Los vocales conservadores de la Comisión Permanente del CGPJ estaban en contra de abrir un expediente sancionador al juez Peinado, los vocales progresistas a favor. El juez Peinado se aleja de las peticiones del resto de las partes del proceso sobre Begoña Gómez, y asume las propuestas de la acusación popular de la que forman parte organizaciones de ultraderecha, es decir, con la misma ideología que el sindicato que interpuso la denuncia que abrió el proceso. Y estas situaciones son solo dos ejemplos.

Con frecuencia se tiende a creer que la respuesta profesional es una medida técnica ajena a la realidad que genera el problema sobre el que se actúa. Y no es así en ninguna profesión, menos aún en las que tienen que abordar cuestiones surgidas de la propia organización social y sus dinámicas, como ocurre con el Derecho y la Administración de Justicia.

Quienes analizan los elementos que forman parte de los hechos están bajo las mismas influencias y referencias que el resto de la sociedad, y como cualquier persona cuentan con ideas, valores y creencias integradas en dicha realidad social. La diferencia está en que, además, tienen una serie de conocimientos profesionales para contrarrestar lo que desde el punto de vista general se presenta con un determinado significado, y una responsabilidad para aplicar dicho conocimiento de forma que se alcancen los objetivos de justicia.

Sin embargo, todo ello está sometido a multitud de factores y elementos que sin desvirtuar el proceso lo pueden condicionar de manera significativa.

La justicia se alcanza sobre una serie de hechos probados en el juicio a partir de los indicios y evidencias que la investigación ha obtenido. Para ello ha tenido que adoptar una serie de “presunciones” en sentido de “inocencia o culpabilidad” para avanzar en la investigación o detener algunas de las líneas planteadas. Y la presunción, como referencia formada a partir de indicios y pruebas, antes se basa en la percepción obtenida a partir de los indicios con un determinado significado.

Si con los primeros elementos que se ponen en conocimiento de un juzgado no se percibe un delito o su posibilidad, la denuncia se archiva. Si por el contrario se percibe tal delito o la posibilidad de que se haya cometido, se inicia una investigación que irá arrojando resultados. Cuando se alcanza una presunción de inocencia la investigación se archiva, o avanza hasta llegar al juicio si se percibe que se ha cometido un delito. En el juicio es donde las presunciones se convierten en hechos probados para que la justicia culmine su proceso en el sentido que sea.

Este proceso que puede parecer muy obvio no es tan simple cuando las circunstancias sociales presentan una realidad polarizada, y dotada de un significado que amenaza la propia convivencia y el orden establecido.

Los trabajos sobre la percepción de Anil Seth, profesor de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Sussex, Reino Unido, entre otros muchos, son muy interesantes para entender cómo se le da significado a la realidad para posicionarnos ante ella y actuar en consecuencia.

En sus trabajos insiste en que la conciencia de una persona es una experiencia subjetiva, y que como tal está condicionada por factores sociales y culturales. Una idea que ya en los años 50 del siglo XX fue enfatizada por la corriente psicológica de la Nueva Mirada, al destacar que la percepción es influenciada por los factores sociales, culturales y contextuales.

Desde el punto de vista práctico, lo que nos indican los estudios sobre la percepción es que el ser humano, en cuanto recibe el estímulo o una información rápidamente le da un significado. A partir de ese significado inicial desarrolla toda una serie de actuaciones para confirmar o descartar esa primera predicción, en lo que se denomina “minimización del error de predicción”. Al final de ese proceso se alcanza una conclusión basada en la mejor conjetura, es decir, en lo que mejor encaja sobre las predicciones realizadas y las correcciones aplicadas a través de las iniciativas adoptadas para confirmarlas o descartarlas. Por eso Anil Seth habla gráficamente del cerebro como una “máquina de predicción” basada en la “mejor conjetura”.

El problema de todo ese proceso de percepción reside en que no es un cálculo ajeno a la subjetividad de la persona que valora los hechos, ni al contexto social y cultural en el que suceden. Los estudios indican que, por un lado, influye más lo que encaja en el orden establecido, pues se tiende a percibir una realidad estructurada, por otro, que hay una serie de jerarquías perceptivas, o sea, de elementos que le dan más valor a lo percibido de un modo que de otro, y, en tercer lugar, que la influencia es mayor a partir de lo que se presenta más útil o práctico para la posición de quien lo percibe.

Es decir, la percepción no es neutral, y lo será mucho menos conforme los elementos de interés para que todo encaje en la manera de entender los hechos, y en la forma de alcanzar los objetivos deseados sea mayor. Esa es la razón por la que dos personas ante unos acontecimientos pueden alcanzar conclusiones completamente distintas a partir de los mismos elementos, como con tanta frecuencia vemos, por ejemplo, en los votos particulares de las sentencias.

La ciencia y la propia profesionalidad de quien la aplica lo que hace en gran medida es limitar el espacio de la subjetividad, pero no lo impide, menos aún cuando el contexto social acompaña la valoración individual en un sentido determinado, y cuando ese individualismo ha conducido a poner el grupo propio por delante del compromiso público. De esa manera se crean las circunstancias para que haya un enfrentamiento de la justicia con la política, de la política con la sociedad, y de la sociedad consigo misma entre quienes no comparten ideas y valores.

La presunción ante unos hechos, por lo tanto, es consecuencia de dos elementos fundamentales, como lo demuestran los estudios sobre la percepción:

1. El contexto sociocultural y su influencia en la subjetividad de quien decide sobre el significado de los hechos y el resultado de las investigaciones.

2. El grado de conocimiento y profesionalidad para aplicar esos elementos desde las referencias profesionales, no desde las sociales ni desde las posiciones individuales.

El nivel de conocimiento puede mejorar con el estudio y la experiencia, pero su variación es mínima a corto plazo. Lo que realmente ha cambiado es el contexto sociocultural debido a la polarización social y política que existe. Este cambio influye en la manera de percibir y entender la realidad, y en las decisiones que se adoptan sobre ella. Los ejemplos son claros, los pactos del PP y Vox hablan de “prioridad nacional” y de “desregulación” como medidas de acción política, algo que hace unos años habría sido imposible.

Lo que se ha conseguido con la polarización es crear más incertidumbre sobre el orden social que nos hemos dado, y darle un significado a la realidad para que se actúe en consecuencia. Este contexto de significado conservador y androcéntrico es parte de una estrategia, y sus consecuencias son más graves que un posible caso de lawfare aislado.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

I.- En el año de 2015, es decir hace casi doce años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) fue modificada en el sentido de cambiar el concepto de imputado por el de investigado, en la fase de instrucción del procedimiento penal. La razón de ello fue que imputado, del latín “imputare”, significa “atribuir a otro una culpa, delito o acción”, de evidente sentido peyorativo e inculpatorio, que no se corresponde con la fase del procedimiento en la que el juez no imputa nada a nadie. En esta fase el juez se limita a investigar si realmente hay indicios razonables de criminalidad o no. Por ese motivo se sustituyó lo de imputado por el más preciso, aunque menos escandaloso, de investigado, es decir, del verbo investigar o “hacer diligencias para descubrir una cosa”, en este caso una falta o un delito. Es exactamente lo que hace el juez cuando recibe una denuncia o una querella, con algún viso de realidad: someter a la persona o entidad a investigación formal. Además, la figura de investigado se creó con una finalidad garantista, pues permite al afectado o afectada conocer los supuestos cargos, acceder al expediente, solicitar pruebas, no declarar o hacerlo y acudir al juzgado asistido de abogado. Cuando concluye el procedimiento de instrucción tampoco se trata, en su caso, de imputado, sino de encausado o acusado, así que no sé de dónde se han sacado algunos lo de “imputado”, pues no existe esa figura en la Lecrim. Yo comprendo que suena más escandaloso e impactante lo de imputado que lo de investigado y, por eso mismo, se modificó el término, pues parecía que ya desde el principio el sujeto afectado aparecía como culpable de algo cuando no era cierto. Por eso mismo, no es igual que se diga que un juez te imputa de un delito —el que sea— que se informe de que te está investigando, por si hubieras podido incurrir en actividad delictiva.

II.- La diferencia es tan evidente que en España, cuando aparece en todos los medios de información o redes sociales que fulano o mengana han sido imputados de uno o varios delitos, la persona concernida ya se puede dar por condenada, por lo menos ante la opinión pública. Mientras que si se dice que está siendo investigada no significa, en principio, nada, pues los jueces o magistrados cuando reciben una denuncia o querella, sobre la posibilidad de que se haya cometido un delito, lo lógico es que indaguen, previa audiencia del interpelado, si tiene o no visos de realidad la acusación denunciada.

El otro día, sin ir más lejos, se dio un caso realmente notable de tergiversación del lenguaje. Todos los medios de comunicación anunciaron, a bombo y platillo, que el juez Calama había citado como “imputadas” a las hijas del expresidente Zapatero y, curiosamente, a continuación se decía “aunque el juez no las acusa de nada”. Entonces, ¿por qué se dice como imputadas si no se les imputa nada? ¿No sería más veraz decir que el juez las citó en condición de investigadas, precisamente para que pudieran defenderse mejor? Mi impresión es que como en esta importante confusión, entre ambos conceptos, incurren todos los medios de difusión, ya sean de derechas o de izquierdas, sólo concibo dos explicaciones: unos lo hacen por mala leche, porque es más sensacional y atractivo, vende más, hace más daño, publicitariamente, lo de que un juez imputa que el más neutro de que un juez investiga. Pero en otros medios, más serios y objetivos, con periodistas de gran calidad, no encuentro explicación que no sea la costumbre —más difícil de cambiar que las leyes—, el olvido, la ignorancia o quizá porque entienden que es lo mismo utilizar una palabra u otra. Reconozco que a veces he dado la batalla por perdida, pues quizá hay intereses comerciales de por medio —en términos de audiencias, etc.—, pero no me resigno, pues el daño que se hace es considerable.

La importancia de esta cuestión está relacionada con un tema que es realmente trascendente. He sostenido, en más de una ocasión, que lo que diferencia, entre otras cuestiones, una dictadura de una democracia es el respeto a la presunción de inocencia. En la dictadura regía el principio de la presunción de culpabilidad, pues era el empapelado quien debía demostrar su inocencia y, aun en estos casos, era igualmente condenado por “analogía”, preventivamente o porque a la autoridad gubernativa o judicial le salía de los 'telenguendengues'.

Pues bien, ahora este derecho fundamental de la democracia está siendo laminado a nivel de opinión publicada y, por supuesto, en el debate político. Un solo ejemplo, sólo existe hoy en día una sola condena firme a personas relacionadas con el PSOE —caso Ábalos— y, sin embargo, la mayoría de los medios y las derechas acusan todos los días al Gobierno de que es el más corrupto de la historia y su sede una cueva de ladrones y una banda de criminales. ¿Qué se podría decir entonces del PP, que tiene varias condenas firmes que han afectado al propio partido, a un vicepresidente del gobierno de Aznar o a varios ministros? Se trata, en mi opinión, de una de las violaciones más graves de la democracia, de nuestra Constitución, y supone regresar, si no se remedia, a lo que estaba vigente durante la dictadura.

Además, me es igual que el encartado o encartada sea de izquierdas, de derechas o de centro. Para mí, los señores Zapatero, Montoro, Fernández Díaz, la pareja de la Sra. Ayuso o cualquier otra persona que esté en este momento investigada o acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en todos estos casos ya no interesan los que afectan a la derecha, aunque sean mayoría los que están todavía pendientes de juzgar y sentenciar, pues en España ser inocente o culpable, ante la opinión pública, no está en manos de jueces y magistrados, sino de los medios y las redes sociales, que en su inmensa mayoría están controlados por la derecha y la ultraderecha. Casi todos los días, unos y otros se tiran la Constitución a la cabeza, e incluso el PP acusa al Gobierno de que ya está fuera de la ley y de todo, pero se sigue conculcando la presunción de inocencia como si fuera una costumbre. Si esto pasa ahora, qué ocurrirá si gobiernan PP/VOX en el futuro. El Altísimo nos coja confesados.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, abogado y escritor, su último libro es 'La Democracia Expansiva' (Anagrama)

Manuel García-Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, concedió hace solo siete meses una entrevista a Telemadrid desde la sede que Plus Ultra tiene a las afueras de la capital. La conexión, según ha podido comprobar infoLibre, se produjo para el programa Buenos Días Madrid. Durante la misma, el exmagistrado, fuera de la carrera desde su jubilación forzosa por edad en septiembre de 2024, se pronunció sobre el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ese mismo día quedaba visto para sentencia. Fuentes de Plus Ultra circunscriben el hecho a "una cortesía de ámbito privado".

El 13 de noviembre de 2025, Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, avisó a primera hora a la cúpula de la compañía de que la televisión pública madrileña acudiría a la sede para entrevistar a García-Castellón, a quien siempre se refiere como "Manolo" y a quien le une una amistad de tres décadas. "A las 10 15 [sic] vienen de Telemadrid con cámaras, a filmar a Manolo en una entrevista. Le tenemos que dejar una sala", escribe a las 8:31 horas Martínez Sola en Cuarteto, un chat incorporado al sumario del caso Plus Ultra y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Además de Martínez Sola, en el grupo participaban el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el secretario del Consejo, Santiago Fernández Lena; y quien fuera director general de Negocios, Alejandro Delgado.

García-Castellón entró en directo en el magacín matinal Buenos Días Madrid cuando el reloj del programa marcaba las 10:33 horas. La entrevista duró algo más de diez minutos. En ella, el exmagistrado se pronunció sobre el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que unas horas antes había comparecido como acusado en el Tribunal Supremo. "No es la mejor imagen que se puede dar de la Fiscalía y no me gusta absolutamente nada, porque es inédito", resaltó. También se le preguntó por las supuestas "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. "Echo de menos mucho un sistema anglosajón, donde el respeto a los que interpretan la ley es máximo. Nadie se permite una descalificación con palabras como prevaricación o lawfare", lanzó García-Castellón.

Este diario ha podido comprobar que el lugar en el que se realizó aquel dúplex –así se denomina en el mundillo televisivo a la conexión en directo desde fuera de plató– con el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es la sede de Plus Ultra, que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por la ayuda de 53 millones de euros que le concedió el Ejecutivo de coalición en 2021, tras los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Unas oficinas ubicadas en la tercera planta de un complejo ubicado al norte de la capital que alberga en estos momentos otras tres empresas: la consultora KPMG, Sergesi –del Grupo Mutua Madrileña– y la firma de ropa infantil Gocco.

No es la primera vez que el nombre del exmagistrado aparece vinculado a ese mismo edificio. Cuando García-Castellón se dio de alta como abogado tras jubilarse como magistrado, hizo constar en su ficha oficial del Colegio de Madrid ese mismo complejo de oficinas como "dirección profesional". (El exjuez ya no aparece en el censo de letrados, aunque infoLibre pudo comprobar que a fecha de 4 de junio aún figuraba en él). A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció su amigo Martínez Sola. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

Los mensajes extraídos del móvil del presidente de la aerolínea en el marco del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dan buena cuenta de la estrecha relación. A finales de 2022, tal y como reveló la pasada semana este diario, Martínez Sola pidió al máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes Rojas, que agradeciera a García-Castellón unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido al presidente de la aerolínea durante los registros de la causa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exmagistrado y la compañía para conocer por qué motivo el primero atendió a la televisión pública madrileña desde la sede de Plus Ultra y para saber si, más allá de la amistad con Martínez Sola, existe algún tipo de relación laboral o mercantil entre García-Castellón y la empresa. A cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta del exmagistrado. La aerolínea, por su parte, se ha limitado a decir lo siguiente: "La compañía no valora circunstancias de carácter estrictamente personal que no guardan relación con su actividad. Se trata de un asunto ajeno a Plus Ultra que se circunscribe a una cortesía de ámbito privado".

“Lo primero que haremos, matar a todos los abogados”. No hay datos precisos que apunten a que la revuelta de Jack Cade en Inglaterra, contemporánea a la Revolta Irmandiña en Galicia, barajara semejante idea. Pero al dramatizar aquellos hechos en la segunda parte de su Enrique IV, Shakespeare pone en boca de los rebeldes tal alocada propuesta. Las carcajadas que el comentario provocaría en la platea de hace 400 años nos informan a las claras de que hay chanzas que no cambian en siglos.

Habrá que asumirlo: los abogados tienen, tenemos mala fama. Y será normal que así sea; a diferencia de tenderos, odontólogos, conductores de autobuses, ingenieros o profesores de instituto, los abogados suelen tener una clientela escogida entre lo más granado de cada sociedad: ladrones, truhanes, corruptos, ¡políticos! No solo andamos en malas compañías sino que, en el colmo del desconcierto, nos empeñamos en hablar a su favor, en pedir clemencia para ellos; insistimos en defender a personas que deberían ser lanzadas al foso de los tiburones sin permitirles siquiera abrir la boca. Estamos rodeados de chusma.  

Lo que no está tan claro, también es cierto, es saber en qué medida una sociedad sin abogados iba a mejorar la vida de los partidarios de Jack Cade en la Inglaterra medieval. Sin dar audiencia a los afectados, la aplicación de la justicia sería una apisonadora sorda y ciega, que podría hacer gracia a algún despistado hasta que tuviera problemas con el vecino.

Hace unos meses, una amiga y compañera que odiaría que dijese su nombre fue nombrada madrina de una promoción de abogados en un colegio de provincias. Sorprendió con un maravilloso discurso del que me guardo retazos brillantes y conclusiones urdidas con afinadas reflexiones. Una de ellas hablaba, precisamente, de la Justicia con mayúsculas, esa que en nuestro discurso diario ya hemos equiparado a los jueces: “la Justicia ha condenado...”, “están en manos de la Justicia”. Decimos tales cosas sin darnos cuenta de que la Justicia no son los magistrados, sino un complejo instrumento del Estado para aplicar las leyes, al cual pertenecen por igual jueces, fiscales y abogados. También los abogados; todos ellos son Justicia; todos ellos son servicio público.

Sin embargo, este discurso nunca ha terminado de cuajar: los abogados seguimos siendo elementos peligrosos. La vieja consigna ‘pas d`avocats’ que se leía en las paredes de la Francia revolucionaria va en la misma línea, quizás con un desarrollo más atemperado: la justicia del pueblo no se podía ver entorpecida por las maniobras de unos letrados que, buscándole las cosquillas al interlineado de la ley, pretendían salvar a sus defendidos del destino marcado por la voluntad popular y soberana.

Claro que hay abogados que son delincuentes, o que se convierten en cómplices de sus defendidos; no nos sacaremos de encima ese baldón. Nos reprochan que nos dejemos la piel en favor de nuestros clientes, perdiendo el sueño por las penas que sufren, quemándonos en el fuego de su desesperanza, intimando con ellos. ¡Podemos visitar a los presos cuantas veces queramos, derecho que no tiene su familia!

Comprendo que es difícil entender esta labor tan ingrata y complicada de dar voz a quien no la tiene, de permitir que la persona encausada pueda explicar su versión, proteger su inocencia, alegar su descargo; en definitiva, pueda defenderse. Porque toda persona indefensa tiene razón, como nos recordaba Miguel Torga. No será una tontería recordar que, para el American Film Institute, el mayor héroe de toda la historia de la filmografía americana —que se dice pronto—, no es Indiana Jones ni James Bond, sino un abogado de Alabama que defendía a un chico negro acusado de violación: Atticus Finch.

Por eso, cuando pienso en la figura del abogado, así en abstracto, es inevitable que una fotografía me venga recurrentemente a la cabeza. A comienzos de 2014, saliendo de los juzgados de Plaza de Castilla, Miguel Blesa es acosado violentamente por unos manifestantes. A su izquierda, su abogado, Carlos Aguilar, le agarra de la muñeca y, con su brazo izquierdo por delante y gesto serio, avanza protegiendo y defendiendo de los elementos a un cliente despavorido. Incluso creo recordar que el abogado llevaba en el brazo extendido un rollo, a modo de tribuno romano contra la plebe. Ese es el concepto. Olviden el caso concreto y quédense con la imagen: ese brazo es la abogacía en estado puro.

La profesión ha sufrido un inmenso deterioro en las últimas décadas. La reciente polémica sobre la pasarela al RETA encubre una realidad compleja y triste. No se piensen que los abogados ignoraban que aportando una miseria a su mutua recibirían una miseria de pensión; lo sabían de sobra. Lo que sucede es que la profesión se ha visto afectada por una proletarización tan acusada y una competencia tan cruel y demoledora, que muchos han llegado a su vejez sin los ahorros que habían previsto, para completar una pensión que sabían insuficiente. Ahí hay un drama de inmenso calado.  

El debilitamiento y la desmovilización de la profesión han coincidido con un marcado deterioro del Estado como protector de los derechos fundamentales y del proceso penal como instrumento de garantías, en favor de un Poder público que concibe su relación con los ciudadanos desde una óptica de seguridad y vigilancia. En el equilibrio secular que han tenido los policías y los abogados, compañeros de tantas noches en calabozos y comisarías, la balanza se está decantando groseramente a favor de los primeros, y no está claro que ello vaya a redundar en una mayor libertad pública.

Este desajuste lo advierto en varios hechos. Uno de ellos provendría del despliegue de la normativa contra el blanqueo de capitales que, por hacerlo breve, convierte a los abogados en policías de sus propios clientes. Se está imponiendo poco a poco una interpretación extensiva de los deberes de los letrados, de tal forma que si alguien nos pide ayuda para crear una sociedad o incluso para redactar un simple contrato de compraventa, parece que debemos interrogar a los clientes sobre el origen de su dinero. Les aseguro que hay instrumentos alternativos bastante más eficaces para luchar contra el blanqueo.

El segundo desajuste es todavía más grave y va en la línea de lo señalado: desde hace algún tiempo contemplo con desconcierto cómo la policía pide a los jueces, cada vez con más frecuencia, que acuerde la entrada y registro en los despachos de abogados que defienden a presuntos delincuentes, para sentarlos a todos en el mismo banquillo. Abrir los cajones de los abogados puede ayudar a descubrir los delitos de sus clientes, pero semejante fórmula cercena y deja reducido a polvo el mismo derecho a la defensa; una fórmula no tan eficaz como se podría pensar, por cierto, porque los clientes rara vez nos dicen la verdad y nos confiesan sus desmanes, pero que condena al abogado antes que al cliente: cuando un abogado abre la puerta a la policía, es difícil que algún otro cliente venga después a pisar un templo ya profanado. Es un tema delicado y de perfiles resbaladizos. El derecho a la defensa exigiría que los abogados pudieran ejercer su trabajo con libertad de criterio, con reserva y eficacia, sin miedo a que la policía revise y cuestione su labor. Me hubiera gustado que los colegios de abogados mostrasen una disposición algo más reivindicativa en estos temas, pero me temo que sus sueños empresariales los mantienen inútiles y satisfechos, callados e inermes ante los poderosos.

En su exposición ante los nuevos abogados, mi amiga hilvanó algunas ideas fascinantes relativas, como digo, a la Justicia con mayúsculas. Entre ellas, aun no expresada con estas palabras, se me vino una conclusión especialmente poderosa en este contexto y que convendrá recordar: todos los países del mundo, incluyendo todas las dictaduras conocidas, tienen jueces que hacen su trabajo; pero solo las democracias tienen abogados que hacen el suyo. No lo olvidemos. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal

La filtración de la agenda personal del presidente Zapatero ha levantado las iras de los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta y ha llevado al juez Calama a ordenar una investigación para dilucidar quién ha filtrado esa información a los medios de comunicación. Ciertamente resulta inaudito que una serie de actos de obvia naturaleza privada y que nada tienen que ver con investigación alguna se hayan dado a conocer, comentados además de manera que parezcan altamente sospechosos. ¿Demuestra algo que la secretaria del expresidente le organizara a este la cita con su peluquero? ¿Cómo es posible que tal detalle, y otros similares, se hayan incluido en una actuación judicial para acabar siendo utilizados en informaciones tan sesgadas como absurdas?

Esta ha sido (a la hora de escribir estas líneas) la última filtración, pero no hace falta decir que la aparición en los medios de comunicación de todo tipo de informaciones y documentaciones asociadas a un procedimiento judicial se han convertido en algo habitual. Tanto, que lo hemos normalizado en la opinión pública y hemos olvidado que es manifiestamente ilegal, algo que tienen que recordar juristas y expertos cada vez que se produce una filtración de alto impacto mediático.

De tal manera, se filtran a los medios, y se publican por partes, de acuerdo con las líneas editoriales de cada cual, informes policiales de la UDEF o de la UCO como si fueran hechos probados, o documentaciones de los sumarios como si fueran sentencias. Con titulares como “Zapatero se reunió con….”, que no explican ni para qué se reunió ni aclaran que tal reunión fuera ilícita, se dan a entender cosas que luego el desarrollo del artículo no confirma ni detalla, pero como si fuera lluvia fina, se va generando un estado de ánimo en la sociedad. La conversación pública, que es donde se crean las percepciones y opiniones, queda así contaminada.

Pero hay más: el Derecho Procesal salta por los aires. La presunción de inocencia no tiene posibilidad alguna cuando algo que –salvo para las partes– es materia reservada, porque el procedimiento judicial quiere protegerlo hasta el momento oportuno, es conocido por la opinión pública. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista y por eso establece diferentes momentos del procedimiento. Algunos, de carácter secreto mientras se instruye una causa; y otros, en el momento en que el juez determina que es dado a conocer al conjunto de la sociedad. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice así:

“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.”

Así las cosas, para proteger la presunción de inocencia y los derechos de quienes están siendo investigados, caben dos caminos: extremar las precauciones para evitar las filtraciones, asegurar que se aplican las sanciones y aumentar su cuantía, o modificar nuestro Derecho Procesal de forma que asuma que toda información es susceptible de ser conocida y publicada en todo momento. Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos. En ese caso, y como viene siendo más que habitual, si se filtra, contamina. Y hablamos, nada menos, que de la justicia.

Las cosas no pintan bien. O como ustedes prefieran: las cosas pintan mal. Hace medio siglo que este país dejó demasiados deberes sin cumplir. No progresó adecuadamente, como suele decirse —si no estoy equivocado— en el lenguaje de las aulas. A partir de la muerte de Franco íbamos a atar los perros con longanizas. La República estaba a la vuelta de la esquina. Los golpistas que se habían tirado 40 años haciendo de Drácula con la gente de la derrota iban a saber lo que valía el peine de la represión. No en plan venganza, claro que no: la Justicia de la democracia recién estrenada ya se ocuparía de hacer bien su trabajo. Nada de juicios ilegales como los de la dictadura, que condenaron a cárcel y muerte a tantísima inocencia. Se celebrarían juicios con todas las garantías para los jerifaltes del franquismo. La historia sin embustes sería contada en las escuelas, en las casas que habían vivido tantos años con el miedo en las tripas, en las mesas de los bares, porque la conversación pública ocuparía el lugar del monólogo o el silencio impuesto por los vencedores. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso se pensaba. Pero resulta que, antes de que se enfriara el fiambre de la tromboflebitis, llegó la Transición y a la lechera se le hizo añicos el cántaro antes de llegar a la plaza para vender la leche.

Poner en entredicho la Transición estuvo proscrito la tira de años. Era como mentar a la bicha franquista si la criticabas. Ojo con despertar a la bestia. El acuerdo de las élites estaba claro: que no vuelva el desorden, que nadie quiere otra guerra, que la reconciliación no sería posible si cada cual no cedía al otro su parte de razón. Mucha gente nos preguntábamos qué parte de razón les tocaba a los franquistas. A los franquistas les tocaba la razón de la Justicia. Eso creíamos. Y punto. ¿O es que la democracia iba a ser un poco más de lo mismo que lo que hubo antes? Porque si el perro ha muerto, pero sigue la rabia, qué hemos adelantado con la muerte del perro. Y así durante muchos años. Criticar la Transición, su demasiada complacencia con los verdugos y una incomprensible vocación imperativa de olvidar a las víctimas, se convirtió casi en un delito. Así que nos dedicamos a exportar nuestro modelo de Transición a medio mundo. Éramos la hostia, el no va más de los ejemplos transicionales de las dictaduras a las democracias. De repente, todos íbamos a ser amigos de todos, a olvidar viejas rencillas de hermanos agrietados por una herencia maldita, a celebrar la gran fiesta de la reconciliación —como en aquella aventura de Corto Maltés— en los pedruscos mágicos de Stonehenge. Muchos años después leí lo que escribió Avishai Margalit en Ética del recuerdo: antes de la palabra reconciliación hay que colocar la palabra verdad. Y aquí hicimos lo contrario. Todos amigos de todos, aunque el nexo de unión siguieran siendo las mentiras del franquismo.

Las raíces de la Transición fueron saliendo a la superficie y levantando espacios de sombra que impidieron cada vez más dar algo de luz a la historia. Las leyes de memoria —o mejor: de olvido— llegaron muy pronto: la de la Reforma Política, la de Amnistía, la Constitución… El 23F sellaría el triunfo del miedo a la democracia de verdad. Luego llegaría Felipe González para que la chaqueta de pana se convirtiera en traje principesco, como en los cuentos de hadas, y después Aznar le haría la ola al franquismo ya sin complejos de ninguna clase. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, como algunos exigíamos y seguimos exigiendo desde que empezamos a pensar que los tiempos podrían ser otros y tan distintos. Y ahora resulta que esos tiempos vuelven a ser los de cuando el perro no se había muerto y se pasaba el rato torturando a quienes defendían la libertad por las calles de un país sombrío hasta las cachas.

La famosa reconciliación que propugnaban los consensos de la Transición está hecha unos zorros. Que se lo pregunten a Aznar, a Feijóo, a Abascal, a Díaz Ayuso, a los militares fascistas a los que les gustaría fusilar "a 26 millones de hijos de puta", a los "imparciales" miembros del Tribunal Supremo. O a ese juez, carne de patología clínica obsesiva, Juan Carlos Peinado... Sí, que se lo pregunten a ese franquismo togado que está dinamitando la confianza en las instituciones y, en una despiadada connivencia con el PP y Vox, la misma democracia. No olvido, faltaría más, a esa gentuza que, desde su criminal manera de entender la política, orilla el bien común en beneficio de sus bolsillos.

La Justicia se está convirtiendo en un pozo ciego lleno de mierda. Muchos miembros de la judicatura aplican las leyes desde una parcialidad que da miedo. Sus instrucciones y sentencias se parecen cada vez más a lo que fueron los juicios ilegales de la dictadura. Hay muchos jueces y juezas que destrozan las garantías de defensa, que filtran detalles de la instrucción para que sus medios afines sentencien antes de tiempo lo que ni siquiera sabemos si es delito, que convierten un oficio noble, como lo es el de la tercera pata de un Estado de derecho, en un estercolero.

No sé qué esperamos para salir a las calles exigiendo que las togas no sean las que gobiernen un país demasiado anclado en los miedos del pasado. Que los jueces no se critiquen entre ellos es una cosa: ya se sabe que existe eso que se suele llamar cultura de la tribu. Además, también sabemos que no todos los jueces son lo mismo y que, dentro de sus posibilidades, algunos aportan una miaja de luz entre tanta oscuridad. Eso es cierto, pero que permanezcamos impasibles ante la impunidad de quienes se aprovechan de su poder casi intocable para convertir la Justicia en el cervantino patio de Monipodio es otra cosa bien distinta.

Las cosas no pintan bien. O, si ustedes lo prefieren: pintan mal. Pero precisamente por eso hemos de plantarle cara al infortunio. No vale quejarnos y dejar que ese infortunio siga como si nada. Podemos ganarle la batalla a esa tropa que desde la política, la judicatura y los medios instalados sin tregua en la mentira no va a parar de boicotear como sea los avances democráticos. El 23 de julio de 2023 le salió a esa Brunete acorazada el tiro por la culata. Y eso lo vamos a repetir sean cuando sean las próximas elecciones. Digo sean cuando sean. Pero antes y hasta entonces seguiremos dando caña al fascismo de las togas. Y al otro. Yo propongo que en las calles. Aunque cada cual puede plantarle cara —desde donde y cuando le sea posible— a ese franquismo que, con toga o sin toga, se ha puesto como nunca a cumplir los deberes puestos por el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pues yo me apunto a esa sugerencia desde mi humilde trinchera en esta columna de infoLibre: quienes podamos hacer algo para pararles los pies a los fascistas, que lo hagamos. Ahí nos vemos, pues, ¿vale? Ahí nos vemos.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

Empezamos con algo de contexto sobre el título de este artículo:

“Nobody expects the Spanish Inquisition” –Nadie espera a la Inquisición Española– son una serie de sketches de humor del mítico grupo cómico Monty Python.

Cada sketch comenzaba de la misma manera, después de una serie de preguntas inquisitorias alguien decía la frase que desencadenaba el número cómico:

“No esperaba encontrarme a la Inquisición Española”.

Entonces hacían su hilarante aparición en escena por sorpresa y de un salto los tres representantes de la Inquisición Española: los tres cardenales interpretados por Michael Palin, Terry Gillian y Terry Jones –con un surrealista gorro de aviador en la cabeza–.

Los miembros de la “Spanish Inquisition” van anunciando, no sin cómicas dificultades, sus principales armas: comienzan con la sorpresa, a ella se añaden el miedo y una eficacia despiadada, rematando con una devoción fanática por el papa, y unos uniformes rojos preciosos.

Un tribunal que aparece llamando la atención y cuyas armas son la sorpresa, el miedo, la eficacia, despiadada y una devoción fanática.

Si cambiamos el color de las vestimentas del rojo cardenalicio al negro judicatura, el sketch está prácticamente servido en bandeja.

Los Monty Python siempre unos adelantados a su tiempo. Aunque les faltó visión para hacer sketches para algo tan surrealista y tan loco como utilizar como armas políticas asuntos como las quedadas para cenar o las citas con la peluquería para arreglarse las cejas de expresidentes del Gobierno.

Ni ellos tuvieron imaginación para algo así.

La realidad, una vez más, está superando a la ficción, y en este caso también a la comedia; el nuevo Tribunal del Santo Oficio Judicial aparece en escena cada vez más a menudo, lo que reduce drásticamente su efectividad.

Uno de los puntos fuertes de la comedia es la sorpresa; si la sorpresa se convierte en costumbre, el efecto deseado desaparece completamente.

Lamentablemente vivimos unos tiempos en los que ya no es ninguna sorpresa ver aparecer a los miembros de esta nueva Inquisición Española en escena; la comedia se está empezando a convertir en una tragedia.

Los excesos de celo en perseguir a los herejes que no creen en el sagrado dogma del gobierno de la derecha han pasado de ser un placer culpable para muchos a convertirse en una molestia que cada vez tiene una más complicada justificación, incluso entre los caballeros de las ideas cuadradas y sus locos seguidores.

El refranero español ya lo avisa: “Lo poco agrada y lo mucho enfada”.

Añadiendo un refrán más a la ecuación: “El que avisa no es traidor” y el efecto bumerán de este ataque por tierra, MAR y aire puede conseguir, de hecho ya está consiguiendo, lo contrario de lo pretendido.

Entonces sí que la tragedia con el tiempo se convertirá en comedia y volverá a ser hilarante ver aparecer a los miembros de la Judicatura de un salto anunciándose con su sonrisa diabólica congelada en el rostro y siendo ellos mismos los sorprendidos por haber perdido, otra vez, la oportunidad de repartirse el país.

Su título podría ser: “Everyone hates the Spanish Inquisition” –Todo el mundo odia a la Inquisición Española–.

P.D. En el último sketch de la serie “Spanish Inquisition” es un juez el que juzga a otro juez por “conducta obscena”. El juez juzgado dice la mítica frase: “No esperaba a la Inquisición Española”. Todos esperan la irrupción de los cardenales pero no llegan a tiempo; cuando consiguen llegar por fin a la sala ya vacía, el programa se ha terminado. Justicia poética.

Hay figuras que no aparecen en el primer plano de la corrupción, pero sin las cuales la corrupción no existiría. No son los grandes protagonistas, ni los rostros reconocibles de la política o las grandes corporaciones. Son el contacto, la bisagra, la correa de transmisión: el “nexo corruptor”. Sin ellos el dinero no cruzaría ciertas fronteras; el favor no encontraría cauces; la ilegalidad quedaría contenida por la fricción institucional.

El caso de Aldama —condenado como articulador de una trama de intermediación entre intereses privados y estructuras públicas— vuelve a colocar esta figura en el centro del debate. Su no ingreso en prisión tras colaborar con la justicia es jurídicamente explicable dentro del marco de la cooperación procesal. Pero abre una grieta profunda en el tejido político y social: la percepción de que quien más sabe, quien más conecta, quien más estructura el sistema opaco, puede también ser quien más fácilmente negocia su salida.

No es una anomalía. Es un patrón.

El capitalismo global ha consolidado un mecanismo donde la responsabilidad penal se fragmenta, se diluye y se vuelve negociable para quienes poseen recursos suficientes. Hay condenas y procesos, sí, pero la desigualdad de medios se traduce en desigualdad de consecuencias.

El sistema judicial opera en un mundo donde la capacidad económica conlleva ventajas. Permite contratar los mejores equipos legales. Alarga los procedimientos hasta el agotamiento institucional. Y transforma cada imputación en una batalla de desgaste. La justicia existe, pero su velocidad, su contundencia y su alcance varían en función del poder adquisitivo de quien se sienta en el banquillo.

El caso de Donald Trump es paradigmático. Su trayectoria judicial —entre imputaciones, condenas, recursos, inmunidades y dilaciones— ilustra una mutación del sistema. La justicia no es horizontal. Se negocia en niveles simultáneos. El proceso se convierte en una extensión del terreno político. Y la capacidad de resistir económicamente se vuelve tan determinante como la verdad de los hechos.

Pero sería un error reducir el fenómeno a individuos concretos. El patrón es estructural y global. En el ámbito corporativo, los grandes acuerdos extrajudiciales en casos de corrupción o prácticas ilícitas se traducen en multas millonarias que no alteran la continuidad del negocio. La condena es riesgo calculado. La multa por irregularidades, coste operativo.

En Europa, los escándalos bancarios posteriores a la crisis del 2008 mostraron con claridad esa tramoya. Rescates públicos masivos, responsabilidades difusas y consecuencias penales limitadas para los altos niveles de decisión. La maquinaria financiera sobrevivió casi indemne, mientras el coste social se trasladaba a la ciudadanía.

Este desplazamiento de la carga no es accidental. Responde a una transformación más profunda. La progresiva subordinación de las instituciones democráticas al poder económico global. No es solo corrupción directa. Es dependencia estructural. Estados que compiten por inversión. Sistemas fiscales presionados a la baja. Regulaciones que deben “no espantar a los mercados”. Y una política cada vez más condicionada por la lógica de la competitividad.

En este contexto, la justicia deja de ser un poder autónomo. Es un territorio atravesado por tensiones económicas. Y la figura del nexo corruptor resulta el comodín perfecto. Concentra información. Facilita transacciones. Conecta mundos que deberían permanecer separados. Y a la postre su cooperación lo blinda legalmente, garantizándole inmunidad.

La cuestión no es solo jurídica. Es sistémica.

¿Qué ocurre cuando las estructuras diseñadas para limitar el poder dependen, de hecho, del mismo poder que deben limitar?

La crisis climática es el ejemplo más evidente de esta contradicción. ¿Por qué no se toman medidas drásticas? No por desconocimiento. La evidencia científica es abrumadora. Por falta de ejecución política en un sistema donde los intereses económicos de corto plazo tienen una capacidad de bloqueo superior a la urgencia colectiva. Las grandes transiciones energéticas chocan con industrias consolidadas. Con activos fósiles ya amortizados en los balances. Y con lobbies capaces de influir en legislaciones nacionales y supranacionales.

El resultado es una política de la dilación. Se reconoce el problema, pero se pospone la solución estructural. Se anuncian objetivos, pero se aplazan las medidas que los hacen posibles. La inacción no es ausencia de decisión: es una forma de decisión condicionada y diferida.

Así, la corrupción no es fenómeno penal. Es lógica cultural extendida. Es la idea de que todo puede ser compensado, negociado o liquidado si el precio es suficiente.

La literatura ha sido lúcida al describir esta deriva. Hannah Arendt analizó cómo los sistemas pueden normalizar lo inadmisible mediante la burocratización de la responsabilidad. Nadie es plenamente culpable, porque todo está distribuido en cadenas de decisión. Esa dispersión produce una forma de impunidad estructural.

Ursula K. Le Guin imaginó sociedades donde la organización económica no era un telón de fondo neutral. Era el núcleo mismo de la moral colectiva. En sus relatos, cambiar la economía equivalía a cambiar el tipo de humanidad posible. Esa intuición es hoy actual: no hay instituciones neutrales cuando la estructura material condiciona los valores.

Margaret Atwood ha explorado, desde la ficción distópica, cómo los sistemas no colapsan de golpe. Se reconfiguran para normalizar lo que antes era intolerable. El abuso. La desigualdad. La excepción jurídica.

Incluso en registros más clásicos, autores como Balzac o Dickens ya mostraban cómo el dinero reconfigura la moral pública. La ley puede ser igual en el papel, pero desigual en su aplicación. La diferencia hoy es la escala global y la sofisticación de los mecanismos.

No hay excepciones. Las excepciones se integran en el funcionamiento ordinario del sistema.

Cuando el nexo corruptor negocia su salida. Cuando el gran capital condiciona la legislación ambiental. Cuando la justicia se convierte en un campo de estrategias económicas. Entonces, el mensaje es claro: todo es negociable, todo tiene precio, todo puede ser absorbido.

Y surge la internalización social de esa lógica.

La ciudadanía lee el mundo en clave de interés económico. Exclusivamente. Las decisiones políticas se interpretan como transacciones. La ética se vuelve un lujo retórico. El lenguaje de los valores financieros sustituye al de los valores humanos allí donde éstos deberían predominar.

El resultado no es solo desigualdad. Es desgaste civilizatorio.

El planeta como recurso finito explotado sin freno. La democracia como sistema sensible a la presión del capital. La justicia como estructura susceptible de negociación. Y la vida cotidiana como un espacio donde la lógica del beneficio individual es el cristal desde el que se contempla cualquier horizonte colectivo.

Una sociedad que acepta que todo puede ser comprado, acaba vendiendo el tiempo político, la reparación del daño, la memoria de las víctimas y la integridad de las instituciones.

El nexo corruptor, ya no figura excepcional, es metáfora general del sistema.

Un sistema donde el intermediario ya no es una anomalía, sino el modelo a seguir, como el propio Aldama se ha encargado de recordarnos al salir de los juzgados. Donde acudió voluntariamente para celebrar la sentencia que le libra de desembolsar una multa millonaria y acudir a la cárcel. En cambio, sus colaboradores, no amparados por el omnipotente estamento capitalista, han sido condenados a 24 y 19 años. La desproporción es significativa.

Y cuando eso ocurre, la corrupción, lejos de considerarse un problema del sistema, se vuelve su lenguaje.

El desenlace es silencioso, pero constante. El mundo se agota por explotación material. Y por debilidad moral.

La tierra se desgasta. La democracia se vacía. La justicia se negocia. Y en ese triángulo, lo único que crece sin límites es la capacidad del dinero para redefinirlo todo.

Hasta el punto que ya no necesita violar las normas.

Le basta reescribirlas.

Pagando.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al partido Iustitia Europa y a la organización Hazte Oír -impulsoras de varias causas contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno- de "pervertir la figura de la acusación popular" para "perseguir a personas progresistas y a sus familias".

Bolaños ha enviado una carta a los representantes de esas dos organizaciones, que le habían invitado a participar en las jornadas 'La acusación popular: en defensa de la libertad'', que han organizado este jueves en Madrid.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Bolaños rechaza participar por motivos de agenda, pero repasa la propuesta del Gobierno para reformar la acusación popular para evitar que esta acción, concebida para la defensa del interés general, se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal "tal y como sucede actualmente y ustedes conocen perfectamente".

Considera que "la figura de la acción popular se ha convertido en una herramienta de persecución política e ideológica, desnaturalizando una institución concebida para la defensa del interés general" y con "el único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias".

El ministro concluye la carta asegurando: "estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno".

Añade que por esas razones organizaciones como Hazte Oír y Iustitia Europa "no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular".

Fue la primera causa en la que Víctor de Aldama probó las mieles de la colaboración con la justicia. Y ahora es la espada de Damocles que pende sobre su cabeza y amenaza su libertad. Tras la decisión del Tribunal Supremo de librarle de la cárcel en el caso Mascarillas, en el que se han impuesto severas penas de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, al empresario aún le persigue el llamado caso Hidrocarburos, en el que se investiga un fraude tributario millonario con el combustible. Una causa en la que su colaboración y reconocimiento de los hechos está siendo, a diferencia de lo ocurrido con la carpeta que acaba de ser sentenciada, prácticamente nula.

La primera vez que Aldama se sentó ante Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, fue a las pocas horas de ser detenido. En aquella comparecencia, el empresario se desvinculó por completo del entramado de empresas bajo la lupa. "Me parece de broma", llegó a decir. Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión, una cautelar que acordó el instructor y que se mantuvo durante algo más de un mes, hasta que el empresario decidió tirar de la manta contra Ábalos y García. Tras disparar a discreción contra el exministro y el exasesor en el caso Koldo, el fiscal Luis Pastor solicitó su puesta en libertad en el de los combustibles y el empresario salió de la cárcel.

Aldama se convirtió, desde aquel momento, en pieza clave para la construcción de la acusación en el llamado caso Mascarillas. Por aquel entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto sobre la mesa buena parte de los hechos que el Supremo ha considerado ahora acreditados. Más que a la aportación de elementos nuevos –un contrato de arrendamiento con opción a compra suscrito con el exministro como una suerte de garantía de cobros ilícitos o un listado de supuesta obra pública "preadjudicada"–, la colaboración de Aldama se ha basado en el reconocimiento de los hechos, "confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores".

Su papel como colaborador le ha permitido salir con una atenuante muy cualificada y, por tanto, con una condena mínima –cuatro años y medio de prisión, sustituidos por trabajos en beneficio de la comunidad–. Con este caso ya cerrado, el empresario deberá centrar ahora sus esfuerzos en el otro gran frente judicial que aún le queda abierto: el de los combustibles. Sobre la mesa, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal. Bajo la lupa, un fraude en el IVA que los investigadores cifran en 231 millones de euros –182 millones con Aldama ya integrado en la trama–. "Hidrocarburos es otra historia, veremos cómo avanza", deslizan fuentes fiscales.

El 21 de noviembre de 2024, el día que tiró de la manta, el fiscal pidió a Aldama que ratificase su "voluntad de declarar y comparecer" todas las veces que fuera necesario tanto en el caso de corrupción política como en el del fraude tributario de los combustibles. "Manifiesto mi disposición y colaboración", respondió el empresario. Dos años y medio después, sin embargo, poco ha aportado en el segundo de ellos. "Nada ha colaborado", resumen a infoLibre fuentes conocedoras del desarrollo de esta investigación judicial. El comisionista, a diferencia de lo que ha hecho en Mascarillas, niega en este caso las acusaciones contra él.

A finales de enero, durante su declaración como investigado en el marco de este procedimiento, el empresario defendió que las gestiones y pagos que hizo a nivel ministerial fueron para que la empresa Have Got Time, y no Villafuel, obtuviera una licencia de operador de combustible, algo que nunca ocurrió. Esto choca con el relato de la UCO. Y también con el del propio Tribunal Supremo. "A finales de 2020, Víctor de Aldama realizó gestiones ante Koldo García para que se concediera una licencia de mayorista en el sector de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL", recogían los magistrados en la sentencia de este lunes.

El empresario, durante aquella declaración, se desvinculó por completo de esta última firma, de la que nunca tuvo capacidad "de gestión ni dirección". Dijo que lo único que hizo fue facturar a tres empresas que en su día establecieron relaciones con esta compañía. Y que lo hizo a través de un conjunto de sociedades en Portugal. "Tributé en Portugal [por las cantidades facturadas] y lo que cobré en España lo tributé en España", aseguró Aldama. Una comparecencia que durante unos segundos se centró en un sobre con las siglas de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, hallado por la UCO en una conversación de WhatsApp. "Eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido", respondió al fiscal. Unas semanas después, Aldama entregó dicho sobre en la Audiencia Nacional.

En octubre de 2024, en el auto en el que decretaba su ingreso en prisión, el instructor definía así el peso del empresario en la trama: "La estructura societaria fue diseñada y estructurada de manera que Claudio Rivas y Víctor de Aldama –a quienes los investigadores sitúan en la cúspide de la trama–, con poder general sobre ella, quedaran velados y aparentemente desvinculados de la misma. Para ello, dispusieron a Still Growing, administrada por María Luisa Rivas tras entregarla su control Claudio Rivas, como matriz de Villafuel SL, administrada por otro investigado. Éstos adquirieron empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada por los responsables de la organización criminal".

En la trama Hidrocarburos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da por acreditado en un informe fechado el pasado mes de diciembre que el empresario percibió 292.416,66 euros por su intermediación con el ministro "en favor de los intereses de la presunta organización criminal". Y con posterioridad, ya "integrado" en la misma, otros 925.036 euros. Pagos realizados "bajo la cobertura" de un "contrato de prestación de servicios" que los investigadores tildan de "instrumental". El delito fiscal y el blanqueo de capitales contemplan penas de hasta seis años de prisión. En cuanto a la organización criminal, el castigo puede llegar hasta los ocho años.

Hasta febrero de 2024, Víctor de Aldama era un desconocido para la opinión pública, aunque llevaba décadas cerca del poder, tanto en España como en México. Fue ese mes cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo —junto al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García— por un presunto amaño de un contrato millonario de mascarillas del Gobierno durante la pandemia, aunque quedó en libertad provisional. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, Aldama volvió a ser detenido, en ese caso por un presunto fraude en el negocio de los hidrocarburos que asciende, según Hacienda, a más de 231 millones de euros.

Sin embargo, el comisionista únicamente pasó 42 días en la cárcel de Soto del Real de Madrid. Su abogado, exmagistrado de la Audiencia Nacional, le indicó al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que su cliente quería colaborar. Y, más de dos años después, el Tribunal Supremo lo ha exonerado de la cárcel y esquivado la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. “Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve”, se congratuló el comisionista tras conocer la resolución.

De esta manera, Aldama ha culminado una de las transformaciones más llamativas de la política española reciente. Pese a que su participación delictiva en el caso mascarillas ha quedado acreditada judicialmente este lunes —la UCO lo considera el jefe de la trama criminal— , se ha convertido en una suerte de denunciante heroico para amplios sectores de la derecha política y mediática. Una figura presentada como pieza clave en la lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno más cercano.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha cerrado el caso mascarillas no presenta precisamente a Aldama como un ciudadano ejemplar, sino como el corruptor que empezó a colaborar con la justicia una vez ya imputado, tras comprobar que le podía beneficiar en el juicio. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y cohecho continuado, pese a que participó activamente en la trama y obtuvo beneficios económicos millonarios que no tendrá que devolver.

Sin embargo, la imagen pública que ahora proyectan numerosos dirigentes políticos, comunicadores y activistas conservadores poco tiene que ver con esa realidad judicial. Aldama no comenzó a colaborar por arrepentimiento o remordimientos, como sí hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas con la Gürtel. En ese caso, fue él quien destapó el caso al proporcionar unas grabaciones de Francisco Correa. Aldama, en cambio, colaboró cuando la UCO ya había acumulado una amplia base probatoria sobre el funcionamiento de la trama y cuando él ya estaba en prisión.

En los casos de corrupción, la figura del colaborador aporta información decisiva para descubrir delitos desconocidos o identificar responsables que, de otro modo, permanecerían ocultos. En el caso de Aldama, el Supremo parece obviar que la investigación ya había acreditado buena parte de los hechos esenciales cuando decidió convertirse en colaborador. Pese a ello, el Alto Tribunal considera que su aportación fue suficiente para apreciar una atenuante muy cualificada de colaboración. Sin embargo, también deja fuera algunas de las graves acusaciones que lanzó el comisionista contra Sánchez y su entorno por no considerarlas acreditadas.

Con todo, la transformación de Víctor de Aldama en una figura política de referencia para una parte de la derecha no se ha producido únicamente en los tribunales. También ha sido el resultado de una intensa operación de legitimación mediática y de una red de apoyos públicos que han contribuido a presentarlo como un denunciante perseguido más que como uno de los protagonistas de la trama corrupta que él mismo terminó reconociendo.

Uno de los respaldos más visibles ha sido el de Daniel Esteve, fundador de Desokupa y uno de los referentes del ecosistema ultra español. En diciembre de 2024, cuando Aldama acudió a declarar ante el Tribunal Supremo, lo hizo acompañado por Esteve. Desde entonces, el líder de Desokupa ha actuado como uno de sus principales defensores públicos, celebrando sus éxitos judiciales y presentándolo como víctima de una supuesta persecución política. Tras conocerse la rebaja de su condena y que evitaría la prisión, Esteve difundió varios mensajes de apoyo en redes sociales en los que felicitaba a Aldama y arremetía contra la izquierda.

Pero Esteve no es el único. La exdirigente de Vox Macarena Olona ha llegado a afirmar que "gracias a su colaboración, la Justicia ha condenado una organización criminal dentro del Gobierno de España", presentándolo como una figura que habría asumido "un enorme riesgo personal" por denunciar los hechos. El agitador ultra Vito Quiles también ha celebrado la resolución judicial anunciando que "Aldama ya es libre" y asegurando que está dispuesto a "seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia", en referencia al Gobierno.

En el ámbito de la política institucional, el Partido Popular ha reivindicado expresamente el papel de sus abogados en la petición de una rebaja de pena para el empresario. Alberto Núñez Feijóo señaló este lunes que se alegraba de que la acusación particular ejercida por los populares hubiera acertado al solicitar esa reducción porque "a aquel que colabora con la Justicia, le corresponde". Esa ha sido la tesis también de las portavoces en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García. 

Precisamente en la sesión de control de la Cámara Alta, el ministro Félix Bolaños arremetió este martes contra la posición del PP. Señaló que el comisionista “no merece” que se le ensalce y diferenció entre él y el citado José Luis Peñas, tras destacar que muchas de las afirmaciones del comisionista no se han podido probar, al contrario que las de Peñas. Y añadió: "Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración por el señor Aldama, que sea su referente ético, su amigo, su aliado. Les propongo que le metan en las próximas listas electorales del PP y que hagan público su amor”.

En paralelo, Aldama ha protagonizado una extensa gira mediática. Durante los últimos meses ha multiplicado sus apariciones en televisiones, radios, periódicos y canales afines a la derecha. Su presencia ha sido especialmente intensa en el universo Mediaset, con entrevistas y conexiones en El Programa de Ana Rosa, Horizonte o los propios Informativos Telecinco. En estos espacios ha reconocido que tuvo ayuda del subdirector de El Español, Jorge Calabrés, para boicotear la rueda de prensa de Leire Díez.

Desde estos medios ha repetido una estrategia basada en anunciar nuevas pruebas, anticipar futuras imputaciones o sugerir revelaciones de gran impacto político que, según sostiene, terminarán afectando al entorno del presidente del Gobierno. La mecánica se ha repetido una y otra vez: anuncio de revelaciones inminentes, promesa de documentación definitiva y expectativa de un supuesto giro histórico en las investigaciones.

Hasta el momento, sin embargo, muchas de esas afirmaciones no han sido acompañadas de evidencia documental ni han tenido reflejo en resoluciones judiciales. Pero todo ello le ha servido para dejar de ser presentado como un empresario implicado en una trama corrupta para convertirse en una especie de acusador permanente del sanchismo.

Así, determinados programas y plataformas digitales han seguido otorgándole una enorme visibilidad, convirtiendo cada nueva declaración en un acontecimiento político. La derecha mediática, además, tampoco parece interesada en someter a Aldama al interrogatorio que merecería cualquier fuente con semejante historial. En la mayoría de esas entrevistas se le pregunta por lo que puede decir contra el Gobierno y se le concede el papel de arrepentido cuando conviene, omitiendo que su relato también es una estrategia de defensa. 

La conversión de Aldama en símbolo político responde también a una necesidad estratégica de la oposición más dura a Sánchez. Su figura permite mantener viva la expectativa de una gran revelación pendiente incluso cuando las pruebas judiciales no acompañan determinadas acusaciones. Pero, en determinados espacios, eso es lo de menos: solo hace falta que Aldama lo diga para publicar. Luego los dirigentes del PP y Vox lo difunden y la sospecha se instala.  

Hay procesos judiciales que no se entienden tanto por sus autos como por su eco. Se desvirtúan al hacerse públicos. Sus reglas internas se ven contaminadas por el escenario. El expediente pertenece al ámbito de lo verificable, pero su resonancia se rige por reglas inestables, donde el Derecho deja de ser un sistema de garantías y se vuelve relato colectivo.

El caso de Begoña Gómez se ha desplazado a un territorio donde el Derecho, la política y la conversación mediática conviven en una simbiosis perversa que se retroalimenta de los otros elementos.

El Derecho penal moderno se sostiene sobre una tensión permanente entre dos principios: la presunción de inocencia y la necesidad de asegurar la eficacia del proceso. Las medidas cautelares —como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país o la obligación de comparecencias periódicas— forman parte de ese equilibrio inestable.

Su finalidad es preventiva, no punitiva. Técnica, no simbólica.

Esa distinción, nítida en los manuales, se vuelve menos evidente cuando el procedimiento afecta a figuras de alta exposición pública. Entonces ya no se interpreta solo la medida, sino su contexto, y éste a veces pesa tanto como la norma.

La teoría jurídica rara vez logra preservarse intacta cuando entra en contacto con casos de alta densidad política.

Conviven la literalidad de una decisión y su traducción pública en un entorno mediático saturado de interpretación inmediata. Cada resolución judicial es fragmento de una narración mayor, ya en marcha antes que el procedimiento comenzara.

La discusión sobre la proporcionalidad y la motivación de las medidas cautelares en contextos de alta exposición institucional es recurrente. Algunos juristas sostienen que deben ajustarse al marco ordinario de apreciación judicial. Otros subrayan que la intensidad de la exposición pública exige una justificación rigurosa, para evitar lecturas distorsionadas. Ambas posiciones conviven en el ordenamiento legal.

El caso de Begoña Gómez ha sido absorbido por la política, que lo interpreta según sus propios códigos. El Gobierno denuncia una judicialización excesiva del conflicto político. La oposición interpreta el proceso como síntoma de deterioro institucional. Y con frecuencia la opinión pública no discrimina entre lecturas jurídicas e interpretaciones del poder.

En esa superposición de planos —jurídico, mediático, político— emerge una vieja pregunta que España conoce bien. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser percibida como un espacio de resolución y es percibida como un espacio de confrontación?

El problema no es nuevo. Lo novedoso es la aceleración “vertiginosa”. Entre el auto judicial y su interpretación política apenas transcurren minutos. Segundos. Entre la decisión y su transformación en consigna no hay apenas mediación. El relato se impone de forma automática, antes de que el hecho haya terminado de formularse.

Javier Cercas insiste en que las democracias no se sostienen en la unanimidad, sino en la aceptación de procedimientos imperfectos que permiten la convivencia. Y esa aceptación depende de una condición frágil: la confianza. Cuando se mina, el procedimiento pierde la capacidad de generar legitimidad compartida.

El efecto erosivo es acumulativo.

También la literatura ha descrito esa tensión entre realidad y relato. Javier Marías desconfiaba de las narraciones cerradas y las explicaciones demasiado limpias acerca de asuntos sucios. Esa desconfianza, trasladada al presente, adquiere una dimensión casi institucional. La opinión pública se siente impulsada a hacer suyos los mensajes de interpretación sesgada, que se le ofrecen de forma inmediata.

Y ya nadie advierte que esa inmediatez de “ver el árbol que uno tiene en frente” tiene consecuencias: impide alzar la vista para contemplar el bosque.

El caso de Begoña Gómez deja de ser solo procedimiento judicial y se convierte en espacio simbólico donde se proyectan tensiones más amplias. Jurídicas, políticas y mediáticas. El expediente en apariencia respeta la lógica interna, pero su percepción pública lo desborda.

Las personas implicadas son al tiempo sujetos procesales y figuras “juzgadas públicamente”. Sobre ellas se proyectan sospechas, expectativas e interpretaciones interesadas.

Miguel Hernández lo expresó desde otro tiempo histórico, con una intensidad que aún hoy resulta incomoda. En su El hombre acecha escribió: “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo.”

No es un lema. Es una condensación de experiencia histórica. La libertad entendida no como abstracción, sino como algo que se ejerce incluso en condiciones adversas.

Hernández no escribía desde la distancia. Escribía desde la urgencia. Quizá por eso su voz reaparece en momentos en los que la noción misma de libertad vuelve a ser objeto de debate público.

En esa misma tradición de pensamiento crítico sobre la democracia, María Zambrano propuso una idea que hoy cobra una resonancia particular. La democracia, decía, no es solo un sistema político. Es también una forma de razón. Una “razón poética” capaz de sostener la complejidad sin reducirla a esquemas cerrados.

Una forma de pensamiento que no se apresura a cerrar el sentido.

Esa idea es relevante en un entorno donde la realidad pública se acelera hasta volverse casi instantánea y todo tiende a interpretarse de inmediato, desdeñando el posible error de apreciación y la pérdida del matiz diferencial.

Cuando todo se juzga ¡ya! nada se comprende jamás.

El caso de Begoña Gómez no puede reducirse a una sola lectura sin empobrecerlo. Es al tiempo procedimiento judicial —con sus tiempos y garantías—, acontecimiento político —en un contexto de alta polarización— y fenómeno mediático que amplifica, selecciona y reorganiza la información según sus propias dinámicas.

El riesgo no reside en la existencia de estas capas, sino en su colisión constante.

Cuando un caso concreto se vuelve “símbolo total” —de legitimidad institucional o de su cuestionamiento—, el espacio intermedio desaparece. Y sin ese espacio la democracia se ahoga y pierde una de sus condiciones esenciales: la capacidad de convivir con la incertidumbre.

“Begoña somos todos” no es una afirmación literal. Tampoco es una consigna. Es una advertencia sobre el peligro que corremos todos. Dañar la justicia, la política y la imparcialidad de los medios es dañar los fundamentos de la democracia y del estado de derecho.

Cualquier figura situada en el centro del foco institucional deja de pertenecer exclusivamente a su individualidad. Se convierte en superficie de proyección colectiva.

Y esas proyecciones no son neutrales. Simplifican. Ordenan. Condensan.

En ese proceso se pierden los elementos que el Derecho necesita para funcionar: los matices, los tiempos largos, las distancias necesarias para deliberar sin urgencia.

La cuestión de fondo no es quién tiene razón. Sino cómo evitamos la progresiva demolición del Derecho.

La vida necesita tiempo. Es decir, tiempos distintos.

Tiempos en los que el Derecho pueda operar sin ser inmediatamente absorbido por la política o por el ruido mediático.

Cuando todo se interpreta al mismo tiempo, el juicio deja de ser posible. Y solo queda el reflejo.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

El Supremo pone punto final al llamado caso Mascarillas. El Alto Tribunal da por acreditadas las prácticas corruptas del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, así como el papel de Víctor de Aldama como corruptor. La sentencia, adoptada por unanimidad, es severa para los dos primeros, a los que castiga con penas de 24 y 19 años de prisión, respectivamente. Y especialmente benévola para el empresario, que se libra de la cárcel y esquiva la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción. "Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve", ha lanzado el comisionista tras conocer la resolución, aunque aún tiene cuentas pendientes con la Justicia.

El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera probado que los tres constituyeron una organización criminal en la que cada uno de los condenados asumía un papel "diverso y complementario". Los magistrados evitan colocar la etiqueta de "jefe" de la trama. Simplemente, describen el papel que jugaba cada uno. Ábalos "aportaba la autoridad" que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su "directa influencia" cuando era precisa. García, su "hombre de confianza", "ejecutaba" la "voluntad" del exdirigente socialista. Y Aldama era quien, "en beneficio propio y de terceros", aprovechaba su "influencia" sobre ambos para garantizar, con los correspondientes pagos, la adjudicación de contratos o la agilización de gestiones.

Que Aldama gozaba de una "interlocución privilegiada" en la Administración es algo que ponen de relieve distintos elementos incorporados a la sentencia. "Aldama era parte del ministerio", llegó a decir durante el juicio Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. Él era plenamente consciente de la capacidad que tenía de llegar a las más altas esferas. Y prueba de ello es una conversación mantenida con Leonor González Pano en relación al negocio de los hidrocarburos. "Es para las licencias de los gasocentros. Agilizar los trámites con Industria. Si tú puedes hacerlo, se comentó que te pagarían por ello y en efectivo", escribió la primera. "Okkkk lo tengo muy fácil jajajajaja tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa", respondió el empresario.

Fue en el marco de aquel "plan criminal", y en los momentos más duros de la pandemia, cuando Aldama dio un buen pelotazo con la compraventa de material sanitario. Soluciones de Gestión, mercantil vinculada al empresario, se hizo con dos contratos de suministro de mascarillas licitados por Puertos del Estado y Adif, entes dependientes del Ministerio de Transportes. En su escrito de conclusiones, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, situaba en 3,7 millones de euros la "comisión" que se llevó Aldama por ambos contratos, una cifra que el Alto Tribunal eleva hasta los 6,67 millones si se le suman otras licitaciones que no son objeto de acusación o están siendo investigadas en pieza aparte –como las adjudicaciones del servicio canario y balear de salud–.

En el marco de esos negocios, Aldama sostuvo que Ábalos le pidió dos millones de euros y García la compra de la casa en la que vivía y que valoró en medio millón. Ya en el juicio, el empresario sostuvo que "pagó parte de esas previsiones". En su sentencia, sin embargo, el Supremo reconoce que "de la entrega de esas cantidades no existe corroboración alguna". "Ni siquiera sirve de indicio para esa cifra el informe patrimonial aportado", añaden los magistrados. Ahora bien, sí existe una hoja de Excel incautada en el ordenador del comisionista que probaría, a ojos del tribunal, la "solicitud" de esos pagos por parte de Ábalos y García. En el archivo, creado el 26 de marzo de 2020, figura "El Gran" –que sería el exministro– junto a "2.000.000" y "Goblins" –que sería el exasesor– junto a "500.000" y "casa".

Los magistrados dan credibilidad a esas notas por "la fecha de su creación", por las "previsiones de los gastos de logística" que contienen o por "la identificación de todos los demás consignados". No son los únicos pagos y dádivas a los que hacen referencia los magistrados. La sentencia recoge una "remuneración mensual" de unos 10.000 euros entre octubre y junio de 2022 para gastos fijos de Ábalos. Y también el pago del alquiler de un lujoso piso a Jessica Rodríguez, entonces pareja del exministro, por parte de la trama, que también se hizo cargo del arrendamiento de viviendas de las que disfrutó el exdirigente socialista en Marbella y La Línea de la Concepción por gestiones relacionadas con la emisión de una nota sobre el rescate de Air Europa o con una licencia de hidrocarburos.

Anticorrupción, en su escrito de conclusiones, reclamó para Aldama una multa de 3,71 millones de euros –que se corresponde con el beneficio obtenido por los dos contratos de suministro de mascarillas– por el delito de aprovechamiento de información privilegiada. El Tribunal Supremo, sin embargo, le absuelve –al igual que a Ábalos y a García– de este delito. Lo hace al considerar que "la información que se afirma privilegiada", la de "menor publicidad o posibilidad de conocer" hasta la publicación de la orden –esto es "el número de mascarillas que se licitan"–, no se obtiene de ningún "funcionario público o autoridad", sino que es el propio Aldama quien "indica a los acusados funcionarios ese dato".

La absolución por ese delito ha provocado también la caída de la multa millonaria exigida para el empresario. La sentencia del Supremo, de hecho, solo acuerda respecto de los tres condenados "el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho" por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los pagos mensuales –10.000 euros durante 34 meses–, 82.295 euros por la renta del alquiler de la vivienda disfrutada por la expareja de Ábalos y 8.000 euros por el pago del alquiler del chalé en Marbella. Ábalos y García, además, deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a Ineco y a Tragsatec, las dos empresas públicas en las que se colocó a la expareja y una amiga del exministro.

El Alto Tribunal ha condenado a Aldama a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho, un castigo cuya ejecución ha suspendido con la condición de que no delinca, de que presente un informe semestral de actividades y de que haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y el continuado de cohecho, así como un grado respecto a los restantes delitos de cohecho por los que ha sido condenado. "En el caso, no cabe duda de la importancia de la colaboración prestada", resalta la sentencia, que en sus primeras páginas hace un alegato sobre la trascendencia de luchar contra una corrupción pública que pudre las instituciones.

El Supremo sostiene que los delitos de corrupción derivados de la criminalidad organizada solo pueden ser "eficazmente investigados, y reprimidos" a través de un "control interno independiente y fuerte" o con un "delator interno que sea capaz de, asumiendo su responsabilidad, incriminar a otros autores". Dada la implicación del propio ministro, los magistrados sostienen que el "primer instrumento" era de "todo punto ineficaz". Y, por tanto, "sólo la declaración incriminatoria" de Aldama "ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena".

En este sentido, la sentencia valora la renuncia a la defensa que Aldama hizo "desde un estado incipiente de la investigación judicial", admitiendo "plenamente" su "participación" en "hechos de absoluta gravedad". "Este acusado ha reconocido y aportado datos e información relevante sobre la constitución, dimensión y el desarrollo de las actividades de la organización criminal; confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores, reforzando así el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria y agilizando el ius puniendi", resalta el tribunal.

Los magistrados destacan que haya acreditado documentalmente el inicio de unas relaciones con Ábalos que fueron "negadas por éste" y "desconocidas por la unidad investigadora". También, que aportase un contrato de alquiler con opción a compra que en su día celebró con el exministro y que el tribunal considera una suerte de seguro para asegurarse el cobro de las comisiones. O que facilitara "información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas" que están siendo en estos momentos investigadas. Un fallo, en definitiva, que marca el camino a otros posibles delatores: "El Estado de derecho debe premiar [...] comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio".

La Fiscalía Anticorrupción da la batalla en la Audiencia de Tarragona para evitar que se envíe a Madrid el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En un escrito fechado a finales de mayo, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá defiende la competencia del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona para investigar el asunto. Se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habría tenido sobre las arcas catalanas. Y también en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense. "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene.

La causa en la que figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha avanzado lentamente desde el levantamiento del secreto de sumario. Entre otras cosas, por el aluvión de escritos y recursos. Las defensas, que buscan la nulidad de todo lo actuado, han alegado desde el inicio indefensión o falta de competencia objetiva y territorial del instructor, Rubén Rus. En este sentido, Equipo Económico planteó a finales de marzo una cuestión de competencia ante la Audiencia de Tarragona. La resolución definitiva de esta cuestión, contra la que no cabe recurso, resulta clave para la continuidad de la investigación. Este viernes, sin ir más lejos, cuatro de los investigados se han acogido a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la competencia territorial, según fuentes conocedoras del contenido de la comparecencia.

La consultora, en su escrito, defiende que la causa debe estar en un juzgado de la capital. ¿Por qué? Porque allí es donde se habrían cometido los supuestos delitos. Es en Madrid donde se encuentra la sede de Equipo Económico o la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Y también donde se ubica el Ministerio de Hacienda, que es donde "desempeñaban su cometido los funcionarios y autoridades partícipes en los hechos investigados". "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", resaltaba el despacho fundado hace dos décadas por el exministro de Hacienda conservador.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, defiende que el llamado caso Montoro continúe donde está. "La jurisprudencia tiene establecido que el lugar de comisión de las infracciones a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia ha de entenderse en un sentido predominantemente naturalístico: donde se llevan a cabo las acciones o acaecen los resultados tipificados como delito", sostiene la fiscala en su escrito. En este sentido, apunta que "los hallazgos delictivos se localizan en Tarragona". Y recuerda la "vigencia" de la "teoría de la ubicuidad", que proclama que el delito se comete "en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo".

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Anticorrupción considera que, hasta el momento, "la investigación ha evidenciado" que las empresas investigadas habrían conseguido previo pago a Equipo Económico tres reformas legislativas con importante beneficio: dos relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad (IE) –cedido a las comunidades autónomas– y otra al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) –cedido a los municipios–. Parte de los elementos probatorios sobre las maniobras relacionadas con la última modificación fiscal, fueron localizados en el registro de Carburos Metálicos, ubicada en Barcelona. "Aunque no tiene su domicilio en Tarragona, tampoco lo tenía en Madrid", apunta la fiscala.

El informe del Ministerio Público, por otro lado, sostiene que aunque las gasistas "se coordinaban" a través de la patronal Afgim, con sede en Madrid, "las reuniones donde se gestaba cada actuación del plan concertado por cada reforma se realizaban mediante el sistema digital de teleconferencia". Una videollamada a la que "se unían" los directivos de las compañías, entre los que se encontraban Folgado, Hauck y otros trabajadores de Messer, "todos ellos conectados desde Tarragona". Una provincia en la que, en alguna ocasión, también se celebraron encuentros presenciales. Así consta, por ejemplo, en un acta de 5 de abril de 2017, donde figura que la Comisión Técnica de Afgim se ha reunido en las "oficinas de Messer".

"Desde dicho puesto de trabajo en Tarragona los investigados Rubén Folgado y Karl Hauck, y otros trabajadores de la empresa Messer, contactaron con Equipo Económico; aceptaron cada petición de indiciarias comisiones que le realizaban los socios de aquel despacho, para poner en marcha el tráfico de influencias; mantuvieron reuniones por teleconferencia, que tuvieron por objeto el urdir la estrategia convenida en cada reforma buscada; formaron parte del grupo de trabajo de expertos de Afgim que realizaría el verdadero trabajo, que haría valer Equipo Económico ante la administración, presentándolo como propio, para la reforma del IAE e, incluso, habrían confeccionado el texto de dicha reforma", resume Anticorrupción.

Del mismo modo, el escrito de la fiscala destaca que "las actuaciones concertadas" por los representantes de las gasistas "habría maltrecho" no solo las arcas catalanas –en relación al Impuesto sobre la Electricidad–, sino también las del Ayuntamiento de Tarragona –en referencia al Impuesto de Actividades Económicas–. "Expuesto lo anterior, consideramos que debe desestimarse la cuestión de competencia interpuesta por la representación procesal de Equipo Económico y determinarse competente para instruir la causa el Juzgado de Instancia Sección de Instrucción, plaza 2 de Tarragona", concluye Anticorrupción.

A mediados del año 2012, el juez Javier Gómez Bermúdez tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional.

Una de las decisiones que adoptó nada más acceder a su puesto fue la de cerrar todas las investigaciones sobre terrorismo que desarrollaban en ese Juzgado los diferentes cuerpos policiales. El motivo que esgrimió fue que las argumentaciones utilizadas no tenían inicio en unos “hechos contrastados”, los cuales, tras ser debidamente sometidos a investigación, encontrarían encaje en la descripción de ese tipo delictivo, sustantivándolo.

Ejemplo para entender ese razonamiento sería el siguiente: hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca. Este sería el “hecho contrastado” que da origen a la investigación a través de la cual se obtendrán los efectos, instrumentos e indicios que convertirán el hecho investigado en un presunto homicidio, asesinato o suicidio, e identificará a su autor si lo hubiere.

Como se puede apreciar, por aquel entonces, antes del “el que pueda hacer, que haga”, los jueces dirigían las investigaciones y la policía seguía sus instrucciones.

En la actualidad observamos como en los casos de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, el ex Fiscal General del Estado, el caso Plus Ultra, o el caso Leire Diez, las investigaciones se inician con la descripción de múltiples supuestos delitos y se continúan con la apertura de líneas de investigación que tienen como objeto localizar “hechos” que pudieran encajar con las descripciones de los tipos delictivos.

Paradigmático fue el caso del ex Fiscal General, en el que los “hechos” fueron mutando hasta la sentencia. Hasta leer la sentencia, no supo qué “hechos” supuestamente delictivos se le atribuían.

Aberrante parece el caso en el que se investiga a Zapatero, “jefe de una organización criminal”. Es sabido que para ser jefe hay que dirigir, ordenar, supervisar, etc. Pues bien, leyendo el auto de imputación no se tiene constancia de ninguna orden ni actividad de dirección. En el auto sí se identifica el delito, y una vez atribuido éste, ahora se buscan los hechos que pudieran encajar en ese tipo delictivo.

Todo parece indicar que es la policía quien establece dicho delito a investigar, y que el juez se limita a dar apariencia jurídica, a través de sus escritos, de que es él quien dirige las investigaciones.

Esta cuestión se objetiviza con el hecho, insólito e inaudito, de que el juez solicite a una organización policial extranjera autorización para utilizar como prueba el clonado de un teléfono móvil.

En los Estados de derecho, los jueces solicitan cooperación a otros jueces, y a la policía les trasmiten órdenes.

Desde “el que pueda hacer que haga”, España parece que va mutando de Estado de derecho a Estado policial. 

La partitura la escribió Gounod, pero la hizo famosa un personaje de tebeo. "Me río al verme tan bella en este espejo", repiqueteaba —en la caligrafía electrizada del bocadillo— Bianca Castafiore, la más célebre intérprete del Aria de las joyas. Imagino que Hergé se lo endosaría por el divismo, pero, metidos en estas lides de rubíes y tasaciones que afligen a la socialdemocracia, nos viene que ni pintado que Sonsoles Espinosa sea soprano y que el aria del brilli brilli forme parte de una ópera protagonizada por Mefistófeles.

Declaró Zapatero manteniéndose en sus trece. Las novedades siguen trayéndolas portavoces oficiosos. De los 30.000 —estimación en tercera persona— al millón y pico (la gemología, ¡profesión en boga!), de la herencia familiar a la generosidad del tal Abdalá, Custodio de las Dos Mezquitas. "Fuentes del entorno", el comodín del público. Si alguno me lee, le ofrezco una excusa: es que José Luis era rapero.

"Les pido confianza. No les decepcionaré", rogó el expresidente al salir de la Audiencia. "La verdad se abrirá paso. […] Ya lo verán". Se habrá ido el papa, pero prosiguen las llamadas a la virtud: fe, esperanza, ¡caridad! Ayudaría, qué se yo, que alguien del Gobierno nos explicase por qué se rescató Plus Ultra o alguna minucia similar. O que los afectos al pe so e dejasen de martillearnos —como si eso exculpase a alguien— con el caballo que le regaló Gadafi Aznar o el Jaguar que se materializó (abracadabra, ¡simsalabim!) en el garaje de Ana Mato.

"Como teníamos confianza, no hizo falta firmar contratos", aclaró Zetapé a su señoría. "En principio, eso no es normal", masculla el juez. "Obviamente, en mi opinión; y en la de la Agencia Tributaria". Informes orales, reuniones etéreas y otras lindezas de la asesoría holística que no necesitan materializarse (¡qué vulgaridad!) para ser facturadas. La declaración, filtrada en mp3 a mayor gloria —supongo— del interés informativo, circuló la misma tarde de autos. Con todo, Sánchez ha decidido redoblar su adhesión. "La España de 2007 no es la de 2026". Ah… los 2000: moda horrenda, flamenquito flácido, años en los que nadie te miraba raro si pagabas un café con esmeraldas. Pero, ¡un momento! ¿No habían sido los logros del zapaterismo (aquel fulano contra el que hicimos, recuerden, recuerden, el 15M) el Código de Buenas Prácticas y haber escogido ministros que no acabasen en el trullo?

No solo los joyones inquietan a Hacienda. Los funcionarios del Sacro Fisco acaban de rematar los votos matrimoniales entre la señora Ayuso y don González Amador. La dote la pone el centauro Quirón: cuatro millones y medio, qué espléndido. En el lazo, una preciosa dedicatoria: la empresa del susodicho "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios".

El primero en celebrarlo ha sido Miguel Ángel Rodríguez, quien, después de apurar la copa y estrellarla al grito de "mazel tov", pidió el recado de escribir para mandar un telegrama: Hay que dinamitar la Agencia Tributaria. ¡Hacienda delenda est! Luego, la salmodia de costumbre: que si esto es una cortina de humo para distraernos de las inmundicias del partido rival y que ladran, luego cabalgamos.

Desgraciadamente, la misma retahíla resuena en ambos lados del auditorio. Los unos, que si las Leires, los Cerdanes y los Koldos son pecadillos menores, gente de la que usted me habla, inventadas y conspiraciones para empañar las gloriosas gestas de Gobierno más progresista de la historia. Los otros, que qué manía con mentarle los amigotes embarcados a Feijóo y la parentela a Ayuso teniendo Sánchez a media familia procesada. Como si todos nos hubiésemos convencido de que basta con ser un pelín menos miserables que el adversario.

PS: El juez Peinado ha sumado dos cargos más al caso Begoña Gómez, porque se ve que la doña se descargó la Encarta del eMule, y eso no puede quedar impune. 

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abre una nueva pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Lo hace a raíz de un oficio remitido por la Fiscalía comunitaria, en el que se ponen de manifiesto sospechas en relación a la adjudicación de un contrato a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por la consultora KPMG e Innova, la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Una licitación que querían investigar por su cuenta las fiscales europeas pero que, sin embargo, la Audiencia Nacional ha ordenado que se remita al juzgado de instrucción.

En un providencia fechada este jueves, Peinado ha abierto una pieza separada con la documentación remitida "para la investigación de los hechos" y ha pedido a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si los mismos son o no delictivos. Sobre la mesa del juez se ha puesto, en concreto, el auto de la Audiencia Nacional dejando sin efecto la avocación de las fiscales europeas –es decir, la decisión de asumir directamente las pesquisas– y el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hizo saltar todas las alarmas entre las representantes del Ministerio Público.

Según consta en un decreto de la Fiscalía Europea fechado el pasado 8 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, aquel informe giraba en torno a las comunicaciones electrónicas intervenidas a 13 personas en lo relativo a la tramitación de dos expedientes de adjudicación de la entidad pública Red.es que en esos momentos estaban bajo la lupa. Sin embargo, el atestado mencionaba también otro expediente que no era en esos momentos objeto de investigación: el 044/20-ED, que tenía por objeto "Servicios de oficina Acelera Pyme-Servicios de apoyo y asesoramiento".

En este expediente aparecería como UTE adjudicataria Innova Next y KPMG. Y la financiación correría a cargo de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). "Del informe policial se desprende que en la adjudicación del 044/20 el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria", explica la Fiscalía Europea en su decreto.

El informe policial resalta que al analizar los borradores de el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se encontraron un comentario que aludía al hecho de que la unión temporal de empresas no hubiera incluido dicho "libro blanco": "Hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".

Habrá que ver, no obstante, el alcance de esta línea de investigación. Si bien en el resto de licitaciones que en su día se pusieron bajo sospecha existían cartas firmadas por la propia Gómez que daban respaldo a las adjudicatarias, en este caso no constan –al menos por el momento– misivas similares, por lo que, en principio, todo giraría alrededor de Barrabés y Red.es.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó por la sociedad Círculo Belleza –ahora Masterman & Whitaker– 25 veces más de lo que había abonado tres meses antes la mujer del directivo de Quirón Prevención para hacerse con el control de la firma. Así consta en un oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado 19 de diciembre al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que ha puesto bajo la lupa esta operación al sospechar que detrás de la misma puede haber una comisión encubierta. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, hace un análisis de la compraventa apoyándose en los documentos que obran en el procedimiento. Y ha servido de base al instructor, Antonio Viejo, para solicitar información bancaria.

Los hechos se centran en la compra de la sociedad a la farmacéutica Gloria Carrasco. Círculo Belleza se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente del empresario Alberto González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en la operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

El 11 de septiembre de 2020, según consta en el atestado de la UCO, Carrasco se hizo con el control absoluto de la sociedad adquiriendo a su hermano y a su pareja el 40% de las participaciones por 8.000 euros. "Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 60,60 euros", resaltan los investigadores. Solo tres meses después, el 4 de diciembre, Maxwell –de González Amador– se hizo con toda la empresa por 499.836 euros, lo que equivale a un precio unitario de 1.514,65 euros. Es decir, la pareja de Ayuso pagó a Carrasco por cada acción 25 veces más que lo que ella había abonado para controlar la sociedad. "Se considera significativo las importantes diferencias entre los precios abonados [...] en un corto periodo de tiempo", apunta la Guardia Civil.

Los investigadores, además, apuntan que en el documento notarial para la formalización de la compraventa "no se ha localizado" referencia alguna "a la valoración efectuada" de Círculo Belleza. Ni tampoco "al método o los motivos" por los que se establece un importe de compraventa cercano al medio millón para una mercantil cuyo importe neto de cifra de negocio se había situado en los 31.288 euros en 2018 y en los 29.745 euros en 2019. Sobre los medios personales, la UCO destaca que en esos mismos años no constaba ningún trabajador vinculado a la sociedad. Y en lo relativo a recursos materiales, la empresa solo disponía de "máquinas de tratamientos de belleza y estética" y "un ordenador portátil que habría sido adquirido en el ejercicio de 2009".

La Fiscalía sospecha que esa operación oculta el pago de una comisión. Es más, en alguno de los escritos emitidos durante la investigación ha llegado a utilizar el término "sobornos". "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el representante del Ministerio Público en el escrito que provocó la activación de la unidad de élite de la Guardia Civil en el caso.

A partir de su adquisición por González Amador, la mercantil experimenta un "notable incremento" de su cifra de negocios, pasando de los 58.862 euros en 2020 a 327.320 euros en 2021. Los investigadores señalan que este último dato guarda relación con la factura que la renombrada Masterman & Whitaker emitió a Quirón Prevención por 396.057,20 euros –los 372.320 euros más el IVA– en relación con los trabajos relativos a su expansión en Latinoamérica. La empresa, sin embargo, carecía de "medios" para la prestación de dichos servicios de consultoría. "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", señalan los investigadores, que se apoyan en todo momento en los informes de la Agencia Tributaria.

Con ese primer informe, la Unidad Central Operativa solicitó al instructor una serie de medidas de investigación. "Se considera necesario contar con información bancaria y tributaria de los diferentes intervinientes, tanto personas físicas como jurídicas, que permita determinar los movimientos de fondos que habrían tenido lugar", apuntaban los investigadores. No solo actual, sino de los últimos 12 años. Una petición a la que el magistrado Viejo ha tardado medio año en responder. Y dando luz verde solo a una parte de las diligencias pedidas. En un auto fechado la pasada semana, el instructor autoriza únicamente a los investigadores a recabar información financiera de González Amador, Carrasco, Camino y sus empresas. Y guarda en un cajón, al menos de momento, la reclamación de datos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde la jubilación de la anterior instructora, la investigación se ha ralentizado. Aunque se activó a la UCO hace un año, lo cierto es que los investigadores no recibieron hasta principios de noviembre toda la documentación obrante en la causa. Una información que, no obstante, estaba incompleta. En el informe de diciembre, la Guardia Civil pide al magistrado que le haga llegar también las declaraciones como investigados en la causa de González Amador y Carrasco, quienes en sede judicial negaron el soborno y defendieron el precio que pagó la pareja de la presidenta madrileña por la sociedad.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto fin este miércoles a casi un mes de silencio con un escueto comunicado. El texto, hecho público tras su paso por la Audiencia Nacional, apenas ofrece detalles sobre su comparecencia como investigado en el llamado caso Plus Ultra. Más bien, es un alegato en defensa de su inocencia. A lo largo de cuatro párrafos, el exlíder de los socialistas pide "confianza" a quienes un día creyeron en él. Y también paciencia. Porque ahora tiene "por delante" la "tarea" de demostrar que no cometió los delitos que se le atribuyen. "Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", sostiene el exlíder del Ejecutivo.

La declaración de Zapatero ante el magistrado José Luis Calama, que por el momento le imputa formalmente cuatro delitos –tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando–, no es, ni mucho menos, un punto final. Aún queda mucho camino por recorrer. Una vez cruzado este primer puente, lo previsible es que el instructor empiece a citar al resto de investigados en la causa. De los cuatro detenidos el pasado diciembre, solo Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del exlíder del Ejecutivo y dueño de Análisis Relevante –empresa de la que cobraba Zapatero–, declaró cuando pasó a disposición judicial, aunque solo respondiendo a las preguntas de su abogado. El resto –los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli y el abogado de la aerolínea– prefirieron guardar silencio.

Tampoco es descartable que el expresidente vuelva a acudir a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre las joyas incautadas durante el registro de su oficina, unas piezas a las que la tasación pericial dio un valor de 1,3 millones de euros y que han provocado la apertura de una pieza separada por fraude fiscal y contrabando. La defensa de Zapatero, que ejerce el procesalista Víctor Moreno Catena, solicitó aplazar el interrogatorio por este asunto para poder recabar la documentación necesaria. Calama se negó. Y el expresidente ha preferido, por tanto, no pronunciarse sobre las mismas en su declaración como investigado. Una vez reúna los papeles que le permitan acreditar su origen, el exlíder socialista puede solicitar una declaración voluntaria para dar explicaciones precisas sobre las mismas.

Por otro lado, aún está por analizar toda la documentación incautada tanto en el registro del despacho del expresidente del Gobierno como en la empresa de sus hijas –la agencia WhaTheFav–, que habría recibido en seis años 239.755 euros de Análisis Relevante, además de 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad, según los investigadores, con "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Dentro de este material, resulta de especial relevancia el móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, cuyo contenido volcaron los investigadores. O la copia que se hizo tanto de su ordenador como de los correos electrónicos.

Del mismo modo, aún queda pendiente todo lo relativo al teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. El contenido de dicho dispositivo, volcado en 2021 por el Homeland Security Investigations y remitido por la agencia estadounidense a la Policía española el pasado 18 de marzo, es uno de los indicios clave en la causa. "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI" o "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" son alguno de los mensajes extraídos del mismo.

La defensa del expresidente aspira a sacar el contenido de ese móvil del procedimiento. Y para ello ha solicitado al instructor que en la comisión rogatoria que pretende cursar a Estados Unidos para solicitar que los mensajes puedan usarse como prueba se solicite a las autoridades de aquel país detalles clave sobre cómo se llevó a cabo la extracción y cómo se custodió a lo largo de estos cinco años. La defensa pretende conocer, entre otras cosas, la "concreta resolución judicial", "orden" o "autorización administrativa" que amparó la incautación y clonado del dispositivo, así como el procedimiento o investigación que existiera entonces en Estados Unidos contra Reyes Rojas y que motivara el mismo.

Está por ver, del mismo modo, si Calama cursa también una comisión rogatoria a Emiratos Árabes Unidos para pedir información sobre Landside Middle East FZCO, una sociedad que estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, la compañía de Julio Martínez Martínez que tenía un contrato con Plus Ultra para cobrar una comisión del 1% por el rescate de 53 millones de euros que se concedió a la aerolínea. Hasta ahora, lo único que tiene el instructor es un intercambio de correos relativo a la puesta en marcha –supuestamente por orden de Zapatero– de la filial dubaití, por lo que lo más lógico sería que el instructor solicitara a Emiratos Árabes las cuentas y movimientos bancarios de la misma.

El Partido Popular ha activado toda su maquinaria tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Lejos de conceder el beneficio de la duda o esperar al recorrido de la instrucción, el principal partido de la oposición ha fijado una posición de máximos. Para Génova, el expresidente socialista ha salido del juzgado "exactamente igual que entró", arrastrando siete presuntos delitos graves, entre ellos organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Fuentes de la dirección nacional del PP no han tardado en salir en tromba para tratar de contrarrestar el relato del entorno del exlíder socialista. La consigna de Génova es que la imputación sigue intacta y que la comparecencia ante el juez José Luis Calama no ha servido para despejar las sospechas que pesan sobre él. “No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”, apuntan.

Según recalcan los conservadores, la declaración de Zapatero sigue sin justificar "a día de hoy" el origen ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina. “Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia”, zanjan.