El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

Para Castro se trata de una disfunción que no beneficia a nadie: “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”.

En el caso de Soledad Iparraguirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

Apunta que si bien las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

También analiza la naturaleza del artículo 100.2, que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción, destaca.

Del análisis de su expediente penitenciario se desprende una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, indica el auto.

Sin embargo, advierte, no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el Juzgado, como señaló el fiscal al pedir que se le revocara esta medida, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario.

Para el magistrado, aplicar el 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina 'ausencia de motivación reforzada' y 'valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria'”.

El juez tampoco se explica por qué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria (...) lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación” del 100.2.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada de 30 años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el 100.2.

Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del Equipo Técnico, la aplicación de dicha medida, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el Centro Directivo".

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicarle el segundo grado, basándose en que no había disfrutado de permisos, en la gravedad de los hechos delictivos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión y la ausencia de cualificación laboral. Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034.

Al mismo tiempo considera que si el Centro Directivo consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según la legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

En el auto de Soledad Iparaguirre, el juez explica que la consecuencia de no aprobar la aplicación del 100.2 es el regreso de los penados a prisión, “una ucronía inversa; sucede lo que no tenía que haber acontecido, la excarcelación anticipada”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida cuando se necesita la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia: “Estamos ante la reducción al absurdo, una suerte de cuadratura del círculo insostenible. Veamos: un plan de ejecución requiere un trabajo previo por parte de los miembros del Equipo Técnico, esto es cuanto menos: perfilación del interno, estudio de las variables clasificatorias, programación del contenido del plan de ejecución.”

Por lo que no se entiende, añade, "la necesidad de su ejecutividad inmediata.”

“El sentido común -prosigue- aconseja esperar, no solo a la decisión judicial de instancia sino a la resolución de la apelación, eso sí con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”.

El magistrado propone que el 100.2 sea una fórmula clasificatoria intermedia (entre el segundo y tercer grado) que permita consolidar la evolución positiva del penado en un sentido similar a los permisos de salida.

Recuerda que en materia de tercer grado, el recurso del fiscal en delitos graves, con penas superiores a 5 años, suspende la ejecución de la resolución administrativa, por lo que un criterio similar debería adoptarse en materia del 100.2.

Castro, también ha concecido un permiso de seis días al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que en su salida deberá llevar una pulsera de control telemático si el lugar en el que disfruta el permiso se encuentra por debajo de la distancia a la que tiene prohibido acercarse a sus víctimas.

El juez ha concedido este permiso tras pedirlo la Junta de Tratamiento de la prisión de San Sebastián, donde Txeroki está interno, actualmente en régimen de semilibertad y tras constatar la "positiva evolución del penado".

En conformidad con la Fiscalía, este magistrado considera que procede acceder a este permiso dado lo avanzado de la condena, de la que Aspiazu se licencia en octubre de 2027, la asunción de sus delitos, la petición de perdón a las víctimas y el repudio de la actividad delictiva y del uso de la violencia.

Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973), considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia acumulaba penas que suman más de 30 años.

Entre los múltiples atentados que se le atribuyen figura el que perpetró ETA contra dos guardias civiles españoles en la localidad gala de Capbreton el 1 de diciembre de 2007, cuando Txeroki dirigía el aparato militar de ETA

Veintidós años después de los atentados terroristas del 11-M de 2004, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (PP) sigue alimentando el bulo de que los ataques no fueron cometidos por una célula yihadista, como probó la sentencia judicial. Lo volvió a hacer este miércoles en la presentación de su libro Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), arropado por el expresidente del Gobierno José María Aznar y la exlíder del PP vasco María San Gil en un acto al que también acudieron la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y en el que no faltaron los llamamientos al entendimiento entre PP y Vox para frenar el "frente popular" encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

Mayor Oreja no se movió un milímetro de la teoría de la conspiración que lleva alimentando desde hace años y que también expone en el citado libro. El que fue ministro del Interior de 1996 a 2001 con José María Aznar sostiene en el libro que esa jornada pensó que había sido ETA por "sentido común", "experiencia" e "historia". "Me he preguntado siempre por el extraño —por inusual— silencio de ETA en 2004, fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno, y en cuya segunda legislatura se ilegalizó HB. La lógica es aplastante: no necesitaba matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que [...] rompió la historia de España". Así, citó dos testimonios recogidos en su libro para apuntalar su convicción de que los atentados querían acabar con el Gobierno del PP.

Según la versión del exdirigente del PP, la victoria electoral que siguió a la matanza no fue solo una consecuencia política de la matanza, sino el verdadero objetivo de quienes la perpetraron. "Lo dije en 2004 y lo digo ahora, el atentado se hizo para cambiar la dirección política del Gobierno de España, para cambiar el rumbo. Y vaya si lo ha cambiado", afirmó entre aplausos del público. Pese a que las sentencias atribuyeron la autoría de los atentados a una célula yihadista, Mayor Oreja defiende en su libro que calificar el 11-M como un atentado "islamista" resulta "insuficiente". A su lado, Aznar evitó entrar de forma directa en la autoría de los atentados, pero aseguró que el de su exministro del Interior es un "buen libro", lo que se puede interpretar como un aval esa teoría que sectores del PP y ahora también de Vox llevan defendiendo desde hace años.

El 11-M, lejos de ser un episodio definitivamente cerrado en la historia reciente, fue utilizado como símbolo de una fractura para la derecha. Según Mayor Oreja y la mayoría de los asistentes, que le aplaudieron con fervor, esos atentados le dieron la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero sin merecerla. Y por culpa de esa victoria gobierna también ahora Pedro Sánchez. Un PSOE que, aseguró, "es irreconocible" respecto al del año 1982. Así, insistió varias veces en la importancia de "la alternativa" frente "al abismo": "Los escándalos permanentes también nos anestesian, la mentira se hace natural".

Aznar centró sus intervenciones en el momento "complicado" que, su juicio, atraviesa España, y en lo que se juega la derecha en las próximas elecciones generales. Unos comicios que tendrán un carácter "semiconstituyente": "Nos vamos a jugar la continuidad de nuestro sistema constitucional, de la Corona y una posible desagregación del país", sostuvo el expresidente del Gobierno. Afirmó también que ese horizonte electoral es decisivo para frenar la polarización, el "secesionismo catalán y vasco" y lo que considera un deterioro de la posición internacional de España. Frente a ello, apeló a una "mayoría sólida" capaz de afrontar "retos muy serios". "El que se quiera inhibir, que se inhiba. Pero que sepa por lo menos la consecuencia que su inhibición puede tener", apuntó.

En ese punto se pudieron constatar las diferencias entre los dos dirigentes. Mientras Mayor Oreja defendió abiertamente la existencia de una "mayoría natural" entre PP y Vox y sostuvo que ambos partidos "tienen la obligación de hacer Gobiernos", aunque admitió que no "será fácil" lograrlo, Aznar mostró sus reservas después de haber admitido en un acto previo que "no le gusta" Abascal. "Nunca creí en la mayoría natural, y se lo dije a Fraga", señaló. La tesis del expresidente del Gobierno es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar".

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60" que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que la primera fórmula sería muy problemática para el partido de Alberto Núñez Feijóo. Una frase que no cosechó tanto apoyo del público, que sí se mostró eufórico cuando San Gil dijo que su organización busca ser el "nexo" de unión entre el principal partido de la oposición y la formación de Santiago Abascal.

La palabra más citada por Mayor Oreja fue, sin duda, ETA. Aseguró que la banda terrorista "sigue viva" a través de los pactos con José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y con Pedro Sánchez, después, pese a haberse disuelto en el año 2011, y afirmó que, aunque haya dejado de matar, "nunca cambia ni cambiará". Para Mayor Oreja, el nacionalismo vasco y el catalán forman parte de un mismo movimiento histórico, con distintas "vanguardias" y "retaguardias", y el procés ha sucedido a la banda terrorista como nueva punta de lanza de la ruptura territorial. "Vamos a ver gobernar a ETA en el País Vasco y Navarra", sostuvo.

El acto fue organizado por NEOS, la plataforma ultracatólica presidida por Mayor Oreja, y cuyas letras se corresponden con los cuatro puntos cardinales, "norte", "este", "oeste" y "sur", ya que busca ser una "brújula" ante la pérdida de referencias. NEOS destaca por su rechazo al aborto y la eutanasia, su reivindicación de la "civilización cristiana" y su voluntad de plantear una "alternativa cultural" a la izquierda, que a su juicio ha logrado acomplejar a la derecha en el terreno de las ideas y los valores.

El exdirigente del PP es también un referente fundamental del movimiento católico radical. Y no sólo en España. El exeuroparlamentario preside la federación europea de asociaciones One Of Us y es presidente de honor de Political Network of Values, con vocación de puente entre Europa y América y que ensalza el modelo nacionalista católico húngaro. Para él, la derecha solo podrá revertir el rumbo del país si logra articular una mayoría amplia, disciplinada y jerárquicamente clara, alineada a su vez con los valores tradicionales. El patronato de la citada fundación lo conforman, entre otros, el diputado de Vox Francisco Contreras, el diputado y exconsejero de la Comunidad Madrid con el PP, Luis Durán, o el exministro de UCD, Ignacio Camuñas.

Las personas son respetables, las ideas no. Las ideas están para ser discutidas, matizadas, enmendadas o pisoteadas. Sólo así consiguen evolucionar y mejorar, sólo así consiguen su cometido, que es mover el mundo. Contra lo que suele creerse, estoy convencida de que el mundo no lo mueven el dinero o el poder, sino ideas que empujan en una u otra dirección, incluyendo, por supuesto, aquellas que únicamente tienen como objetivo el dinero o el poder. 

Así las cosas, creo que nuestra conversación pública mejoraría notablemente si, en lugar de criticar a personas, criticáramos las ideas que propugnan. De esa forma, el debate giraría del ‘González sí/González no’, a por qué es un error, en clave democrática, plantear que pactar con Bildu es peor que hacerlo con Vox. Básicamente, porque Bildu, con todas sus contradicciones, ha sido una herramienta fundamental para acabar con la violencia y la barbarie en Euskadi, con liderazgos como el de Oskar Matute, que nada tuvo que ver con ETA, salvo que alguna vez estuvo amenazado por los asesinos. Vox, por el contrario, es una de las organizaciones que lleva como bandera el cuestionamiento de la democracia y de los valores de convivencia democráticos. No me preocupa tanto que González sea denostado o querido, allá cada cual con sus filias y sus fobias, sino que pueda calar esa idea de preferir acordar con Vox, por lo que tiene de antidemocrática.

De la misma forma, no creo que sea trascendente generar un debate sobre la simpatía que cada cual tuviera a Javier Lambán, presidente socialista del Gobierno de Aragón fallecido el pasado verano. Lo relevante, creo, es analizar por qué buena parte de la política que el presidente Lambán llevó a cabo, azuzando el anticatalanismo y el agravio entre vecinos, o desarrollando infraestructuras de renovables y centros de datos de espaldas al territorio (sí, empezó con Lambán, aunque ahora el presidente Azcón se adjudique estas inversiones), sembró el terreno para que el Partido Popular ganara las elecciones en Aragón. Pero no las del pasado domingo, como se ha querido hacer ver, sino las del año 2023. Entonces, Azcón quedó ungido como heredero natural de Lambán y sus políticas. En ese momento Aragón ya estaba derechizado y sometido a renovadas prácticas de extracción y vaciamiento. El debate social al respecto había sido laminado. Si se analiza esto, se podrá aprender de lo hecho y no repetir errores.

Algo parecido puede pasar con los movimientos que empiezan a aparecer en la izquierda. La charla entre Emilio Delgado y Rufián ha agotado sus entradas en cuatro minutos; el evento organizado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid el próximo sábado está acaparando todas las miradas. ¿Será esa parte de la izquierda capaz de resetearse de nuevo y ofrecer un proyecto ilusionante? Es conocido que en las alianzas electorales 2 y 2 no son 4, que siempre hay alguna pérdida de voto por los vetos cruzados, y que la única forma de superar eso es ofreciendo un proyecto que levante una ola de ilusión. Una ilusión que no puede izarse tan sólo sobre una cara que movilice. Cuando las democracias occidentales atraviesan, como ahora, una crisis de sentido, no vale quedarse en un lema, en una figura y una campaña de redes. El electorado, y más el de la izquierda, necesita ideas potentes que le lleven a pensar y sentir que pueden dar respuestas a sus malestares y descontentos. Para dar “Un paso al frente” es necesario poner sobre la mesa un proyecto político que dé respuesta a los retos del momento. Que conjugue el papel del territorio y lo cercano con los retos globales, que no esquive debates incómodos como el de la seguridad o la defensa, que plantee propuestas viables sin mentir al electorado, porque todos sabemos que el problema de la vivienda no se soluciona en seis meses, que los servicios públicos necesitan mucha mayor y mejor inversión para cumplir sus cometidos de lo que se está haciendo hasta la fecha y que el fenómeno migratorio hay que gestionarlo bien para que sea un fuente de riqueza en todos los sentidos y no genere rechazo.

Quizá una buena manera sería empezar por decidir cómo quiere llamarse esa parte de la izquierda. ¿Alternativa, transformadora, confederal…? Porque situarse como “la izquierda a la izquierda del PSOE” no define ningún proyecto y te sitúa como subalterna al propio PSOE.

Vivimos tiempos de profundos cambios. Quien consiga entenderlos mejor y darles respuestas se llevará el gato al agua. Es, por tanto, tiempo de ideas (si es que alguna vez no lo fue).

Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.

A falta de un año para su 50 aniversario, el tribunal del terrorismo aspira a transformarse en el del crimen organizado más sofisticado.

El nuevo presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, planteó el debate el pasado noviembre con una carta abierta enviada a todos los jueces centrales y secciones de lo Penal –también de lo Contencioso-Administrativo, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria– para abrir una reflexión que adapte las competencias del tribunal a la criminalidad más compleja y sofisticada. La idea es plantear una reforma legal que pueda ser trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ahí al Gobierno y al Parlamento. La propuesta del presidente considera que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. Fernández considera que, pese a la transformación de la criminalidad en los últimos años, el órgano sigue siendo necesario, aunque necesita una mayor especialización. La Audiencia Nacional aspira ahora a convertirse en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.

Para ello, según el documento enviado por Fernández a toda la plantilla, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuya expresamente esa materia que requiere una respuesta judicial especializada y coordinada. La delincuencia organizada que se atribuya a la Audiencia Nacional con esas nuevas competencias –entre las que se propone que siga estando el terrorismo– tendrá que cumplir tres requisitos. En primer lugar, que la organización criminal de que se trate tenga "una estructura organizada y jerarquizada". También que su ámbito de actuación sea transnacional o, en caso de que se implante en territorio español, "que afecte a un número significativo de personas que exceda de una comunidad autónoma". El último criterio por el que este tribunal entraría a investigar y enjuiciar a estas bandas sería la utilización por estas "de medios sofisticados o violentos para la comisión de delitos".

Esa atribución general de la criminalidad organizada debería, a su vez, especificarse en sus diferentes ramas. El narcotráfico, uno de los campos tradicionales de la Audiencia –con operaciones como Nécora o las actuales del exjefe de la UDEF al que encontraron 20 millones en su casa o las narcolanchas del Estrecho– es uno de ellos. El documento considera que los criterios de atribución de estos casos a la Audiencia han quedado anticuados y que esto "perjudica gravemente al éxito de las investigaciones en esta materia". La ley establece que la AN es competente siempre que el delito lo cometa una organización criminal y actúe en el territorio de varias provincias. Lo que se plantea es que se deje al margen ese criterio territorial y la Audiencia sea competente solo en los casos más graves. Uno de los criterios para determinar esa gravedad podría ser la corrupción que en muchos casos lleva asociada, lo que sí justificaría que un órgano central como la AN, y no los de los distintos territorios, se encarguen de ellos.

Otra de las manifestaciones del crimen organizado que reclama la Audiencia Nacional es el blanqueo de capitales a través de organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un tipo de delito que este órgano ya investiga, pero que no tiene atribuido expresamente. Su inclusión expresa en el catálogo de delitos del tribunal se justifica "por la necesidad de centralizar la investigación de delitos complejos que requieren una visión global y recursos especializados". "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas", dice el documento enviado a los jueces. "La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", continúa. La razón es que el tribunal permite una mayor coordinación entre los cuerpos policiales, los jueces y los organismos internacionales. El objetivo final es proteger "la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones" frente a un delito que socava el sistema financiero, distorsiona la economía y facilita la corrupción.

Transformar la Audiencia Nacional en el tribunal de la criminalidad organizada obliga, además, a incluir entre sus competencias otras materias. Como la trata de seres humanos, una actividad caracterizada por la transnacionalidad y que ejercen organizaciones de una extraordinaria complejidad que requieren una respuesta judicial especializada y centralizada. También las infracciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad que puedan poner en peligro infraestructuras críticas como la red eléctrica, el transporte público o las instituciones financieras. "La AN, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos", afirma el documento del presidente. Otras dos categorías cuya inclusión se plantea son los delitos medioambientales que causen "un grave daño" y afecten a más de una comunidad autónoma o tengan dimensión transnacional. También los relativos al "tráfico ilícito de bienes culturales" o "que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia".

Estafas masivas como los casos Foro Filatélico y Afinsa, entre otros, han sido también materia tradicional de la Audiencia. El Supremo estableció que estos casos le correspondieran cuando la cantidad defraudada superara un millón de euros. La propuesta enviada a los jueces considera que ese límite está desfasado y que solo deberían corresponder a la AN las que "afecten gravemente a la economía nacional". El documento destaca el atasco que provocan las defraudaciones con criptomonedas con muchos afectados pero con deudas individuales muy pequeñas. Por eso propone que el límite se eleve a los 10 millones de euros con, al menos, 100 perjudicados. También propone que se le encomienden los delitos que afecten al orden constitucional y a la forma de gobierno, y no solo a altas instituciones del Estado.

Además de los jueces destinados en el Tribunal Central de Instancia (el que engloba los antiguos juzgados centrales de instrucción) y los magistrados de las distintas secciones y salas, en el debate abierto sobre el futuro de la Audiencia planteado por Juan Manuel Fernández también entran la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este sábado que, durante los últimos días y con motivo de las fiestas de Navidad, se han celebrado al menos seis actos de apoyo a presos de ETA en el País Vasco y Navarra.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Covite critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".

"Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", advierte la asociación de víctimas, que describe y acompaña de imágenes las seis "exhibiciones" públicas de apoyo a presos etarras que ha detectado en los últimos días.

Cita sendos pasacalles con un "Olentzero" y otros personajes de la tradición vasca navideña, junto a carteles en favor de la excarcelación de cuatro reclusos de ETA en las localidades guipuzcoanas de Oiartzun y Villabona.

Covite informa y documenta asimismo una representación de una mesa de Nochebuena con tres sillas vacías en Galdakao (Bizkaia) reivindicando la libertad de otros tantos reclusos y una concentración en el barrio bilbaíno de Santutxu en favor de cuatro más.

Lesaka y Pamplona son los dos municipios navarros en los que también denuncia sendas actividades en las que se reclama la amnistía de tres presos de ETA.

El Gobierno ha reconocido "la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra que juzgaron a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, y también ha considerado "ilegítimas y nulas" las dos condenas dictadas que tuvieron como consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista.

Las familias de 'Txiki' y Otaegi formularon el pasado 14 de enero la solicitud de Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal de ambos jóvenes, que fueron fusilados en 1975, solicitud que fue formalizada ante la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, quien trasladó al Gobierno las dos peticiones formalizadas ante su registro general.

El asesoramiento jurídico y la redacción y fundamentación jurídica empleada como argumentación de las dos solicitudes individualizadas ha sido elaborada por el representante legal de ambas familias, el abogado y catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, quien ha confirmado a EFE la resolución favorable del Gobierno para ambos casos.

En los años 40 y 50 tuve una niñez muy añorada hoy en un caserío de mi familia materna cerca de Bilbao, donde jugaba a las tareas del campo entre animales, con mis perros que bauticé, ayudando –o eso creía yo– en la trilla, la siega, la recogida de patatas, llevando el ganado al bebedero común, yendo a por agua a una fuente, partiendo leña a mi manera de niño y adolescente y subiendo a los árboles a coger manzanas. Algo que deberían conocer todos los niños del mundo porque es maravilloso de aprender.

Eran seis meses al año que añoraba en Madrid, con un padre falangista que odiaba demasiadas cosas y yo me daba cuenta; me salvó mi madre, que nada tenía que ver con esas ideas. Un odio que alejaba a Gregoria (quien ayudaba a mi madre en las tareas caseras) de sentarla a la mesa familiar por "roja", porque él solo la aceptaba en la cocina. Y a mí me dolía en mi alma porque yo quería mucho a aquella buena persona que tenía a su marido en la cárcel por la misma causa, a quien mi madre le mandaba comida a escondidas. Cosas de niño. Hoy, a mi tercera edad, aún es un recuerdo lejano, pero de mucho cariño hacia una persona que solo podía ejercer en la cocina. 

Una guerra civil es lo mas trágico que puede vivir un país y no es para olvidar jamás. Matarse entre hermanos, nada menos. Da pena escuchar a la derecha, compuesta por los vencedores de aquella tragedia, queriendo banalizar a tantos muertos en cunetas, tantas palizas y torturas en la Puerta del Sol, y tantos desprecios a los perdedores, hoy quizá muchos en la izquierda política. Yo no fui ganador ni perdedor porque nací algo después, pero cuando veo que a alguien se le quiere dejar en la cocina, rabio. Porque el recuerdo de aquello personal quizá fuera algo sin importancia, pero para mí suponía lo mismo que ahora veo en discursos políticos: el desprecio a esa gente humilde que perdió una batalla cruel y que pagó las consecuencias, hasta el año 75 nada menos. Y yo entonces tenia 34 años, dos hijas y una esposa vasca hasta las cejas –y sus ocho apellidos– que también tuvo que aguantar excesos de un padre que no entendía que mis hijas hicieran la comunión en euskera y que creía que el cura alababa a ETA por usar mucho esa palabra vasca que simplemente es conjunción copulativa. Una obsesión más.

Por todo ello y por mi media vida en Euskadi, seguí acordándome de esas personas olvidadas en la cocina. No entiendo cómo muchos jóvenes actuales pueden votar a quienes hoy volverían a hacer lo mismo, después de tantos años. Quizá porque sabiamente se les ha escondido la historia, como ahora vemos, aquella guerra que no quieren que se conozca. Y, sobre todo, las secuelas pagadas desde el 39 que muchos tratan de ocultar. Pero tengo la pequeña esperanza de que exista gente honrada en este país, harta de tanta basura política, que trate de defender lo que muchos hicimos después para ganarnos una falsa democracia, pero abierta a todos. Y que podamos escribir estas anécdotas personales, aunque con la tristeza de que la mayoría de los medios no las publicarían jamás. Incluso, y posiblemente, con la posibilidad de llamarme proetarra cuando también me enfrente a ellos solo, a mi manera de escribiente aficionado y en su terreno. Tengo alguna experiencia personal.

He trabajado mucho fuera de España y he visto lo que se aprecia al trabajador español, pero trabajando fuera. Dentro de este país todos estamos contra todos y por ello es casi imposible avanzar, porque aunque muchos lo deseen, es difícil olvidar aquella tragedia. Pero pensando en el futuro que abren la IA y la cuántica, vería con esperanza un liderazgo de Pedro Sánchez unido a Euskadi y su capacidad tecnológica, ya con un ordenador cuántico, y sin despreciar a nadie que quisiera unirse, para plantarse ante China dispuestos a presentar a ingenieros o técnicos españoles que formarían un equipo capaz de comerse el mundo. Y, sobre todo, sin nadie en la cocina. No sé si me explico…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre

También porque solo son cosas y no nos costarán el subsidio de desempleo.

"Desea usted tener una sonrisa..." es todo lo que le he permitido decir a una voz grabada y siempre femenina desde un lugar que quizás no existe, al otro lado del teléfono. Sin hilos, porque- me habría convencido más y mejor la inolvidable de Robert de Niro en El cabo del miedo, una película cuyo título muchos no recordarían si no fuera por aquella palabra de siete letras que comienza por las dos primeras del abecedario castellano, y que pronunció él, mucho más que un actor. También la ha pronunciado recientemente contra Trump, en la lucha necesaria para salvar al planeta del ansia de poder que nace de la alianza entre dinero y violencia con la que construyen el escenario de locos que necesitan para desquiciarnos.

Pero no, hoy quería escribir sobre el acoso que sufrimos por culpa de la publicidad no deseada, que viola cada vez la intimidad de nuestro artilugio más privado. Porque no quiero escuchar voces de las que embelesan ni de las que asustan para venderme cosas que dejan de interesarme desde el momento en que me molestan para ofrecérmelas.

No quiero llamadas desde números que antes de descolgar no me informan de quién paga su precio por funcionar y que después me contarán mentiras, como las que algunos políticos colocan en medios a los que mantienen con publicidad institucional que no cuadra con las audiencias, o desviando financiación ilegal de la que su partido consigue tras cobrar en negro a muchas empresas por los contratos públicos que les adjudican. Y cuyo dinero confían después a los mismos "asesores" que eligió SMI, o Su Majestad Inviolable, que no hay que confundir con el mínimo legal que se paga por trabajar. O Impune, que se ajusta más a la realidad, especialmente tras leer El caso Noos, escrito por el único ex juez en quien está usted pensando.

Resumiendo, escogen la mejor guarida para gestionar los beneficios de sus corrupciones y, si no me cree, escriba en el buscador las palabras “Gürtel Fasana Blanco Balin” y compruebe el nombre del ex SMI que aparece en la pantalla, a quien también podrá encontrar escribiendo MASUFA, un acrónimo que igualmente respeta la legalidad vigente, constitucional, por supuesto.

Por cierto, aún espero que Carmen Calvo informe del día exacto, quizás entre julio de 2021 y abril de 2022, en el que se produjo la consulta de la que informó el 09/05/2022. Sí, señora presidenta del Consejo de Estado, fue cuando supo que SMI/MASUFA actual quería seguir disfrutando del mismo privilegio que su padre, el que le permite cometer cualquier delito de los que sí figuran en el Código Penal para el resto de mortales fichados con el DNI de su "Reino".

Pero yo quería escribir contra la publicidad impertinente y he terminado en territorio del “atado y bien atado”, aunque lo que me preocupa es saber si me he contagiado de la demagogia chulesca de una IDA que, según la IA, tan políticamente correcta siempre, es la “Ingesta Diaria Admisible”, quizás también de “fruta”.... Y ya sabe que me estoy refiriendo a esa presidenta que fue capaz de insultar a los valientes de la Flotilla colando en la misma frase a una ETA que se disolvió hace catorce años, mientras ellos se la jugaban provocando a Netanyahu…. Hasta que cayó en la trampa de secuestrarlos, lo que, por una parte, se ha traducido en un gran descenso del número de asesinados en Gaza y, por otra, en un Trump inventando a toda prisa un “plan de paz” que incluso le ha obligado a “consolar” al genocida con lo del “buen uso" que hizo de las bombas que le estuvo enviando.

Reconozco una vez más que lo que yo quería era enlazar argumentos contra esas llamadas impertinentes que la ley aprobada por el Gobierno no ha impedido, pero si no lo consigo es porque Trump y los suyos están logrando que muchos no sepamos lo que queremos hacer en cada momento.

Generalizan la confusión para quedarse con todo y a nosotros, los miles de millones que somos, convertirnos en máquinas obligadas a decir solo lo que nos ordenen porque, de lo contrario, nos rociarán de mierda lanzada desde el cielo. Y, de repente, tras verlo pilotando un avión disfrazado de King, comprendo el motivo que me ha llevado a hablar de quien aquí es SMI para no tener nunca necesidad de defenderse, y también MASUFA por si en algún momento le interesa dar órdenes para pasar al ataque.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Cuando se está en una “guerra cultural”, como denominan las posiciones conservadoras a la transformación social a favor de la Igualdad que lleva años avanzando, no es de extrañar que a la más mínima ocasión recurran a su artillería para intentar debilitar a quienes consideran su enemigo. Y en estas lides, sin duda, como buena legionaria y acostumbrada a las trincheras, Isabel Díaz Ayuso es la primera en disparar.

La mentira directa, los bulos a partir de trozos de realidad y la desinformación al distorsionar y retorcer la comunicación son las principales armas de esta guerra, para que después la tropa de las redes siga disparando y la difunda por todos lados.

Estos días hemos visto de forma clara esta estrategia y a su protagonista.

1.   Ha utilizado la mentira al decir que el lehendakari la amenazó usando la fórmula que empleaban los entornos de ETA, y no ha dudado en señalar en un programa de máxima audiencia que Imanol Pradales dijo: “Ayuso entzun, 'pim, pam, pum'". La situación es tan surrealista que fue muy fácil comprobar que lo que en realidad dijo Pradales fue, “Ayuso entzun, Euskadi euskaldun”, o sea, “Ayuso escucha, Euskadi habla euskera”.

2.   Por otro lado, ha retorcido la realidad para desinformar sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin dudar en atacar a las mujeres que se encuentran en esa situación, al tiempo que ha hablado de “lista negra” para referirse al registro donde el médico o la médica que lo decida puede inscribirse al objetar razones de conciencia para practicar una interrupción del embarazo. Su manipulación política queda demostrada al comprobar que nadie entiende que un registro secreto regulado por una ley, en el que conste la decisión de no desarrollar determinadas actuaciones profesionales por el conflicto que ocasionan con sus ideas, creencias o valores, pueda ser una “lista negra”. No hay nada de oscuridad en ese proceso, todo lo contrario, lo que hay es mucha luz, transparencia y libertad para actuar en conciencia. “Lista negra” es la lista de espera de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y no pueden, y a las que ella les dice que vayan a hacerlo fuera del “Madrid de la libertad”. Y quizás, según insinúan sus palabras y la propuesta lanzada por Núñez Feijóo para que el registro sea de quienes realizan la IVE, también sea una “lista negra” quienes formen parte de ella.

3.   Y en tercer lugar, se ha actualizado el bulo sobre el caso judicial de su pareja cuando hemos conocido las declaraciones de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ante el Tribunal Supremo reconociendo que la información sobre el pacto de la Fiscalía con su novio, el ciudadano Alberto González Amador, no era tal, sino la consecuencia de su “pelo blanco y de sus años en política”.

El problema es grave en cualquier circunstancia, pero mucho más cuando se tiene el Boletín de la Comunidad de Madrid a su disposición y todas las estructuras institucionales democráticas para pervertir su uso en contra de una parte de la sociedad a la que se debe por responsabilidad.

No es un juego ni un error, sino una estrategia para rentabilizar el daño y hacer caja con los medios que crean, difunden y potencian los bulos y desinformaciones, pues nada se repite más que una mentira necesaria.

Una cosa es el interés legítimo para que otros proyectos políticos y modelos no logren vencer y desarrollar sus propuestas, y otra cosa cuando ese otro proyecto es presentado como un ataque y una amenaza para intentar imponer su modelo de sociedad, no con los instrumentos democráticos de la información, sino con elementos antidemocráticos como la mentira, los bulos y la desinformación.

Que la base de la democracia, que es el conocimiento de la realidad para que la sociedad se pueda posicionar ante ella y decidir con el voto a qué proyecto apoya, sea manipulada desde determinados partidos políticos y medios de comunicación es inadmisible y una clara demostración del “pim, pam, pum” que muchos quieren imponer sabiéndose vencedores en el río revuelto de la desinformación, porque siempre tendrán cerca las orillas de la cultura y su normalidad conservadora y androcéntrica, para nadar hasta ellas cuando las aguas agitadas hagan caer a la gente de la nave del progreso o la vuelquen completamente.

Es lo que hemos visto estos días con las mentiras, bulos y desinformaciones de la presidenta Díaz Ayuso, a pesar de contar con mayoría absoluta, una situación que a priori le permitiría centrarse en la gestión de los problemas que tienen todos los madrileños y madrileñas. Pero ya hemos visto que no quiere eso, que solo busca una política para la parte de la ciudadanía que piensa como ella; para el resto, como les ha dicho a las mujeres que deciden abortar, que se vayan a otro lugar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El 27 de septiembre de 1975, la dictadura franquista asestó su último golpe mortal a la libertad política en España. Cinco jóvenes militantes de 11 acusados, dos de ETA político-militar (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui) y tres del FRAP (Frente revolucionario Antifascista y Patriota) –Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz–, fueron condenados a muerte y fusilados en juicios militares sumarísimos y mediante consejos de guerra ante multitudinarias muestras de rechazo internacional. Sobre por qué las penas de algunos de los acusados fueron conmutadas por cárcel y otras no, la escritora Aroa Moreno Duran reflexiona: "No se explica, aquellas penas de muerte fueron un castigo que quería mostrar ejemplaridad desde dentro de ese régimen que colapsaba. Igual que los consejos de guerra fueron una farsa arbitraria, lo fueron sus sentencias".

La ejecución de los jóvenes significó el culmen del sistema franquista, que entendía la autoridad como violencia. "Los fusilamientos son la última expresión de un proceso de radicalización que tuvo su punto álgido en los últimos años del franquismo", razona Alejandro Quiroga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "Los niveles de represión fueron menores en los años 60, pero, al crecer la oposición al régimen, este respondió con aún más castigo", añade.

Franco hizo oídos sordos a las numerosas peticiones que recibió para indultar a los condenados y el caso adquirió tal relevancia que el propio papa Pablo VI trató de interceder por ellos: llamó en varias ocasiones a Franco pero fue ignorado. También el propio hermano del dictador insistió en que los perdonara, apeló a su moral cristiana y le aseguró que se arrepentiría. La presión internacional no frenó al régimen, que "no pensaba que iba a tener una gran reacción desde fuera", argumenta Quiroga. Y, en parte, el cálculo no fue del todo erróneo puesto que, según Quiroga, "no hubo grandes sanciones a medio plazo", lo que dio al dictador la potestad de continuar con su actividad.

Franco firmó las condenas de muerte, y es probable que no tuviera tiempo para arrepentirse, pues tan solo dos meses después murió a consecuencia de su ya muy deteriorado estado de salud. Moreno Durán explica que "el dictador estaba enfermo y con él, la dictadura"; y por tanto "la fuerza de la oposición desde principios de los setenta era cada vez más desestabilizante y se agravó la respuesta represiva".

Un nutrido grupo de militares participaron en los consejos de guerra que condenaron a muerte a las últimas cinco víctimas de la represión franquista. Fiscales, vocales y jueces que protagonizaron un proceso sin las garantías judiciales exigibles. Pasado el tiempo, y bajo la protección que les otorgaban la Transición y los primeros pasos de la democracia, algunos de ellos reconocieron haber sido parte del proceso de mala gana y haber recibido órdenes “de arriba” para que la mayoría de los acusados recibieran como castigo la pena capital. 

El consejo de guerra en el que se condenó a muerte a Ángel Otaegui fue presidido por el coronel de infantería José Lasanta Martínez, que hizo las veces de juez instructor. Lasanta, ya retirado y dedicado a la vida contemplativa, fue asesinado por ETA 13 años más tarde, el 13 de junio de 1990, mientras paseaba por el paseo de La Concha de San Sebastián. José Urtubia Ramírez, fallecido en el año 2010, fue otro de los presidentes del consejo de guerra y fue ascendido a general de brigada de artillería en el año 1983, ya en democracia, cuando era ministro de Defensa Narcís Serra Serra y presidente del Gobierno Felipe González. Por sus "méritos", le fue concedida la Gran Cruz de San Hermenegildo en el año 1986.

Otra de las figuras relevantes en los juicios fue el capitán auditor Jesús Cejas Mohedano. El diario digital El Salto desveló en 2018 que Cejas Mohedano estaba implicado en una trama de fondos de capital riesgo relacionada con CRM (Capital Riesgo Madrid), empresa que también se vio envuelta en polémica por invertir un millón y medio de euros en otra compañía, de la cual era accionista un primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, como también reveló El Salto.

Entre los militares involucrados en las ejecuciones, Ángel Campano López, que murió en 1995 y fue uno de tantos que se presentaron voluntarios para formar parte de la División Azul tras la Guerra Civil. Ejercía como capitán general de la I Región Militar (Madrid) y director general de la Guardia Civil, puesto del cual fue cesado el 23 diciembre de 1976 por no impedir que miembros del cuerpo se manifestaran ilegalmente. Su hijo Miguel Ángel Campano Mendaza, fallecido en 2018, fue un reconocido pintor galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas.

Ángel Urquijo Quiroga, fallecido en el año 2010,  y Juan García Saro actuaron como vocales, y el teniente coronel Ramón González Arnao Díez lo hizo como fiscal. El coronel Ricardo Oñate, que fue jefe del tribunal durante uno de los juicios, ejerció el cargo de capitán general de Granada hasta su muerte en el año 1984 y a día de hoy conserva un monumento con su imagen en su pueblo natal, en la provincia de Valladolid.

Muchos de los militares implicados en el juicio continuaron ostentando cargos de relevancia en el ejército o la judicatura. Quizá el más destacado fue José Antonio Sáenz de Santamaría, quien en aquel momento era  jefe del Estado Mayor y número dos de la Guardia Civil. Sáenz de Santamaría fue responsable de llevar a cabo los preparativos para las ejecuciones que acabarían con la vida de los cinco jóvenes militantes que formaban parte de ETA y del FRAP. Además, fue director general de la Guardia Civil hasta el año 1986. El militar (que no tiene parentesco con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría) ejerció de asesor del ministro del Interior José Barrionuevo entre 1982 y 1989, en el Gobierno de Felipe González. Barrionuevo sería condenado en 1998 y pagaría una breve pena de cárcel por la guerra sucia contra ETA. El juez Baltasar Garzón investigó a Sáenz de Santamaría por su implicación en los GAL pero no recibió condena alguna.

El Consejo de Ministros, que dio su "enterado" a las sentencias de muerte, estaba formado, entre otros, por figuras que formaron parte de la vida política tras la Transición. Más tarde algunos de ellos participarían de la fundación de Alianza Popular, ahora Partido Popular. Fernando Suárez González fue ministro de Trabajo y procurador de las Cortes franquistas y más tarde diputado de Alianza Popular en el congreso hasta el año 1989 y eurodiputado hasta el 1994.

Antonio Carro Martínez fue el último ministro de presidencia franquista durante los gobiernos de Arias Navarro, formó parte de la legislatura constituyente con Alianza Popular y ejerció como diputado hasta el año 1989. Luis Rodríguez de Miguel estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y fue consejero nacional del Movimiento durante el tiempo en que se llevaron a cabo las ejecuciones. Años más tarde, y ya en democracia, fue designado como fiscal general del Tribunal Supremo hasta su muerte, en 1982. De esta forma, la Transición supuso, más que una ruptura, una continuación. "Se lleva a cabo un pacto entre élites que lo que buscaban era que el régimen siguiera su curso, no que se pasara a un sistema democrático real", manifiesta Quiroga.

Tanto es así que la impunidad para todos los implicados en los fusilamientos fue absoluta. La ley de amnistía aprobada en las Cortes generales en 1977 perdonó todos los delitos políticos, y si bien permitió la salida de prisión de aquellos cuyas penas de muerte habían sido conmutadas por tiempo de cárcel, no administró justicia, librando de responsabilidad alguna a aquellos que, en los últimos meses de la dictadura, acabaron con la vida de cinco jóvenes que no pudieron disponer de un juicio justo.

Tal y como Aroa Moreno Durán explica a este medio, “es insólito que no hayan podido ser juzgados los crímenes de una dictadura, que se permitiera la continuidad de ciertas personas en cargos políticos en democracia y que, hasta hace dos días, torturadores y agentes de la represión conservaran sus condecoraciones y méritos”. 

Este sábado se cumplen 50 años desde que el régimen asesino de Franco diera sus últimos golpes mortales. Este mismo año, la familia de Xosé Humberto Baena ha logrado que el Gobierno aplique la ley de memoria democrática, y que Xosé deje de constar como asesino en la documentación oficial para pasar a ser considerado víctima. Una reivindicación que la familia ha llevado siempre por bandera desde que el padre del joven militante comenzara a reclamarlo un año después de su fusilamiento.

En la memoria también ha habido jerarquías y el recibir o no justicia ha dependido en ocasiones del lado del que caía la victima. "Los miembros de ETA han tenido un mayor reconocimiento por el impacto posterior del grupo. En cambio, las víctimas pertenecientes al FRAP han pasado más inadvertidas", expone el profesor de la Complutense. Sobre las víctimas y su reconocimiento, Moreno Durán afirma que “todas deben ser reconocidas como víctimas, sin escalas, lo que implica el reconocimiento oficial de todos los crímenes del franquismo”.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha designado este jueves a Maite Nosti parlamentaria no adscrita y en consecuencia ha declarado la disolución de la agrupación parlamentaria de Vox, según informa EFE.

Nosti, hasta ahora una de las dos parlamentarias de Vox en la Cámara navarra, ha pedido su salida de la agrupación parlamentaria por discrepancias con la dirección nacional por su voto favorable a una declaración del Parlamento Foral con motivo del Día de la Víctimas del Terrorismo, a la que EH Bildu se abstuvo.

En un comunicado, Vox destacó este miércoles que no pueden "apoyar un texto que equipara en Navarra a las víctimas de ETA con todas las víctimas del terrorismo yihadista o de cualquier otra tipología". La formación subrayó que condena todo terrorismo "sea cual sea", pero no puede "caer en el error de aceptar esta fórmula que, empleada con mala fe por PSOE y Bildu, en la práctica solo pretende difuminar el terror y la violencia masiva de ETA en Navarra y el resto de la nación".

Por su parte, Nosti, en una comparecencia ante los medios de comunicación antes del inicio del pleno del Parlamento de Navarra de este jueves, ha afirmado que mantendrá su escaño porque considera que el "rumbo ideológico" del partido "no es el más adecuado" y entiende que su responsabilidad es aportar su "granito de arena para contrarrestarlo".

Al pasar a ser parlamentaria foral no adscrita, Nosti pierde los cargos y puestos que desempeñaba en representación de la agrupación de Vox, de la que era portavoz.

Paralelamente, se acuerda la disolución de la agrupación de Vox, al requerir su continuidad un número de parlamentarios no inferior a dos, por lo que se declara a Emilio Jiménez único integrante del grupo mixto. Por último, la Mesa ha encargado a los servicios jurídicos la emisión de un informe sobre el estatus de la nueva parlamentaria no adscrita y las eventuales consecuencias que ello pueda tener en la organización del trabajo de la Cámara.

Queda pendiente la resolución de la solicitud de Nosti, que tiene derecho a formar parte de una sola Comisión, en relación con su integración en la Comisión de Economía y Hacienda. La decisión de la Mesa requiere previa conformidad de la Junta de Portavoces, por lo que se estudiará en la reunión del lunes.

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha señalado a los medios de comunicación que en el pasado ha habido otros casos de parlamentarios no adscritos y de ruptura de grupos, pero en la pasada legislatura el nuevo Reglamento de la Cámara introdujo novedades en la regulación de estas situaciones. Por ello, ha dicho, "preferimos ser prudentes, esperar a estos informes para el lunes y tomar las decisiones pertinentes en el seno de la Junta de Portavoces".

Hay cosas que a los españoles se nos dan bien y otras que no. Entre las que sí podemos encontrar la tortilla de patatas, la pintura barroca y la tragedia. Entre las que no, realizar entregas de premios. Lo digo, claro, por la gala de los Goya que vi, como siempre desde hace años, este pasado sábado.

La fiesta de nuestro cine tuvo buenos momentos, en especial el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón, por la sincera complicidad con Maribel Verdú, por un discurso inteligente y elegante y por lo que supone destacar la carrera de una gran actriz mientras está en activo. “No hay que tener miedo a la cultura” dijo Sánchez-Gijón, “hay que tener miedo a los nuevos imperialismos y las limpiezas étnicas”.

Que a los Goya les faltara ritmo y les sobrara tiempo no es ninguna novedad. Sí la entrega ex aequo del galardón a la mejor película, en un final mal ejecutado que dejó vendidos a presentadores y premiados. Más allá de lo escenográfico, un reconocimiento doble significa admitir la fragilidad de las categorías por las que riges tu elección, restando valor tanto a la distinción que entregas como a las cintas seleccionadas.

Un premio compartido sólo está justificado ante la categoría excepcional de lo que se premia. Si la Academia de Cine fue capaz de decantarse entre Todo sobre mi madre y La lengua de las mariposas o entre Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y El día de la bestia, debería haber sido capaz de decidir entre La infiltrada y El 47. 

El Goya a la mejor película de este año no será recordado como una distinción compartida, sino como una que quedó en el aire, sin atreverse a posarse sobre la elegida. Nada sorprendente, por otro lado, para unos tiempos donde la falta de definición, contrariamente a lo que prometen los modernos televisores, también atrapa al cine.

El 47 es una buena película pero, como su premio, está flotando en el vacío. Algunas de sus interpretaciones son notables, el argumento no está mal resuelto y se agradece que aborde una temática alejada del interiorismo emocional. El problema es que ofrece un contexto histórico tan vago que hurta al espectador detalles importantes del suceso real en el que se basa.

Como seguramente muchos de ustedes ya sepan, Manuel Vital, el protagonista, pertenecía al PSUC y Comisiones Obreras, algo que la cinta obvia. No son sólo las siglas. Como bien explicó el historiador Marc Andreu, la expropiación de aquel autobús “no fue un arrebato individual ni espontáneo, sino una acción colectiva y organizada”. 

No han sido pocos los que han escrito al respecto desde que la película se estrenó el pasado septiembre, todos desde una sensación agridulce pero desde el respeto a la película de Marcel Barrena. Su director, sin embargo, fue más tajante en una entrevista en El Periódico este pasado enero: “cuando una cosa va bien, hay mucha gente que tiene ganas de meter ahí su casito”.

Más que un tema de ego y oportunismo, como desliza Barrena, se trata de una cuestión de época. La nuestra sufre de un presentismo atroz, donde lo que sucede parece estar ausente de las causas y ajeno a las consecuencias, además de sufrir un sesgo que nos hace entender lo individual como única medida para todas las cosas. Cuarenta años de neoliberalismo no pasan en balde.

No se trata de quitar importancia a la figura de Manuel Vital, sino de afirmar que sin el sindicalismo y sin los partidos obreros, los años 70 en España no hubieran acontecido como conocemos. Fue la condición de trabajadores y trabajadoras organizados lo que permitió a estas personas enfrentar los conflictos laborales, vecinales y democráticos con éxito. No su origen, su lengua o su bondad. Algo que tendríamos más claro si, la pasada década, el adanismo progresista no hubiera deslegitimado el papel obrero en la Transición.

El 47 es una buena película porque es emocionante, como lo son, de otra manera, 1917 de Sam Mendes o Dunkerque de Christopher Nolan. Empatizamos con sus protagonistas, nos horrorizan los peligros que enfrentan y nos motiva el indudable heroísmo que muestran en pantalla. El asunto es que, al dejar al espectador huérfano de circunstancias, le impiden entender por qué pasa lo que pasa, más allá de apelar  a la voluntad del individuo y su suerte, algo que en la guerra, ciertamente, apenas importa.

El extraño final de la noche valió también para darnos a conocer un último discurso, aquel con el que se cerraría la ceremonia. Lo pronunció María Luisa Gutiérrez, productora de La Infiltrada, reclamando respeto a las víctimas del terrorismo de ETA, poniendo en valor el papel de la policía y recordando los problemas de los agricultores. El tono, más cercano a la recriminación que a la reivindicación, y el gesto, más próximo al enfado que a la celebración, contrastaron el aplauso unánime del auditorio.

La Infiltrada no había recibido una atención especial por parte de la prensa conservadora, pero su productora tocó el silbato y, al día siguiente, las cabeceras del lado derecho del kiosko entendieron este premio como la venganza contra los titiriteros que tantos años llevaban deseando. Leyendo algunas crónicas parecía que el premio, en vez de otorgado por la Academia con normalidad, había sido conquistado por Gutiérrez tras una cruenta escaramuza.

A veces, que casi todo flote en el vacío tiene sus ventajas, sobre todo a la hora de agitar el agravio. La productora de La Infiltrada deslizó también que la memoria histórica no se ocupaba de las víctimas de ETA, cuando la realidad es que no ha habido un colectivo en España más recordado que este y de una forma más consensuada: calles, plazas, monumentos, homenajes, documentales, ensayos, informativos, leyes y debates parlamentarios así lo atestiguan.

Cuando una demanda carece de contexto sirve como un excelente combustible para extender el sentimiento de ofensa entre tu público. Vivimos un tiempo ridículo donde los multimillonarios dicen rebelarse contra las élites, los charlatanes emitidos en prime time contra la censura y los delincuentes fiscales contra los impuestos. El populismo de derechas ha conseguido usurpar la rebeldía porque a las palabras nada les ata a su sentido. Volavérunt, como el Capricho de Goya, “cabezas tan llenas de gas inflamable, que no necesitan para volar ni globo, ni brujas”.

El odio te crea un ruido ensordecedor en tu conciencia cuando no lo aceptas. Yo nunca pude hablar de nada con mi padre, por lo cual al final de mi vida, quizá tenga un pequeño trauma de una situación que afecta a cualquiera. Y con mi madre en silencio porque ella no pensaba igual y muchas veces se ponía de mi lado, pero tratando de acabar aquel ruido. Yo casi no sabía lo que era ser rojo, pero sabía que a quien se refería en muchos casos era una gran persona. Sé de negar el saludo en la escalera de casa porque eran rojos. Pero para mí seguían siendo buenas personas que incluso me hacían carantoñas y notaba su cariño hacia un niño que a nadie podía hacer daño. Mi madre callaba porque en aquellos años de posguerra las cosas eran así, pero yo no lo aceptaba y ahora pienso en cómo yo siendo tan joven, adolescente, podía rechazar aquello en un mundo en que las voces de mi padre creaban el silencio en los demás. Y yo me preguntaba por qué. Y hoy, que estoy en el final de mi larga vida, me ha dado por pensar en esa causa, porque mi trabajo laboral me impedía pensar en esas cosas tan antiguas, pero cercanas. Recuerdo cómo fui a votar no a aquel falsón referéndum de los 25 años de Paz. La de pocos. Y en aquella mesa estaba mi padre, que supongo tiró el voto a la basura. Como otros tantos.

En mi media vida pasada en Euskadi viví también muy cerca de mí el ruido de ese silencio provocado por el separatismo de ETA o de sus ayudantes de HB que siendo ya muy mayor no entendía como podríamos callar ante esa amenaza, viendo letreros en las paredes a los que nadie se oponía por miedo, viendo a tanta gente que clamaba por una libertad que a mí me parecía una libertad mal entendida si los que la dirigían eran los que veíamos cada día provocando asesinatos de quienes, muchos, no tenían culpa de nada. Me enfrenté con la palabra solo ante ese mundo, pero de nada valía. Fue una etapa en que sentí un gran dolor porque yo sabía lo que en la capital se susurraba, que todos los vascos eran de ETA. Nada más falso. Menos mal que se demostró después. 

Esas dos Españas las conocí muy cercanas y no me quedo con ninguna. Pero sí observo hoy que Euskadi ha sabido reaccionar. Dirigida por los dos únicos partidos profesionales existentes, PNV y PSOE, y secundado por aquellos que han reconocido su gravísimo error y que hoy navegan en partidos de una izquierda sensata, que supo acceder a las normas mínimas de colaboración de la democracia, se vive con sensatez, un pueblo maravilloso en donde me ocurrieron las mejores cosas de mi vida y que hoy reconocen muchos de sus visitantes. Sin embargo, la capital Madrid no ha cedido en nada. Solo veo una cuna fascista anidada a aquel fascismo que nunca soporté y con una lideresa que cada día demuestra su odio a la mitad de los habitantes que dice dirigir pero que no es verdad, pues su objetivo es liderar España, que Dios no lo quiera. Y me entristece que en Madrid aún se quiera llegar a aquel silencio que provocaba un ruido ensordecedor e indeseable. Cuando ese fascismo lo vemos lejano aún con la llegada a USA de unos líderes trastornados por el poder de su propio dinero sería el momento de que España liderara un mundo del sentido común, de la concordia que nos trajo la democracia mal entendida y recuperar la ética perdida. Hay suficientes personas en este país, jóvenes preparados que deberían olvidarse del Tik Tok y crear algo para vivir en paz sin hacer el ruido aquel que tanto recuerdo en silencio. Y para ello siempre tendremos la Europa sensata, los BRICS o la parte de Hispanoamérica que aún nos quiere. Ahí lo dejo y creo que me repito en esta observación, pero es que es urgente salvar la vida que tantos quieren hacer imposible. 

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha destacado este jueves, día en el que se cumplen 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, que aquel atentado de ETA "fue celebrado" por una parte de la sociedad, motivo por el que sigue siendo necesario recordar hoy "la barbaridad que vivió Euskadi".

De Andrés ha comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián, junto con la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el responsable de Nuevas Generaciones del País Vasco, Pablo Gómez-Guadalupe, para presentar la III Escuela Gregorio Ordóñez, que se celebrará en la capital donostiarra los días 31 de enero y 1 de febrero, con presencia, entre otros, del expresidente del Gobierno José María Aznar.

El presidente del PP vasco ha resaltado que el hecho de que una parte "no pequeña" de la sociedad vasca mostrara su "satisfacción" por asesinatos como el del líder popular guipuzcoano es lo que distingue a las víctimas del terrorismo de otras víctimas. Se trata de un elemento "distorsionador de la convivencia", por lo que el asesinato de Ordóñez constituyó un atentado "contra el conjunto de la sociedad, la libertad y la democracia", ha añadido.

"Por eso nos vemos en la necesidad de recordar esta barbaridad que vivió Euskadi, recordar que estos crímenes tuvieron un respaldo social y eso es lo que tenemos que superar y para eso es muy conveniente recordar", ha dicho De Andrés.

La III edición de la Escuela Gregorio Ordóñez, organizada por las juventudes del partido en el País Vasco, contará con la participación, además del expresidente Aznar, de Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez.

Las jornadas, que se celebrarán en Tabakalera bajo el lema Europa que recuerda, han sido organizadas en colaboración con el PP europeo, por lo que también asistirán europarlamentarios populares como Dolors Montserrat, Javier Zarzalejos e Isabel Benjumea, entre otros.

La presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larea, ha afirmado que Gregorio Ordóñez "marcó un antes y un después en la política vasca" y fue el maestro de muchos jóvenes populares vascos que lo recuerdan "en el día a día" cuando hacen política en la calle.

El PP ha elaborado un vídeo, que publicarán en las redes sociales, en recuerdo a Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato. Además, la figura de Gregorio Ordóñez ha sido recordada en este año a través de dos documentales, uno dirigido por Iñaki Arteta y producido por la Fundación Universitaria CEU, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, y otro presentado este jueves por El Diario Vasco en San Sebastián.

Además, el próximo sábado se celebrará un acto de homenaje en el cementerio, junto a la tumba de Ordóñez, organizado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), asociación presidida por la hermana del político popular asesinado, Consuelo Ordóñez.

«Se considera a las víctimas como algo sagrado y no lo son. Han armado una nueva configuración mental; han transformado el sentimiento en venganza sagrada, con su ganar y perder, al que no le falta su negra honrilla; se han constituído en asociación con lista de socios, que son los parientes de los muertos, con su organización burocrática, sus declaraciones públicas, su "doctrina"; al resultado de esta inversión capital es a lo que yo llamo Victimato».

Pensemos un poco en esa frase: «Han transformado el sentimiento en venganza sagrada», y no es eso: nuestro sustrato religioso de raíz cristiana nos juega esa mala pasada porque convierte a los parientes de las víctimas en brazos ejecutores de una justicia divina en abstracto que sólo puede traer más dolor y ningún consuelo porque suma una injusticia más a la injustificable pérdida.

Y todo eso añadido a la igualmente injustificable calificación de "asesinos" a los servidores públicos convierte en aún más suicida esa sacralización de la venganza. Y ya sabemos quiénes no tienen pudor en apelar a esas palabras gruesas se tenga o no razón... La subida de Vox en las encuestas no tiene otro (irracional) sentido.

A lo que sí tienen derecho los parientes de las víctimas es a exigir responsabilidades políticas; y en ese sentido creo que la persistencia de Mazón en el cargo resulta obsceno y provocador además de impedir que el sentimiento de pérdida y de duelo colectivo se oriente hacia unos cauces sensatos y cataplásmicos.

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Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre.

La ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá a los presos etarras descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar así su salida de prisión, entra en vigor este viernes. Tal y como publicó el Boletín Oficial de Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, la norma, que transpone una directiva europea y provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entra en vigor ahora, de manera que varios terroristas podrán acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión.

La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha calculado que 52 presos podrán beneficiarse de la reforma legal, de los cuales 7 podrían salir de prisión antes de que acabe el año. Según sus datos, actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros 4 en Francia.

Para beneficiarse de la norma, cada preso tendrá, a través de su abogado, que solicitar ante la sala condenatoria -en España, la Audiencia Nacional- que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.

Esta reforma legislativa, sin embargo no aplica para quienes los tribunales ya tuvieron en cuenta el cumplimiento de parte de la pena en Francia. Sería el caso del exjefe de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.

La aprobación de esta ley provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Fue la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) la que advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas. Tras ello, el PP acusó al Ejecutivo de incluir "de tapadillo" dicha enmienda y afirmó que apoyó el texto por error, mientras que desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

Estos días se habla de la “renovada” imagen del “líder en diferido” del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido quitarse las gafas.  Yo quiero que se las vuelva a poner porque, aunque parezca difícil, es más corto de miras sin ellas que antes.  

Mientras España avanza en derechos, libertades y convivencia –la  territorial y social que el PP dinamitó—, y nuestra economía crece cuatro veces por encima de la media de la Unión Europea; mientras en España se genera riqueza y se superan los 21´6 millones de empleos, la miopía de Feijóo le hace ver una realidad paralela que nada tiene que ver con el  momento que vivimos.  

El presidente del Partido Popular ha optado por la insurrección total. El acoso y derribo que practicó su partido en la década de los 90 contra González, aun a costa de la estabilidad del Estado, es hoy la seña de identidad de este Feijóo que dijo venir a no insultar y a hacer “política para adultos”.  

Estas intenciones, cacareadas con rimbombante solemnidad, como es su estilo, se han traducido, tristemente para los españoles, en un activismo con tintes predemocráticos que no responden a un malestar social, sino a una deliberada intención de tensionar y fracturar a la sociedad para trasladar una imagen constante de crisis y caos insoportable y contrarrestar  una total ausencia de propuestas, ideas y alternativas.  

¿Alguien sabe qué opina Feijóo sobre la violencia machista, el Estado de las autonomías o sobre el rumbo de Europa en el nuevo marco geopolítico mundial? ¿Conoce algún español las propuestas del PP para luchar contra el cambio climático o para reducir la jornada laboral, más allá de la  genialidad de condensar las mismas horas en cuatro días? La respuesta es NO.  

La miopía de Feijóo le lleva a abundar en la constante estrategia de deslegitimación, que ya puso en marcha tras la moción de censura, haciendo un seguidismo exagerado de los postulados de Vox que está llevando al PP a situarse como un partido ultramontano y antisistema, fuera  de cualquier patrón democrático de Europa.  

El “bolivariano dictador Sánchez”, ese que trajo a España los 160.000 millones de euros de fondos europeos que el PP se encargó de torpedear en Europa, es para el miope Feijóo el enemigo a batir. 

En el día que se cumplían 13 años del fin de ETA, el Partido Popular se manifestaba con la ultraderecha para seguir laminando nuestra  democracia, sin una sola mención a este triunfo de los demócratas sobre el  terror. Ni siquiera un tuit en su perfil, ni en el del PP. Tal vez para hacer olvidar que votaron a favor de convalidar los años de cárcel cumplidos por los etarras fuera de nuestro país. O tal vez porque no soportan la idea de que el fin de ETA se produjo con un gobierno socialista en España y otro gobierno socialista en Euskadi.  

Quitarse las gafas ha llevado a Feijóo a no ver que su estrategia de “el que pueda hacer que haga” se parece como dos gotas de agua a cuando Torra  pedía “apreteu” a los CDR para hacer efectiva la república catalana. En eso han acabado Feijóo y este PP.  

La visión corta del “líder en diferido” del PP, sumido en su deriva nacionalpopulista, le hace alejarse a pasos agigantados de aquel halo de centrismo moderado que nos vendió en su advenimiento, y que ha demostrado no ser más que un nuevo trampantojo a los que nos tiene acostumbrados la derecha patria.  

La demonización personal y política del presidente del Gobierno es de una profunda irresponsabilidad que está conduciendo a esta sociedad a una polarización sin precedentes.  

Le guste o no a Feijóo, Sánchez ha sido avalado por más de 12 millones y medio de españoles que están representados en la actual configuración del Congreso de los Diputados. 

Es hora de que abandone las barricadas, asuma que no tiene el apoyo de la mayoría democrática, aprenda a dialogar y negociar y respete la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Es lo que se hace en la política para adultos.

Póngase a trabajar, y las gafas, por favor.

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Ander Gil es senador del PSOE por Burgos y expresidente del Senado.

El jueves pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistió a un acto con víctimas del terrorismo en la Universidad de Navarra, en concreto, las III Jornadas Contar el Terror. A la salida, un grupo reducido de una treintena de estudiantes lo esperaba a la puerta de la Facultad de Comunicación para insultarlo al grito de corrupto, maricón e hijo de puta y, por supuesto, no faltó el típico cántico de la derecha ¡que te vote Txapote! Evidentemente, este escrache de odio impresionante contra un miembro del Gobierno central me parece intolerable, pero sobre todo más grave y preocupante es que se haya producido en un espacio de convivencia, de reflexión y de confrontación pacífica de ideas como se supone que es una universidad. La rectora, María Iraburu, emitió enseguida un comunicado en el que condenaba el comportamiento lamentable e injustificable de estos energúmenos, y la institución mantiene abierta una investigación para identificar a los implicados y abrirles los correspondientes expedientes disciplinarios.

Me gustaría saber, y entender, qué hace que unos chavales de veinte años o menos se atrevan a proferir unos insultos tan graves contra una de las personas más decentes del ejecutivo. Cuando se ataca al oponente y no a sus argumentos se comete la falacia lógica conocida como argumentum ad hominem: no se arremete contra los posicionamientos del adversario, sino contra la persona, y se cuestiona su integridad moral y su honestidad. En este caso, hasta donde yo sé, Grande-Marlaska no está ni investigado ni imputado en ninguna trama de corrupción. Es, además, un ministro independiente sin carné del PSOE con una carrera brillante en la lucha contra ETA, o sea que tampoco la mención a Txapote venía a cuento. Considerar a su madre una meretriz es de una pobreza moral y de una bajeza supinas. Y, finalmente, meterse con su orientación sexual, en el siglo XXI, es definirse por sí solos, porque solo habla de los que han pronunciado estos gritos homófobos que atentan contra la dignidad del juez y que son de una gravedad manifiesta en una democracia. La diversidad nos hace mejores, que dijo el presidente del Gobierno en un mensaje en la red social X. Si a todo esto sumamos que las ofensas tuvieron lugar en un entorno de respeto, un espacio clave para la formación de personas con pensamiento crítico, el templo de la sabiduría y la educación, quizás porque trabajo en la Universidad de Alicante que me dejan absolutamente perplejo y desconcertado, además de triste y muy apenado.

Sí, estoy atónito porque son universitarios con pelos donde ya todos sabemos y, en teoría, son adultos, y como docente habría que analizar qué tipo de educación han recibido estos descarados desde pequeños. ¿A cuántos de estos deslenguados burlones les han regañado al llegar a casa cuando los padres los han visto en la televisión mofarse del exmagistrado? O, en cambio, ¿les han dado la palmadita en la espalda y les han felicitado? Si fueran mis hijos, el rapapolvo sería estratosférico. Ahora bien, convendría saber también qué tipo de principios y valores se están transmitiendo en la elitista universidad católica vinculada al Opus Dei donde estudian. Si han llevado a cabo este acoso público para que hablemos de ellos, lo han conseguido. Pero la acción dice poco y bueno de esta minoría de jóvenes que entiende la tolerancia a su manera. 

El 27 de febrero del 2008 publiqué un breve artículo de opinión en el mítico periódico universitario El Vicent de la UA titulado «Homofobia en la universidad» a raíz de unos comentarios claramente homófobos que aparecieron en unos carteles de la Coordinadora LGTB, acabada de crear, del campus alicantino. Y decía: «parece mentira que todavía en 2008 estemos así». Han pasado más de dieciséis años y medio y, tristemente, todavía estamos igual. Las ignominias contra Marlaska que todos hemos visto y escuchado por televisión las proclamaban criaturas de casa buena en una universidad, ya me da lo mismo católica que laica, privada que pública. Es un lugar al cual asiste, supuestamente, gente formada, respetuosa y con ideas propias del siglo en que vivimos. Si los futuros médicos, periodistas, profesores e ingenieros, por poner tan solo algunos ejemplos, piensan y actúan así, vamos muy mal. «Querrá decir que la universidad, y todos nosotros, como estudiantes o trabajadores, habremos fracasado», sentenciaba entonces. Continúo pensando exactamente lo mismo.

Y todo esto coincide con el comienzo del juicio en A Coruña por la muerte vil y cobarde de Samuel Luiz el 21 de julio del 2021 a manos de los cinco acusados al grito, precisamente, de maricón, para los cuales la fiscalía pide penas de prisión que van de los 22 a los 29 años. Por desgracia, esta palabra peyorativa como insulto y ataque al colectivo LGTBI ha vuelto a tomar fuerza después de muchos años de lucha por desestigmatizarla. Durante el 2023, los delitos de odio por orientación sexual aumentaron un 13%, sobre todo los embates en la vía pública mediante agresiones verbales y físicas, y el perfil del agresor es el de un varón menor de 25 años. Cuatro de cada diez homosexuales han sufrido alguna vez vejaciones por su condición sexual. En España ha habido 57.000 agresiones homófobas en los últimos cinco años. Son datos de la Red Estatal de Observatorios contra la LGTBIfobia. Así, pues, como manifestó Pedro Sánchez, los discursos de odio no son inocuos. A pesar de que en el caso de la Universidad de Navarra eran una pandilla reducida de mocosos, la aversión se extiende como la pólvora y hay que evitar que hechos como este se repitan y se conviertan en habituales, dado que este tipo de humillaciones, lejos de disminuir, están cada vez más presentes en las calles.

Hace ya unos cuantos años que leí la autobiografía escrita por el mismo Grande-Marlaka, Ni pena ni miedo. Un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos (2016), una obra llena de informaciones inéditas y reflexiones personales. Ahora es el momento de destacar dos muy brevemente. Por un lado, el bilbaíno ha sido siempre, y continúa siéndolo, un gran defensor de la libertad, un luchador ferviente contra el terrorismo desde la Audiencia Nacional, y conviene recordar que fue uno de los objetivos del comando Vizcaya de la banda terrorista ETA, unas amenazas por las que tuvo que convivir con escolta policial. Por otro lado, Marlaska fue una persona valiente que en 2006, en una entrevista a Rosa Montero en El País Semanal, hizo pública su homosexualidad y reconoció que se había casado con su chico, Gorka Arotz. Desde entonces se ha significado siempre como una de las caras más visibles del colectivo LGBTI, y asiste año tras año a la manifestación del Orgullo estatal. Injuriar a una persona que ha hecho tanto por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales con el calificativo despectivo de maricón es, además de una falta de consideración, mear fuera del tiesto. Pero no ofende quien quiere, sino quien puede. Al final del camino, espero una pequeña sonrisa o Espero que al mirarme a los ojos, veas sinceridad son algunos fragmentos de la extensa y personalizada dedicatoria del libro que Fernando hizo a mi exnovio el 27 de mayo de 2017 en la Feria del Libro de Madrid, y que acababa con un cariñoso Abrazos/Besos.

En conclusión, los hechos ocurridos en Pamplona forman parte de las cosas que no tendrían que suceder nunca, ni con un ministro ni con nadie, y hay que condenarlos severamente. El respeto y la cordura, que empiezan en uno mismo, son la base de la convivencia en esta sociedad cada vez más polarizada, en constante cambio y supuestamente también más tolerante, los pilares básicos de un Estado libre y democrático. Promover unas actitudes corteses y deferentes con los derechos humanos es uno de los objetivos de la educación superior, pero parece que estos zoquetes maleducados no entraron a clase cuando esto se explicó. También debieron de hacer novillos el día que enseñaron que una persona no puede ser vilipendiada por su orientación sexual. Por eso, tienen mucho que aprender todavía estos hijos de papá, primero y fundamental la moraleja de la fábula del escritor griego del siglo VII a. C. Esopo: antes de hablar mal de alguien, mírate tú primero al espejo.

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Òscar Banegas es filólogo y trabaja como técnico lingüístico en el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante.

Todo el colegio teme a la Trituradora, como se conoce al matón ebrio que maneja sus hilos y discursos desde la sombra, cuya fama y dinero se deben a sus dotes para destruir adversarios con la ausencia total de escrúpulos y remordimiento propia de quien carece de conciencia. También es temida su maquinaria de propagar bulos y la impunidad que una parte de la Justicia, dirigida por el matón, dispensa a las fechorías de su marioneta y extiende a la rapiña perpetrada a plena luz por sus entornos político, familiar y sentimental.

La Pija que condenó a muerte a 7.921 mayores con la firma de un letal protocolo ¿se ha arrepentido?, ¿ha pedido perdón? Eso es cosa de terroristas y ella no lo es, aunque sus víctimas superen a las de ETA en número, tiempo y espacio. Doctorada en terrorismo, saca de la categoría a las vítimas de Franco y a las decenas de miles provocadas por el genocidio terrorista del sionismo durante 70 años. Ella no condena el golpe de Estado del 36, blanquea el 23F, llama golpista a quien reivindica urnas para votar, asesinos a demócratas que han pedido perdón y usa a las víctimas de ETA como propaganda electoral.

Cuando no crispa y divide a la ciudadanía diferenciando entre terrorismos buenos y malos o entre guerras condenables y plausibles, la Pija dedica su afán al ataque impío a minorías vulnerables en las que ve a enemigos de su España. Para defender el terrorismo israelí, ha declarado: “¿Alguien entendería que en España secuestraran a mujeres, las violaran, las torturaran, las enseñaran por las calles (…) y que luego se nos pidiera no hacer nada, no decir nada?”. Al mismo tiempo, niega el terrorismo machista con la misma contundencia que denuncia una plaga okupa, niega el cambio climático con el mismo fervor que quita impuestos a los ricos, acosa al colectivo LGTBI con la misma irreverencia con que blanquea la pederastia y es capaz de criminalizar a extranjeros menores de edad y desamparados. 

Al contrario de la derecha moderada europea, la opinión y la posición de la Pija respecto a las políticas del Gobierno son mentiras calculadas al servicio de la estrategia de desgaste diseñada por la Trituradora que evidencian su falta de alternativas o el fracaso de las que toma. La respuesta a la crisis del covid, la guerra o el volcán, la bajada del paro, el crecimiento económico, la subida de las pensiones y las mejoras laborales son exponentes de que otra política es posible en beneficio de la inmensa mayoría ciudadana. Las políticas de la Pija han hecho de Madrid un paraíso fiscal de imposible acceso a la vivienda, aire irrespirable, Sanidad y Educación elitistas… pero con grifos de cerveza en cada esquina.

Además de acosar al Gobierno de España, la Pija y la Trituradora asestan navajazos al pelele gallego y a cualquiera que no comulgue sus ruedas de molino dentro del PP nacional. La deriva radical plagada de titubeos y contradicciones del gallego, presionado por la pinza de extrema derecha formada por la Pija y el sátrapa de Vox, ilustra a la perfección la jaula de grillos de sus portavoces de cabecera y otros voceros, perdidos en la duda entre los discursos divergentes que emiten la Trituradora y la sede corrupta de Génova 13.

Por si no bastara, el criminal de las Azores y el hada de las ranas corruptas se conjuran a cada poco con la demencia de la cal viva para echar gasolina a los incendios del régimen del 78: PP, PSOE y Casa Real, encantadores de serpientes y corruptos ganadores. En estas condiciones, hablar de democracia plena en España es un sarcasmo a la altura de recientes y deleznables despropósitos como los de Maduro y Macron, motivo para la pesadumbre que la ausencia de una Justicia y una Prensa éticas y dignas agrava más aún.

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Verónica Barcina Téllez es socio de infoLibre.

La polarización que tenemos en la sociedad no está en el escenario político, sino en lo cultural. ¿Alguien piensa que si el independentismo catalán renunciara a su proyecto, o que si Bildu rompiera cualquier vínculo existente con el terrorismo de ETA y renegara de ella, se iba a acabar la polarización en España?

No lo haría, como no lo hace en ningún país donde la derecha y la ultraderecha desarrollan la misma estrategia del “divide, enfrenta y vencerás” sobre las referencias culturales, no políticas, sin que en esos países exista el independentismo ni la historia de ETA. Todo gira alrededor de las primeras, la política sólo es el campo abonado para potenciar las críticas frente a quienes amenazan el orden definido por la cultura. Isabel Díaz Ayuso fue muy clara con sus palabras en la reunión donde presentaban las candidaturas a las alcaldías de las principales ciudades (22-1-23), cuando dijo: “No pensar que esto va simplemente de gestionar y no de defender un modo de ver la vida”. Por eso la transformación social que surge de las políticas progresistas la viven como una “guerra cultural”, de ahí la estrategia bélica y la llamada a la “guerrilla” que hizo Aznar, y ahora repite Tellado, con “el que pueda hacer, que haga”. El objetivo no es echar a Pedro Sánchez, como antes no era echar a Felipe González ni a José Luis Rodríguez Zapatero, eso sólo son pasos para lograrlo, el objetivo es “refundar el machismo”, es decir situar las referencias culturales androcéntricas que han definido la realidad en el centro.

La izquierda no es muy consciente de este proceso cuando se centra en la “gestión”, y no tanto en el “modo de entender la vida”, que es el que hace que la gestión sea validada o cuestionada con independencia de sus resultados, de ahí la reacción que vivimos a favor del modelo tradicional desde los más jóvenes a los más mayores.

Las claves de este movimiento global gira alrededor de la idea de victimismo y culpa, para organizar la reacción.

Doug Bock Clark, en su artículo en The New York Times del 10-9-24, analiza en parte este proceso y destaca varias ideas presentes en toda esta reacción con relación a la ultraderecha, pero también se pueden aplicar a las posiciones androcéntricas.

La violencia (material, simbólica, política, institucional, social…) es la consecuencia directa de ese escenario. Los datos indican que está aumentando y debemos ser conscientes de la situación para no caer en la trampa ni en el error de pensar que son las circunstancias políticas las que lo definen. Es una “guerra cultural” en busca de refundar el sistema de valores androcéntricos, y nada los va a detener salvo que se modifiquen las circunstancias, algo que requiere una actuación más de fondo y una educación decidida a dejar atrás al machismo y su modelo jerarquizado de poder. O sea, más feminismo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.