas que les animaban a presentarse como acusación con lo que, decían, obtendrían cuantiosas indemnizaciones.

Estas personas nunca se identificaban, pero tenían todo tipo de datos de los familiares de los supuestos asesinados, no es difícil concluir de dónde salía la información. Lejos de eso, y a pesar de no tratarse, en general, de familias que vivieran una situación económica boyante, se negaron a denunciar a los médicos y manifestaron el buen trato que dispensaron en todo momento a sus familiares fallecidos. Las autoridades de la Comunidad de Madrid, tuvieron la desvergüenza de justificar esta ausencia de denuncias con el argumento de que se trataba, en muchos casos, de familias de bajo nivel cultural a las que resultaba sencillo manipular, que querían deshacerse de sus familiares mayores porque les suponían un estorbo en casa. Con tan falaz justificación ahora el asesino pasaba a ser el pueblo de Leganés. Las manifestaciones de apoyo al hospital y sus médicos se sucedían por las calles de la ciudad y el resto de la Comunidad de Madrid, mientras desde las radios y periódicos de la derecha se compara a estos médicos con los que dirigían los campos de exterminio nazi.

Sabía que eran inocentes

El señor Lamela se mantuvo firme en sus acusaciones y sostuvo la irregularidad de las sedaciones, aunque a veces afirmaba no tener nada que ver con la causa y que todo aquel embrollo era una cuestión judicial al margen de su competencia.

Como en anteriores ocasiones, la causa se archivó, pero el daño que causó a las personas afectadas fue tremendo. Yo realicé un documental sobre este tema para la televisión y después de analizar mucha información llegué a la conclusión de que en ningún momento el señor Lamela creyó que estos médicos habían matado a un solo paciente. Entre otras cosas porque no se les apartó de su servicio. Siguieron trabajando en el hospital, entrando y saliendo de los quirófanos. Implicaría una enorme irresponsabilidad dejar que personas que han asesinado a cuatrocientos pacientes sigan ejerciendo el oficio que les permite llevar a cabo sus planes criminales. Él sabía desde el primer momento que eran inocentes, de ahí la amoralidad y inmensa la crueldad de estos líderes políticos, dispuestos a lo que sea con tal de conseguir sus fines, en este caso, como he visto después, económicos.

Como él mismo afirmó después de la sentencia absolutoria de los médicos: “Sólo se dimite cuando alguien se equivoca”. En efecto, no se equivocó, la estrategia funcionó perfectamente, su mentora Esperanza Aguirre le felicitó y le manifestó su incondicional apoyo en todo momento, colaborando en la campaña difamatoria siempre que fue preguntada por el caso, mientras duró el proceso. Para ellos, el quebranto causado a estos profesionales desde la Consejería para la que trabajaban como médicos, era intrascendente, carecía de importancia, y a pesar de que la sentencia ordenaba “limpiar cualquier sombra de duda sobre mala praxis en el Hospital Severo Ochoa”, siguieron afirmando sin el menor problema de conciencia que, simplemente, “esa mala praxis” que denunciaban no se había podido demostrar.

El señor Lamela, al conocer la sentencia, aprovechó para marcharse de vacaciones a esquiar. No sentía que tuviera que dar explicación alguna a los ciudadanos por este embrollo que tuvo en vilo a la sanidad y a la sociedad entera durante tres años. Esta costumbre de eludir las obligadas explicaciones que merecen los ciudadanos también se ha instaurado entre la clase gobernante.

23 cargos en empresas ligadas a la sanidad

¿Acabó este escándalo con su carrera política? No, como dice la canción: “Nada de esto fue un error”. Lo réditos que rindió la estrategia son difíciles de calcular. A él le llevaron a ser consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, y más tarde, como ya hemos dicho, a consejero de Administración de Caja Madrid Cibeles (Bankia) con Rodrigo Rato y miembro, agárrense los machos, de su Comité Auditor.

Mientras, puso en marcha un complejo entramado de sociedades relacionadas con la sanidad, llegando a ejercer desde 2009 hasta hoy más de 23 cargos en distintas empresas del ramo.

Ya lo ven, la capacidad de transformación profesional en función de la Consejería que se preside es asombrosa. Ahora descubren, algunos con sorpresa, que es adjudicatario de aquello que privatizaba.

Como el actual consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, defiende la gestión de Lamela, al tiempo que afirma que no tiene por qué conocer ni investigar el accionariado de las empresas a las que cede la gestión de lo público, o sea, no sabe ni le interesa a quién traspasa tan espectaculares recursos económicos, da a entender que podría seguir los mismos pasos de esa carrera ejemplar.

EL MAYOR DE LOS NEGOCIOS

Algunos ciudadanos, entre los que me incluyo, no la vemos ejemplar y menos aún teniendo en cuenta que todos los informes técnicos de los profesionales de la medicina, tanto españoles como internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan contra esta política de privatización concluyendo que no sólo es más cara sino que, además, baja sensiblemente la calidad de asistencia. Llama especialmente la atención la situación de la sanidad británica, donde se inició este tipo de política que ha costado, según datos por los que se ha disculpado el propio primer ministro, al menos 2.500 muertes que podían haberse evitado. Claro que estamos en manos de personas que no parecen dispuestas a dejar pasar lo que ellas mismas bautizaron como “una gran oportunidad de negocio”. 

Se equivocan, la salud, vista en términos mercantiles no es una oportunidad de negocio, es el mayor de todos lo negocios imaginables.

Es muy grave que ante la situación de emergencia que ha provocado esta crisis económica, algunos responsables de administrarla, en lugar de intentar paliar el daño que va a producir en la ciudadanía se entreguen al saqueo de nuestro patrimonio con el aplauso encendido y solidario de sus compañeros.