La renuncia de Alberto Garzón a trabajar en Acento Public Affairs, la consultora fundada el histórico dirigente del PSOE, José Blanco, y presidida por el exministro de Sanidad con el Partido Popular, Alfonso Alonso, ha reabierto un viejo debate dentro de la izquierda. Garzón, que en un primer momento aceptó incorporarse a la Dirección de Prospectiva Geopolítica de Acento —donde hubiera ejercido de lobbysta— y estaba pendiente de recibir por escrito la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno, ha acabado rechazando el puesto tras las críticas suscitadas dentro de su espacio político. "No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros", afirma el exlíder de IU en una misiva publicada este miércoles.

Garzón reconoce que la noticia, conocida en la víspera, "despertó un enorme revuelo en el ecosistema de izquierdas," incluyendo a las formaciones y los espacios políticos a los que dedicó "todas sus energías" durante los últimos doce años, en referencia a Izquierda Unida, Unidas Podemos y Sumar y que "la impresión general" que se le trasladó es que la decisión "afectaría negativamente a las expectativas electorales del espacio político", asegura. Aunque el exministro de Consumo da un paso atrás, también pide a la izquierda que reflexione "sobre cómo trata a los hombres y las mujeres que dedican su tiempo, su energía, y su vida" a "los proyectos colectivos".

La presencia de figuras salidas del espacio político a la izquierda del PSOE es relativamente infrecuente en el avispero de la consultoría española de asuntos públicos. En general, la actividad de políticos en el negocio del lobby es frecuente objeto de críticas, normalmente centradas en la acusación de que ponen contactos adquiridos durante su etapa de servicio público, que pueden seguir ocupando cargos institucionales, al servicio del interés de sus pagadores. Esa fue la crítica lanzada por varios excompañeros de filas de Garzón como el excoordinador de IU y referente en la izquierda andaluza, Antonio Maíllo; el expresidente Ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz; o el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que escribió un duro artículo en Diario Red. Otras voces, sin embargo, defienden que Garzón tiene derecho a buscarse la vida tras dejar la política institucional e incluso que la izquierda debe saber darle "una salida" a sus dirigentes.

Así lo ve Gaspar Llamazares, el exlíder de Izquierda Unida y actual concejal en el Ayuntamiento de Oviedo. "Soy partidario de que los políticos vuelvan a la vida civil y que las únicas trabas que tengan para hacerlo sean las legales", señala en conversación con infoLibre. A su juicio, lo que está ocurriendo con Garzón es un "juicio político" con "ribetes puritanos": "Yo no estaba de acuerdo con Alberto en muchas cuestiones a nivel político, es de sobra conocido, pero no voy a criticar su reubicación ni a ejercer de inquisidor para resarcirme. Ya bastante difícil lo tienen los políticos a la hora de incorporarse a la vida civil", asegura.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, discrepa. "Hay sitios donde un líder de la izquierda no puede trabajar. El lobby para determinadas empresas y gobiernos es uno de esos. Además, todos los líderes son rehenes de lo que han dicho para ganar votos por la izquierda. No se trata de hacer voto de pobreza. Hacemos política, no sacerdocio. Pero hay que mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace", subraya. A su modo de ver, este tipo de movimientos, "dinamitan la credibilidad de la izquierda", traslada.

Por su parte, la excandidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que también abandonó todos su cargos hace unos meses, se considera afortunada por haber vuelto a la cooperativa de abogados en la que trabajaba antes de iniciar su etapa política. Sobre el caso de Garzón, señala que "hay gente que entra muy joven en política institucional" y que, después, tiene "difícil salir al mercado laboral" especialmente "si eres de determinados partidos". "Eso obliga a mucha gente a aferrarse a cargos institucionales y cabalgar contradicciones, porque al final la política se convierte en un medio de subsistencia y no debería ser así".

Sobre esta cuestión, Monedero señala que deberían ser los propios partidos políticos los que busquen "salidas dignas" para aquellos líderes que "no puedan volver a su trabajo anterior": "El PSOE lo hace y el PCE lo hacía", asegura. "Como no queremos políticos profesionales, hay que ver qué van a hacer los que dedican sus diez mejores años de su vida a la política y luego tienen que seguir trabajando desde ese estigma", traslada. Llamazares asegura que hay una "doble vara de medir": "Nadie lamenta la situación de quienes tienen dificultades para reincorporarse a la vida labora, y los ha habido, solo se ven aquellos que se reubican de manera espléndida".

Desde la izquierda siempre se ha puesto en valor que históricos dirigentes de IU como el propio Julio Anguita o Gerardo Iglesias volvieran a sus respectivos trabajos tras su etapa en política institucional. El primero, como maestro de primaria, y el segundo, de picador en la mina. De hecho, en una entrevista reciente con El Confidencial, Iglesias contó que volvió "porque tenía una excedencia de Hunosa": "Era lo más práctico. Tuve algunos ofrecimientos laborales para no volver a la mina, lo que ahora se llaman puertas giratorias, pero yo no soy de esos, amablemente los rechacé y volví a la mina", confesaba.

Llamazares asegura que siente el "mismo respeto" por la decisión de "Julio o Gerardo" que por la de Garzón y señala que, detrás de algunas críticas, hay una utilización "partidista" de una decisión "personal" del exministro de Consumo. Alude concretamente, a las críticas lanzadas por el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y considera que tampoco es quién para criticar porque él dirige "un medio de comunicación que ha tenido relación con gobiernos" : "Si llevamos esa visión al extremo, nadie que haya estado en el ámbito de las decisiones políticas podría trabajar en una empresa privada".

En ese sentido, Jacinto apela a que la izquierda tiene que "revisar" cómo se abordan estos debates: "Deberían hacerse de una forma más cuidadosa, sin utilizar un error o una contradicción para intentar laminar políticamente a alguien ni para cobrarse viejas rencillas. Es un fracaso de este ciclo de política institucional dentro del espacio alternativo de la izquierda", reflexiona. Así, también considera que la izquierda debe crear "espacios" donde la gente "pueda desempeñar su trabajo de forma autónoma y poder aplicar las destrezas que adquieres cuando llevas tiempo en política institucional": "Apelo a no juzgar a quien sigue en política institucional ni a quien se va".

Monedero lamenta que el espacio de la izquierda se está "tuiterizando" porque hay "mucho odio y poca reflexión": "Se le presta demasiada atención a las redes y no son un reflejo de la realidad. Aunque terminan como profecías autocumplidas precisamente por hacerles caso", señala. El cofundador de Podemos considera que la izquierda tiene un problema porque descarga "su ira" contra organizaciones dentro de su mismo espacio y así "se queman los fusibles".

Además, la excandidata de Unidas Podemos en Madrid cree que el debate no se puede enfocar únicamente desde el lado de la política institucional y pone en valor "la figura del militante" que "no percibe ningún tipo de remuneración": "Hay que reconocer a todos los activistas que, muchas veces hacen el mismo trabajo y no reciben contraprestación, pese a que cuentan con las mismas dificultades a nivel de paro, precariedad e inserción en la vida laboral", zanja.

Pablo Neruda decía con respecto a su amigo y poeta Aleixandre: “ahí está, con su frágil salud de hierro”.

Otro asalto fallido.

El asalto a las instituciones democráticas de Brasil, después del fracaso electoral del bolsonarismo por un resultado ajustado, podía formar parte de la crónica de un largo conflicto anunciado a consecuencia de la polarización populista entre los brasileños. Sin embargo, no ha dejado de significar una cierta sorpresa para la nueva administración de Lula da Silva, para América Latina y para el mundo. Quizá debido a la falsa seguridad de su inmediato reconocimiento internacional, así como a la aparente normalidad en la toma de posesión, es verdad que sin el reconocimiento explícito por parte del presidente saliente Jair Bolsonaro y a pesar de las concentraciones frente a los cuarteles instando a los militares al golpe de Estado nada hacían prever algo tan improvisado y efectista (más que efectivo) como el asalto al unísono al Parlamento, a la sede de la Presidencia y del Tribunal Supremo para tan solo ocupar las instituciones democráticas y no como acto desencadenante de algo más elaborado como dictan los manuales del golpe de Estado. Un hecho que casi mimetiza, pero sin el mismo grado de  violencia, lo ocurrido hace dos años en el Capitolio de los EEUU ante la evidencia de la derrota electoral del trumpismo, una derrota que entonces también se negaba con la consabida teoría de la conspiración, pero con la importante diferencia de que en el último momento, dentro y fuera de la sede del Congreso norteamericano, se seguía intentando revisar el resultado para impedir su ratificación.

En uno y otro caso, los asaltos se han producido después de un periodo presidencial de gobierno presidido por la agitación ideológica ultraconservadora por parte del nacional populismo que ha polarizado y dividido al país hasta el extremo, pero que finalmente no ha logrado el objetivo de consolidarse frente al funcionamiento regular de las instituciones y frente a la resistencia democrática de la mayoría expresada en las urnas. Una mayoría ajustada en este último caso de Brasil y más clara en el de los EEUU, pero una mayoría al fin y al cabo.

La herencia en ambos casos no es solo de polarización política sino también de fractura social, racial, de creencias religiosas e incluso entre los Estados con gobiernos progresistas y conservadores así como de conflicto entre los  poderes legislativo y ejecutivo con el judicial. La judicialización de la política no es el menor de todos ellos.

La reacción inmediata en la política española ha coincidido en el rechazo del asalto y el apoyo a la democracia por la mayoría de los países y de las fuerzas políticas. Sin embargo, por parte de la derecha política y mediática ha ido de la habitual banalización y la instrumentalización interna de la política exterior, dentro de una estrategia populista de deslegitimación tanto del gobierno de coalición como en especial de sus apoyos parlamentarios, a un silencio más que elocuente por parte de la ultraderecha y de la presidenta de la comunidad de Madrid. Al igual que ocurrió con el golpe contra el Capitolio, buscando como excusa la asimilación abusiva de ambos asaltos a las instituciones democráticas americanas con la política doméstica, bien con las concentraciones de Rodea el Congreso o con las del 1 de Octubre e incluso alertando del desarme del Estado ante hechos similares en España como consecuencia de la reciente supresión del delito de sedición en el Parlamento.

La imagen del esperpento de unas coincidencias tragicómicas y el fracaso final de ambos asaltos no pueden suponer en ningún caso la banalización de la amenaza del nacional populismo ni la relajación de una urgente y firme respuesta para reforzar y revitalizar las democracias, ya que ambos asaltos son a la vez una muestra de la impotencia del populismo pero también una amenaza seria para el futuro de la democracia como sistema. Por eso la simple banalización de estos hechos demuestra, en primer lugar, una falta de comprensión de lo que es la democracia, en alusión al título del ensayo Cómo mueren las democracias. Que además se haga en un país que vio su destrucción para no reconstruirse hasta pasados cuarenta años de dictadura indica el grado de fragilidad que padece la esfera de la política. 

Con ello, se confirma una vez más que el populismo en sus diferentes versiones, que ha acompañado a la evolución de la democracia desde la antigüedad, es un virus que se fortalece en los momentos de mayor debilidad de la democracia y aparece como una peligrosa alternativa ante las situaciones de crisis de la misma.

Así, con el fin de la guerra fría se abría una etapa de primacía de un nuevo orden multipolar, los derechos humanos y el derecho internacional en el marco de una ONU que debía ser profundamente reformada.

También de extensión de la democracia y de los derechos políticos y sociales en el ámbito de los estados a nivel internacional, incluso más allá del pacto social posterior a la segunda guerra mundial.

Sin embargo, la globalización trajo consigo durante estas últimas décadas el imperio de un orden unipolar por parte de los EEUU y por otra parte la aplicación de las políticas neoliberales que han dejado los derechos sociales en papel mojado, provocando la pérdida de intensidad en el contenido social y de libertades de las llamadas nuevas democracias, con su regresión a las llamadas demoduras o directamente a regímenes iliberales y autoritarios.

En este sentido, los factores que han favorecido la aparición del populismo como alternativa a la crisis de la democracia se han visto favorecidos por el caldo de cultivo de la desigualdad obscena y el malestar social, en particular por el desplome de las clases medias. Como si de una ley newtoniana se tratase, y quizás sea así, el virus del populismo surge de un contexto socioeconómico complejo pero determinado por la desigualdad, que genera desconfianza en la política y crisis de credibilidad de las instituciones democráticas que se muestran impotentes como instrumentos de cambio y protección social como consecuencia de la impotencia, cuando no de su subordinación al diktat austericida del poder económico y su corolario de corrupción política. 

Además, la digitalización y las redes sociales, con la individualización y simplificación de los problemas sociales complejos en un tiempo de catástrofes y emergencias, junto a la escalada de la agitación entre los que piensan igual, y su contagio a los medios de información, han funcionado como un nuevo factor histórico acelerante de la polarización. 

En este sentido, el nacional populismo hoy predominante se caracteriza por la negación del pluralismo democrático y de sus instituciones mediadoras, en particular el parlamento y los partidos políticos, repudiados como superfluos y como parte de una casta progre, parasitaria y traidora a la patria y a dios, en favor de una noción originaria y unívoca del pueblo, con un único interlocutor personal identificado con el jefe populista e incluso en algunos casos como el mesías de Bolsonaro.

En consecuencia, entre los enemigos del pueblo se encontrarían no solo los inmigrantes, sino las izquierdas, las feministas, los ecologistas, también los agnósticos y los científicos, en nuestro caso particular junto a los independentistas.

Por eso, aparte de la polarización y la división política y social, las secuelas de este tiempo populista son evidentes y han dejado graves estigmas sobre la piel de las democracias, tanto entre las jóvenes como en las más maduras, que es necesario conocer y suturar para fortalecer la resistencia democrática ante la gravedad de la amenaza populista. No es casual que en los últimos tiempos se haya deteriorado aún más el funcionamiento de los poderes y de las principales instituciones de la democracia como el parlamento en su papel central de cerebro de la democracia y marco de diálogo y el acuerdo políticos, degradado como mero campo de batalla y sobreactuación teatral, el gobierno sometido a la deslegitimación de la oposición y a un funcionamiento compartimentalizado lastrado por los relatos de parte, a una política judicializada, y en general a la crisis de la conversación pública y la cultura democrática que es el verdadero corazón de la democracia. Un nuevo populismo que genera el problema y a la vez se presenta como la solución.

Una amenaza que se identifica cada vez más con los paradigmas de la nueva derecha y la ultraderecha y no solo en América Latina, sino también en los EEUU y en Europa, y que no es exclusiva de los partidos mencionados sino que se amplía a los partidos conservadores tradicionales que comienzan asumiendo la estrategia de deslegitimación del Gobierno y el parlamento al rebufo de la ultraderecha y terminan agitando la teoría de la conspiración para negar la legalidad de los resultados electorales cuando éstos les son adversos. Tenemos la suerte de que este proceso no es nuevo y las democracias, recién llegadas a la Historia en el siglo XVIII, han padecido ya estas patologías. Este conocimiento de la enfermedad permite identificar, al menos en parte, sus causas, entender el proceso y elaborar pronósticos y respuestas. La cultura democrática es, de forma esencial, un acumulado de conocimiento que nos resultará imprescindible incluso para responder a novedades como la antes mencionada sobre las nuevas tecnologías. El populismo es la antesala del autoritarismo que termina en totalitarismo, no tiene otra salida. Como en Brasil, la gran cuestión de nuestra época no está entre derechas e izquierdas, un eje que nunca desparecerá porque expresa la pluralidad de una sociedad compleja, se producirá fundamentalmente en una categoría previa que engloba a la anterior entre demócratas y no demócratas, esa visión es la que tiene que recuperar también la política española.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

La reforma del solo sí es sí aparece como respuesta al movimiento feminista y al clima de indignación popular como consecuencia del caso de la manada, en un contexto que a veces parecía partir de la presunción de culpabilidad de las víctimas. De tal manera que para algunos jueces casi era necesaria la violencia brutal del agresor y la resistencia heroica de la agredida para trascender de la calificación de meros abusos a una sentencia de violación.

El objetivo de la ley orgánica de garantía de la libertad sexual era y es la consolidación normativa del requisito indispensable del consentimiento explícito en las relaciones sexuales y a la par el abordaje integral de la prevención y respuesta a los delitos sexuales con la máxima protección de la víctima como principal finalidad, equiparando a España con otros 11 países europeos, entre ellos Reino Unido, Suecia y Portugal. La legislación también se ocupa de los delitos sexuales contra los niños y propone la reeducación de los delincuentes. Esa es la razón por la que en la nueva ley, además de endurecer las penas frente a los delitos más graves, se suprimen los abusos para limitar los tipos penales a la agresión sexual y la violación, con la inevitable modificación a la baja de la horquilla de las penas al objeto de garantizar con ello el mantenimiento del principio de proporcionalidad en particular en los casos sin agravantes.

El primer riesgo es que siempre que se legisla en caliente se provoca como consecuencia la expectativa lógica de entrar en el populismo penal por el que todo se soluciona con la elevación de las penas de cárcel, hasta el límite de la cadena perpetua propugnada por una ultraderecha que hace gala de su perspectiva machista.

De hecho, la mayoría de las reformas parciales del Código Penal a las que he asistido o en las que he participado como diputado lo han sido casi siempre, por no decir siempre, para endurecer aún más las penas de cárcel. Sin embargo, con su aplicación se ha producido, al margen de disposiciones para limitarla, la obligada revisión posterior de las condenas en favor del reo en base al principio de retroactividad de las leyes penales, regulado en el artículo 2-2 del Código Penal y, como consecuencia también, en casi todas las reformas, tanto por parte de los operadores jurídicos como de los periodistas especializados en la materia, la habitual acusación al ministerio de justicia y a las cámaras legislativas de turno de tener una  técnica legislativa deficiente.

No es extraño pues que la legislación penal y penitenciaria española tengan las penas más duras, además del mayor nivel de cumplimiento de las penas privativas de libertad que la mayoría de las democracias de nuestro entorno. Sin embargo, ocurre lo contrario con las más bien escasas penas alternativas a la prisión y con las aisladas experiencias de reinserción como las unidades terapéuticas y educativas (UTEs) de las prisiones, que de acuerdo a la finalidad rehabilitadora que contempla nuestra Constitución deberían ser las prioritarias.

El caldo de cultivo del escándalo mediático y político se da como consecuencia de la aparente paradoja de la expectativa creada dentro del populismo punitivo de endurecimiento de todas las penas frente a la realidad de la revisión y reducción de algunas penas en concreto, sin tener en cuenta el endurecimiento de las penas en los casos más graves como la violación colectiva o en manada y la inclusión de nuevas formas de agresión sexual como la sumisión química.

Sin embargo, como dice el magistrado Joaquín Bosch, "no es ninguna barbaridad la interpretación jurídica del Gobierno sobre que no proceden las reducciones de penas, pues coincide con lo que se está decidiendo en unas resoluciones judiciales. Y tampoco es ninguna barbaridad que haya tribunales acordando esas reducciones".

No obstante, se aprovechan las lógicas revisiones, en particular de los casos con reducciones de algunas penas menores, para distorsionar los efectos, descalificar la nueva ley y acusar al gobierno y a la ministra de igualdad de desproteger a las víctimas, cuando lo importante es que tanto la justicia y la protección de las víctimas como la rehabilitación y la reinserción de los penados avancen.

Una reinserción de los delincuentes sexuales que asciende en la actualidad en la línea de otros delitos a más del ochenta por ciento, a pesar del clima de populismo penal que los considera poco menos que delincuentes sin remisión. Y una evaluación para la que habría que dar un tiempo prudencial para permitir la aplicación del nuevo código penal y asimismo a establecer la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo.

Además, y aunque la polémica en los asuntos penales está servida, ésta se ha descontrolado como producto de la desproporcionada reacción de sorpresa del ministerio de Igualdad,  como si éste no contase con la revisión de penas y de su rebaja por una parte de los jueces, acusándolos de machismo y de una lectura política sesgada de la norma.

Una reacción defensiva que se agrava en particular con la división entre los partidos del Gobierno, en la que ministras del PSOE se abren a una imposible reforma e incluso dentro de Unidas Podemos algunos acusan a la vicepresidenta del Gobierno de "ponerse de perfil", aprovechando todos la ocasión para pasar facturas pendientes. Un tiro en el pie. Y por si fuera poco por parte de la mayoría de investidura, que se han situado al abrigo de las críticas con el 'ya te lo dije' ante la polémica generada por la revisión de las sentencias, siendo conscientes por otra parte de la inutilidad de una disposición transitoria para evitarlo, así como de la imposibilidad de una hipotética nueva reforma que pudiera salvar las revisiones de sentencias.

En resumen, unos se equivocan lanzando la pelota hacia adelante acusando a la justicia y otros se pasan la pelota de unos a otros en vez de asumir la lógica jurídica y los efectos colaterales de la norma.

Todo ello ha dejado al ministerio de Igualdad solo en defensa de la ley del solo sí es sí como objetivo a batir por parte de la derecha, pero no cabe duda que debilita también al conjunto del Gobierno.  Por otra parte, la respuesta de las organizaciones de jueces acusando de mala técnica legislativa a los políticos no deja de ser más de lo mismo como ante las últimas reformas puntuales del Código Penal. Tal y como si los letrados del Gobierno y del Parlamento no fueran tan expertos en la materia como los fiscales,  jueces y magistrados. Al populismo penal parece que le corresponde últimamente una suerte de tecnocracia corporativa.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

En los últimos años, las crisis nos visitan con una frecuencia y una intensidad importantes, hasta el punto de que nos impiden un mínimo periodo de reflexión. Las grandes crisis, que hacía años que no nos miraban de cerca, son hoy el destino seguro de cada uno de nosotros. Crecimos entre la crisis del petróleo y la crisis industrial, y hoy nos vemos ante un rosario imparable de crisis en nuestra madurez. Tanto es así que, en poco más de una década, desde nuestra posición geográfica en la periferia del Estado, en Galicia y Asturias, hemos visto llegar tres grandes crisis (la gran crisis financiera de 2008, la pandemia del coronavirus de 2019-20 y la actual guerra en Europa) y hemos podido comprobar el importante y creciente protagonismo de los líderes autocráticos en muchos países, así como la gran batalla que se está librando entre la democracia representativa y los populismos autoritarios en el interior de nuestro país y de Europa, una confrontación que se ha recrudecido con la invasión de Rusia en Ucrania.

Factores políticos, pero también de otros orígenes o etiologías, religiosos y tecnológicos, explican un fenómeno que Sami Nair en La revancha de los poderosos (Debate, 2022), conceptualizó como "la posverdad, la polarización y el populismo, que se potencian por el cambio tecnológico". Como nos recuerda David Trueba en uno de sus artículos, la guerra es la demostración de que el avance de la tecnología no significa el menor avance en nuestra inteligencia social.

En efecto, las grandes potencias intentan marcar en el tablero tecnológico, pero no solo, una superioridad que, hoy por hoy, ostentan los Estados Unidos, pero que China, su principal adversario estratégico, tiene capacidad de disputar, y no solo en Asia. Por detrás se encuentra la Unión Europea, y con ella España, que debe mejorar, además, en la gestión de la I+D, en la sanidad y los servicios sociales.

En la batalla tecnológica, la Unión Europea ha mostrado una menor competitividad e intenta suplirla marcando el paso con un perfil regulador y con unas normativas que se puedan reconocer por sus valores democráticos. En la guerra propiamente dicha, Europa está mucho más expuesta (su mayor amenaza hoy puede ser el corte de suministro del gas ruso), ya que ocupa la parte central del tablero (geográfico) y está a su vez en la frontera y por tanto en el punto de mira de las intenciones tanto defensivas como expansionistas rusas.

Estas posiciones de la UE no deben ocultar otras asignaturas pendientes de la construcción europea, como la sensación de que los centros de decisión están lejos de los ciudadanos, el conocido déficit democrático, las tensiones que se derivan de las migraciones o las relativas a la participación democrática, como las institucionales y, asimismo, la superación de la unanimidad y del derecho de veto en decisiones tan importantes como las relativas a la salud y la seguridad. Todo ello forma parte de las conclusiones de la reciente Conferencia sobre el futuro de Europa.

Por lo demás, además de las posiciones de la UE, deberíamos comentar algo de la gran batalla que se está librando en Estados Unidos, entre trumpistas y progresistas, contienda que tiene un gran componente de enfrentamiento racial, y que se manifiesta en medio de una gran deriva reaccionaria del país (eliminación del derecho al aborto por la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, derecho de todos los americanos a llevar armas sin una licencia especial, etcétera). Ni que decir tiene que todo esto nos afecta especialmente.

El Gobierno de Trump, desde unas posiciones de derecha ultra y xenófoba, gran productor de mentiras masivas, no solo se benefició de las fake news de origen ruso en su contienda electoral contra Hillary Clinton, no solo trató de impedir en los Estados de mayoría republicana el voto de las minorías, no solo impulsó acusaciones contra sus rivales políticos, a sabiendas de la falsedad de los hechos que denunciaba, sino que, además, desestabilizó la democracia hasta el extremo de impulsar un golpe para intentar impedir el acceso al poder de Biden. Trump, que no dejó de debilitar la democracia desde que accedió al poder, mantiene aún hoy en día secuestrado al partido republicano y todo indica que si no es condenado se volverá a presentar a las elecciones presidenciales.

¿Qué efectos políticos tendrá su vuelta en los próximos años? ¿Cómo se canalizará el deterioro de la democracia en USA? Si esta situación se diera, ¿qué camino tomarán sus relaciones con las otras grandes autocracias y/o dictaduras, como Rusia y China?

Por todo esto es necesario un gran debate. Se deben discutir las posibles terapias para afrontar esta época difícil, porque en estas circunstancias los Estados Unidos no son un aliado fiable para Europa y porque, además, la actual escalada armamentista y la militarización de Europa bajo el mando de la OTAN no favorece su ansiada autonomía, que queda muy tocada con la nueva política de defensa. Esta es una ocasión para un debate de calado, que todavía no se ha producido y que se simplifica con las posiciones atlantistas y antiimperialistas de la guerra fría. Quizá sea tiempo de que la legislación europea pueda mostrar al mundo un camino diferente en un modelo de protección social y desde la defensa de los derechos de las personas y los valores democráticos más inequívocos. También en el modelo de digitalización y de seguridad cuando cuadruplicamos el gasto armamentístico de Rusia. La izquierda ya ha señalado en diferentes foros que una de las cuestiones pendientes de la construcción europea, pensando en el futuro y en estos tiempos difíciles, es una política unitaria de defensa y una autonomía estratégica.

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Gaspar Llamazares Trigo y Miguel Souto Bayarri son médicos y autores, junto a la psicóloga Gema González López, del libro 'Salud: ¿derecho o negocio? Una defensa de la sanidad pública'.

Sobre la posible reversión de las privatizaciones sanitarias

Equidad sanitaria: "Ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas".

En los últimos días, vuelve el debate sobre la reversión de las privatizaciones sanitarias en torno a la ley de universalidad, equidad y cohesión sanitaria. Una nueva oportunidad para consolidar el sistema de salud en un sentido amplio como derecho universal y como modelo de gestión, sobre todo después de la experiencia dramática de la pandemia, que no solo nos ha mostrado la necesidad del desarrollo de la Ley General de Salud Pública prácticamente paralizada desde su aprobación en 2011, y también el fortalecimiento del carácter comunitario de la atención primaria y de la salud mental, hace tiempo parte de la gestión propia de las comunidades autónomas, sino de garantizar la accesibilidad, la equidad y la cohesión del sistema sanitario en su conjunto, especialmente para con los empobrecidos y vulnerables, como dice la propia denominación del proyecto de ley.

Porque no todo estaba cerrado tan solo con la derogación del real decreto 16/2012, denominado de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, cuando en realidad el gobierno del PP de entonces no trataba solo de extender los copagos y de excluir colectivos de la atención del sistema sanitario, sino que sobre todo, algo que no debería continuar pasando desapercibido, consistió en el intento más serio de revertir el modelo del sistema sanitario público, que había comenzado en los años ochenta del siglo XX con la Ley General de Sanidad y su desarrollo posterior como derecho ciudadano, todo ello con objeto de retrotraernos al antiguo sistema de seguro ligado al empleo, de atención meramente reparadora y circunscrito al titular y a sus beneficiarios.

Por eso, no ha bastado con revertir los copagos farmacéuticos, ni tampoco con hacer ahora lo mismo con los que aún restan, con ser importante, aunque algunos de ellos ni siquiera hayan podido ser puestos en práctica debido a la resistencia social y política que provocó entonces el real decreto, como son los relativos a las prótesis para las personas con discapacidad así como otros copagos como el dietético o el del transporte sanitario, después de haber eliminado también en una primera reforma la discriminación y la ruptura del carácter universal del sistema, con la exclusión sanitaria de la atención primaria para los inmigrantes en situación irregular. Cosa que contradecía uno de los principales objetivos de la organización mundial de la salud. La cobertura sanitaria universal es una de las metas que se fijaron los países que adoptaron los ODS en 2015. Sin embargo, si bien se ha integrado al colectivo excluido de la atención primaria, no se aprovechó entonces para reconocer explícitamente el carácter de derecho de ciudadanía del Sistema Nacional de Salud. De hecho, recientemente el Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del parlamento asturiano que proponía el reconocimiento legal del carácter universal de la sanidad pública, con la excusa de que bastaba con la derogación del real decreto de sostenibilidad del gobierno Rajoy.

Es imprescindible, pues, aprovechar esta nueva oportunidad que nos da el proyecto de ley de equidad para hacerlo y para a su vez acotar los modelos de gestión sanitaria al ámbito de la gestión pública, al objeto de impedir lo que ha sido la puerta de entrada de las privatizaciones desde la ley 15/97 de diversos modelos de gestión sanitaria y de las normas subsiguientes, como es la gestión privada y privatizada de centros sanitarios e incluso de áreas sanitarias enteras de nuestro sistema público, como ha ocurrido en particular en las CCAA gobernadas por las derechas como Cataluña, Madrid o el País Valenciano, pero no exclusivamente, porque los experimentos con la sanidad pública venían de lejos, por ejemplo con la fórmula de las fundaciones sanitarias.

Con la llegada de nuevos gobiernos de las izquierdas en algún caso, como Valencia, pero también en otras CCAA, se ha llevado a cabo con éxito la reversión de estos modelos de gestión privados de centros sanitarios, hospitales y áreas de salud, para así integrarlos en el modelo general del sistema de salud. Los afectados, esgrimiendo sus derechos, los han recurrido y los tribunales de justicia han avalado finalmente estos procesos de reversión al sector público. Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Equidad considera la gestión pública como "fórmula preferente" para los servicios sanitarios, pero no excluye de ellos la gestión privada. Con ello, el PSOE incumple sus compromisos de derogación de la ley sobre modelos de gestión, adquiridos después del error de haber respaldado en su momento la ley 15/97.

No se trataría de suprimir colaboración público-privada alguna, como algunos argumentan, sino de poner fin a lo que podríamos denominar un puro y simple parasitismo de la sanidad pública por parte del sector privado, y no solo en su adjudicación inicial, sino por la posterior selección de riesgos y en la sistemática revisión al alza de los contratos, que han terminado convirtiendo en rehenes a las consejerías de sanidad del gobierno de turno de las Comunidades Autónomas con gestión privada. Algo que nunca se hubiera permitido en el llamado libre mercado de las empresas privadas en relación con sus competidores. Por otra parte, tampoco nada en el marco jurídico europeo en materia de contratos públicos impide que el legislador de un Estado miembro mantenga la gestión pública directa de la sanidad. Muy por el contrario, las directivas de servicios, después de un largo debate, han excluido de la competencia a los servicios fundamentales como el sanitario.

En este sentido, tampoco debería eludirse la necesidad de aplicar la disposición adicional de la Ley General de Sanidad, en la que se declara a extinguir el régimen de las mutuas sanitarias para funcionarios públicos, también financiadas públicamente en competencia interna con el sistema sanitario público. Con ello, se mantiene a una parte de la clase media al margen del sistema sanitario público y en particular de la atención primaria, y con ello se consolida una debilidad estructural que ya no nos podemos permitir. Por otra parte, ninguna de estas iniciativas contradice el actual reparto de competencias que atribuye a la administración central la competencia sobre las bases y coordinación general de la sanidad.

En definitiva, el debate de fondo es si para hacer frente a la crisis sanitaria y a las consecuencias de la pandemia, que ha golpeado en los puntos débiles de nuestro sistema sanitario, basta tan solo con derogar los contenidos regresivos del real decreto de sostenibilidad 16/2012, aprobado en el marco de los recortes de la crisis financiera, o si el objetivo de recuperar el modelo sanitario como derecho ciudadano y de modernizarlo a la altura de los tiempos, requiere de nuevas iniciativas legales que no solo reconozcan definitivamente su carácter universal, sino que consoliden el modelo público de gestión, derogando la ley 15/97 y las normas conexas para recuperar la coherencia con el modelo de la Ley General de Sanidad. Nadie entre los defensores de la sanidad pública como derecho,entendería un nuevo aplazamiento.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Una vez lograda la vacunación de la gran mayoría de la población diana e incluso de la población total y con algunas CCAA como Asturias por encima del ochenta por ciento de vacunados con pauta completa y el ochenta y cinco por ciento con una dosis, que señala el horizonte, vamos camino del último tramo de la pandemia y por tanto de que ésta se convierta a corto plazo en una endemia o como mucho en una epidemia estacional. Eso no quiere decir que no aprendamos de las lecciones de esta pandemia y que empecemos ya a preparar nuestra inteligencia de salud pública, así como nuestra sanidad y políticas sociales de cara a un futuro lleno de riesgos globales y de incertidumbres.

Al final de esta quinta ola estamos ya por debajo del nivel medio de riesgo y con algunas CCAA en el nivel de riesgo bajo, lo previsible es acabar a corto plazo con la transmisión comunitaria de la pandemia, que más adelante se podría ver solo alterada por algunos brotes y es posible que también con nuevas olas, pero de una mucho menor dimensión que las cinco sufridas hasta ahora y por tanto con un menor impacto en los centros sanitarios, en las UCIs y sobre todo en la mortalidad, como en definitiva ha sido el objetivo sanitario desde un principio. Solo queda por despejar el interrogante sobre el balance riesgo-beneficio de la vacunación de los menores de doce años una vez la Agencia Europea del Medicamento autorice en su caso la seguridad y efectividad de los ensayos clínicos en niños. Sea como sea lo que resulte, en todo caso el mayor grado de inmunización posible estará prácticamente resuelto en España, con la culminación de la vacunación a lo largo de los dos meses próximos.

Sin embargo, a pesar de estar entre los países líderes en la vacunación y de tener un muy reducido, casi testimonial y cada vez menor cinco por ciento de rechazo de la vacunación en España –según la última encuesta del Instituto Carlos III– y aún más limitado si se compara con el resto de los países desarrollados de nuestro entorno, sin embargo continuamos enredados en pseudo debates, unos importados como el del pasaporte covid, un mecanismo de presión a los no vacunados, así como de la obligatoriedad legal de la vacunación, precisamente en el país que no los necesita, salvo si acaso entre aquellos reductos de profesionales que tratan con sectores vulnerables como sanitarios o trabajadores sociales no vacunados. Otros, más que nada interesados como la generalización de la tercera dosis, más allá de la dosis de recuerdo a los colectivos de pacientes inmunodeprimidos, en contra de la lógica de la lucha global frente a la pandemia y de la moratoria solicitada a los países desarrollados por parte de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de concentrarse ahora en la vacunación en el tercer mundo.

Porque, al tratarse de una epidemia global que ha provocado ya más de cinco millones de muertos registrados y cerca de quince millones en realidad, el reto urgente es también una vacunación global y equitativa, como debería haberlo sido ya desde un principio pero que por el contrario ha sido acaparada por la codicia de las compañías farmacéuticas y el nacionalismo vacunal de los Estados, que están entre las causas de una distribución desigual e injusta, en que la minoría de países ricos acaparan ya el ochenta por ciento de las vacunas, además de la riqueza. Se trata, por tanto, de priorizar de una vez la producción, la distribución, la logística y la administración de las vacunas en los países empobrecidos, en los que la vacunación es inexistente y en el mejor de los casos minoritaria, y al tiempo discriminar en particular a los sectores sociales más vulnerables, que por razones relacionadas con los problemas de accesibilidad derivados de las desigualdades sociales, sanitarias y las resistencias culturales o bien por efecto de la intoxicación informativa de las teorías de la conspiración, se han quedado al margen o directamente han rechazado la vacunación, como se ha podido notar en la brusca paralización de la vacunación incluso en aquellos países ricos con grandes desigualdades sociales y sanitarias como ha ocurrido en los EEUU.

Se trata, por tanto, de ser de una vez generosos hacia afuera y solidarios con los de dentro. Solo así la vacunación conseguirá el objetivo de la inmunización mayoritaria entre los países y continentes del mundo, se podrá reducir la incidencia de la covid19 y la posibilidad de selección de nuevas variantes más transmisibles. Con ello la humanidad en su conjunto podrá lograr, si no la mítica e inalcanzable inmunidad de grupo, el objetivo mucho más realista y no menos efectivo control funcional de la pandemia.

Con el inicio del curso escolar y la vuelta al trabajo de las primeras vacaciones de la pandemia, vuelven también, junto a los pseudo debates, los clásicos maniqueos que nos han acompañado durante las distintas olas de la pandemia. Uno, contra toda evidencia científica, de boca de los negacionistas: negando la efectividad de las vacunas frente a la enfermedad grave y exagerando la mortalidad de los vacunados en relación a los no vacunados. Otro, por parte de los dogmáticos de la tolerancia cero con la covid y los aerosoles generalizados y permanentes, frente a la dinámica de normalización social, situada ya hace semanas en la fase de salida de la pandemia, que seguirán considerando prematura e irresponsable y por tanto de cualquier medida de flexibilización incluso al final de esta quinta ola, alertando con la posibilidad de nuevas olas de la pandemia con graves consecuencias sanitarias, si es que, como ya está ocurriendo, estas restricciones no se mantienen.

A la confusión de estos pseudo debates y a los maniqueos se sumarán, a buen seguro, las nuevas decisiones de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional, esta vez sobre las responsabilidades de los gobiernos en la gestión de la pandemia y con respecto al segundo estado de alarma. Como precedente se ha producido la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma y la apertura de diligencias al ministro de Sanidad por la escasez de materiales de protección al inicio de la pandemia. Algo que, lejos de favorecer las garantías de un mayor equilibrio entre salud pública y libertades individuales frente a futuras pandemias, corre el riesgo de contribuir aún más a la lógica bipolar de los maniqueísmos pandémicos, y –lo que es peor– de provocar ante futuras pandemias una estrategia de salud pública defensiva en las decisiones de los gobiernos, muy similar a las provocadas en la atención sanitaria de los seguros en los USA ante las denuncias de los despachos de abogados, con consecuencias imprevisibles.

También continuará la negación interesada de la rápida recuperación económica, social y laboral como consecuencia de la polarización y el clima populista. Primero fue la duda de que Bruselas aprobara los fondos de recuperación, luego que aprobase las reformas propuestas por el Gobierno español, ahora es que el Gobierno cumpla a tiempo con sus compromisos y que lo haga al mismo tiempo con el acuerdo de los agentes sociales y con aquellos que desde la crisis financiera se han escudado en la UE para sus recortes y privatizaciones. Una contradicción irresoluble.

Aunque, al igual que con la vacunación, para una salida definitiva y sólida de los efectos sociales de la pandemia, así como para la prevención de futuras sindemias infecciosas, sociales y climáticas, es preciso que la recuperación sea también económica, social y global.

___________________Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Gaspar Llamazares

Hemos alcanzado entre los primeros países del mundo la inmunización prevista del 70% al final del verano. Un logro colectivo compartido por los sanitarios, los ciudadanos y los gobiernos central y autonómicos, junto a la contratación conjunta de la Unión Europea, las compañías farmacéuticas y la investigación básica de los centros universitarios públicos. Algunos no se reconocerán en el éxito por puro sectarismo y afearán de nuevo el haber llegado tarde por unos días o reprocharán la patrimonialización del éxito por parte del Gobierno de turno, cosa que no lo harán con los suyos. Ellos se lo pierden, como ya lo vienen haciendo desde el inicio de la pandemia, apuntándose al carro del negativismo, la confrontación y la división en vez de a la ciencia, la propuesta y la colaboración.

Vuelven otra vez con el mantra de la ley de pandemias, como si con ella se hubiera podido eludir la declaración de la ley del estado de alarma, excepción y sitio o la garantía de los derechos fundamentales por parte de los tribunales de justicia en la aplicación de las restricciones contempladas en las leyes de salud pública. Cuando no con la escasez y el sistema de distribución de las vacunas, a sabiendas de los límites de producción de las mismas y de un sistema de distribución de acuerdo con la estrategia de vacunación y la priorización de los grupos vulnerables que ha sido otro de los éxitos indudables del modelo de vacunación español. Otros países más desarrollados que el nuestro y de nuestro entorno geográfico y cultural se encuentran aún lejos de nuestro porcentaje de vacunación y además tienen a colectivos vulnerables aún desprotegidos. En todo caso, los EEUU han vacunado ya más del 53%  de su población total y Europa ha superado ya el 70% de cobertura para su población diana.

En definitiva, nuestra estrategia de vacunación ha funcionado muy bien, así como nuestro sistema sanitario, y asimismo los ciudadanos han mostrado una adherencia excepcional a las vacunas en todos los grupos de edad, desmintiendo la leyenda negra sobre la relajación y la irresponsabilidad de los más jóvenes.

Ha sido también esta rápida dinámica de vacunación, junto a la responsabilidad ciudadana, las que han contribuido a doblegar la quinta ola de la pandemia en España, que a pesar de haber tenido una incidencia mayor de lo esperado ha evitado el colapso de los centros sanitarios y ha provocado una mortalidad muy inferior a la de otros momentos de la pandemia. En este caso, más que el exceso de confianza del verano pasado, el rebrote se ha producido como consecuencia de la inevitable flexibilización de unas restricciones que ya eran incompatibles con el cansancio, casi hastío pandémico, y la urgencia de la recuperación de la economía y en particular del turismo, en un marco de seguridad.

El próximo inicio del curso escolar y la recuperación de la actividad después de las vacaciones deben ser el pistoletazo de salida para la recuperación progresiva de la normalidad. El principio de precaución no debería entenderse como inconsciencia del peligro pero tampoco como inmovilismo ante lo que ya es psicológica y sociológicamente la salida de la pandemia en España y en Europa. Es cierto que con las nuevas variantes la inmunidad de grupo del 70% es insuficiente, pero el ritmo de vacunación y el apoyo ciudadano garantizan un alto nivel de control en las próximas semanas y su transformación en un proceso endémico en unos meses.

Ahora toca culminar la vacunación de los grupos todavía pendientes, en particular entre los más jóvenes pendientes de la segunda dosis y la repesca de los rezagados, con lo que nos encontraremos por encima del 80% de cobertura con las dos dosis, no merece la pena enredarse en maniobras de distracción importadas de otras situaciones como es la obligatoriedad general de la vacunación o del pasaporte covid, las vacunas de los niños menores de doce años o las terceras dosis para todos. Si acaso, la posible obligatoriedad lo será para los que tratan con colectivos vulnerables como la sanidad o las residencias de mayores, así como las terceras dosis solo para personas concretas inmunodeprimidas que se puedan ver beneficiadas.

El reto fundamental, desde hace ya tiempo, es acelerar la vacunación en todo el mundo, si es que de verdad queremos controlar la pandemia, cuando todavía estamos muy lejos de los compromisos de inmunización global y en particular en proporciones ínfimas en África, que no llega al cinco por ciento, y también en América Latina, que no supera el quince por ciento, y algo parecido en Asia. Para ello, además de cumplir con lo comprometido en las aportaciones al programa COVAX y del desarrollo de centros productivos, en particular en el continente africano, se hace precisa la liberación urgente de las patentes, sobre todo habida cuenta los enormes beneficios que ya han obtenido las compañías farmacéuticas con sus ventas a los países más desarrollados. Es hora de la solidaridad y de la responsabilidad. En la dramática situación de los países y continentes empobrecidos, el acaparamiento de la producción para garantizarse terceras dosis sin evidencia científica es irresponsable y criminal.

Por último, el alto porcentaje de vacunación en comunidades como Asturias, hasta un límite que sin volver al mantra de la mal llamada inmunidad de grupo podría considerarse cercano al control funcional de la pandemia con un 80% con pauta completa y más de un 86% de la población diana, muestran el camino que seguirá el conjunto del país. Lo dicho, un triunfo colectivo.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Ante la discutida resolución de una ajustada mayoría del Tribunal Constitucional, que considera que las medidas adoptadas en el estado de alarma excedían las restricciones y entraban dentro de la anulación de los derechos fundamentales de reunión y movilidad, más propias según el tribunal del estado de excepción, la ultraderecha de Vox como recurrente ha pedido responsabilidades políticas al Gobierno al máximo nivel, por lo que considera una extralimitación y un ejercicio abusivo del poder con la excusa de la salud pública.

Una exigencia de dimisión esperada, que sin embargo ha perdido fuerza en la medida que se ha repetido hasta el hartazgo: en particular desde el inicio de la pandemia y que motivó incluso las movilizaciones de caravanas de coches en el barrio de Salamanca en pleno confinamiento, la presentación de la moción de censura, así como múltiples recursos judiciales por tierra, mar y aire contra el Gobierno central, que hasta ahora habían venido decayendo hasta encontrar una mayoría a su medida, mostrando todo ello hasta qué punto lo de la anulación de derechos fundamentales como ponderación del tribunal ha tenido más de parcial que de total. No ha ocurrido así frente a los gobiernos autonómicos con competencias compartidas en salud pública y mucho menos frente a los Ejecutivos de la derecha que requieren del apoyo de la extrema derecha para mantener la mayoría. Resulta curioso en este sentido que, en coincidencia con la exigencia de responsabilidades políticas al gobierno central por la sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, las derechas hayan vetado la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre unos protocolos, a todas luces contrarios a la bioética y a la justicia, de rechazo a las derivaciones a los hospitales desde las residencias de ancianos, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, el Partido Popular ha vuelto a reiterar su conocido argumento de que si todo esto pasa es como consecuencia de la falta de una ley específica de pandemias. El bálsamo de fierabrás, que de existir solucionaría desde un principio todos los problemas legales originados por la pandemia. Un mantra que se ha repetido en las distintas fases de la pandemia, y en particular cuando el conjunto de la derecha ha pasado de un apoyo inicial, que ahora pretende que olvidemos, a rechazar las prórrogas del mismo, atribuyendo al estado de alarma y al confinamiento un carácter perverso de estado de excepción encubierto. También más tarde, cuando ya fuera del estado de alarma algunos contados tribunales de justicia rechazaban las medidas restrictivas de la movilidad o de los aforos adoptadas por las CCAA en el marco de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, así como por el Consejo Interterritorial como actuaciones coordinadas de acuerdo con la ley de cohesión.

Primero con el argumento de que evitaría lo que se ha venido a denominar el vacío legal en materia de salud pública, cosa que para nada se compadece con la realidad de la existencia de normas complementarias del estado de alarma, como son la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario y la Ley General de Salud Pública. Un paquete legislativo equiparable al de nuestro entorno europeo para hacer frente a situaciones como la actual pandemia de covid-19, que los tribunales europeos, constitucionales y de justicia de los estados miembros han respaldado sin fisuras, a diferencia de lo ocurrido con nuestro TC.

Porque todos han entendido que la defensa de la legalidad y las garantías constitucionales ante una pandemia letal no se hace desde el dogmatismo y mucho menos desde la bandería, sino con apertura y flexibilidad, y reconociendo la primacía de la vida y la salud pública en los espacios de ambigüedad y desconocimiento de la crisis sanitaria, que también existen. También, desde la prudencia en los órganos institucionales cuando existe división de opiniones, como en este caso. Porque una cosa es el equilibrio de pesos y contrapesos en democracia, otra es ejercer de oposición política fuera de lugar y lo opuesto a la institucionalidad es la irresponsabilidad y la desestabilización.

Luego, la derecha volvió a reiterarlo como solución a las resoluciones contradictorias de los tribunales de justicia ante las medidas de los ejecutivos autonómicos, que exageradamente se han calificado de caos jurídico, cuando con carácter general las restricciones han sido respaldadas, aunque es verdad que con sonadas excepciones: lo que ha motivado sucesivas reformas de la jurisdicción contencioso-administrativa, acotando su remisión a los tribunales superiores de justicia de las CCAA y luego con la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En este sentido, resulta hasta cierto punto lógico que para los negacionistas las medidas de salud pública requieran de los mayores requisitos y obstáculos para su implantación, toda vez que las han considerado tanto una limitación inaceptable a sus libertades de movimiento, de actividad y de consumo, como asimismo inútiles frente a la pandemia, independientemente de que la evidencia científica y los cientos miles de vidas y complicaciones evitadas en el mundo los desmientan. Sin embargo, para lo que no estábamos preparados es para que desde la derecha se esgrima su manida ley de pandemias como solución ante la decisión del Tribunal Constitucional de considerar que un nivel alto de restricciones de la movilidad supone de hecho la anulación del derecho de reunión y por tanto requiere la cobertura del estado de excepción.

No se entiende en qué puede sustituir la tan reclamada como desconocida en sus términos nueva ley de pandemias el espacio que deja el Tribunal Constitucional entre el estado de excepción y un estado de alarma rebajado, hoy convertido en uno más de los distintos niveles de restricción parcial dentro de las normas de salud pública. Porque lo que no podía hacer la ley de pandemias en el pasado como sustitutiva del estado de alarma menos lo puede lograr ahora para hacer las veces del estado de excepción.

Tampoco parece que a partir de la controvertida sentencia del TC se den condiciones mínimamente favorables para modificar la Constitución ni la ley del estado de alarma, excepción y sitio. Además de que cualquier otra ley de pandemias, por muy orgánica que fuera, no serviría como sustituta del estado de alarma, como no sirve la de medidas especiales. En estos tiempos populistas, el modificar la Constitución, entre propietarios y exégetas, roza la quimera. No es previsible una reforma constitucional y tampoco la renovación del actual Tribunal Constitucional. La derecha está muy cómoda. En cuanto a leyes de salud pública, ya tenemos una ley orgánica de medidas especiales, otra Ley General de Salud Pública y parece que la del estado de alarma no basta. Todas ellas para pandemias menores.

Por otra parte, si por una mayoría pírrica se ha declarado inconstitucional la aplicación del estado de alarma en la primera ola de la pandemia, a continuación es más que previsible la declaración de inconstitucionalidad de la gestión legal por parte del Parlamento y del Gobierno de la segunda prórroga y con ella de toda la pandemia.

En definitiva, en el futuro, las pandemias en España serán diferentes: serán materia de estado de excepción, como si de crisis democráticas e institucionales se tratase, ante las que fuera necesario poco menos que suspender la Constitución. De tal manera que, cuando surja una próxima, nos tomaremos nuestro tiempo para esperar a aprobarlo en el Congreso de los Diputados y a continuación la pandemia deberá apresurarse, porque solo podremos mantener el estado de excepción por un periodo máximo de dos meses. Eso sí, tendremos un amplio petitorio en la carta de suspensión de derechos fundamentales, a pesar de que la pandemia solo nos exija el más modesto menú de la restricción proporcionada de la movilidad. Para algunos, toda su concepción de la libertad.

___________________Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Gaspar Llamazares

El acuerdo sobre pensiones, en el marco de la concertación con los agentes sociales y con el respaldo de la Comisión Europea, dentro del Plan de reconstrucción, transformación y resiliencia New Generation, ha sido, junto al éxito de la vacunación que ha facilitado la paulatina aunque accidentada desescalada de la pandemia, una de las mejores noticias de los últimos meses, tan importante como la que hace más de un año puso en marcha el derecho al ingreso mínimo vital. Una noticia que sin embargo ha quedado oscurecida por las desafortunadas declaraciones del ministro Escrivá. Porque las buenas noticias no son noticias y menos en pandemia.

El acuerdo desmonta los principales recortes de la contrarreforma de pensiones del Gobierno de Rajoy de 2013, entre cuyos avances se encuentran la recuperación de la revalorización anual, de acuerdo con el incremento del coste de la vida, y la derogación final del llamado factor de sostenibilidad, aún pendiente de su efectiva aplicación. Además de la delimitación de los gastos impropios y su asunción a cargo de los presupuestos generales del Estado, lo cual supone un paso importante para el saneamiento del abultado déficit del sistema. También el mencionado acuerdo de pensiones tira por tierra definitivamente los impedimentos del PP en Europa y al tiempo desmiente las profecías apocalípticas de la derecha en relación a los fondos de reconstrucción europeos. Finalmente se ha demostrado falso el relato del nuevo rescate europeo, de la visita de los hombres de negro y del poco menos que obligado recorte y privatización a la griega de nuestro modelo público, contributivo y solidario de pensiones. De hecho, la reciente presentación de la estrategia de reconstrucción española, por parte del presidente Sánchez junto con la presidenta de la Comisión Europea Von Der Leyen, ha servido para acallar, al menos de momento, las profecías catastrofistas de las derechas.

Sin embargo, aunque no se sabe si como fruto de un desliz incomprensible, del resquemor que han dejado la frustración de alguna de las medidas propuestas por su Ministerio finalmente rechazada, al menos en la primera fase de la negociación, bien desde dentro del Gobierno o en la negociación con los agentes sociales, o a modo de globo sonda sobre las intenciones del Ministerio de Seguridad Social en los temas aún pendientes, o más bien como producto de las tres cosas a un tiempo, como habitualmente suele ocurrir, ha vuelto a escena el famoso baby boom baby boomcomo reiterado argumento de autoridad para justificar un hipotético recorte generacional de las pensiones, bien mediante el aumento en la edad efectiva de la jubilación o con una modesta reducción de la pensión, como expresión de solidaridad intergeneracional, en palabras del propio ministro Escrivá. Una lógica perversa que de nuevo entiende la solidaridad como recorte entre los que menos tienen para mantener la viabilidad futura del sistema de pensiones.

Algo que era de esperar, sobre todo si uno vuelve la vista atrás a los constantes anuncios y rectificaciones del Ministerio de Seguridad Social sobre las reformas definitivamente propuestas por el Gobierno de España a la Unión Europea, entre las que, como por arte de birlibirloque, tan pronto ha aparecido como ha desaparecido de sus informes la futura valoración de toda la vida laboral para el cálculo de la pensión o la sustitución del factor de sostenibilidad del presidente Rajoy por otro denominado de solidaridad intergeneracional, pero con la misma filosofía de ligar la pensión a la expectativa de vida y a la situación financiera de la seguridad social. Todo ello antes incluso del cumplimiento de la fecha definitiva para el periodo de cálculo de veinticinco años previsto en la reforma del gobierno Zapatero de 2011 y de la derogación efectiva del factor de sostenibilidad exigido por los sindicatos y los socios de Gobierno de Unidas Podemos.

Por eso, y como era de esperar, el anuncio del ministro Escrivá ha provocado el contundente rechazo de los agentes sociales, el apoyo de la derecha aplaudiéndolo como parte de un ejercicio de sinceridad, frente a lo que denominan las mentiras del Gobierno en materia de pensiones, y la obligada rectificación del Gobierno y al final del propio ministro. Pero, sobre todo, ha tenido el efecto de empañar la buena noticia de la recuperación de la concertación social sobre las pensiones en base a las recomendaciones de un revitalizado Pacto de Toledo, después de años de paralización.

Porque es que la manida generación del baby boom parece ser mucho más que una generación ampliababy boom, por el número de nacidos en ese periodo de 1955 al 75, sino porque junto a la mejora de la pensión media. Al parecer supondrá una importante carga temporal para la Seguridad Social, aunque de la misma forma se podría hacer referencia a que ha sido también una generación que por su número y por su mayor cualificación contribuyó con su esfuerzo al crecimiento del país y la construcción del estado social, y que, al menos por ello, se ha hecho merecedora de unas dignas pensiones de jubilación.

Todo ello cuando el gasto en pensiones, al igual que el conjunto del gasto social en España, es sensiblemente inferior a la media de nuestro entorno europeo, y existe un amplio margen de mejora en los ingresos, tanto por nuestro precario modelo laboral como por nuestro insuficiente, injusto y muchas veces regresivo sistema fiscal. También, cuando en varios países europeos las medidas de recorte de pensiones, inspiradas en las políticas de austeridad, han sido revisadas sino rebasadas como la rebaja de la edad de jubilación en Alemania.

De todas formas, no es la primera vez que se vincula a nuestra generación con la insostenibilidad futura, incluso con la quiebra del sistema y con unos recortes, poco menos que inevitables, para garantizar su sostenibilidad. Ya las contrarreformas, o mejor dicho los recortes de 2011 y 2013, tuvieron como argumento las previsiones de envejecimiento demográfico y más específicamente a la amplia generación del baby boom.

Esta fue la causa en 2011 de la introducción del retraso progresivo en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como del incremento en el periodo para el cómputo de las pensiones. Medidas ambas que se anunció entonces que por su efecto reductor impedirían el incremento de la carga de las pensiones como consecuencia de las jubilaciones de las cohortes del baby boom.baby boom.

Como si no fuera suficiente en 2013, y con motivo de las políticas de austeridad como respuesta a la crisis, también se consideró imprescindible un nuevo paquete de recortes para garantizar la estabilidad futura del sistema como han sido hasta este acuerdo social, la derogación de la revalorización anual de la pensión, así como el llamado factor de sostenibilidad venían de nuevo a parar los pies al previsible gasto desbocado de la generación de los baby boomers.baby boomers.

Cabe pensar que ésta tampoco será probablemente la última. El ministro Escrivá nos anuncia que ha perdido la batalla, pero no da por perdida la guerra de las pensiones. Estamos avisados, para no dormirnos en los laureles de esta primera victoria.

Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Ahora resulta que el Tribunal Supremo concluye que la ley de medidas especiales, en el marco de las leyes generales de sanidad y de salud pública también existe y que autoriza las limitaciones puntuales de la libertad de circulación, siempre que estén justificadas, como así hemos venido defendiendo algunos a lo largo de las distintas fases de la pandemia, eso sí con carácter complementario de las medidas más generales, en los periodos de mayor transmisión, contempladas en la legislación del estado de alarma, excepción y sitio.

Después de la ruidosa amenaza con el caos y el vacío, por la negativa del Gobierno a la prórroga del estado de alarma, los vaticinios apocalípticos del doble salto mortal ante la falta de alternativa jurídica sólida, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, finalmente no se han cumplido. Un ruido compartido por la oposición y sus gobiernos autonómicos, buena parte de los grupos parlamentarios de todo signo, de los expertos y los medios de comunicación que, en este final de la pandemia, da la impresión que corrieran en sentido opuesto a la conciencia ciudadana expresada en las calles, las encuestas y en las urnas con una mentalidad de hecho situada en sus antípodas en la salida o en la postpandemia.

Con ello, se profundiza cada día que pasa la sima de la incomprensión que separa a unos y a otros, polarizados entre la defensa numantina de más medidas restrictivas y la ignorancia de las llamadas a la prudencia, tal como si la pandemia hubiera desaparecido. Entre el más lejos, más alto y más fuerte de algunos en cualesquier circunstancia y el sálvese quien pueda por parte de los sectores más afectados. Y a medio camino de ambos el cansancio pandémico y la urgencia de recuperar la normalidad cada vez más generalizada entre la ciudadanía.

Porque, al final, no ha habido cuarta ola de la pandemia y nos encaminamos progresivamente hacia una situación de control de la transmisión, desmintiendo los más negros augurios, gracias a la rápida extensión de la vacunación que ha permitido la flexibilización de las medidas restrictivas de la movilidad, así como de los horarios y los aforos en los locales comerciales y de hostelería.

Un avance de la vacunación que tampoco han podido empañar las sucesivas polémicas en que casi inevitablemente nos enzarzamos, primero sobre la disponibilidad de las vacunas contratadas por la Comisión Europea, luego sobre los efectos adversos y sus consecuencias sobre la estrategia de vacunación y finalmente sobre la capacidad de administración ágil de las vacunas por parte de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas. Aspectos todos ellos desmentidos con el avance en el cumplimiento de los contratos, el carácter excepcional y limitado de los efectos adversos y un ritmo de vacunación que bate semana a semana sus propios records. En todo caso, y para no perder la costumbre, ahora en vez de tomar una decisión consensuada en base a la información científica como Alemania o Francia, hemos vuelto a enredarnos en el debate sobre si repetir la dosis o combinar Astra Zeneca y Pfizer, cosa que sólo redundará en más desprestigio de la política y más confusión pandémica entre la ciudadanía.

Ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que finalmente acabe de echar por tierra los últimos  argumentos catastrofistas que auguraban el caos por el supuesto vacío jurídico en que se encontrarían las medidas de las Comunidades Autónomas, una vez finalizado el estado de alarma.

En su resolución desautoriza tanto a los que han defendido que no hay control de la pandemia fuera del estado de alarma, defensores acérrimos de nuevas prórrogas, como a los que afirman que solo una nueva legislación de pandemias, otros lo denominan pomposamente plan B, podría permitir la lucha contra la pandemia por parte de las Comunidades Autónomas. Y lo ha hecho tan solo aplicando la base jurídica ya existente en la ley de medidas especiales, en el marco de la ley general de sanidad y en la más moderna de salud pública. Una legislación de salud pública que sí existe, que no es tan ambigua como dicen y que no solo es complementaria de los estados de alarma, sino que además es equiparable a la de cualquiera de los países de nuestro entorno.

Para ello, según el tribunal, solo es necesario que las medidas puntuales de limitación a la libertad de circulación respondan a una emergencia de salud pública acreditada, que las tome la administración con competencia en la materia, que se justifique su necesidad e idoneidad, que las medidas restrictivas tanto personales y territoriales sean proporcionales a su gravedad y que estén delimitadas y limitadas en el tiempo para impedir la difusión de la enfermedad transmisible.

Unos principios que desde 2011 forman parte de los principios de ley general de salud pública, aunque ésta haya sido ninguneada públicamente y bloqueado su desarrollo normativo por los mismos que ahora echan de menos una ley de pandemias que de hecho ya existe en la ley de medidas especiales y el estado de alarma.

Algo en lo que han coincidido implícitamente la mayoría de los gobiernos autonómicos con situaciones epidemiológicas muy diversas, e incluso de todos los colores políticos, al margen de la estridencia de su alineamiento partidista. Porque han sido una absoluta minoría las comunidades que han intentado mantener el toque de queda o el cierre perimetral global una vez culminado el estado de alarma y aún menos las que han terminado recurriendo al Tribunal Supremo, y sobre todo ningún gobierno autonómico ha reclamado al gobierno central la declaración de una prórroga del estado de alarma para controlar su caso particular. No ha sido por no significarse, sino porque no lo necesitaban, habida cuenta de las capacidades que les otorgan las leyes de salud pública.

Algo que era obvio y perfectamente previsible desde un principio, pero que seguramente no provocará ninguna reconsideración ni rectificación de las posiciones de partida, mantenidas luego contra viento y marea durante toda la pandemia por unos y otros, ni pondrá punto final a la polémica sobre la supuesta legislación incompleta de salud pública ni de una hasta ahora inexistente judicialización de la pandemia. Porque hay tanta exigencia de coherencia a los demás como escasa responsabilidad con la propia.

Continuará.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

El grito de 'vete al médico' de un diputado del PP en el Congreso, aparte de mala educación y el estigma sobre los trastornos mentales, muestra el reduccionismo psiquiátrico en que se encuentra la atención a la salud mental hoy en día.

En los últimos tiempos, a cada ola de la pandemia le sucede un anuncio de que la próxima será la ola de los trastornos mentales provocados agravados como consecuencia de ella. Lo ha venido haciendo la OMS prácticamente a partir de la segunda ola y no deja de recordarlo.

Y es cierto que las consecuencias de la afectación, las secuelas y la muerte en el entorno familiar y social han provocado primero una sensación de miedo e inseguridad y luego trastornos de ansiedad y estrés, y además, con el largo tiempo transcurrido, un clima de incertidumbre, agotamiento e incluso de depresión.

El confinamiento de la primera ola, así como las sucesivas medidas de cierre, apertura parcial y distanciamiento físico han añadido más motivos siquiera para acentuar sentimientos de incomunicación, soledad y abandono que ya eran cada día más habituales en nuestras sociedades de consumo digital, en especial en el colectivo de personas mayores, aunque no solo.

Pero, sobre todo, han sido las consecuencias sobre el trabajo como principal actividad, como oportunidad de relación social y como motivo de autoestima, las que, si bien inicialmente pudieron ser paliadas con mecanismos como los ERTE y en otros casos con el teletrabajo, en la medida que el tiempo de pandemia se ha prolongado y con ello la consiguiente destrucción de empleo e incertidumbre sobre el futuro personal y familiar, han añadido nuevos factores de estrés, ansiedad y depresión.

Las consecuencias sobre la población que ya padecía trastornos mentales, y en particular entre quienes sufrían trastornos mentales graves, han sido mucho mayores, derivadas en especial de las dificultades que la pandemia ha supuesto para los ya escasos, infradotados y presionados dispositivos de la red de salud mental públicos, que los sucedáneos precarios de la atención telefónica o de la teleasistencia no están en condiciones de compensar, ni siquiera mínimamente, pero también la influencia negativa que las consecuencias dramáticas de la pandemia, de las medidas de confinamiento y de las restricciones a la movilidad.

Sobre todo, porque cuando llegó la pandemia la situación de la red pública de atención a la salud mental llevaba décadas de involución, al menos desde el momento en que se agota el impulso que supuso la reforma de la salud mental que empezó en los últimos años de la dictadura.

Posteriormente, la desinstitucionalización y el desarrollo de una psiquiatría de sector, con la creación de las plantas de agudos, de los centros de salud mental y de algunos dispositivos intermedios, dejó pendiente sin embargo el reto del desarrollo sobre todo de la conocida como salud mental de base comunitaria, que debería haber estado compuesta de equipos multidisciplinares para una atención programada e integral, que aparecía así en los planes y las estrategias de las comunidades y del Ministerio de Sanidad, pero que no llegó a desarrollarse en la práctica como tal modelo dentro de la red sanitaria pública.

Muy al contrario, el hecho de quedarse a medio camino como una psiquiatría descentralizada o de distrito, ha significado que el abordaje de la salud mental se articularse como una especialidad médica más, que ha corrido por la misma senda de hipermedicalización, medicamentalización y tecnificación que el resto del sistema sanitario hegemonizado por su paradigma productivo y de consumo, como es el hospital.

En este marco, no es de extrañar que prácticas propias de los antiguos hospitales psiquiátricos, que con la desinstitucionalización fueron desechadas a finales del pasado siglo, hayan vuelto a ponerse de triste actualidad, como por ejemplo las inmovilizaciones físicas descritas en sucesivos informes del Defensor del Pueblo, las farmacológicas e incluso la terapia electroconvulsiva, hasta el punto de provocar en pleno siglo XXI una grave crisis humanitaria en salud mental, que afecta en particular a los pacientes con trastorno mental más severo.

Por eso, con ser cierta la hipermedicalización y el déficit de atención psicológica en los actuales servicios de salud mental, y por tanto la necesidad de incorporar definitivamente la psicoterapia dentro de la cartera de servicios y en consecuencia incrementar la ratio de profesionales como los psicólogos dentro de los servicios y en especial en los centros de salud mental, de manera que no sea una atención discriminatoria, entre otras por razones de renta, pero también culturales, como se vio con motivo de la pregunta parlamentaria formulada por Íñigo Errejón, de Más País. Lo cierto es que en materia de salud mental, como frente a la pandemia, no todos somos iguales: la distribución del malestar subjetivo y de los trastornos mentales en esta pandemia ha sido mayor entre las clases populares que entre la clase media y alta y asimismo el acceso a la atención ha sido más completo en aquellos sectores con mayor renta. Sin embargo, aun con ello, con la mejora de la atención psicológica nos quedaríamos otra vez al principio del camino, si no retomásemos al tiempo el impulso perdido hacia la reforma de la salud mental comunitaria.

Tan solo con el relanzamiento de la atención psicológica, que por otra parte convive ya hoy en las redes de salud mental con la atención psiquiátrica, hegemonizadas ambas por el modelo sanitario hospitalario, probablemente desarrollásemos dos redes de atención paralelas y dirigidas a dos tipologías diferenciadas de pacientes y de ciudadanos, y con ello mantuviésemos las barreras de accesibilidad para aquellos con menor poder adquisitivo y mayores dificultades de adherencia a la atención psicológica. De esta manera, una seguiría su involución como especialidad psiquiátrica para enfermos graves y para aquellos que por distintas razones sociales o culturales no están en condiciones de seguir una terapia psicológica, y de otra parte estaría la red constituida en torno a la psicoterapia, más específicamente dedicada a tratar trastornos como el estrés, la ansiedad o la depresión, reproduciéndose entonces en la sanidad pública la tradicional oferta diferenciada de la psiquiatría y la psicología del ámbito privado.

Con ello, se mantendría además la medicalización y psicologización de los problemas de la vida cotidiana como el duelo (que en todo caso hay que pasar) o de los conflictos sociales y laborales como el paro, la precariedad o la explotación laboral (que es necesario organizarse para combatirlos y reducirlos), terminarían convirtiendo a las dos redes de atención en una oferta, bien de medicalización o de psicoterapia, como acompañamiento o como sordina de las contradicciones sociales. Porque es verdad que es necesario reconducir el malestar, pero no solo para sustituir el exceso de medicalización y de fármacos por la atención psicológica, sino para que otra parte de él vuelva a su seno natural dentro de la dinámica y del conflicto social.

Todo esto no significa en absoluto ignorar que los trastornos mentales existen y que provocan un gran sufrimiento en los que los padecen ni tampoco aplazar nuevas contrataciones y nuevos perfiles profesionales que mejoren la atención de nuestro precario sistema de salud mental. Significa que, con ser imprescindibles, no basta con más psicólogos ni con nuevos recursos psicoterapéuticos en la cartera de servicios del SNS. Es imprescindible que además y de forma simultánea se produzca en primer lugar un revulsivo frente a la crisis humanitaria y el estigma, que garantice la defensa y recuperación de los derechos de los pacientes con trastorno mental más grave, que hoy son ignorados (y estas sí que son competencia de la Administración Central), para simultáneamente abordar junto a las comunidades que tienen la competencia en materia de salud mental, el cambio profundo de orientación de la atención a los trastornos mentales y su organización, pasando del actual modelo distrital y psiquiátrico, en favor de un modelo de atención más integral y comunitario con base en equipos multidisciplinares en los centros de salud mental, como por otra parte estaba previsto en las correspondientes estrategias de salud mental, paro que, salvo raras excepciones, ni siquiera se ha intentado cumplir. No vaya a ser que pasemos del reduccionismo psiquiátrico al psicológico, y a todo esto, sigan pendientes los derechos de las personas con trastorno mental más graves.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

"Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes. Yo haré el reglamento".

(D. Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones).

Algunos sectores se siguen preguntando hoy si sería necesaria y posible una nueva ley sanitaria.

Sin embargo, con una ley general de sanidad, la ley general de salud pública, las leyes de cohesión y autonomía del paciente, la de prevención de riesgos laborales, la ley del medicamento y las leyes de las comunidades y una vez asumida y consolidada la competencia de gestión en sanidad, no parecía que el problema fuese pues la falta de marco legal. Si acaso de algún desarrollo concreto, en particular de la ley de salud pública, primero elaborada y aprobada con décadas de retraso y luego sistemáticamente bloqueada por los últimos gobiernos de la derecha, pero sobre todo se trataba de la inercia hospitalocéntrica frente al papel central de la atención primaria y la salud mental comunitaria y por tanto de la necesidad de cambios de orientación del conjunto del sistema desde la atención reparadora a patologías agudas hacia la prevención, la promoción de salud, la atención a crónicos y los cuidados sociosanitarios.

Por otra parte, esta medicina predominantemente hospitalaria de las máquinas caminaba ya desde hace tiempo hacia la medicina digital y de los códigos, poniendo en solfa el modelo tradicional de atención personal y comunitaria, cosa que se ha visto muy acelerada ahora, con motivo de la pandemia del covid-19, con la atención telefónica, la telemedicina e incluso más recientemente con la nueva oferta de seguros privados de este modelo de atención.

También se notaba la insuficiencia crónica de recursos humanos y presupuestarios, así como la ausencia de una cogobernanza compartida y el desarrollo consiguiente de sus instituciones en materias tan esenciales como la planificación sanitaria, la salud pública, la formación y la investigación, las tecnologías o la evaluación sanitaria. Desde el Consejo Interterritorial del SNS al Comité de salud pública, previsto y pendiente de desarrollo en la ley del mismo nombre, a la agencia de calidad del modelo NICE británico, tantas veces planteada y al propio instituto Carlos III.

A pesar de todo, es verdad que ya entonces había propuestas de nuevas leyes generales de sanidad desde diversos ámbitos al objeto de dar una respuesta global a todos estos interrogantes. Tanto de aquellos que consideraron precipitada y sin preparación y organización previa la asunción de la sanidad por parte de las autonomías, como de quienes desde partidos nacionalistas de estas mismas comunidades y desde alguna formación política de corte confederal, que consideraban anacrónica la propia existencia del ministerio como tal, si acaso como una Secretaría de Estado, hasta los que reconociendo la modernidad en su momento de la ley Lluch, pensaban que más de treinta años de vigencia justificaban su renovación. Lo que no ha quedado claro, ni antes ni ahora, es la mayoría parlamentaria y también territorial que respaldaría tal reforma y su hipotética orientación. Sobre todo teniendo en cuenta la devaluación, cuando no la abierta hostilidad, al modelo público de sistema estatal, desarrollado por las derechas, tanto españolas como nacionalistas e independentistas en su propio ámbito de competencias.

Pero en esto llegó la pandemia, y pasamos de aplicar inicialmente una ley de medidas especiales en materia de salud pública desgajada de la ley de sanidad de 1986, a la imediata declaración forzada del estado de alarma para dar cobertura legal a la restricción de la movilidad en el confinamiento y luego, ya con la nueva normalidad, a utilizar la ley de cohesión y calidad para aprobar los sucesivos paquetes de actuaciones coordinadas, el más reciente, la estrategia nacional para el covid-19 frente a la actual segunda ola. Sin embargo, no por ello, la oposición de la derecha, y diversos sectores mediáticos y de expertos, ha dejado de echar en falta de una más específica ley de pandemias, todo ello para eludir el tabú en que han convertido para la derecha la declaración de estado de alarma. Un plan B recientemente frustrado por carencias tan importantes como su más que dudosa constitucionalidad y la de una mayoría parlamentaria que la respaldara.

  Lo que sí se ha notado en esta pandemia ha sido la debilidad del actual Ministerio de Sanidad para asumir primero el liderazgo de la crisis, y en particular el llamado mando único, y la posterior dificultad de coordinación y cogobernanza ante la oposición política desde los gobiernos de las comunidades de distinto signo político. No solo por la compleja adopción de las decisiones del Consejo interterritorial o de la Conferencia de Presidentes, sino sobre todo –otra vez– por el antagonismo y la polarización política, que lejos de la colaboración ha provocado una continua cacofonía, con la consiguiente incertidumbre y desconfianza tanto de sanitarios como en general entre los ciudadanos. Un problema general nacido de la deslegitimación del resultado electoral, que se ha convertido con Trump en la marca de Caín del populismo de la extrema derecha.

También hemos ido sufriendo lo que podríamos denominar las lecciones de la pandemia. Lecciones que la oposición conservadora ha simplificado, con lugares comunes contradictorios entre sí como tan pronto la falta de previsión y la tardanza como luego la precipitación, y más adelante desde el mando único y el autoritarismo a la dejación de funciones del gobierno en las comunidades. Todo para evadirse de su responsabilidad con la realidad de una salud pública frágil y relegada a los márgenes de la política sanitaria y del conjunto del sistema sanitario. Así, se ha puesto en evidencia la red estatal de vigilancia epidemiológica, cuya modernización ha resultado fallida en 2018, el sistema de información, a pesar de los avances en los indicadores europeos, así como la debilidad de la propia comisión y las direcciones de salud pública central y autonómicas. Así, en la práctica, solo ha quedado la comisión de alertas y emergencias sanitarias y las direcciones de las autonomías y sus respectivos y magros equipos a cargo de una pandemia sin precedentes en el último siglo. Más que falta de músculo, la salud pública española carecía de red vascular y sistema nervioso, pero sobre todo no ha formado parte del cerebro de la sanidad española. La inteligencia sanitaria por excelencia, como es la salud pública, prácticamente no ha existido, ni hoy por hoy existe para nuestro Sistema Nacional de Salud.

El desarrollo reglamentario de la ley general de salud pública ha tenido que esperar casi una década para ponerse en marcha en plena pandemia con las recientes recomendaciones del dictamen de reconstrucción y su último decreto de reorganización del mes de agosto en el que se ha elevado el rango de la salud pública y donde se prevé la puesta en marcha del desarrollo reglamentario de diversos aspectos de la ley general de salud pública, así como de la digitalización.

  Sin embargo, nos quedaríamos solo a medio camino si al comité, al consejo y a las estrategias de salud pública; si a los estudios y la evaluación de impacto en salud no lográsemos trascender la elaboración de informes técnicos de indudable solvencia, como también ocurre en otras agencias de salud pública como el ECDC europeo, y que por ello, a pesar de la pandemia, no obtiene más que un débil compromiso presupuestario y de personal adicionales, contenidos bajo el título exagerado de Unión Sanitaria, para asimilarlo a la unión bancaria.

Es necesario que la inteligencia que supone la salud pública esté presente en la sala de máquinas y en la dirección del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, es imprescindible que el salto cualitativo como servicio de inteligencia vaya acompañado de capacidades y recursos, en la línea, aunque salvando las lógicas distancias, de los del CDC estadounidense, aunque con la indudable ventaja que supone nuestra sanidad pública.

Pero lo cierto es que para responder a retos globales como lo está siendo esta pandemia, necesitamos además la cogobernanza efectiva del sistema sanitario y unos presupuestos estatales al nivel de las amenazas de una sindemia de enfermedades crónicas y de desigualdad que la pandemia del covid-19 ha puesto en evidencia y potenciado. Hoy tan solo suponen una parte ridícula del conjunto del presupuesto y que sin embargo en buena parte están destinados a la asistencia privada de las mutuas sanitarias. Toda una paradoja. En paralelo también al fortalecimiento de la autonomía, el presupuesto y el carácter ejecutivo de la OMS.

Todo esto no obsta para que la evaluación final de esta trágica pandemia pueda hacer necesario en el futuro contar con nuevas leyes, aunque hoy lo prioritario sea el desarrollo reglamentario de las vigentes en un nuevo clima político de colaboración entre administraciones, y si me apuran, entre Estados dentro de la UE y a nivel global.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

Desgraciadamente, la situación no parece favorable con respecto al desarrollo del modelo comunitario de atención a la salud mental dentro de nuestro sistema sanitario, como tampoco da para ser optimista en relación a la repercusión que el covid-19 pueda tener en su evolución futura.

Porque a pesar del desarrollo vivido por la sanidad pública a partir de la Ley General de Sanidad, la salud mental que antes había quedado confinada entre los muros de los hospitales psiquiátricos ha seguido siendo, sin embargo, una de las parientes pobres del sistema, con un desarrollo lento y desigual entre las comunidades autónomas, un presupuesto global de apenas el cinco por ciento del conjunto del gasto sanitario, lo que supone tan solo la mitad de la media europea, unas plantillas desequilibradas y con una estrategia de salud mental hoy prácticamente desconocida, incluso en los programas de formación de las distintas especialidades profesionales relacionadas con la salud mental, y cuya evaluación, que estaba prevista para 2013, sigue aún pendiente.

Antes de la pandemia, la reforma de la salud mental de orientación comunitaria, que comenzó al final del franquismo en algunos hospitales psiquiátricos y que inicialmente había experimentado un cambio en algunas de las comunidades autónomas hacia la psiquiatría de sector y en mucha menor medida comunitaria, en la actualidad ya ha retrocedido de hecho a una psiquiatría reparadora, monopolizada por los medicamentos, formando parte de una estrategia de contención, acompañada también de la contención mecánica y hasta incluso del retorno ominoso a la terapia electroconvulsiva, con el apoyo de las distintas administraciones y la complacencia de las posiciones más ultraconservadoras. Sin embargo, las continuas denuncias de los pacientes y los informes del Defensor del Pueblo hasta ahora han caído en saco roto.

Es verdad que, entre los avances, contamos con un número mucho menor de camas de hospitales psiquiátricos, sustituidas por las de las plantas de agudos en los hospitales generales y por dispositivos, más o menos desarrollados, de atención y rehabilitación. Sin embargo, ya en la última etapa, hemos retrocedido hacia una psiquiatría cada día más biológica y hospitalaria, y lo que es peor, colonizada por las empresas farmacéuticas. De hecho, hace tiempo volvemos a tener de nuevo un problema de sobremedicalización y de involución en el respeto a los derechos humanos de los pacientes, en particular de los más graves, dentro del subsistema de salud mental.

Es de temer que con la pandemia y el recorte de actividades e incluso el cierre temporal de algunos de estos dispositivos, en especial los centros de salud mental, los hospitales de día, las comunidades terapéuticas y los centros de rehabilitación, la atención sobre todo a los trastornos graves pierda todavía más su continuidad, que estos pacientes se descompensen y que vean más coartados sus derechos. 

También que con el confinamiento y ahora las restricciones a la movilidad y el distanciamiento físico, sustituidos por el sucedáneo de la comunicación telemática, el teletrabajo y las redes sociales, se incremente el número de personas aquejadas de estrés, ansiedad, e incluso depresión. Otro factor añadido puede ser el impacto del distanciamiento en la sensación de soledad.

Además, es muy probable que la recesión económica y la crisis social y laboral consiguientes, a pesar del efecto amortiguador de los ERTEs e ingresos mínimos y prestaciones sociales, tengan también un impacto negativo en la salud mental y éstas sean más profundas entre las clases sociales desfavorecidas y los barrios más directamente afectados por el agravamiento de las situaciones de pobreza, precariedad e incertidumbre, así como entre los colectivos más vulnerables como los ancianos, los discapacitados y entre sus cuidadoras.

Sin embargo, lo único que se ha puesto en marcha durante el confinamiento, para compensar el cierre de dispositivos de salud mental, ha sido una línea telefónica de atención psicológica nacional solapada con otras autonómicas y que en conjunto tuvieron escasa o casi nula demanda e incidencia, lo que da cuenta de la regresión en la que se encuentran sus gestores. Por ello, el manido tópico de que la atención telefónica ha venido para quedarse supone casi una broma de mal gusto que, a tenor de recientes declaraciones de algunos responsables, se pretende consolidar como alternativa para el seguimiento de pacientes e incluso para las primeras consultas. Una auténtica barbaridad.

Pero además, como en otros aspectos de nuestra vida social en situación de normalidad, también el trauma que ha supuesto la pandemia ha servido para poner en evidencia las fortalezas, pero sobre todo las debilidades de nuestro modelo de salud en la comunidad, y dentro de él de la atención primaria, la sociosanitaria y también de nuestro modelo de salud mental.

Los centros de salud mental se encuentran ahora recuperando a duras penas el funcionamiento con consultas telefónicas, atendiendo urgencias, y poco a poco la actividad a demanda, ya que la labor de equipo, la atención programada, la prevención y promoción de salud mental en la comunidad llevan estando desde bastante antes de la pandemia bajo mínimos, cuando no desaparecidos. Por otra parte los centros de día, con mayor o menor desarrollo, se han visto obligados a cerrar durante el confinamiento y apenas se han recuperado.

Los dispositivos rehabilitadores para los trastornos mentales graves, como los centros llamados de tratamiento integral, los hospitales de día, comunidades terapéuticas y otros dentro del programa, más o menos vigente en las comunidades autónomas, relativo al trastorno mental severo, ya estaban también con una alta ocupación y regresando aceleradamente hacia meros centros de crónicos.

También, a causa del covid-19, los servicios de salud mental de los hospitales generales, aparte de las urgencias y reagudizaciones, han introducido la atención telefónica y reorientado su atención hacia programas de apoyo a los familiares de los pacientes del covid-19 y a los colegas y sanitarios sometidos al estrés de la pandemia y la consiguiente presión asistencial. Un sucedáneo telemático y telefónico del que también existe el riesgo de consolidación para la postpandemia.

En resumen: venimos de la involución de la salud mental de distrito o sector, del alejamiento cada vez mayor del modelo comunitario, hipermedicalización y del retroceso en el respeto a los derechos de los pacientes, todo ello unido ahora al sucedáneo digital acelerado por la pandemia. La distopía que se anuncia es un modelo clínico de contención para las mayorías y otro de autocontrol digital para minorías.

Por tanto, todas estas medidas, adoptadas como alternativa al confinamiento y al covid-19 como el aumento de la atención telefónica y la teleterapia psicológica y psiquiátrica, en sustitución de la atención personal y la psicoterapia, si bien puede ser un complemento coyuntural, corren el peligro de reducir aún más si cabe la relación personal y psicoterapéutica y con ello de alejarnos aún más del modelo comunitario.

Es por eso que habría que aprovechar las lecciones de la pandemia para sacudirse de una vez la inercia psiquiátrica y el monopolio de la medicamentalización, y para retomar el modelo de salud mental comunitaria, la atención integral y la programación, revitalización o reorientación de los actuales dispositivos de Salud mental.

Habría pues que volver a otra suerte de nueva normalidad apoyada fundamentalmente en la revitalización de la atención integral desde los centros de salud mental. En cuanto a los dispositivos para los enfermos más graves y para su seguimiento, lo que se requiere es recuperar las terapias personalizadas y actividades de grupo, en la medida que la pandemia lo permita, con el apoyo de familiares y asociaciones de pacientes.

Por otra parte y en relación a las previsibles consecuencias mentales de la pandemia, sería conveniente intervenir activamente mediante programas orientados a prevenir y tratar los problemas de ansiedad y depresión, con atención especial a los ancianos y también a la mayoría de mujeres con sobrecarga de cuidados.

Aunque, en todo caso, el futuro dependerá de si continúa la inercia y la involución psiquiátrica, o por el contrario se abre una reflexión crítica más allá de la izquierda y se adoptan medidas decididas con recursos suficientes para relanzar el modelo comunitario de salud mental, hoy en franca regresión.

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Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.

En defensa del parlamento (Frente a la equidistancia y la antipolítica)

Es un escándalo, dicen. El parlamento se ha amordazado a sí mismo, permitiendo al Gobierno delegar la gestión en las comunidades autónomas y dilatar la prórroga del estado de alarma durante los próximos seis meses, remachan que sin ningún control. Una marginación iliberal del parlamento. Antes de eso, los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición de izquierdas ya habían presentado una proposición que entre otras medidas van a reducir la mayoría necesaria para elegir a los vocales juristas del consejo General del Poder Judicial. Un ataque a la independencia del poder judicial y a la división de poderes.

Se trata de dar continuidad como sea al escándalo habitual de los miércoles en la sesión de control al Gobierno. Antes eran los viernes de dolores y ahora es el día de la bronca. Unas preguntas que no son sino pedradas dialécticas y unas respuestas que tampoco son tales. A ver quién exagera más la nota y aparece por unos escasos segundos en los medios de comunicación y en las redes sociales, dispuestos ambos a escandalizarse, por si el diputado ejerce de tertuliano o influencer. Además si antes la confrontación de la oposición de derechas era hasta hace poco de todos frente al Gobierno, ahora también entre ellas, todos contra todos. Un día más entre la bronca, el morbo y el hastío.

Y, si no hay carnaza en la Carrera de San Jerónimo, siempre habrá meteduras de pata y errores garrafales de los políticos entre el mensaje de responsabilidad y unos hechos irresponsables como la gestión de la Comunidad de Madrid o la fiesta de El Español. Un error de unos políticos concretos, junto con personajes de la ciudad económica, aunque se aproveche para hacer otra vez equidistancia y antipolítica.

Poco importa que en relación al estado de alarma tengamos una funesta experiencia de los agónicos plazos quincenales y su precipitado final. Tampoco que los grupos parlamentarios hayan alcanzado un acuerdo para que el presidente del Gobierno comparezca cada dos meses y el ministro de Sanidad mensualmente para dar cuenta y someterse al control del parlamento. Ni resulta relevante que a los cuatro meses se evalúe su marcha, con los presidentes de las comunidades, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. Por eso hubiera sido, más que conveniente necesario, que el presidente del Gobierno hubiera liderado en el Congreso está nueva etapa.

Pero sobre todo, es una minucia que el nuevo estado de alarma, tome en cuenta tanto las limitaciones iniciales del mando único como las del periodo de gestión de las comunidades en solitario, dando cobertura jurídica al cuadro de mandos en forma de semáforo pactado en el el consejo interterritorialal, así como a la delegación de su gestión en los presidentes autonómicos y al papel coordinador del gobierno central en la ley de cohesión, cuestionado por el TSJM.

Una fórmula inédita de cogobernanza federalista que podría consolidarse mediante la conferencia de presidentes y en el futuro en la comisión de las comunidades del Senado. La única diferencia con Alemania estribaría entonces en la voluntad de compromiso y la lealtad de las partes, pero sobre todo en la efectividad frente a la pandemia de la mencionada cogobernanza.

No resulta relevante que los grupos del Gobierno hayan paralizado la tramitación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, con la intención de retomar la negociación con el PP y consensuar los nombres y el procedimiento a seguir. Una reforma que, aparte de la polémica reducción de los tres quintos de mayoría exigibles para la elección, también preveía la supresión del los nombramientos una vez finalizado el periodo de cinco años de mandato del consejo, que habían venido siendo aprovechados por la derecha para copar los principales órganos judiciales. A pesar de todo ello, la mayoría de los vocales, hoy en funciones, que son una minoría en el parlamento, se reúnen para lamentar la politización de la justicia mientras continúan con los nombramientos de sus afines, como si nada hubiera ocurrido.

Y sobre todo resulta un detalle sin importancia para los agitadores del antiparlamentarismo el que, una semana antes, el Congreso de los diputados haya resuelto con seriedad y contundencia la quinta moción de censura de la democracia, presentada por la extremaderecha, con el objetivo de criminalizar al Gobierno, disputar el liderazgo al PP y agitar el malestar con todo tipo de consignas antidemocráticas, descalificaciones e insultos. Finalmente una moción rechazada y unos argumentos echados por tierra por la inmensa mayoría. Todo ello a pesar del caldo de cultivo precedente de crispación y bronca protagonizadas por algunos de los portavoces y convenientemente amplificadas por los medios de información de la antipolítica y de la equidistancia.

Poco importa asimismo que haya aprobado las recomendaciones del Pacto de Toledo en defensa de la sostenibilidad del sistema público de pensiones por amplia mayoría, de la que de nuevo se ha autoexcluido la extrema derecha. Unas recomendaciones que significan al tiempo la buena noticia de la revitalización de instituciones de diálogo y concertación transversales como el Pacto de Toledo, así como la expresión de la voluntad muy mayoritaria de consolidación del sistema público contributivo frente a los recortes unilaterales de gobiernos anteriores y haciendo caso omiso a la presión de los lobies de los fondos privados de pensiones.

Además, después de tanto ruido en relación a las distintas formas de aislar la retropía de la extrema derecha. De si a la manera del cordón sanitario francoalemán, con su derrota política a la italiana o ilegalizados a la griega... por fin nos hemos dado cuenta que la mejor forma es a la española: dando credibilidad en primer lugar a las instituciones representativas como el Parlamento, poniendo en evidencia la falta de proyecto de la extrema derecha y asimismo aprobando medidas que afronten las causas últimas del malestar social, que no son otras que los recortes sociales y la corrupción política.

Al parecer, tampoco importa que por fin la Cámara haya recibido el proyecto de ley de Presupuestos para 2021, después varios años de prórrogas y en consecuencia de modificaciones presupuestarias, en este caso en manos del gobierno de turno y al margen del parlamento. Una buena noticia para los ciudadanos y una mala noticia para quienes pretenden que el fondo de reconstrucción europeo se gestione al margen de la política y la mayoría parlamentaria por órganos técnicos, supuestamente neutrales.

De escándalo en escándalo y tiro porque me toca. Sin embargo, detrás de la bronca, del ruido y la teatralización de la política está la iniciativa social y política, la negociación y el acuerdo. Es verdad que no es suficiente, que la regeneración democrática exige más transparencia y participación, junto a una ciudadanía crítica. Pero son, nada más y nada menos, que unos primeros pasos.

Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.

Durante la pandemia hemos tomado conciencia de la importancia de tener organismos internacionales como la OMS y de que es prioritario dotarlos de mayor independencia y autoridad, pese a que desde el principio de la crisis ha sido cuestionada por los mentirosos negacionistas y sometida a grandes presiones. Trump, que pidió una evaluación de la misma por sus errores en el inicio de la pandemia, ha llegado incluso a retirar la contribución económica de EEUU, que es fundamental para su funcionamiento. Por eso, en esta fase de crisis sanitaria mundial, el proyecto de la OMS de compartir vacunas entre los países ricos y los países empobrecidos es una verdadera prueba de fuego.

La plataforma COVAX, en la que junto a la OMS participan la fundación Gates, el banco mundial, 80 países de renta media alta (ni China ni USA), el Banco Mundial y algunos otros organismos internacionales, distribuirá a través de UNICEF las vacunas en un número equivalente de países de bajos ingresos. Buen recurso para intentar un reparto justo: por un lado, intenta equilibrar el abuso de los poderosos y a la vez esa misma expresividad sirve para lanzar un mensaje al mundo. Una especie de versión robinhoodiana de la lucha por la solidaridad. Esta política de la OMS chocará, a buen seguro, contra los intereses de los países más ricos y con la administración Trump, una de cuyas características durante estos cuatro años ha sido la retirada de los acuerdos internacionales y la ruptura con sus alianzas tradicionales. Paralelamente, con países como Rusia o China pretende convertir las vacunas en una baza geopolítica.

Pero eso no sería lo único, ni siquiera lo más esotérico del trumpismo. Recordemos que el presidente candidato es un fascista que está enfrentado a los valores democráticos, y que ha fundamentado su mandato en la promoción del odio a los inmigrantes, y se atreve a poner en cuestión, incluso, el próximo resultado electoral. He aquí algunos otros ejemplos de cuestiones que también han protagonizado su presidencia. El control civil sobre las fuerzas armadas es inferior al de cualquier otra época. Hoy, Estados Unidos es un imperio en declive, cuya influencia real en el mundo ha disminuido, pero con un despliegue militar sin precedentes y un presupuesto de defensa de 700.000 millones. El militarismo también protagoniza la política interior. Ha utilizado a la Guardia Nacional para acallar las protestas contra el racismo e imponerse a los gobernadores demócratas a raíz del asesinato de George Floyd. Y en sus últimas apariciones públicas no ha querido desmentir su apoyo a las acciones de la extrema derecha armada, en el caso de que se niegue a abandonar la Casa Blanca si al final pierde las elecciones.

También es general el suspenso aplicado a la gestión sanitaria de la crisis de la pandemia por parte del gobierno republicano. Todos los observadores respetados coinciden en destacar la extensión de los contagios y el número de fallecidos, parámetros en los que tanto Trump como sus aliados del populismo son los peores del mundo. Pero sobre todo llama la atención la abultada tasa de mortalidad de los EEUU entre las franjas de mediana edad, en jóvenes y en particular en pobres y de raza negra, lo que pone en evidencia los problemas de accesibilidad de su sistema sanitario.

El trumpismo también ha fracasado en su intento de limitar la supremacía tecnológica china. Y a pesar de que las todopoderosas GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) y el célebre Valle del Silicio son americanas, también está perdiendo la batalla de la I+D. Sólo Huawei destina a este apartado el diez por ciento de los beneficios anuales de la empresa, a la altura de los gigantes norteamericanos. Como dice Evgeny Morozov, el 5G desata los nervios de Estados Unidos porque no tiene ningún campeón para competir en la carrera, mientras que Europa en este sentido está más tranquila porque tendría dos proveedores de equipos: Nokia y Ericsson. La ofensiva de Trump a favor del Brexit y contra Europa ha tenido mucho que ver con esto.

También es verdad que China y Rusia utilizan la tecnología para fines oscuros y han desarrollado además una gran capacidad de control del ciberespacio y de manipular la información en países extranjeros. Además, China en particular, un estado totalitario, es líder en áreas como la inteligencia artificial, con gran desarrollo de técnicas de control de los ciudadanos.

Todo esto no son sino detalles en los que hay que pensar. Pero quizás la primera cuestión que nos preocupa es esta: ¿cómo afectará la pandemia al resultado de las elecciones en Estados Unidos?

Por todas estas, entre otras, razones, son tan importantes las elecciones del 3 de noviembre, que llegan tras un verano de grandes movilizaciones por la justicia racial, catalizadas por el movimiento Black Lives Matter. Una derrota de Trump será una derrota para todo el populismo ultra y los mentirosos negacionistas del mundo. Un triunfo de Biden y Harris permitiría recomponer las relaciones fundamentalmente con Europa, pero también con China, restaurando con esta última unas relaciones diplomáticas que no se basen en la división, las mentiras y la cizaña.

Europa, por su parte, no lo tendría todo hecho. La decisión europea de un mapa de riesgos en la segunda ola debería ir acompañada de otras medidas como la provisión de recursos para la investigación y la respuesta en salud pública en torno al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, la OMS europea).

Todo esto ocurre cuando en España se ha celebrado el debate de la moción de censura, el cual, frente a los agoreros de la crispación política y la equidistancia, ha salido mejor de lo esperado. No sólo por el fracaso de la extrema derecha al no sumar ni un solo voto, sino también por lo que la dura respuesta del PP ha significado.

Es bueno que la nostalgia franquista, las mentiras y la teoría de la conspiración en la línea de Trump, esgrimidas por Abascal, hayan sido objeto de rechazo por parte del conjunto del arco parlamentario, y también lo es la cohesión de los grupos que tienen por delante el reto de los Presupuestos, de la incorporación del fondo de reconstrucción y de la renovación de las instituciones.

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Gaspar Llamazares Trigo y Miguel Souto Bayarri son médicos y autores, junto a la psicóloga Gema González López, del libro 'Salud: ¿derecho o negocio? Una defensa de la sanidad pública'.

El que fuera coordinador federal de Izquierda Unida entre 2000 y 2008, Gaspar Llamazares, ha pedido este miércoles que al menos se le dé "un entierro digno" a la organización a la que ve disuelta, puesto que se ha liquidado su "soberanía en favor del PCE y Podemos".

"Ahora dicen que superar IU no significa disolverla", ha escrito en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press en el que, sin citarle, muestra de nuevo su oposición al rumbo que ha seguido la federación desde la llegada de su líder actual, Alberto Garzón, ahora ministro de Consumo.

Desde su punto de vista, el "proceso de negar su patrimonio de lucha y pacto en la Transición" y de "acabar con su soberanía en favor del PCE y Podemos" sólo puede definirse como la "disolución" de la federación de partidos nacida en 1986. "Mejor sería un entierro digno", se lamenta Llamazares que actualmente es secretario general del partido Actúa.

(Madrid y la segunda ola de la pandemia)

"A medida que la oleada de otoño se acercaba a su punto álgido, el miedo y la frustración amenazaron con convertirse en disturbios".

La gripe española en Zamora.

El jinte pálido, Laura Spinney

Ya estamos en plena segunda ola de la pandemia. Lo cierto es que la pandemia del covid-19, como ya ocurriera con la gripe española, en realidad nunca se había ido. Ha seguido con nosotros después del confinamiento en lo que podríamos denominar un continuo estado asimétrico de brote, que ahora avanza con la fuerza de la marea hacia la transmisión comunitaria. Esperemos que esta vez logremos entre todos que sea más suave que la primera.

Madrid finalmente se ha convertido en el rompeolas de la pandemia, no solo por la alta incidencia acumulada durante las últimas semanas y la baja tasa de positividad, negada desde el principio por sus autoridades y por desgracia hoy sin embargo demostrada, sino por la transmisión comunitaria que afecta ya a sus principales ciudades y municipios.

En el trasfondo de la negación, latía el pulso entre la estrategia gradual que implícitamente remite a la inmunidad de grupo frente a la estrategia de contención y confinamiento. Un pulso que ha terminado con unos datos descontrolados y un gobierno desarbolado en la Comunidad de Madrid que se proclamaba la representación genuina de la alternativa y de la oposición conservadora.

Finalmente el armisticio ha sido el paso necesario para facilitar una salida a una estrategia fracasada, aunque no por ello será fácil su necesaria rectificación en forma de la ansiada unidad, cooperación y cogobierno frente a la crisis. No hay más que ver las últimas resistencias. Y no solo en Madrid.

Hoy los datos de España son tan contundentes como preocupantes, con una alta incidencia en varias CCAA, con especial gravedad en Madrid, Navarra y La Rioja. El progresivo retroceso de la situación general se traduce ya, además de en los ingresos hospitalarios e ingresos en UCI, en el aumento de los fallecidos.

Los datos en Europa, aunque más tardíos, continúan también progresivamente al alza incorporándose a la segunda ola pandémica. Primero España y a continuación Francia y Gran Bretaña y aún por detrás Portugal, Alemania, Austria y Holanda. Según los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), el número de casos positivos reportados lleva dos meses consecutivos creciendo con el regreso a la presencialidad en los trabajos, la vuelta al colegio de los niños, junto al cansancio y la relajación en el seguimiento de las medidas de prevención del covid-19 por parte de los ciudadanos europeos.

En definitiva, la incidencia acumulada y la tasa de positividad nos adentran globalmente en la segunda ola, pero tienen una distribución asimétrica. Todos los países europeos y todas las CCAA en general aumentan, pero lo hacen a distintas velocidades y desde puntos de partida muy diversos.

En España, el caso de Asturias es una muestra de buenas prácticas en la aplicación del plan de respuesta temprana, en especial con el nivel de testeo, la disponibilidad de reactivos y personal de laboratorio que explica su bajo tiempo de espera para la prueba y su tasa de positividad, también el esfuerzo de la atención primaria y de salud pública y asimismo y desde un principio el mensaje de preocupación y responsabilidad institucional que ha calado entre la ciudadanía en contraste con el del optimismo y la relajación de la nueva normalidad.

Por otra parte, también tenemos ventajas en relación a los fallos de la sorpresa e incredulidad en la primera oleada. Hoy podemos evitar el colapso y el confinamiento. Si la primera oleada fue un tsunami que nos desbordó, ésta es una potente marea que con medidas decididas y con anticipación aún estamos a tiempo de contener.

De hecho, la experiencia de medidas de contención y confinamiento en algunas de las CCAA, como Aragón, Cataluña y el País Vasco, entre otras, demuestra que se puede evitar que los brotes se transformen en transmisión comunitaria y sobre todo que ésta se torne a su vez en colapso del sistema sanitario.

No somos el patito feo ni el cisne negro de esta pandemia. Ni estamos condenados a ser los peores ni representamos lo improbable que fatalmente tenía que ocurrir. La estrategia de contención y confinamiento demostró su eficacia en la primera ola y puede hacerlo, y quizá para ello sea necesaria una menor contundencia en esta segunda.

El principal problema fue una desescalada precipitada en forma de desbandada, con salto de fases e imcumplimiento de los criterios en pro del turismo, en algunas CCAA en particular.

Luego fue la falsa conciencia de la nueva normalidad, y en algunos la euforia, cuando en realidad se trata de una difícil convivencia con el virus en una situación que solo se puede calificar de anormalidad. La consecuencia ha sido la relajación de una parte, es verdad que minoritaria de la ciudadanía en lo personal y en lo público, añadida al negacionismo de los postulantes de la inmunidad de rebaño.

Se añadió también el incumplimiento de los compromisos para la desescalada, la nueva normalidad y el plan de respuesta, por parte de las CCAA, en particular tanto en el refuerzo de la atención primaria y la salud pública como en la puesta en marcha del dispositivo de rastreo y aislamiento en lo que se llama arcas de Noé.

Pero además, aún hoy los llamados determinantes sociales siguen siendo los grandes olvidados. Por el mismo lugar por donde empezó también la segunda ola de la gripe de 1918: la movilidad, la vendimia y las fiestas que la llevaron al Levante español. Hoy podríamos decir que por la falta de prevención en las condiciones laborales de los temporeros y el hacinamiento en el transporte público y en los barrios populares. La enfermedad siempre se ceba en el código postal de los más vulnerables.

Es por todo esto que, en este momento, el plan de respuesta temprana y los indicadores aprobados para la denominada nueva normalidad son en estos momentos de alerta, en plena segunda ola de la pandemia, absolutamente insuficientes. Hay que pasar con urgencia a un plan coordinado y progresivo de vuelta a las etapas de la desescalada, con su correspondiente cuadro de mandos e indicadores. La labor de coordinación y la autoridad sanitaria deben avanzar así, aunque sea sobre la marcha, hacia la cogobernanza.

Dentro de la respuesta a esta segunda ola, deberíamos aprovechar para corregir algunos de los errores e insuficiencias que cometimos en la primera: sería conveniente reforzar la contención de la pandemia abriendo la gestión a la información más cualificada y a la sociedad civil recogiendo sus propuestas con grupos de expertos para llevar a cabo un asesoramiento operativo y una evaluación continua.

Tendríamos asimismo que mejorar la comunicación, sin caer en la tentación del catastrofismo, estimulando la participación, la responsabilidad y el compromiso de los ciudadanos.

Pero, con el actual nivel de expansión de la segunda ola, ya no bastan las recientes alarmas y las recomendaciones de la comisión Europea y del ECDC ante la situación de la pandemia. Es imprescindible un mayor papel de la UE y también de los organismos internacionales como la OMS, al objeto de garantizar la cooperación, la solidaridad y la equidad en la prevención y el tratamiento de la pandemia.

Por lo pronto, con un mayor grado de corresponsabilidad en materia de sistemas de información, vigilancia, alertas y salud pública, pero también en relación a la garantía de la accesibilidad y la equidad de los tratamientos y las vacunas como el proyecto COVAX, del que se han autoexcluido las grandes potencias, por razones económicas y geoestratégicas.

Porque el interés económico, el individualismo y el nacionalismo son nuestras mayores debilidades frente al virus.

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Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.

- ¿De quién es la patente de esta vacuna?

- Bueno, supongo que de la gente. No hay patente ¿Se puede patentar el sol?

Jonas Salk

Los anuncios. Entre la realidad y la propaganda.

El Gobierno anuncia que tendremos tres millones de vacunas para final de año, cuando los precedentes, salvo excepciones, han tardado una década. Donald Trump, más imprudente, haciendo de la necesidad virtud, pone fecha para antes de las presidenciales de Noviembre.

La científica jefe de la OMS, sin embargo, señala que, siendo realistas, las vacunas para el covid-19 no llegarán a los países y a sus ciudadanos hasta después de mediados de 2021. Se trata de producir miles de millones de dosis, y aunque se duplicase la capacidad actual de los principales productores, si antes no se colapsa la cadena de suministro, apenas habría vacunas para un veinte por ciento de la población a lo largo de 2021.

Este tipo de previsiones juega en tiempos de pandemia el papel de señuelo para mantener la esperanza, como mucho antes lo fueran los milagros o como ha ocurrido recientemente con el eslogan de la nueva normalidad al final del confinamiento. El riesgo es que, de no cumplirse, añada más decepción y frustración a la incertidumbre actual.

En todo caso, la carrera entre las más de ciento cuarenta vacunas en marcha, la treintena en situación de ensayo clínico y entre ellas las nueve en su tercera fase y las dos ya autorizadas, permite que se mantengan las expectativas más optimistas.

Como digo, no es nada nuevo. En cada pandemia reciente todos los responsables políticos han planteado unos plazos irreales y anunciado la vacuna como panacea... Unas expectativas y unos plazos que han resultado ilusorios. Por ejemplo: con las anunciadas vacunas del sida o el ébola, por las que aún seguimos esperando. Y de las culminadas, al final solo el diez por ciento han sido seguras y efectivas.

Por supuesto, no cabe duda de que las vacunas han sido uno de los mayores éxitos de la salud pública, eso sí junto al agua potable, el saneamiento y las mejoras sociales, laborales y en igualdad de género.

Su periodo floreciente comienza con el éxito de las vacunas de la viruela en el siglo XIII y de la polio ya mediados los años cincuenta, y su generalización en los sesenta y setenta del siglo pasado con los calendarios vacunales y la vacunación obligatoria de niños y soldados.

La alta incidencia hasta entonces de epidemias infecciosas infantiles, de su alta mortalidad y graves secuelas ha descendido drásticamente, para volver solo a repuntar en occidente en la actualidad.

Las vacunas, en todo caso, no sustituyen, sino que complementan el saneamiento, la higiene y las medidas de salud pública y atención sanitaria. El mantenimiento de las medidas higiénicas es esencial, ya que tan solo el lavado de manos reduce la presencia de los microorganismos a la mitad.

Tampoco sustituye las medidas de salud pública para la contención de la transmisión de las pandemias ni las destinadas a las patologías y los hábitos de riesgo, hoy descuidadas, ni tampoco a la mejora de las terapias y el refuerzo de los recursos sanitarios.

Por eso, la prioridad para la OMS en sus últimas conferencias ha sido primero la atención primaria y ahora la universalización de la atención sanitaria y la salud en todas las políticas para hacer frente a los determinantes sociales.

La encrucijada para las vacunas está hoy en sus limitaciones, en algunos casos de eficacia, pero sobre todo de investigación y comercialización, así como en la relajación si no en la desconfianza de una parte de la opinión pública. Una opinión pública que va de una complacencia en aumento, incluso entre los sanitarios, al minoritario movimiento antivacunas.

La salud, entre el negocio y la geopolítica

Nos encontramos de hecho en una encrucijada y ante la necesidad de un cambio de estrategia. De la estrategia de erradicación a la contención de los virus.

De otra parte, por los fracasos de la malaria, el sida y el ébola y con las recientes experiencias ambivalentes de la gripe A y la gripe común. Una como consecuencia de su acaparamiento injusto y la otra por la discusión sobre su eficacia variable año a año, entre el 30 y el 60 por ciento.

Pero lo más grave son las dificultades para su viabilidad económica: dificultades que abarcan la investigación, el desarrollo y la fabricación: porque las vacunas son en primer lugar medicamentos biológicos en cultivos celulares, mucho más difíciles de conseguir que los químicos.

Pero además, con dificultades añadidas con respecto a los mercados estables de los tratamientos crónicos, frente a la incertidumbre y el corto plazo del mercado de las vacunas. Sobre todo, en el momento decisivo del llamado valle de la muerte, en la fase III del ensayo clínico, con la necesidad de contar con una amplia cohorte de personas a lo largo de un tiempo. En resumen, una perspectiva incierta de casi una década, en miles de personas y que requiere miles de millones de inversión en investigación, desarrollo y licencias.

En definitiva, estas son las causas de la pérdida de interés del mercado de las vacunas para un sector privado menguante, que ya sólo representa el 3% del billonario negocio del medicamento. La prioridad hoy son, por contra, las enfermedades crónicas y los medicamentos biológicos.

En los últimos tiempos, estos problemas se han paliado a base de trasladar el coste de la investigación al sector público, para mantener la rentabilidad en el privado, y mediante soluciones temporales como las donaciones, las fundaciones y las llamadas alianzas público-privadas.

Sin embargo, la necesidad de una financiación sostenida en el tiempo para la preparación ante futuras pandemias, como las que requeriría el listado de patógenos prioritarios liderado por la OMS, obligaría a la participación del sector público en toda la cadena, no solo en la investigación sino también en la producción y comercialización. Aunque no parece que, a pesar de la amenaza de pandemias letales, esa sea la voluntad de buena parte de los gobiernos.

El continuismo de la vacuna del covid-19

Hoy estamos ante un proceso vertiginoso de investigación de la vacuna del covid-19, solo comparable al de la gripe A. El problema sería repetir también el acaparamiento de entonces que solo dejó un diez por ciento de vacunas para un reparto con criterios de justicia y solidaridad.

Una loca carrera de compañías farmacéuticas y Estados para conseguir a toda costa la vacuna del covid-19, que han incorporado la salud a su nueva guerra fría comercial y tecnológica.

Algunas, saltándose incluso la fase 3 para llegar antes. Otras recurriendo al hackeo y el espionaje, y todas en una pelea de precios en escalada que ya ha multiplicado por diez el cálculo inicial.

Una vez más, con una importante, cuando no total, aportación pública en la investigación de algunas de las vacunas mejor posicionadas, como ocurre además de las chinas, la cubana, la italiana o las españolas del Carlos III, con la totalidad de Moderna o la vacuna de la Universidad de Oxford entre otras, mientras se mantienen sus futuros beneficios en manos privadas y no se garantiza la transparencia ni la accesibilidad ni la universalidad. [Este miércoles conocíamos además la noticia de que la farmacéutica AstraZeneka, que elabora la vacuna de Oxford, ha tenido que suspender sus ensayos porque uno de los voluntarios que la probaban ha sufrido una enfermedad que por el momento no tiene explicación].

Otra vez nos encontramos entre la realidad del nacionalismo vacunal y la necesidad urgente y vital de la gobernanza global de la salud pública.

Un contraejemplo a no seguir son las medidas egoístas de países de la Unión Europea para ser los primeros. Para ello, garantizándole un negocio sin riesgo a la industria farmacéutica en la llamada, no sin cierto sarcasmo, alianza inclusiva europea, garantizando la financiación pública de las vacunas, con la compra de millones de unidades sin conocer aún su seguridad y eficacia, y el compromiso de indemnizar a las compañías si estas produjeran reacciones adversas.

Otro, son las medidas de castigo de los EEUU contra la OMS, dentro de la lógica nacionalista y geoestratégica, con la acusación de compartir información sobre las investigaciones y por su iniciativa COVAX para el acceso universal a las vacunas.

También sigue pendiente el fondo de tecnologías y propiedad intelectual (C-TAP) para hacer la I+D más transparente y accesible. Sin embargo, la mayoría de los países ricos y la industria no apoyan este mecanismo.

En definitiva, sigue pendiente la necesaria justicia global en el reparto a los empobrecidos y la prioridad de los más vulnerables. Cuando ni siquiera se ha promovido el debate de la justicia, la bioética y la transparencia en relación a la futura vacuna del covid-19.

Por eso aumenta la preocupación por el acceso a la vacuna en función de las necesidades y no de la renta, y por eso la OMS ha encabezado la iniciativa para el acceso a las vacunas de todos los países (COVAX) y también por eso la propuesta más reciente de las organizaciones y los expertos en bioética del llamado Modelo de Prioridad Justa para favorecer a los más vulnerables.

La OMS nos recuerda que “vivimos en un mundo globalizado, los países dependen unos de otros, y si no eliminamos este virus en todas partes no podremos reconstruir ninguna economía”. Si la vacuna, debido al precio, no llega a todos, será imposible contener el coronavirus.

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Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.

Manzoni en 'Los Novios'.

Uno se pregunta a qué viene el encarnizamiento personal con Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, nombrado en su momento por un gobierno conservador y respaldado por el actual gobierno de izquierdas, y sobre todo cuando ya no es el portavoz habitual, como lo fue en otro momento de la pandemia, una vez finalizado el largo confinamiento y la polémica desescalada con algunas CCAA, que hoy seguramente estarán echando de menos aquellos tiempos de menor exigencia y responsabilidad.

El linchamiento no es algo nuevo en tiempos de pandemia, recuérdense si no a cristianos, judíos, brujas, extranjeros, enemigos, untadores… y tampoco ha respetado precisamente a quienes han representado la respuesta religiosa, científica, médica o de salud pública, pero confieso que uno hubiera deseado que perteneciera solo a la historia de la ignorancia, y no a estos tiempos nuestros de la razón, el Big Data y la tecnología digital. Al parecer no lo es tanto para la derecha populista.

Tampoco el alanceamiento de los máximos responsables de salud pública es exclusivo de la derecha española y ni siquiera sus argumentos son originales. La derecha más extremista, y en particular las derechas populistas de nuevo cuño, han convertido a los expertos y a los organismos de salud pública como la OMS en su oscuro objeto de rechazo y linchamiento. Así lo han hecho Donald Trump, Bolsonaro y buena parte de la extrema derecha europea. La bien llamada alianza de las avestruces que prefieren no mirar de frente a la pandemia y en consecuencia se apuntan a la inmunidad de rebaño.

Los argumentos son tan fútiles como coincidentes, incluyendo tanto las críticas a posteriori como a priori: que si la tardanza en la respuesta inicial y la falta de contundencia en las medidas, que si después los excesos del confinamiento y de las medidas de distanciamiento, pero sobre todo frente a los cambios de criterio de la ciencia, por ejemplo con respecto a la transmisión, los test y las mascarillas, en lógica respuesta a la evolución de la pandemia y el conocimiento de nuevas evidencias.

Así ha ocurrido con el memorándum de Trump, filtrado por la casa Blanca contra Antony Fauci, experto del CDC, al que se le acusa de minimizar inicialmente la pandemia, de menospreciar la transmisión asintomática y de no considerar necesaria hasta ahora la generalización de la mascarilla. Casualmente las mismas críticas de la extrema derecha europea a la Organización Mundial de la Salud y al ECDC y también las mismas que la derecha española le han venido haciendo a Fernando Simón.

Una primera explicación del recrudecimiento de estas descalificaciones postconfinamiento podría ser el conocimiento y la valoración pública de un técnico cualificado del ministerio convertido, como sus homólogos de otros países, para bien o para mal en un personaje, y la necesidad de los medios de identificarlo y caracterizarlo desde el punto de vista personal. Eso explicaría desde las camisetas alusivas como icono o como un héroe en algunos sectores, hasta la sistemática descalificación, incluido el insulto, en los medios y las redes sociales más conservadoras, sea con excusa o sin ella. Una parte de la llamada infodemia.

Otra razón, ésta más política, podría ser la intención de las derechas de seguir manteniendo en el imaginario colectivo la responsabilidad en esta nueva fase de la pandemia de Fernando Simón y con ello del Ministerio de Sanidad y el Gobierno central, como una suerte de cortina de humo para ocultar las competencias y la evidente responsabilidad de los gobiernos de las CCAA en la fase de control de la pandemia. Precisamente cuando los rebrotes se incrementan y aparecen más claras las dificultades de cualquier administración, en anticiparse y cortar la transmisión del covid-19, sea cual sea su color político, para garantizar su control y evitar una nueva oleada.

No en vano el Partido Popular ha cambiado una vez más su discurso para mantener el no a todo que ha caracterizado su estrategia política de oposición a la gestión de la pandemia, paradójicamente cuando su seguidismo de la extrema derecha se ha demostrado un estrepitoso fracaso, tanto en su nula capacidad de condicionar la gestión del Gobierno, que ha cedido a Ciudadanos todo el protagonismo, como en su más que pobre resultado electoral. En realidad, la nueva victoria con mayoría absoluta de Feijóo en Galicia ha puesto en evidencia que habría un amplio margen para otra política conservadora. Una estrategia moderada que sin embargo la dirección de Casado ha desaprovechado.

Así, después de primero haber reprochado una reacción tardía al covid-19 como lugar común, para luego decir lo contrario frente al Estado de Alarma, por excesivo, estricto y al parecer por tener motivaciones autoritarias ocultas al rebufo de Vox, asegurando por contra que había medidas legales de salud pública que lo hacían innecesario. Ahora, sin embargo, le exige al Gobierno la puesta en marcha de una nueva legislación, a medio camino de la de alarma, que le dé más poder y flexibilidad a las CCAA, así como la elaboración de un plan B, que en un derroche de imaginación han denominado de pandemias, para coordinar la respuesta en esta nueva fase de control a los nuevos brotes y garantizar la prevención de otras oleadas.

Con todo ello, la derecha hace gala de nuevo de una amnesia y un cinismo ilimitados. Porque fueron ellos precisamente quienes se resistieron primero y luego boicotearon durante casi una década el desarrollo reglamentario y la aplicación de la Ley General de Salud Pública aprobada en 2011, los mismos que luego, en plena pandemia, la reclamaron como el instrumento legal idóneo que paliaría los efectos indeseables del Estado de Alarma, y que también contiene, entre las previsiones que ellos no desarrollaron, la puesta en marcha de estrategias como la que ahora reclaman como plan B.

Y son también los que pretenden tanto ocultar el reciente Decreto de Nueva Normalidad que supuso su vuelta al acuerdo, después de sucesivos rechazos a la prórroga del confinamiento, como asimismo ignorar el Plan de Respuesta Temprana en la actual fase de control, publicado el 13 de julio y sometido ya a valoración del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En ambos se incorporan los indicadores y supuestos para hacer frente a los brotes, así como las medidas y los instrumentos de coordinación de las competencias autonómicas y centrales, en particular de salud pública y sanidad exterior.

La cuestión fundamental que pretenden obviar, sin embargo, es si las CCAA gobernadas por las derechas, más allá de las críticas sistemáticas a Fernando Simón y al gobierno central, han cumplido con estos indicadores y criterios, con respecto a la detección, la atención a los casos y el seguimiento y aislamiento de contactos, reforzando la atención primaria y el personal y los recursos de salud pública.

En definitiva, tal parece que fuese del mayor interés el morbo y el linchamiento personal. Pero, sobre todo, estamos asistiendo en los últimos días a un exorcismo para conjurar en el personaje de Fernando Simón a los demonios particulares de la derecha seguidista de la extrema derecha: el papel de la ciencia, de la política democrática y de su intervención a lo largo de la pandemia frente al mero darwinismo de mercado.

En palabras de Iván Krastev en Cómo la pandemia cambiará el mundo, las crisis que más disfrutan los gobiernos autoritarios son las que ellos mismos fabrican… y no les gustan las crisis que obligan a responder con normas. Rechazan por tanto la agenda impuesta por una pandemia sin enemigo reconocible, más allá del virus, la hiperactividad del mercado y la fragilidad social.

El maligno que se intenta expulsar no es otro que la salud pública, y en ella el consenso de la ciudadanía con las limitaciones, las medidas excepcionales y las normas encaminadas a garantizar ante todo la salud colectiva, la solidaridad y a recuperar la seguridad pública. Algo que la extrema derecha, al parecer, no puede tolerar, si no es en manos de un cirujano de hierro que gestione el miedo frente a un enemigo imaginario, convenientemente estigmatizado como problema de orden público, como los inmigrantes, las feministas, los homosexuales... Por eso, al parecer, ahora le toca a los científicos, y entre nosotros a Fernando Simón.

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Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.

infoLibre publica un extracto de La izquierda herida, de Gaspar Llamazares, que La esfera de los libros pone a la venta este miércoles 22 de enero. El líder de Actúa y exdirigente de Izquierda Unida esboza en el ensayo, de algo más de 300 páginas, su proyecto contra "el espejismo del populismo". A lo largo del libro, Llamazares desarrolla también su diagnóstico de la situación de la izquierda en España, que ve "herida, más que dividida, que en la rama tradicional cuenta con una militancia reducida y envejecida, desconfiada con respecto a sus dirigentes y hacia sus cargos públicos; con unos órganos de dirección rituales, con un empobrecimiento rampante de la elaboración, la participación y la vida interna". 

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Ser de izquierda en el siglo XXI

La ventaja de las organizaciones políticas frente al fetichismo de las redes sociales es el marco de ideas, valores y experiencias que compartimos, la capacidad de analizar la realidad más allá de los datos y sobre todo la capacidad de integrar en un proyecto la fragmentación social, la pluralidad y la identidad, con el objetivo de cambiar la realidad con instrumentos de socialización como la participación, el compromiso y el activismo militante.

Si mantenemos esta tensión entre lo que se conoce, se reflexiona y se hace, los partidos políticos de una izquierda abierta y de cambio estaremos capacitados para intervenir y avanzar. Un proyecto político de compromiso y solidaridad compatible con la autonomía individual y la realización personal. Un marco para la relación cara a cara y la interacción, hoy tan escasas. También un espacio para la amabilidad y el afecto. Si, por el contrario, nos quedásemos solo en la selección de cuadros, la celebración de las ideas y en la fiscalización desconfiada de las instituciones, lejos del cambio, seremos factores de bloqueo.

Por eso tengo la impresión de que vuelve la solución mágica de retornar a las bases, a los movimientos sociales y al debate estratégico ante una crisis que de nuevo se atribuye a la institucionalización, a los aparatos y sus tácticas. Un nuevo bandazo basado en el prejuicio y la vuelta a los dogmas. Esta supuesta alternativa tópica elude lo esencial.

El objetivo debe ser organizar un proyecto compartido, ideológico y programático de encuentro, que recomponga las múltiples fracturas sociales, sentimentales y territoriales de la izquierda. Se trataría, por tanto, de articular una nueva organización plural y federal, con la participación en primarias, los grupos de interés, la inteligencia compartida y la dirección colectiva y en red. Existe suficiente experiencia hoy para renovar profundamente la forma partido sin liquidarla ni sustituirla por el personalismo o el populismo. Si se refuerzan la transparencia, el pluralismo, la amabilidad y la responsabilidad en la democracia interna, se puede hacer. Es preciso compatibilizarlo con los nuevos instrumentos de democracia participativa de simpatizantes, facilitados por las nuevas tecnologías, pero siempre como auxiliares, no como sustitutivas.

En la complejidad social, territorial y cultural actual, como consecuencia de las fracturas de la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías, habrá que ensayar nuevos modelos de participación adaptados a las distintas realidades. Organizaciones de sector, de profesiones, de interés.

Hay evidencias sobradas de la necesidad urgente de marcos de reflexión de ideas y modelos de gestión plurales de la izquierda que alimenten la renovación de ideas, técnicas y prácticas. Una renovación que debiera extenderse a las políticas de alianzas, las organizaciones civiles y las instituciones. Porque los partidos no son muy diferentes ni están al margen del resto de la sociedad, y en ellos deben integrarse y no ser anuladas ni estigmatizadas la cultura política, la memoria y el relato de las distintas izquierdas. Debe tener mayor espacio la renovación política, ideológica y programática, pluralista sin dogmatismo, sectarismo ni exclusiones. Ha de ser un marco en el que la relación con la sociedad civil y los sindicatos se fortalezca, respetando la autonomía de los movimientos sociales, en el que primen el diálogo, la colaboración y las alianzas plurales de las izquierdas frente al monólogo, el antagonismo, el bloqueo y la parálisis.

El problema será que los autodenominados nuevos partidos no sean mejores que los partidos tradicionales como instituciones de organización de ideas, de representación y mediación. El futuro está tan lejos de las oligarquías de hierro como del monopolio de la agitación.

No es de extrañar que con este estrecho panorama interno, la función de los partidos se haya centrado más en la agitación de los convencidos y la confrontación con los adversarios, más incluso con los más cercanos, que en el reconocimiento mutuo, el diálogo y el pacto, valores todos ellos imprescindibles para hacer gobernable una representación política multipartidista en democracia.

La serie de televisión danesa Borgen no ha sido hasta ahora nuestra referencia. Seguimos, por el contrario, con la cultura aversiva del bipartidismo en una sociedad pluripartidista, a la que hemos añadido el ingrediente personalista y publicitario del populismo. Un anacronismo que solo genera más bloqueo, inseguridad y descrédito ciudadano. Ni siquiera se ha intentado que estas formas de reconocimiento y diálogo se abrieran paso como consecuencia de la moción de censura. Ahora, en un clima de elecciones permanentes, parece que tampoco va a ser fácil.

Abocados a un pulso constante de marcas y egos, se hace más necesaria que nunca la recomposición y renovación de la izquierda. Ante la decepción de la nueva política, de nada vale volver la vista atrás, como si todavía fuera posible encontrar las respuestas en las fuerzas políticas del pasado.

Mejor será reconocer nuestra orfandad, para la que no valen los sucedáneos de las casas de acogida puntuales o de las adopciones forzadas, y para la que necesitamos recomponer el diálogo entre los que creemos en la buena política de los valores y las ideas de izquierdas, de las organizaciones amables como foros de compromiso y de la política de cambios posibles animada por la imaginación, la esperanza, la cooperación y la fraternidad. En esa tarea difícil y callada, casi homérica, merece la pena embarcarse.

En definitiva, nosotros venimos del partido político de izquierdas de tradición comunista como intelectual colectivo, con el marxismo como instrumento para el conocimiento y para el cambio, que como toma el pulso a la realidad, valora la relación de fuerzas e impulsa la conciencia y la acción colectiva. Un modelo de partido que ha cambiado a su vez con las transformaciones que hemos impulsado (Vázquez Montalbán) y de las que hemos participado, en particular entre los trabajadores. Primero con los distintos procesos revolucionarios, luego con la defensa de la democracia frente al fascismo y más tarde con la construcción del Estado social.

Desde principios del siglo XX se produjo la división en las estrategias de la Segunda y Tercera Internacional. La Guerra Fría consolidó la división con la influencia de la dinámica de bloques entre las dos izquierdas. De un lado, el partido como burocracia para la selección de cuadros, confundido con el Estado, la política y el control de la gestión. De otro, el partido como vanguardia revolucionaria, y en Europa como maquinaria electoral y como gobierno de gestión pragmática u oposición. La socialdemocracia se convierte en garante del Estado del Bienestar, mientras el eurocomunismo se sitúa en un primer momento fuera de los límites del cordón sanitario para más tarde comprometerse en la colaboración, incluso a un programa común, con gobiernos de izquierdas o en la oposición.

La citada tercera vía de Blair y Schröder introdujo los criterios neoliberales de gestión privada en el sector público, tanto en los servicios públicos como en el modelo laboral precario, contribuyendo a su privatización y aumentando de nuevo la desconfianza y la dificultad de las alianzas entre las dos corrientes de la izquierda.

En el siglo XXI se consolida la pérdida de vitalidad y utilidad del partido político en la izquierda como intelectual colectivo, atrapado entre la gestión liberal de los socialdemócratas y el fin de la estrategia del eurocomunismo. Una historia de división, desencuentros, cordones sanitarios y ahora acuerdos de programa o coaliciones de gobierno en Europa. En España, entre la colaboración en la acción local y autonómica y mayoritariamente la oposición y el sorpaso en el nivel estatal.

La actual dinámica populista, a partir de la rebelión de las bases y la conexión presidencialista con el líder, refuerza la disciplina y la exclusión del pluralismo político y abre la puerta al partido plebiscitario, el nuevo centralismo y el confederalismo parlamentario, así como el mimetismo de los movimientos sociales y la incorporación oportunista de sus demandas.