La definición que en el diccionario de la RAE se puede leer respecto al término crueldad solo ofrece, como parece obvio, connotaciones negativas. No deja un solo resquicio para una intencionalidad diferente: “Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad”. Es decir, alude a un comportamiento radicalmente confrontado con los valores que, en las sociedades modernas, desde la Ilustración, han sido guía y referente en las relaciones entre los seres humanos. Incluso en el ámbito de la política. En la España nacida tras la dictadura, desde los años de la Transición, un período en el que los principales partidos (y las organizaciones sociales, comenzando por los sindicatos) desarrollaron una relación comprensiva, propicia a la negociación y al acuerdo, transigente y orientada al entendimiento entre contrarios, hasta hoy, se han producido inquietantes cambios.

De aquella disposición se derivaron resultados como la Constitución, o los Pactos de la Moncloa, o el cierre del mapa autonómico, o el consenso sobre los usos y la oficialidad de las lenguas que habían sido marginadas, cuando no prohibidas, bajo la dictadura. Ese clima, en el que nunca quedó excluida la confrontación sobre proyectos o el ejercicio de cuantas vías de respuesta, desacuerdo y oposición contempla el texto constitucional (desde la huelga hasta las manifestaciones o concentraciones), se mantuvo, con más o menos altibajos, hasta la entrada de España en la guerra de Irak y, de un modo muy especial, tras los atentados del 11-M en Madrid y, sobre todo, a partir del debate político acerca de su autoría, un debate cuyo eje fue el intento de adjudicar a la banda terrorista ETA la identidad política e ideológica de sus autores.

Desde entonces el debate y parte de las actuaciones de algunas figuras relevantes de la política, esencialmente de la oposición conservadora y de la extrema derecha, se ha ido cargando de tonos y contenidos que desbordan todo asomo de civilidad, incluida la obsesión por hacer desaparecer de los currículos docentes de secundaria una materia tan básica como Educación para la ciudadanía. Desde 2018 y tras la moción de censura esa tendencia se ha agravado hasta límites inimaginables una década antes.

No sería descabellado afirmar que el tremendismo en los calificativos y las hipérboles verbales en el debate parlamentario, con un lenguaje cargado de odio, de inhumanidad, de gravísimos insultos, de deshumanización del adversario, han pasado a estructurar, de modo premeditado, el lenguaje de la oposición. En paralelo, no es difícil comprobar cómo esa deriva se asoma al ámbito de la Justicia: asistimos a procedimientos más que discutibles — incluso desde la interpretación literal de las leyes—, con comportamientos de ciertos magistrados en las antípodas de la protección de los derechos de los investigados y, en no pocos casos, de cuestionamiento, culpable, de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, algo que se acompaña de una peligrosa tendencia a propiciar la humillación, incluso el escarnio ante la opinión pública de imputados con nombre y apellidos. Es decir: un comportamiento cruel en el que el ensañamiento se corresponde con la carencia de pruebas, sustituyendo la certeza por la probabilidad, por el “quizá” o por el acompañamiento del “entorno” para sentenciar culpables.

Es una evolución que funciona en paralelo en el territorio de la política y en el ámbito judicial. Y no de manera espontánea, sino planificada, abrupta y grosera. Daré un ejemplo contundente: hay un “comodín” llamado ETA cuyo uso, por el PP y por Vox, lo demuestra. En el Reino Unido, el fin del terrorismo del IRA, con la firma del Acuerdo de Belfast, se produjo en 1998: hace 28 años. La violencia del IRA dejó una estela de más de 3.000 muertos, cifra que multiplica por tres los provocados por el terrorismo etarra en nuestro país. ¿Es posible imaginar que, en las décadas posteriores al final de esa lacra en Reino Unido, con el Sinn Fein —la formación política “heredera” del IRA— trabajando en las instituciones administrativas y representativas, y tras una larga trayectoria de su líder, Gerry Adams (cuyo paralelismo con Arnaldo Otegui es evidente), ese partido y ese líder hubieran sido calificados de modo sistemático, tanto en los debates parlamentarios como en los procesos electorales, por conservadores y liberales, de banda de asesinos o de terroristas, y que quienes acordaran con ellos la gobernabilidad de pueblos o ciudades, de la propia Irlanda del Norte, fueran tachados de “amigos o cómplices del terrorismo”? Inimaginable.

Pues a eso asistimos en España 15 años después del fin de ETA, con Bildu desenvolviéndose dentro del marco constitucional. No solo se le adjudica el calificativo de banda de asesinos, sino que a quienes pactan con la formación dentro de ese mismo marco constitucional se los tacha de cómplices o amigos del terrorismo. Lo que en Reino Unido resulta inimaginable aquí es el pan nuestro de cada día. No se trata de un error político ni de un exceso inconsciente de algunos líderes: el lema electoral “Que te vote Txapote”, la ignorancia del papel fundamental que desempeña hoy en ese partido gente procedente de Gesto por la Paz o la ceguera deliberada ante la práctica cotidiana de Bildu y su compromiso con las instituciones estatales y del País Vasco no pueden sino calificarse de actitudes premeditadas, aun a sabiendas de que son erráticas. Es decir, de una actuación marcada por la crueldad.

Directamente relacionada con todo ello es preciso entender la negativa a aplicar la Ley de Memoria Democrática, negando a las víctimas cualquier mínima reparación, o un acto tan inconcebible como oponerse a la colocación de una placa resignificando la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid con una inscripción que recuerde que allí la policía política del franquismo torturó y asesinó a demócratas y opositores de toda condición. Por no hablar de Cuelgamuros y la resistencia a fijar para la historia su condición de símbolo de la represión de un régimen abyecto y del sufrimiento de miles de condenados a trabajos forzosos, algo que debiera comprometer a derecha e izquierda, tal y como ocurre en cualquier país que ha salido de un régimen dictatorial.

Y, en el ámbito judicial, en demasiadas ocasiones algunos magistrados nos llevan a recordar tiempos de los que no pocos ciudadanos guardamos memoria y que evocan las prácticas del Tribunal de Orden Público. Penas que un buen número de expertos califican de desmedidas como las aplicadas a Ábalos o a Koldo, negativas a aplicar la Ley de Amnistía por parte del Supremo, incluso después de pronunciarse favorablemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una clara actitud de rebelión ante el Parlamento, gestos como el del juez Peinado exigiendo un estrado para situarse por encima del ministro Bolaños, o firmando argumentos inverosímiles sobre la posible fuga de la esposa del presidente, regateando la devolución del pasaporte y planteando su sometimiento a un jurado popular. Todo ello tiene más de práctica inquisitorial y de búsqueda de la humillación pública, en un clima de tensión política que impregna gravemente al conjunto de la sociedad, que de ejercicio sereno de la justicia. Por no hablar del desprecio hacia la opinión coincidente de diversos testigos —periodistas, funcionarios, opositores— que, por puro sentido común, exoneraría de toda responsabilidad penal a David Sánchez o, en otro plano, al que fuera fiscal general del Estado.

En todos esos casos se dan similares o parecidas circunstancias. El in dubio pro reo se convierte justo en lo contrario de lo que significa: en caso de duda, culpable; la presunción de inocencia se pulveriza: siempre la presunción es de culpabilidad; los informes de la UCO se filtran indiscriminadamente, incluso antes de que los pueda examinar el juez y contienen inferencias y posicionamientos policiales que se apartan de la mera aportación de datos objetivos. No resulta difícil recordar los informes policiales de otros tiempos, siempre asumidos por los jueces sin pestañear, incluso cuando habían sido obtenidos mediante tortura. Es llamativo que sólo la supuesta filtración atribuida al anterior Fiscal General se ha investigado hasta descubrir que había un cómplice llamado “entorno”, o que la investigación que el juez Calama anunció a bombo y platillo hace una o dos semanas sobre la gravísima exposición pública de dos años de contenidos privados protegidos del presidente Zapatero parece haber entrado en el hondón del olvido (al menos, del “no se sabe”). Esto es una pequeña muestra. 

La crueldad requiere una voluntad previa de proceder para producir daño, para generar dolor emocional o dolor físico, para deshumanizar y despojar de derechos a aquel sobre quien se va a actuar. Es decir, premeditación que se traduce en voluntad de humillar por razones de índole ideológica y política que se agregan al supuesto delito o a la supuesta falta. Nada de compasión, nada de velar por los derechos del inculpado o investigado: es decir, inquisición pura y dura, todo lo contrario del equilibrio, el rigor y la mesura que dignifican la palabra juez.

A mi juicio, ese factor, que despoja al magistrado de su condición última y lo convierte en puro acusador que parte de una culpabilidad de origen (a veces sustentada en prejuicios políticos) tiene una presencia abrumadora en parte de los procedimientos a los que he hecho referencia. El principio de que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, es enterrado conscientemente. No por cautela, sino por voluntad, explícita o implícita, de dañar la imagen del “reo”, de sacarlo a la plaza pública con filtraciones que no se investigan (ya he señalado que solo una ha sido merecedora de esa práctica), y alimentar tertulias, prensa amarilla y bulos. ¿Alguien podría reconocer en esos procesos la definición que el Diccionario panhispánico de términos jurídicos da al concepto In dubio pro reo: “Es un principio jurídico básico en el derecho penal que expresa la obligatoriedad de favorecer al acusado de un delito cuando las pruebas no sean suficientes para demostrar la culpabilidad”? Una definición a la que se añade que “este principio de in dubio pro reo implica que el juez o tribunal tiene la obligación de absolver al acusado en caso de albergar alguna duda sobre su culpabilidad”. Es decir, todo lo contrario de lo que estamos constatando.

Vivimos, lo queramos o no, a la sombra de una dialéctica de la crueldad más que inquietante, radicalmente contraria a la sana confrontación democrática y al respeto al ciudadano. Una dialéctica que se aplica en la política y que asoma demasiadas veces en la práctica judicial. Y que a algunos nos trae recuerdos, como poco, desapacibles pese a parecernos remotos.

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Manuel Rico Rego es escritor y crítico literario. Su último libro publicado, 'Qué es la poesía' (Silex, 2025), ha obtenido el Premio Estado Crítico de Ensayo.

En los albores del derecho romano, que es tanto como decir del derecho mismo, dos escuelas debatían sobre la mayoría de edad. Para unos, los sabinianos, la mayoría se alcanzaba cuando el niño lograba un determinado nivel de madurez, superando algún tipo de prueba; para los otros, seguidores de Próculo, un examen semejante era poco operativo, así que abogaban por fijar una edad determinada en la que situar la mayoría de edad de todos, con independencia de su desarrollo intelectivo o físico.

Las diferentes mayorías de edad que hoy reconocemos (a los 14 para delinquir, a los 16 para trabajar, a los 18 para votar) responden todas a una presunción: la presunción de que una persona, por el único hecho de ir soplando velas es capaz de entender el mundo que lo rodea, de consentir relaciones, de conducir... Pero no siempre sucede así. Las quejas de los sabinianos se amparaban, en esta línea, en un rígido concepto de la justicia: no es justo que a una persona, solo por haber cumplido años, se le conceda el beneficio de la mayoría de edad cuando puede ser un completo inútil. Sin embargo, estos juristas no valoraban que, para la cohabitación y la debida articulación de nuestras relaciones, la seguridad es algo tanto o más importante que la justicia. Desde esta perspectiva, toda presunción tiene algo de injusto, porque parte de una ficción, pero es una ficción necesaria: la sociedad necesita dotarse de unas normas preestablecidas de funcionamiento, sin las cuales nuestra arquitectura de convivencia se desmembraría.

Otra presunción orgánica en nuestro mundo es la presunción de inocencia, sencilla de exponer (toda persona es inocente hasta que un juez le declara culpable) pero difícil de explicar. ¿Cómo entender que el asesino detenido con la pistola en la mano siga siendo inocente? ¿Cómo convencernos de que es inocente, antes del juicio, el delincuente que ha confesado su delito? La explicación estaría en la propia naturaleza de la presunción como base de la estructura social, como garantía de la dignidad y libertad del ciudadano. Por eso no es solo un pronunciamiento vacío: la idea secular, que empieza a sonar revolucionaria, de que el acusado es inocente antes de la sentencia impone asumir que durante el juicio no está en el fiel de la balanza, aguardando en equilibrio hasta saber cuál de los dos platillos termina por pesar más; por el contrario, el acusado se sitúa en el plato de la inocencia que, amparado por la presunción, es pesado y difícilmente removible. Para una condena, no basta con que las pruebas de cargo pesen más que las pruebas de descargo; las pruebas de condena tienen que romper la balanza, haciendo irrazonable la hipótesis de la inocencia.

Esta presunción se enfrenta a una continua pugna social, máxime en unos tiempos donde los tribunales penales entienden su labor focalizada en el castigo al culpable, el mantenimiento de la paz social y la represión del delito. Sin embargo, la historia nos enseña que para imponer castigos no se necesitan tribunales; no los necesitó ni la Falange, ni la mafia, ni los necesitan los talibanes. En una sociedad democrática, los tribunales tienen una misión más esencial y delicada que castigar: proteger al inocente. Una misión que se ve comprometida en un mundo a merced de una ultraderecha que nos urge a la deshumanización, en una acometida de la cual no son ajenos miembros de un poder judicial que se manifiesta contra leyes que el pueblo se ha dado.

Dejaré apuntadas tres heridas contra la presunción de inocencia que se han ido consolidando en resoluciones de nuestros tribunales. La primera sería la idea de la probabilidad: el delito como suceso probable; la verdad judicial, convertida en la realidad más plausible. La muerte de la inocencia. Vean, por ejemplo, esta frase tomada de la sentencia contra David Sánchez y que la Audiencia Provincial de Badajoz, en una deplorable redacción con argumentos al peso, repite hasta tres veces (la última en negrita, por si no habíamos reparado en ella): “La seguridad de una inferencia, su precisión, se produce cuando aquella genera la conclusión más probable sobre el hecho a probar. En el fondo, esta línea no es ajena a una probabilidad estadística que se presenta como la probabilidad prevaleciente. En suma, resultará probada la hipótesis... cuando esa hipótesis esté dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que se refieren otras inferencias”. En este extracto, la Audiencia se respalda en resoluciones de un Tribunal Supremo cada vez más mediocre para alcanzar una conclusión perturbadora: lo más probable puede argüirse como fundamento de una condena. ¿Pero cuántas veces la verdad se esconde en lo improbable? Remitir el juicio de culpabilidad a un juicio de probabilidades es clavar la navaja de Occam en el corazón de la justicia. ¡Que sentencie el Instituto Nacional de Estadística!

El segundo elemento, que se vería sorprendido de verse citado en estas polémicas, es la lógica; en este caso, el concepto se utiliza para salvar la insuficiencia de pruebas: no sabemos lo que ha pasado pero ‘lo lógico’ es que haya sucedido de esta o de aquella manera. Ya habrán advertido que esto no tiene nada que ver con la lógica, método científico que obtiene respuestas a partir de premisas conocidas de antemano y donde la conclusión se deriva sin artilugio ni alternativa alguna: si un cadáver se descubre a la una de la tarde y lleva muerto 12 horas, lo lógico es concluir que el fallecimiento ocurrió sobre la una de la mañana. Esto es lógico. Si un hombre es amenazado por su vecino y días después aparece muerto, podremos considerar lógico que el asesino sea su vecino, pero esta conclusión habrá de probarse; y si hay que probarlo, el razonamiento no es conclusivo ni, por tanto, lógico. En el juicio contra Ábalos vimos muchos ejemplos de esta lógica especulativa: si no hay pruebas de que recibió millones de euros ni pruebas de que tiene el dinero, ‘lo lógico’ será entender que lo ha escondido. Definitivamente, el Sombrerero loco manejaba mejor las reglas del silogismo.

Y la tercera infección que sufre el respeto a la presunción de inocencia es, sin duda, el pérfido elemento de las máximas de experiencia, hallazgo literario y parajurídico que se ha asentado entre nosotros con la mayor parsimonia, para gran alarma de los teóricos. Dejando aparte que los jueces, por su preparación, no suelen tener experiencia en muchas cosas, por lo que convertir este dato en un criterio de valoración supone un riesgo serio, lo cierto es que la realidad del delito nos enfrenta todos los días a lo sorprendente, lo insólito y lo inexperimentado. Utilizar lugares comunes o los caminos trillados de las máximas de experiencia para conocer lo que se ignora es un peligro manifiesto, pero va camino de convertirse en el oráculo que servirá para tener por demostradas cosas de las que no hay pruebas, partiendo de una ‘experiencia’ que, por naturaleza, está mediatizada por el sujeto y es ajena a todo escrutinio. Si ha habido un atraco y uno de los sospechosos tiene antecedentes, los años de experiencia podrán susurrarle al juez que el culpable es el fichado, sin necesidad de más diligencia. Imaginen las máximas de experiencia que un juez fascinado por Abascal como Emilio García-Cancho, ¡presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz!, aplicaría al juzgar a un inmigrante. ¿Pero dónde hemos dejado las pruebas? No lo olvidemos: bajo la égida de la presunción de inocencia, la función de un procedimiento penal no es saber si el acusado ha cometido el delito, sino averiguar si existen pruebas bastantes para condenarlo.

En estas tardes de verano he ido leyendo noticias sobre las vicisitudes de Jonathan Andic, imputado por haber matado a su padre. Mi curiosidad ha dado paso a una cierta intranquilidad porque voy advirtiendo en el asunto todos los vicios que se han consolidado en el proceso español, incluyendo unos investigadores absolutamente convencidos de la culpabilidad de su objetivo. (Tanto, que no se ahorraron el gesto, un tanto ruin por innecesario, de ponerle unas esposas al llevarle a declarar). Desde la distancia, advierto en estos investigadores el mismo sesgo proactivo condicionado que tuvo la policía portuguesa con los padres de Madeleine McCann, el mismo que mostró la Guardia Civil con los 20 indicios que vio contra Dolores Vázquez o los que la UCO quiso ver contra David Sánchez. Las noticias dan cuenta de una investigación llena de insinuaciones, conjeturas y datos insustanciales, que dejan al imputado al pairo de una opinión pública cruel.

Les aseguro que, ahora mismo, no me costaría trabajo redactar una sentencia condenatoria contra Andic, urdiendo sobre la trama de lo publicado los tres estigmas que he mencionado: juicios de probabilidad, razonamientos de pura lógica y remisiones a las máximas de experiencia, sin necesidad de incluir ni una sola prueba de su culpabilidad. Con la última jurisprudencia en la mano, me saldría una sentencia bastante bonita, sólida y fundada; tan sólida como indigna.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal. No ha escrito ningún libro.

Lo estamos viendo en los fuegos, en la corrupción de todo tipo y en los mismos comportamientos humanos de ciertos políticos, se autodenominan asi. El hecho de tener comprados todas las instituciones además de los medios que se venden en papel hace imposible la lucha. Trump invade países saltándose cualquier ley y le aplauden los que compran todo, o sea, los fascistas, que durante años se hicieron con el poder económico.

Nos quedan los pocos medios digitales que todavía no se han vendido, como infoLibre, que nos cuentan las verdades, pero esta lucha es muy precaria porque también las RRSS están manejadas en su mayoría por esa derecha económica que todo lo invade y que sabe que los medios digitales tienen menos audición, aún. Pero también llegara a ellos. No hay más que ver ciertos juicios que dan vergüenza ajena con videos que nadie investiga, aunque los hayamos escuchado todos. A Zapatero y a Begoña, poco a poco les investigan hasta las mudas que se puedan poner cada mañana y a Rajoy y Cospedal, los padres de la mayor vergüenza nacional ni se les nombra. La batalla desigual es algo que nadie podrá discutir- Y su ejército civil o lo defenderá o estará en silencio, los que aun les queda algo de vergüenza.

A todo esto, incluso hay jóvenes que no conocen nuestra historia y les votaran porque creen que les mejoraran en algo. Serán los primeros que sufrirán sus delirios. Es el fascismo, amigo. Que podemos esperar de todo esto. Pues la invasión del fascismo de nuevo en España, aunque tengamos un héroe que todo lo soporta, Pedro, pero al que le han llamado de todo, pero todo lo soporta. Cuanto durara en esta lucha no lo sabemos, pero es para quitarse el sombrero, por lo menos el mío.

Lo mas triste para mi es donde ha llegado la Justicia con mayúsculas, aquella que era una profesión maravillosa capaz de juzgar sin el poder del dinero o por personas que no se vendían. Jueces que imponían respeto y lo imposible de vencer, el sentido común. Pero hoy también a esos que pueden ser buenos se les expulsa o se les manda a pueblos en donde nada pueden incordiar a los poderosos. En España se pueden dar nombres de algunos que ya están olvidados.

Solo nos falta ver que al militar que deseaba el fusilamiento de 26 millones de españoles en un WhatsApp Ayuso le condecore con alguna medallita que en este caso será de oro. Pero no dejo de pensar que al final los buenos ganaran a los malos, pero la batalla será muy larga y penosa. Y que la juventud deje de pensar en que todos somos iguales. No es verdad y yo espero que al final ganen los buenos. Será larga la lucha y yo no la veré, pero es que son muchos más los buenos, aunque no se les note.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

¿Ha muerto la teología de la liberación (TL)? Es la pregunta que me plantean con frecuencia en mis conferencias tanto en el norte global como en el sur global. La pregunta refleja implícitamente la idea de su muerte, muy extendida en el imaginario colectivo, tanto laico como religioso.

Mi respuesta suele ser que tal idea no responde a la realidad, sino, más bien, al deseo de no pocos sectores ubicados del lado de los fundamentalismos religiosos, del neoliberalismo económico y del conservadurismo político. Y añado: la TL está viva y activa en el nuevo escenario político, religioso, cultural y económico, no solo en América Latina, donde nació, sino en todo el sur global, dando lugar al nacimiento de las teologías del sur global y a su tendencia descolonizadora de los discursos cristianos (Juan José Tamayo, Teologías del Sur. El giro descolonizador, Trotta, 2024, 2ª ed.).

La mejor prueba de dicha vitalidad es la celebración del 12º Foro Mundial sobre Teología y Liberación (FMTL), que está teniendo lugar del 31 de julio al 8 de agosto en la ciudad de Cotonú (Benín, África Occidental), en el marco del 17º Foro Social Mundial (FSM). Entre las razones que han llevado a elegir Benín como lugar del FSM y del FMTL cabe destacar las siguientes: Benín es un cruce de la espiritualidad vudú y la cultura panafricana, un lugar de memoria histórica de la trata de personas esclavas y un país con una fuerte movilización de la sociedad civil.

Es el sexto Foro que se celebra en África. Los cinco anteriores tuvieron lugar en Bamako (Mali, 2006), Nairobi (Kenia, 2007), Dakar (Senegal, 2011) y Túnez (2013 y 2015).

En el FMTL de Benín participan teólogas, teólogos, activistas, investigadores y comunidades de todo el mundo para reflexionar sobre la intersección de experiencias religiosas, justicia social y lucha contra todas las formas de opresión. Se trata de un encuentro global de mentes y corazones que busca fomentar el diálogo, explorar alternativas y tejer conexiones en la búsqueda colectiva de otro mundo posible. El tema del encuentro no puede ser más importante y de urgente análisis: rechazando la dominación económica, política y religiosa; reimaginar la soberanía desde una perspectiva de liberación.

La razón de ser del tema elegido es la constatación de la persistencia de la dominación económica, política, religiosa y ambiental en todo el mundo. Ante tamaña dominación global no podemos cruzarnos de brazos, sino que hemos de ofrecer una respuesta coordinada. Para ello, el Foro invita a involucrarnos en un proceso de descolonización de todas las dimensiones de la vida humana y ecológica y a reimaginar la soberanía en todas sus formas: colectivas e individuales.

La lucha por la soberanía económica exige deconstruir los mecanismos de opresión del capitalismo y devolver la dignidad humana a quienes se les deniega el actual modelo económico neoliberal y somete a una situación de injusticia estructural generadora de pobreza también estructural. La defensa de la soberanía política requiere desafiar el autoritarismo, la corrupción y la violencia, así como resistir a la necropolítica y trabajar en la construcción de la paz en tiempos de guerras que provocan genocidios y ecocidios, y de golpes de Estado que no respetan el derecho internacional, ni la soberanía de los pueblos.

El compromiso por la defensa de la soberanía religiosa demanda deconstruir los legados decoloniales, cada vez más extendidos por mor del imperialismo reigioso; frenar la manipulación de las religiones y su utilización para fines belicistas, sexistas, aporofóbicos, homófobos, xenófobos y racistas. A dicha deconstrucción debe responder la construcción de relaciones étnicas, ecuménicas, interreligiosas, interculturales e interespirituales, pacíficas, igualitarias y respetuosas de las diferencias.

La soberanía ecológica y social exige la recuperación del territorio, del que se apropian las multinacionales extractivistas, así como la recuperación de la memoria y la cultura de los pueblos originarios. Requiere, asimismo, analizar y eliminar las formas modernas de esclavitud y promover la justicia ecológica y la justicia de género frente a la violencia de género, las migraciones forzadas y el cambio climático.

Se trata, en definitiva, de revisar, resignificar, reformular y recrear la teología de la liberación en el nuevo escenario geopolítico, cultural y económico, de abrir nuevos horizontes para la soberanía y de descolonizar todas las relaciones humanas y ecológicas.

Los ejes temáticos que se están trabajando en el FMTL de Benín para el logro de tales objetivos son los siguientes: la liberación como horizonte hermenéutico y práctico; la liberación y la decolonialidad; la liberación y la democracia al servicio del bien común; la violencia, los derechos humanos y, especialmente, los derechos de las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos a quienes se niega dichos derechos; la justicia ambiental y la seguridad alimentaria; las migraciones, las personas migrantes climáticas y las territorialidades; las nuevas lenguas y la reconstrucción de nuevos lenguajes simbólicos y míticos; el pacto entre las tradiciones religiosas y las políticas de justicia; el género, el feminismo y la diversidad; la juventud y las relaciones intergeneracionales.

La Teología de la Liberación, las Teologías del Sur global y las prácticas emancipadoras que promueven demuestran, con hechos y con palabras, que hay tradiciones religiosas y espiritualidades que no son opio del pueblo, sino caminos de liberación de las personas más vulnerables, de los colectivos empobrecidos y de los pueblos oprimidos, así como movimientos de resistencia frente al colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, el soberanismo blanco, la injusticia cognitiva y la depredación de la naturaleza.

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Juan José Tamayo es teólogo y emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'Pederastia, ¿pecado sin penitencia?' (Erasmus, 2024).

Que no cunda el pánico, que ya están los jueces para sentenciar –sólo en su caso el verbo es del todo correcto– sobre las cosas que se hicieron mal y las que se hicieron bien, antes, durante y después de la entrada de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas extranjeros en Ceuta. Porque apenas horas después de aquello ya estaban los tres habituales querulantes poniendo orden.

El primero ha sido Iustitia Europa, un partido político que se dedica a dinamitar la democracia como la conocemos y a proponer un modelo mucho mejor: básicamente sin partidos.

Se unieron rápido las otras dos organizaciones que algunos califican como neofascistas. Yo no me atrevería a llamarlas así porque no soy un radical comunista (algo influye también que prefiero no recibir mi propia querella, que estos las hacen como hacen churros en San Ginés).

Las otras dos, ya saben, son HazteOir, gracias a quien sabemos que los niños tienen pene y las niñas vagina, o que cada año hay cien mil madres asesinando a sus hijos ante la pasividad mía y de usted, que defendemos la cultura de la muerte, y también Manos Limpias, aspiradora incansable de la suciedad de nuestras instituciones.

Gracias a estas luminarias de la patria, a estos centinelas que vigilan nuestra moral, a los genuinos vigías de la ley, tendrán que comparecer ante “la Justicia”, si prosperan sus iniciativas, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el presidente del Gobierno y –esto es más improbable– el mismísimo rey de Marruecos, que también está denunciado como responsable último de la cadena de mando en el país vecino.

No es broma, aunque lo parezca. Una vez más, nuestros asuntos públicos, las decisiones que toman los funcionarios y los políticos que nos representan, serán sometidos al escrutinio de los jueces, que podrán abrir procesos, llamar a declarar prácticamente a quien quieran, acortar o alargar, practicar diligencias e investigaciones. Podrían filtrarse como es costumbre, legal o ilegalmente, documentos y pruebas y se podría construir un relato sumamente interesante, con todos sus episodios preparados para la televisión, sobre lo que pasó en esos días terribles de julio, en los que murió ahogado un centenar de seres humanos miserablemente olvidados.

Esos tres profesionales de la querella, especialistas en el abuso de la espuria Acusación Popular, son solo el primer eslabón de una aberración que venimos sufriendo desde hace años: se llama juristocracia y es la sustitución de los poderes legislativo y ejecutivo por el poder judicial.

Estos últimos años han sido especialmente juristocráticos, si vale el neologismo: han sido las policías judiciales y los juzgados y los tribunales quienes han marcado la actualidad, toda ella. Han determinado por completo nuestra vida parlamentaria sentenciando contra la Ley de Amnistía desde el Tribunal Supremo; han deteriorado la acción del Gobierno con disparatadas instrucciones y abusos inauditos, como retirarle el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o filtrar sin consecuencias la agenda completa de dos años de la vida de un expresidente; han inhabilitado a todo un fiscal general sobre la base de indicios contradichos por una decena larga de testigos.

No habría mucho que objetar si como idiotas creyéramos en el mito de la diosa Justicia, ciega y sin prejuicios, que se limita a medir objetivamente el peso de las pruebas.

Estaríamos también más tranquilos si ese poder judicial no estuviera descontrolado. Los poderes que no se controlan tienden a desbordarse, a extralimitarse. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. No es esto una crítica generalizada a los jueces, ni siquiera un cuestionamiento general de nuestro orden constitucional, bastante funcional en general.

Es una denuncia del abuso de la acusación popular y una invitación a su supresión. Es una reflexión sobre los efectos demoledores que pueden tener los jueces anónimos y sin control en las políticas públicas progresistas. Es también, asumiendo que las cosas no van a cambiar a corto plazo porque las derechas son las grandes beneficiarias de la juristocracia, una llamada a que los progresistas empiecen ya a organizarse para tener una decena de sus propios manoslimpias y hazteoires. Causas hay, y algunos instructores debe haber por ahí también. Incluso algún patrocinador. Si no hay una solución mejor, apliquemos lo de la canción: “aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios”.

El pasado mes de julio, Juanma Moreno fue reelegido presidente de la Junta de Andalucía por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras firmar los dos partidos un acuerdo de gobierno.

El acuerdo ha permitido la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, con una consejería con rango de vicepresidencia, la de Manuel Gavira, actual vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Este martes, varios medios se han hecho eco de que será Gavira, como consejero de Justicia, el encargado de gestionar las competencias relativas a violencia de género relacionadas de forma directa con la propia administración.

Esta decisión quedó recogida en el decreto que se publicó el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El escrito habla de la creación de las vicepresidencias y la reestructuración de las consejerías. Pero no fue hasta el 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó los decretos que desgranan las competencias de cada área.

Además de hacerse cargo de las llamadas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Gavira se ocupará de cuestiones relacionadas con justicia, mediación y solución de controversias.

Asimismo, también ostenta competencias en cuanto a notariado y registros públicos, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; atención a las víctimas de terrorismo y víctimas de delitos y se responsabiliza de las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Las críticas a esta noticia no han tardado en llegar por parte del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, ha pedido a Moreno que rectifique: “Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea”.

A través de las redes sociales, la también socialista Olga Manzano ha suscrito las palabras de Férriz: “Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hecho hincapié en el “peligro e irresponsabilidad” de la decisión: “No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas”.

A todos ellos se ha sumado Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, en un mensaje en la red social X: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista”.

Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de Por Andalucía, ha subrayado “que acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable”, calificando esta decisión de “irresponsable”.

No todo lo que hay dentro de la democracia lo inventó la democracia. De hecho, la mayoría de lo que la constituye no es de procedencia ni vocación democrática. Las cárceles, los códigos penales, los jueces, los notarios, los administradores de fincas, los registradores de la propiedad, los agentes inmobiliarios, los periodistas y casi todo lo demás prexisten a la democracia. Estaban ahí. La democracia es una forma particular de jugar en un tablero ya existente que todo lo condiciona. Pero no es el tablero. El tablero ya estaba. Y en Occidente, el juego se ha envenenado, porque mientras unos juegan con las reglas de la democracia, otros desempolvan viejas reglas feudales.

Las democracias occidentales son hoy un tablero ajedrezado donde unos jugamos al ajedrez y otros, a las damas, al go y, en estas latitudes, hasta al parchís, porque nos gusta muchísimo comer una y contar veinte. Lo vemos en este desdichado oficio mío, en el que unos procuran (procuramos, mejor decir) un cierto ajustamiento a unos códigos no escritos respecto al uso de fuentes, contrastes, jerarquía y responsabilidad social, y otros disparan sus informaciones o insidias sin el mínimo contraste o comprobación, tal vez amparados en el tácito convencimiento de la condición sangresucia del oponente.

Ese estado de opinión creado por un hábitat informativo financiado con fondos públicos y lleno de cochiqueras dedicadas a los asesinatos reputacionales por encargo —de personajes públicos pero también de sus alrededores privados— no es un fenómeno de laboratorio, sino que forma parte de una ola de humor sociopolítico en el que participan probos funcionarios —estos también existen desde hace centurias y, por supuesto, su ascendiente no es la democracia sino un Estado cuya vocación es sobrevivirla y hasta matarla— que empeñan sus tareas en convencernos de que también se pueden comer seis piezas saltando en diagonales infinitas hasta hacer dama.

Los últimos días, mientras Donald Trump y Mohamed VI —dos tiranos siglo XXI— intentan destruir nuestro país por díscolo y argelino enviando jóvenes marroquíes a morir tragando agua, con el aplauso genuflexo de todas las ultraderechas europeas, empezando por el hijo menos listo de Saturnino Núñez y Sira Feijóo, una mujer modesta, discreta y sin perfilo público, de nombre Gertrudis Alcázar, que se ha desempeñado durante décadas como secretaria de alta dirección al servicio de un presidente del gobierno y luego de un expresidente del gobierno, que es el mismo pero no es igual, se ha visto señalada por un togado calamitoso —que también juega con reglas propias en el tablero, entre caballos y alfiles— por haber adquirido con sus ahorros un domicilio de 130.000 euros, es decir, lo que en argot consideraríamos un apartamento de dependienta de supermercado.

La calamidad con toga va a mirarle hasta el dobladillo de las enaguas a la buena mujer ante tan sospechoso ascenso en la escala de la riqueza porque, aterrizando, esta discreta secretaria tiene que ceñirse a los movimientos tasados de los peones —avance de una sola casilla— y el de los puños de ganchillo juega al Warhammer 2000 con sus robots de artillería descargando sus baterías sobre este mundo de cuadraditos blancos y negros. De peones blancos y negros.

Y mientras el sanguinario mechawarrior se ceba con esta señora humilde y silenciosa que tras décadas de virtud se compró un pisito en Velilla de San Antonio, aldea de 14.000 habitantes situada más allá de Mejorada del Campo, en el infinito y paupérrimo secarral que cierra el suroeste de la Comunidad de Madrid, expuesto al calor y a los incendios, la presidenta de la provincia anda jugando a la oca —“de ático de Sarasola, en ático de Quirón y tiro a ático de amiga de Epstein porque me toca”— sin que fiscales, jueces y organizaciones nazis dedicadas al terrorismo jurídico de las acusaciones populares hayan siquiera enarcado una ceja o interrumpido su rezo del rosario.

La presidenta provincial de Madrid no es de origen más noble que la veterana secretaria, no se engañen, pero se ofreció tiempo ha como sustituta de sus señoritos y la urgencia del momento la llevó a dormir en las sábanas de seda de sus amos. Desde ahí, trató de ganarse su favor azotando a sus antiguas compañeras de cofia, y hasta ayer le había ido bien. Quienes le decían guapa y sexy cada semana, miembros de este oficio de impostores fieles a la condición canalla de la tarea y campeones de un concurso de tiralevitas, ponen hoy sus palmitas delante de la boca haciendo la o, cómo si de pronto hubieran reparado en que la advenediza usa las sales de baño y las cremas hidratantes de su antigua dueña, la marquesa, sin haber obtenido permiso por escrito.

Los inmaculados funcionarios anticorrupción aún no han levantado la mirada de las persecuciones que los ocupan, pero podrían recibir indicación de hacerlo a la mayor brevedad, como bien sabe otra mujer procedente de ninguna parte que también se creyó con derecho a cremas hidratantes y que hoy oficia como vedete en concursos de telerrealidad.   

Nadie sabe por qué el amigo de Marcial e hijo de Sira y Saturnino vive donde vive, en El Viso, una especie de colina de casitas sita en mitad de Madrid, entre el Santiago Bernabéu, el paseo de la Habana y la avenida del Príncipe de Vergara, o cómo lo paga, si es que lo paga. Pero tampoco importa a nadie porque los dueños de la finca tienen sus consentidos y sobre este tablero llamado España, las rigurosas reglas del ajedrez solo atañen a quienes, como ustedes o yo, no crecieron en un hogar con biblioteca y despacho, mucho menos con cocina abierta, sino con cuarto de estar y fresquera, por el que no pululaban mujeres con cofia ni había jardinero o chófer. Como señala el historiador del arte murciano Miguel Maldonado, “si tienes que levantar tres sartenes para sacar la que necesitas, tú no eres clase alta”.

Los que hacemos un ruido infernal al disponer de la sartén y la olla que necesitamos para hacer un sofrito y unos macarrones jugamos con las estrictas reglas del peón, el alfil y el caballo, pero nos hostigan jueces, fiscales y agentes de la UCO y de la UDEF que usan a conveniencia reglas preajedrecísticas —predemocráticas— para desempeñarse en el tablero con la libertad prevaricadora del dueño de la finca.

España es un tablero ajedrezado en el que, ya no hay duda, los plebeyos tenemos que manejarnos en el laberinto endemoniado de un juego de inteligencia exigente y riguroso, mientras otros, que se tienen por amos del casillero, solo se ciñen a la democracia como disimulo coyuntural de este preciso momento de la historia. Y, como dice Maldonado, “los que no tenemos ocho sillas iguales para la familia en Nochebuena”, no podemos comprar una maldita casa de mierda en un pueblo seco y olvidado, destinado a ser pasto de las llamas el próximo verano de nuestras vidas.

Lean a Scott Fitzgerald. Porque a Gertrudis se la van a comer. Y van a contar veinte.

Los españoles confían poco en su sistema judicial. Tan poco que lo colocan a la cola de Europa en independencia. En gran medida, por la percibida influencia política. Eso es, al menos, lo que muestran las últimas encuestas sobre la materia. Un 65% de los ciudadanos, según un sondeo reciente de 40dB., considera que en nuestro país existe lawfare. Y solo un 32% ve justas o imparciales las resoluciones sobre asuntos políticos. Un asunto, el de la guerra judicial, que ha marcado buena parte del debate político en la presente legislatura. Desde el Gobierno se han cuestionado abiertamente determinadas investigaciones judiciales. O se han puesto en duda las "distintas velocidades injustificadas" de los jueces.

La justicia, con carácter general, es lenta en nuestro país. Y no se puede negar la existencia de distintos ritmos en la resolución de procedimientos. Tengan o no impacto político y mediático. Sean casos civiles o penales. Pero eso, sostiene un magistrado en conversación con infoLibre, tiene más que ver con el tipo de órgano judicial que lleva el asunto y con la complejidad del mismo que con maniobras políticas. Así, por ejemplo, mientras que en 2023 –último dato disponible– un asunto en procedimiento penal tardaba de media 2,5 meses en resolverse en los juzgados de instrucción de Madrid, en La Rioja ese plazo ascendía a 5,2 meses. Y lo mismo con los pleitos por accidentes laborales: de los 10,4 meses de Euskadi a los 40,9 meses de Andalucía.

El Tribunal Supremo impuso hace solo un mes el castigo más severo a un exministro. La Sala de lo Penal condenó a José Luis Ábalos, extitular de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años y tres meses de cárcel por el caso Mascarillas, centrado en los contratos millonarios para la compra de cubrebocas adjudicados en plena pandemia a una sociedad vinculada al comisionista Víctor de Aldama. La más alta instancia judicial se hizo cargo formalmente de este caso el 5 de noviembre de 2024. Es decir, que en veinte meses el Alto Tribunal completó la investigación, celebró juicio y emitió resolución condenatoria contra el exministro, su exasesor Koldo García y el comisionista.

Esos son, más o menos, los plazos en los que se ha movido el Supremo en las últimas causas especiales de las que se ha hecho cargo. Prácticamente dos años duró el procedimiento contra los líderes del procés. O dos años y dos meses se alargó el caso contra el senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés, que resultó absuelto de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. Algo más rápida fue la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: poco más de un año desde que se asumió por la Sala Penal hasta que se hizo pública la sentencia. O contra el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que se prolongó poco más de un año en el Alto Tribunal –si bien estuvo seis dormida en un juzgado de La Laguna–.

El Alto Tribunal es más un órgano de casación que de enjuiciamiento. Al fin y al cabo, solo es competente para instruir y enjuiciar causas contra miembros de altos órganos del Estado –desde el presidente del Gobierno y ministros hasta diputados, magistrados del Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otros–. Eso explica la rapidez a la hora de investigar. Y la relativa facilidad para encontrar hueco en el calendario para celebrar, llegado el caso, la vista oral. Al fin y al cabo, no son muchos los procedimientos de este tipo. La memoria de 2024 del Supremo, por ejemplo, solo destacaba las causas contra García Ortiz, Ábalos o el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar por un delito contra la seguridad vial.

El máximo órgano judicial también investigaba hasta comienzos de este mismo año otra de las derivadas del caso Koldo. En concreto, la que salpica a Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización socialista, por una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas. Pero la renuncia del exministro de Transportes al acta de diputado que conservaba hasta el momento dejó la causa sin aforados. Y obligó al Tribunal Supremo a derivarla a la Audiencia Nacional para su continuación. Un cambio de competencia que, según asumían entonces algunas defensas, va a alargar la resolución definitiva del caso.

Un buen ejemplo de ello está en el anteriormente citado caso Mascarillas: mientras que la carpeta de los aforados ya está cerrada en el Supremo, la parte que se quedó en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional por no pertenecer los investigados a altos órganos del Estado aún está bajo investigación. Los tiempos en este órgano judicial nada tienen que ver con los que se manejan en el Alto Tribunal. En algunos casos, los procedimientos se alargan durante años. A finales de enero, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional alertó de una situación "próxima al colapso" y solicitó la puesta en marcha de dos juzgados más de instrucción.

"Está francamente mal, acumula mucho retraso", resume un magistrado. Los juicios, en ocasiones, se están fijando a dos, tres y hasta cuatro años vista. El de Kitchen, una investigación que se inició hace casi ocho años, acaba de quedar visto para sentencia. Y si nada cambia, la vista oral contra el expresidente madrileño Ignacio González por el supuesto amaño de contratos para la construcción y explotación del campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II se celebrará una década después del inicio de las pesquisas. El caso Lezo, de la que forma parte esta pieza separada, empieza ahora a ser enjuiciado. Y aún sigue coleando, más de una década después, el caso Púnica, que persigue al exconsejero y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granado.

En diciembre, la Audiencia Nacional dictó sentencia en una de las piezas de este último procedimiento. 11 años después de su inicio. Un tiempo de respuesta que, resaltó el tribunal, "excede" lo "razonable", lo que obligó a los magistrados a aplicar a las condenas una rebaja por dilaciones indebidas. La tardanza, dijo, estaba motivada por, entre otros "déficits estructurales", la "sobrecarga" de macrocausas que acumula la Sala Penal. Entre ellas, Gürtel, que 16 años después de su estallido acaba de celebrar su último juicio. En la velocidad de los procedimientos también influye, por tanto, el tamaño de las causas o la complejidad de las mismas, que en muchos casos requieren de unas comisiones rogatorias a otros Estados que irremediablemente las alargan.

La lentitud en algunas causas contrasta, sin embargo, con la rapidez en otras pocas. El caso de las tarjetas black de Caja Madrid, por ejemplo, quedó resuelto en poco más de dos años, tiempo que pasó desde el inicio de la investigación hasta la sentencia emitida por la Audiencia Nacional –penas que, en algunos casos, corregiría el Supremo a finales de 2018–. Y, sin embargo, el caso Bankia, del que derivó el anterior, se prolongó durante más de ocho años, que es lo que se demoró el primer fallo absolutorio –luego confirmado por el Alto Tribunal– desde el comienzo de las pesquisas.

Y luego están los juzgados ordinarios. Ahí, la velocidad de la causa depende del órgano en la que caiga, del estado en el que se encuentre, de la saturación que afronte, de los medios de los que disponga o de la complejidad y el tamaño del procedimiento. Porque no es lo mismo aquellos con solo un acusado que los que acumulan decenas de ellos. Un ejemplo de esto último lo encontramos en el caso Montoro, con una treintena de imputados maniobrando con un equipo legal de primerísimo nivel para intentar "cargarse", en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, más de siete años de investigación bajo secreto.

Los ritmos también están condicionados por las dificultades con las que se pueda ir encontrando el instructor por el camino. Ahí está el caso de la supuesta estafa de la consultora Sinclair&Wilde al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de medio millón de mascarillas en pandemia, que no termina de despegar por las dificultades para localizar e interrogar al empresario investigado.

En algunos casos también dependen de la diligencia de los investigadores o los propios instructores. Seis meses tardó, por ejemplo, el magistrado Antonio Viejo en autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y cuatro meses tardó el juzgado en remitir a los investigadores copia del procedimiento en el que se indaga si la compra de una sociedad sin valor aparente por parte del empresario podía esconder una comisión encubierta a un directivo de Quirón.

González Amador se sentará en el banquillo por fraude fiscal. Sin embargo, diez meses después del auto de apertura de juicio oral, aún no se ha fijado fecha para la celebración de la vista oral. Se hará, según un escrito remitido a las partes por el Juzgado de lo Penal nº19 de Madrid, "considerando la sobrecarga y circunstancias que pesa" sobre el órgano judicial y "cuando las razones de agenda lo permitan".

Recientemente he terminado de leer Visto para sentencia, del magistrado emérito del Tribunal Supremo y fiscal de carrera José Antonio Martín Pallín, publicado por Siglo XXI Editores.

Me ha parecido un libro muy interesante y de lectura amena. Como neófito en la materia, reconozco que en ocasiones he tenido que releer algún párrafo para comprender plenamente su significado, aunque nada que no pueda entender cualquier lector dispuesto a profundizar un poco en el texto.

La obra comienza con un recorrido por los antecedentes históricos de la justicia y su evolución a lo largo del tiempo, generalmente acompasada con los avances de la sociedad, salvo en aquellos periodos marcados por regímenes autoritarios y dictaduras, donde se produjeron claras involuciones.

Martín Pallín aborda la justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y reflexiona sobre la necesidad de que cumpla de forma ejemplar las funciones que la sociedad le encomienda: juzgar, proteger, amparar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Para el autor, la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales deben constituir la razón última de ser del sistema judicial.

El libro analiza el papel de jueces y fiscales, llamados a actuar conforme a las leyes que obligan a todos por igual. El autor no elude las críticas cuando considera que determinados comportamientos o resoluciones no han estado a la altura de lo exigible, citando diversos casos que, desde su experiencia y conocimiento de la judicatura, merecen una reflexión crítica.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es el reconocimiento de que jueces y fiscales son seres humanos, con convicciones políticas, creencias religiosas o éticas y una determinada visión de la sociedad. Sin embargo, insiste en que esas convicciones nunca deberían interferir en la imparcialidad exigible a la hora de administrar justicia. Aunque admite que no siempre ocurre, también subraya que nuestro sistema dispone de garantías y mecanismos de control destinados a corregir posibles desviaciones o malas prácticas.

El magistrado defiende igualmente la necesidad de dotar a la Administración de Justicia de más recursos humanos y materiales para reducir los tiempos de respuesta y mejorar su eficacia.

Especial atención dedica a la acción popular, cuya regulación considera susceptible de reforma. Critica que determinadas organizaciones la utilicen con fines políticos o de desestabilización institucional y cuestiona la admisión de algunas investigaciones con bases probatorias insuficientes.

Asimismo, reflexiona sobre la tendencia a trasladar a los tribunales conflictos que deberían resolverse en el ámbito político y parlamentario, así como sobre las dificultades que, en ocasiones, surgen para aceptar e interpretar determinadas leyes aprobadas democráticamente.

Se trata de una obra rica en matices y llena de temas para la reflexión. Creo que todos los ciudadanos deberíamos tener un conocimiento básico del funcionamiento de las instituciones que sostienen nuestra democracia. No estaría de más que escuelas, institutos y universidades incorporasen una verdadera educación cívica y democrática que fortaleciese nuestra capacidad crítica y nos permitiera comprender mejor asuntos complejos que, con demasiada frecuencia, terminamos reduciendo a simples opiniones o lugares comunes.

Me dejo mucha tinta en el tintero. El libro aborda numerosos temas que apenas he mencionado y que merecerían un análisis más detenido. Estas líneas no pretenden ser una crítica literaria ni un examen exhaustivo de la obra, sino tan solo una invitación a su lectura. Visto para sentencia es un libro que invita a reflexionar sobre la justicia, la democracia y el papel que desempeñan quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes. Merece la pena leerlo, pensar sobre lo que plantea y extraer cada uno sus propias conclusiones.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

El levantamiento de siete años de secreto de sumario alrededor del caso Montoro reveló el pasado verano la existencia de una compleja investigación sobre una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. Un caso que, un año después, avanza con lentitud debido a la enorme cantidad de investigados y, por ende, de recursos interpuestos. Y cuyo futuro quedará determinado a la vuelta del verano. A mediados de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Audiencia de Tarragona deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada por Equipo Económico, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama. Lo que resuelva el órgano determinará si la investigación alza de una vez el vuelo o si, por contra, se enreda aún más.

La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones. Entre los investigados, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios de sus ex altos cargos.

Tras el alzamiento del secreto, las partes solicitaron plazos de hasta tres meses para poder instruirse adecuadamente sobre el contenido de la causa. E, incluso, se llegaron a conceder plazos extraordinarios para la interposición de los recursos contra las decisiones del instructor del caso, el magistrado Rubén Rus. Entre personaciones y una montaña de apelaciones transcurrieron los primeros meses. Movimientos en los que la Fiscalía Anticorrupción apreciaba un intento de "cargarse la investigación". "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna", denunciaba la fiscala, Carmen García Cerdá, en uno de sus escritos.

Los primeros movimientos de la consultora fundada en 2006 por Montoro se dirigieron a disparar contra la validez del correo que dio origen al caso, contra la duración del secreto de sumario o contra la competencia del juez de Tarragona para dirigir la investigación. Tres líneas de ataque a las que sumaron una cuarta en mayo, cuando remitieron al juzgado dos extensas periciales en las que defendían que algunos de los informes elaborados por los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria en la causa carecían de "fundamento sólido" e incurrían en "interpretaciones erróneas". "Adolecen de numerosos errores, omisiones e inconsistencias lógicas", sostenía Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, el ex alto cargo de Hacienda fichado por Equipo Económico para rebatir a los investigadores.

Por aquel entonces, el instructor había decidido impulsar la investigación solicitando abundante documentación al Ministerio de Hacienda, registros mercantiles, empresas investigadas e, incluso, notarios –con la vista puesta en el régimen económico matrimonial de los investigados–. También autorizó a los investigadores el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. Y libró cerca de 40 mandamientos solicitando dos décadas de información bancaria –entre otros, del exministro–. Lo hizo después de que la Agencia Tributaria alertara en su último informe de "deficiencias" en los datos financieros facilitados durante la investigación: "La ausencia [...] constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe".

El análisis de toda esa información aún no ha concluido. Por eso, el pasado jueves el instructor decretó una nueva prórroga de la instrucción. En su auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que subraya la complejidad de las pesquisas, recuerda que aún se tiene que llamar a declarar a 17 investigados, entre los que se encuentran los peces gordos. Por el momento, se han practicado una quincena de comparecencias –diez personas físicas y cinco jurídicas– en la causa. No obstante, solo en un caso se han respondido las preguntas planteadas. El resto de imputados ha preferido acogerse a su derecho a no declarar. Al menos, hasta que la Audiencia de Tarragona resuelva las distintas apelaciones que tiene sobre la mesa.

Unos recursos que la Audiencia verá a la vuelta del verano. El 14 de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Sección Segunda deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada a finales de marzo por Equipo Económico vía artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé un cauce extraordinario para aclarar este asunto en plena instrucción ante un tribunal superior, que resolverá "de plano y sin ulterior recurso". En su escrito, defiende que la causa debería estar en un juzgado de Madrid, que es donde se habrían cometido los supuestos delitos. En la capital se encuentra la sede de Equipo Económico, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales o el Ministerio de Hacienda. "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", señala el bufete.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rechaza estos argumentos y defiende que la causa continúe en Tarragona al entender que es allí donde se producen los "hallazgos delictivos". "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene la fiscala en su escrito, que se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habrían tenido sobre las arcas catalanas o en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense.

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Señor Feijóo, señores del PP: no en todos los partidos existen ladrones, prevaricadores y corruptos. También hay personas en otros partidos que no lo son, que luchan por la igualdad, por ampliar los derechos humanos y por aumentar el bienestar. Pero eso, para ustedes, no sirve. Su cruel táctica, su innoble patriotismo, su falta de respeto por la democracia, y ese permanente "y tú más" resultan tristísimos. Pero, ¿cómo se atreven a comparar varios casos a los cientos de casos de corrupción que tienen, han tenido y volverán a tener si vuelven al poder? Y, si pasa, unos cuantos togados, comprados y miserables, los dejan en libertad o dilatan los procedimientos durante años, hasta que los delitos prescriben. Son capaces de utilizar las instituciones, la policía y pseudomedios de comunicación. Y, en cuanto a algunos periodistas, son sus propios amigos quienes los ponen a su servicio.

Mire, señor Feijóo; señor Abascal; señora Ayuso; señor Aznar: argumentar con mentiras para alimentar el odio lo único que consigue es cargarse la democracia. Y eso lo pagarán, porque una parte de la ciudadanía no lo vamos a permitir. Además, quienes hoy los apoyan acabarán dándose cuenta, más pronto que tarde, de que han sido utilizados y de que, en el fondo, ustedes son peores. Es cierto que el poder corrompe y el bipartidismo favorece esa corrupción. Por eso el pueblo lleva tiempo diciendo que no acepta ni quiere un sistema bipartidista. Quiere pluralidad de partidos, quiere aumentar su bienestar, quiere nobleza, quiere diálogo y, sobre todo, no quiere ni odio ni crispación. Y, aun así, me gustaría dirigirme a esa ciudadanía que los apoya para pedirle que reflexione sobre a quién está respaldando: a un partido con actuaciones más propias de una mafia, utilizando la justicia, las instituciones, etc. Basta ya, señores del PP y de Vox. No todos son iguales. Existen políticos honestos, incluso dentro de su partido, señor Feijóo. Pero está claro que eso no es lo que ustedes quieren. Lo que buscan es que sus dirigentes, para llegar al poder, sean cada vez más irracionales, más corruptos y más generadores de odio y crispación. Esa es la realidad de esta oposición.

La ciudadanía y los partidos que todavía creen en la democracia, y que rechazan a quienes actúan contra ella, pueden hacer algo ya: decir, alto y claro, basta. Porque, digan lo que digan los peperos y los voxeros, somos más. Lo único que tenemos que hacer es salir, hablar y actuar. Y, aunque me cueste decirlo, quizá ese proceso no deba estar liderado por el PSOE, sino por otro dirigente. Todavía queda tiempo para demostrar que el refrán "piensa el ladrón que todos son de su misma condición" no define a la izquierda. Para ello hay que poner en marcha, sin descanso y día tras día, políticas como una mayor presión fiscal sobre quienes más tienen; que la Iglesia pague lo que le corresponda y devuelva lo robado; que los grandes tenedores de vivienda sean sancionados si no ofrecen alquileres sociales; que se afronte de verdad el problema de la vivienda; que aumente el salario mínimo interprofesional; que crezca el empleo y se facilite más empleo público. Y, si fuera necesario, que se nacionalicen aquellas empresas energéticas que aumentan sus beneficios elevando el precio de sus productos. También habría que limitar el precio de los alimentos para evitar la especulación y conseguir que los bancos devuelvan lo que deben, dejen de cobrar determinadas comisiones y no se aprovechen de los índices hipotecarios.

Ya sé que pueden parecer soluciones utópicas. Nadie pide que se implanten ya; requieren tiempo, igual que otras medidas sociales, de igualdad y de mejora del bienestar. Pero hay que empezar, no solo sobre el papel, sino con hechos. No podemos permitir que personas como Mazón o Ayuso, con sus víctimas por sus ineptitudes, o señores como Aldama, Bárcenas y otros, estén en la calle mientras otras personas, condenadas por delitos "menores", se estén pudriendo en la cárcel. Y, ante todo, hay que reformar la justicia y depurar a quienes utilicen su posición en el poder judicial para hacer política y golpes de Estado a la democracia, porque no se puede aceptar que se actúe contra la democracia ni que se impida que la ciudadanía amplíe sus derechos para preservar privilegios.

En resumen, no todos son iguales. El refrán “piensa el ladrón que todos son de su misma condición” solo sirve para esos dirigentes del bipartidismo que han visto en la política no una solución para ayudar a la ciudadanía, sino una herramienta para aumentar su patrimonio y las de aquellos y aquellas que les corrompen y les ayudaron. Al final ven que, con ayuda de “sus togados”, les sale muy bien: salen libres y todavía les pagan. Irracional y desdeñable.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

Dos años después de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía empieza a desplegar sus efectos en el Supremo. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha aplicado en los últimos días la medida de gracia a más de una docena de condenados y acusados por desórdenes públicos y desobediencia. Lo ha hecho meses después de que el Constitucional diese el visto bueno a una norma contra la que se ha alzado buena parte de la judicatura –incluida su cúpula–. Y tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dando su aval al texto. Un movimiento del Supremo que, sin embargo, no anticipa el olvido penal inmediato para los líderes del procés, que aún están a la espera de que la corte de garantías les abra el camino.

Tras meses de trámites parlamentarios y de retoques por las trabas en distintas causas judiciales –fundamentalmente, el caso Tsunami y el caso Volhov–, la Ley de Amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024. Sin embargo, pronto se topó con la resistencia del Supremo. A las pocas semanas, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y el instructor de la causa del 1-O –el magistrado Pablo Llarena– emitieron sendos autos en los que rechazaban que la malversación por la que fueron condenados los líderes del procés –y que aún persigue a los fugados– tuviera encaje en la norma. La ley permitía amnistiar dicha conducta si no había existido "propósito de enriquecimiento". Sin embargo, en este caso los magistrados consideraban que al desviar fondos para la consulta, los acusados habían obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial".

"Quienes eran ajenos al desempeño de funciones públicas aportaron cantidades que consideraron oportunas para hacer realidad lo que luego resultó un frustrado proyecto político. Pero todos sufrieron un decrecimiento de su patrimonio. Por el contrario, los responsables políticos que dispusieron de ingentes partidas presupuestarias para favorecer los mismos fines no vieron alterado su patrimonio en esas cuantías", argumentaban en una resolución que contó con el voto discrepante de la magistrada Ana Ferrer. No obstante, sí consideraban que el delito de desobediencia quedaba cubierto porque se abarcaba "en su integridad, sin matices, sin distinción". Y en la misma línea se pronunció en casos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Pese a ese encaje jurídico, el Alto Tribunal no aplicó la amnistía automáticamente en todas esas causas. Consideraba que la norma vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley y atentaba contra los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad. Y, por ello, planteó una cuestión de inconstitucionalidad que volvió a poner todo en stand by. El Tribunal Constitucional, finalmente, avaló hace un año el encaje de la norma en la Ley Fundamental. Pero el Supremo decidió no mover ficha hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las cuestiones prejudiciales impulsadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, en las que se planteaba un posible choque de la ley de amnistía con el derecho comunitario.

Luxemburgo rechazó formalmente a mediados de mes que la norma afectase a los intereses financieros de la Unión Europea o que menoscabara la directiva europea contra el terrorismo. Y una vez confirmado el fracaso en ambos frentes, al Alto Tribunal no le ha quedado más remedio que empezar a aplicar la medida de gracia. El Supremo ha declarado amnistiados en la última semana los actos cometidos por al menos una docena de personas. Es el caso, por ejemplo, de tres jóvenes que fueron condenados por desórdenes públicos a raíz de su participación en los disturbios de Barcelona o Girona tras darse a conocer la sentencia contra los líderes del procés por el referéndum del 1-O.

El Supremo, del mismo modo, ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Maties Serracant, el ex alcalde de Sabadell condenado por desobediencia al facilitar la consulta independentista. Y lo mismo ha hecho respecto a ocho exmiembros de la Mesa del Parlament. Cuatro de ellos –Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó– fueron castigados por haber permitido la tramitación de las normas sobre las que se apoyó el referéndum, y los otros cuatro –Josep Costa, Adriana Delgado, Roger Torrent y Eusebi Campdepadrós– por permitir, tras la sentencia del 1-O, que se impulsaran resoluciones relacionadas con la autodeterminación o que reprobaban a la monarquía. Un delito de desobediencia que también ha quedado borrado en el caso de Meritxell Serret, consellera en el Govern que promovió el 1-O.

El movimiento del Alto Tribunal solo se ha producido en causas juzgadas en instancias inferiores por desórdenes públicos y desobediencia que han llegado hasta su mesa vía recurso. Y no anticipa, por tanto, una amnistía inmediata para los líderes del procés. Previamente, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo de todos los dirigentes condenados y procesados, que previsiblemente serán estimados. El plan es abordar, en primer lugar, los de los ya condenados –el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull–, de forma que la doctrina que se genere se aplique por extensión a los huidos –el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig–.

La corte de garantías ya ha fijado el 22 de septiembre para abordar en Pleno el recurso de amparo de Turull. Como ponente del mismo se ha designado al magistrado conservador José María Macías. Dado que hasta ahora ha sido uno de los más críticos con la ley de amnistía, lo previsible es que proponga rechazar el recurso. Si la mayoría, por contra, considera que el mismo debería ser admitido, tendrá que nombrarse un nuevo ponente que elabore una resolución que recoja el sentir mayoritario. Por eso, en el Constitucional se da por hecho que las primeras resoluciones no llegarán hasta octubre. En teoría, solo con ellas, en caso de ser estimatorias, el Supremo debería aplicar la medida de gracia a todos los líderes del procés.

Pedro Sánchez atribuye las causas judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a una intencionalidad política compartida por el PP y Vox. Lo hizo durante la comparecencia semestral de balance de la acción de Gobierno.

Sánchez recordó que, en el caso de su hermano y de su esposa, no ha sido la Fiscalía la que ha impulsado las causas. “Fíjese, es curioso, porque en el caso de mi familia, de David Sánchez y de Begoña Gómez, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento —en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez, de un supuesto delito de malversación— y no ha sido requerida la Abogacía del Estado, que en teoría está para defender los intereses de la Administración pública”, afirmó.

El presidente añadió que, ante la ausencia de estas dos instancias, son las acusaciones populares las que sostienen ambos procesos. “Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Las acusaciones populares”, dijo.

Sánchez afirmó que detrás de esas acusaciones hay una intencionalidad política. “Es evidente que hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares y, por cierto, por parte también de partidos políticos, de Vox, del Partido Popular, que se presentan con acusaciones populares”, subrayó.

El presidente describió la actuación de ambos partidos en los tribunales: “La única propuesta que hacen, que se conoce durante estos años, es elevar penas de cárcel. Esas son las propuestas que están haciendo. Ese es el tipo de oposición que tenemos”, se quejó. 

Preguntado acerca de si actuaría igual en 2018, cuando presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, a la vista de los acontecimientos que han afectado al exministro José Luis Ábalos, Sánchez remarcó las diferencias entre la gestión de los casos de corrupción del PSOE y la del PP con la trama Gürtel. “Yo le ofrecí al señor Rajoy que asumieran las responsabilidades políticas, porque no asumieron ninguna. Al contrario, lo que hizo fue encubrir y proteger una corrupción sistémica que afectaba a su partido”, dijo.

Y contrapuso esa actuación con la de su propio partido. “En el caso del Partido Socialista, cuando ha habido el más mínimo atisbo, lo que hemos hecho ha sido actuar con contundencia. Creo que hay una enorme diferencia entre unos y otros”, sostuvo.

El presidente insistió en que la comparación entre partidos no se limita al pasado. “Hay múltiples casos, no solamente del pasado, sino actuales, en relación con el Partido Popular y con la ultraderecha de Vox, que también nos dicen cómo actúan unos y cómo actúan otros cuando, por desgracia, emergen casos de corrupción como el que nosotros también hemos sufrido”, afirmó.

Sánchez pidió no reducir a su hermano y a su esposa a su parentesco con él. “Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse”, afirmó.

El presidente detalló incluso la trayectoria académica de su hermano. “Uno es mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió seis años; habla perfectamente ruso e inglés. También habla francés e italiano”, explicó.

Sánchez defendió su derecho a recurrir la sentencia que le condenó por inhabilitación. “No es mi hermano solo; es fundamentalmente David Sánchez y, por tanto, él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta. Esperemos que otras instancias le den la razón, como yo le defiendo también”, dijo.

Sánchez trasladó el mismo argumento al caso de su esposa, investigada por un supuesto delito de malversación. “Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de diez años trabajando en su empresa”, relató.

Y explicó por qué Begoña Gómez dejó su puesto profesional al llegar él a La Moncloa. “Cuando dejó su empresa fue en el año 2018, cuando yo entré a ser presidente del Gobierno. Renunció a su empresa para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado, por parte de intereses que hoy, a través de las acusaciones populares” se están confirmando, afirmó.

Sánchez recordó también la trayectoria académica previa de su esposa. “Era una profesional antes de que yo la conociera. Antes de que yo fuera secretario general del Partido Socialista, colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másteres y estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó", dijo.

Una vez más, el presidente pidió no reducir a su esposa a su relación con él. “No es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad y de profesionalidad, y que además han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional”, declaró.

Sánchez planteó una pregunta sobre el coste personal de ocupar la Presidencia del Gobierno. “La pregunta que nos tenemos que hacer es si la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional. ¿Esa es la España que queremos?”, afirmó. Sobre el desenlace judicial de la causa, se limitó a decir que espera que “acabe lo que tiene que acabar”.

Sánchez abordó también, en la misma comparecencia, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, afectado por una investigación acerca del préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra y por haber aceptado joyas como regalo.

Sánchez respaldó a su antecesor sin entrar a valorar el contenido de las explicaciones que este dio la semana pasada en una entrevista concedida a Televisión Española. “Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo. Respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales de esta investigación. Ya veremos en qué deriva”, dijo.

Lo que se negó a comentar son las palabras de Julio Martínez, una de las personas investigadas en la causa, que declaró ante el juez que Zapatero le informó del rescate a Plus Ultra antes de que lo supiera la SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales. “Esa es su versión”, dijo, rechazando expresamente tener que “opinar sobre las versiones de unos y otros y sus estrategias de defensa”.

Sánchez sí defendió de nuevo la legalidad del expediente. “El expediente de Plus Ultra ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica, no sé cuántas veces. Desde el Gobierno de España decimos lo que hemos dicho siempre”, que el expedientese tramitó de acuerdo con “una legalidad absolutamente intachable”.

“Quiero recordar una vez más”, añadió, “que no es un rescate, que fue un préstamo, con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas que lo recibieron”, explicó. Y que ese mecanismo permitió “la conservación de 60.000 puestos de trabajo” durante la pandemia.

Sobre las joyas recibidas por Zapatero, calificadas por el propio expresidente como “un regalo de cortesía personal sin afán lucrativo” pero cuyo origen concreto todavía no ha explicado, Sánchez remitió las explicaciones pendientes a su antecesor. “Las explicaciones las dará el presidente Zapatero en la sala, en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere. Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero", zanjó.

Ya hemos ganado el Mundial de fútbol y creo que eso hace ver la clase de país que somos. Un país abierto, solidario y admirado en el mundo por mucha gente. Un país que cree en la democracia bien entendida. Un país que se pone del lado de la Justicia de verdad, la escrita con mayúsculas, criticando el hecho de entrar en la guerra sin respetar las leyes que defendimos desde jóvenes, o sea, saltándose toda ley hasta ahora en uso. Y manteniendo el tipo aunque chillen.

Pero todo esto, hoy en España, tiene una oposición que se resume en la victoria de la selección de una manera clara, pero que trataré de explicar mejor. La selección de España está compuesta por catalanes, vascos, personas del resto de España e inmigrantes y homosexuales, aunque quizá en la selección actual no haya ningún homosexual. Nunca España estuvo tan alto en todo el deporte y ese es un escaparate de país. Con Franco nadie sabía de nosotros ni les interesaba. Esto es lo que está estorbando a la derecha de Aznar y a todos sus muñecos. Y me hace pensar en la España que desea la derecha y no coincide en absoluto con esos deseos, aunque se feliciten porque representa a la «España real», esa palabra mágica que tanto les ayuda, pero engañando hasta a sus votantes. Es como oponerse al aborto, pero luego opinan a favor de aquel que asesina niños vivos en Gaza o en cualquier guerra. Aplauden a quien toma países por su gracia de dios, sin ajustarse a leyes eternas. Y odian el perdón o la amnistía a catalanes que erraron en el comportamiento, pero sin originar víctimas.

El absurdo de esta oposición y su ejército civil de medios y judicatura es este precisamente. Para ello se paga con el dinero de todos a los que cuentan mentiras y a los que hacen juicios solo hacia un lado político, obviando los suyos. Porque a mí personalmente me da mucho asco que mi dinero se utilice para esos pagos a Jiménez Losantos o Inda, por nombrar a los más conocidos. Y deberíamos ya decirlo en plazas y calles de este país. Y pagando a mercenarios que persiguen a políticos hasta su casa, y si es mujer aún más, o ya el colmo, aplaudir las homilías del papa cuando está diciendo totalmente lo contrario de lo que dicen y hacen realmente, como el amor al prójimo reflejado en odio hacia quienes se les amnistía por un error cometido, y reconocido por muchos. El odio es la máxima que manejan y eso sirve para votarles. Mis impuestos no son para eso.

No sé si esa es una oposición sensata o se volverá en su contra, porque los excesos producen hastío y cansancio y, a veces, hasta sonrisa. Llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno en muchas partes no es vivir en una dictadura, según creen. Y nunca los he visto definir el sanchismo, que no sé si será hacer una amnistía para acabar con el lío catalán, como de hecho ocurrió, o subir el SMI o expulsar del partido a quien es corrupto. Han cometido errores, pero como todos. Puede que a ellos les gusten más los diálogos escuchados de Cospedal y muchos más en juicios que sabemos que son impunes por la gracia de dios, como quizá lo es también el corrupto Aldama porque juega en el mismo equipo. Cuánto echo de menos la IA para sentenciar los juicios, porque no podemos seguir así.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

*En memoria de mi madre.

"Noticias falsas, calumnias, que calientan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma legal, pero en realidad ya ha sido juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio hecho así, popular, hecho a propósito, preparado… es un modo de hacer jurisprudencia" (Papa Francisco. Homilía de Santa María, 28/4/20).

Hay condenas que dictan los tribunales y otras que emite la opinión pública mucho antes de que un juez pronuncie una sola palabra. Las primeras pertenecen al Derecho; las segundas responden a la política, la comunicación y la necesidad de transformar la sospecha en certeza. En esa tensión se mueve hoy buena parte del debate sobre la presunción de inocencia en España, un derecho que la Constitución reconoce de forma expresa y que se ve cada vez más expuesto a una erosión práctica, difícil de corregir.

La garantía del artículo 24.2 de la Constitución nunca tuvo un respaldo jurídico tan sólido ni una fragilidad social tan visible. No porque los tribunales hayan renunciado a protegerla, sino porque el proceso penal ya no transcurre solo en los juzgados: convive con un proceso paralelo, inmediato y emocional —filtraciones, declaraciones políticas, titulares, redes sociales— que no conoce reglas de prueba ni respeta la contradicción, y que, sin embargo, influye de manera creciente en la percepción pública de cualquier procedimiento.

No se trata de cuestionar la libertad de información ni la crítica política, esenciales en democracia. El problema aparece cuando esas lógicas invaden el proceso penal, cuya única finalidad legítima es determinar, con pruebas valoradas con todas las garantías, si una persona ha cometido o no un delito. Confundir esos planos desnaturaliza el único que puede restringir legítimamente la libertad de un ciudadano.

La investigación seguida contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ilustra esa tensión. No porque permita anticipar ninguna conclusión sobre el fondo —algo incompatible con el respeto a la función jurisdiccional—, sino porque muestra cómo una causa penal puede convertirse desde sus primeras fases en un espacio de confrontación política y mediática que termina proyectándose sobre las propias garantías procesales. Lo significativo no ha sido solo la intensidad del debate, sino la reacción ante una decisión perfectamente legítima: que el investigado decidiera declarar primero ante el juez y reservar allí sus explicaciones, opción que forma parte del núcleo del derecho de defensa y que algunos han leído como opacidad o indicio de culpabilidad. Ahí está una de las claves del problema.

En un Estado de derecho, la primera obligación de quien debe defenderse en un proceso penal no es satisfacer la curiosidad pública ni el debate político, sino defenderse eficazmente dentro del proceso. Guardar silencio, no autoincriminarse, no revelar anticipadamente la estrategia de defensa y comparecer solo ante el órgano jurisdiccional no son concesiones graciosas ni privilegios: son garantías estructurales del modelo acusatorio, conquistadas durante siglos para impedir que el poder sustituya la prueba por la sospecha.

El problema es que el ejercicio de esos derechos ha comenzado a interpretarse como motivo de desconfianza: comparecer ante los medios se lee como intento de construir un relato; guardar silencio, como ocultamiento; declarar solo ante el juez, como falta de transparencia. Casi ninguna conducta queda a salvo, porque cualquier decisión procesal termina absorbida por una narrativa previa de culpabilidad. La consecuencia es seria: la presunción de inocencia no se vacía únicamente con una sentencia condenatoria, sino que puede erosionarse mucho antes, cuando el ejercicio del derecho de defensa se interpreta como indicio incriminatorio. Jurídicamente sigue existiendo la garantía; socialmente empieza a imponerse la presunción de culpabilidad.

Se ha escrito mucho sobre juicios paralelos y filtraciones, pero menos sobre algo más profundo: la contaminación estructural del proceso penal. No se trata solo de que existan opiniones externas sobre una investigación, sino de que el ecosistema político y mediático altere las condiciones en las que las garantías procesales deben desplegar su eficacia. Esas garantías se concibieron para controlar el poder estatal dentro del proceso —cómo debe practicarse una prueba, cómo incorporar datos o documentos, cuándo autorizar una intervención telefónica, cómo practicar un registro—, no para neutralizar una filtración interesada o una campaña sostenida durante meses. Ningún recurso judicial repara por completo una reputación dañada por una acusación convertida en espectáculo antes de llegar a juicio.

Cuando la lógica del enfrentamiento político sustituye a la lógica probatoria del Derecho, la verdad deja de construirse mediante pruebas y se edifica sobre percepciones y mayorías coyunturales. El proceso penal se transforma en un instrumento narrativo: cada diligencia se presenta como confirmación, cada filtración como prueba. Deja de ser un mecanismo para descubrir la verdad y pasa a ser una maquinaria para consolidar un relato previo.

De ahí uno de los efectos más inquietantes: la inversión silenciosa de la carga de la prueba. El proceso penal exige que sea la acusación quien destruya la presunción de inocencia con prueba de cargo suficiente; sin embargo, el debate público termina imponiendo al investigado la obligación de demostrar públicamente que no cometió los hechos. El uso del lenguaje, aquí, como en otras ocasiones, no es inocente.

Ningún tribunal modifica formalmente las reglas, pero en el plano de la percepción social el investigado pasa a ser tratado como culpable mientras no convenza a la opinión pública. Esa exigencia es especialmente injusta porque obliga a probar un hecho negativo: la probatio diabolica que el Derecho romano ya reconocía como pretensión imposible. Ningún sistema serio puede imponer a una persona la carga de acreditar que un hecho nunca ocurrió; por eso el proceso penal moderno descansa sobre un principio básico: quien afirma la existencia del delito debe probarlo.

Esto es especialmente claro en delitos como el tráfico de influencias, donde el tipo penal exige acreditar una influencia concreta, ejercida sobre una autoridad determinada, con finalidad y relación causal suficientes con el acto adoptado. Lo que no alcance ese nivel pertenece a la sospecha, no a la prueba, aunque el debate público suela exigir al investigado que demuestre precisamente lo contrario, invirtiendo una carga que corresponde a quien acusa.

La diferencia entre sospecha y prueba también se aprecia en el uso de indicios y declaraciones incriminatorias. La prueba indiciaria solo destruye la presunción de inocencia cuando parte de hechos plenamente acreditados que, en conjunto, conducen mediante un razonamiento lógico a una única conclusión incriminatoria; no basta acumular sospechas ni unir piezas inconexas. En fase de instrucción esos requisitos rara vez están completos, porque los hechos siguen investigándose y las diligencias buscan precisamente confirmar o descartar posibilidades, pero nunca convertir aquella en una prospección a la "caza" de delitos a los que acomodar los hechos. Anticipar un valor incriminatorio pleno a elementos todavía provisionales equivale a sustituir la función investigadora por una conclusión que corresponde al tribunal tras el juicio oral.

Algo semejante ocurre con las declaraciones de coimputados o los denominados “pentiti”: pueden orientar una investigación, pero no sustituir la prueba. Su credibilidad no depende de su impacto mediático, sino de que existan elementos externos que la verifiquen objetivamente. La jurisprudencia constitucional es constante en este punto: la declaración incriminatoria de un coimputado solo tiene eficacia probatoria si aparece corroborada por datos objetivos independientes, no por la repetición de otro relato semejante. Y cuando la obtención de ciertos elementos probatorios suscita dudas sobre su licitud inicial, reforzarlos mediante declaraciones derivadas de aquellos no elimina la objeción, sino que puede extenderla. Las garantías no son formalidades vacías: son las condiciones para que la verdad judicial sea también una verdad constitucionalmente legítima.

El proceso penal y el debate público funcionan con reglas profundamente distintas. El primero exige contradicción, corroboración y prueba válida; el segundo suele conformarse con la coherencia aparente de un relato. Por eso la acumulación de titulares puede crear una certeza social aparente contraria a la solidez jurídica de la acusación precisa. La novedad no es que existan críticas políticas o cobertura informativa intensa —algo que siempre ha acompañado a las democracias—, sino la velocidad con la que una investigación penal puede convertirse en una verdad social definitivamente cerrada.

Ahí emerge uno de los conceptos más inquietantes de la cultura jurídica contemporánea: la muerte civil. Antes describía la pérdida de capacidad jurídica asociada a ciertas condenas; hoy adquiere otro sentido, porque la exposición mediática de un procedimiento puede convertir al investigado en objeto de una condena social irreversible. Incluso una absolución posterior rara vez restituye del todo el daño reputacional, profesional y personal sufrido durante años.

No se trata de pedir impunidad ni de apartar a la justicia del escrutinio público: todo poder democrático debe ser criticado. Tampoco de ofrecer trato especial a quienes ejercieron responsabilidades políticas; la igualdad ante la ley implica que respondan ante los tribunales como cualquier otro ciudadano. Pero esa misma igualdad exige que disfruten exactamente de las mismas garantías procesales. Por eso la cuestión de fondo no es solo el caso concreto, sino la reacción que provoca el ejercicio de derechos procesales legítimos: cuando esa reacción se generaliza, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional.

La presunción de inocencia no pertenece al investigado; pertenece al Estado de derecho. El derecho a guardar silencio o a no declararse culpable protege no solo a quien finalmente resulte inocente, sino también a quien pueda ser culpable, porque los derechos fundamentales existen no para premiar conductas ejemplares, sino para impedir que el poder castigue sin haber demostrado antes la responsabilidad conforme a las reglas del proceso. Cesare Beccaria escribió que es preferible absolver a un culpable antes que condenar a un inocente, porque el error del primer caso es excepcional y el del segundo destruye la confianza en la justicia. Hoy esa advertencia adquiere una dimensión nueva: el riesgo no reside solo en una condena judicial errónea, sino también en aceptar que la sospecha sustituya gradualmente a la prueba y que el proceso penal sirva para confirmar una culpabilidad ya construida en el espacio público.

Quizá haya llegado el momento de ampliar el debate sobre la presunción de inocencia. Durante años nos hemos preguntado cómo protegerla frente a decisiones arbitrarias del poder público; hoy la pregunta es distinta: cómo preservarla cuando el proceso penal sigue siendo formalmente correcto, pero el entorno político y mediático vacía de contenido sus efectos prácticos. La Constitución protege al ciudadano frente al poder del Estado, pero hoy el mayor poder para destruir la presunción de inocencia no siempre procede del Estado, sino de la capacidad de construir una verdad pública antes de que exista una verdad judicial. Ninguna garantía procesal fue diseñada para neutralizar por sí sola ese fenómeno. Por eso el problema decisivo ya no es si un procedimiento acabará en condena o absolución, sino si aceptamos que un ciudadano deba defender primero su reputación ante los medios para conservar después sus derechos ante los jueces. Si se invierte ese orden, se invierte también el sentido del proceso penal: cuando la sospecha sustituye definitivamente a la prueba, la víctima deja de ser un investigado concreto y pasa a ser el propio Estado de derecho.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Euro arriba, euro abajo, mire usted. Esa es la escandalosa cantidad de fondos públicos dedicados cada año por María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora de la señora Begoña Gómez, a responder a correos relacionados con la cátedra de la Complutense que, presuntamente, correspondían a fines personales de la mujer del Presidente del Gobierno.

Es una cantidad inferior incluso a la cantidad que separa un delito grave de uno leve o falta (400 euros) por la que todos los días suceden hurtos en este país y, o no se persiguen, o como dicen el imaginario popular, se detiene a los culpables, y “entran por una puerta y salen por otra”. Por esta ridícula cantidad se pretende llevar por la vía penal a una persona frente a un jurado popular que con casi toda seguridad condenará a pena de cárcel. Esto es lo que hace una justicia en un ‘país con democracia plena’, una justicia guiada únicamente por intereses políticos y de la que la mayor parte de la ciudadanía recela.

Es grotesco, podría decirse que incluso cómico si no afectara tan injustamente a la persona objeto de este proceso y, por extensión, a todos nosotros. Siempre supimos que la Justicia no era igual para todos, que era discrecional, se cebaba con el débil, era una cosa de gente bien que decidía a favor de la gente bien, poderosa y con dinero, pero nunca lo hemos visto de manera tan evidente como lo vemos ahora.

Políticos condenados sin razón y otros machacados con sentencias ejemplarizantes del máximo rigor, super defraudadores evitando medidas cautelares a cambio de apuntalar (siendo generosos) causas contra aquellos a los que se quiere empapelar, fiscales y jueces colgándose medallas para favorecer prevaricadores futuros profesionales. Todo un crisol de gente mediocre y miserable blindados en unos puestos que jamás debieron ostentar. Y mientras ejercen siguen destripando a inocentes, cayendo adversarios, promocionando incapaces y destruyendo la imagen de una justicia imparcial. Porque a día de hoy, ¿alguien medianamente informado y con espíritu crítico cree en la Justicia?

* Nota: 214 euros salen de dividir 642 entre 3, que son los años durante los que se investiga a Begoña Gómez. 642 se obtiene al multiplicar el sueldo bruto por hora del personal eventual de Presidencia de Gobierno (31,84 €/hora) por el tiempo necesario para responder a 121 correos, que son los que se consideran como personales y dedicados a la cátedra de la complutense, considerando 10 minutos de dedicación por correo.

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Víctor González Laria es socio de infoLibre.

Ninguna vida aguanta un escrutinio exhaustivo. Se quejaba de indefensión el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera entrevista periodística tras la lapidación de los que están libres de pecado, por la indagación, incorporación a la causa y difusión pública de infinitos asuntos privados que no guardan relación con el caso por el que se le investiga, a saber fundar y liderar una organización internacional criminal que ríete tú de Salvatore Toto Riina.

Nadie hablaba después de lo más importante de lo que dijo en la entrevista del jueves pasado, que es el disparate de la investigación prospectiva y la difusión enloquecida de contenidos de índole personal de que ha sido objeto. Que es lo más importante porque es lo único que de verdad afecta al común de los mortales. Es un “si se lo hacemos a él, imagínate a ti” como un tren de mercancías, y ya lo hemos visto en casos anteriores, en los que se ha expuesto la disipada vida de los investigados, por si no hubiera condena penal.

En este nuevo coro griego de plañideras en el que nos hemos convertido, en el que diez minutos después de leer un auto de imputación con más imaginación y fantasía que los libros de la Dragonlance los impostores —que tontos del todo no somos— dejamos de hablar de los delitos para hablar de “la moral”, la reputación personal salta por los aires en una tómbola de la carne dirigida por los tribunales que convierte en inofensiva a la portera inolvidable de Chus Lampreave en Mujeres al borde de un ataque de nervios, aquella cuya principal actividad era esparcir insidias sobre la vida privada de las vecinas, parapetada en la inocencia del beato que profesa la fe de los testigos de Jehová: “Si me pregunta, le tengo que contar todo con pelos y señales. Ya me gustaría a mí mentir, pero es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí iba a estar yo”.

En las supuestas operaciones anticorrupción que llenan de intensidad nuestras mañanas y de cilicios los muslos de los catequistas socialistas y liberales, ya podemos apreciar un modus operandi indubitado y constante, que aplica a jueces de instrucción y primera instancia como a altas magistraturas del judicariado.

Paso uno, investigación e instrucción por algún delito tremendo y escandaloso; paso dos, acceso franco a estancias y comunicaciones relacionadas o no con la causa que, en la medida en que sean comprometedoras —por ejemplo, en términos de fidelidad conyugal o consumo desordenado de sustancias—, aterrizan antes en los titulares del oficio que en los sumarios judiciales. Paso tres, acabar condenando al concursante por algún pecado sin relación aparente con el asunto que nos trajo hasta aquí pero encontrado en las pesquisas.

A Álvaro García Ortiz lo iban a emplumar por una filtración a la prensa, pero acabaron condenándolo por una nota de prensa sobre un asunto de dominio público. Al músico David Sánchez había que echarle brea y plumas por tráfico de influencias en la consecución de su privilegiada plaza laboral en Badajoz —la Viena del Sur, como todo el mundo sabe—, pero acabó cayéndole el sambenito por el cambio de nombre de su cargo, ocurrido años después de los hechos investigados.

A José Luis Rodríguez Zapatero lo de atribuirle una doble vida como Toto Riina, entre jeques, sátrapas y virreyes ya se ve que no tiene un pase —bueno, ya se veía en el auto de imputación del probo juez Calama, como pudieron leer aquí mismo— sirvió para mirarle en el dobladillo de los pantalones y ya está claro que lo van a intentar estrangular con un collar de dudoso origen.

Uno no es tan inocente como para creer que la UCO o la UDEF son depositarias de un conocimiento exhaustivo y riguroso del derecho penal y procesal español, pero sí espera que, en la alegre pandilla de investigadores que forman con togados y fiscales, estos sí posean unos mínimos rudimentos sobre la democracia garantista, en la que los derechos fundamentales han de ser una pared de granito contra las entrometidas viejas del visillo que componemos el oficio de impostores y que vamos recogiendo los lixiviados del material con el que se solazan los uniformados en las tardes de invierno.

La magra buena noticia es que las víctimas de este desordenado festival de escuchas indiscriminadas y filtraciones al por mayor podrán acudir —si la vejez los respeta—hasta la última instancia disponible en la justicia mundial, pues los últimos sanedrines del martillo de nueces solo actúan cuando, precisamente, son los derechos fundamentales del reo los que entretienen la desquiciada almoneda de La vida de los otros que se traen nuestras togas entre manos.

Es importante velar por el secreto de las comunicaciones y ser escrupuloso en la escucha y custodia de los materiales porque quien más quien menos sabemos que nuestras relaciones con los amigos, con la familia y con los jefes difícilmente sobrevivirían a que nuestra madre supiera —es una forma de hablar, mamá— lo que le decimos por guasap a nuestra hermana aquellos que tenemos tendencia a la humorada a cualquier hora del día.

Todo lo anterior no es más que una revisión de lo que llevamos meses viendo y hablando por aquí, la violación flagrante de los principios del liberalismo democrático, pero la novedad de la semana es que una de esas cotillas censoras, habitual del primer banco de la iglesia en la adoración nocturna de la rectitud moral, apareciera en liguero en la plaza pública por voluntad propia y sin siquiera santiguarse.

Es doloroso el episodio de Arcadi Espada, cuyos Diarios de antaño son la inspiración confesa de este púlpito de análisis periodístico, porque su incompatibilidad con la laxitud y las costumbres licenciosas lo llevó a censurar el uso relajado de las estructuras de la ficción de oficiantes de la información como Truman Capote, Jordi Évole o Javier Cercas —del que es famoso archienemigo—, de modo que se escamoteó a sí mismo el derecho a usar el sarcasmo o la parodia como arma periodística.

Al académico y genio absoluto Francisco Rico cabía perdonarle la humorada de cargar contra la ley del tabaco de 2010 aduciendo “no haber fumado en su vida”, pese a que los legajos de la biblioteca de la Real Academia de la Lengua aún lleven el olor de sus cigarrillos, porque además de un individuo proverbialmente dotado para el sarcasmo y exageradamente gracioso e inteligente, nunca se impostó como adalid del rigor notarial. Al punto de que nadie ha encontrado aún el poema y el autor inventados —según propia confesión— que introdujo en su monumental antología Mil años de poesía española.

La caída en ridículo—seguramente, no en desgracia— de Espada, martillo de herejes de la metáfora, deja ahora vacante el trono. Si bien, escuchando abrirse de carnes a media profesión con cualquier grabación cachazuda, no parece que vayan a faltar Savonarolas que concursen para sustituir al depuesto rey de la verdad.

En la sala 16 del juzgado de Londres (Old Bailey) se respira un ambiente enrarecido más allá de los formalismos en el comportamiento y las sutilezas lingüísticas que usan la docena de pulcros abogados —todos ellos blancos—, con túnica negra y peluca de pequeños tirabuzones ordenados y rizados en simetría.

La tradición, para la abogacía, se mantiene, al menos, en el aspecto y en los modales. El semblante de los letrados contrasta con el de los 12 miembros del jurado popular (seis hombres y seis mujeres de distintas procedencias; alguno con pantalón corto y sandalia playera, camisetas de algodón y calzado deportivo).

Los ocho encausados, por su catadura, podrían ser también transeúntes de la calle; una con el pañuelo musulmán, uno de aspecto africano. En la sala 16, las apariencias no engañan. Al contrario, letrados, jurado y encausados responden a los estereotipos típicos y tópicos del clasismo inglés.

La sala del juzgado, de madera marrón y color verde en los tapizados, acoge el juicio a ocho de los 25 conocidos como Filton25, miembros de Palestine Action (Acción Palestina) que irrumpieron en la fábrica israelí de armas y drones Elbit Systems en Filton, Bristol (a dos horas de Londres), el 6 de agosto de 2024.

Destrozaron varios drones que, a su parecer, estaban destinados a matar palestinos en Gaza. Este es el segundo de los cuatro juicios en los que se han repartido a los detenidos bajo la ley antiterrorista. Algunos han estado hasta 18 meses en prisión preventiva sin cargos.

Los cargos ahora no son de terrorismo, sino de robo agravado, daños o perjuicios a la propiedad y desorden o disturbios violentos. Es lo que hace rara (sin precedentes en la jurisprudencia inglesa) la vista judicial: detenidos por terroristas y acusados de ladrones y provocadores violentos. La pertenencia a una organización ilegal está castigada en el Reino Unido con penas de prisión que van de tres a 14 años.

Acción Palestina era legal hasta que se produjo una segunda acción: la entrada en la base aérea de Brize Norton el 20 de junio de 2025 para rociar con pintura de color rojo dos aviones militares de los que, según los encausados, se han utilizado o hubiesen podido ser utilizados para la destrucción de Gaza.

Esta acción, posterior a la de los drones, protagonizada por varios miembros de los Filton25, provocó la decisión del Gobierno británico de ilegalizar Acción Palestina y calificarla de terrorista. Los daños a la propiedad se han valorado en más de dos millones de libras.

La ilegalización ha provocado protestas en las que se ha acusado a 700 personas de apología del terrorismo y se han detenido a unas 3.300. ¿Serán juzgadas todas ellas también? Se preguntan algunos de ellos, como la sacerdotisa Sue Parfitt, una de las 700 acusadas.

Parfitt, de 84 años, residente en Bristol, como las armas israelíes, cuenta a infolibre que “la ilegalización de Acción Palestina no solo atañe al humanismo y a la defensa de los palestinos que están siendo masacrados impunemente, sino que deteriora nuestros derechos civiles en términos de libertad de expresión y de asociación; en lo que hace Acción Palestina no muere nadie ni hay violencia como la que se ejerce en la destrucción de Gaza de la que nuestro Gobierno es cómplice”.

En febrero de este año, un tribunal de tres jueces tumbó la ilegalización de Acción Palestina, abriendo un paréntesis de apelación por parte del Gobierno británico. El presidente del tribunal adujo lo siguiente: “Pese a que Acción Palestina promueve una causa política mediante tácticas delictivas, el alcance de las actividades no justifica la prohibición de la organización”.

En junio, cuatro meses después de la sentencia, un tribunal de cinco jueces (dos más que en el anterior) avaló la ilegalización de Acción Palestina en otra sentencia en la que la jueza Sue Carr, presidenta del tribunal, rebatía diciendo que “no es una propuesta sostenible presentar a Acción Palestina como una organización no violenta; con células encubiertas para destruir propiedad en empresas de defensa y en bases militares”. Dos pareceres distintos procedentes de la judicatura de túnicas negras y pelucas con tirabuzones simétricos.

En la sala que juzga a los ocho de la segunda tanda, los miembros del jurado dirigen sus miradas de vez en cuando a los encausados, que bien toman notas de la narrativa judicial, leen algún libro o muestran indiferencia en el supuesto banquillo que aquí tiene forma de fila de butacas de cine.

El juicio comenzó el pasado 15 de junio y está previsto que dure de seis a ocho semanas; una semana más aproximadamente. Ya empieza a cansar la rutina judicial en días de calor. En el espacio destinado al público, familiares y amigos de los encausados escuchan con atención a los abogados de la acusación y de la defensa. Se cruzan miradas inevitables en todas direcciones. El juez ha puesto restricciones a la presencia del público: solo se pueden ocupar 21 de los 32 asientos, o la segunda y tercera fila; quienes quieran presenciar el juicio deben proveer dos tipos de identificación: una con documento en vigor y foto y otra de dirección postal permanente, y manifestar su interés en el caso.

Entre el público asistente, los padres de Alexandra Herbich han asistido a la vista desde el primer día. Él toma notas con atención; ella, nacida en Polonia, dice a este medio que vino a este país en la década de 1970, "dejando un régimen autoritario, para disfrutar de los derechos y libertades que se ofrecía aquí; ahora todo está en retroceso”. La procesada es hija única, su madre solloza al manifestar: “Alexandra me dice que, comparado con los palestinos, ella tiene una buena vida”. Otra madre, Anne Farooque, defiende el pacifismo de su hija, también juzgada en este proceso.

Cinco de los ocho juzgados en el segundo turno de juicios han declarado ante la sala. Uno de ellos, William Nyerere Plastow, conocido como Will, de los que mira con rareza la sala 16, es licenciado por la Universidad de Cambridge, nieto de Julius Nyerere, activista anticolonial y primer ministro de la Tanzania independiente.

Will preguntó en voz alta: “¿Cómo se supone que te debes sentir viendo niños con el cuerpo a pedazos, y que te digan que no se puede hacer nada al respecto?”. El acusado argumentó que “el Tribunal Internacional de Justicia ha considerado...”. Fue interrumpido por el juez. Le dejaron cambiar de tema para explicar que durante la prisión preventiva, falleció su madre de cáncer. “Me perdí el último año de su vida”, añadió.

El primer juicio a seis de los Filton25, dirigido por el juez Jeremy Johnson, tuvo que repetirse por falta de veredicto unánime en algunos de los cargos. Tres cargos de ladrones y maleantes con conexiones terroristas (a determinar por el juez) a ocho encausados pronostican una sentencia tan compleja como la del primer juicio y su repetición. La judicatura británica, a diferencia de la española, tiene que compatibilizar las sentencias con la llamada natural law o jurisprudencia, lo que tensa este caso (el macrojuicio o cuatro separados a 25) todavía más, puesto que no hay precedentes. Habrán de hallar el vínculo entre terrorismo (político) y ladrones para sentar jurisprudencia para el futuro.

La carta remitida el lunes por el investigado en el conocido como caso zapatero Julio Martínez Martínez, en oportuna coordinación con el expresidente de la compañía aérea Plus Ultra y otro directivo de la misma, no son casos espontáneos, obedecen a un camino señalado recientemente por el Tribunal Supremo en el caso Ábalos que forma parte de una determinada concepción del derecho penal y en concreto de cómo se conforma la acusación y cómo se valora la prueba: la idea de que una vez que se configura una determinada hipótesis sobre la ejecución de un delito, el verdadero objetivo ha de ser encontrar la 'pieza mayor', el culpable más codiciado por las razones que sea, bien por razones político-criminales de encuentro de los máximos responsables, bien por alcanzar a los más vistosos o más trascendentes públicamente. Y todo ello, aunque para conseguirlo sea necesario construir una cadena de inferencias que enlace personas, reuniones y contactos hasta alcanzar al destinatario de la investigación, y aunque no existan pruebas periféricas o complementarias que con certeza lo avalen.

Naturalmente, para obtener esta suerte de delaciones determinantes es preciso premiar con excelsa generosidad a quienes las protagonicen, hasta el punto de obviar las condenas que pudieran corresponder al delator, cuya recompensa puede ir acompañada incluso del reconocimiento o aplauso social unido al olvido público (véase Aldama). No han inventado ni la fiscalía ni el Supremo patrio esta fórmula, obra con profusión en países como Estados Unidos, que incorpora fuertes incentivos para incriminar a terceros, o en Italia, que la empleó especialmente en asuntos como la mafia o el terrorismo, lo que derivó en ambos países a una fuerte reflexión al respecto una vez cosechadas falsas acusaciones e importantes abusos a la hora de concluir procesos, llevando a concluir la necesidad de obtener corroboraciones ajenas a la delación suficientemente fundamentadas para concluir la acusación.

En España no hemos sido ajenos a estas fórmulas de investigación, pero en teoría nuestro sistema ha sido mucho más garantista, reiterando el Tribunal Supremo que la declaración de un coimputado o de un partícipe no constituye una prueba privilegiada, sino que exige datos objetivos externos para fundamentar la condena, lo que ha quebrado en mi opinión el tan conocido y tan mediático juicio Ábalos, con las consecuencias que podemos empezar pronto a ver como apunta la investigación en el caso Zapatero.

La forma de razonar que parece subyacer tras la carta remitida por el Sr. Martínez y los otros dos investigados es clara, y consiste en proyectar responsabilidades sobre terceros, en este caso el expresidente del Gobierno, aunque en el caso al que se refieren no existan elementos objetivos equivalentes y ni siquiera sepan señalar qué actividades constituyeron la actividad delictiva. Es decir, si hubo tráfico de influencias: ¿ante qué autoridad pública se produjo?, ¿qué decisión administrativa concreta consiguió alterar?, ¿qué funcionario público recibió la influencia? Sin responder a estas preguntas (y al menos el señor Martínez no lo hizo en su declaración ante el juez al día siguiente) no existe reconstrucción típica del delito, sino una sucesión de sospechas.

No saber identificar al menos ante quién habría desplegado el Sr. Zapatero su actividad de influencia decisiva no es un detalle menor, es la pieza central del proceso penal y sobre ello hay que insistir. ¿Cómo podría el socio esencial del expresidente, su gran amigo, el transmisor y el eje de comunicación con la empresa pagadora de las supuestas mordidas no saber siquiera cuál era el objetivo de la influencia? Descartado que lo pueda conocer y no lo cuente ante la tan tentadora posibilidad de aumentar sus beneficios penales, tiende una a pensar en el riesgo de que estemos premiando ideaciones dirigidas a salvar los riesgos propios.

Y voy una vez más a terminar intentando elevar el análisis del caso concreto para señalar los riesgos colectivos, entendiendo por colectivo la propia pervivencia del Estado de derecho, y esta pervivencia quiebra si rebajamos los estándares de la prueba, si los investigados no son todos iguales: con todos los beneficios de la presunción de inocencia y toda la carga necesaria para destruirla; si la posición en el mundo desde un punto de vista político, social o económico de los presuntos partícipes de la acción delictiva constituye un objetivo o un desincentivo para la investigación penal, porque la tentación en este caso pasa de operar solo sobre los delatores y puede hacerlo también sobre el propio sistema buscando atajos o persiguiendo objetivos ajenos al propio fin de la justicia.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

En esta ocasión voy a reflexionar sobre opiniones mías, pero avaladas por la encuesta sociológica del CIS de junio del 2026, es decir, no son solo mías, que tendrían escaso valor, son opiniones de la mayoría de los españoles y la Constitución dice claramente en su artículo 1º, apartado 2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Son por tanto opiniones que deberían ser tenidas en cuenta por nuestros políticos estén en el gobierno o en la oposición.

Estamos viendo a un gobierno que no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos en toda la legislatura y a una oposición que no respeta las mayorías parlamentarias y que desde el mismo momento de la constitución del ejecutivo en el año 2023 está pidiendo su disolución, no criticando sus políticas y haciendo propuestas alternativas, como es su obligación, sino descalificando el modelo de democracia parlamentaria, diciendo al pueblo que lo legal es ilegítimo y por otro lado tenemos a un poder judicial que es, o parece ser, manifiestamente, partidista a favor de las derechas, saltándose las más elementales normas de la separación de poderes dictaminadas por Montesquieu y a la que unos y otros se aferran como verdad revelada.

Veamos algunas de las opiniones de nuestros conciudadanos:

Respecto a la democracia:

El 80,8% dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

El 75,9% está de acuerdo o muy de acuerdo en que sin partidos políticos no hay democracia.

El 56,9% se siente poco o nada satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia.

El 87,5% opina que los mecanismos de lucha contra la corrupción son insuficientes.

El 89,8% considera que se deben crear nuevas formas de participación ciudadana.

Es evidente que el pueblo español apuesta claramente por la democracia, por una democracia de acuerdos y no de divisiones cainitas, cree en la necesidad de los partidos políticos, pero no está satisfecho con su comportamiento, cree que se deberían buscar nuevas formas de participación de los ciudadanos en la gestión de las cosas públicas y también cree que no hay mecanismos eficaces para luchar contra la corrupción.

Personalmente creo que nuestra democracia se diseñó pensando en una clase política que por su origen o por su adscripción social sabe lo que nos conviene, y nos gobierna en una aparente democracia. El pueblo español, teóricamente soberano, no elige a ninguno de sus representantes nacionales ni autonómicos, elije una lista de un partido político que desde su dirección ha colocado unos nombres u otros en la papeleta electoral, por tanto esos diputados o senadores no tienen que responder ante sus electores, sino ante sus jefes orgánicos del partido. Tenemos una democracia viciada en origen, pero si el pueblo español opina que la democracia es el modelo preferible, algo habrá que hacer para conseguirlo y desde luego la opción no es el “todos son iguales y me quedo en casa”.

Por otra parte, ¿cuál es el miedo de los políticos a imitar algunas prácticas saludables de los suizos? ¿No se pueden organizar referéndums casi cada domingo para que los ciudadanos decidamos sobre las distintas cuestiones que más nos preocupan? No siempre todos estaríamos de acuerdo con los resultados, pero serían verdaderamente democráticos.

En resumen, menos poder a los partidos y más participación al pueblo.

Respecto a la justicia:

El 78,2% no cree que la justicia trata igual a ricos que a pobres.

El 76,9% opina que la justicia no siempre es imparcial en casos judiciales de los partidos.

Respecto a la justicia, es la parte menos democratizada y más endogámica de nuestra vida pública, los jueces y fiscales lo son después de unas larguísimas y muy costosas oposiciones, que dejan fuera a las clases trabajadoras. La justicia no es igual para todos. En un pleito no es lo mismo tener que contratar un abogado modesto que pagar un importante bufete de abogados, que tienen relaciones de amistad cuando no de interés con las más altas magistraturas.

Opino que se debería ir a un Sistema Público de Justicia, donde el ciudadano que vea perjudicados sus intereses o sus derechos acuda a Urgencias Judiciales, y allí se le asignen el juzgado y los letrados especializados para su defensa o su denuncia, igual que sucede con nuestra sanidad, que cuando ha estado bien dotada ha sido una de las mejores del mundo. Ya sé que esto es una utopía, ¿cómo los legisladores, la mayor parte de ellos provenientes del mundo jurídico, van a legislar para limitar sus ingresos?

Cuestión especialmente antidemocrática es la politización de la justicia. ¿Cómo es posible que los casos de corrupción que afectan al PP tarden más de una década en ser resueltos y los del PSOE se resuelvan en meses? ¿Cómo es posible que cuando se resuelve un caso de corrupción se condena a los políticos corruptos, pero casi nunca a las empresas corruptoras? Si queremos acabar con la corrupción hay que acabar con el que “suelta la pasta”, que es el origen de todo. Hay un viejo refrán que dice que “vale más un mal acuerdo que un buen pleito”, si fuera jurista me avergonzaría de que el pueblo tenga, desde siempre, ese concepto tan negativo de la justicia española y que la democracia no haya logrado cambiarlo.

¿Cómo se puede confiar en una justicia que condena a alguien porque el hecho punible lo ha cometido “él o alguien de su entorno inmediato”? ¿Cómo se puede confiar en una justicia que exige al reo que demuestre su inocencia, en vez de ser ella la que demuestra la culpa? ¿Cómo confiar en una justicia que es incapaz de saber quién es M. Rajoy, y que no se esfuerza en transcribir todos los audios de Villarejo que podrían inculpar al expresidente?

¿España hoy es un Estado de derecho o de derechas? ¿De verdad el poder judicial emana y responde ante la soberanía popular? ¿Cómo y cuándo?

Respecto a los medios de comunicación:

El 81,5% cree que los medios de comunicación se hacen eco de bulos y mentiras.

El 75,4% cree que están concentrados en pocas manos.

El 87,9% opina que favorecen a determinadas opciones políticas e intereses económicos.

El 57,7% cree que hoy los periodistas son menos libres e independientes que hace 10 años.

Respecto a los medios de comunicación, opino que, sin un periodismo libre, independiente y plural, no es posible la democracia, pero hoy se puede decir que “quien paga, manda”, y los que pagan son los grandes fondos de inversión con su propio dinero y las instituciones públicas que pagan con el dinero de todos para favorecer los intereses de quienes controlan esas mismas instituciones. ¿Cómo vamos a esperar que los periodistas investiguen y descubran los trapos sucios de quienes les pagan el sueldo? ¿Cómo vamos a esperar que los periodistas investiguen las corruptelas de los políticos que mantienen esos medios con la publicidad institucional?

Mi padre me decía muchas veces que el periódico decía dos verdades cada día: la fecha y el precio; lo demás todo era cuestionable. ¡Qué razón tenía mi padre!

Los que me conocen saben que soy optimista patológico, por tanto, debo decir que España tendrá la democracia que decidamos los españoles, puede ser esta que tenemos y que está empeorando por momentos o podemos aspirar a una verdadera democracia política, social y económica, para eso los ciudadanos debemos tener pensamiento crítico, y ser exigentes con nuestros representantes públicos a los que pagamos el sueldo, aunque se lo pongan ellos.

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Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre.