Las oscuras cuentas de Vox desde su origen: del exilio iraní a un banco de Orbán pasando por unas "huchas"

El 17 de diciembre de 2013 Santiago Abascal registró Vox como formación política tras veinte años viviendo de la política acumulando cargos bajo las siglas del Partido Popular. Ese mismo mes cesó como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo, una entidad pública dependiente del Gobierno autonómico de Madrid encabezado por Ignacio Gonzáez con un sueldo de 82.491 euros al año. Con anterioridad, ya había dirigido una entidad pública madrileña: la Agencia de Protección de Datos autonómica, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre. Dos “chiringuitos”, según el propio Abascal, que no pudieron ser fiscalizados por la Cámara de Cuentas regional: lo impidió su opacidad y la "insuficiencia de datos".

Esa opacidad ha sido la tónica habitual en Vox desde su fundación hasta la fecha actual. La última noticia data, sin ir más lejos, de este lunes: la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a la formación ultra por presunta financiación irregular a raíz de una denuncia que el PSOE presentó en diciembre al considerar que Vox utiliza métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal. El PSOE apuntó al préstamo del banco húngaro MBH Bank Nyrt, cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro próximo al primer ministro, Viktor Orbán, aliado clave de Abascal, y a las conocidas como "huchas".

Los socialistas incluyeron en su denuncia la existencia, al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, de donaciones supuestamente ilegales camufladas con la fórmula del llamado pitufeo: ingresos en metálico de pequeñas cantidades a través de cajeros automáticos justificados como merchandising "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco". Como ha recordado el Tribunal de Cuentas (TCU) en diversos informes, 300 euros es la cifra que marca el "umbral de identificación obligatoria" de quien efectúa el ingreso. Una denuncia que ya formuló ante el TCU un partido pequeño y en la práctica ahora inactivo, Alianza Cívica, y que, sin embargo, la Fiscalía de Madrid archivó con rapidez aquel mismo verano.

En la denuncia también incluyen el préstamo de seis millones y medio de euros concedido por el banco propiedad de Lörinc Mészáros, amigo de infancia de Orbán. Los de Abascal reconocieron incluso haber recibido más dinero, en total, más de nueve millones de euros del MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, bajo el pretexto de que las entidades bancarias españolas se niegan a prestarles dinero porque "no quieren financiarles". Para el PSOE el préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.

Para el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, la investigación es una "persecución" orquestada por PP, PSOE y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "para callar" a su formación. Fúster ha insistido en que sus cuentas son "claras y transparentes" y que el dinero recaudado con la venta de merchandising es legal, ya que el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos incluye entre las vías de ingresos los "beneficios procedentes de sus actividades promocionales". En cambio, no ha hecho referencia alguna al préstamo de la banca húngara.

De la financiación iraní a la sede controlada por una compañía de Luxemburgo

La financiación de Vox lleva en entredicho desde sus orígenes. La formación ultraderechista se fundó con un millón de euros procedentes del exilio iraní gracias a los vínculos con la organización de uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal-Quadras, entonces eurodiputado del PP. El dinero de las transferencias internacionales de los seguidores del denominado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) —colectivo que tiene sus orígenes en una organización que la UE incluyó en su momento en la lista de grupos terroristas—, acabó en una caja común que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde la puesta en marcha del partido de Abascal. De esta forma, el exilio iraní no financió solo la campaña electoral europea de Vox de 2014, sino que costeó también los gastos del día a día de este partido.

En concreto, solo entre diciembre de 2013 y abril de 2014 entraron en la cuenta de Vox más de un centenar de transferencias procedentes de un millar de militantes del CNRI, colectivo que tiene sus orígenes en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas. Sin embargo, la utilización de recaudadores durante el proceso impide conocer la identidad de todos los donantes reales. El donativo mínimo fue de 60 euros, mientras que el máximo ascendió a 35.560 euros. En total, las aportaciones de los militantes del CNRI reportaron a Vox durante sus primeros meses de vida 971.980 euros que se utilizaron para, entre otras cuestiones, la fianza y el alquiler de su antigua sede, los equipos informáticos y los salarios de la plantilla incluido el sueldo del líder y fundador de la formación.

 El Tribunal de Cuentas desmintió haber fiscalizado y declarado "legales" las donaciones recibidas por la oposición iraní, como así defendieron varios portavoces de Vox. Fuentes de la institución explicaron en su día a este diario que, según el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el órgano las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, añadieron que en los comicios europeos de 2014 la formación "no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligada a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización".

Años después, cuando la formación de Abascal irrumpió en la escena política española en 2019, Vox se mudó a otra sede ubicada en el distrito madrileño de Chamberí. Y, de nuevo, surgieron incógnitas que el partido político nunca aclaró. El local, de 387 metros cuadrados y sito en la calle Nicasio Gallego, era propiedad de la empresa inmobiliaria Covarest SL, directamente vinculada al entonces vicepresidente de Vox, Víctor Guido  González Coello de Portugal. Sin embargo, esta sociedad era a su vez propiedad en un 99,97% de Fincora Group Sárl, una firma afincada en Luxemburgo, tal y como publicó infoLibre. Tanto el partido de extrema derecha como su vicepresidente primero rechazaron aclarar los motivos de una operación que implicó, en la práctica, el trasvase de fondos fuera de las fronteras españolas.

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La opacidad ha sido la seña de identidad de Vox hasta el punto de que ninguno de los 52 diputados que terminaron la anterior legislatura —tampoco Abascal— declararon qué ingresos tuvieron en los cinco años previos al inicio del mandato, un caso de infracción flagrante a la doctrina de transparencia aprobada por el Congreso y el Senado. Pudieron hacerlo porque ni el Reglamento interno ni el Código de Conducta bicameral –aprobado en octubre de 2020 por todos los grupos salvo Vox– contienen medidas reales de sanción a los infractores. Es decir, que cada parlamentario se negó a decir a qué se dedicó profesionalmente antes de sentarse en el escaño y cuánto cobró al margen de su nómina como diputado o senador.

La fórmula a la que se acogieron todos ellos para no dar esa información fue la siguiente: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados". Vox no dio explicaciones de por qué mantuvo en secreto la trayectoria profesional de sus representantes públicos.

A todo ello se le suma que Macarena Olona, exportavoz adjunta en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía en 2022, dio detalles en su último libro y reveló en entrevistas los desvíos de dinero del partido a través de la fundación Disenso que preside Abascal. Al salir de la formación ultraderechista puso nombres y apellidos a los "beneficiarios" con dinero público "desde Vox a todo un entramado societario". "El patriotismo es un negocio muy lucrativo", dijo. Según pudo acreditar infoLibre, desde la constitución de Disenso en julio de 2020 hasta enero de 2023, la fundación recibió nada menos que 4,87 millones de euros.