La batalla del 30% o cómo la EMFA choca con las viejas prácticas de reparto de dinero público a los medios

La publicidad institucional no solo financia campañas de interés público. También condiciona, de manera más o menos indirecta, la estructura económica de gran parte de las empresas que se dedican al negocio de la información. Y cuando se convierte en pieza esencial de la supervivencia empresarial de quienes la reciben, da lugar a lo que se conoce como la captura de medios: el proceso mediante el cual un actor político o económico logra influir en el trabajo periodístico mediante mecanismos que no pasan por la censura directa, sino por la dependencia financiera.

El fenómeno tiene tanta importancia que la Unión Europea decidió abordarlo como un elemento más del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Desde este verano, es obligatorio que los poderes públicos europeos y españoles (lo que interpela al Gobierno central, pero también a las comunidades autónomas y a la Administración local) repartan de manera transparente y reglada la publicidad institucional que llega a los medios, detallando cuánto recibe cada uno de ellos y por qué.

Ninguno lo está haciendo, pero la regulación ha abierto un debate soterrado e incómodo entre partidos y medios de comunicación, muchos de los cuales dependen de ese flujo de dinero público para sobrevivir. Es un asunto de enorme relevancia porque una arquitectura económica dependiente incentiva la autocensura y la alineación editorial con el poder que distribuye los recursos. [Ver aquí, como ejemplo, la investigación realizada por infoLibre sobre el reparto de publicidad institucional del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid].

Criterios opacos

El sistema actual de reparto de la publicidad institucional favorece ese mecanismo. Las Administraciones —estatales, autonómicas o locales— concentran cantidades significativas de inversión pública en medios de comunicación, en ocasiones con criterios opacos, discrecionales o directamente vinculados a afinidades políticas. Algunos de los principales actores de la desinformación política en España se sostienen, en todo o en parte, con dinero público de las Administraciones del Partido Popular.

Pero también es una fuente de financiación vital para muchos medios profesionales, especialmente los de ámbito local o regional, porque supone una parte sustancial de sus ingresos anuales. Y cuando la continuidad de un proyecto informativo depende de una decisión política renovable cada año, la frontera entre independencia y complacencia se vuelve mucho más frágil.

Impedir la captura de medios es la razón por la que el borrador de reforma de la Publicidad Institucional que prepara el Gobierno llegó a incluir un artículo que prohibía a los medios recibir más del 30% de su volumen de negocio en forma de publicidad institucional. Pero solo a los que facturaran más de dos millones de euros al año: los demás, los más pequeños, podrían seguir recibiendo inyecciones de dinero público por encima de ese porcentaje, incluso si alcanza el 100% de su volumen de negocio.

Borrador atascado

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, se lo está pensando dos veces. Todavía no hay un anteproyecto listo para llevar al Consejo de Ministros, pero la idea de fijar un porcentaje máximo se ha caído, de momento, del borrador. Y sigue sin haber una decisión definitiva, según fuentes consultadas por infoLibre.

A la espera de lo que el Gobierno decida sobre este asunto, el debate ya ha estallado en Castilla y León. Los partidos de la oposición en esta comunidad —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— se pusieron de acuerdo para imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco (PP) una reforma de la ley autonómica de Publicidad Institucional que, entre otras cosas, limita al 33% los ingresos que los medios de este territorio pueden recibir por este concepto en proporción a su volumen de negocio.

Los medios de la región y el Colegio de Periodistas de Castilla y León, que afirman no haber sido siquiera consultados por los promotores de la norma, se oponen frontalmente a su contenido. A la fijación de un porcentaje, que en la práctica limita cuánto dinero de publicidad institucional pueden recibir los medios, y a un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido condenados en sentencia firme de manera reiterada.

La movilización es tal que una plataforma de 29 empresas periodísticas que representan a 33 medios de la comunidad ha decidido impugnar la nueva ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pidiendo su suspensión cautelar. Se apoyan en un dictamen redactado por el Consejo Consultivo de Castilla y León, a petición de la Junta del PP, según el cual la normativa no tiene encaje en la Constitución porque, al fijar límites en la contratación y supuestos de prohibición a la hora de percibir estos fondos, invade competencias estatales.

Cierres y despidos

Si la ley no se cambia, el Colegio de Periodistas pronostica el cierre de muchos medios de comunicación. Esta organización afirma que el nuevo escenario ya ha provocado los primeros despidos en algunos de ellos, lo que, sostiene, afecta directamente a la pluralidad informativa en Castilla y León.

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La modificación de la ley ha llegado a pocos meses de las elecciones que decidirán el futuro político de la comunidad. Presionados por el sector de medios y organizaciones de periodistas, el PSOE de Castilla y León ha presentado una proposición de ley para volver a reformarla, eliminando precisamente el límite del 33%.

Pedro Lechuga, decano del Colegio de Periodistas, considera arbitrario ese porcentaje, asegura que perjudica especialmente a los medios de zonas rurales y dice que vulnera los derechos de las empresas. “Esta nueva ley no viene a arreglar los problemas que puede tener la ley de publicidad institucional, sino a poner unas trabas y a poner unos condicionantes que, precisamente, a quien va a afectar es a los medios de comunicación más pequeños”, sostiene.

Del mismo modo, se opone a que los medios condenados de manera reiterada y firme se vean privados de estos recursos. Según Lechuga, eso es tanto como abrir las puertas “a que haya campañas para intentar cerrar algún medio” mediante denuncias judiciales “por posibles fallos que hayan cometido o por posible información no correcta que hayan podido publicar”. “A nosotros también nos parece que es algo muy peligroso”, concluye.