El juicio del 'procés'

En este ensayo, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín presenta el juicio contra el 1-O como una dejación de funciones de la política y una brecha en la separación de poderes. 

El tribunal desestima la petición del fiscal y archiva la causa por falta de "motivos suficientes" para mantener las acusaciones.

Con el anuncio la semana pasada del inicio del trámite de los indultos a los presos del procés, este término, objeto de críticas y controversia incluso dentro del propio Poder Judicial, ha vuelto a copar todos los titulares.

Piden que no participen del informe que debe redactar el Ministerio Público durante la tramitación de los indultos a los condenados en el juicio del procés, al estar "contaminados ideológicamente".

El partido ya presentó una propuesta similar en la legislatura anterior que no llegó a debatirse.

Batet (JxCat) ha señalado que los indultos son "cantos de sirena" que no solucionan el conflicto.

Llega al Congreso la norma para prohibir partidos que “persigan” la “destrucción” de la “unidad de España”, un tipo de imposición ideológica rechazada reiteradamente por el Tribunal Constitucional.

El magistrado, Cándido Conde-Pumpido, explica que la suspensión solicitada por los líderes independentistas acarrearía una "perturbación de la función jurisdiccional", y supondría una injerencia en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria.

El juez de primera instancia de Bruselas considera que el juez Pablo Llarena "no es competente para hacerlo".

Con esta decisión, todos los presos del 1-O tienen suspendido el tercer grado excepto la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. 

El Juzgado de Vigilancia Penitenciara 1 de Cataluña desestima así la petición de la Fiscalía, por lo que mantienen la semilibertad.

El Ministerio Público recuerda que también ha recurrido estas decisiones de los juzgados de vigilancia penitenciaria.

El líder de ERC ha asegurado que la suspensión del tercer grado a los presos del 1-O se debe a que el Estado les tiene miedo.

"Quizás creen que con esta decisión han derrotado a alguien. Al contrario. Nos hacen más fuertes", ha asegurado el presidente de la Generalitat.

Esta decisión afecta al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; al líder de ERC, Oriol Junqueras; al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn.

El tribunal de garantías considera que los argumentos expuestos por la defensa no son suficientes para probar que mantener la ejecución de la sentencia supondría un daño irreparable para ésta.

"Que el Supremo se otorgue competencias en materia penitenciaria es un grave retroceso para los derechos de todos los presos", ha explicado Asens.