Suspenso general a la transparencia mediática en España casi un año después de la normativa europea
Dentro de cinco semanas, el 8 de febrero, se cumplirá el primer año de vigencia del artículo del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que obliga a los medios de comunicación de toda Europa, incluidos los españoles, a detallar de forma visible en sus páginas web tanto la propiedad real de las empresas de las que dependen como la publicidad institucional que reciben de las Administraciones públicas.
Tan largo plazo no ha servido para que el poder mediático en España se ponga las pilas: la práctica totalidad de los medios sigue ocultando al público quiénes son sus dueños, si sus intereses pueden condicionar la información que publican y a cuánto alcanza su dependencia del dinero público que reciben en forma de publicidad institucional.
La única excepción sigue siendo, a día de hoy, infoLibre, que desde hace meses incluye un enlace bien visible al lado de su cabecera, que conduce a una página en la que se detalla la totalidad de la composición de su accionariado. Y a través de la cual se puede conocer el porcentaje de publicidad institucional que alimenta sus ingresos.
A este ejercicio de transparencia se han sumado parcialmente otros tres medios, aunque de manera insuficiente.
El primero de ellos es elDiario.es que, aunque no detalla la composición del accionariado de su empresa matriz, Diario de Prensa Digital SL, sí publica que su director, Ignacio Escolar, tiene el control de la compañía, sin precisar su porcentaje.
La información, que no está accesible fácilmente —es necesario buscar y rebuscar hasta dar con ella, a partir de un enlace enterrado al final de su página principal— añade que otros miembros de la redacción también tienen acciones, pero sin explicar en qué cuantía.
Publicidad institucional
Sí detalla, en cambio, que en 2024 elDiario.es recibió 336.438 euros en campañas de publicidad institucional del Gobierno de España, un “2,1% del total” de sus ingresos. Entre el resto de las administraciones locales, autonómicas y europeas ingresaron 1.183.119 euros en publicidad institucional. Entre todas ellas, sumadas, suponen el 7,6% del total de sus ingresos, aseguran.
El segundo medio nacional, entre los más relevantes en términos de audiencia, que ha dado pasos para cumplir con las exigencias de la EMFA es 20Minutos. Eso sí, como en el caso anterior, hay que bucear para dar con la información, situada al final de la página, bajo un enlace de muy reducidas dimensiones que remite al epígrafe “Transparencia”.
Ahí, 20Minutos explica que pertenece al 100% al Grupo Henneo y que este, a su vez, es propiedad de “la familia Yarza” y de Ibercaja Banco, sin detallar los porcentajes de cada miembro del clan ni de la entidad financiera.
En cuanto a la publicidad institucional —del Estado, las administraciones autonómicas y las locales— 20Minutos admite que supone “el 23% de sus ingresos totales“ (hay que suponer que se refieren al ejercicio de 2024, porque no lo especifican).
El tercer medio que cumple parcialmente con la EMFA, aparte de infoLibre, es El Confidencial, que también ha incluido información sobre su accionariado, aunque prácticamente oculta en la última línea de su página de inicio. Allí figura que es propiedad de Titania Compañía Editorial SL, controlada a su vez por Comitia Inversión SL, de la que es dueño José Antonio Sánchez, el hombre fuerte de este diario digital, con un 46,17% de las acciones. De lo que no habla es de la publicidad institucional que recibe por parte de las Administraciones públicas.
Por limitados que sean estos datos y por muy escondidos que estén, siguen siendo la excepción. El resto de los grandes medios —desde las televisiones privadas a las emisoras de radio, pasando por las cabeceras de papel y los diarios digitales más conocidos— siguen sin cumplir lo que la EMFA les exige desde febrero. Hace once meses.
“De forma visible y detallada”
El reglamento europeo es claro: no basta con cubrir el expediente; hay que revelar esa información de forma visible y detallada. Su artículo 6 dice, literalmente, que los medios de comunicación están “obligados” a hacer “accesible, de forma sencilla y directa”, el “nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. Es decir: los nombres de quiénes son sus dueños.
Pero no solo eso. No basta con decir que un medio es propiedad de la compañía tal o de la sociedad limitada cual. El punto 6.1.c del reglamento europeo puntualiza que lo que deben revelar es “el nombre o los nombres de los titulares reales” del medio tal como se definen en una directiva de la UE de 2015 contra el blanqueo de capitales, según la cual “titular real” es “la persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen al cliente o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción”. O, en su caso, “la persona física o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o participación en el capital de una entidad jurídica”, entendiendo que una participación directa o indirecta del 25% o más se considera indicativa de propiedad o control.
Esto significa que todos los medios deben revelar públicamente quién controla o posee la empresa editorial o audiovisual, incluso si lo hacen mediante otras sociedades de propiedad indirecta. Ya no basta con publicar el nombre de la sociedad editora o del consejo de administración, como hacen la mayoría: tienen que identificar a la persona física que, en última instancia, ostenta el control o la propiedad efectiva.
No vale esconderse tras sociedades pantalla o estructuras en cascada. Si una empresa de medios pertenece a una SL (Sociedad Limitada) que a su vez está controlada por una sociedad en Luxemburgo, el medio debe seguir el rastro hasta identificar y publicar quién es la persona física detrás de esa estructura.
El reglamento, que en su día mereció el respaldo en el Parlamento Europeo de todos los partidos españoles allí representados, con la única excepción de Vox, lo que busca es impedir que personas físicas con intereses políticos, económicos o ideológicos ocultos controlen medios sin que la ciudadanía lo sepa. Una norma de transparencia estructural que trata de preservar el pluralismo y la independencia informativa.
Además, también desde el 8 de febrero, todos los medios deben divulgar, de nuevo de manera clara, detallada y accesible, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.
Incumplimiento generalizado
Medios tan potentes en audiencia como Antena 3, La Sexta y Onda Cero Radio remiten a la web de su propietario común —Atresmedia— mediante enlaces corporativos que obligan a esmerarse para encontrar algo. Al final, lo único que muestran en estos momentos es una tarta de reparto accionarial según la cual el accionista mayoritario es el Grupo Pasa Cartera/ Planeta-Agostini, con un 41,7% de la propiedad. Ni una referencia a la familia Lara, ni tampoco a los dueños de la compañía italiana con la que están asociados y, por supuesto, ni una mención a la publicidad institucional que reciben de las administraciones públicas.
Con Telecinco y Cuatro ocurre lo mismo. Para encontrar un enlace a la matriz del grupo —Mediaset—, hay que buscarlo al final de sus páginas de inicio. Una vez dentro hay que rebuscar para encontrar un enlace a información sobre el grupo. Y de ahí a la información corporativa, que se muestra en inglés porque remite a la empresa domiciliada en Países Bajos —Media for Europe— controlada a su vez por el holding familiar del fallecido político italiano Silvio Berlusconi, que ni se menciona. Como tampoco se habla de su director ejecutivo, Pier Silvio Berlusconi, ni del presidente del consejo de administración, Fedele Confalonieri, el que fuera hombre de confianza del fundador del grupo.
El País y la Cadena SER hacen algo parecido. Se limitan a incluir enlaces, al final de sus páginas de inicio, a la web corporativa de su empresa matriz, Prisa. Una vez allí, cualquier interesado en saber quién es el dueño debe navegar por diferentes enlaces hasta uno que hace referencia a participaciones significativas y autocartera que, en realidad, conduce a la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una vez allí hay que ir a “notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros” para encontrar una primera referencia que indica que los accionistas mayoritarios son la sociedad Amber Capital UK LLP, con un 29,5%, y el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, con otro 29,5%. Pero nada más: imposible saber por esta vía quién está detrás de Amber Capital, un fondo de inversiones opaco gestionado por el propio Oughourlian.
Sobre publicidad institucional, la opacidad es total. No hay un solo dato visible en El País ni en Cadena SER ni en la web corporativa de Prisa.
Ni siquiera la Iglesia católica se ha apuntado a cumplir la EMFA en lo que a transparencia se refiere. COPE y Trece TV evitan hacer referencia a que su empresa matriz es Ábside Media y que esta, a su vez, está controlada por la Conferencia Episcopal. Tampoco explican a los ciudadanos, como obliga el reglamento europeo, qué porcentaje de publicidad institucional nutre su cuenta de resultados.
Más ejemplos
La Vanguardia tampoco ofrece la información que está obligada a facilitar en aplicación de la EMFA, más allá de incluir un enlace a la web corporativa del Grupo Godó, que tampoco lo hace. Su emisora RAC1 va más lejos: ni siquiera hace referencia a que pertenece al grupo propietario de La Vanguardia. Imposible, por tanto, conocer de forma accesible el porcentaje del accionariado ni qué importancia tiene la publicidad institucional en sus ingresos.
Incumplen también El Mundo, Expansión, Marca y Radio Marca, todos medios de Unidad Editorial. La matriz se limita a enlazar con RCS Group, la web corporativa del grupo italiano al que pertenece —en idioma de aquel país—. En ella no hay referencia alguna al hombre fuerte del grupo, Urbano Cairo, que participa en RCS a través de Cairo Communication SpA. Ni una palabra, tampoco, de la publicidad institucional que engrosa la cuenta de resultados de cada uno de los medios que dependen de Unidad Editorial.
Abc actúa del mismo modo que El País. Al final de su página de inicio incluye un enlace a su grupo matriz, Vocento, en el que no solo no se detalla la composición del accionariado sino que tampoco se da cuenta de la publicidad institucional que reciben sus medios.
La web corporativa acaba remitiendo a la de la CNMV, en enlaces ocultos detrás de otros enlaces. Allí consta que el accionista mayoritario es Francisco García Paramés (15%), seguido de dos sociedades. La primera, Mezouna SA (11%), de la que no se informa que pertenece a la familia Ybarra Aznar. La segunda tiene por nombre Valjarafe SL, con un 10,1%, y tampoco se explica que está administrada por Soledad Luca de Tena y García-Conde.
EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, se limita a poner un enlace al Grupo Libertad Digital que explica su origen. Si se busca en detalle dentro de esta página, aparece que el consejo de administración lo preside Losantos, al que suele atribuirse el control accionarial del medio, pero no se detalla la composición accionarial. Tampoco, por supuesto, cuánto suponen en sus beneficios la publicidad institucional que recibe.
La CNMC recuerda a los medios que tienen que revelar ya su propiedad y la publicidad que reciben
Ver más
El repaso a otros medios digitales no ofrece tampoco ejemplos de transparencia. Es el caso de El Español y su empresa matriz, El León de El Español Publicaciones SA, que preside Pedro J. Ramírez, aunque no consta que sea el accionista mayoritario. Ni una palabra sobre el dinero que llega de las administraciones públicas.
Público, al final de su página, deja constancia de que es propiedad de Display Connectors SL, pero no detalla ni enlaza a quién es el propietario —se supone que es el empresario Jaume Roures—. Sobre los ingresos por publicidad institucional se limita a decir que “han representado en Público en los últimos años entre el 5% y el 8% del total percibido por publicidad”, muy lejos del ejercicio de transparencia al que obliga la EMFA.
El cumplimiento de la norma europea para detallar el capital de su empresa matriz (Dos Mil Palabras SL) y la publicidad que recibe de los poderes públicos tampoco está entre las prioridades de OKDiario, el digital ultra que dirige Eduardo Inda.
