¿Cuántas veces hemos escuchado “todo el mundo lo sabía” cuando de pronto se hace público un caso escandaloso de un personaje público, ya sea de acoso o de corrupción? Y si tanta gente conocía sus prácticas, ¿por qué se ha tardado tanto en frenar esa conducta? Siempre hay una razón para minimizarlo, que en ese momento parecía lógica a quienes efectivamente eran conscientes de lo inapropiado de su comportamiento. 

Algunos nos sorprenden más, como es el caso de Errejón, del que siempre se han hecho bromas sobre su aspecto juvenil a pesar de haber cumplido ya los 40 años y al que le pegaba más ser un tanto déspota con su entorno laboral que establecer relaciones tóxicas con las mujeres. Seguramente había puntos que permitían unir la línea pero nadie lo hace hasta que todo salta, como explica un compañero suyo de Más País, aún en shock, y que da en el clavo con el mecanismo que se pone en marcha ante las evidencias que prefieres no ver ni creer. 

Pasó con Urdangarin. Un tipo deportista y sanote para la opinión pública, con logros olímpicos incluidos. Ahora es imposible desligar su imagen de la corrupción, de haberse aprovechado de ser yerno de un rey que llevaba toda la vida consentido por el Estado y la sociedad. Al que con levantar el teléfono le bastaba para conseguir una comisión o un polvo con quien se hubiera encaprichado en esa ocasión. Si te hubieran pedido entonces que eligieras entre Marichalar o Iñaki, cuál era el reprobable de los dos, reconoce que el primero tenía más papeletas. 

Nos dejamos guiar por el aspecto, por mucho que nos hayan inculcado que las apariencias engañan. De Ábalos, con su pinta de estar más a gusto en la barra de un pub con un cubata que en el hemiciclo, nadie se extrañaría de lo que se le pueda acusar. “Ya sabes cómo es…” decían muchos en el PSOE. No, no lo sabíamos cuando Sánchez le destituyó. A su alrededor se creó un run-rún permanente y la extendida sensación de que algún día saldrían a la luz los hechos a los que se referían todos. Es como Rubiales, su cara es la típica que has visto cientos de veces en las discotecas. Gin tonic en mano observando a las mujeres con descaro, jactándose de ser un triunfador y convencido de tener carisma a pesar de carecer de atractivo. Seguro de que el poder otorga carta blanca. 

Mario Conde también lo pensó. Fue un rutilante banquero al que los aspirantes a yuppies idolatraban. Era un figurín de mirada afilada que disfrutaba clavándola en su interlocutor como un águila a su presa, que se pagó con el dinero de Banesto –300 millones de pesetas que hoy serían cerca de dos millones de euros– su entrada triunfal en política en el Centro Democrático y Social fundado por Adolfo Suárez. Eso también lo sabía todo el mundo. Como lo de Javier de la Rosa, el niño bonito de Cataluña en la misma época, que acabó compartiendo módulo en Alcalá Meco con Mario Conde, con quien ya había tratos. Ahí están los Pujol, una familia modélica entregada a la bendita corrupción, que también lo sabía todo el mundo. 

¡Ay, Valencia y el PP, donde no se salva nadie! Eso te lo contaba cualquiera que se reuniera con Zaplana primero o Camps después, unas prácticas que cuando te acercas sorprende la normalidad con que se han asimilado. Tanto que solo se comenta cuando no piden comisión por lo raro que resulta. Por no hablar de Marbella, que debe ser una experiencia piloto de ciudad corrupta. Jesús Gil, Julián Muñoz o la actual alcaldesa, cercada por indicios permanentemente, con un hijastro acusado de tráfico de drogas y un marido ya fallecido que se dedicaba a blanquear el botín. Todo el mundo está al corriente. 

La lista no acabaría nunca. ¿No sabía el universo entero que a Biden le patinaban las neuronas pero nadie se atrevía a decirlo?

La juez de Vigilancia Petinenciaria de Bilbao ha concedido la libertad condicional a Iñaki Urdangarin, por lo que este dejará de estar sometido al control presencial de la cárcel alavesa de Zaballa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, la magistrada ha concedido la libertad condicional al todavía marido de la infanta Cristina con fecha de este pasado miércoles.

Hasta ese día Urdangarin, condenado por malversación, prevaricación y fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como caso Nóos, estaba sometido a un "control presencial, con citas telefónicas", que no le obligaba a dormir en el centro penitenciario de Zaballa. A partir de ayer, disfruta de la libertad condicional.

Iñaki Urdangarin ingresó el 1 de marzo de 2021 en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava, para cumplir el resto de su condena en régimen abierto, con obligación de dormir de lunes a jueves en la cárcel alavesa. Además, tuvo que someterse a un programa de reinserción para condenados por delitos económicos.

Urdangarin, que comenzó a trabajar en un bufete de abogados en Vitoria, reside, desde entonces, en la casa de su madre, Claire Libaert, en la capital alavesa.

El marido de la infanta Cristina ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva en junio de 2018 condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como "caso Nóos".

En septiembre de 2020 comenzó a realizar labores de voluntariado en una ONG de Pozuelo de Alarcón para atender a personas con discapacidad y en enero fue trasladado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares (Madrid).

A Iñaki Urdangarin se le concedió el tercer grado penitenciario o régimen abierto en enero de 2021, e Instituciones Penitenciarias autorizó su traslado a la cárcel de Zaballa, una vez que el recluso acreditó que tenía una oferta de trabajo en Vitoria, donde tiene arraigo social, ya que en esta ciudad residen su madre y hermanos.

Instituciones Penitenciarias ha autorizado a Iñaki Urdangarin que cumpla en la sección abierta de la prisión de Zaballa (Álava) lo que le resta de condena en semilibertad, después de que le fuera concedido el tercer grado hace un mes, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El traslado desde Madrid a Álava, adelantado por el diario Abc, permitirá al marido de la infanta Cristina disfrutar de los fines de semana libres cerca de Vitoria, donde reside su madre, así como realizar el programa de tratamiento por delitos económicos desde la sección abierta de Zaballa, a donde volverá para dormir. También compaginará lo anterior con un nuevo empleo.

A finales de enero, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, con sede en Valladolid, estimó el recurso de Iñaki Urdangarin y le concedió el tercer grado penitenciario, por lo que ya desde entonces estaba en semilibertad y sólo tenía que dormir a diario en el Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid).

El juez revocó la resolución del director general de Ejecución Penal y Reinserción de 30 de diciembre de 2020, que aplicaba el principio de flexibilidad del 100.2 a su clasificación en segundo grado y destino en el citado Centro de Inserción Social.

Urdangarin eligió la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, para cumplir su condena a cinco años y diez meses por corrupción en el caso Nóos, ingresando por primera vez el 18 de junio de 2018. La decisión de mantenerse aislado en un módulo sin contacto con otros presos ha sido motivo de discrepancias entre el juez de vigilancia e Instituciones Penitenciarias.

Hasta su tercer grado, Urdangarin ha disfrutado de otros permisos de salida, así como para asistir a voluntariado en una ONG de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha estimado el recurso de Iñaki Urdangarín y le ha concedido el tercer grado penitenciario, por lo que sólo tendrá que dormir a diario en un Centro de Inserción Social y podrá disfrutar de los fines de semana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como recoge Europa Press.

De acuerdo con esta decisión del Juzgado, Urdangarin, que se encuentra recluido en la prisión de Brieva (Ávila) desde junio de 2018, podrá trabajar fuera de prisión y regresar al Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares (Madrid) para dormir a diario, mientras que podrá disfrutar de todos los fines de semana.

En un auto que ya es firme y notificado a las partes, el magistrado revoca el acuerdo de Instituciones Penitenciarias, dictado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción el pasado 30 de diciembre, por el que se acordaba el mantenimiento en segundo grado del recurrente, con aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso interpuesto por Urdangarin y apoyó su progresión al tercer grado con la condición, aprobada ahora por el juez, de que el penado mantuviera su actividad laboral y se sometiera a un programa de tratamiento de delincuencia económica.

La resolución judicial recoge que frente al acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) proponiendo la progresión al tercer grado del interno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dicta una resolución "carente de toda motivación, usando un mero formulario, que serviría para cualquier interno por la vaguedad de los términos empleados, infringiendo con ello las exigencias establecidas al efecto de forma reiterada tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo".

Razonamiento del juez

Según razona el juez, de la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "sería imposible saber las razones de lo acordado, que no se exteriorizarían, vulnerando por ello los derechos fundamentales del interno, el derecho de defensa y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en los artículos 24 y 91 de la Constitución Española".

El magistrado mantiene que la resolución del director general de Ejecución Penal y Reinserción "infringe, desconoce y se aparta abiertamente" de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida a raíz del llamado caso Procéscon relación a la aplicación del régimen de flexibilidad, artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El auto, en línea con lo apuntado por el fiscal, recoge la "positiva evolución" del interno, lo cual lleva a que reúna los requisitos legalmente establecidos para acceder al tercer grado, si bien como complemento se considera adecuado el mantenimiento de la actividad laboral que viene desarrollando en el centro Don Orione y la realización de un programa de tratamiento específico en materia de delincuencia económica.

El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concluye que la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias revocada "no da explicación alguna" de la razón del peor trato dado al recurrente frente a los demás condenados en el caso Nóos, cuando al menos, con relación a uno de ellos (el ex socio), las circunstancias del interno Urdangarin "son claramente más favorables a día de la resolución que cuando a aquél otro le fue concedido el tercer grado, vulnerándose con ello el principio de igualdad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española".

De este modo, el juez estima el recurso formulado por el interno y revoca la resolución del director general de Ejecución Penal y Reinserción de 30 de diciembre de 2020, que aplicaba el principio de flexibilidad del 100.2 a su clasificación en segundo grado y destino en el citado Centro de Inserción Social.

Instituciones Penitenciarias ha aprobado este miércoles la progresión al tercer grado para Iñaki Urdangarin como pidió la junta de tratamiento del centro penitenciario de Brieva (Ávila), cárcel a la cual no volverá y dormirá desde ahora en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares (Madrid), han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior valida así la propuesta por unanimidad que realizó la cárcel de mujeres de Brieva el pasado 26 de noviembre después de que, a finales de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares rechazara el tercer grado o régimen abierto. Urdangarin cumple una condena de cinco años y diez meses por corrupción en el caso Nóos.

De esta manera, Instituciones Penitenciarias flexibiliza el 100.2 de Iñaki Urdangarín por lo que podrá ir diariamente para trabajar en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares y dormirá en el Centro de Inserción Social de esta localidad madrileña. También podrá disfrutar de un fin de semana libre al mes con la condición de que se someta al programa de delitos económicos.

Además de la progresión al tercer grado, los jueces rechazaron en aquella ocasión la posibilidad de que el marido de la infanta Cristina pudiera salir un fin de semana al mes de prisión. Entonces contó con el rechazo de la Fiscalía y no hubo unanimidad de la junta de tratamiento.

Los especialistas que forman parte de la junta de tratamiento propusieron que Urdangarin pasara al régimen abierto, pero sin cambiar la cárcel de Brieva por un Centro de Inserción Social (CIS) próximo a su domicilio, como es habitual. De esta forma, podría seguir compaginando su condena en tercer grado y el voluntariado en el Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Al ser progresado al tercer grado, además de salir de prisión todos los fines de semana, el cuñado del rey pasa a disfrutar hasta 48 días al año —en lugar de los 36 actuales— de permisos, según fija el reglamento penitenciario, que establece que esto sea así "siempre que se haya extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no se observe mala conducta".

El juez de vigilancia cuestionó su aislamiento

La Audiencia de Palma rechazó en septiembre la progresión al tercer grado al entender que "no se desprendía de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permitiera inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad".

El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número 1 de Castilla y León sí autorizó en septiembre la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad al atender al pago de la responsabilidad civil por parte de Urdangarin antes de su ingreso en la cárcel de mujeres de Brieva. Precisamente el juez destacó la dureza del régimen de cumplimiento en absoluto aislamiento, lo que achacó a razones de seguridad y no como trato de favor para satisfacer su voluntad.

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual Vives, cuestionó la decisión contraria al tercer grado de la Audiencia de Palma, recordando que sí había sido aceptado para otros condenados como el expresidente balear Jaume Matas y el exsocio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres.

Urdangarin eligió la cárcel de mujeres de Brieva para cumplir su condena, ingresando por primera vez el 18 de junio de 2018. Desde entonces ha disfrutado de varios permisos pese a la afectación que ha causado, como al resto de internos, la pandemia de covid-19. Por este motivo ha estado en diciembre diez días aislados tras un positivo de un trabajador en el Hogar Don Orione.

En septiembre de 2019 se le autorizó, en aplicación del artículo 117 del reglamento penitenciario —y con la oposición de la Fiscalía—, que saliera dos veces a la semana de la cárcel abulense para hacer voluntariado en esta ONG de Pozuelo de Alarcón. En las Navidades de ese año obtuvo su primer permiso ordinario de cuatro días.

No me gustan los remake en el cine. Por lo general y, salvo excepciones, no consiguen superar la obra original y siempre que he caído en la tentación de verlos, me he decepcionado. Pero soy incorregible, suelo volver a caer en la tentación.

Algo de ello me ha ocurrido con el dichoso mensaje de Navidad de Felipe VI la pasada Nochebuena, con la peculiaridad de que esta vez, la clase política, los medios de comunicación, los tertulianos y politólogos lo esperaban con un nivel de expectativa tan desmesurado, como incomprensible.

Escenario que me hizo a mí también entrar en expectativa. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperábamos?

Lo cierto es que, al menos una semana antes, no se hablaba ni se escribía de otra cosa que no fuera la evolución de la pandemia y del esperado discurso del Rey por Navidad. Cada cual adelantaba el contenido del mismo, los temas que iba a tocar, el tono que emplearía en cada uno de los asuntos y, sobre todos ellos, inexorablemente, debía estar presente el tema de su padre, el Rey emérito. ¡sorpresa!... nada ocurrió, como era previsible.

Del discurso del presidente de la República Francesa, se puede y se debe, esperar mucho, porque es el máximo responsable, de lo que ocurre en su país, de lo que ocurre a sus ciudadanos. En ello le va el que los ciudadanos vuelvan a confiar en él o caiga en desgracia y no le renueven su mandato. De un rey que no gobierna ni puede opinar de política, ¿qué esperamos que diga? Vaguedades, llamamientos generalizados a la concordia, al entendimiento; agradecimientos por el trabajo bien hecho (especialmente en estos días de pandemia) y que disfrutemos de estos días entrañables en familia… poco más. Es decir, lo que se viene haciendo desde hace 44 años. 44 años de remakes navideñosremakes, salvo algún apunte fuera de guion que en su día trajo cola. Navidades de 2017: la tocata y fuga de la república catalana que duró siete minutos. Felipe VI, por primera vez se saltó el guion y echó un rapapolvos a los díscolos de la barretina, estelada y sardana. ¿En que quedamos, no habíamos dicho que el Rey no puede pronunciarse en temas políticos, que debe mantener una exquisita neutralidad? Desde entonces el número de independentistas aumentó considerablemente y Felipe VI no es bienvenido por tierras catalanas.

Hubo también alguna pequeña pincelada, fuera de guion, en las navidades del 2011. Los negocios fraudulentos y el tramado societario para delinquir por parte de su yerno y miembro de la Casa Real, Iñaki Urdangarin, “obligaron” a Juan Carlos I a dirigirle (sin nombrarlo) un pequeño tirón de orejas: “La justicia es igual para todos, nadie está por encima de la Ley”, expresión que valía para un roto o un descosido o un llamamiento generalizado a la ola de corrupción que asolaba al país de la mano del PP. El caso es que los exégetas de la política destacaron el supuesto rapapolvos, “un discurso valiente y esclarecedor”. Lo alabaron y lo pusieron en un pedestal. Había, al parecer, construido un “corta fuegos” para que los negocios corruptos de su yerno no lo salpicaran. ¿Sabían los exégetas de la política que mientras pronunciaba estas palabras, Juan Carlos I, estaba abriendo cuentas a nombre de testaferros en paraísos fiscales y empezaba a llevar dinero en maletines a Suiza? Es decir, estaba actuando desde la Jefatura del Estado como un vulgar chorizo (¿actuará la Fiscalía en mi contra por estas palabras a petición de Vox?)

“Unos principios éticos que nos obligan a todos sin excepción; y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares”, ha dicho Felipe VI, como especie de “tirón de orejas” a su padre. Un remake de lo dicho por Juan Carlos I en 2011 remakedirigido a su yerno. Inmediatamente llegaron los aplausos (PP/VOX/Cs), la “prudencia” del PSOE, la “caña” de Podemos/ERC, PNV/Pdcat/Bildu…y, por supuesto el desencanto de aquellos tertulianos, columnistas, politólogos que se empeñaron días atrás en confeccionarle el discurso al Rey.

¿Habría cambiado algo si Felipe VI, hubiese sido más contundente, más directo desaprobando los choriceos de su padre? Me temo que no, porque lo que de verdad esperan sus súbditos, es un castigo ejemplar, como el infligido al todopoderoso ministro de economía, Rodrigo Rato o tantos otros políticos intocables que ya han pasado por los tribunales o la cárcel, por delitos de la misma naturaleza que los cometidos por el rey emérito. Para ello, lo único que necesitamos (y muchos hemos pedido a los “reyes magos”) es que en el 2021 actúe la Justicia y que la inspección de Hacienda sea más diligente como lo es con todos nosotros. Como actúa la Justicia en Francia, que ha llevado al banquillo de los acusados al expresidente de la República, Nicolás Sarkozy, para quien se le pide 10 años de cárcel por delito de corrupción.

Salvo que tengamos que darle la razón (y nada me jodería más) a la descerebrada presidenta de la Comunidad de Madrid, Payuso (tomo una vez más el calificativo de mi amigo Ángel Lozano): “La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley, porque el rey Juan Carlos no es ni muchísimo menos como usted” […]. “Ha sido un gran embajador” (en referencia a una pregunta del diputado autonómico Pablo Gómez Perpinyá en la Asamblea de Madrid).

Vamos, que ni el mismísimo Felipe VI se habría atrevido a tanto. Es lo que tiene ejercer de cortesanos o bufones del rey en el siglo XXI.

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dejado sin efecto este miércoles la progresión al tercer grado penitenciario de Iñaki Urdangarin. Así se recoge en dos resoluciones que la Audiencia de Palma ha dictado este miércoles y que ha recogido Europa Press.

En una primera resolución, la Sección Primera estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto de 3 de septiembre dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid sobre la clasificación de grado de Iñaki Urdangarin.

La Sala revoca la decisión del Juzgado y, por tanto, deja sin efecto la progresión al tercer grado penitenciario, y se mantiene así el segundo grado.

De acuerdo la Audiencia de Palma, "no se desprende de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad".

Por otra parte, en la segunda resolución dictada este miércoles, la Sala estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del pasado 13 de agosto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid.

En el auto, relativo a las salidas los fines de semana de Urdangarin, la Sala estima que la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es "prematura".

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual Vives, defendió este martes que la Audiencia de Palma rechazara el recurso de la Fiscalía y concediera el tercer grado penitenciario a su cliente, como ya tienen el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres.

En una entrevista de Europa Press, Pascual lamentó que "otras personas en igualdad de circunstancias y de trato lo tienen desde hace meses. Es difícil de entender e incluso de aceptar" esta diferencia, dijo en alusión a los también condenados por el caso Torres y Matas.

Con la retirada de su asignación con cargo de los Presupuestos y, más recientemente, su salida del país rumbo a Abu Dabi, las supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I copan los titulares de los medios nacionales e internacionales. Pero la imagen del rey emérito comenzó a deteriorarse casi una década atrás. La imputación de su hija, la infanta Cristina, y de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el caso Nóos y, más tarde, su accidente el 13 de abril de 2012 en una cacería de elefantes en Botsuana en un contexto de grave crisis económica en España, fueron las primeras piedras en el camino a su abdicación en 2014.

¿Qué pasó?

El pasado 3 de agosto, el rey emérito anunciaba su decisión de abandonar el país ante la acumulación de revelaciones periodísticas y decisiones judiciales por haber recibido supuestamente 65 millones de dólares de la monarquía saudita a través de la fundación panameña Lucum, de la que sería el principal beneficiario. Lo hizo con una carta que dirigía a su hijo, Felipe VI, y cinco meses después de que este le retirara la asignación mensual y renunciara su herencia.

Si nos ceñimos a las representaciones más complacientes de la monarquía española, pudiera parecer que las activiadades de Juan Carlos I empezaron y terminaron con la Transición de una dictadura a la democracia. Una vez superados los acontecimientos del 23F, lo que hiciera el ahora rey emérito dejó de tener importancia en el imaginario colectivo. Al menos, hasta los últimos años. El monarca, ahora huido a Emiratos Árabes, y la Casa del Rey llevan una década protagonizando casos de corrupción —algunos supuestos, otros demostrados— y escándalos varios.

La caza de elefantes en Botsuana, sus flirteos extramatrimoniales y la encarcelación de su yerno, Iñaki Urdangarin, tras ser juzgado en el caso Nóos fueron el principio del fin de una figura pública que había sido alabada durante décadas por su papel durante la Transición

¿Cómo se desarrolló la crisis?

'Caso Nóos'

El conocido como Caso Nóos estalló de forma casi casual en 2006. Durante la investigación de otra causa, el juez Castro descubrió documentos que registraban transferencias por valor de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por parte del Gobierno de Illes Balears, a cargo entonces del conservador por Jaume Matas. El dinero correspondería al pago de dos eventos organizados por la fundación en 2005, una cantidad mucho mayor a lo que realmente costaba el montaje. Iñaki Urdangarin, por entonces duque de Palma y marido de la infanta Cristina, era el fundador del Instituto Nóos —supuestamente, una fundación sin ánimo de lucro— junto a su socio, Diego Torres.

La investigación judicial reveló que la entidad había desviado unos 6,2 millones de dinero público de la Comunitat Valenciana y el Govern de Illes Balears a través estrategias similares a la descubierta por el juez José Castro. Nóos organizaba eventos que cobraba a un precio mucho más elevado de lo que realmente eran los costes y después distribuía las ganancias a través de una red de empresas pantalla.

Ante las sospechas sobre las actividades de la entidad, Urdangarin abandonó Nóos en 2008 y se trasladó a vivir a Washington con su familia al año siguiente. A finales de 2011, tras el registro de las oficinas del Instituto Nóos y de la residencia de Diego Torres el juez Castro admitió estar investigando la implicación del duque de Palma. Urdangarin proclamó su inocencia en un comunicado poco después.

Ese mismo año, Juan Carlos I aprovechó su mensaje navideño para asegurar que la justicia debe ser "igual para todos", continuando así la línea oficial de la Casa Real por desmarcarse de las actividades del marido de la infanta. Cristina de Borbón quedó apartada de la actividad institucional de la monarquía y pocos días más tarde, Urdangarin fue imputado en el caso Nóos. Se le acusaba de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Durante meses, se debatió sobre la posibilidad de imputar también a la infanta Cristina, algo que no sucede hasta abril de 2013. La hermana del actual rey fue imputada en calidad de cooperadora necesaria por su posible implicación en dos delitos de fraude vinculados a la empresa pantalla Aizoon, de la que era propietaria al 50% junto a su marido. Este hecho histórico llevó a que por primera vez un miembro de la familia real española se sentara en el banquillo de los acusados. Durante su declaración, la infanta se desmarcó de cualquier actividad ilegal de su marido: era él quien se "encargaba de las gestiones económicas de la familia", afirmó durante la vista el 3 de marzo de 2016.

La infanta finalmente fue absuelta por la Audiencia de Palma y solo se consideró su responsabilidad a título lucrativo, por la que se le impuso una multa. Por su parte, Urdangarin fue declarado culpable y condenado a 6 años y 3 meses de prisión, rebajados más tarde por el Supremo a 5 años y 10 meses. También acabaron condenados a prisión su socio, Diego Torres, y el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas.

El accidente de Botsuana

El 13 de abril de 2012, Juan Carlos I tuvo un accidente durante un safari para cazar elefantes en Botsuana que lo obligó a regresar a España y permanecer cinco días ingresado en el hospital USP San José de Madrid. Durante ese tiempo se desvelaron los detalles de sus vacaciones, que indignaron a la opinión pública. España estaba sumida entonces en los peores años de la gran recesión económica posterior a 2008 y, mientras, el monarca se dedicaba a la matar elefantes en un viaje de lujo que costaba alrededor de 50.000 euros por persona. La cacería le fracturó la cadera y la imagen pública. A la salida del hospital, el 18 de abril, dijo estar arrepentido de sus actos: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Este suceso se sumó a los rumores sobre su gusto por los viajes de lujo y sus aventuras extramatrimoniales. Además, fue la primera vez que salió a la luz el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, su entonces amante. Ella había organizado la salida, acompañada por su hijo y por Juan Carlos. En 2018, sería de nuevo la protagonista de nuevos reveses contra la figura del rey al desvelarse su vinculación con la supuesta comisión cobrada por el monarca en la construcción del AVE a la Meca y las cuentas ocultas en Suiza.

¿Cómo se informó de ello?

Un estudio de la Universidad de Valladolid, Monarquía y medios de comunicación: de la Transición a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cuestiona la posición que han mantenido los medios respecto a la monarquía durante el mandato de Juan Carlos I. La autora, Ana María Velasco, denuncia una "trato de favor" generalizado que empieza a desmoronarse con la aparición en escena de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. No obstante, no se trata de una tendencia republicana en la opinión pública, sino de "un intento de trazar una nueva relación entre los medios de comunicación y la Casa Real en España", apunta.

También la imputación judicial de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han dado pie a una crítica más atrevida por parte de la prensa nacional y han abierto el debate sobre la inviolabilidad del monarca, según la investigación. Eso sí, "no con el objetivo de dinamitar la institución y acabar con su prestigio", sino buscando su "pervivencia" mediante "la adscripción de esta a la política informativa normal de la democracia", remata.

¿Qué consecuencias tuvo?

A partir de la cacería de 2012, la Casa Real empezó a preparar la salida del monarca. Durante dos años, solo cinco personas estuvieron al tanto de su decisión y prepararon en reuniones secretas los trámites necesarios para que la abdicación y la sucesión en su hijo Felipe se produjera con normalidad. Además de intentar evitar la apertura de un debate Monarquía-República, se buscó la forma de otorgar a Juan Carlos I el título de rey emérito. De esta forma, conservaría la inviolabilidad que lo había protegido hasta el momento.

A la cabeza de ese equipo estaban el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y el director de Comunicación de la Casa del Rey, Javier Ayuso. También jugaron un papel importante Alfonso Sanz Portolés, secretario general de la institución, Domingo Martínez Palomo, jefe de gabinete, y Jaime Alfonsín, jefe de la secretaría del entonces Príncipe de Asturias. Además, se informó previamente tanto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, se dice, asumió un rol crucial en el proceso.

Las reuniones entre estas cinco personas se llevaban a cabo con la mayor de las discreciones. Según comentó Ayuso a El Mundo, se destruían todos los documentos físicos y el trabajo diario se guardaba únicamente en memorias USB: "El trabajo que cada uno hacía durante el día lo guardábamos en un pendrive, cada uno el suyo. No podíamos grabarlo en el disco duro de los ordenadores".

Finalmente, el día 2 de junio de 2014, en torno a las 10 horas, Mariano Rajoy anunció la abdicación de Juan Carlos I en una rueda de prensa, a la que siguió un discurso televisado del monarca unas horas después. En su intervención, el todavía rey dedicó palabras de agradecimiento a los ciudadanos, al presidente del Gobierno y a la reina Sofía, pero se guardó de hacer alusión a los problemas que lo habían llevado a esa situación. Entre los motivos que dio para justificar su salida, hizo hincapié en su avanzada edad y la "inmejorable" cualificación de su hijo para sucederle.

Por su parte, el caso Nóos se saldó con la condena de 6 años y 3 meses de cárcel para Urdangarín y la absolución de la Infanta Cristina. Más tarde, el Tribunal Supremo redujo la pena del exduque de Palma a 5 años y 10 meses. También realizó cambios sobre la cuantía que le correspondería pagar a la infanta como restitución por su responsabilidad civil a título lucrativo en las actividades de su marido. De algo más de 265.000 euros a 136.950. La diferencia, eso sí, correría a cargo de Urdangarín.

¿Qué aprendimos?

Poco tiene que ver el contexto actual con el que se vivía cuando se descubrieron las primeras manchas en el expediente de Juan Carlos de Borbón. La abdicación primero y la salida de España del emérito este mes de agosto han generado, entre otras respuestas, un repunte del debate sobre la Jefatura del Estado. La semana pasada, la Mesa del Congreso rechazó tramitar las peticiones de comparecencia del Gobierno sobre la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España al considerar, de acuerdo con la propuesta de los letrados, que se trata de una "materia ajena" al control parlamentario al Ejecutivo. Esquerra Republicana, Bildu y el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) y la CUP habían pedido la comparecencia tanto del presidente Pedro Sánchez como de la vicepresidenta Carmen Calvo para que explicasen las gestiones del Gobierno con la Casa del Rey en relación con la marcha del emérito. 

La atención recae ahora sobre el rey Felipe VI, quien tiene la responsabilidad de aportar la “transparencia” que piden desde el Ejecutivo a la institución monárquica. Aunque algunos, como la ministra de Podemos Irene Montero, apuntan a que es "muy difícil" separarlo de los casos de corrupción que rodean a la Casa Real.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha aprobado la propuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para aplicar al Iñaki Urdangarín un régimen de flexibilidad que permitirá al recluso salir del centro un fin de semana al mes con el fin de paliar la situación de aislamiento en la que vive en la cárcel de Brieva (Ávila).

Según recuerda el Juzgado, esta situación de aislamiento responde, no por voluntad propia del recluso, sino por imposición de Prisiones debido a razones de seguridad, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

A la propuesta de Instituciones Penitenciarias, ahora validada por el Juzgado, se ha opuesto la Fiscalía.

En su auto, que ya ha sido notificado a las partes, el magistrado cita el informe emitido por el Centro Penitenciario de Ávila en el que se detalla cuál es el procedimiento que se sigue cuando ingresa en el mismo un varón, hecho que es habitual a pesar de ser un centro de mujeres, ingresos tanto voluntarios como por orden judicial, desde la apertura del centro en 1989.

Según tal protocolo, los reclusos varones que ingresan son trasladados inmediatamente, tras unos trámites administrativos, al Centro Penitenciario de Segovia por decisión de la Administración penitenciaria.

En otro informe incorporado al expediente, el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, explica que Urdangarin no ha sido traslado a un centro penitenciario de hombres como en otros casos anteriores en los que concurrían circunstancias semejantes por "razones de seguridad", al ser así "más fácilmente controlable y de mejor manera" en el centro penitenciario en el que se encuentra ingresado.

Estos documentos, que no se habían incorporado hasta ahora al expediente, confirman, según las mismas fuentes, el criterio recogido en anteriores resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Ávila, frente a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y el Ministerio Fiscal en sus anteriores informes y recursos, que sostenían que el recluso "permanecía en el Centro Penitencia de Ávila por voluntad propia y no por razones de seguridad".

Como recuerda el TSJCyL, la resolución no es ejecutiva hasta que no sea firme.

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila) ha propuesto la concesión del tercer grado para Iñaki Urdangarin, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe ratificar esta decisión, para lo que cuenta con un plazo de dos meses.

La Junta de Tratamiento de la prisión abulense adoptó esta decisión en una reunión la pasada semana para estudiar la revisión de grado del marido de la Infanta Cristina, en la que se acordó pedir el tercer grado por un ajustado resultado de cuatro votos a favor y tres en contra.

Esta medida no es definitiva ya que será la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, la que deberá ratificar o no esta medida. Para ello, dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse.

La prisión de Brieva debía revisar este mes de julio el régimen de vida de Urdangarin, que fue clasificado en segundo grado desde que ingresó voluntariamente en esta cárcel de mujeres hace ahora dos años, para cumplir la condena de cinco años y diez meses que le impuso el Tribunal Supremo por corrupción en el caso Nóos.

El tercer grado penitenciario, conocido coloquialmente como régimen cenicienta, es el paso previo para la libertad condicional. Hasta ahora, la Junta de Tratamiento de Brieva había rechazado la progresión de grado de Urdangarin, que en este caso tendría autorización para acudir a la prisión solo a dormir de lunes a jueves, aunque previsiblemente sería en otro centro cercano al domicilio que fije –hasta ahora, Vitoria– porque la cárcel de Ávila no dispone de sección abierta.

De momento, el cuñado del rey disfruta de salidas programadas desde septiembre para hacer voluntariado en virtud al artículo 117 del Reglamento Penitenciario y de permisos de salida ordinarios. Estos permisos son de 36 días al año para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado o régimen de semilibertad.

La situación en Brieva del marido de la infanta Cristina, que fijó su residencia en Vitoria para anteriores salidas, fue objeto de reproche del juez de Vigilancia Penitenciaria Número 1 de Valladolid, Florencio de Marcos Madruga, que justificó nuevos permisos de fines de semana en aplicación del artículo 100.2. Lo justificó en "compensación" ante la "inacción" de Instituciones Penitenciarias ya que, según este magistrado, el interno estaba aislado como se hacía en el siglo XVIII.

El pasado 1 de abril, en plena crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, la Audiencia Provincial de Palma revocó –previo recurso de la Fiscalía– la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de flexibilizarle el segundo grado o régimen ordinario.

Urdangarin quería acogerse al artículo 100.2, el mismo que disfrutan los presos condenados por el procés independentista, para tener permisos adicionales de salida dos fines de semana al mes.

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, condenado por el caso Noos, ha paseado este miércoles, día de Navidad, junto con su familia por Vitoria, tras salir ayer de la prisión de Brieva (Ávila), después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Valladolid autorizase el permiso de cuatro días que ya le había sido concedido por la Junta de Tratamiento de la prisión abulense. A las doce del mediodía, Urdangarin ha salido de la casa de su madre, una urbanización en el parque de El Prado de la capital alavesa, sonriente, cogido de la mano de la infanta Cristina y acompañado de toda su familia, que a pie ha ido a una iglesia cercana para acudir a misa, informa Europa Press.

Varias cámaras han seguido el paseo de los Urdangarin, que no han hecho declaraciones, al margen de devolver la felicitación de Navidad lanzada por parte de uno de los fotógrafos que cubrían la información. Iñaki Urdangarin llegó en la tarde del día de Nochebuena a Vitoria y tendrá que regresar a la cárcel abulense este próximo sábado tras agotar el permiso de cuatro días.

Se trata del primer permiso penitenciario de Iñaki Urdangarin, que ingresó en la prisión de Brieva el 18 de junio de 2018.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, condenado por el caso Nóos, contra la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de mantenerle en segundo grado penitenciario, lo que impide que pueda hacer salidas de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado.

La Sala considera que no existe contradicción entre la decisión del tribunal de Palma y decisiones judiciales adoptadas en relación con otros presos diferentes, tal y como sostenía Torres en su recurso ante el alto tribunal.

El Supremo confirma en un auto dado a conocer este jueves que tampoco procede la aplicación a Torres del régimen mixto –previsto en el artículo 100.2 del régimen penitenciario– dada la inexistencia de un periodo de observación que haya aportado datos bastantes y la inexistencia de una propuesta del Equipo Técnico en los términos previstos por la ley. Torres está cumpliendo el primer cuarto de su pena de cinco años y ocho meses y solicitó que se le aplicara el 100.2, que permite combinar aspectos del régimen de vida del segundo y el tercer grado, como poder salir a trabajar.

La Fiscalía, en contra de que Urdangarin amplie su permiso

La Fiscalía se ha posicionado en contra de que Iñaki Urdangarin vea ampliados sus días para poder prestar trabajo de voluntariado en la ONG Hogar Don Orione, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía General.

El rechazo de la acusación pública, puesto en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, se produce después de que el marido de la infanta Cristina, ex duque de Palma y condenado por el caso Nóos solicitara permiso para poder abandonar el penal de Brieva (Ávila) tres veces por semana durante ocho horas para atender a los discapacitados del referido centro, en lugar de las dos inicialmente concedidas. El juez de vigilancia deberá también pronunciarse sobre si Urdangarin puede pasar estas Navidades con su familia, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva le concediera la pasada semana el disfrute de cuatro días en su primer permiso ordinario.

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila) ha autorizado este jueves que Iñaki Urdangarin disfrute durante las fiestas navideñas de siete días en su primer permiso ordinario, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. El juez de Vigilancia Penitenciaria tiene ahora que ratificar esta respuesta favorable del centro penitenciario.

El marido de la Infanta Cristina lleva 17 meses en prisión y la semana pasada cumplió una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarin puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año –18 días por semestre–, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

El procedimiento establece que el juez de Vigilancia Penitenciaria es quien tiene la última palabra sobre la concesión de este tipo de permisos tanto si hay disconformidad sobre la decisión adopta tanto desde la parte del preso como de la Fiscalía.

El juez ya le concedió en septiembre a Urdangarin un permiso para asistir de voluntariado a un hogar religioso en Pozuelo (Madrid), de acuerdo al artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso del cuñado del Rey. Le autorizó a salir dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía.

De esta forma, fue el 19 de septiembre cuando Urdangarin salió por primera vez del módulo de Brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El marido de la Infanta está desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que la de Ávila es una cárcel de mujeres.

Los permisos ordinarios a los que ahora se puede acoger el cuñado del Rey están regulados en el artículo 154 del Régimen Penitenciario. De acuerdo a la norma, se pueden conceder permisos, "previo informe preceptivo del Equipo Técnico", para la salida ordinaria "de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad".

Estos permisos son hasta un total de 36 días para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado, "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

Los límites máximos anuales de 36 y 48 días de permisos se distribuyen, según el Reglamento Penitenciario, "como regla general en los dos semestres naturales de cada año". Para el preso clasificado en segundo grado, como es Urdangarin en la actualidad, podría disponer de hasta 18 días en total en un semestre –serían 24 días para presos en tercer grado–.

"Dentro de los indicados límites", añade la norma, "no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios".

Antes de su ingreso en prisión en junio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena al exduque de Palma, pasando de los seis años y tres meses de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la condena firme de cinco años y diez meses por varios delitos relacionados con la actividad del Instituto Nóos. La Fiscalía había pedido un incremento de la pena de hasta diez años.

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.

La dirección de la cárcel de Brieva (Ávila) tiene previsto resolver la semana próxima la petición que ha cursado Iñaki Urdangarin para disfrutar durante las fiestas navideñas de siete días en su primer permiso ordinario, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El marido de la infanta Cristina lleva 17 meses en prisión y el pasado jueves cumplió una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarin puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año –18 días por semestre–, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

El primer permiso se ha pedido coincidiendo con la proximidad de las fiestas navideñas y, según las citadas fuentes, lo normal es que finalmente la dirección de Brieva apruebe entre tres y seis días. Si Urdangarin estuviera en contra de la decisión de Instituciones Penitenciarias, puede recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria.

El juez ya le concedió en septiembre a Urdangarin un permiso para asistir a un hogar religioso de voluntariado en Pozuelo (Madrid), de acuerdo al artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin. Le autorizó a salir dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía.

De esta forma, fue el 19 de septiembre cuando salió por primera vez del módulo de Brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El marido de la Infanta está desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que la de Ávila es una cárcel de mujeres.

Preparación para la vida en libertad 

Los permisos ordinarios a los que ahora se puede acoger el cuñado del rey están regulados en el artículo 154 del Régimen Penitenciario. De acuerdo a la norma, se pueden conceder permisos, "previo informe preceptivo del Equipo Técnico", para la salida ordinaria "de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad".

Estos permisos son hasta un total de 36 días para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado, "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

Antes de su ingreso en prisión en junio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena al exduque de Palma, pasando de los seis años y tres meses de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la condena firme de cinco años y diez meses por varios delitos relacionados con la actividad del Instituto Nóos. La Fiscalía había pedido un incremento de la pena de hasta diez años.

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.

Iñaki Urdangarin puede desde este jueves pedir a la cárcel de Brieva (Ávila) permisos ordinarios para salir de prisión durante un tiempo tasado, aunque la dirección del centro penitenciario no tiene aún fecha para analizar esta petición y pronunciarse, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. Si resolviera en las próximas fechas, el marido de la infanta Cristina podría pasar las fiestas navideñas con su familia.

El cuñado del rey lleva 17 meses en prisión, por lo que ha cumplido ya una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarin puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año —18 días por semestre—, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

El pasado 19 de septiembre, Urdangarin salió por primera vez del módulo de Brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El marido de la Infanta está desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que la de Ávila es una cárcel de mujeres.

Su primera salida fue tras la autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria de Ávila, que aceptó su petición para que asistiera a un hogar religioso de Pozuelo (Madrid) dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión, respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía, se fundamentó en aplicación del artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.

Preparación para la vida en libertad

Los permisos ordinarios a los que ahora se puede acoger el cuñado del rey están regulados en el artículo 154 del Régimen Penitenciario. De acuerdo a la norma, se pueden conceder permisos, "previo informe preceptivo del Equipo Técnico", para la salida ordinaria "de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad".

Estos permisos son hasta un total de 36 días para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado, "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

Los límites máximos anuales de 36 y 48 días de permisos se distribuyen, según el Reglamento Penitenciario, "como regla general en los dos semestres naturales de cada año". Para el preso clasificado en segundo grado, como es Urdangarin en la actualidad, podría disponer de hasta 18 días en total en un semestre —serían 24 días para presos en tercer grado—.

"Dentro de los indicados límites", añade la norma, "no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios".

Antes de su ingreso en prisión en junio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena al exduque de Palma, pasando de los seis años y tres meses de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la condena firme de cinco años y diez meses por varios delitos relacionados con la actividad del Instituto Nóos. La Fiscalía había pedido un incremento de la pena de hasta diez años.

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado este viernes un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para realizar un voluntariado fuera de la prisión de Brieva (Ávila) en la que cumple condena por el caso Nóos, según informa Europa Press.

El Ministerio Público argumenta en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que, por un lado, "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento", y en segundo lugar, el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena", que es de cinco años y diez meses de cárcel.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha pedido este jueves al Gobierno que aclare el coste "en términos de recursos públicos materiales y humanos" que supone que el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, haga las labores de voluntariado en un hogar religioso. Eso sí, la pregunta registrada en el Congreso decaerá con la disolución de las Cortes y no habrá oportunidad de que la conteste el Ejecutivo.

El comunicado de IU, recogido por Europa Press, informa de que Garzón también pregunta al Ejecutivo por el número de personas que cumplen condena y disfrutan como el marido de la infanta Cristina de la aplicación del artículo 177 del Régimen Penitenciario. Éste artículo versa sobre la posibilidad de ejecutar programas especializados.

Desde IU, se hacen eco así de la polémica suscitada por el permiso concedido a Urdangarin para salir del centro penitenciario de Brieva (Ávila) para que realice voluntariado con discapacitados en un hogar religioso.

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha autorizado que salga de la prisión dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión se fundamenta en aplicación de ese artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

Garzón, en vista de los datos de los que dispone, pregunta al Ejecutivo en funciones del PSOE si, dada la situación "del penado Urdangarin", el hecho de que haga ese voluntariado puede considerarse "un trato privilegiado".

En este sentido, recuerda que el esposo de la infanta Cristina ha cumplido un "reducido tiempo" de la pena impuesta, y pide a tal efecto conocer cuántas personas han podido ejercer el derecho a que se les aplique ese artículo del Régimen Penitenciario "cuando tan solo habían cumplido un año en prisión sobre el total de la condena impuesta".

De la misma forma, pregunta sobre cuántas personas que cumplen o han cumplido condena en los últimos cinco años se han podido beneficiar de una situación penitenciaria "de estas mismas características".

Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión, pena de la que cumplirá la cuarta parte el 28 de noviembre de 2019, y es entonces cuando puede solicitar permisos ordinarios. El 19 de junio de 2018 ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva y, desde entonces, ha estado en un módulo en el que no tiene contacto con otros reclusos. La pena la cumple en su totalidad el 9 de abril de 2024.

Iñaki Urdangarin ha salido este jueves poco antes de las 9.00 horas por primera vez del centro penitenciario de Brieva (Ávila) en cumplimiento del permiso concedido por un juez para que realice voluntariado con discapacitados en un hogar religioso de Pozuelo (Madrid), han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. Entorno a las 15.40 horas de esta tarde, ha abandonado el lugar, dando las gracias a los periodistas que le esperaban a la salida.

Ha sido su primer día en este Hogar dedicado al cuidado a discapacitados. Urdangarin ha salido del centro en el mismo coche en el que ha llegado y ha bajado la ventanilla para dar las gracias a los informadores allí congregados. El cuñado del rey ha sido recibido como "el guapete alto" por los usuarios del centro de ayuda a discapacitados y ha sido destinado en el área de psicomotricidad. El marido de la infanta Cristina apoyará a un técnico, vestirá la camiseta común de los voluntarios del centro y, en principio, tiene libertad de movimientos, pudiendo recibir visitas.

Los detalles los ha ofrecido el director de la institución, Paco Sánchez, en declaraciones a los medios durante el primer día de Urdangarin como voluntario, donde ha seguido el protocolo de ser entrevistado por la dirección y conocer las instalaciones. "El guapete alto, éste lo quiero yo para mí", le ha dicho una persona con discapacidad del centro elegido por los abogados del cuñado del rey para disfrutar de la salida tratamental autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria que ha autorizado que Urdangarin salga de la prisión dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión se fundamenta en aplicación del artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

Según Paco Sánchez, Urdangarin se ha mostrado agradecido y ha reído con alguno de los comentarios de los internos. También ha recibido el kit de voluntario y se ha puesto la camiseta del hogar religioso, además de su identificación que, como la del resto del personal, tiene una viñeta de Forges elogiando el trabajo de los voluntarios.

Urdangarin estará cinco o seis horas en el hogar dos días a la semana, ya que el juez le autoriza a estar un máximo de ocho horas por jornada y tiene que viajar desde la cárcel de Brieva. El director del centro ha respondido a todo tipo de preguntas, entre ellas sobre su opinión sobre el estado físico del marido de la infanta Cristina. "No está cachas, se ha quitado la camisa y se ha puesto la camiseta delante mía", ha dicho.

Paco Sánchez ha añadido que desconoce hasta cuándo estará en el centro Iñaki Urdangarin y que él personalmente está "liberado" de tener que informar por escrito a Instituciones Penitenciarias sobre la evolución del que es desde este jueves un voluntario "psicomotricista". También ha negado vinculaciones directas del centro con la reina Sofía o la Casa Real y se ha esforzado en explicar que el día a día suyo será igual que el del resto de voluntarios: "Si tiene que entrar y salir del centro, lo hará como el resto". Urdangarin, según su relato, ha dado en varias ocasiones las gracias por la "oportunidad" brindada desde el hogar religioso. También han acordado que se tutearan y que el cuñado del rey será llamado Iñaki a pesar de que en su DNI consta que su nombre es Ignacio.

El cuñado del rey cumple una condena de cinco años y diez meses. Cumple la cuarta parte el 28 de noviembre de 2019, y es entonces cuando puede solicitar permisos ordinarios. El 19 de junio de 2018 ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva y, desde entonces, ha estado en un módulo en el que no tiene contacto con otros reclusos. La pena la cumple en su totalidad el 9 de abril de 2024.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, ha considerado, en relación al permiso penitenciario obtenido por el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, que si éste "sale en libertad buscará ganarse la vida con un procedimiento que ya le resulta familiar", infroma Europa Press.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Castro se ha expresado así acerca de la decisión del juez de Vigilancia Penitenciara que ha permitido a Urdangarin salir dos días de la cárcel de Brieva (Ávila) para hacer voluntariado en un centro religioso de Pozuelo de Alarcón.

Castro, que ya está retirado, ha explicado que a nivel legislativo "no parece que haya habido trato de favor" ya que el artículo en que se sustenta la decisión —el 177 del Reglamento penitenciario— está vigente "mucho antes" del proceso contra el marido de la infanta Cristina. "Estaba ahí, no ha sido confeccionado a la medida del señor Urdangarin", ha dicho.

A pesar de esto, ha explicado que podría haber "cierto trato de favor" si se miran las peticiones de ese tipo que han sido atendidas. "De cara al futuro, veremos si no se producen agravios comparativos con otros presos que hagan peticiones similares. Veremos si ese criterio amplio del juez de vigilancia se mantiene ante peticiones similares que le hagan en el futuro otros internos", ha dicho. A ello, Castro ha añadido que en el pasado "esto ha ocurrido solamente, según la resolución", en los casos Roldán y de Pujol hijo.

Además, Castro opina que para tomar esta decisión el juez de vigilancia interpreta que "la situación de aislamiento" del señor Urdangarin le ha sido impuesta. En relación a esto, ha manifestado que Urdangarin eligió esa cárcel de mujeres, donde él es el único hombre recluso: "No la eligió por la gastronomía abulense, la eligió porque le convenía y durante el tiempo que ha estado ahí, que yo sepa, no se ha quejado de su salud psíquica por el hecho del aislamiento y ningún médico ha emitido informe alguno al respecto".

Según ha dicho, si se hubiera quejado o bien lo hubieran trasladado o hubieran trasladado a presos de otra prisión para que le hicieran compañía.

Respecto a que la junta de tratamiento se haya opuesto a la salida de Urdangarin mediante el silencio administrativo y que el acuerdo se relegue a un trámite posterior, Castro dice que esto "causa algún resquemor" y que le parece "bastante excepcional" pues el juez de vigilancia "habla de dos o tres casos concretos, no más".

Sobre si Urdangarin está reinsertado, Castro ha dicho que desoyó "la orden/los consejos" del ahora rey emérito y "continuó con sus negocios". "Algo me dice que si sale en libertad buscará ganarse la vida con un procedimiento que ya le resulta familiar", ha aseverado.

Urdangarin fue condenado por el Tribunal Supremo (TS) a cinco años y 10 meses de cárcel en el marco del caso Nóos.

Iñaki Urdangarinpodrá salir de la cárcel dos días a la semana a realizar labores de voluntariado. Así lo decidió este martes el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, que estimó el recurso interpuesto por el exduque de Palma con la oposición del Ministerio Fiscal. Según argumentó el juez en su auto, "las situaciones de aislamiento continuado" como en la que se encuentra el marido de la infanta Cristina "afectan con especial intensidad a la psiquis del sujeto". Y eso, añade el magistrado, "es más que una mera intuición, o al menos así lo ha entendido el legislador". "No es la vida de un eremita el que se postula como modelo", continúa en su auto. Por eso es claro en la conclusión: Urdangarin podrá salir de la prisión dos veces a la semana durante ocho horas cada día.

Nada más conocerse la noticia, ERC, Galicia en Común y Compromís criticaron que la justicia tiene una "doble vara de medir". "La percepción ciudadana es que la justicia no es igual para todos", denunció la portavoz parlamentaria de Galicia en Común, Yolanda Díaz. El de ERC, Gabriel Rufián, recordó al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al que sólo le concedieron seis horas para acudir al nacimiento de su segundo hijo. "Y a este señor quizá le dan dos días para jugar al pádel. Da igual a quién votes para que te parezcan una indecencia", criticó. El representante de Compromís, Joan Baldoví, denunció además que "algunos estén tocados por una gracia que otros no tienen". Sin embargo, según confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias a infoLibre, 263 penados han obtenido este tipo de autorizaciones en lo que va de año. En 2018 les fue concedido a 496 presos. "No es algo excepcional", asegura José Luis Castro, juez central de Vigilancia Penitenciaria. 

La noticia ha saltado justo cuando el cuñado del rey Felipe VI cumple un año y tres meses en la prisión de Brieva (Ávila). El exduque de Palma ingresó en la cárcel el 18 de junio de 2018, después de que el Tribunal Supremo confirmara una condena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. A Urdangarin le queda por cumplir, por tanto, más de la mitad de la pena. Pero eso no ha sido impedimento para que se le conceda esta autorización. Y es que el permiso para obtenerla no exige un tiempo concreto de cumplimiento de condena. Según explica Castro, el reo no tiene que cumplir un mínimo de la pena impuesta por el juez para que se le permita salir a realizar labores de voluntariado. No obstante, la autorización sí tiene otros requisitos, aunque el marido de la hermana del rey los cumple todos, tal y como afirma Castro.

"La ley lo único que establece es que tiene que ser un preso en segundo grado —el grado más habitual, que Urdangarin obtuvo a los dos meses de entrar en prisión— con un perfil de baja peligrosidad social y que no exista riesgo de quebrantamiento" de la condena, dice Castro. Además, la autorización no caduca. Lo que sí establece la normativa, continúa el juez, es que "las salidas no excedan las ocho horas diarias". 

A un centro dedicado a personas con discapacidad

Esto se regula, informan desde Instituciones Penitenciarias, en el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, que señala que "los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social". Según explicó su abogado, Mario Pascual Vives, a Europa Press, el exduque de Palma realizará un voluntariado en Hogar Don Orione, un centro religioso de Pozuelo de Alarcón (en Madrid) dedicado a ayudar a personas "con discapacidad intelectual, necesitadas de apoyos extensos y generalizados", según su página web. 

Precisamente, Urdangarin fue condenado por una trama de corrupción, el caso Nóoscaso Nóos, que desviaba fondos destinados a ayudas sociales. Lo hizo, por ejemplo, a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), que nació para lavar la imagen del Instituto Nóos. La organización nació para ayudar a niños en riesgo de exclusión, discapacitados y enfermos de cáncer. Sin embargo, la investigación del juez José Castro y del fiscal Pedro Horrach desveló que sólo el 1,5% de los 600.000 recibidos en donaciones entre 2007 y 2009 se destinaron a estos fines. 

Pero aunque resulte paradójico que ahora los trabajos del exduque de Palma vayan dirigidos a un centro de discapacitados, la relación tiene sentido. Según explica Castro, las autorizaciones como la que ahora ha recibido Urdangarin tienen una "finalidad de reinserción". "Es un camino muy importante para seguir avanzando en la evolución de la persona", indica. Se trata, por tanto, de "una salida que tiene un contenido ligado al sujeto y al delito cometido", explica. 

¿Cómo se concede?

Según se desprende del auto de este martes, la petición de la autorización de salida partió del propio Urdangarin, que recibió la negativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que recurrió. Y el recurso, a pesar de la negativa de la Fiscalía, ha sido admitido. Pero no siempre funciona así. Según explica Castro, una concesión de este estilo normalmente es propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada, más tarde, por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Es necesario, no obstante, el visto bueno del preso. "La Junta hace un estudio donde tiene que ver que la persona reúne todos los requisitos" que marca la ley, dice Castro. "No es necesario que la persona haya obtenido permisos de salida anteriores porque estamos hablando de una medida con una finalidad concreta, no de una salida para tiempo de ocio", añade. 

"Esta medida requerirá haber sido planificada con el interno por la Junta de Tratamiento y estará condicionada a que aquél preste su consentimiento y se comprometa formalmente a observar el régimen de vida propio de la institución y las medidas de seguimiento y control que se establezcan en el programa, que no podrán consistir en control personal por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", establece la norma. 

A pesar de las críticas, el propio ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que exista un "trato de favor" al cuñado de Felipe VI. "No podré decir que sea un trato de favor, es solo la aplicación de la normativa", defendió el socialista. Una postura que comparte Castro. "No es una medida ni excepcional ni rara", argumenta. De hecho, en lo que llevamos de año, otros 263 reos han obtenido el mismo tipo de autorización. "Lo hacemos con cierta frecuencia. No es una medida excepcional, es una medida ordinaria y cargada de sentido común porque es una forma de ir preparando a la gente para la libertad, independientemente de quién sea", explica el juez. "En el derecho penitenciario, como en todos, hay un principio de igualdad ante la ley", defiende. "Aplicamos esta medida inspirándonos en un principio: la pena tiene una finalidad de reinserción", sentencia. 

Para la Plataforma del Voluntariado, integrada por las principales ONG, es una buena noticia que Urdangarin o "cualquier otro preso" reciba un permiso para realizar un voluntariado. "Son voluntarios y punto. No importa la persona ni de dónde proceda, sino lo que haga, y esto es precisamente uno de los valores de diversidad y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad que promueve el voluntariado", ha indicado a Europa Press la directora general de esta entidad, Mar Amate, que señala que en España hay 2,7 millones de personas que ejercen el voluntariado, aunque no hay datos de cuántas están presas.