Si te complica la pluralidad, ilegalízala
A menudo se pide al PP que explique su alternativa política para Cataluña. Cuál es su plan tras haber sido octava fuerza política en las elecciones de 2021 y después de darse bajo su anterior mandato dos referéndums ilegales, la aplicación del 155 y la desconexión al completo del procés. Se insiste una y otra vez porque la lógica diría que el principal partido de la oposición tiene una opción política para relacionarse con ERC y Junts, hasta ahora los partidos de gobierno catalanes tras el destrozo de la última década. En su enmienda a la ley de amnistía ha sido claro. El empeño en buscar esa alternativa es estéril. La vía rápida de los populares, más veloz incluso que el 155, pasa por ilegalizar los partidos y organizaciones que promuevan la independencia vía referéndum. Donde estaba Vox, ahora está el PP.
Más allá de que choca frontalmente con la pluralidad política recogida en la Constitución, las contradicciones del PP con el independentismo son evidentes. Se puede reunir con Junts porque son una fuerza democrática; si lo hace el Gobierno son “golpistas”. Exige que se aclaren los pactos Junts-PSOE de los que hay un documento público; y para saber de qué habló el PP con los de Puigdemont hay que investigar como si fuera el Watergate. Las paradojas más flagrantes se las ha recordado Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo, por “pedir ilegalizarlos después de negociar con ellos” o proponer hacerlos desaparecer del mapa si promueven referéndums después de votar en contra de la misma propuesta de Vox en el Senado hace solo unas semanas.
La amnistía no es un nuevo orden político, es la aplicación del derecho de gracia, con toda la polémica discusión que implica. La evidencia de que el procés y su superación pasa por un conflicto político y social es que el PP en su enmienda a la totalidad de la amnistía recupera su relato de los hechos en todo el texto salvo la última página. Una visión encorsetada en la sentencia del Supremo. Un mirar hacia delante imponiendo la supuesta salvación del Estado persiguiendo a quien no encaje mediante el endurecimiento del Código Penal. El PP no habla de recuperar la sedición para evitar consultas independentistas o incluso reforzar la malversación; lo extiende a un concepto mucho más subjetivo para perseguir organizaciones civiles y partidos independentistas. Por un lado refuerza el Código Penal para quien no se adhiera lealmente a la Constitución, por otro impone una ley ad hoc para definir qué se entiende por “lealtad”. Todo muy garantista con el Estado de Derecho y la pluralidad.
Las contradicciones del PP con el independentismo son evidentes. Exige que se aclaren los pactos Junts-PSOE de los que hay un documento público; y para saber de qué habló el PP con los de Puigdemont hay que investigar como si fuera el 'Watergate'
La judicialización de la “deslealtad constitucional” que propone el PP es contraria al espíritu y la letra de la Constitución. La pluralidad política está reconocida por la ley fundamental, el independentismo incluido. Es más, hay quien discrepa de la monarquía como forma política del Estado (recogida en el artículo 1.3) y solo faltaría que en una democracia no pudiera expresarlo por “desleal”. O que se promoviera una idea distinta al libre mercado —recogida también en la Constitución— y se persiguiera también por “desleal”. En la ley salvapatrias del PP su visión de la lealtad solo sirve para delimitar la libertad constitucional del otro. Hoy son ERC y Junts, mañana pueden ser PNV y Bildu. Incluso a su socio Vox, por proponer abolir la organización territorial del Estado con la disolución de las comunidades autónomas.
En definitiva, si no puedes gestionar la pluralidad política y sus tensiones, ilegalízala. Si no puedes aplacar las protestas sociales como ocurrió a partir de 2011, sirva una ley mordaza por rodillo parlamentario. Si no puedes con la compleja gestión territorial de un país diverso, sirva imponer la “lealtad constitucional” vía Código Penal. Al final, no hay nada más desleal que utilizar el texto del 78 contra otros y no para incluir a todos. Ahora que las instituciones europeas son el nuevo mediador internacional para la renovación del CGPJ, habría que pasar por el mismo filtro la nueva propuesta de disolución de organizaciones y partidos independentistas que promuevan referéndums. No hace falta estar a favor o en contra del separatismo para saber que, Estado de Derecho mediante, no tiene un pase.
