La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.

Donald Trump, después de haber hecho todo lo posible para impedir su elección, ha tendido la mano al que será alcalde de Nueva York a partir del 1 de enero, el socialista demócrata Zohran Mamdani. Aunque había calificado a Mamdani de “comunista” y “antisemita”, el domingo pasado no descartó un encuentro con él. Finalmente quedó fijado para este viernes 21 de noviembre en la Casa Blanca.

“Le gustaría venir a Washington para reunirse con nosotros. Encontraremos una solución”, declaró Trump, expromotor inmobiliario y neoyorquino, añadiendo: “Queremos que todo salga lo mejor posible para Nueva York.” Sin embargo, durante la campaña electoral, el presidente amenazó con suspender el pago de fondos federales al municipio, que para 2026 ascienden a unos 7.400 millones de dólares (6.380 millones de euros), lo que representa el 6,4 % del gasto de la ciudad.

Al día siguiente, Zohran Mamdani confirmó que su equipo se había puesto en contacto con la Casa Blanca. Para él, se trata simplemente de cumplir “un compromiso adquirido con los neoyorquinos durante esta campaña, un compromiso que demostraba su voluntad de reunirse con todos aquellos que lo desearan, siempre que ello beneficiara a los ocho millones y medio de habitantes de la ciudad y contribuyera a resolver la crisis de la vivienda que empuja a muchos de ellos a abandonar Nueva York”.

Desde su elección, Zohran Mamdani no ha parado. “Le debemos a esta ciudad estar listos para empezar a aplicar medidas desde el 1 de enero”, dijo al día siguiente de su victoria. “Tenemos cincuenta y siete días, y esos cincuenta y siete días los dedicaremos a prepararnos.”

El que será el primer alcalde musulmán y de origen sudasiático de esta ciudad global, y el más joven en más de un siglo, ha creado hasta principios de enero un equipo de transición compuesto por cinco mujeres. Algunas han formado parte de Administraciones anteriores (la del alcalde saliente, Eric Adams, y la de su predecesor, Bill de Blasio, alcalde de 2014 a 2021), mientras que otras han trabajado para el Gobierno federal o en ONG.

Todas ellas pueden presumir de tener experiencia, una forma de Mamdani de contrarrestar las críticas sobre su falta de experiencia debido a su juventud. Este equipo se encarga de sentar las bases de la futura administración de la ciudad, con inventiva y audacia. “Formaremos una administración competente y humana”, declaró el nuevo alcalde, “guiada por la integridad y dispuesta a trabajar con el mismo entusiasmo que los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar.”

La presencia de Lina Khan, responsable de la FTC (Comisión Federal de Comercio) durante la presidencia de Joe Biden, no pasa desapercibida. Al frente de esta agencia federal encargada de la aplicación de las leyes de competencia, esta treintañera era conocida como la “cazadora de monopolios” (trustbuster) debido a sus investigaciones sobre Amazon o las grandes tecnológicas. No solo ha luchado contra los grandes grupos, sino que ha utilizado las leyes antimonopolio para mejorar la vida cotidiana de los americanos aumentando los derechos de los consumidores, como destacaba Les Échos en un artículo dedicado a ella.

Lina Khan quiere ahora poner esa experiencia al servicio de las promesas de Mamdani, con el fin de hacer que la ciudad de Nueva York sea más accesible para quienes la hacen vivir a diario, pero no llegan a fin de mes.

Así, estableció un paralelismo entre lo que ella hizo en la FTC y lo que él hizo durante su campaña. “Ha prestado mucha atención al coste de la vida”, destacó en una entrevista con Jon Stewart en su podcast. “Ha demostrado una curiosidad genuina. Ha salido a las calles de Nueva York y ha preguntado al vendedor de comida halal: ‘¿Por qué el pollo y el arroz han pasado de 8 a 10 dólares? ¿Cuáles son los factores concretos que han provocado ese aumento de precios?”. También iba a la tienda de comestibles de la esquina a hacer la misma pregunta. Este tipo de curiosidad básica, el deseo de aprender de las personas que viven estas realidades a diario, es muy raro en política”.

“Es algo que intenté mostrar en la FTC”, dijo, “y la gente decía, francamente, que era la primera vez que un funcionario se interesaba por el funcionamiento de esos mercados. Otra cosa que quiero destacar es que él no declaró que el aumento de los precios y la precariedad eran inevitables. Dijo: ‘Hay una razón y, si se trata de empresas que infringen la ley o de la existencia de una concentración de intereses, no dudaré en denunciarlo’”.

Durante el periodo de transición, Lina Khan deberá “examinar todas las herramientas de que dispone el alcalde”. “Porque, con demasiada frecuencia”, señaló, “se olvidan los poderes de los que realmente dispone el Gobierno”.

Durante su campaña, Mamdani se comprometió a congelar los alquileres de las viviendas sociales, garantizar la gratuidad de los autobuses, permitir a las familias acceder a un sistema de guarderías y abrir en cada uno de los cinco distritos de la ciudad supermercados municipales a precios bajos, todo ello financiado mediante un aumento de los impuestos a las empresas y a los más ricos.

Dos días después de su elección, el futuro alcalde también abrió un portal online para recoger candidaturas a puestos en las agencias y oficinas municipales. Se presentaron 25.000 personas en las primeras 24 horas.

Esto demuestra que la energía de la campaña electoral se está “canalizando hacia el éxito en la gestión municipal, que solo puede ser beneficioso para los neoyorquinos”, afirmó en una televisión local una de las miembros del equipo de transición, María Torres-Springer. “Busca personas con la capacidad, la voluntad y la pasión necesarias para resolver problemas complejos y buscar soluciones innovadoras para hacer frente a la crisis del coste de la vida”, añadió.

Mamdani también ha recurrido a personas con experiencia para su futuro gobierno. Para poder gestionar una ciudad con unos 300.000 funcionarios, ha nombrado como teniente de alcalde, un cargo crucial debido a su gestión diaria de la administración, a Dean Fuleihan, de 74 años, que ocupó ese mismo cargo con Bill de Blasio. Como era de esperar, Elle Bisgaard-Church, de 34 años, que lleva mucho tiempo trabajando con él, se convierte en su jefa de gabinete.

Zohran Mamdani también indicó que quiere mantener a Jessica Tisch como responsable de la policía. Durante la campaña, tuvo que retractarse de sus declaraciones a favor de recortes en los presupuestos de las fuerzas del orden, explicando que quería desarrollar una relación de confianza con ellas. Ahora aboga por la creación de un “departamento de seguridad local” (Department of Community Safety), que se encargaría de aplicar su visión de la seguridad pública, en particular en el transporte público, y al que querría dotar de un presupuesto de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros).

El alcalde electo de Nueva York también tendrá que negociar con la gobernadora del Estado de Nueva York, la demócrata moderada Kathy Hochul, en particular para conseguir subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas. Ella le ha apoyado, aunque ha expresado diferentes puntos de vista, especialmente en materia fiscal. Ambos ya mantuvieron conversaciones a mediados de noviembre. En 2026, Mamdani debería tener éxito en sus comienzos y Hochul prepararse para presentarse a un segundo mandato. Es hora de unir fuerzas.

Traducción de Miguel López

“Una vez más la sociedad española se ha visto conmovida por la corrupción que afecta hoy a uno de los principales partidos de nuestro país”. Así comienza la propuesta que la plataforma ciudadana +Democracia ha lanzado con 40 medidas para atajar la corrupción en España. El texto se divide en seis bloques temáticos, que recogen recomendaciones a los partidos políticos, a las instituciones del Estado, a los organismos encargados de las contrataciones públicas, al Tribunal de Cuentas, a las Cortes Generales y a la justicia.

La organización, que preside la politóloga Cristina Monge, expresa la necesidad de “combatir el deterioro de la política democrática” y señala que los distintos Gobiernos han incurrido en retrasos y omisiones a la hora de aplicar reformas contra esta lacra. “Los estallidos de corrupción en el entorno del PP durante las últimas décadas, la financiación irregular de Vox y ahora el caso Cerdán en el entorno del PSOE, no ayudan a lograr una mayor confianza de la ciudadanía en las organizaciones políticas”, concluyen.

Desde +Democracia reclaman atención a unas propuestas que llevan lanzando desde 2015 y que, de acuerdo con informes que respalda la OCDE podrían frenar la fuga de activos públicos. “Una inversión de entre 50 y 100 millones de euros, que requeriría la puesta en marcha de las medidas que aquí se plantean, generaría un retorno de más de 1.000 millones de euros”, apuntan.

Entre los principales puntos está reformar la ley de partidos para mejorar la transparencia e incorporar órganos de control ético. También crear una agencia antifraude dependiente de Parlamento, con capacidad sancionadora y un mayor control tributario de las cuentas de los cargos públicos y directivos de grandes empresas. En cuanto a la contratación pública, reclaman más sanciones para las empresas que corrompan, vetos en los contratos públicos y la creación de órganos de contratación técnicos e independientes.

Al Tribunal de Cuentas le solicitan un sistema de sanciones más severo sobre los comportamientos inadecuados, además de impedir el acceso a ayudas públicas durante 10 años a los partidos políticos que se financien de manera irregular. Finalmente, piden a las Cortes más independencia para los diputados con respecto a sus partidos, regular los grupos de interés o profundizar en la independencia de la Fiscalía General del Estado, entre otras.

Los lobbies siguen moviéndose en la pura opacidad en España. Los tentáculos se extienden sin que entre de lleno la luz. Pero ese espacio de sombras empieza a tener los días contados. En la Cámara Baja ya se está tramitando el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés enviado por el Gobierno, que este martes supera previsiblemente una votación crucial.

El texto aprobado en enero por el Consejo de Ministros se enfrenta a la enmienda a la totalidad presentada por Vox. Fuentes socialistas trasladan su convicción de que tienen los apoyos para derrotar el intento de la ultraderecha de frenar el texto. En el PP no desvelan el sentido de su voto, pero ellos no han registrado enmienda a la totalidad, por lo que se interpreta como que no tratarán de devolver esta norma en este paso al Ejecutivo. De esta manera se actúa en dos frentes: con esta norma a nivel de la administración general, mientras que la propia institución del Congreso acaba de establecer su reglamento interno.

Esta ley está enmarcada dentro del plan de regeneración democrática lanzado por el Gobierno central y tiene como campo de acción la Administración General y el sector público institucional estatal con la idea de establecer, como se hace también a nivel europeo, una regulación de los grupos de interés “que permite concebirlos como uno más de los actores que, de forma legítima, responsable y transparente, ejercen una actividad de influencia en el diseño de las políticas y en la adopción de las decisiones públicas”, como indica la propia norma.

Será la primera vez que se regule a los lobbies en España y establece la propia definición de lo que son: “Personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público”.

La norma fija también lo que se considera una “actividad de influencia”: “Cualquier comunicación directa o indirecta realizada por un grupo de interés con el personal público, con la finalidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos, desarrollada a título individual o en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de intereses de terceros, independientemente del lugar en el que se lleve a cabo y del canal o medio utilizado para ejercerla”.

La norma tiene como uno de sus puntos fuertes la creación de un registro para ejercer esa actividad, que será público, gratuito e interoperable con el de otras administraciones. Estará gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y los datos estarán disponibles y serán accesibles para todo el mundo a través del portal de la transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web de la Oficina.

El proyecto de ley establece que la inscripción de estos lobbies será obligatoria y quienes no estén registrados no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público. Además, en la solicitud de inscripción se indicará expresamente si las personas físicas que van a realizar actividades de influencia o los representantes de éstas han trabajado al servicio de la Administración del Estado o de cualquier entidad de su sector público institucional en los dos años previos al desarrollo de dichas actividades o a la inscripción del grupo de interés.

El registro, según consta en el texto que se estudia en el Congreso, incluirá la relación de las personas físicas y jurídicas que ejercen la actividad de influencia, así como su domicilio o sede social. También contará con la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando qué parte es imputable a la actividad de influencia. Otra información de relevancia será el detalle de las actuaciones desarrolladas por los grupos de interés, especialmente las reuniones y audiencias mantenidas con el personal público de influencia.

El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, establece un código de conducta con trece puntos de obligado cumplimiento para los lobbies. El primero de ellos fija: “Actuar conforme a los principios del ordenamiento jurídico de manera transparente, íntegra y honesta”. Se exige informar al personal público de los intereses que persigue el grupo y se rechaza ejercer “presión abusiva”. Asimismo, queda prohibido para los lobbistas ofrecer regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas al personal público.

Otro de los grandes avances de la ley, si se aprueba, tiene que ver con lo que se conoce como la “huella normativa” a través del informe del departamento competente, donde se hará constar la identidad del personal público que haya mantenido contacto con dichos grupos, así como el conjunto de aportaciones y observaciones formuladas por ellos, bien en términos literales, bien, cuando su volumen no lo permita, mediante la incorporación de una síntesis de las mismas que, en cada caso, deberá elaborar y aportar el grupo de interés. Se tendrán las reuniones y las fechas de las mismas.

La norma también contiene infracciones tipificadas en un régimen sancionador. Las consideradas como “muy graves” conllevarán  la cancelación de la inscripción en el registro y la prohibición de volver a solicitar la actividad en un periodo máximo de dos años. Las graves supondrán retirar el permiso entre tres y seis meses, mientras que las leves conllevarán un apercibimiento.

Un grupo de estudiantes debate intensamente frente a la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona una tarde de noviembre de 1994. En el centro de la protesta: la exigencia de destinar el 0,7% del PIB a la cooperación. Entre ellos está Jaume Asens. Ahí arranca una vida dedicada a la movilización que, al calor del 15M, acabaría en las instituciones. Tras su paso por el Ayuntamiento de Barcelona junto Ada Colau, ha sido testigo de momentos clave de España como la firma del primer Gobierno de coalición tras la II República. En su mochila lleva la negociación de la ley de amnistía, y hoy es eurodiputado en un momento crucial para una UE que ha virado a la derecha y que sufre las embestidas de Donald Trump y Vladimir Putin.

Todo ese camino lo condensa en el libro Los años irrecuperables, en el que desfilan los grandes protagonistas del panorama político español. De Pablo Iglesias a Yolanda Díaz pasando por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Y Asens (Barcelona, 1972) mira al futuro llamando a que los progresistas ondeen la bandera de la esperanza frente al auge del miedo y la ultraderecha y apelando a un “perdón colectivo” de toda la izquierda para ir de nuevo en una lista unitaria en las próximas elecciones generales.

¿Qué radiografía política hace de la España de marzo de 2025?

Estamos en un momento complicado, donde el Gobierno de coalición es casi el último mohicano en Europa. Es el estandarte que queda en pie, es la fortaleza del progresismo en la UE. Eso genera una gran responsabilidad porque tenemos la oportunidad de ser un faro para otros países y encarnar la esperanza de una reacción que vuelva a superar a la extrema derecha. Las fuerzas conservadoras llevan ahora la iniciativa política y cultural en el continente, lideradas además por sus facciones más radicales. Y nosotros estamos situados en un terreno abierto, no acaba de terminar el ciclo político de la década pasada. Pero van ganando ellos.

¿En qué momento vital está la UE? ¿Hacia dónde va Europa?

La sociedad se ha endurecido. Cuando teníamos las respuestas, el covid nos cambió las preguntas. Y del estado de shock se pasó al estado de guerra, que lleva a tiempos de reacción. Es la teoría del péndulo. El sistema político y social ha mutado: hay miedo al futuro. El ciclo progresista en España aguanta, en cambio, por la mínima y dependiendo de partidos que no son de izquierdas. Es una brecha de esperanza. Y me lleva a otra reflexión.

¿Cuál?

Europa ha crecido siempre en los momentos de crisis. Todo lo que está pasando es una mala noticia porque es una amenaza a la UE como sueño de continente para la paz, la libertad y la prosperidad, pero a la vez es una oportunidad para crecer. La Unión Europea es un invento que sale tras la derrota del fascismo y del nazismo. Ahora vuelven a campar los vientos fríos y a galopar los fantasmas del pasado pero es tiempo para levantar otro proyecto superador. Tenemos que construir un nuevo pacto social y un nuevo keynesianismo, como señala en esa dirección Thomas Piketty. Hay que ir mucho más allá de la socialdemocracia clásica y abordar cuestiones de fondo. Hay que pensar en lo que vendrá después y en la ola superadora. Europa tiene la oportunidad ahora de ser más fuerte y acabar de construirse. Una cosa positiva de Donald Trump es que ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos: EEUU sólo defiende sus intereses y quiere a una UE sometida. Hay que ganar autonomía y emanciparnos de Estados Unidos, porque la amenaza no sólo viene de Rusia.

El libro es un testimonio directo del ciclo político que arrancó del 15M, ¿qué cambió en positivo en la política y en la sociedad española?

Fue una sacudida muy importante, hizo que todo el mundo tuviera que cambiar sus posiciones. Fue una repolitización de la gente y el movimiento social más grande desde la Transición. Le dimos la vuelta a la sociedad. Los partidos y los sindicatos incorporaron cosas del 15M, que fue el caldo de cultivo para que aparecieran los actores de la nueva política. Con la aparición de ellos, hubo una transformación importante del PSOE. Uno de los principales avances fue la política de rendición de cuentas y de transparencia y la lucha contra la corrupción. Se reseteó, aunque no se logró todo lo que se quería.

¿Qué asignaturas quedaron pendientes?

Es difícil señalarlas, porque el 15M no tenía un programa político, sino que era una idea difusa de la impugnación de la carcasa ideológica del régimen del 78 a partir de la ruptura del pacto social que lo alumbró cuando las élites empezaron a mercantilizar todo y la gente salió a la calle. Fue una forma de recuperar el poder que se había delegado a los partidos. El sistema intentó reprimir eso al principio, pero luego hubo una cierta voluntad de reformar algunas cosas para apaciguar esa movilización. Por eso es difícil decir que no se logró. Si se pregunta a los actores que nacieron el 15M, pues que llegamos lejos pero no todo lo que queríamos. Para empezar no logramos ganar las elecciones generales, aunque rompimos el bipartidismo y la cláusula de exclusión que impedía que un profesor con coleta o una activista de la PAH llegaran donde llegaron. Pero hay reformas que se quedaron a medias, con la vivienda como caso emblemático.

Vivió en primera persona la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona y ahora comentaba la reacción de los grandes poderes. ¿Cómo fue ese choque con el establishment?

Fue un choque abrupto, aprendimos a hostias. No teníamos experiencia institucional, todos veníamos de los movimientos sociales. Una de las cosas que aprendimos es la distancia entre lo que uno quiere y lo que puede hacer. Logramos cambiar muchas cosas, pero fue una montaña rusa donde tuvimos que confrontar con muchos adversarios que ponían palos en las ruedas y con los que teníamos que negociar. No sólo hago referencia a otros poderes políticos, sino también a los mediáticos y económicos. La batalla cuando estás en la institución no es de cornetas como en la calle. La euforia de la victoria electoral se nos atemperó rápidamente. Debimos adaptarnos a la realidad sin perder la energía social. Tuvimos que trabajar con lo que teníamos a mano, con muchas dificultades. En el fondo es muy difícil gobernar cuando estás rodeado de poderes conservadores. Son lecciones importantes pero amargas.

En el libro recoge la caída de Íñigo Errejón. Estos días ha trascendido también el caso de Juan Carlos Monedero. ¿Ha supuesto un golpe conocer esas situaciones?

Sí, es un golpe emocional fuerte. Primero: cuando sucede un caso de estas características, siempre nos interpela a los hombres. Nos pone ante un espejo incómodo: el machismo es muy transversal, nadie es inmune. Cuando son entornos cercanos, lo vives peor porque son personas que conoces. La empatía siempre tiene que estar con las víctimas, hay que estar a su lado. No es una situación agradable. Pero permite crecer: aprendes, tomas conciencia de la problemática y ves que está más cerca de lo que puedes imaginar.

Al principio del ciclo del 15M no había un partido de extrema derecha, y ahora es la tercera fuerza del país. ¿Cómo lo analiza? ¿Ha tocado techo el partido de Abascal o puede seguir creciendo en las encuestas?

No lo sé, es difícil de prever. Pero si la marea impugnatoria antes venía de abajo, ahora viene de la extrema derecha del tablero. Eso tiene que ver con muchos factores como la crisis de la modernidad o que el futuro da miedo, por lo que la gente busca refugios y mira al pasado para buscar certezas en un contexto convulso. En este clima se impone un sentimiento muy humano pero peligroso: el miedo. Lo que hace es paralizar a quien lo sufre, es algo invisible que te vuelve más desconfiado, egoísta, conservador, impotente y resignado. La derecha se alimenta de eso porque el miedo es el instrumento por excelencia de dominio para anestesiar la conciencia política y social. Eso lleva al repliegue identitario y al odio y a los chivos expiatorios. La obligación de la gente de izquierdas frente al ascenso de la extrema derecha es levantar la bandera de la esperanza.

Habla de la bandera de la esperanza por parte de la izquierda, pero ahora mismo hay un fragmentado mapa progresista (Podemos se separó de Sumar, hay partidos como Más Madrid e IU que piden mayor espacio dentro del grupo…). ¿La izquierda puede lograr el objetivo de una lista unitaria para las próximas generales o está abocada a ir por separado?

No sé si puede, pero sí que debe. Es verdad que es difícil porque estamos navegando en un mar de resignación y de reproches y existe el riesgo de acabar totalmente naufragando. Pero no nos podemos permitir perder la esperanza. El mundo en general nos induce al reproche, a la rabia, al rencor y a la venganza. Son sentimientos muy humanos pero que nos atrapan en la prisión asfixiante del pasado e hipotecan el futuro. Por eso, es importante mirar atrás para comprender la vida y seguir adelante. Hay que aprender a olvidar ciertas cosas, como dejar atrás heridas, traiciones y errores propios y ajenos para situarnos en el presente con un perdón colectivo. Quien no esté a la altura y no sea capaz de dejar esos sentimientos tiene que dar un paso al lado. Ante el ascenso de la extrema derecha hay que desinflar los egos. Esos sentimientos son propios de los egos de personas que no quieren abrir su corazón. Tenemos que mirarnos otra vez a los ojos, desinflar y reconstruir el espacio. Para eso hay que dejar de atacarse en los medios de forma pública. Nunca he criticado a un compañero del espacio. Y sigo defendiendo eso. La división desmoraliza a la gente. Si conduces a tu gente con antorchas montaña arriba, después es muy difícil bajarla porque creas anticuerpos que dificultan la unidad. 

Fue una de las personas más implicadas en la negociación de la ley de amnistía, ¿valió la pena a pesar de todas las críticas?

Sí, la ley de amnistía era una oportunidad importante para volver a hacer política, restablecer los puentes rotos y resolver un conflicto político por las vías del diálogo y del acuerdo. Es lo que debe hacer una democracia cuando hay problemas políticos. Se había resuelto mal con cárcel y persecución, lo que alargó la cuestión. La democracia española ahora es más fuerte cuando es capaz de integrar a quien ha expulsado del juego. Igual que pasó con EH Bildu en su día. Era importante poner el marcador a cero y tener un nuevo inicio para avanzar en el Estado plurinacional y en la agenda social. 

Ha sido testigo de algunos de los momentos más trascendentales de la política en los últimos años como la firma en el Congreso del primer Gobierno de coalición desde la II República. ¿Cómo descifra la figura política de Pedro Sánchez?

Sánchez es una persona astuta que sabe poner los acontecimientos a su favor. Es muy pragmático y no le importa decir una cosa y la contraria. En la campaña electoral lo caractericé como un camaleón, lo que es una virtud y un defecto a la vez. Cuando lo conocí en la distancia corta, me pareció más listo de lo que pensaba. Imaginaba que detrás de su belleza ortodoxa había una persona vacua y superficial, pero me equivoqué. Es una persona preparada y que sabe de lo que habla, además de tener mucho olfato político.

En el libro menciona también mucho a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Después de las elecciones europeas, fue muy cuestionada su figura política, también por parte de integrantes del espacio de Sumar. Ahora vuelve a despuntar con la aprobación de la reducción de la jornada laboral y el choque con el PSOE sobre el SMI. ¿Le queda tirón político?

Creo que sí. Es una gran vicepresidenta, una buena gobernante, sabe negociar. Representa la esperanza para mucha gente y ha logrado cosas que parecían inimaginables como levantar el escudo social y subir el SMI, además ahora tiene la batalla de la jornada laboral. Sus acciones hablan bien de ella. Otra cosa es, como reconoce ella, que la vida interna de los partidos no le gusta. No podemos desaprovechar su capital político, porque tiene una gran inteligencia y una gran audacia política. Todavía tiene futuro político.

¿Cuál ha sido el momento más gratificante que has vivido en política?

La victoria en las elecciones municipales en Barcelona en 2015. Había muchísima ilusión y esperanza. No nos lo acabábamos de creer, pero son momentos estelares de la historia, como escribió Stefan Zweig. Ese día queda en la memoria de todos los que lo vivimos.

¿Y el peor momento?

El atento yihadista en Barcelona, fue un boquete en nuestra alma.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será la columna vertebral del futuro registro de medios, que el Gobierno impulsa ya a través de un anteproyecto como una de sus principales medidas del plan de regeneración y como consecuencia de la aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE y el reglamento de medios (EMFA).

El Consejo de Ministros dio este martes un importante paso y estudió en primera vuelta el anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, en el que lleva tiempo trabajando el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. 

El anteproyecto de ley llega además en un contexto en el que retroceden los procesos de verificación en las redes sociales, proliferan prácticas como las deepfake y se extiende la preocupación en todo el continente por las injerencias a través de las redes de terceros actores en los procesos electorales. Este ha sido uno de los temas que  más ha vigilado Bruselas en los recientes comicios en Alemania, donde Elon Musk, dueño de X, ha apoyado activamente al partido ultraderechista de AfD.

El texto, que no se ha hecho público en su integridad, tiene como uno de sus platos fuertes el registro de medios, que emana de las exigencias europeas. El modelo que ha elegido el Gobierno para su supervisión pasa por el organismo de la CNMC porque, indican fuentes del Ejecutivo, quieren dotar de mayor independencia este proceso.

El registro estatal de medios deberá ser accesible a los ciudadanos y en él tendrán que inscribir su estructura de propiedad, además de constar los fondos públicos que reciban (tanto de carácter nacional como extranjero) en concepto de publicidad. Esa información se debería ir actualizando a través de la Comisión. En este sentido, el Gobierno prevé en su propuesta que se creen registros autonómicos, que estarán coordinados con el sistema estatal y en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito local.

Además, la Comisión tendrá que velar en sus procedimientos para evaluar procesos de concentración de medios y garantizar tanto la pluralidad informativa como la independencia editorial, según el Ejecutivo. Aunque ahora mismo en el ecosistema informativo español no hay una alta concentración de propiedad en los medios digitales, fuentes del Gobierno indican que, como mandata la UE, hay que estar atentos por si se dan situaciones como que un “multimillonario comprara quince medios”. Asimismo, en el Gobierno creen que la CNMC puede jugar el papel de poner en común las peticiones de medios y editores.

La otra gran pata de este anteproyecto tiene que ver con los servicios digitales para avanzar en la protección de los derechos digitales y “en la defensa de la calidad de la democracia”, según defiende el Gobierno. También se nombra a la CNMC como coordinadora y trabajará de la mano de la Comisión Europea para que los proveedores, tanto plataformas como buscadores, cumplan con el reglamento.

Deberá también designar “alertadores fiables”, que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos, y propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos. Además, a través de la futura ley, se exigirá transparencia sobre los criterios de los algoritmos y sobre la publicidad presente en sus plataformas.

El anteproyecto establece además un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.

Como consecuencia de las nuevas atribuciones, el anteproyecto supone una modificación de la ley de creación de la CNMC para ampliar sus competencias en materias de control, supervisión, inspección y sanción sobre plataformas digitales. Además, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores. 

Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, López subrayó la "importancia" de la norma en un contexto en el que hay retrocesos en los sistemas de verificación de las redes: "El reglamento europeo es un gran escudo que nos protege a todos". Para el ministro de Transformación Digital y Función Pública, “hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios”.

Este anteproyecto forma parte del plan de regeneración impulsado por el Gobierno después de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado. La hoja de ruta consta de 31 medidas principalmente, que fueron pactadas por el PSOE y por Sumar el pasado mes de septiembre y que se pretenden implementar a lo largo de la legislatura. 

Respecto a los medios, ese plan incluye una reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación de asignación. El Ejecutivo prevé en este eje una reforma de la ley para garantizar sistemas de medición de audiencia. A la vez, se pondrá en marcha una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación y se marcarán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.

La conmoción es, por supuesto, terrible. Estados Unidos, hasta hace poco ejemplo absoluto de la inquebrantable relación entre democracia y capitalismo, deriva a principios de 2025 hacia una nueva realidad. Las primeras medidas de la administración Trump revelan un golpe de Estado de facto destinado a invalidar la Constitución de Estados Unidos.

La irrupción de un régimen de carácter neofascista en la principal potencia militar y económica del mundo causa una conmoción natural y provoca un reflejo comprensible: el de intentar salvaguardar “el mundo de antes”, que, naturalmente, parece más clemente que el prometido por Donald Trump y Elon Musk. Allí están tratando pues de salvaguardar los marcos del Estado de derecho y aquí, en Europa, de salvaguardar ese mismo Estado de derecho de las garras de los aduladores y apoderados del nuevo régimen estadounidense.

Todo esto es, por supuesto, muy necesario y urgente. Pero este movimiento de resistencia no debe conformarse con una simple postura defensiva o nostálgica. No debe aspirar a la vuelta a una forma idealizada de statu quo ante. Para luchar contra el regreso de la hidra autoritaria de manera eficaz y duradera, hay que analizar las condiciones de su resurgimiento y proponer una alternativa democrática creíble, es decir, capaz de evitar que se repita lo peor.

La referencia aquí debe ser el Resistencia que, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras luchaba en todas partes contra los fascismos alemán, italiano y japonés, llevó a cabo una reflexión para construir un mundo liberado de las condiciones del surgimiento del fascismo. Y una vez derrotado, el combate continuó para construir una nueva sociedad.

En Francia, el Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) reconoció que la fuente del peligro fascista era el abandono de la población ante las crisis capitalistas. La lucha antifascista desembocó en la creación de un Estado social que modificó profundamente la sociedad.

Hoy en día nos cuesta darnos cuenta, pero la Francia posterior a 1945 rompió por completo con la de antes de la guerra, que tenía una de las redes de seguridad social más reducidas de Occidente. Este cambio fue el producto de una lucha contra las raíces del guerra y del fascismo, así como contra el fascismo mismo. Y este es el enfoque que debe guiar a quienes quieran enfrentarse contra el poder del capitalismo autoritario contemporáneo.

Para lograrlo, hay que empezar por identificar las raíces del actual golpe de Estado. Se encuentran en los sectores rentistas de la economía estadounidense y, en primer lugar, en el de la tecnología.

Recordemos que esto es producto de una historia más larga, la de una desaceleración de la economía mundial después de la crisis de 2008, que ninguna medida ha sido capaz de impedir y que ha conllevado métodos depredadores cuyo resultado natural es la toma de control del Estado americano. Incapaz de producir valor por los medios habituales, el capital se ha refugiado en los sectores rentistas, donde se capta el valor sin pasar por los mercados. Pero estos sectores, para continuar su acumulación, necesitan controlar la sociedad en su conjunto, someterla a la pseudorrealidad de sus algoritmos. De ahí viene la violencia antidemocrática e imperial de Trump.

Los observadores de la corriente predominante que hasta ahora se complacían con la apología de un capitalismo que creían fuente de libertad y democracia, ahora están estupefactos ante el surgimiento, para ellos repentino, de una “oligarquía”, como escribe Serge July en Libération. Pero es importante señalar que esa misma estupefacción es producto de un error. La apología del capitalismo, validada por el rechazo de todo economicismo, ha conducido a una ceguera ante las fuerzas en acción durante medio siglo.

Aquellos que defendieron la contrarrevolución neoliberal que, precisamente, trató de acabar con los efectos de la lucha antifascista de la posguerra, hoy se sorprenden de la contrarrevolución trumpista, como titula Le Monde del 11 de febrero.

Pero esta ruptura es la consecuencia lógica de la anterior. Dado que el sueño neoliberal de un mercado perfecto y eficaz desembocó en el desastre de 2008 y se ha mostrado incapaz de reactivar la productividad y el crecimiento, los ganadores de este mercado han tomado las riendas e intentan construir un mundo sometido a sus intereses.

El primer escollo de la época es, por tanto, creer que el capitalismo neoliberal sería el antídoto contra la deriva fascista de Trump. Puede ser real la tentación de idealizar el régimen anterior, no solo porque era democrático y menos violento, sino también porque se podría pensar que para luchar contra los oligarcas tecnológicos, la competencia y el mercado serían una respuesta adecuada. Así que se reaviva el mito del capitalismo democrático, según el cual el funcionamiento de una economía de mercado regulada sería la base de la democracia liberal.

El problema es que este capitalismo democrático es el que ha dado a luz al monstruo trumpista-muskiano. La sacrosanta economía de mercado, que durante cuarenta años ha sido alabada por los intelectuales en voga, se encuentra en realidad en una crisis permanente que solo podía desembocar en una conclusión autoritaria y monopolística.

La competencia, presentada por los neoliberales como una solución a todos los males de la sociedad, no es más que una solución temporal. Conduce inevitablemente a concentraciones, por el propio juego de los mercados, y los grandes grupos resultantes de este fenómeno solo tienen una obsesión: preservar sus posiciones. Cuando el crecimiento es cada vez más débil, como ocurre hoy en día, lo hacen tomando el poder político y poniendo a la sociedad a raya. Luchar contra el trumpismo reactivando las ilusiones neoliberales sería, por tanto, el más funesto de los errores.

Sería olvidar que las poblaciones se han volcado hacia la extrema derecha en gran parte porque los neoliberales han fracasado, porque no han cumplido sus promesas de mejorar las condiciones de vida y no han dudado, cuando han sentido necesidades, en recurrir a métodos contundentes.

El deterioro de la democracia liberal y su creciente reducción a una formalidad electoral no son una novedad trumpista.

Desde los años 80, los neoliberales se han empeñado en reducir el papel de los sindicatos, reducir el papel del colectivo en el trabajo, mercantilizar las relaciones sociales y colonizar las mentes con la heroización de los emprendedores. El objetivo de este movimiento es, evidentemente, controlar los votos para evitar que se cuestione el orden social.

Y por si fuera poco, los neoliberales no han dudado en bloquear la democracia inscribiendo en las constituciones o en los tratados internacionales los fundamentos de su doctrina. En caso de necesidad, la “disciplina de mercado” castigaba a las sociedades, como ha ocurrido en Grecia a partir de 2010. Y, por último, el régimen neoliberal no dudó en recurrir a la represión. Desde los mineros británicos hasta los “chalecos amarillos”, la porra solía tener la última palabra frente a la protesta.

Esa política, por otra parte ineficaz, es la que ha allanado el camino al horror trumpista, como anteriormente a la dictadura de Putin en Rusia, y como ha debilitado a las democracias europeas frente a la extrema derecha. Ha preparado las mentes para la violencia, la negación de la democracia, las situaciones de excepción, en una palabra, para la sumisión de la sociedad a los intereses del capital. Lógicamente, cuando la extrema derecha propone una política a medida de los plutócratas, a gran parte de la población no le preocupa mucho.

El fracaso neoliberal es la cuna misma de la xenofobia y el racismo de la extrema derecha. Por dos razones. En primer lugar, porque, desde 2008, los partidos neoliberales, con tal de mantenerse en el poder, no han dudado en aprovechar el tema de la inmigración y en instrumentalizarlo.

Es elocuente el caso de Emmanuel Macron, a quien además le gusta presentarse como anti-Trump. Desde 2017, el presidente francés ha jugado con los temas de la extrema derecha, hasta la famosa ley de inmigración de finales de 2023, con el resultado de convertir a esa misma extrema derecha en la primera fuerza del país.

En segundo lugar, porque al no lograr un repunte de la productividad y el crecimiento, los neoliberales construyeron una economía de “juego de suma cero” en la que la finalidad de la redistribución es ahora la finalidad de la competencia dentro de la propia sociedad. Para obtener más, los grupos sociales deben intentar quitárselo a los demás. Y como los neoliberales rechazan cualquier redistribución de arriba hacia abajo y para conseguirlo han destruido todo sentimiento de clase social, lógicamente lo que han recuperado son las pertenencias étnicas o raciales. Y los que proponen una redistribución sobre esas bases son los partidos de extrema derecha.

Se comprende entonces el disparate que supondría resistir al trumpismo tratando de preservar las condiciones del surgimiento de este autoritarismo plutocrático. Su única ambición sería ganar algo de tiempo antes de que se produjera de nuevo la inevitable deriva. Ese es sin embargo el núcleo de la política defensiva que se ha llevado a cabo en los países occidentales durante años: bloquear a la extrema derecha sin atacar los orígenes de su éxito, y esperar con ansiedad la siguiente cita electoral. Todo el mundo parece encontrarse en la piel de madame Du Barry, que antes de su ejecución suplicaba: “Un ratito más, señor verdugo”. Es necesario salir de esa lógica funesta.

Para salir de este atolladero, debemos ser conscientes de que el quid de la cuestión radica en la reciente evolución del capitalismo. Poco a poco, el capitalismo democrático ha ido perdiendo su sentido. La democracia se ha convertido en un obstáculo para la acumulación de capital. Y esto no solo es aplicable a los gigantes tecnológicos, sino también al resto del capitalismo, que pretende imponer las políticas que considere necesarias, caiga quien caiga.

Ningún sector del capital acudirá en ayuda de la democracia. Quienes dependen de las ayudas públicas para mantener sus beneficios pretenden imponer un recorte de los gastos sociales y los salarios, sin preocuparse de la opinión popular. Eso es lo que ha demostrado claramente el reciente debate presupuestario en Francia.

Por lo tanto, la tarea del movimiento de resistencia es, como hace ochenta años, proponer nuevas condiciones para la existencia de la democracia. En 1945, se hizo evidente que la democracia no podía subsistir sin una forma de Estado social que actuara como protección de los ciudadanos. Lo que hoy está en juego es comprender cuáles son las condiciones sociales capaces de sostener una democracia real.

Porque lo que nos enseñan tanto el trumpismo como el melonismo es esto: la forma democrática reducida a la votación no es la democracia real. Esta debe poder apoyarse en una sociedad civil fuerte, basada a su vez en la diversidad, el respeto a las minorías, los debates de fondo y una libertad individual consciente de sus límites sociales y medioambientales. En otras palabras, las condiciones sociales de producción del voto son más importantes que el voto en sí.

Se puede seguir creyendo que la democracia y el capitalismo son indisociables apoyándose en un capitalismo regulado y contextualizado. Pero en el capitalismo actual, tales regulaciones parecen más bien señuelos. La carrera por la acumulación corre el riesgo de llevarse por delante esas barreras y lo que quede de democracia.

Es necesario reducir el poder de los más ricos, pero ¿es suficiente para frenar el desastre? No hay nada menos seguro, porque en la sociedad las necesidades del capital seguirán siendo fundamentales. Si el Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) puede ser un modelo a seguir, hay que tener siempre en cuenta que las condiciones para llevar a cabo su proyecto regulador no son las de hoy. El momento histórico actual sin duda requiere un paso más ambicioso.

Si el capitalismo es la fuente del trumpismo y sus avatares de extrema derecha, entonces la lucha de la resistencia debe centrarse en una redefinición de la democracia, despojada de la lógica de acumulación.

Eso significa que las condiciones de creación de opiniones deben liberarse de las exigencias del capital. Para lograrlo, es esencial redefinir las necesidades de los individuos en términos no ya de acumulación, sino de necesidades sociales y medioambientales. Y las condiciones para esta redefinición residen en la ampliación de la propia democracia, especialmente a las esferas de la producción y el consumo. Estas son las condiciones para el surgimiento de una conciencia cuya ausencia conduce al mundo al desastre.

Frente a la libertad de expresión esgrimida por la extrema derecha, que no es más que la libertad de someterse a las órdenes del capital y sus algoritmos, el nuevo movimiento de resistencia debe proponer una libertad más auténtica, que se materialice en una solidaridad renovada y en una conciencia de los límites medioambientales y sociales. Solo así podrá la democracia volver a tener sentido.

Todo esto puede y debe ser objeto de debate. El CNR también es el producto de un intenso debate en la Resistencia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es normal y legítimo, en esta época oscura, tratar de salvar lo que se pueda es solo una parte de la tarea de la nueva resistencia. Esta tarea defensiva no debe hacernos olvidar la otra, esencial, que es la de proyectarnos hacia el futuro. Para pasar finalmente a la ofensiva.

Traducción de Miguel López

No por alzar más la voz, gritar y resonar más alto se tiene más razón. La verdad no es directamente proporcional a la intensidad de los gritos. Ni se mide por los decibelios alcanzados.

Abrazamos informaciones suspicaces aun a sabiendas de que lo son, del mismo modo que compramos en el top manta imitaciones de las mejores marcas a un precio ridículo. Ahorro económico; ahorro mental. Un sonotone particular que se enciende y se apaga a merced de lo que nuestra certeza quiere escuchar.

Apenas tres de cada diez personas son capaces de distinguir una información cierta de una trola (según un estudio de Maldita). Y más de la mitad de los jóvenes en España, a pesar de su natividad digital, tienen dificultades para detectar una noticia falsa (confirma un estudio de Save the Children). Fruto de ello es que las fake news se retuiteen un 70% más que las verídicas, según el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Como quien ofrece un caramelo a un niño.

Pero si lo dice la tía abuela Paquita por el grupo familiar de WhatsApp o tu amigo Agustín en las fiestas del pueblo, por algo será. Familiares y amigos. Esas son las fuentes principales de información a las que recurren más del 72% de los jóvenes en España. En otras palabras, buscamos cercanía y confianza refugiándonos en esa cueva llamada sesgo de confirmación.

El Plan de regeneración democrática contra la desinformación, tan adyacente a Europa —como todo— como utópico, habida cuenta de la complejidad que supone controlar este fenómeno, pretende ser la solución. Ignoran la pedagogía. Y que más domable es el viento. Titulares vacíos que eclipsan debates serios, profundos y llenos de contenido entre la ciudadanía.

Solicitar información básica a los medios de comunicación debería ser tan cotidiano como presentar con pelos y señales la procedencia de hasta el último céntimo recibido. Ese que intenta poner en equilibrio tu balanza de ingresos y gastos mensual tratando de emular a David y Goliat.

Qué agudo que lo haga la política. Bendita quimera. Felipe dijo que no a la OTAN y al final sí. Aznar todavía asegura que fue ETA. A día de hoy, aún no sabemos quién es ‘M. Rajoy’ en los papeles de Bárcenas. Y Sánchez juró a los cuatro vientos que jamás habría una amnistía, ni que pactaría con Iglesias. En este caso no está solamente en riesgo esa variable cada vez más incontrolable por el auge de canales de comunicación en constante emergencia y transformación que devora datos con la excusa de la híperpersonalización informativa, sino otra variante que sí corre de su cuenta y es tan perfectamente dominable como peligrosa en su ausencia: la palabra. Y el honor.

Como aquel que, sentado en un banco, se irrita y espanta a las palomas con odio jaspeando una mano mientras con la otra les ofrece pan. Pan duro, ese que tú no quieres ni te vas a comer, pero pan.

Escribí esto al hilo del último debate electoral y, como fiel defensor de la pedagogía social, vuelvo a expresarlo con la certeza de que no será la última. Porque, por mucho que la política intente —o eso pretenda hacernos creer— poner frenos a este virus llamado desinformación, y como prácticamente todo en esta vida, el mejor antibiótico eres tú. Hazte estas preguntas, las mismas que se haría un buen periodista. Las clásicas 6W’s.

Qué. Qué me están contando. Contrastarlo con otras fuentes de información.

Quién/quiénes. Quién me está informando. Investiga el perfil del autor; en qué medio trabaja.

Dónde. En qué medio o canal lo estoy consumiendo, con cuidado de los que suplantan la identidad.

Por qué. Cuál es el contexto. Por qué razones me informan sobre ese tema en concreto.

Cuándo. En qué momento me lo cuentan. Quizá no es casualidad.

Cómo. De qué manera nos informan. Cuál es su interés. No confundir con la opinión, como las palabras que estás leyendo.

Pedagogía y periodismo con mayúsculas. La sociedad, o será informativamente crítica, o no será. Y tan solo nos quedará la esperanza de que el cabreo efervescente constante, como todo en esta vida porque somos así, también nos canse. Piensa mal y acertarás.

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Alberto Fandos Portella es periodista, docente y director de comunicación y marketing en Next Educación. 

Por la naturaleza de la prensa y la propia separación de poderes, el choque es frontal cuando son los gobiernos quienes regulan el derecho a la información y sus reglas. A los periodistas nos coloca en estado de alerta obligatorio cuando el Ejecutivo define por dónde debemos movernos. Es una cuestión de toma de posiciones. El periodismo tiene que controlar al poder y es de esperar que los políticos no faciliten todas las herramientas para su vigilancia y control. Como ejemplo, la prensa siempre destapa la corrupción antes que la justicia y es el mejor termómetro de la salud democrática de un país. Ahora bien, el derecho a la libertad de información también se garantiza con la regulación. Sin exigir transparencia, los intereses ocultos se mueven con impunidad. Para que la prensa sea libre, los accionariados necesitan independencia de los poderes públicos. Para que el juego no esté amañado y las campañas de desinformación no se diluyan entre la prensa libre y plural, hace falta regulación. Es muy difícil, pero sin ciertas reglas, la desinformación abona sociedades disfuncionales, fraccionadas, crispadas y ciudadanos con dificultades para diferenciar lo veraz del bulo.

Más allá de los pirómanos de la política nacional, hay un contexto del que no podemos ser ajenos. La industria de la desinformación opera como la anatomía de un bulo: parte del cuerpo de un medio de información basura tiene apariencia real para así poder transportar la propia basura. Las injerencias de webs y bots difusores de bulos en las elecciones norteamericanas de 2016 o el Brexit ha sido mejorado por el modelo Alvise o el propio Elon Musk utilizando el algoritmo para alterar la realidad e influir en el 5N. 

Sobre este contexto se debatió y aprobó en abril el Plan de Medios por la Democracia en Europa y acaba de aterrizar en el Congreso con el mismo nombre. Al Gobierno le falta poner letra pequeña a las treinta medidas a desplegar en tres años, pero las que atañen a la prensa mejorarían lo que tenemos si se cumplen la letra y el espíritu de lo publicado. 

Una cosa es estar alerta y otra –he aquí la paradoja– desinformar sobre lo que dice el plan. Vayamos a la literalidad. El plan de Pedro Sánchez no habla de control a los medios. Es Europa, con los votos de PP y PSOE, quien exige un registro y un listado. El plan del ejecutivo no habla de medios buenos y malos pero sí de publicar la financiación pública que reciben webs, canales y plataformas. Porque en general, quién paga y en qué porcentaje lo explica casi todo. No se puede estar en contra de publicar qué financiación pública va a los medios; qué porcentaje de fondos pueden recibir para que no sean totalmente dependientes de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o de un gobierno. No se puede estar en contra de la transparencia que permite saber si tras un accionariado está el constructor, el cacique de turno que controla un canal local o un fondo de inversión de capital opaco. No se puede estar en contra de regular las acreditaciones a quienes no respetan las mínimas reglas deontológicas. Tampoco se puede estar en contra de obligar a los partidos financiados con dinero público a no vetar la entrada en sus sedes a periodistas. Tampoco se puede estar en contra de publicar los microdatos de las encuestas electorales que influyen en campaña. O establecer criterios básicos para inyectar a un medio el dinero de todos. Que sea en base a suscripciones, lectores, el fin y beneficio público de un medio son los criterios a debatir… pero no el debate en sí.

Aunque el plan presentado por Félix Bolaños recoge 30 medidas a desarrollar en tres años, las relativas a medios tienen fecha. España tiene hasta agosto de 2025 para trasladar al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo. Lo planteado por Pedro Sánchez sobre medios está incluido ahí. Y como es habitual, una vez el debate llega al Congreso, llega el barro. Donde el PP veía libertad y democracia, ahora ve censura y dictaduras. Donde debe explicar qué propone y cómo lo haría para votarlo en las Cortes tal y como hizo en Europa, prefiere rebajar el debate a comparar a Sánchez con Franco. Es obligatorio seguir las intenciones del Ejecutivo sobre cómo pretende trasladar las medidas europeas a los medios. Pero también hay que exigir al PP no desvirtuar un debate que retrase o tumbe unas medidas que pueden mejorar lo que tenemos.

No les había dado tiempo a hojear siquiera las 28 páginas del denominado Plan de Acción por la Democracia (ver aquí). Mucho menos a masticar un poquito las medidas propuestas por el Gobierno, su coherencia con la normativa europea, su complejidad legislativa, su base constitucional… ¡Qué más da! Pocos minutos después del anuncio del Consejo de Ministros de este martes ya había dirigentes del PP que hablaban de “degeneración democrática” y tertulianos que denunciaban la implantación de “una lista oficial de medios buenos y malos” y “un atropello a la libertad de expresión”. 

Qué tendrán que ocultar para ponerse tan nerviosos por la simple creación de un “registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”.

Por qué se enfadan tanto ante una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que introduzca “criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, o que establezca “límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”. 

Cómo demonios (me pregunto) puede afectar a la libertad de expresión que se impulse una “ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes”. O la revisión del marco regulatorio “para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”.

A quién molesta que se apele a una “auto-regulación de los Medios y Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo”. (Esperemos sentados a la eternamente reclamada “auto-regulación de la propia industria”. ¿Qué industria periodística tiene España que es incapaz de crear un órgano independiente que sancione los clamorosos atropellos a las mínimas reglas que distinguen a un periodismo decente?).

Quién se opone a reformar el Código Penal para acabar con el disparate medieval de seguir considerando delitos las “ofensas a los sentimientos religiosos” o las “injurias a la corona…”

¿Aún queda alguien (en serio) que se oponga a hacer obligatorio el debate anual sobre el estado de la nación o la celebración de debates electorales? ¿Tanto trastorna a las grandes empresas demoscópicas hacer públicos los microdatos de sus encuestas electorales, como ya lo hacen el CIS o 40dB? (Ver aquí)

Por resumir: el Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno para ser ejecutado desde hoy hasta 2027 no es revolucionario. Es una base prudente para elevar los niveles de transparencia de las administraciones y para introducir un chute de credibilidad a un ecosistema informativo en estado comatoso. Las principales medidas referidas a los medios son una aplicación (obligada además) del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación aprobado por el Parlamento de Estrasburgo (con el apoyo, por cierto, del mismo Partido Popular que para España lo considera una “degeneración democrática”).

No es tan difícil. Las principales exigencias de ese Reglamento (ver aquí) sobre transparencia acerca de la propiedad y los ingresos de un medio informativo son (disculpen la cuña) las que cumple cada año infoLibre desde su fundación (ver aquí). No extraña que haya medios y periodistas que entran en fibrilación ante la posibilidad de que se conozca la dependencia de sus ingresos: hay cabeceras que no existirían sin el grifo de dinero público que abren a su antojo y con opacidad los gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y cada vez que, salvando numerosos escollos, se conocen datos oficiales sobre esa dependencia, reparten insultos y difamaciones sin cuento, intentando instalar que todos somos iguales. ¿Qué les preocupa ante una reforma de la ley orgánica que regula el derecho de rectificación para “mejorar el sistema de instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados”? Curiosamente, se enfadan muchísimo los mismos que jamás han rectificado sus bulos sobre los atentados del 11-M, con los que multiplicaron audiencias, hicieron negocio y aún hoy siguen dando lecciones sobre rigor periodístico y libertad de expresión.

No nos engañemos. Este Plan es sólo el principio de un camino para la regeneración democrática. Muchas de las medidas incluidas necesitan sumar mayorías parlamentarias en un Congreso muy fragmentado. Se abre un debate que, como siempre, combinará el griterío con propuestas interesadas e interesantes, y a menudo costará distinguirlas. Habrá que vigilar la aplicación y las tentaciones de utilizar en beneficio propio desde el poder palancas ideadas en beneficio del interés común. Pero insisto: ¿Por qué les molesta tanto defender la democracia?

P.D. A este Plan de Acción por la Democracia le falta una pata importante: la democratización del Poder Judicial. Sí, lo sabemos: si ya se acusa al Gobierno de coalición de imponer una “dictadura chavista” por aplicar una legislación europea para luchar contra la desinformación, ¿qué dirían si se planteara la reforma profunda de un poder judicial instalado en la endogamia y en una mentalidad alejada de la sociedad del siglo XXI? Pues también lo sabemos: la hipérbole no sería mucho mayor. Hubo avances en el último acuerdo para desbloquear el CGPJ, pero también falta mucho camino. Veremos.

Han sido muchas horas de discretas negociaciones dentro del Gobierno. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha convertido en una de las piezas clave del plan de acción democrática que acaba de dar a luz el Gobierno de coalición, junto al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Son un total de 31 medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha durante los próximos tres años y para las que necesitará armar mayorías en el complejo Congreso de los Diputados.

Urtasun (Barcelona, 1982) ha pilotado por parte de Sumar las conversaciones. Está satisfecho, aunque se han quedado algunas de sus propuestas fuera, como las relacionadas con el ámbito judicial. En una entrevista con infoLibre se muestra especialmente orgulloso de haber introducido la reforma del Código Penal. Explica de manera clara, a pesar de las distintas interpretaciones del texto, que el plan incluye eliminar el delito de injurias a la Corona: “Es medieval”.

Este plan nace tras la reflexión del presidente del Gobierno y de los contactos con los grupos parlamentarios. ¿El ala de Sumar está satisfecha al cien por cien con el plan que ha salido del Consejo de Ministros?

El plan es muy importante. Es la primera vez que el Gobierno hace política mediática en serio, entendida como regular qué es un medio de comunicación a través de un órgano autónomo y reformar la ley de publicidad institucional para que con dinero público no se financien fake news, seudomedios ni panfletos. También hay un blindaje de la profesión periodística con reformas concretas. Se da un paso adelante importante. Y también hay otra vertiente.

¿Cuál?

De libertades ciudadanas. Estoy muy satisfecho. Hay una reforma del Código Penal. En los últimos años se han encausado artistas por distintos delitos de injurias, algo que no podía ser. También empezamos a derogar la ley mordaza con el artículo 23 [referido a las sanciones por fotografías a efectivos policiales]. ¿Esto es todo el plan de acción de la democracia que España necesita? Es un primer paso. Hay reformas que se han quedado en el tintero.

¿Cómo cuáles?

Nos hubiera gustado que hubiera habido reformas judiciales en el paquete. Nosotros insistimos pero la parte socialista no ha querido. Se va a reformar la CNMC para el registro de medios, pero nosotros hubiéramos sido más partidarios de crear un organismo autónomo. Hay cosas que faltan, pero el paquete es importante. Se nota la mano de Sumar.

¿Dónde se nota la mano? ¿Cuáles son las propuestas de las que se siente más orgulloso?

La reforma del Código Penal está porque la hemos pedido nosotros. Era fundamental hacerlo en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos peleado mucho para que la Corona esté dentro porque el delito de injurias es medieval. Eso debía cambiarse y lo hemos conseguido. Y también hemos insistido mucho en las propuestas de blindaje de la profesión periodística, tanto con la directiva anti SLAPP como la del secreto profesional y la protección de fuentes. También se ve en medidas claras para evitar dinámicas oligopolísticas en los medios de comunicación. Las aportaciones de Sumar están en todo el plan.

Hablan de un plan a desarrollar en tres años con 31 medidas pero, ¿por dónde van a empezar? ¿Cuáles deberían ser las primeras?

Todas estas reformas las tendremos que ir haciendo poco a poco a lo largo de la legislatura. Hay algunas para las que hay en el Congreso ya una madurez suficiente para poder sacarlas lo antes posible. Por ejemplo, se puede reactivar la reforma de la ley de secretos oficiales o la de seguridad ciudadana. También la reforma del Código Penal se puede llevar ya. Hay cosas sobre las que ya sabemos lo que tenemos que hacer y los apoyos que tenemos en las Cortes. Las cuestiones de los medios de comunicación son más complejas, la reforma de la ley de publicidad institucional habrá que pensarla bien.

¿Puede confirmar que se incluye derogar el delito de injurias a la Corona? ¿Puede garantizar que ningún artista acabará condenado por hacer humor o por alguna creación relacionada con la Corona o los sentimientos religiosos?

Es lo que hemos acordado con el PSOE. Ahora hay que hacer la reforma. Pero lo que está acordado es derogar todo lo que son delitos de injurias por sentimientos religiosos o respecto a instituciones del Estado. Son todas, incluso incluye otros supuestos. Y se hace en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hay tres sentencias y una claramente va sobre injurias a la Corona, aunque el PSOE no haya querido mencionar la palabra Corona.

¿Por qué no se menciona?

El PSOE no ha querido hacerlo, pero por el redactado que tenemos -hablamos de instituciones del Estado y de sentencias del TEDH- no hay ninguna duda.

En el Código Penal son apartados diferentes las injurias a la Corona de las de las instituciones del Estado. ¿Podría darse el caso de que se acabe diluyendo la parte de la Corona durante el trámite parlamentario?

No tengo ninguna duda de que esto lo vamos a abordar. Si hemos puesto negro sobre blanco que vamos a acabar con la anomalía de que tenemos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen que no cumplimos con la libertad de expresión y que vamos a hacer caso a jurisprudencia, las injurias a la Corona tienen que desparecer. Es algo medieval y hay que cambiarlo.

El plan solo incluye la reforma de la ley mordaza en el aspecto sobre la toma de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿pero se podrían tocar más aspectos de esa norma durante el trámite parlamentario como piden más socios?

Absolutamente, sí. En el acuerdo de gobierno ya figura que vamos a derogar la ley mordaza. Algunas de las medidas están vinculadas al plan de acción por la democracia, como el artículo 23 y la parte del Código Penal. Pero quedan más preceptos sobre los que el Gobierno tiene voluntad de construir y completar con el resto de grupos. Queremos recuperar el consenso de la pasada legislatura, donde casi se consiguió derogar. 

La primera medida sobre medios es un registro para que se conozca la propiedad y la inversión publicitaria. ¿Cómo se decide qué es un medio de comunicación? ¿The Objective, EDA TV o los canales de Telegram como los de Alvise Pére serán considerados medios de comunicación?

Los medios que estén en esa lista son los que se dedican a informar y ejercen la función del periodismo. Para eso existe esa lista, no para otra cosa. Esto lo tiene que hacer un organismo autónomo. Se trata de un mandato de la regulación europea. Tiene que existir también transparencia sobre la propiedad de los medios. Y es importante que lo haga un organismo autónomo. Los criterios sobre cómo se va a hacer los veremos en el trámite de reforma de la CNMC. Los detalles no los tenemos.

¿No hay algún criterio que se le vaya a facilitar a la CNMC para que actúe?

Esto lo tenemos que construir aún. Pero todo el mundo puede entender qué tipos de medios pueden estar ahí y ejercen el periodismo y qué panfletos se dedican a las fake news. Esa diferenciación en España hay que hacerla no sólo en este registro, sino también en la ley de publicidad institucional. No queremos que con dinero público se sigan financiando fake news. 

Hablamos de los medios, pero también está el asunto de los bulos que pueden aparecer en medios y webs de todo tipo. ¿Quién decidirá qué es un bulo? ¿También la CNMC a través de los criterios que le dé la ley? ¿Cómo se perseguirán?

No hemos detallado esto todavía. Hemos presentado un plan con algunos instrumentos que hay que poner en marcha. Son muchas medidas y habrá que ir viéndolas una a una en profundidad. Aterrizar todo esto va a ser un ejercicio complejo, pero lo queremos hacer desde el diálogo. Y desde el Gobierno no hemos querido dar una receta servida sobre cada uno de los instrumentos, tiene que ser un gran acuerdo de país. 

¿Cómo puede cambiar el sector con estas medidas de transparencia? ¿Cómo será el panorama mediático una vez se sepa lo que hay?

Es importante saber qué propietarios hay detrás de determinados medios. Eso puede permitir a la ciudadanía construirse una idea sobre por qué se publican determinadas cosas. La transparencia pura sobre los accionistas y la propiedad es una aplicación del reglamento europeo. Nos puede permitir como ciudadanos entender que si un cierto medio de comunicación hace algo es porque tiene una determinada propiedad detrás. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Los medios pueden tener la propiedad que deseen, siempre y cuando no vayamos a un sistema de concentración, como se recoge en el paquete. Y también es fundamental el tema de las audiencias.

Ha mencionado la concentración, ¿en España hay un problema con esta cuestión? Por ejemplo, en el ámbito audiovisual hay dos grandes grupos -Atresmedia y Mediaset- que copan casi todo el espacio privado.

Tenemos que garantizar que haya pluralidad de los medios, que es lo que garantiza que haya visiones distintas de las cosas. Es verdad que nosotros no somos ni de lejos el país de la UE con mayor concentración. Estas medidas introducidas en el reglamento europeo no fueron pensadas específicamente para nuestro país, pero es importante implementarlas.

En el plan se incluye que los debates electorales deberían ser obligatorios. ¿Cuántos debería haber en España en unas generales? ¿Quiénes deberían estar? 

Viví lo que ocurrió el pasado 23J cuando un aspirante a la Presidencia del Gobierno decidió no presentarse al debate. No puede volver a ocurrir en España el caso de Alberto Núñez Feijóo. Alguien que quiera aspirar a presidir el Gobierno tiene que comparecer ante los medios en los debates. Tienen que realizarse porque son una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca las propuestas. Hay muchos países que los tienen regulados.

Con la inestabilidad parlamentaria y los números tan complicados en el Congreso, ¿confían en atraer al PNV y a Junts para este paquete de medidas?

Muchas de estas medidas tienen consenso en el Congreso. Las reformas en clave democrática que tenemos que hacer en España son las que más acuerdo pueden generar en el bloque de investidura. Estoy pensando en la reforma de la ley de secretos oficiales o en la del Código Penal. También en el cambio de la publicidad institucional. 

Podemos se ha puesto ya duro respecto al plan, quieren ser más ambiciosos. ¿Podrán convencerlos?

Agradezco que quieran ser más ambiciosos, igual que ERC y Bildu. Al final, en estas reformas de calado democrático nos encanta con Sumar formar parte de una mayoría plurinacional. Empujamos en la misma dirección. Estamos encantados de poder dialogar con el resto de grupos. Es verdad que queremos ir más lejos en algunas cosas que el PSOE y como socios del Gobierno tenemos mucha influencia, pero también que no llevamos siempre al PSOE todo lo lejos que queremos. Los socios de Gobierno pueden acabar de ayudarnos para que las reformas sean ambiciosas. 

¿Cree que el PP puede acabar votando en contra en el Congreso de aspectos que apoyó en el reglamento europeo? ¿Qué medidas concretas podrían atraer al Partido Popular?

Hemos demostrado nuestra voluntad para atraer al PP. En la ronda de negociaciones que hice con Bolaños, tuvimos una reunión con el Partido Popular, pero no quiso entrar a discutir ninguna de las medidas porque no está en una dinámica de oposición constructiva. El PP tiene muy poca legitimidad para hablar de refuerzo democrático en nuestro país cuando aún no ha pedido perdón por espiar a oponentes políticos. Y tendrá que explicar a la ciudadanía por qué votaron la creación de un registro de medios en el Parlamento Europeo y ahora dicen que es una medida bolivariana. La incoherencia del PP es evidente. 

¿Será Teresa Ribera una buena vicepresidenta y comisaria en la UE?

Sin duda. Es una persona a la que aprecio personal y políticamente. Creo que va a tener una tarea complicada dentro de la Comisión: defender el Pacto Verde Europeo en un contexto más difícil que el mandato anterior. Puede jugar un gran papel, estoy seguro de que lo hará.

Hasta la noche del lunes estuvieron negociando el PSOE y Sumar dentro del Gobierno para llegar a un acuerdo. Intercambiando papeles, afinando conceptos, buscando puntos de acuerdo. Y el documento del plan de regeneración democrática logró ver la luz este martes tras semanas de conversaciones principalmente entre los ministros de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun.

En las dos partes eran conscientes de la expectación mediática y entre los grupos parlamentarios. Pero, además, lo acordado supone una “hoja de ruta”, como dicen dentro del Gobierno, de la propia coalición para la legislatura. Las 31 medidas tendrán que ver la luz, según sus cálculos, durante estos tres años y serán una de las grandes banderas que enarbolarán los socios, después del periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el Gobierno sostienen que no se pueden quedar sólo en denunciar la “máquina del fango” sino que se tienen que tomar medidas valientes en medio de un debate que no sólo afecta a España sino que está instalado en la mayoría de las democracias del entorno. Y después del ciclo electoral, sostienen los socialistas y especialmente los miembros de Sumar, el Ejecutivo progresista debe materializar proyectos que calen entre su propio electorado. No se trata sólo de resistir.

Por ahora, el documento es una planificación de intenciones que se tendrá que enfrentar al debate parlamentario y a la aprobación de los socios de investidura. El Gobierno sigue presionando al PP, entendiendo que debería ser coherente con el voto afirmativo que dio al reglamento europeo de medios de comunicación que sirve de base para el plan español. Pero muchos en el Ejecutivo ven casi imposible que los populares terminen accediendo a aprobar las medidas y señalan como termómetro el anuncio de Génova 13 de que ni siquiera dará su voto a favor de Teresa Ribera en el Parlamento Europeo para su puesto como vicepresidenta para la Transición Justa y responsable de la todopoderosa cartera de Competencia en la Comisión Europea, a pesar de que la popular Ursula Von der Leyen la haya puesto en uno de los puestos clave en Bruselas.

Los socialistas y Sumar esperan, en cambio, poder sacar las medidas (cada una se irá desarrollando a su tiempo, no se trata de un paquete incluido en una única iniciativa legislativa) con los socios de investidura. De hecho, algunas de ellas son propuestas que llevan reivindicando partidos como el PNV, en el caso de la reforma de la ley de secretos oficiales (la actual se aprobó durante la dictadura franquista). Además, no se trata de un plan intocable sino que fuentes del Gobierno explican que podría incluir aportaciones de los grupos (se mira especialmente a la reforma de la ley mordaza, donde por el momento sólo se incluye eliminar las sanciones por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Una de las principales miradas está puesta sobre los medios de comunicación: el ecosistema actual ha superado un marco regulatorio en muchos aspectos desfasado. En el Gobierno se afanan en explicar que se basa en lo acordado en la Unión Europea para fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad en un momento donde muchas veces campan a sus anchas los bulos y las fake news. En este sentido, una de las principales novedades será la creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben. Se articulará como organismo independiente a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, se obligará a las administraciones públicas a que publiquen su inversión publicitaria (actualmente hay un absoluto descontrol y no hay cifras oficiales de cómo se reparte ese dinero público).

Todo ello acompañado por una reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación de asignación. El Ejecutivo prevé en este eje una reforma de la ley para garantizar sistemas de medición de audiencia. A la vez, se pondrá en marcha una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación y se marcarán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.

De esta manera, se quiere luchar principalmente con la aparición de “pseudomedios” o “panfletos”, como suelen señalar dentro del Gobierno, que viven especialmente de campañas de administraciones públicas dominadas por el Partido Popular. En el epicentro siempre está el ecosistema nacido alrededor de las instituciones madrileñas. Además, el Gobierno va a aprobar la transposición de la directiva anti SLAPP para la protección de periodistas de acosos externos y se va a revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios, siguiendo la senda que marca el reglamento europeo. Un ministro del núcleo duro de La Moncloa hace esta reflexión tras el plan: "Es superescrupuloso. No es un ataque a la libertad de información. Nadie dice que se persiga la línea editorial".

Uno de los puntos del plan que más interés ha suscitado es el que dice lo siguiente: “Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”.

Preguntado Bolaños tras el Consejo de Ministros sobre si esto supone despenalizar las injurias a la Corona y si estaba de acuerdo, el ministro no lo lo negó pero tampoco lo quiso explicitar: "Lo que será realmente importante será el proyecto de ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando así lo hagamos y, luego, contar con apoyos parlamentarios suficientes para modificar el Código Penal en este caso". En una entrevista con infoLibre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desvela que el PSOE no ha querido explicitar la palabra Corona, pero que no hay duda de que se derogará el delito de injurias por el redactado acordado. "Es medieval", sostiene el político de Sumar.

En Sumar hacen referencia a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2011 y 2018 (esta última sobre la quema de fotos del rey). A la vez que subrayan los de Yolanda Díaz que en otra sentencia del TEDH de 8 de junio de 2023 se dictamina que la libertad de expresión “no se aplica solo a información o ideas que se perciben como inofensivas”, sino también a las que “ofenden, crean impacto o perturbación al Estado o a cualquier sector de la sociedad”.

El plan presentado también tiene un potente lado de cara al sistema electoral con la idea de reformar la LOREG para hacer obligatorios los debates electorales y para tener que publicar los microdatos de las encuestas, algo que hasta ahora hacen pocas casas de encuestas. Asimismo, se pretende fijar una reforma del reglamento del Congreso para que se tenga que celebrar cada año el debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno pretende también buscar apoyos para reformas de las leyes orgánicas del derecho al honor y a la rectificación, fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten correctamente sus cuentas y aprobar una ley de lobbies (con código de conducta para los grupos de interés y para vigilar el proceso parlamentario) y otra sobre gobierno abierto (que endurecerá lo controles sobre cargos públicos en temas de conflicto de interés). Lo que sí se han quedado fuera son reformas judiciales, que sí puso sobre la mesa Sumar, pero que el PSOE, según fuentes gubernamentales, descartó después de haber pactado con el PP el Consejo General del Poder Judicial.

El plan de Sánchez, con un viso temporal de tres años, marca también la idea que lleva transmitiendo el Ejecutivo de que quiere agotar la legislatura a pesar de la difícil situación en el Congreso de los Diputados. Los números se ponen a prueba de manera más vibrante durante este nuevo período de sesiones con la vista puesta en el proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado. Y con un examen apenas en dos semanas de mucha altura: la senda de déficit para las administraciones públicas. Por el momento no parece fácil, Podemos ya ha avanzado que no le gusta la letra.

“Hay algo maravillosamente mágico en el aire. Lo estamos sintiendo aquí, pero se está extendiendo por todo el país. Un sentimiento familiar que ha estado enterrado muy profundamente durante demasiado tiempo. Ya sabéis de qué estoy hablando: es el poder contagioso de la esperanza”. Son palabras de Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama y una de las voces más reconocidas del Partido Demócrata estadounidense, durante la convención recientemente celebrada en Chicago para proclamar la candidatura de Kamala Harris. 

El “poder de la esperanza” sintetiza perfectamente el cambio de discurso que está movilizando al PD desde la renuncia de Joe Biden a la reelección y que, al menos de momento, ha descolocado la narrativa dominante del aspirante republicano, el multimillonario Donald Trump, condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y sospechoso de estar detrás del intento de golpe de Estado que culminó con el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021. 

De estar a la defensiva, la campaña demócrata ha pasado a la ofensiva. De apenas resistir a expensas del miedo, que es el principal recurso dialéctico de Trump y de la derecha extrema norteamericana, a combatir el discurso del odio con mensajes en positivo. El contraste entre el siempre enfadado aspirante republicano y la sonrisa de Harris es tan evidente como el que separa las amenazas de regresión democrática del primero de las propuestas positivas en materia de derechos y recursos para la clase media de la segunda. 

Es, además, una estrategia eficaz. La evolución de las encuestas refleja desde hace semanas un notable incremento del número de electores que planean votar a Harris y un descenso de lo que apuestan por Trump.

Y no sólo eso. Según Gallup, el 69% de los adultos estadounidenses asegura estar ahora “más entusiasmados de lo habitual” con la votación (la cifra era de un 54% en marzo). Ese incremento está siendo impulsado por los demócratas y los independientes de tendencia demócrata. Hace cinco meses el 55% de ellos decían que estaban más entusiasmados de lo habitual con la votación; ahora, esa tendencia se ha disparado a un 78%: la segunda cifra más alta desde 2008, cuando el que se presentaba era Barack Obama. Los republicanos y los partidarios republicanos, que tenían una ligera ventaja en términos de entusiasmo electoral el pasado mes de marzo, ahora en cambio están por detrás de los demócratas por un margen significativo (64%, apenas cinco puntos más que en primavera).

¿De qué trata la esperanza? Por seguir con el argumentario de Obama, se refleja en “la expectativa, la energía, la euforia de estar una vez más en el umbral de un día mejor. La oportunidad de vencer a los demonios del miedo, la división y el odio que nos han consumido”.

El cineasta británico Ken Loach, sin hacer referencia a la situación en Estados Unidos, lo explicó en un encuentro con periodistas en el festival de Cannes el año pasado hablando de El viejo roble, su última película. “La esperanza es un asunto político, porque si la gente tiene esperanza y se les dice que tienen la fuerza de cambiar las cosas, podremos avanzar. Si no tienen esperanza, si están desesperados, votarán por la extrema derecha, por los fascistas. Así que la esperanza es un asunto político, la esperanza da fuerzas y da la capacidad de cambiar las cosas”. Según Loach, una referencia para la izquierda en su país y en todo el mundo, “las personas que son fuertes tienen confianza en su propia capacidad. Las personas que no tienen esperanza son cínicas y se encogen de hombros. La anarquía alimenta a la derecha, la esperanza alimenta a la izquierda. Por izquierda me refiero a la gente que imagina que otro mundo es posible. Creo que la esperanza es esencial”.

Loach no simpatiza con el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, al que considera tan de derechas como los conservadores. Pero eso no ha impedido al líder laborista utilizar la “esperanza” como una de las ideas principales de su campaña para batir a a los tories por primera vez en 14 años.

Los mensajes de Starmer se apoyaron en los últimos meses en la idea de poner fin a la “política de división y decadencia” de los últimos años. Frente a la gestión de Boris Johnson de Elizabeth Truss o de Rishi Sunak, ofreció lo que llamó “Proyecto Esperanza” para un “país oprimido”. No una “gran esperanza utópica”, precisó, sino una “esperanza creíble”, “una luz al final del túnel”.

El nuevo primer ministro del Reino Unido es además, para muchos, el prototipo de político aburrido, la antítesis del populismo que ha estado de moda en los últimos años, también en su país. Un analista británico lo resumió así: “La mejor manera de entusiasmar a la gente después de 13 años de sombrío psicodrama tory es que la política sea más como Keir Starmer: moderada, decente, seria y, seamos honestos, aburrida”.

Esperanza, por un lado, y normalidad, sin aspavientos, por otro. “En Reino Unido pasamos de una década de vaivenes, incluido el Brexit, a un liderazgo como el de Keir Starmer, que llama la atención por su estilo comedido”, explica a infoLibre el consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí. “Lo mismo podríamos decir de Cataluña. Creo que son buenos tiempos para los moderados. Hay espacio para líderes prudentes, discretos y reflexivos”.

Rubí reivindicaba en un artículo reciente “el comedimiento” como actitud, como valor y como activo político: “Es el cuidado de las formas y de las palabras. Es una nueva radicalidad. Si, además, se combina con pragmatismo y una dosis de resiliencia adecuada… puede ser ganadora y superadora. Frente a la agresividad, comedimiento”.

La política de soluciones no tiene que ser necesariamente “aburrida”. Se puede conectar con el electorado “hablando de su cotidianidad y de su metro cuadrado”. Se puede y se debe, subraya. “En 2011 escribí un libro sobre la micropolítica, la política de lo que es aparentemente pequeño, y este año otro sobre la brevedad para defender la comunicación clara, precisa y memorable. Creo en esta política micro, tanto en su fondo como en sus formas”.

“Mariano Rajoy era la política aburrida”, recuerda a su vez la analista y experta en comunicación política Verónica Fumanal. “Pedro Sánchez es la política, diría yo, innovadora, la política del giro de guion”. Pasó en Cataluña, con la llegada de Salvador Illa tras los años de Puigdemont, Torra y Aragonés. Y “no sería descabellado que, después de unos años de giros trepidantes”, aventura, cambiemos de perfil. “En esto de los liderazgos hay teorías que dicen que, en los momentos de crisis, los votantes prefieren personas experimentadas y más tranquilas que en épocas valle”, en las que se piden “liderazgos con más audacia”.

“La gente quiere orden, certidumbres, menos comunicación y aburrimiento”, concede Pau Canaleta, consultor y profesor de comunicación política. “Que se acaben los mandatos, sin jugadas maestras. Lo aburrido sube porque la gente está harta de que la política sea un problema”. En eso, asegura, “hay un retorno a los años noventa. No de todo el mundo, pero sí de las clases medias”. 

El espíritu de la esperanza (Herder) es, precisamente, el título del ensayo de Byung-Chul Han que llega este lunes a las librerías españolas. Un texto de apenas 150 páginas en el que el prolífico filósofo coreano afincado en Alemania habla de la importancia y del significado de la esperanza en sociedades industriales occidentales dominadas por el miedo, por visiones apocalípticas que nos llegan través de redes sociales y, a veces, incluso desde las instituciones. Miedo a otra pandemia, al colapso climático o la guerra que, según Han, paraliza, causa depresiones, nos aísla. 

Su tesis es que la esperanza, en cambio, crea comunidad y precede a la acción, significa mirar hacia el futuro. Inspira la fantasía y nos permite pensar en lo nuevo por venir. En este sentido, para Han la esperanza es revolucionaria. El pensamiento esperanzador gana en presencia en la oposición a lo malo y a lo erróneo.

En lo que se refiere al discurso político, Verónica Fumanal pone el énfasis en el valor de la esperanza en un contexto de política dominada por las emociones. “La esperanza no suele estar basada en propuestas concretas, sino en una determinada manera de ver la vida. Dicen que, en comportamiento electoral, las dos emociones más importantes y que pueden cambiar el voto son la esperanza y el miedo”. De ahí, añade, que haya habido muchas campañas electorales que lo que hacen es invitar a la gente “a salir de esa desazón, de ese miedo y a vivir con una mirada positiva hacia el futuro”.

La política “siempre es muy pendular”, señala. Y después de tantos años de política tan crispada en Estados Unidos”, el hecho de que los demócratas “quieran enfocar la campaña hacia la esperanza creo que es un buen contrapunto, porque para ‘el todo mal”, ya tienen un candidato que es Donald Trump.

No obstante, precisa, la esperanza como nuevo argumento “tiene que ver con la credibilidad del momento”, no funciona siempre. “La política es un estado de opinión, un estado de emoción”. Una persona con miedo no solo reacciona psicológicamente, sino físicamente, explica. “Todo el cuerpo se pone en atención“ y eso es algo que pasa también en las sociedades. 

En opinión de Fumanal, el contexto importa. “Cuando alguien percibe que todo está en crisis, la reacción electoral que tiene es completamente diferente” a cuando siente lo contrario. “En un momento de crisis absoluta, no puedes ir con una campaña” basada en la “esperanza”. Pero ahora que Estados Unidos “parece que va a empezar a bajar los tipos de interés”, que “el empleo está bien”, “es un momento donde la esperanza puede tener credibilidad”. En el caso de las elecciones en EEUU, Kamala Harris lo apuesta todo al deseo de un país que vuelva a estar unido, “donde no haya rojos y azules, donde todos vayan a una”. En vez de recurrir “al miedo a Donald Trump, que es la que hizo Biden”. 

Pau Canaleta está de acuerdo. “En unas elecciones sólo hay dos grandes motores de movilización: el miedo o la esperanza. El miedo es más sencillo de provocar y la esperanza cuesta más. Requiere convencer, ilusionar…” Cuando hablamos de enfrentarnos a campañas de miedo, puedes proponer esperanza o tratar de alentar el miedo a una victoria del contrario. “En teoría la esperanza es el mejor antídoto, pero es muy difícil generarla”, advierte.

¿Hay un cambio real o todo es producto del marketing? En su opinión, lo que está sucediendo nace de “una necesidad”. “La gente ve un mundo extremadamente cambiante, en el que no se encuentra seguro, no lo acaba de entender y quiere que pasen menos cosas, que la política le influya menos y no sea protagonista, que los políticos sean predecibles”. 

En un contexto de desconfianza, desafección y malestar, los discursos que promueven las divisiones, la ira e incluso la nostalgia son realmente efectivos, concede Rubí. “Lo fueron durante muchos años”, pero “ahora pareciera que están mostrando algunas señales de agotamiento”. La confrontación permanente “cansa”. “La polarización aburre. Y los ataques se vuelven predecibles. Se necesita recuperar la confianza en la política como herramienta para solucionar problemas y la esperanza en un futuro mejor”. 

No son tareas sencillas, advierte. La primera requiere mostrar, con experiencias y testimonios, que la política “sí puede generar soluciones y provocar cambios en la vida de las personas”. Lo segundo supone “despertar y gestionar emociones positivas, como en su día hizo Obama con la idea de hope que ahora pareciera que está replicando Kamala con ‘libertad’. No será suficiente con la razón de las propuestas ni con la emoción de las promesas. Las dos son igual de necesarias”.

Un recuento recientemente de The New York Times corrobora estas palabras: los demócratas usaron la palabra “libertad” 227 veces en los discursos de su convención, 160 veces más que los republicanos en la suya, lo que da idea de hasta qué punto Harris y su equipo está decididos a disputar a Trump y a la derecha radical los marcos de los que llevan años apropiándose.

Acaba agosto y es momento de avanzar en el plan de regeneración democrática anunciado a mitad de julio. Es de esperar que sus señorías hayan pensado algo al respecto en este verano. Las que sí lo hicieron ya hace unos meses fueron organizaciones de la sociedad civil que difundieron profusas listas de propuestas. ¿Sería suficiente con ponerlas en marcha? La experiencia dice que no.

Cuarenta organizaciones agrupadas en Ampliando Democracia firmaron esta propuesta común pidiendo más transparencia, acceso a la información, participación, separación de poderes, calidad normativa, lucha contra la desinformación y libertad de expresión. Desde Más Democracia, se plantean en la misma línea reformas en el funcionamiento del Congreso, de las comisiones de investigación, de la Justicia, más mecanismos de participación, lucha contra la desinformación, una reflexión en profundidad sobre el modelo de partido –cada vez más desprestigiado– y la activación de la sociedad civil tanto en su rol de vigilante del poder como de generación de espacios de acuerdo. 

¿Tienen algo en común todas estas propuestas? Mucho. Entre otras cosas, que no buscan un paraíso perdido ni una tierra prometida, sino reformas que pueden hacerse de forma casi inmediata; algunas de ellas, como la creación de la oficina de protección a alertadores, habría que preguntarse por qué aún están pendientes y a punto de vencer el plazo que había para ello. Prácticamente todas las propuestas recogen los principios de Gobierno Abierto, un plan de mejora de las democracias formulado por Obama en el año 2009  que ha dado lugar a iniciativas internacionales y a la elaboración de propuestas en tal sentido en distintos países, entre ellos España. Aunque sea un gran desconocido en el debate público, en nuestro país vamos ya por el IV Plan de Gobierno Abierto y se está empezando a elaborar el quinto. Se trata, en definitiva, de un conjunto de medidas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la colaboración y la ética pública. En la misma línea, el presidente del Gobierno de España inició en el año 2020 Cumpliendo, un ejercicio de rendición de cuentas de los compromisos de gobierno. Se trata de un programa riguroso –aún por perfeccionar–, pero que ha supuesto un avance importante en materia de rendición de cuentas. 

Todas estas iniciativas, planes y acciones suelen dar buenos resultados y ayudan a mejorar algunos aspectos de la gestión de la administración.  Sin embargo, no tienen impacto en la ciudadanía, no consiguen aumentar la confianza en las instituciones ni mejorar su percepción de la política. ¿Por qué? Quizá sea porque se conciben desde una perspectiva burocrática, porque carecen de politización –es decir, están fuera de la discusión política–, o por ambas cosas, pero el resultado es que no consiguen detectar el punto exacto donde clavar la aguja de forma que irradie un poder de confianza e ilusión política. Al contrario, se llega a generar la impresión de que lo único posible es la resignación, esa suerte de “malmenorismo” que va horadando las bases de un proyecto futuro común y al que han recurrido ya más de una vez los electores porque quienes son elegidos no les ofrecen mucho más.

Nada más lejos de la realidad. La convención demócrata estadounidense es el gran ejemplo que nos brinda la actualidad para desmentir ese mantra. En apenas unas semanas Kamala Harris ha hecho una demostración de inteligencia política situando el foco de su campaña en el “Futuro”. ¿Ha terminado con las desigualdades, las frustraciones y los miedos en la sociedad estadounidense de los que se alimenta Donald Trump? En absoluto, pero ha clavado la aguja en el futuro, en ese sitio que la izquierda nunca debió abandonar, irradiando esperanza al conjunto de los demócratas. Sólo ha necesitado que el partido reaccionara ante lo que parecía una derrota segura y se creyera que era capaz de cambiar el rumbo. Veremos qué pasa en noviembre, pero de momento les ha dado la vuelta a las encuestas cuando parecía que no había ninguna opción.

No obstante, no sólo con ilusión y esperanza se gana confianza y se regenera la democracia. Digamos que son elementos imprescindibles pero no son suficientes, hace falta algo más: no olvidar que el objetivo último de toda política es ser útil, y para ser útil ha de ser capaz de dar respuesta a los desafíos de cada momento. En algunos casos será necesario hacer reformas profundas; en otros, por muy nuevos o complejos que parezcan los problemas, bastará con que cada cual haga su papel. Este verano nos ha dejado varios ejemplos. 

Sólo ha hecho falta que la Fiscalía anunciara su intención de investigar quién estaba detrás de la campaña de odio en redes sociales orquestada tras el trágico asesinato de Mocejón para que no pocos de esos perfiles hayan decidido desaparecer. ¿Corta esto de raíz el problema? No, pero irradia energía suficiente como para parar los pies a unos cuantos, lanzar un aviso a navegantes y mostrar que lo público, la Administración y el Estado son útiles. ¿Ha hecho falta alguna compleja reforma? Tampoco; sólo que el Ministerio Público se mostrara dispuesto a intervenir; es decir, a cumplir con su papel. Esto no quiere decir que no haya que articular medidas destinadas a prevenir y castigar los discursos de odio, en las redes y fuera de ellas, pero de momento, la fiscalía ha cumplido con su papel y el Estado ha mostrado que tiene herramientas, que las puede utilizar y que son útiles.

Saltando a otra esquina del ring, nos adentramos en el complejo debate de la desinformación y sus límites con la libertad de expresión andando de puntillas, pero los tribunales franceses han dejado de considerar un “medio de comunicación digital” y por tanto, de disfrutar de sus ventajas fiscales y ayudas económicas a un medio como France Soir por los bulos difundidos durante la pandemia, que lo han convertido en un peligro para la salud pública. ¿Han conseguido una perfecta y escrupulosa definición de lo que es un pseudomedio o una normativa que sirva de ejemplo contra la desinformación? No, pero han dejado claro a la sociedad francesa que quien mienta de esa manera será castigado. Sólo han necesitado que la Comisión Mixta de Publicaciones y Agencias de Prensa, dependiente del Ministerio de Cultura, en cumplimiento de sus funciones, negara su renovación como servicio de prensa on line. Es cierto que el fenómeno de la desinformación va más allá, y de ahí que el reglamento europeo plantee nuevas medidas, que tendrán que ir seguidas de otras muchas, pero de momento, ante un hecho flagrante, el Estado ha dado respuesta porque quien tenía que actuar, lo ha hecho. La política ha mostrado su utilidad.

El plan de regeneración democrática anunciado en mayo por el presidente Sánchez tras una crisis aún no explicada, y que según sus palabras debe convertirse en “un punto y aparte” de esta legislatura, necesita dar con el punto o los puntos adecuados donde actuar con determinación y recuperar de esa manera la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Será necesario, por un lado, que ilusione, que gane credibilidad y genere esperanza en que es posible construir una mejor democracia gracias a la que viviremos mejor; los que estamos y las que vendrán. Por otro, ha de ser capaz de conseguir que esa compleja red de actores que hacen –hacemos– cada día la democracia cumpla y cumplamos cada uno con nuestro deber utilizando las herramientas que ya existen y creando las que sean necesarias, de forma que la política demuestre su utilidad. De lo contrario, será difícil recuperar la confianza que permita regenerar la democracia. 

¡Ojalá este otoño nos pongamos a la tarea!

La OCDE, en su trabajo Factores que fortalecen la confianza en instituciones públicas 2024, apunta cuatro palancas que los gobiernos deben activar para aumentar la confianza de la ciudadanía: interactuar mejor con la sociedad, fortalecer su capacidad para afrontar desafíos complejos de forma transparente, apoyar ecosistemas de información saludables y usar información basada en evidencias, y, finalmente, invertir en servicios públicos fiables, inclusivos y justos. Es decir: participación, transparencia, lucha contra la desinformación y servicios públicos de calidad. Nada que sorprenda.

En cuanto se avanza en el debate surge la duda: ¿se trata de hacer reformas institucionales o de apelar a la ética de quienes ocupan puestos de responsabilidad pública? En la literatura especializada se pueden encontrar ambas posiciones. Sin ir más lejos, Ziblatt y Lewinsky, los conocidos politólogos estadounidenses autores de Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018), aludían en ese trabajo de forma clara al comportamiento de los líderes, pidiéndoles contención. En su obra más reciente, La dictadura de la minoría (Ariel, 2024), centran la mirada en las reformas institucionales necesarias para que, según su tesis, el Partido Republicano deje de tener secuestrada a la democracia norteamericana. Probablemente en la combinación de ambas cosas esté la respuesta, porque las reformas institucionales pueden incentivar o desincentivar comportamientos más éticos, de la misma manera que el compromiso ético de los responsables empuja o detiene reformas institucionales en una u otra dirección.

Hay, además, un tercer factor a tener en cuenta: en sociedades diversas entendidas desde paradigmas pluralistas nadie por sí solo puede hacer frente a los grandes retos, y el de la regeneración democrática lo es. Al mismo tiempo, la acción de unos puede incentivar o desincentivar la de otros. Por eso Más Democracia plantea sus medidas de regeneración democrática (ver aquí) no sólo al Gobierno, ni siquiera sólo a los gobiernos de las comunidades autónomas y entidades locales, sino al conjunto de la sociedad. Es en la corresponsabilidad de la acción de cada cual donde se puede generar la presión suficiente para que no sea posible no hacer nada.

En efecto, la regeneración democrática, además de contar con el compromiso ético del conjunto de actores, necesita muchas reformas que están en mano de las propias instituciones, pero también necesita cambios profundos en el modelo de partidos, en el cual tan sólo dice confiar uno de cada diez españoles; o en los medios de comunicación, sumidos en una crisis múltiple que ataca de frente al mayor de sus activos, su credibilidad; o en el conjunto de la sociedad civil, que hace mucho olvidó que sin sociedades democráticas no hay política democrática. 

Como recordaba la semana pasada, algunos de estos aspectos de reforma institucional que aquí se mencionan ya se están trabajando en ayuntamientos y comunidades autónomas, y se recogen y fomentan desde los planes de gobierno abierto. Las medidas se van implementando y los resultados no son malos, pero no consiguen tener el impacto que de verdad se busca, que no es otro que el de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema. Se podrá pensar que quizá esto hoy sea una utopía, pero no serían mucho más optimistas quienes estaban preparando la campaña del partido republicano cuando veían a Trump subiendo en las encuestas y a los suyos incapaces de reaccionar. De repente, el huracán Harris les ha dado la vuelta a esas encuestas. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, pero una que destaca Mariam Martínez Bascuñán en esta columna deberíamos no olvidarla: por mucho que hablemos de olas y tsunamis, nada en política es imposible. Hace falta creérselo.

La profesora de Comunicación Isabel Fernández Alonso (Asturias, 1969) coordina el Grupo Daniel Jones de la Universidad Autònoma de Barcelona que, en colaboración con profesores de las universidades Carlos III de Madrid y de Castilla-La Mancha, impulsó en 2022 la investigación más ambiciosa llevada a cabo hasta la fecha sobre la publicidad institucional en España. Un trabajo cuyas conclusiones pusieron el foco en “la falta de transparencia del proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones” y su impacto sobre el pluralismo, lo que les llevó a tomar la iniciativa de hacer propuestas concretas de reforma a los grupos parlamentarios con más representación en el Congreso.

¿Qué fue de aquellos contactos? ¿Sirvieron para cambiar algo?

La verdad es que fue bastante frustrante. Nos recibieron el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el grupo de Ciudadanos. Vox y Unidas Podemos nunca llegaron a concedernos la entrevista. Los demás se quedaron con las propuestas y las recibieron con interés.

¿Aquella iniciativa se ha visto superada por el reglamento europeo, que obligará a informar con transparencia sobre la publicidad institucional y a establecer criterios conocidos para su distribución?

Lo que me sorprende de la intervención del presidente [Pedro Sánchez] del Congreso, que escuché con interés, es que diga que “esto es revolucionario”. ¿Perdona? Lo que hay presupuestado para este año creo que son unos 270 millones y nada impedía hacerlo público antes de que se aprobara el Reglamento Europeo [de Libertad de Medios]. Nosotros pedimos esos datos a través de transparencia y había que ir ministerio por ministerio. Y las respuestas eran de lo más variopintas.

Esto debería estar claramente sistematizado, con unos procedimientos en los que los datos se incorporaran claramente según unos mismos criterios y que pudiéramos saber cuánto recibió cualquier medio. Pero claro, eso hay que hacerlo muy bien, porque primero tienes que ver si son las cabeceras, si son las empresas, si son los grupos… Es un tema complejo. Porque tienes que sumar todas las administraciones de todos los niveles, todas las empresas públicas, y procesarlo de una manera que se comprenda bien… Yo lo encuentro muy complicado, sinceramente.

La legislación que regula la publicidad institucional en España merece una reforma.

La ley española, efectivamente, conviene revisarla. Tampoco la ley de transparencia exige hacer públicos estos datos. Una cosa buena que tiene la ley catalana es que pide explícitamente conocer cuánto se transfiere a cada medio. Y eso finalmente ha hecho que se publiquen unos informes de la Generalitat, aunque ahora van con mucho retraso, porque el último que está colgado es de 2022. Ahí sí que hay datos de transferencias de fondos públicos, pero no sobre el criterio de planificación de todo esto. Hay digitales que reciben bastante dinero y hay otros que no reciben nada.

¿Qué opinión le merece el abordaje del problema que hace el reglamento europeo? ¿Es suficiente?

En lo que dice estoy de acuerdo, pero el reglamento, no solo en publicidad institucional, sino en general, es bastante genérico. Tal y como se ha redactado, sigue requiriendo un desarrollo normativo. Hay una cosa que me parece cuestionable, y es que dice que aquellos municipios con menos de 100.000 habitantes no estarían obligados a esa transparencia en materia de publicidad institucional. Con eso no estoy de acuerdo. De hecho, creo que, a veces, cuanto más cerca, más fácil que existan relaciones clientelares. No veo por qué hay que hacer esa excepción. Yo pediría transparencia en todos los niveles de la administración. Las previsiones del reglamento europeo son muy razonables, pero hay que desarrollarlas y sería mucho más creíble la propuesta del Gobierno si se tocaran efectivamente todos los temas.

En lo que se refiere al reparto de la publicidad institucional, uno de los problemas es cómo se miden las audiencias. El reglamento también trata de esbozar una serie de condiciones para garantizar transparencia. ¿Cree que esto es posible? ¿O también va a ser difícil de llevar a la práctica?

Ahí parece necesario generar confianza. Los medios son los principales interesados. Es un elemento fundamental, porque en la planificación tienes que tener datos fiables de audiencia. Datos fiables porque, a lo mejor, hay una campaña que te interesa que vaya a un público específico y que tiene todo el sentido colocarla en unos medios y no en otros. Necesitamos saber no solo cifras de audiencia, sino también el perfil, qué criterios de planificación hay. Tiene que ser posible hacerlo técnicamente, pero es complejo, porque ya sabemos todas las triquiñuelas que se utilizan para incrementar los datos.

Hay también quien, aparte de las audiencias, está poniendo encima de la mesa la conveniencia de condicionar la publicidad al cumplimiento de determinados criterios. Se está hablando de no haber sido condenados en los tribunales o no haber merecido reproche por parte de organismos de autorregulación como la Comisión de Arbitraje de la FAPE. ¿Tiene sentido? ¿Es viable?

Tiene todo el sentido. Ahora bien: también creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de implementarlo. Hay que buscar un amplio consenso. La mitad más uno contra la mitad menos uno me parece el camino perfecto hacia un error. Es muy difícil, pero yo creo que es mejor avanzar menos, pero en firme y con mucha gente a favor, que con una mayoría justísima. Tendría que generarse un amplio consenso, empezando por el propio sector profesional.

El caso de un medio que ha recibido varias condenas por vulneración de derechos a mí me parece un criterio, pero no solo para no adjudicarle publicidad institucional sino cualquier tipo de contrato con las administraciones públicas. A mí eso me parece bien. Que sean organizaciones profesionales es más delicado, porque tienen que ser muy aceptadas. Me gusta la idea, pero me parece que tendría que haber un gran acuerdo para que ese tipo de criterios pudieran utilizarse. Los criterios judiciales me parecen más inobjetables, porque hay una condena por vulneración de derechos, es evidente. Sobre todo si hay más de una. A mí no me parece algo descabellado y debería haber un consenso amplio entre los medios y entre los periodistas.

Una de las cosas que complica cualquier aproximación al problema de la publicidad institucional es que, muy a menudo, se ha convertido en una forma de financiación indirecta de los medios. ¿Por qué es importante separar la publicidad institucional de lo que serían subvenciones al sector?

La publicidad tiene un fin, que es hacer llegar mensajes a la ciudadanía. Si tú quieres que ese fin se logre, tienes que planificar lo mejor posible para que alcance al mayor número de gente. Si tienes que transmitir un mensaje de salud pública urgente, tiene todo el sentido que te dirijas a grandes medios. La prioridad es que ese mensaje llegue.

La intervención pública para el fomento del pluralismo, que es una posición ideológica que yo comparto en buena medida, es otra cosa. Y es algo que se ha hecho tradicionalmente con las políticas de subvenciones, que arrancan fundamentalmente con los años de la crisis del petróleo, cuando las cabeceras estaban en una situación muy delicada y se decidió implementar diferentes medidas para que no desaparecieran medios del mercado. Están más vinculadas a una tradición socialdemócrata, en países del centro y del norte de Europa, sobre todo. Los países liberales, como el Reino Unido, han sido más partidarios, por ejemplo, de las ayudas indirectas, como el IVA cero, que va directamente a todo el sector.

Las ayudas a proyectos concretos, para fines concretos, requieren un debate sobre qué es lo que se quiere financiar, que tampoco es fácil. Es decir: ¿en función de qué dan las administraciones dinero a los medios? ¿Qué es lo que se quiere priorizar?

En los países nórdicos hubo un tiempo en el que se financiaban cabeceras, digamos de ‘segundo nivel’, para garantizar el pluralismo. Pero claro, esto es un debate político. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sabes cuáles son los criterios y se pueden presentar todas las empresas.

El eje de fomentar el pluralismo y el de difundir mensajes a la población deberían estar separados. Hay una colisión entre los dos temas. Y luego habría que ver si es realmente necesario invertir, a veces, esas ingentes cantidades de dinero en publicidad institucional.

En España, las subvenciones, que existieron en los años 80, beneficiaron a las grandes cabeceras porque se daban en función de los datos de difusión y de proyectos de reconversión tecnológica. Quedan las ayudas a escala autonómica, pero que son casi todas por motivos lingüísticos. Yo tampoco lo comparto. Si vamos a destinar fondos públicos al fomento del pluralismo en el mercado, pues vamos a fijar unos criterios. Pero claro, que no sean tan marcadamente ideológicos. Tienes que diseñar un modelo que no te eche encima a un montón de medios de comunicación que, lógicamente, se puedan sentir perjudicados. Habrá que diseñar un tipo de política que pueda alcanzar y proteger a todos. Tienen que estar claros los criterios. Y que no haya esta sombra de duda sistemáticamente sobre cómo se hace.

La historia de la democracia es la historia de las crisis de la propia democracia. Su misma concepción implica ya una idea de crisis. En momentos de estabilidad económica, social y política ha podido olvidarse tal circunstancia, pero cuando un desplome económico deja huellas profundas, como pasó en el 2008 en Occidente, la crisis emerge en todo su esplendor. 

El objetivo de cualquier iniciativa de regeneración democrática debería pasar por hacer frente a esa crisis casi crónica de la democracia, para lo que antes hay que resolver una pregunta: ¿Cómo es la crisis de la democracia que nos toca vivir ahora? ¿Se parece a otras anteriores o tiene características propias?

Conviene empezar por advertir que quizá hemos sido excesivamente generosos a la hora de calificar a un Estado como democrático. ¿Podemos considerar democrático un país que está cometiendo un genocidio? Ninguno de los habituales rankings de democracia lo saca de sus tablas y en todos sigue apareciendo como un buen cumplidor de los criterios que se supone definen a una democracia (aquí pueden consultar uno de los rankings de referencia, V-Dem, elaborado por un equipo de investigadores de Goteborg). ¿Todos aquellos Estados que puntúan bien en los rankings habituales nos parecerían modelos de democracia? Apuesto a que sería complicado ponernos de acuerdo en los indicadores a medir. No obstante, nos ayudan a tener un orden de magnitud y a poder valorar su evolución en el tiempo de forma que hoy podemos decir, rankings en mano, que la calidad de la democracia en el mundo se está degradando.

Por otro lado, ¿Qué nos dicen la historia y  la ciencia política de los elementos que han ayudado a los países a resistir con éxito los envites a los que la democracia se ha visto sometida a lo largo del tiempo? Expertos como Prezowski han dedicado su trabajo a intentar identificarlos y han encontrado cuatro factores clave. La tradición histórica (es decir, que un Estado lleve años practicando y mejorando la democracia); las condiciones económicas con especial énfasis en la distribución; la intensidad de las divisiones sociales, que vuelven a las democracias más vulnerables cuanto mayores sean; y finalmente las formas de las instituciones democráticas, mostrándose más resistentes aquellas democracias que mejor sepan adaptarse a los cambios.

Si aplicamos estos cuatro elementos clave a lo que ocurre hoy en nuestro entorno veremos que buena parte de las democracias occidentales cuentan ya con bastante trayectoria; que aunque la desigualdad creció a raíz de la crisis de 2008, la reacción de la UE en la pandemia ha evitado que volviera a dispararse;  las divisiones sociales que hay en naciones como España no son para nada comparables a las que se dan en países como EEUU; y finalmente las instituciones, aunque no siempre con la celeridad debida, van adaptándose a los cambios. Sin ir más lejos, el sistema institucional español, diseñado para encajar un modelo bipartidista, ha sido capaz de acoger el multipartidismo y un gobierno de coalición sin desgarrarse excesivamente las costuras (lo cual no quiere decir que no sea necesario un ajuste a la nueva realidad, precisamente para incrementar su resiliencia).

Los asuntos que tradicionalmente tienen que estar fuertes para que las democracias asuman los desafíos quizá no estén en las mejores condiciones (sobre todo la desigualdad), pero tampoco parece que se derrumben estrepitosamente. ¿Cuál es, por tanto, la crisis de la democracia de nuestra generación a la que hay que hacer frente?

A tenor de los datos que nos ofrecen numerosos estudios, la crisis de la democracia de nuestra generación, la que nos ha tocado vivir, parece ser una crisis de confianza. Ni las instituciones democráticas, ni agentes de intermediación como los medios de comunicación, los partidos políticos o las organizaciones de la sociedad civil son capaces de concitar una dosis abundante de confianza de parte de la ciudadanía. Aunque las cifras difieren de un estudio a otro, en España apenas uno de cada cuatro españolas y españoles confía en el Congreso de los Diputados, aproximadamente uno de cada cinco lo hace en el Gobierno, y apenas uno de cada diez en los partidos políticos. De los medios de comunicación desconfían dos tercios de la población (“¿sólo?”, me dijeron los asistentes a un curso de formación la última vez que nombré esta cifra), y las organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, patronales, ONGs o similares están de capa caída. No es casualidad que la OCDE lleve ya dos años estudiando la necesidad de que los gobiernos puedan incrementar la confianza de sus ciudadanos (el último informe, aquí)

Hace décadas que desde las Ciencias Sociales se plantea la hipótesis de que una mayor participación e implicación de la ciudadanía en los asuntos comunes conseguiría mejorar la confianza en los sistemas democráticos. Consejerías de participación, planes integrales y dinámicas participativas que llenan las paredes de post-it de colores no han faltado en estos años. ¿El resultado? De momento, fallido. La confianza en las instituciones no sólo no se ha recuperado, sino que ha seguido descendiendo. Ese no es el camino. Lo cual no implica que deban dejar de hacerse estas prácticas, pero no es por ahí por donde se recuperará la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Se necesita investigar y experimentar más, con la máxima honestidad posible, mejorar las prácticas de participación y deliberación y complementarlas con otros elementos.

En este panorama, a los políticos les puede estar pasando lo que a esos hombres que se han quedado descolocados ante el avance del feminismo, que no saben exactamente cómo comportarse ni qué se espera de ellos, o sencillamente que no alcanzan a entender por qué ella les dejó. Como esos señores mal divorciados, y presas del pánico, nuestros políticos se desgañitan a insultos en el Congreso pensando que sólo así saldrán en los informativos y en las redes, que es lo que quieren sus votantes. Sin embargo, a nada que salgan de su burbuja, comprenden que no, que no va de eso.

Si es cierta la hipótesis aquí esbozada de que la crisis de la democracia de nuestra generación es una crisis de confianza en el conjunto del sistema, tanto en las instituciones como en las instancias de intermediación, recuperar ésta ha de ser el auténtico objetivo de un plan de regeneración democrática. ¿Cómo?

Imagine un programa de televisión en el que se insulte, se hagan afirmaciones xenófobas o negacionistas del cambio climático y en el que haya espacio para la desinformación propia de la extrema derecha. Ahora, fantasee también con que el canal que lo emite, ignorando todas las advertencias, acaba siendo castigado con la pérdida de la licencia para continuar en antena. ¿Sería posible?

La respuesta es sí. Acaba de pasar, pero no en España, sino en Francia. En nuestro país también existen formatos audiovisuales bien conocidos por prácticas semejantes, pero lo que no existen son mecanismos eficaces de supervisión y mucho menos un organismo independiente que pueda retirar la licencia a un canal similar.

Las diferencias entre Francia y España en esta materia son notables y dejan en evidencia el modelo elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para regular la supervisión del sector audiovisual en la reforma legal que aprobó hace apenas dos años. En vez de seguir las recomendaciones de Bruselas y poner en marcha un organismo independiente como el que existe en Francia, el Ejecutivo prefirió encargar únicamente algunas tareas de vigilancia a la Comisión Nacional del Mercado y de Competencia (CNMC) y mantener bajo control propio algunas otras claves, como la decisión de qué canales obtienen licencias para emitir en abierto en las frecuencias disponibles de televisión digital terrestre (TDT).

La Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), responsable de garantizar la libertad de comunicación y el cumplimiento de las leyes en el sector en Francia, está dirigida por un colegio de nueve personas cuyo mandato no coincide con las legislaturas: tres designados por el presidente del Senado, tres por el presidente de la Asamblea Nacional, dos respectivamente por el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, y el último por el presidente de la República. La CNMC, en cambio, la dirige un consejo de diez miembros y un presidente que elige el Congreso por mayoría simple —el mandato tampoco coincide con las legislaturas— a propuesta del Gobierno de turno.

Arcom se ocupa, entre otras cosas, de proteger el pluralismo político, vigilar el cumplimiento de las normas de ética y deontología, garantizar una representación diversa de la sociedad, vigilar los derechos de las mujeres y amparar a los menores. Lo hace a petición de cualquiera que presente un caso, pero también y sobre todo a iniciativa propia. En sus manos está la decisión de conceder licencias de emisión o, en su caso, de no renovarlas cuando se incumplen estas normas.

La CNMC, en cambio, solo actúa a petición de parte, lo que limita su labor de supervisión a lo que le piden los pocos actores que solicitan su intervención. Y sus competencias se centran en los derechos de los menores, el cumplimiento de las normas en materia de publicidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Su capacidad de sanción es meramente pecuniaria; no concede licencias ni puede, por tanto, negar una renovación (es el Gobierno el que conserva esa prerrogativa).

Este organismo es, en realidad, una entidad ómnibus a la que las diferentes administraciones han ido encomendando tareas que nada tienen que ver entre sí: garantizar una competencia efectiva en el mercado eléctrico y en el mercado de hidrocarburos líquidos y gaseosos; mejorar la regulación en todos los mercados y sectores económicos y difundir la cultura de competencia; asegurar la pluralidad en la prestación de los servicios ferroviarios; vigilar la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios; trabajar para preservar y promover el correcto funcionamiento del sector postal; regular y supervisar el correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones electrónicas y garantizar la unidad de mercado.

Por si esta variedad de funciones fuera poca, el presidente Sánchez ya ha anunciado su intención de encomendarle una más, tan delicada como la que tiene que ver con el sector audiovisual: la supervisión del cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (RELM), en particular de las nuevas normas de transparencia de los medios y de la distribución y reparto de fondos públicos en el ecosistema mediático español. Un anuncio que pone bajo sospecha la verdadera ambición de la propuesta de regeneración del Gobierno a partir de la aplicación de la norma europea.

Mientras Arcom, el regulador francés, se esfuerza en vigilar y castigar las emisiones de contenidos xenófobos, misóginos, discriminatorios, negacionistas o de ideología de extrema derecha, con abundantes pronunciamientos a lo largo de los últimos años, la CNMC apenas se ha pronunciado más que sobre algunos casos de utilización indebida de la publicidad o de emisión de contenidos no aptos para menores.

En España sería impensable lo que ha sucedido en Francia. La decisión del regulador galo de expulsar a un canal de la TDT —C8— a partir del año que viene es aún más llamativa porque desafía a Vincent Bolloré, el multimillonario responsable del todopoderoso grupo Vivendi. Como señalaba Mediapart, socio editorial de infoLibre, hace apenas unos días, Arcom ha puesto fin a la inercia de las autoridades de regulación frente al proyecto ideológico del multimillonario bretón. Aunque no podrá impedir que Bolloré siga difundiendo en abierto CNews, otro de sus canales, y a través de él sus ideas ultrarreaccionarias.

La decisión de Arcom fue recibida como una consecuencia lógica, pero inesperada, porque es la primera vez que la autoridad audiovisual del país decide no renovar la autorización de emisión. La no renovación de C8 constituye una advertencia inédita frente al proyecto ideológico de Vincent Bolloré, que tiene como protagonista a Cyril Hanouna, presentador de su programa estrella: Touche pas à mon poste! (TPMP), que se ha convertido en el principal recurso del populismo en el país y que hasta ahora las autoridades de regulación no han podido frenar.

Bolloré, dueño del grupo Canal+ a través de la sociedad Vivendi, al que pertenecen C8 y CNews, y muy comprometido en abrir el camino hacia el poder de la extrema derecha, despreció las obligaciones legales que implica disponer gratuitamente de frecuencias públicas de emisión aunque tuviera que pagar hasta un total de 7,6 millones de euros en multas. Vivendi lleva tiempo queriendo ampliar su presencia en España. Ya posee un 11,8% de Prisa, la sociedad matriz de El País y la Cadena Ser, y no es ningún secreto que le gustaría hacerse con el control de ambos medios. Periódicamente, aparece citado, además, como un firme candidato a hacerse con el control de Mediaset, la compañía propietaria de Telecinco y Cuatro.

C8, uno de los canales más destacados de la TDT francesa, en poco más de diez años ha recibido treinta y dos recordatorios, avisos y otras sanciones pecuniarias, según un recuento publicado por el diario Le Monde, de los cuales la más severa ascendió a 3,5 millones de euros después de los insultos proferidos por Hanouna contra el diputado de Francia Insumisa Louis Boyard.

Para evitar perder la licencia, los responsables del canal intentaron convencer a Arcom de su pluralismo e incluso ofrecieron emitir su programa estrella con un retraso de 15 a 45 minutos para, supuestamente, favorecer el control de sus contenidos. Después de años de incumplimientos, el supervisor francés no les creyó.

No obstante, y aunque C8 desaparecerá de la TDT en abierto, podrá seguir emitiendo por otros medios muy accesibles, como Internet, o a través de los descodificadores o plataformas. Además, el programa de Cyril Hanouna puede perfectamente migrar a uno de los otros seis canales de la TDT explotados por el grupo Canal+ y cuya renovación acaba de ser asegurada.

Aunque la decisión del regulador francés envía una señal clara a los editores sobre la necesidad de respetar sus obligaciones convencionales y parece poner fin a la impunidad de los medios de Bolloré, no priva al magnate de extrema derecha de su principal medio de propaganda, CNews. El canal de noticias, transformado en vehículo de opinión e incluso, durante la campaña legislativa, en un medio partidista al servicio de la victoria del RN de Marine Le Pen, podrá seguir beneficiándose de un bien público para verter un discurso de odio y ultraconservador.

Los cinco días abril que siguieron al retiro del presidente Sánchez acabaron con un anuncio: la puesta en marcha de un paquete de regeneración democrática que debería suponer un “punto y aparte” en la legislatura.

Hay quien piensa que el hecho de que ese anuncio fuera el cierre en falso de una crisis aún no explicada le confiere un pecado original que le resta credibilidad. Sea como fuere, y en vista de lo necesarios que son este tipo de planes para el conjunto de las democracias occidentales y para España en particular, en este caso creo que sí es conveniente “hacer de la necesidad virtud”, por lo que dedicaré el mes de agosto a reflexionar sobre algunas de las preguntas fundamentales que pueden ayudar a profundizar en la discusión sobre  regeneración democrática. 

Empecemos por el principio. ¿Por qué hace falta un plan de regeneración democrática?

Porque hace años, más bien ya alguna década, que la insatisfacción con la democracia se extiende por Occidente. Es un fenómeno vinculado a las crisis económicas, como demuestran las series del CIS (hasta 2018); por eso cada vez que la economía se recupera la satisfacción con la democracia lo hace también, pero, y ahí esta el núcleo del problema, no consigue alcanzar los niveles anteriores. La tendencia, por tanto, es descendente.

Se trata de un malestar en ocasiones abstracto, en otras no tanto, que se nutre tanto de la frustración generada, sobre todo a partir de la gestión de la crisis de 2008, como de la percepción de que las democracias actuales no son capaces de gestionar los nuevos grandes retos del momento, como muestra el último trabajo de la OCDE sobre factores que impulsan la confianza en las instituciones. La crisis climática, la revolución digital o los movimientos de personas se perciben por buena parte de la ciudadanía como algo que escapa de la mano de los estados. 

De esa frustración surge la desconfianza institucional sobre la que cabalga la extrema derecha. Hábiles en identificar las brechas por las que brota el desasosiego, los ultras proponen de forma sistemática una vuelta a un pasado idealizado que nunca existió, como tan bien describe Bauman en su Retroutopía, que se convierte en refugio para quienes viven rodeados de incertidumbre, inseguridad y miedo a todo cambio que les despoje de las viejas certezas que les permitían entender el mundo, su mundo. Por eso son tan certeros los análisis que sitúan la clásica disyuntiva entre izquierda y derecha, en su versión actual, como una pugna entre pasado y futuro. Un pasado al que la derecha busca volver en busca de una confortabilidad perdida, y un futuro que a la izquierda aún le cuesta definir con precisión.

En los últimos años una pregunta ha dado mucho que pensar en el campo de la filosofía, la sociología o la ciencia política. ¿Qué ocurre realmente cuando la ultraderecha gobierna? Podría pensarse que, desde un punto de vista formal, no tanto. Al fin y al cabo, llegar al poder supone someterse a una serie de constricciones de carácter normativo, económico, etc. Sin embargo, empezamos a tener ya evidencia empírica de cómo allá donde la ultraderecha gobierna se incrementan, por ejemplo, los discursos y delitos de odio. Pero hay más: su pretensión de outsiders les lleva a obstaculizar consensos institucionales tanto sobre asuntos que se creían objeto de acuerdo -la violencia machista-, como de aquellos otros más novedosos. ¿Cómo acometer la transición ecológica?, ¿qué hacer con la inteligencia artificial?, ¿cómo abordar el fenómeno necesario de la inmigración? En este contexto, lo que no sea un avance al ritmo de los acontecimientos, es un retroceso, y la ultraderecha, parapetada precisamente en estos temas que generan incertidumbre y miedo, impide que se avance.

Los desafíos se mueven más rápido de lo que las democracias son capaces siquiera de comprender, de ahí que sea necesario, con el sosiego que la reflexión requiere, dar respuestas rápidas. De lo contrario, la democracia retrocede.

Es, por tanto, crucial, que se plantee la cuestión de la regeneración democrática como un desafío generacional, transversal a todo demócrata, elevando el nivel de exigencia y mirando al futuro. Quizá sea tan sencillo como entender aquello de “renovarse o morir”.

Un vistazo a la diversidad con la que los países de la Unión Europea distribuyen el dinero público que llega a los medios de comunicación basta para concluir que el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios (RELM) va a ser una revolución. A partir de ahora, como muy tarde antes de un año, todos los fondos públicos o “cualquier otra remuneración o ventaja que las autoridades o entidades públicas pongan, directa o indirectamente, a disposición” de los medios o de las plataformas online tendrán que concederse “de conformidad con criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios”. Y los Estados miembros “procurarán velar por que el gasto público anual global asignado para publicidad estatal se distribuya a una amplia pluralidad” de medios.

Después de examinar los modelos de Francia, España, Austria, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, Adriana Mutu, profesora de ESIC Business & Marketing School Barcelona, concluyó la existencia de gran una variedad de mecanismos en funcionamiento, dependiendo de las jurisdicciones nacionales. “La ayuda estatal no cuenta con el apoyo de los actores clave en el mercado de medios alemán, mientras que en Austria, Francia y España existen varios esquemas de apoyo directo e indirecto para los medios. Por otro lado, en Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Suiza no existen leyes específicas que regulen la asignación de publicidad estatal”, asegura en el estudio The allocation of state advertising to private media corporations in Europe: legal and regulatory frameworks, publicado en 2023.

Su investigación parte de un Informe del Consejo de Europa de 2021 que analizó los modelos de financiación de los medios impresos en Europa, distinguiendo entre cuatro formas principales de apoyo financiero: subsidios directos aprobados por los gobiernos; ventajas fiscales, publicidad estatal y esquemas de apoyo basados en proyectos para cubrir necesidades específicas, desde formación y desarrollo de habilidades a actualización de tecnología o instalaciones, pasando por procesos de reestructuración.

El estado francés juega “un papel hiperactivo e intervencionista” en el sector de los medios con esquemas de apoyo estatal directos e indirectos para las empresas de medios. La asignación y distribución del dinero, sin embargo, se realiza de manera justa y transparente, según este estudio, dado que “la transparencia de la política se basa en la información presupuestaria anexada al Proyecto de Ley de Finanzas, que aclara el método de cálculo”.

La asignación de publicidad estatal está regulada por la Ley de Contratación Pública y la Ley del Servicio de Información del Gobierno. Las medidas y disposiciones relacionadas con la contratación pública, la subcontratación y las condiciones de pago están relacionadas con el trato igualitario para todos los licitantes, el acceso abierto a la contratación pública, la transparencia durante el proceso de licitación y la divulgación completa de las reglas aplicables al proceso de licitación, la racionalización de la contratación pública y el uso adecuado de los fondos públicos. Las instituciones de supervisión están involucradas en los procedimientos de contratación pública, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas y el Departamento de Asuntos Legales, la Unión para la Agrupación de Compras y el Cuerpo de Compras del Estado. El Tribunal Nacional de Cuentas actúa como el principal organismo de supervisión.

La Ley Sapin, aprobada en 1993, introdujo más requisitos de transparencia tanto para el Gobierno como para las organizaciones de medios. Exige "prácticas de facturación que correspondan a servicios realmente prestados y objetividad en la elección entre medios competidores", requiriendo que "todas las empresas o personas que actúen como planificadores de medios deben informar a los clientes (...) de los vínculos financieros que ellos o su grupo tienen con corredores de medios (...) o con propietarios de medios".

En el caso español, los subsidios a la prensa se introdujeron en la década de 1980 y las primeras regulaciones para la ayuda estatal se implementaron en 1984 (los otorgados por las comunidades autónomas desde la década de 1980 incluyen en algunos casos criterios lingüísticos allí donde existe una lengua diferente del castellano). La publicidad institucional estatal está regulada por la Ley 29/2005 y varias comunidades autónomas han creado sus propias normas.

A pesar de ello, la publicidad institucional es una fuente constante de controversia. Un informe publicado en el año 2022 concluyó que el flujo de dinero público hacia el ecosistema de medios privados se ha convertido en “una forma encubierta de financiar a los medios de comunicación”. Hace falta “un mecanismo de subvenciones” que tenga en cuenta cuánto han recibido previamente en concepto de publicidad institucional.

La asignación de publicidad estatal está regulada por la Ley Constitucional Federal sobre Cooperación y Financiación de Medios, y por la Ley de Transparencia en la Cooperación y Financiación de Medios. La Ley de Transparencia de los Medios de 2012 tiene como objetivo crear transparencia en la publicidad del sector público y las cooperaciones mediáticas y asegura que el Gobierno, los organismos públicos y las corporaciones de propiedad estatal divulguen sus relaciones con los medios (como la publicidad y otros tipos de apoyo).

Sin embargo, “no existen reglas que aseguren una distribución justa de la publicidad estatal entre los medios de comunicación”, según el informe 2020 sobre el estado de Derecho de la Comisión Europea, “según el cual Austria asigna niveles relativamente altos de publicidad estatal a las empresas de medios, y se han planteado preocupaciones sobre el posible influjo político en dicha asignación en ausencia de reglas sobre su distribución justa”.

Las reglas para la distribución de subsidios directos e indirectos pueden considerarse transparentes, “pero no completamente justas. Por ejemplo, los periódicos sensacionalistas de alta circulación se benefician desproporcionadamente de los fondos, y el Fondo de Radiodifusión Privada es aproximadamente siete veces mayor que el Fondo de Radiodifusión No Comercial. Los expertos han criticado durante mucho tiempo la efectividad de las reglas en términos de garantizar la pluralidad mediática”, según el Media Monitor Report. Eso sí: los medios tienen obligaciones de informar a la autoridad nacional de regulación de los medios, KommAustria, y al Tribunal de Cuentas de Austria.

A diferencia de Francia o España, Alemania se considera un estado no intervencionista sin tradición de intervención directa en el sector de medios comerciales, señala Adriana Mutu en su investigación, pero “no es en absoluto un ejemplo de mejores prácticas para los subsidios financieros a la prensa”. No hay datos disponibles sobre la distribución de subsidios estatales y publicidad estatal a los medios de comunicación dado que las autoridades públicas alemanas no tienen obligaciones de informar sobre el gasto en publicidad por parte del sector público. Los subsidios directos o públicos a las organizaciones de medios no cuentan con el apoyo de los actores clave del sector de medios alemán.

No obstante, para la Comisión Europea, Alemania tiene “un marco regulatorio bien establecido sobre la libertad de los medios y el pluralismo” que garantiza un buen nivel de transparencia en la propiedad de los medios.

Según el informe del Consejo de Europa de 2021, Finlandia ha venido utilizando la financiación estatal como una herramienta para promover el pluralismo político apoyando a la prensa partidaria financieramente débil. Actualmente, están en vigor subsidios distribuidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para financiar periódicos publicados en lenguas minoritarias nacionales. No existe una regulación específica ni datos sistemáticos disponibles sobre la asignación de publicidad estatal. Esto constituye una importante carencia, junto con la falta de claridad respecto a los criterios para distribuir subsidios directos a los medios. Además, no existen reglas específicas para la transparencia de la propiedad de los medios o la concentración de medios.

De manera similar, en Dinamarca no existen leyes específicas que regulen la transparencia de la propiedad de los medios o la asignación de publicidad estatal, que debe cumplir con las reglas generales de la Ley de Radiodifusión y Televisión y la legislación secundaria en relación con la Ley, basándose en la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En Suecia, Suiza y Noruega tampoco hay datos disponibles sobre la distribución de publicidad estatal. El sistema legal sueco no prevé ninguna legislación específica para los medios, aunque las empresas están obligadas a cumplir con la Ley sueca sobre Relaciones Financieras (Ley de Transparencia) y con la Ley de Competencia, lo que implica que deben informar sobre su estructura de propiedad y a proporcionar informes anuales. En Suiza, los principios básicos de la regulación publicitaria se encuentran en la Ley Federal contra la Competencia Desleal, que prohíbe las prácticas comerciales desleales y protege la buena fe en los negocios. La Ordenanza Federal de Televisión y Radio incluye varias restricciones sobre la publicidad televisiva.

En el país vecino, como señala un artículo reciente firmado por Ana Fernández‐Viso e Isabel Fernández‐Alonso, de la Universitat Autónoma de Barcelona, ha tenido lugar “una reducción del número de mecanismos que permiten prácticas clientelistas, lo que confirma el distanciamiento de Portugal, al igual que ha sucedido en el caso de Francia, del modelo mediterráneo más puro, al que España está más cercana”.

Según estas autoras, “los efectos de la crisis financiera de 2008 y las condiciones impuestas al rescate de la economía portuguesa en 2011 por la Troika son algunos de los factores que han impulsado este cambio, que sin embargo, está arraigado en una cultura política que, desde el derrocamiento del régimen autoritario en 1974 y la posterior restauración de la democracia como forma de gobierno en 1975, ha buscado puntos de referencia en democracias europeas avanzadas como las británicas y francesas”.