Shakira Isabel Mebarak Ripoll no pisó suelo español más de 183 días durante todo 2011. Y, por tanto, no hubo infracción tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante en el último pulso que mantenía con Hacienda, pleito que aún seguía vivo tras la condena de tres años por fraude fiscal que pactó con Fiscalía y Abogacía del Estado a finales de 2023. Y ha obligado al fisco a devolver las cantidades ya abonadas. Una nueva derrota judicial de la Agencia Tributaria que se suma a otras tantas experimentadas a lo largo de los últimos años contra la very important people. Solo en el último lustro, los tribunales han librado a deportistas, artistas o actrices de pagar más de 80 millones de euros en sanciones tributarias, si bien una parte destacable se corresponde, precisamente, con el pleito de Shakira.

La Hacienda española actuó contra la cantante al considerar que tenía que haber tributado en 2011 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio. Ella alegaba que residía fuera de España. La Agencia Tributaria, que era residente fiscal en nuestro país. Finalmente, los magistrados han dado la razón a Shakira al entender que no queda "acreditado" que la cantante permaneciera durante aquel año en nuestro país más de 183 días, mínimo necesario para determinar que tiene su residencia habitual en nuestro territorio. Tampoco que tuviera aquí el núcleo de intereses económicos ni conexión familiar con residentes. Pese a su relación con el futbolista Gerard Piqué, la sala resalta que no había "vínculo conyugal" o "hijos menores".

"Es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho", sentencian los magistrados. El tribunal, en definitiva, concluye que no hubo fraude fiscal en 2011, algo que la cantante sí reconoció para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 –el pacto suscrito con el Ministerio Público lo cifraba en 14,5 millones de euros–. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que la Agencia Tributaria ya ha anunciado que pretende recurrir ante el Tribunal Supremo, obliga al fisco a devolver a la cantante "las cantidades ingresadas". La cuantía del litigio asciende a 55 millones de euros. Su propia defensa, sumando intereses y costas, calcula que a la artista tendrán que devolverle 60 millones. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, por su parte, rebaja la posible devolución a los 35 millones.

El de Shakira es el último capítulo de una guerra contra el fisco en la que han jugado un papel preponderante los deportistas de élite. Piqué, expareja de la cantante, ya logró en 2021 que la justicia le diera la razón en su pulso contra la Agencia Tributaria. Tras fracasar en la Audiencia Nacional, el futbolista elevó su caso al Supremo, que terminó anulando la sanción de 2,1 millones de euros que Hacienda le impuso por el IRPF de 2008, 2009 y 2010. En su sentencia, el Alto Tribunal concluyó que el entonces defensa del FC Barcelona no simuló contratos para gestionar sus derechos de imagen y que las cotizaciones que abonó a la Seguridad Social británica mientras jugaba en el Manchester United contaban como "gasto deducible".

Varios han sido los jugadores culés que han torcido el brazo a Hacienda en los tribunales. En 2022, por ejemplo, Andrés Iniesta consiguió que se anulasen varias liquidaciones de impuestos en las que le pedían el pago de 2,21 millones de euros. Ese mismo año, Xavi Hernández y Carles Puyol lograron lo mismo con reclamaciones por 1,32 y 1,71 millones de euros, respectivamente. Ya en 2024, Iniesta consiguió ganar un par de pleitos más relacionados con la cesión de derechos de imagen o los pagos del club blaugrana a su agente, sentencias que le libraron de pagar, al menos, otros 4 millones de euros. A estos hay que añadir un triunfo adicional de Puyol, que consiguió que la Audiencia Nacional le eximiese de pagar 2,5 millones por el IRPF de 2010 a 2013.

Ese mismo año, el exfutbolista Daniel Alves ya acumulaba, según La Vanguardia, una serie de victorias judiciales que obligaban a la Agencia Tributaria a devolverle 9,2 millones de euros. Un gol por la escuadra que le ha metido también al fisco español en los tribunales Xabi Alonso, que en 2019 resultó absuelto de un delito contra la Hacienda Pública por la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a una empresa radicada en la isla de Madeira –la Administración le reclamaba 2,5 millones de euros– y que en 2025 logró otra victoria que le libró de pagar otros 288.000 euros. O el exjugador del Real Madrid James Rodríguez, a quien la Audiencia Nacional ha ordenado que se le devuelvan más de 3 millones porque ha podido acreditar que en el ejercicio bajo la lupa había residido 202 días en Mónaco.

También han conseguido algunas sentencias favorables en el último lustro desde el extenista Juan Carlos Ferrero, a quien el Supremo libró de pagar casi 275.000 euros por haber gestionado los derechos de imagen a través de una sociedad especializada no controlada por él, hasta el expiloto de motociclismo Daniel Pedrosa, a quien la Agencia Tributaria tuvo que devolver 2,4 millones de euros más los intereses. Y también alguna actriz. El año pasado, sin ir más lejos, la Audiencia Nacional absolvió a la intérprete Ana Duato en el caso Nummaria al no haber "acreditación suficiente" de que conociera que "estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario". Hacienda le reclamaba 1,1 millones de euros.

¿Habrá sido penalti? El árbitro lo señala pero, entre susurros de desconcierto en la grada, parece dudar. Se acerca a la banda para examinar la jugada en un monitor, mientras que por el pinganillo un asistente, el famoso VAR, le cotillea sus impresiones. Le pasan por la moviola, adelante y atrás, la grabación del mínimo contacto entre el pie de un futbolista y el tobillo del contrario, una y otra vez, a velocidad lenta y demorada. El árbitro se aproxima más, pega la nariz a la pantalla y pide que se lo vuelvan a reproducir; quiere más detalle, verlo otra vez. La jugada también se emite por las pantallas del estadio. Los minutos van pasando, el juego está detenido y el árbitro no se decide. Finalmente, el comentarista radiofónico no aguanta más y estalla: bueno, ya está bien, esto no puede ser, el invento se nos ha ido de las manos. El VAR está previsto, dice con razón, para corregir errores claros, obvios y manifiestos. Si el árbitro tiene que acampar ante el monitor y ver la jugada cuarenta veces, entonces el error no es claro y no ha lugar a la rectificación.

Ante el lamento del comentarista, no pude por menos que recordar el viejo asunto de los ERE, la gran ficción judicial que fue el origen de tantas otras que vinieron después. El delito de prevaricación administrativa por el que fueron condenados los políticos socialistas es un poco como la revisión del VAR: exige que la irregularidad sancionada como delito sea clara, manifiesta o grosera. La Audiencia Provincial de Sevilla necesitó 1821 páginas de sentencia para describirla; y aun así, no se entendía. No debía de ser tan clara la ilegalidad si su explicación exigía un relato tan prolijo y enrevesado, sobre todo cuando se trataba, según la tesis acusatoria, de conductas que se habían desarrollado a la vista de todo el mundo durante diez años, sin que nadie advirtiera nada extraño. El simple peso de la sentencia puesta en papel descartaba el delito: no era una irregularidad clamorosa, patente ni flagrante.

Por paradójico que parezca, los hechos eran bien sencillos. A finales de los 90 se vivía un momento especialmente crítico para numerosos sectores productivos de Andalucía; la Junta decidió aligerar los trámites para conceder ayudas, tanto a empresas como a trabajadores, y que el dinero no se demorara en llegar a quien lo necesitaba. Tiempo después, se advirtió que algunos tramposos habían aprovechado el trance para desviar ayudas a empresas de su pueblo o para incluir de intruso a algún amigo en listas de trabajadores afectados por un ERE. No hay más.

Se puso en marcha entonces un proceso penal que, tras unos inicios más bien titubeantes, terminó por dirigirse no tanto o no solo contra los maleantes que se habían lucrado ilícitamente sino más bien contra quienes habían diseñado el método de concesión de ayudas. Ahí el proceso se enfrentaba con una dificultad, porque este sistema estaba recogido en leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía, publicadas en el Boletín Oficial y conocidas por todo el mundo. No importó: en un alarde de temeridad, decidieron sentar en el banquillo a los políticos que habían propuesto la ley y elevado al Parlamento los proyectos legislativos donde se recogía este método. Los sentaron en el banquillo, los condenaron y muchos de ellos terminaron en la cárcel, condenados también por una extraña malversación sin dinero: ninguno de ellos fue condenado nunca a devolver ni un solo euro. Tras aquella sentencia de espanto, el asunto pasó por el Supremo, donde recordarán que se resolvió el recurso antes de sentenciarlo, y terminó en el Tribunal Constitucional, al que le bastaron bastantes menos folios para tumbar el estropicio de la sentencia de Sevilla; en realidad, le hubiera bastado una sola página donde se dijera lo obvio: que una ley no puede ser ilegal ni un sistema de concesión de ayudas previsto en la ley puede ser contrario a la legislación. Todo el asunto resulta un desafuero; no se olviden que hubo gente completamente inocente que pisó la cárcel por este delirio.

Cuando se afloja la burocracia se consiguen beneficios pero se asumen riesgos. Un exceso de reglamentación administrativa, con su madeja de presupuestos y requisitos, controles y verificaciones, podría facilitar la corrección formal del sistema: para garantizar que quien pide una ayuda realmente la necesita, qué mejor cosa que reclamarle montañas de documentos y justificantes, para someterlos a un minucioso escrutinio; para cuando reciba el dinero, puede haberse muerto de viejo. El legislador puede optar por simplificar el papeleo, por las razones de política económica o social que tenga a bien. Así sucedió, por ejemplo, en la contratación derivada del COVID-19, cuando el país necesitaba con urgencia remesas de mascarillas; había una situación de urgencia: los trámites se aflojaron, los plazos se aceleraron, los requisitos se simplificaron. ¿Se corrió un riesgo? Sin duda alguna. Ahora estamos viendo los daños colaterales (o los beneficios de los colaterales, como en el caso de Díaz Ayuso) del riesgo asumido, pero a ningún juez se le ocurrió sentar en el banquillo a los promotores de aquella normativa que en términos generales fue beneficiosa, al permitir la contratación urgente y eficaz de millones de mascarillas y material sanitario. Sería una insensatez juzgarlos: es obvio que estos promotores legislativos no fueron los autores de los fraudes que los bandoleros sanitarios cometieron aprovechando la relajación de controles. Habrá que repetirlo: la ley no puede ser ilegal.

Algún día se escribirá la historia de aquel asunto, un montaje fascinante dirigido desde el inicio hacia la condena y la cárcel, con mano firme y ritmo implacable, como una locomotora que fue aplastando a su paso todo aquello que se oponía a su destino final; como a la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, por ejemplo, encargada de instruir el asunto cuando Mercedes Alaya dejó su juzgado. Bien pronto se vio que Núñez Bolaños no le veía trazas a aquella tropelía, así que se la quitaron de en medio. El Diario de Sevilla informó de la dura queja de Núñez Bolaños ante el CGPJ, denunciando que pretendían “apartar de la instrucción a la juez que no comparte sus criterios jurídicos”. Lo consiguieron: Núñez Bolaños se vio abocada a firmar un papel cediéndole la manija del asunto al juez que le habían puesto de colaborador, Álvaro Martín Gómez; entre todos los intrusos detectados en el procedimiento, él fue, sin duda, el más singular de todos, al hacerse cargo de un asunto que no le correspondía.

Y ahí la locomotora prosiguió su marcha, arrollando sin piedad todo lo que pilló por delante, triturando a los acusados, luego condenados y siempre inocentes. Me quedo con tres detalles, a cada cual más provocador y estrafalario. El primero es este: a finales de mayo de 2016 el juez Martín dictó un auto concluyendo la investigación y formalizando la imputación contra los políticos del Partido Socialista en términos gravemente incriminatorios; el problema era que la investigación no estaba concluida. La ley indica que, dictado este auto, en ese mismo momento hay que dar traslado al fiscal para que presente su escrito de acusación. En un caso creo que único en la historia, el juez Martín decidió que todavía no acordaría dicho traslado porque había pruebas pendientes de ser practicadas; la investigación no estaba terminada. Entonces, ¿por qué dictar el auto antes de tiempo? Nunca lo dijo, aunque sabemos que apenas diez días después empezaba la campaña electoral para las elecciones generales que se celebraron el 26 de junio de 2016.

El segundo atropello fue también de manual: al dictar el auto de apertura de juicio oral, el juez Martín se sacó de la manga un nuevo delito, incluyendo sorpresivamente en la nómina de las acusaciones un delito de asociación ilícita que no había aparecido durante la investigación. De nuevo, actuó contra los acusados. La irregularidad fue tan llamativa que sus propios compañeros de la Audiencia Provincial se apresuraron a anular esta decisión antes de empezar el juicio.

Y el tercero sería para enmarcar: cuando convocó a los acusados a presentar sus escritos de defensa, el juez Martín se negó a darles el mismo plazo que había dado a la fiscalía para formular su acusación, vulnerando el derecho más básico de un proceso: la igualdad de armas. Una apisonadora no necesita guardar las formas. Incluso el Código de Justicia Militar aprobado por Franco en lo peor de la represión de la dictadura mantenía al menos esta apariencia de igualdad, dándole a ambas partes el mismo plazo para formular sus escritos de acusación y defensa. Esta gente fue más allá.

Decía Perfecto Andrés Ibáñez, en una lúcida entrevista, que en España el marco legal permite a un juez ser tan independiente como él decida serlo; es triste, pero tenía toda la razón. En nuestro país, la independencia judicial es una opción: si el juez decide serlo, lo será; si, por el contrario, decide no serlo y dejarse llevar por las rentabilidades de la dependencia, no tendrá ningún problema.

Álvaro Martín Gómez, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental, tomó posesión el 19 de septiembre de 2025 como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal.

La quinta semana del juicio de Kitchen –cuarta con testificales– ha transitado entre servicios secretos, guerras policiales, enemistades manifiestas y oposiciones bajo sospecha. Han sido tres sesiones intensas. Con testigos que, en algún caso, resultaban de gran relevancia. Y para muestra, una de esas frases cuchicheadas entre togas que acabó captada por uno de los micrófonos de la Sala: "Esta prueba tenía una importancia vital. Muy bien". En total, más de ocho horas de declaraciones en las que los acusados han tratado de atar sus defensas antes de afrontar sus respectivos interrogatorios, que el calendario prevé que desarrollen en las próximas semanas.

Antonio García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha jugado un papel principal en estas últimas sesiones del juicio. Al fin y al cabo, una parte nada desdeñable de los testigos que han ido desfilando por la Audiencia Nacional lo hacían a petición suya. Los interrogatorios planteados por el letrado han ido orientados, en buena medida, a buscar lagunas e irregularidades en el origen del procedimiento que permitan invalidar Tándem y, por conexión, también su séptima pieza separada: Kitchen. Algo que, hasta el momento, no ha sucedido. Por ahora, la Audiencia Nacional ha avalado la investigación y las pruebas recabadas, si bien hay recursos pendientes de resolver en el Tribunal Supremo.

Por un lado, el letrado ha intentado convencer al tribunal de que tras la caída de Villarejo hay una suerte de complot de los aparatos estatales con origen en uno de los organismos más herméticos: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De ahí que pidiera llamar como testigo a quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán. García Cabrera se esforzó por evidenciar la enemistad entre general y comisario. Pero el exjefe de los espías no se lo puso fácil. Negó "enemistad manifiesta" con Villarejo. O que pidiera hasta en tres ocasiones al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que lo cesara. También rechazó haber dicho que si el Estado no acababa con Villarejo este último sería quien acabaría con el Estado: "Nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad".

García Cabrera sostiene que Tándem está contaminado desde la raíz. ¿Por qué? Porque la denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción que provocó el inicio del caso fue interpuesta por David Rodríguez Vidal, un viejo colaborador del CNI, quien unos meses antes había compartido parte de esa información que luego envió bajo un seudónimo con mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o con el fiscal Ignacio Stampa, que sería quien llevaría luego el caso Villarejo. "¿Usted exhibió esa documentación?", preguntó el abogado sobre aquella reunión. "Conforme iba explicando, enseñaba las fotocopias", respondió. Con esto sobre la mesa, la defensa de Villarejo sostiene que todo se preparó por "medios espurios".

El abogado, por otra parte, también ha intentado encontrar flecos sueltos tanto en los registros realizados en las viviendas del comisario jubilado, donde se halló buena parte del material sobre el que se apoya la macrocausa, como en el análisis de los efectos incautados. A sus preguntas se han sometido varios policías. Y todos ellos han negado irregularidades. Así, han explicado que se les dio orden de buscar información sobre los negocios de Villarejo relacionados con Guinea Ecuatorial y sobre otros "proyectos" que tuvieran una "estructura similar". Y en cuanto al análisis documental, una de las agentes explicó que si en alguna carpeta se encontraban "aspectos personales", la misma "se dejaba de lado".

A lo largo de la quinta semana de juicio han desfilado por la Audiencia Nacional un buen número de agentes de la Unidad de Asuntos Internos. Muchos de ellos a petición de la defensa de Marcelino Martín Blas. En las primeras sesiones del juicio, quien fuera comisario jefe de este departamento, que al igual que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información protagonizó seguimientos sobre el entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas, se vio señalado por el ya jubilado inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien estuvo al frente del área de Vigilancias y Seguimientos de la unidad. Durante su declaración como testigo, sostuvo que fue Martín Blas quien le dio orden de "dar protección" a la mujer de Bárcenas pero sin "ser detectados", lo que le resultó contradictorio.

Cuando compareció frente al tribunal, la situación de Galán era bastante especial. Como había estado investigado y el procedimiento contra él estaba sobreseído provisionalmente, su obligación de decir la verdad se veía –en palabras de la presidenta del tribunal– "algo más difuminada". Esta semana, Antonio Alberca, abogado de Martín Blas, ha tratado de poner en cuestión ese testimonio. Y lo ha hecho a través de varios exmiembros de Asuntos Internos que han puesto de relieve la "mala relación" entre comisario e inspector jefe, que han llegado a vincular con la negativa del primero de proponer al segundo para una condecoración policial. "Estaba rencoroso", se ha llegado a escuchar en la sala.

El testimonio más demoledor fue el de una agente de Asuntos Internos que participó en la comisión judicial que se creó para investigar el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como pequeño Nicolás. La policía contó que Galán "malmetía contra Marcelino". "Le menospreciaba a nivel profesional y físico", expuso, al tiempo que aclaró que luego cuando le tenía delante solo le faltaba "hacerle una reverencia". Del mismo modo, explicó que Galán se esforzaba por sonsacarles en todo momento información sobre la investigación que estaban realizando. "Nos hacía sentir muy incómodos", dijo. E, incluso, que intentó que la agente dejara el caso. "Vete a una embajada", llegó a decirle en una conversación en la que, según la testigo, dejó entrever que sabía a qué colegio iba su hija pequeña.

Cuando los micrófonos de la sala captaron aquella frase que evidenciaba la relevancia de las testificales –"esta prueba tenía una importancia vital"–, acababa de comparecer ante el tribunal José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial. Su testimonio había sido solicitado, entre otros, por el abogado del ex director adjunto operativo Eugenio Pino, cuya principal línea de defensa, al igual que la de la gran mayoría de acusados, se centra en vestir el espionaje al entorno de Bárcenas como un operativo policial completamente legal orientado a encontrar el dinero que el extesorero del PP pudiera tener en el extranjero.

Lo que pudiera decir Sánchez Aparicio resultaba relevante porque, al fin y al cabo, había estado al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, que es donde se entronca la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que había investigado el caso Gürtel. El comisario jubilado explicó que, cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó de la existencia de una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con Pino y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

Las acusaciones defienden que detrás de los seguimientos y vigilancias se escondía toda una operación parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener Bárcenas acabara en el caso Gürtel. Y buena prueba de ello, sostienen, es el hermetismo con el que se desarrolló el operativo, sin que nadie informase al juez instructor ni al fiscal ni al investigador principal sobre la existencia de una operación de inteligencia de este tipo. "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", dijo la pasada semana durante el juicio Manuel Morocho, quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador de Gürtel.

Aquel testimonio fue demoledor, por cuanto relató presiones de todo tipo por parte de sus superiores para boicotear las pesquisas sobre la trama corrupta. Por eso, las defensas han tratado esta semana de desacreditarlo a través de la testifical de Sánchez Aparicio, quien fuera su superior. "¿Morocho reportó ser víctima de presiones en la elaboración de su trabajo?", preguntó el abogado de Pino. "No", respondió el comisario jubilado. "En sus reuniones con el instructor de Gürtel, ¿le reportó que Morocho estaba siendo víctima de presiones?", continuó el letrado. "No, en ninguna", zanjó Sánchez Aparicio, quien también quiso dejar claro durante su declaración que el investigador "es un profesional como la copa de un pino".

Si la operación Kitchen pudo llevarse a cabo fue, precisamente, gracias a la captación de Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero conservador. Por sus servicios, el confidente cobró más de 50.000 euros con cargo a los fondos reservados. Y Anticorrupción también cree que se le pudo premiar con una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, al que consiguió ingresar en 2017. La defensa de Ríos, sin embargo, trata de acreditar que aprobó la oposición de forma limpia. Y, para ello, ha llevado esta semana como testigo a dos exresponsables de aquellas oposiciones, que han negado que se filtrara el examen o que se les indicara que había que facilitar el aprobado de Ríos.

Kitchen gana por 13 a dos a Ábalos-Koldo-Aldama (encarcelados preventivamente los dos primeros y contratado como showman y colaborador de la Justicia el tercero). Me refiero a los años que han tardado en juzgarse uno y otro caso. Desconozco a qué puede deberse tanta diferencia temporal o con qué criterios se aplican las vías rápida y lenta, pero no parece casual, ni tampoco que el origen solo esté en la complejidad o gravedad de cada uno de los asuntos. Mientras los discos duros de Génova 13 se suicidaban, el tiempo pasaba y a la Gürtel le siguió la Kitchen, que lleva largo tiempo en la cocina, la cual consiste en que la cúpula de Interior y de la Policía Patriótica se dedicaron a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del PP gobernante. El caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, de lo que se deduce el escaso acierto de Pedro Sánchez al elegir a sus colaboradores más allegados. Gravísimo también, cuidado. Pero conviene no olvidar las diferencias. En este caso, Aldama, como ya anunció, ha culpado a Sánchez de todo —eso sí, sin pruebas, porque lo dice él y punto—.

La Justicia, y con ella la justicia, también quedó atada y bien atada en el antañazo, como advirtió el dictador asesino. Entre esta y la frase "el que pueda hacer que haga" de Aznar ha sucedido una transición que a veces no parece haber acabado su trayecto o, incluso, aparenta retroceder. He llegado a soñar, en un ataque de pesadillas judiciales, que ciertos jueces, con García Castellón a la cabeza, están intentando demostrar que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas es Pedro Sánchez. Peinado, en cambio, está empeñado en que tal arcano se refiere a Begoña Gómez. Todo el entramado al que me refiero, con el que me atacaron los sueños, fue puesto para su solución en manos de la "inteligencia" que no supo descubrir quién era la X del caso GAL ni, por su mayor dificultad, descifrar el enigma M. Rajoy. La presidenta del tribunal de la Kitchen, Teresa Palacios, se ha instalado de forma sólida en ese apócrifo puesto de jueza defensora (del PP).

Cospedal continúa protegida en diferido por los jueces y el exministro patriótico Fernández Díaz por Marcelo, el ángel de la guarda cuyo papel fundamental no era aparcarle el coche, como quiso hacernos creer el cínico chupacirios.

Peinado, desmelenado en su obsesión con Begoña Gómez por su pecado conyugal, propone juzgarla por cuatro delitos tras una instrucción repleta de polémicas y errores, apoyado en las querellas de la ultraderecha de Vox (a gritos), Manos Limpias (que hieden) y Hazte Oir (mejor no escucharlos). El ministro Bolaños asegura que la actuación del juez ha avergonzado a ciudadanos y jueces y cree que ha hecho un daño irreparable. En respuesta, 23 jueces de Badajoz, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente las consideran un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Sin embargo, los jueces, de piel tan fina para lo suyo, critican las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o a una aplicación restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; como ya pasó con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes.

Pero son las izquierdas y el Gobierno quienes dañan la imagen de los jueces, según el discurso de derechas. Nada que decir de los excesos de los jueces como los posicionamientos políticos de algunos de ellos con determinados partidos y en determinados medios, las intervenciones en actos de colectivos ultras, las descalificaciones gruesas e incluso insultos contra cargos públicos o el desprecio sistemático a otros órganos como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional que no merecen ningún reproche ni de esos colectivos ni del CGPJ.

En unos casos los jueces aplican la presunción de inocencia; en otros, la de indecencia. La inaceptable tortedad de la justicia, o sea.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

Tras diez meses de personaciones, escritos y recursos, el juez nº2 de Instrucción del Tribunal de Tarragona, Rubén Rus, decidió a finales de abril dar un nuevo impulso al caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. Por un lado, solicitando abundante información bancaria que hace tiempo que debería estar ya en la investigación. Y, por otro, ordenando la primera tanda de declaraciones de los investigados. Unas comparecencias que, sin embargo, tendrán que esperar. Ya se han suspendido, según ha podido saber infoLibre, cinco de las ocho acordadas. Y hay, al menos, una sexta que también se ha pedido cancelar.

Este primer grupo de investigados formaba parte de varias gasistas involucradas en la trama: Messer Iberica, Air Liquide y Praxair –ahora Nippon Gases–. Estas tres compañías, además de Abelló, Carburos Metálicos y la patronal AFGIM, "habrían aceptado" abonar al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro el "precio solicitado" para obtener las reformas del Impuesto Especial Eléctrico (IEE) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que "perseguían movidos por un interés económico", según resalta el instructor en su auto de imputación. Entre 2011 y 2020, según un informe reciente de la Agencia Tributaria, las gasistas pagaron a Equipo Económico 991.613,76 euros, abonos realizados "al ritmo de los hitos" producidos para la obtención del "beneficio fiscal".

Karl Andrea Hauck y Rubén Folgado, director general y director técnico de Messer, respectivamente, figuraban los primeros en la lista de declarantes. Ambos están, precisamente, en el origen del caso. La investigación parte de una serie de correos interceptados a ambos en el curso de otra causa, de los que se desprende que varias empresas del sector habían decidido contratar a Equipo Económico, despacho con acceso "directo" al Ministerio de Hacienda, para obtener una rebaja fiscal. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", escribe Folgado a Hauck el 5 de diciembre de 2013. Ambos, recoge el instructor, participaron en la "teleconferencia" en la que se acordó la contratación del despacho y se fijaron los "términos" de los pagos.

Los directivos tenían que haberse sentado ante el juez la pasada semana, pero la declaración se suspendió después de que ambos investigados solicitaran su aplazamiento por motivos personales. No son, sin embargo, las únicas. El instructor también ha acordado cancelar las otras tres comparecencias que estaban previstas para esta misma semana: las de Patrick Enmanuel Marcel, Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela. Todos ellos ocuparon cargos directivos en Air Liquide: director general, presidenta del Consejo y director de Contabilidad e Impuestos, respectivamente. El magistrado les sitúa, además de en el intercambio de correos analizado, en algunas reuniones clave que se encuentran bajo la lupa.

La defensa de Marcel, Rasero y Pedrazuela había solicitado la suspensión alegando que aún no se había resuelto la batalla competencial –los investigados defienden que el caso debería estar en un juzgado de Madrid, algo que rechaza el instructor–. "La inminente resolución sobre la competencia afectaría a las declaraciones de los investigados, quienes, en caso de estimación, se verían obligados a declarar ante dos instructores", resaltaban en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. Y añadían: "No parece que tras ocho años de instrucción en secreto y casi un año desde que se conoció el auto de imputación [...], sin que se haya practicado ninguna declaración judicial, se acuerde la citación de seis investigados [...] en plena tramitación de la declinatoria de competencia". Días antes, habían alegado viajes de negocios o citas médicas para pedir la suspensión.

En una línea similar se ha movido la defensa de Carlos Romero, quien fuera directivo en Praxair –ahora Nippon– y secretario general de la patronal de gases medicinales. "En este momento están sin resolver cuestiones de gran importancia para el devenir del procedimiento; entre otras, las peticiones de nulidad instadas por esta y otras defensas", alega en un escrito al que ha tenido acceso este diario, en el que su abogado pide que la declaración se practique "al final de la fase de instrucción". Romero está citado para dentro de una semana con Eduardo Gil y Jacobina Escamez, presidente de Nippon y responsable fiscal de la compañía, respectivamente. Aunque aún no hay confirmación, las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que estas tres últimas comparecencias también acabarán canceladas.

La suspensión de las declaraciones frena de nuevo el caso Montoro, que vuelve a quedar en stand by a la espera de la resolución de recursos y de que se vayan completando las diligencias de investigación encargadas. En los últimos meses, el instructor ha pedido, por un lado, abundante documentación mercantil de las empresas investigadas, copia de las comunicaciones mantenidas entre gasistas, despacho y órganos del Ministerio de Hacienda o detalles sobre el régimen matrimonial de los investigados. Y, por otro, ha librado mandamientos a diferentes entidades financieras después de que la Agencia Tributaria advirtiese en su último informe de que la información bancaria que habían remitido en el curso de la investigación era "insuficiente".

Desde el alzamiento del secreto de sumario, la causa ha avanzado a trompicones. Entre otras cosas, por el alud de alegaciones de los investigados. En sus escritos, la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, habla de "estrategias" de presentación "de forma escalonada" de recursos y escritos de adhesión a los mismos que inciden en las "peticiones de nulidad" pero con "argumentos distintos". "Todo ello está ralentizando la elevación de los recursos a la Sala", afirmaba en uno de sus informes la fiscal, quien no ha dudado en criticar las maniobras de los investigados para "cargarse la investigación".

Se trata de una gran victoria para Rui Pinto, el informante tras el origen de las revelaciones de Football Leaks, investigación de la red European Investigative Collaborations (EIC) y multitud de medios europeos, entre los que está infoLibre, sobre los oscuros entresijos del negocio del fútbol. Este 29 de abril, al término de su segundo juicio, el portugués de 37 años fue absuelto por el tribunal de Lisboa. Se trata de su segundo proceso por piratería informática, después de haber sido condenado a cuatro años de prisión con suspensión de pena en septiembre de 2023 por hechos similares.

Los jueces dictaminaron por unanimidad que las acusaciones de este segundo juicio eran nulas, por ser contrarias a la Constitución portuguesa, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al conocido principio non bis in idem, que prohíbe juzgar varias veces a una persona por los mismos hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mediapart, constituye un auténtico varapalo para los fiscales, que "vulneraron el derecho a la dignidad humana" de Rui Pinto con el objetivo de "prolongar su condición de acusado" durante años.

De este modo, los jueces confirman casi palabra por palabra las acusaciones formuladas por Rui Pinto y sus abogados, que ya en 2019 denunciaron la actitud de unos fiscales "más preocupados por perseguir a quien denunció los delitos en el fútbol que por perseguir a los autores de esos delitos".

"Es una decisión valiente que honra al sistema judicial portugués", han trasladado sus abogados portugueses, Francisco y Luisa Teixeira da Mota, en declaraciones a Mediapart. "Los múltiples procedimientos contra Rui Pinto reflejan el ensañamiento judicial que pueden suscitar las revelaciones de un denunciante. El tribunal lo sanciona con dureza apoyándose en principios fundamentales de un juicio justo", añade su abogado francés, William Bourdon.

A pesar de la dureza de la sentencia, la Fiscalía de Lisboa ha anunciado su intención de recurrir la absolución. "Sabemos que la batalla judicial de Rui Pinto no ha terminado y que el fiscal sigue decidido a llevarlo de nuevo ante un tribunal", lamentan Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto es "uno de los mayores denunciantes contemporáneos", no han dejado de sostener sus abogados. Facilitó más de 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con infoLibre, Mediapart y el resto de socios de la red European Investigative Collaborations (EIC).

La investigación Football Leaks permitió revelar, en 2016 y en una segunda parte en 2018, decenas de escándalos relacionados con los mayores clubes de fútbol europeos, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, y con los agentes de jugadores más influyentes, así como las maniobras de los organismos dirigentes del fútbol mundial y europeo, como la FIFA y la UEFA.

Football Leaks llevó a varios países, como Francia, a abrir investigaciones judiciales. Varias superestrellas del fútbol, entre ellas Cristiano Ronaldo, fueron finalmente condenadas por fraude fiscal, mientras que el fiscal federal suizo tuvo que dimitir a causa de sus relaciones inapropiadas con la FIFA.

Rui Pinto también está en el origen de las revelaciones Malta Files sobre la evasión fiscal en Malta, investigación publicada por Mediapart y el EIC, así como de Luanda Leaks, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que desveló el sistema de depredación financiera de Isabel dos Santos, hija de un antiguo dictador angoleño.

En 2019, el joven, que vivía en Budapest, fue detenido a petición de la fiscalía de Lisboa y extraditado a Portugal, donde pasó un año en prisión preventiva. A pesar de la magnitud de los delitos que reveló, fue el único protagonista de Football Leaks en conocer la cárcel.

La fiscalía de Lisboa mostró entonces una actitud totalmente esquizofrénica con Rui Pinto. Por un lado, lo procesaba por haber hackeado algunos de los datos de Football Leaks, hecho que él reconoció, y por haber intentado chantajear al fondo de inversión Doyen Sports, acusación que él niega.

Por otro lado, Rui Pinto obtuvo el estatus de testigo protegido al aceptar colaborar con la Justicia y descifrar los discos duros llenos de datos confidenciales incautados en su domicilio de Budapest.

Pero Rui Pinto pronto se dio cuenta de que se trataba de un acuerdo engañoso. Acusó entonces a los fiscales de querer "proteger a quienes practican la corrupción y la evasión fiscal", y en particular al poderoso Benfica, club de fútbol de Lisboa. "[La fiscal] dejó muy claro que solo quería cooperar conmigo en una lógica de autoincriminación, y no para investigar delitos cometidos por otros".

Los acontecimientos posteriores le dieron la razón. De manera inexplicable, la fiscalía dividió los hechos de piratería en tres procedimientos distintos, para que Rui Pinto fuera juzgado tres veces en lugar de una.

Así, fue condenado por primera vez en septiembre de 2023 a cuatro años de prisión con suspensión de pena por una serie de ataques informáticos, así como por intento de extorsión; sentencia que ha recurrido.

En enero de 2025 se abrió su segundo juicio, por una nueva serie de 241 presuntos delitos informáticos (en particular contra el Benfica de Lisboa y la firma de gestión patrimonial de Isabel dos Santos), a pesar de que estas intrusiones se cometieron en el mismo momento y en el mismo contexto que las primeras.

Los magistrados acaban de considerar estas segundas acusaciones "inválidas", sin entrar siquiera en el fondo del asunto, al entender que el fraccionamiento de las actuaciones vulneró los "derechos humanos" y "el derecho fundamental a la dignidad" de Rui Pinto, y supuso un "atentado intolerable" contra los derechos de la defensa.

La sentencia denuncia la estrategia "totalmente arbitraria e intolerable" de la fiscalía, que dividió el procedimiento en tres cuando se trataba de "un único delito", con "el mismo contexto temporal y la misma motivación". Al actuar así, los fiscales tenían "como objetivo prolongar en el tiempo su condición de acusado".

Los jueces insisten además en la deslealtad de la fiscalía, recordando la "vulnerabilidad" de Rui Pinto, que de hecho aceptó autoincriminarse al entregar los datos que había obtenido. "La cooperación de […] Rui Pinto […] fue crucial y decisiva para obtener las pruebas que condujeron a su imputación", escriben los magistrados.

Queda por ver si esta sentencia será confirmada o no en apelación. Rui Pinto también sigue amenazado por el tercer procedimiento por piratería, abierto en 2023, pero en el que aún no ha sido formalmente imputado por la fiscalía. "El mantenimiento de este procedimiento plantearía serios problemas en materia de respeto del Estado de derecho y de protección de los derechos humanos fundamentales", indican sus abogados Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto soñaba con "limpiar el fútbol", colaborando con los medios y después con la Justicia. Pero la fiscalía portuguesa le prohibió durante años compartir sus documentos con fiscales extranjeros. Solo pudo hacerlo en febrero de 2024, durante un viaje a París, en el que descifró una copia de sus datos que la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF) había logrado recuperar in extremis en Budapest en 2019, justo antes de la extradición de Rui Pinto a Portugal.

La totalidad de los documentos, que se refieren al fútbol, pero también a Malta, Angola o las Islas Caimán, fueron compartidos por la PNF a través del organismo de cooperación Eurojust, y por tanto están accesibles para todos los países europeos que lo deseen. Durante su estancia en París, Rui Pinto fue además interrogado como testigo por los policías franceses de la Oficina Anticorrupción (OCLCIFF), así como por un comisario de policía belga y un fiscal alemán.

Estos interrogatorios devolvieron la esperanza a Rui Pinto. "Fue exactamente lo contrario de lo que vivo en Portugal. Me sentí respetado y percibí que los policías y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información", declaró.

En Francia, estos datos podrían alimentar en particular la investigación judicial abierta en febrero de 2024 por "tráfico de influencias" en relación con el traspaso del futbolista brasileño Neymar da Silva al PSG. Como reveló Mediapart gracias a los documentos Football Leaks, Gérald Darmanin, entonces ministro de Cuentas Públicas, ayudó en 2017 al PSG a no pagar impuestos ni cotizaciones sociales por ese traspaso, en contra de la doctrina de la administración que estaba bajo su tutela.

"Mi vida está completamente bloqueada", lamentó Rui Pinto durante su estancia en París. No puede trabajar, ya que "no es compatible con las condiciones de seguridad fijadas por el programa de protección de testigos". Tampoco dispone de dinero suficiente para pagar a sus abogados, que hasta ahora han sido remunerados por la fundación The Signals Network, especializada en el apoyo a denunciantes. Rui Pinto espera que la "locura" judicial que vive en Portugal se detenga y que pueda "retomar una vida normal". Pero los fiscales de Lisboa no parecen dispuestos a abandonar el caso, mientras Pinto sigue viviendo en un lugar bajo protección policial debido a las amenazas que ha recibido.

El número de menores que convive en hogares marcados por la violencia de género va en aumento. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al año pasado, un total de 1.935 menores fueron víctimas directas de violencia machista. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, con un aumento del 40,6% respecto a 2022.

Todos ellos contaban con órdenes de protección o medidas cautelares. Más de la mitad (54%) tenía menos de diez años y el 81,6% eran hijos e hijas del agresor. Las cifras sobre menores víctimas de la violencia ejercida por sus padres llegan en un momento especialmente relevante, poco después de que salieran a la luz las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, especializado en violencia machista, asegurando que muchas madres son “enemigas acérrimas de la custodia compartida” y que "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Los datos ofrecidos por el INE se basan en las víctimas con órdenes de protección y en los denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia. Un total de 33.373 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia y la mayoría tenía una relación de expareja con su agresor. 

La cifra de hombres denunciados asciende a 33.228, la mayoría fueron señalados por delitos de lesiones (21.560), pero también por torturas (8.125), amenazas (6.450) y quebrantamiento de condena (3.740). Entre las 98.551 medidas cautelares dictadas, solo 305 fueron de suspensión de la patria potestad y 3.007 de suspensión del régimen de visitas. La prohibición de aproximarse a la víctima se acordó en 26.080 ocasiones y la prohibición de comunicarse con ella en 25.881. En 2.229 casos se privó del derecho a la tenencia y porte de armas, mientras que en 86 se procedió directamente a su incautación.

En cuanto a las sentencias, los tribunales condenaron a un total de 40.929 hombres en asuntos procedentes del mismo año y de ejercicios anteriores. 

El INE también publica información relativa a violencia doméstica, aquella ejercida en el ámbito familiar por parte de cualquier miembro. Cabe destacar que incluso en este epígrafe la mayoría de las víctimas (60,8%) son mujeres y el grueso de los denunciados (71,6%) son hombres, por lo que predomina un sesgo de género evidente también cuando se trata de otras formas de violencia en el hogar. 

Cuenta que hubo una época en la que la confianza en sus superiores era nula. Un tiempo en el que intentaban quitarle de en medio enterrándole en trabajo o dándole la patada hacia arriba. Un periodo en el que, con tono despectivo, se le calificaba por los pasillos como "la bestia negra del PP". Pero este miércoles, Manuel Morocho, antaño inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigador principal de la Gürtel, ha sido en la Audiencia Nacional el encargado de tirar la última palada de tierra sobre la principal línea de defensa de los acusados en Kitchen. El agente 81.067 ha negado con contundencia que las vigilancias sobre el entorno del extesorero Luis Bárcenas contasen con autorización judicial. Y ya, de paso, ha dibujado toda una trama policial al servicio de la formación conservadora.

Las defensas nunca han negado el espionaje al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas. Básicamente, porque las vigilancias están perfectamente documentadas en más de una veintena de informes elaborados sobre las mismas. Ahora bien, han rechazado que formaran parte de, como dice la Fiscalía Anticorrupción, una "operación ilícita" para "obtener tanto información como pruebas materiales" que pudieran "resultar incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudiera tener Luis Bárcenas. Fue, más bien, según sus argumentos, una "operación policial, justificada y totalmente legal" para encontrar cuentas bancarias que el extesorero pudiera tener en el extranjero.

Pero dos inspectores jefes se han encargado durante el juicio de poner en cuestión esa tesis. El primero fue Gonzalo Fraga, el investigador principal de la Kitchen. "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", dijo el agente de Asuntos Internos, que fue quien abrió la ronda de testificales. Algo que ahora se ha encargado de apuntalar, precisamente, el investigador principal de aquella causa de corrupción. "Había una operación policial que no contaba con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha resonado este miércoles en la sede central de la Audiencia Nacional.

Son varios los elementos expuestos que apuntan en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la "opacidad evidente", en palabras del propio Fraga, sobre los trabajos que se estaban desarrollando, fundamentalmente, desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Algo que no se hizo aflorar en las bases de datos hasta casi dos años después. La Kitchen no se introdujo hasta mediados de 2015 en GATI, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras.

La Fiscalía Anticorrupción considera que con ese movimiento los acusados buscaban "enmascarar la operación policial". Es decir, legalizarla. Morocho ha explicado que el "protocolo" de 1995 que regula el funcionamiento de GATI "dice taxativamente" que la investigación debe registrarse cuando se inicia –y eso es, precisamente, lo que ellos hicieron en 2007 cuando empezaron a investigar Gürtel– y, a partir de ahí, se va "alimentando" con nuevos datos de los que se vaya disponiendo. Pero en este caso se hizo tiempo después. Y eso impidió que se realizaran los cruces y que el inspector jefe tuviera conocimiento de estas pesquisas realizadas bajo el paraguas de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que no es una unidad investigadora, hasta agosto de 2015.

"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha explicado Morocho. En mayo de ese año, se había dictado auto de apertura de juicio oral en Papeles de Bárcenas, pieza separada de Gürtel. Y nadie antes le había informado ni de la existencia de un topo en el entorno de los Bárcenas ni de la posible existencia de fondos en las Antillas Holandesas o Cracovia. Nunca, "como responsable de la unidad de auxilio judicial", le "llegó" ninguna "nota informativa de inteligencia" sobre este tema procedente de la Dirección Adjunta Operativa, que entonces tenía como cara visible al comisario Eugenio Pino. Y él nunca, como investigador principal en Gürtel, pidió el apoyo de la UCAO o de Instituciones Penitenciarias para hacer indagaciones respecto a Bárcenas o su entorno.

"Yo hice un oficio cuando comenzó Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, además de al comisario general o al jefe de unidad, si había cruce con alguna investigación secreta respecto de alguno de los encartados, y eso a mí no se me ha comunicado", ha apuntado el inspector. Aunque las defensas sostienen que con la operación se buscaba el dinero en el exterior de Bárcenas, lo cierto es que la primera vigilancia de la que se tiene constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013, cuando las autoridades suizas ya habían aflorado los 47 millones vinculados al extesorero en la Confederación Helvética.

La extensa comparecencia del agente 81.067 ha permitido, además, dibujar una suerte de trama policial al servicio total del PP. Durante buena parte del interrogatorio, el inspector ha relatado las continuas trabas impuestas por la cadena de mando durante la investigación de Gürtel. Así, ha mencionado las presiones para que no mencionara en sus informes al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. O al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como uno de los donantes de la formación conservadora.

Todas esas "imposiciones", ha explicado a preguntas del abogado de Podemos, se las hacían sus superiores analizando solo "el informe final", no toda la documentación con la que él había trabajado y que le llevaba a las conclusiones que se plasmaban en el mismo. Es más, ha deslizado que a sus jefes solo parecía interesarles "cuántas veces" se mencionaba "al PP" en los documentos que elaboraban o si aparecía "algún cargo" de la formación conservadora. Una cadena de mando en la que, ha reconocido el inspector, no confiaba: "No estaban avalando la investigación que nosotros estábamos haciendo".

"Se pretendía que vulnerara la neutralidad que debo tener en una investigación", ha lanzado Morocho. Es más, ha explicado que él tenía que moverse "con inteligencia" porque había "mucho interés" en tumbar el procedimiento: "Maniobras que podían torpedear o dar armas para pedir la nulidad de alguna de las pruebas". Además, y siguiendo con los palos en las ruedas, ha relatado que sus superiores tardaban en visar los informes que él elaboraba, lo que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor. Entre otros, ha puesto como ejemplo uno relativo a los regalos de la trama que salpicaba al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato (entonces marido y mujer), que estuvo más de un año en el aire. Y se presentó porque así lo exigió el magistrado ante el riesgo de prescripción de los delitos.

"Se demoraban tanto tiempo porque se escrutaban desde diferentes ángulos", ha señalado Morocho. De hecho, y en este sentido, ha apuntado hacia otro de los acusados: Andrés Gómez Gordo. Así, ha contado que un día se le "escapó" a quien era su jefe en la UDEF que los documentos eran analizados, entre otros, por dicho inspector jefe, quien había trabajado para Cospedal en Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. 

Durante su declaración, el investigador de la Gürtel, que ha tardado más de tres lustros en ser juzgada en su totalidad, ha deslizado que el PP tenía acceso a los informes de la investigación. Unas filtraciones sobre las que puso el acento el propio juez instructor en una de sus resoluciones.

Sobre el informe que afectaba al matrimonio Sepúlveda-Mato, Morocho ha resaltado que el comisario José Luis Olivera le pidió una copia. De hecho, ha dicho que siempre estuvo interesado en tener acceso al contenido de lo que ellos hacían. "Me dijo que sería conveniente que le participase los informes y me dio un correo personal, pero yo no le remití nada", ha explicado al tribunal. Es más, el inspector ha llegado a relatar cómo en una ocasión el propio Olivera le llegó a reconocer que le había facilitado a la ex secretaria general del PP un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que iba dirigido a Luis Bárcenas. "Me dice: ya me he encargado yo de que ese documento lo tenga Cospedal en su caja de seguridad. Me quedé estupefacto", ha contado.

El agente ha dibujado, de principio a fin, el mismo "panorama desolador" –en palabras del magistrado Manuel García-Castellón– que describió en la fase de instrucción, donde el cierre precipitado de las pesquisas apenas permitió profundizar en la conexión política de la Kitchen. Un periodo en el que se intentaron "quitar de en medio" al policía que se estaba enfrentando a una de las grandes tramas de corrupción de la historia reciente. A golpe de "hostilidad manifiesta", como cuando el comisario Enrique García Castaño, antaño jefe de la UCAO, le dijo: "¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar muerto". A base de enterrarle en trabajo. O de trasladarle de manera forzada durante unos meses a la DAO, donde el inspector José Ángel Fuentes Gago, miembro de la mal llamada brigada patriótica y también acusado en Kitchen, le llegó a pedir que revisara el famoso informe Pisa contra Podemos.

A los delitos también se les pasa el arroz, se les va el santo al cielo, se les marcha un tren que no volverá a pasar. La Justicia es ciega, pero debería andarse con ojo, porque se le escapan los caracoles, sobre todo cuando los investigados son ricos y poderosos, es decir que tienen abogados capaces de convertir la ley en la trampa y lograr que dos más dos sea igual a lo que le convenga a su cliente. La Audiencia Nacional exonera a Jordi Pujol del juicio contra él y su familia por la fortuna que tenían oculta y cuya procedencia no se ha llegado aún a esclarecer, debido a su deterioro cognitivo, fácil de entender a sus noventa y cinco años de edad. Se fue de rositas. ¿Les parece poco? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tampoco va a procesar a Mazón.

La antigua cúpula del Partido Popular tampoco parece que vaya a pagar ningún precio por haber usado el Ministerio del Interior, a la policía y probablemente al CNI para que intentasen destruir las pruebas que tenía contra ella el tesorero de su partido. Visto el resultado, no debieron de reclutar tampoco a los más listos. Y eso que lo intentaron todo, desde mandarle a casa a un ladrón disfrazado de cura hasta destruir su ordenador a martillazos, y como no funcionó, tiraron de las fuerzas de seguridad para que les sacasen las castañas del fuego. Pero algún juez muy colega no se vio capaz de establecer relación alguna entre el presidente Mariano Rajoy y M. Rajoy, o sea que si es blanco y en botella debe de ser un bidón de petróleo.

Así que ni el jefe del Gobierno de entonces, ni sus vicepresidentas, ni sus colaboradores más cercanos tuvieron nada que ver con ese asunto, o no se puede demostrar que lo tuvieran, o las grabaciones e indicios que parecen probarlo a las claras no les parecen suficientes a quienes les investigan, aunque, la verdad, durante el proceso algún miembro del tribunal ha parecido más su guardaespaldas que su jueza… Así que más de lo mismo para los máximos responsables políticos de aquel Ejecutivo tramposo: quedarán impunes, se han lavado las manos y se marcharán por donde han venido.

Y mientras, los relojes que van tan lentos hacia la derecha, lo hacen muy deprisa hacia la izquierda: si comparas los delitos de los que se acusaba al fiscal general del Estado con los que implica el lodazal de la Kitchen, y ves lo fino que han hilado en unas cosas y lo ciegos que parecen a la hora de vigilar otras, y cada vez que oyes eso del respeto por la Justicia… te tienes que reír. Lo contrario sería echarte a llorar y no merece la pena, que esto son cuatro días y ninguno vuelve.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

Los comentarios machistas del juez David Maman Benchimol no han pasado desapercibidos, especialmente entre quienes comparten profesión con el magistrado. No son pocos los juristas que han decidido que no basta con una condena simbólica a lo expresado en febrero por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, sino que es urgente tomar medidas. Profesionales y organizaciones han interpelado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para demandar una investigación exhaustiva sobre sus manifestaciones. Así que el futuro del juez está ahora en manos del órgano judicial.

"Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al exDAO o, si no, habría que recusarlo", deslizó el jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su petición enseguida se transformaría en una solicitud formal: su departamento ha enviado un escrito al CGPJ, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la apertura de diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el juez. Según la queja formal presentada por el Ministerio, a la que ha podido acceder infoLibre, el magistrado podría haber cometido una "falta grave" debido a sus declaraciones.

El escrito de Igualdad argumenta que sus afirmaciones "no constituyen meras opiniones aisladas, sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia". A su juicio, sus comentarios reflejan una "trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos", además de constituir una "absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos" contrarios al principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

Igualdad también repara en la asunción implícita de "teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental" y en la falta de reconocimiento de las personas menores de edad "como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo". El departamento reprocha igualmente la "actitud tránsfoba" del juez y fundamenta su petición apoyándose tanto en el ordenamiento jurídico español como en el marco internacional. "Es una queja formal y vamos a hacer seguimiento del asunto", insisten desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este diario.

La de Igualdad no es la única queja que se ha registrado en las últimas horas. El despacho Olympe Abogados presentó el jueves a las 22:40 horas otro escrito a través del Formulario de Atención Ciudadana del CGPJ. Isaac Guijarro, cofundador del despacho, explica a infoLibre que las manifestaciones de David Maman Benchimol "no se pueden enmarcar en un ejercicio de la libertad de expresión", puesto que el magistrado no asiste a las jornadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde las pronuncia, para "dar su opinión como ciudadano, sino como juez". "Cuando actuamos como profesionales no nos podemos abstraer de nuestra ideología", sintetiza el letrado. En otras palabras: "Un juez misógino en lo personal va a ser un misógino en lo profesional".

Para Guijarro, esto es algo que impacta en "todas las víctimas que pasan por su juzgado, por las decisiones que toma y por el trato que les puede dar", así que el Poder Judicial debería, bajo su punto de vista, tomar medidas inmediatas abriendo un procedimiento disciplinario por sus palabras.

También lo creen así más de un centenar de entidades y particulares que han suscrito un manifiesto conjunto que previsiblemente se traducirá también en una queja formal el próximo lunes, según señalan las promotoras a preguntas de este diario. Las entidades se apoyan sobre distintos principios constitucionales –como el de igualdad, pero también la tutela judicial efectiva o el sometimiento de la justicia a la ley–, citan los compromisos internacionales suscritos en materia de violencia machista e insisten en la imparcialidad de la justicia para exigir una investigación efectiva. "Un discurso público judicial que exterioriza prejuicios de género puede erosionar, al menos objetivamente, esas garantías y la confianza en la imparcialidad del órgano", argumentan.

Así que la pelota está ahora en el tejado del CGPJ. "Si hay quejas presentadas, se iniciarán los trámites", explican fuentes del órgano judicial. En un primer momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria debe abrir una diligencia informativa, en una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar "si los hechos encajan en algún tipo disciplinario". En caso de que se considere que hay "materia e indicios de que el juez pudiera haber cometido una infracción", el siguiente paso consiste en incoar expediente. "En este segundo momento, si se abre expediente disciplinario, se investiga en profundidad para ver si ha cometido algún tipo de falta", exponen las mismas fuentes. 

A partir de ese momento, el funcionamiento es similar al de una instrucción judicial. "Se persona el Ministerio Fiscal, se toma declaración al juez, se recaban pruebas y todo lo necesario para ver si esos hechos denunciados son constitutivos de una falta", completa un portavoz autorizado. Si el señalado es responsable, entonces el promotor confecciona una "propuesta de sanción que eleva a la Comisión Disciplinaria, quien a modo de tribunal será la que decida si se sanciona o no".

Las mismas fuentes no aciertan a concretar durante cuánto tiempo puede prolongarse la investigación, en caso de iniciarla. "Puede depender de la dificultad del caso o de cuestiones como las pruebas que se soliciten", agregan. Al cierre de esta edición, el CGPJ todavía no contaba con una notificación formal de las quejas registradas, pero las voces consultadas insisten en que una vez llegue, se activarán los mecanismos pertinentes. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge cuáles son las faltas por las que sus señorías pueden ser sancionados. Según las quejas ya registradas, las declaraciones del magistrado podrían haber incurrido en una falta grave recogida en el artículo 418.5, por suponer un "exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto de los ciudadanos". En añadido, el precepto 419.2 tipifica como falta leve toda "desatención o desconsideración" con los ciudadanos. 

Igualdad añade que las manifestaciones del juez "podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial". Añade que, en un contexto formativo como es el de las jornadas en las que se enmarcan sus declaraciones, "resulta especialmente grave" porque contribuye a "perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Pese a los esfuerzos por exigir una respuesta a la altura por parte del Poder Judicial, lo cierto es que no todo el mundo confía en la diligencia del órgano a la hora de actuar contra este tipo de situaciones. "El CGPJ es el gran culpable en este país de que la justicia sea machista, por su inacción, su sectarismo y por taparse entre ellos", clama Isaac Guijarro. Para el abogado, "el problema de estos jueces es la impunidad: saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a tener consecuencias". 

En el año 2018, el CGPJ recibió una queja por las palabras del juez Francisco Javier Martínez Derqui en torno a una denunciante. En una grabación accidental, el magistrado se refería a la víctima como "bicho" e "hija de puta". Ella formuló una queja formal. El CGPJ abrió una diligencia informativa, pero la investigación quedó archivada. La clave es que el órgano judicial entendió que la grabación se había producido accidentalmente, sin consentimiento y en el ámbito privado. 

Enero de 2025. Al CGPJ llegan centenares de quejas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaa, en el marco de la causa contra Íñigo Errejón. En octubre del mismo año, el caso queda archivado. El Promotor de la Acción Disciplinaria consideró que los fragmentos del interrogatorio difundidos públicamente ofrecían una visión "descontextualizada".

Según la estadística anual de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, en 2024 se presentaron 22.056 escritos –incluyendo quejas, peticiones de información, sugerencias y agradecimientos– ante la unidad y otros órganos de gobierno. Esos escritos dieron lugar a 16.409 expedientes, pero únicamente una pequeña parte acaba, tras aplicar los filtros internos precisos, en un expediente formal contra un juez. La última Memoria del CGPJ detalla que en ese mismo año se adoptaron un total de 17 acuerdos en el ámbito disciplinario. En dos de ellos, la deriva final fue el archivo, mientras que en 15 se impuso una sanción. Al cierre del año, existían 12 expedientes incoados pendientes de resolución.

Guijarro sugiere trabajar sobre vías alternativas y efectivas para que los tribunales sean espacios libres de violencia machista. "El Gobierno debería modificar la Ley del Poder Judicial para permitir a los abogados especializados recusar a los jueces que hayan tenido públicamente un comportamiento machista o misógino", sugiere. La ley contempla la recusación en distintos supuestos, por lo que el abogado cree que entre los motivos recogidos deberían incluirse, en los procedimientos de violencia contra las mujeres, las expresiones o manifestaciones misóginas. Lo contrario, concluye el letrado, deriva en un clima de total impunidad. 

Asegura que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirma que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y cree que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres". Su nombre es David Maman Benchimol y es el juez responsable de instruir el caso contra el ex jefe de la Policía Nacional denunciado por violencia sexual por una subordinada. Las afirmaciones las pronunció hace dos meses frente a los micrófonos, en una jornada organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en torno a las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y que ha hecho públicas laSexta.

Las juristas feministas que escuchan hoy sus palabras se reconocen inquietas por los efectos que pueden tener en los tribunales, pero admiten que no resultan sorprendentes. "Es bastante típico, sobre todo en violencia sexual", expresa una jueza especializada que pide no revelar su nombre. 

Lejos de tratarse de comentarios excepcionales, no son pocos los jueces que manifiestan opiniones estigmatizantes y ancladas en los muchos sesgos que todavía campan a sus anchas en los tribunales. "Cuestionan a las víctimas o insinúan que se mueven por intereses", comparte la misma jueza, quien observa que los estereotipos están especialmente presentes en los casos de violencia sexual. "Estamos como en violencia de género hace dos décadas, cuando salió la ley: no se cree a las mujeres".

"Hay más ejemplos, lamentablemente", coincide la abogada María Naredo. Al otro lado del teléfono, la letrada expresa preocupación "no solo porque haya jueces misóginos, sino porque sean titulares de un juzgado especializado". Al mismo punto llega la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), quien considera inadmisible dar rienda suelta a este tipo de prejuicios en el caso de un magistrado que trabaja directamente con víctimas desde hace 15 años. 

Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, ha señalado que confía en que las declaraciones del magistrado "se encuentren delimitadas a su derecho de libertad de expresión". No obstante, ha advertido, "si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que el órgano "no tiene mucho margen de maniobra" en este tipo de situaciones, en parte porque entra "en juego la independencia de los jueces". El grueso de la actividad que emana de la Comisión Disciplinaria, según exponen las mismas fuentes, procede de quejas o denuncias, no tanto de una actuación de oficio. Pero existe una limitación clara: los hechos tienen que encajar en las faltas que prevé la ley. "Si el hecho no constituye una falta disciplinaria, entonces tampoco puede derivar en una sanción". 

¿Pueden ser estas manifestaciones una falta? Las fuentes consultadas matizan que se trata de opiniones expresadas fuera de los tribunales, por lo que no necesariamente tienen impacto en sus resoluciones judiciales. Las mismas voces ponen un ejemplo: "Puede haber un elevado porcentaje de jueces que no estén de acuerdo con las leyes, pero luego las aplican", zanjan.

Las juristas feministas discrepan. Cuando se manifiestan opiniones en las que "subyacen prejuicios y estereotipos de género", necesariamente va a existir un impacto, asiente Cira García. "No se puede disociar, este tipo de comentarios impregnan tu práctica judicial" y eso deriva en una lesión al "derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas, clama la magistrada. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima.

En el mismo sentido se expresa María Naredo: "Los prejuicios van contigo y te acompañan en todas tus resoluciones judiciales". Y precisamente por este motivo existe todo un marco internacional que busca proteger a las víctimas poniendo la lupa en los sesgos que todavía anidan en el ámbito judicial. 

Mientras el juez Maman Benchimol lamenta que las defensas de las víctimas vayan "a la caza de la orden" de protección y las mujeres se beneficien de "tantas ventajas para poner una denuncia", lo cierto es que es el propio marco internacional el que obliga a que así sea. El Convenio de Estambul exige la adopción de medidas para que las víctimas puedan "beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados", a través de una "protección inmediata" que no suponga "una carga económica o administrativa excesiva". Y el mismo tratado obliga a prestar apoyo a las víctimas en la presentación de sus denuncias. En ese mismo sentido, los estados firmantes deben alentar a que cualquier persona que haya presenciado violencia la denuncie ante las autoridades. No es que las mujeres tengan ventajas por denunciar, es que deben tener facilidades para poder hacerlo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se detiene precisamente en el efecto de los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Según el organismo de las Naciones Unidas, los sesgos de género "tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres" y además "pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley", afectando particularmente a "las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia". Los estereotipos, añade en su recomendación, "distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos". 

Esos estereotipos no son opiniones aisladas, sino que "pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa". El resultado puede derivar en una "cultura de impunidad" en los tribunales.

En su informe de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (GREVIO) también señalaba los defectos formativos en materia judicial en suelo español. "A pesar de las medidas para ampliar la formación sobre violencia de género contra las mujeres", lo cierto es que los jueces que no trabajan en tribunales especializados en violencia de género "siguen sin recibir formación sistemática sobre temas relacionados con la violencia contra las mujeres". Muchos de ellos, observan los expertos, "siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima y en el trauma".

En el citado informe, los expertos hablaban además del uso "incontrolado" de conceptos como el "denominado síndrome de alienación parental". Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales, una herramienta que recupera ahora el juez Maman Benchimol cuando desliza que algunas madres manipulan a sus hijos. "La madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre poco a poco", aseguraba el magistrado. 

En realidad, la idea de una manipulación sistemática e interesada no solo ha sido refutada por expertos a lo largo de los años, sino que el uso de ese argumento en el ámbito judicial está prohibido gracias a la ley de protección a la infancia. La norma veta el uso de ese síndrome en concreto, pero también de todas sus derivadas: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". 

En 2024, el Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza.  

A la formación como una de las grandes asignaturas pendientes en la judicatura es adonde llegan todas las expertas consultadas. Hace ahora siete años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de 50 horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

Uno de los principales problemas, según indican las juristas entrevistadas, es que los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Así que los operadores jurídicos más veteranos "van sorteando los requisitos posteriores que sí afectarían a las nuevas hornadas", lamentan las voces consultadas. Todas ellas coinciden en algo: la formación en perspectiva de género se ha demostrado no ser una prioridad.

El juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que se aportara a Gürtel documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP, se retomó este lunes en la Audiencia Nacional con el testimonio del principal afectado: Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, que comenzó dirigiendo el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, el extesorero de la formación conservadora ha confirmado que desde prisión dio orden a un recluso que parecía tener conocimientos informáticos de destruir una grabación, "muy cortita", del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy relacionada con la caja B del PP. El extesorero guardaba ese audio, junto con otro del exlíder del PP Javier Arenas, tanto en la nube como en un pendrive que desapareció del taller de restauración que tenía su esposa en el centro de Madrid.

"Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a un interno de Soto del Real, de nombre Isidro. Esa nota le ha sido mostrada a Bárcenas durante el juicio. Él ha reconocido que es su letra, si bien ligeramente modificada. Y ha explicado: "Le estaba diciendo qué hacer una vez que accediese a los audios relacionados con Mariano Rajoy. Le doy datos del email vinculado con la nube y las claves se las facilito en un papel independiente". Una misión que el interno, que decía ser "un genio de la informática", trataría de llevar a cabo cuando saliera de permiso. Y para cuya puesta en marcha pidió una determinada "cantidad de dinero".

Bárcenas ha señalado que esos fondos fueron entregados a través de su exchófer Sergio Ríos, que como informador jugó un papel central en la operación parapolicial. El extesorero dijo desconocer si el trabajo finalmente se había realizado. No obstante, completó: "Algo debió de hacer, porque cuando recuperé la libertad en la nube –donde almacenaba material relacionado con el procedimiento de Gürtel– no tenia nada". El interno declaró la pasada semana en el juicio. Durante su comparecencia como testigo, aseguró que el encargo nunca se llegó a culminar porque a las horas de salir del centro fue detenido porque constaba una requisitoria contra él que saltó a la Policía en cuanto el hombre se alojó en un hotel.

Esas grabaciones han sobrevolado durante horas todo el interrogatorio. Pero no se incidió en el contenido de las mismas hasta el turno del abogado de Podemos. Tras un ligero tira y afloja, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, pidió al testigo que describiera los audios. En relación al de Rajoy, explicó que es uno captado con un teléfono en su despacho en Génova y que en él se le escucha, supuestamente, entregar al expresidente la última hoja de esa "contabilidad extracontable" y un sobre con el saldo sobrante. "Él se da la vuelta en el sillón e introduce el papel en un destructor y ahí acaba la conversación", ha detallado. Y en cuanto a la de Arenas, versa sobre el acta notarial que había protocolizado el extesorero sobre "los fondos extracontables del PP".

Esas dos grabaciones se subieron a la nube y, además, se introdujeron en un pendrive junto con una tercera suya en la que explicaba determinadas cuestiones relacionadas con dicha contabilidad, una memoria que se guardó en el taller de su mujer, Rosalía Iglesias, y que no logró encontrar tras salir de prisión provisional. Ubicado en el centro de Madrid, dicho local, al que se trasladaron decenas de cajas con documentación procedente de su despacho en la sede del PP, estuvo en el listado de objetivos a vigilar por parte de los agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, un departamento que ocupó un papel central en la supuesta operación parapolicial.

Nadie más que él, ha resaltado, habría escuchado dichos audios. Lo ha reconocido a preguntas de las defensas, que se han esforzado en poner en cuestión la existencia de los mismos. Uno a uno, los abogados han tratado de tumbar la solidez del relato poniendo de manifiesto las diferentes versiones dadas por el extesorero en relación con las grabaciones. Y también le han preguntado por qué en el manuscrito sobre el supuesto encargo al recluso se hablaba de "Alex", cuando el interno se llamaba "Isidro". "¿No tenía claro cómo se llamaba?", ha cuestionado con ironía el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz. "A él le llamaban Alex", ha respondido el extesorero de la fundación conservadora.

Y mientras las defensas se afanaban por desmontar el caso, Anticorrupción trataba de apuntalar el robo de material al extesorero del PP. El fiscal dedicó buena parte del interrogatorio a mostrar al testigo documentación localizada durante un registro al comisario jubilado José Manuel Villarejo y comunicaciones que habría aportado al caso Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la UCAO y pieza clave en toda la trama –aunque por motivos de salud no se sienta en el banquillo de los acusados–. "¿Ese mensaje es suyo?", le ha preguntado una y otra vez. "Sí, ese mensaje es mío, de mi teléfono móvil", ha ido contestando Bárcenas. "Esa es mi letra, ese documento es mío", ha señalado en otros momentos sobre papeles que se le iban mostrando.

Parte de los documentos que se iban reproduciendo en la pantalla ha dicho que estaban en su casa y que se le entregaron al chófer para que se los llevara al que era su abogado, Javier Gómez de Liaño, y los aportase a la investigación de la Gürtel. Un conductor que, ha dicho, también tenía acceso a sus dispositivos electrónicos y al taller de restauración de su mujer, donde el mismo Ríos, a quien el extesorero contrató por recomendación de un conocido del PP, trasladó también por orden de Bárcenas abundante documentación que sacó de su despacho en la sede conservadora de Génova. "Tenía acceso permanente. Tenía las llaves, conocía las claves", ha explicado.

Un relato que se ha encargado de ir confirmando su mujer con posterioridad. Durante su comparecencia, Iglesias ha señalado que tenían una confianza absoluta en el conductor. Tanto, que comentaban cualquier cosa delante de él: "Hablábamos con confianza, como si fuera una persona más de la familia, no había filtros". Una relación que, ha explicado, se fue deteriorando con el paso del tiempo. Tanto, que acabó con el despido de Ríos. "Dejó de trabajar con nosotros por mí", ha reconocido la mujer de Bárcenas, quien ha asegurado que el "comportamiento" del conductor cambió: "Está muy nervioso, conduce de una manera más brusca...". De hecho, ha relatado cómo desapareció una de las veces que la llevó a la cárcel a ver a su marido: "No me dio ninguna explicación coherente".

Del mismo modo, ha apuntado que Ríos tenía "interés" en acompañarla "absolutamente" con "todo el mundo" con quien se "viese". También que se sintió seguida desde el primer instante, sobre todo cuando iba al despacho de Gómez de Liaño. A lo largo de su interrogatorio, del mismo modo, se le ha preguntado por las grabaciones, aunque no ha podido dar mucha información porque su marido le decía "lo mínimo posible" y ella no es "de preguntar mucho". Y las defensas han intentado acorralarla, sobre todo, en relación con las cajas de documentación guardadas en su taller de restauración. En ese sentido, ha explicado que cuando se movió de ese estudio a otro un poco más pequeño, todo ese material fue colocado en una serie de altillos. Espacios que, han conseguido arrancarle las defensas, no estaban bajo llave.

"Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior, pero empieza en el partido", ha aseverado el también exsenador,. Durante su larga comparecencia, Bárcenas también ha relatado dos visitas que recibió en prisión del abogado y exfiscal Ignacio Peláez, quien le habría dicho que determinada información de la Gürtel estaba "manipulada" y que había tres policías que así lo podían acreditar a cambio de "una cantidad", que cifró entre seis y doce millones. quien durante su comparecencia también ha relatado dos visitas que recibió en prisión. En este sentido, ha mencionado –y no es la primera vez que lo hace– a Villarejo, al excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera y al excomisario general de Policía Judicial Juan Antonio González.

Bárcenas ha explicado que en aquel momento dijo estar dispuesto a pagar "la parte alícuota" porque "tenía el máximo interés" en demostrar que el procedimiento estaba "viciado". El extesorero, del mismo modo, también ha relatado algunas conversaciones mantenidas con Javier Iglesias, abogado "enviado desde el PP". Ha dicho que en febrero de 2013, antes de entrar en prisión, el letrado, que está citado como testigo esta semana, le ofreció medio millón de euros por "falsear" los papeles de la caja B que había desvelado el diario El País y enviarlos a los medios, generando de esta manera incertidumbre sobre la veracidad de todos los publicados en prensa. Ya en Soto del Real, ha dicho que mantuvo otra charla con Iglesias en la que este le habría dicho que si su mujer declaraba entraría en la cárcel.

El pasado mes de febrero, una exedil del Partido Popular interpuso una querella por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Casi dos meses después, la Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado correspondiente instándole a poner en marcha el procedimiento. El Ministerio Fiscal llama la atención a los tribunales respecto al tiempo transcurrido y exige un impulso procesal. En prácticamente dos meses, el juzgado no ha ordenado diligencias de ningún tipo, ni ha citado a las partes. La víctima sigue esperando.

No es, en realidad, una anomalía. La dilación de los tiempos se ha erigido en no pocas ocasiones como una de las muchas barreras que disuaden a las mujeres a la hora de denunciar y como uno de los elementos que las revictimizan cuando se deciden a hacerlo. La magistrada Paz Filgueira encaja las demoras en los tiempos de la justicia como una brecha a corregir en términos generales, pero matiza que cuando se trata de violencia sobre las mujeres, esos retrasos "tendrán un impacto gravísimo en la víctima y en su entorno, especialmente cuando hay menores de por medio".

Si el punto de partida para el grueso de las víctimas implica ya un daño emocional y psicológico, hilvana la jueza, todas "las dilaciones en juicios o trámites administrativos coetáneos van a profundizar siempre el trauma e impedir su cierre". El retraso en "la respuesta, las investigaciones y la resolución va a aumentar elevadamente el fin de las secuelas y va a hacer que las mujeres revivan el trauma de forma continua", agrega. 

Y no es algo que suceda de forma aislada. En los casos de violencia contra las mujeres "nos encontramos con que muchísimas veces los procedimientos judiciales se dilatan de una forma incomprensible para las víctimas", asiente la abogada especializada Amparo Díaz Ramos. Todo ello, continúa, les genera "un gran daño psicológico", pero además deriva en que "con bastante frecuencia se apliquen, para el condenado, atenuantes de dilaciones indebidas". El resultado es que "la víctima, además de soportar la incertidumbre y la ansiedad durante más tiempo del oportuno, tampoco percibe haber conseguido justicia o una pena acorde con lo que ha sufrido".

Ocurrió recientemente en Murcia. Un grupo de empresarios que reconoció estar implicado en una red de prostitución con menores de edad consiguió eludir la cárcel después de que el proceso judicial tardase diez años en celebrarse. Entre los argumentos para reducir la condena inicialmente demandada, estaba el de dilaciones indebidas. 

En noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (Grevio) publicó su primer informe de evaluación de las políticas y la estrategia españolas en materia de violencia machista. En su análisis, las especialistas destacaban la necesidad de realizar investigaciones y procesos judiciales "rápidos y eficaces que se basen en una comprensión de este tipo de delitos desde una perspectiva de género y que tengan en cuenta los derechos de la víctima durante todas las fases". 

"A menudo, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder judicial no dan prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres", reprochaban las expertas, una dinámica que contribuye a "la impunidad de los agresores". Consecuencia de esa escasa prioridad "son los retrasos en el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales, que a su vez pueden conducir a la pérdida de pruebas vitales y a un mayor riesgo para la víctima de sufrir violencia repetida".

Fue lo que les sucedió a dos mujeres víctimas de violencia sexual en Pamplona. En octubre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en este caso, tras constatar una excesiva duración del procedimiento, junto con la pérdida y manipulación de pruebas y la falta de independencia suficiente en la investigación.

El artículo 49 del Convenio de Estambul –el marco jurídico europeo para una estrategia común contra la violencia machista– obliga a adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo "sin demoras injustificadas". En el mismo sentido, el artículo 50 obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad "respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia".

Actualmente, completa Filgueira, "lo estamos describiendo como un tipo de violencia institucional, porque a través del sistema lo que se está haciendo es impedir el cierre de la situación". No hay que perder de vista que para una víctima "el primer elemento y uno de los más importantes en términos de reparación es la sentencia". Pero además, agrega la jueza, el daño de las demoras es global: si los tiempos de la justicia se dilatan, necesariamente se alargará el proceso de recuperación de la víctima. "Es un daño también para el sistema de salud, por lo que se trata de un coste multilateral poco eficaz para el sistema". 

A juicio de Díaz Ramos, es fundamental que el Ministerio de Justicia comience a contemplar "indemnizaciones por las segundas victimizaciones en los procedimientos judiciales, entre ellas la causada por las dilaciones indebidas". La letrada sabe bien de lo que habla. Ella misma llevó un caso que terminó con una "indemnización cuantiosa" para la víctima, después de que su agresor viera acortada su condena por dilaciones indebidas. 

"Acreditamos que hubo un funcionamiento anormal de la administración de justicia porque dejó, en varias ocasiones, el procedimiento paralizado, causando una dilación indebida que sirvió para una rebaja significativa de la pena", comparte con este diario. El impacto en la víctima fue incuestionable: se produjo "un padecimiento psicológico, también en su imagen e identidad", lo que además derivó en un deterioro de su “derecho a obtener justicia”, tal como quedó acreditado por distintos informes psicológicos.

Las juristas consultadas aciertan a señalar un foco claro en la base del problema: la falta de recursos. "Los juzgados estamos absolutamente colapsados", sostiene Filgueira. La magistrada se refiere al aumento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde que en octubre del año pasado pasaron a asumir además los delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló entonces que la incorporación de los nuevos asuntos implicaría una sobrecarga de trabajo del 12,9%, una cifra que algunas voces elevaron al 20%. "Se ha evidenciado que el sistema requiere de más recursos humanos, materiales y de atención a las víctimas", zanja la jueza.  

Pero, ¿es todo cuestión de tiempos? Las expertas no se quedan ahí. "En violencia de género en pareja se da la paradoja de que la primera parte del procedimiento suele ser extraordinariamente rápida, porque suele haber una petición de orden de protección que se tramita de manera exprés", observa Díaz Ramos. Pero no por ello es más eficaz: "Es muy superficial, se hace normalmente sin pruebas y en muchos juzgados incluso sin escuchar a las víctimas". En algunas ocasiones, el juzgado puede incluso decidir tramitar el procedimiento como juicio rápido "porque solo evalúa un episodio específico, sin tener en cuenta otros anteriores y sin darle a la víctima la oportunidad de que desarrolle o complete lo que denunció en un primer momento". 

En ese mismo punto se detiene la jurista Altamira Gonzalo. "Las dilaciones prolongan la incertidumbre y revictimizan a las mujeres, pero también nos encontramos con juicios rápidos que no son satisfactorios, porque la celeridad impide hacer pruebas que requieren más tiempo", sostiene en conversación con este diario.

A la necesidad de reforzar y ampliar los recursos, se añade otro imperativo: la formación. "La confianza de las mujeres en la justicia se recuperará cuando sean atendidas con empatía, cuando desde la abogacía hasta la judicatura sean capaces de ponerse en su lugar y entender la situación en la que se encuentra una mujer que denuncia", zanja Gonzalo.

El Gobierno ya está preparado para activar el procedimiento de eliminación de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, ha emitido finalmente una resolución orientada a la extinción de la entidad. Firmada por el ministro Ernest Urtasun, concluye que el fin principal de la misma, por más que modifique sus estatutos, "se centra en la apología del franquismo". Pero el extenso escrito del ministerio no implica, directamente, su final. Ahora comienza una batalla judicial que se espera larga, tanto que tendrá que ser afrontada por el próximo Ejecutivo, y que amenaza, incluso, con llegar al Tribunal Supremo.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó al monarca su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al rey su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Durante el último casi medio siglo, esta entidad ha sido la última trinchera de la dictadura. Una anomalía en democracia a la que se ha querido poner fin a través de la nueva ley de memoria. Esta norma estableció como causa de extinción de fundaciones la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". El Ministerio de Cultura comenzó en junio de 2024 a recopilar información y argumentos para motivar la eliminación de la Fundación Franco. Un proceso que, dos años después, ha culminado con lo que consideran un "expediente sólido" para continuar con la extinción.

La resolución recoge, a lo largo de setenta páginas, tanto el contenido de los distintos informes solicitados como las alegaciones de la propia entidad. Y la conclusión es clara: "Queda acreditado que su fin principal se centra en la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura y enalteciendo a su dirigente y responsable principal, actuando para ello con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Durante estos meses, se ha volcado y estudiado todo el contenido de la página web de la fundación. "Los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales son instrumentales del fin principal, que supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo", recoge el informe de la Secretaría de Memoria.

Durante el procedimiento, la fundación presentó una alegación por un cambio en los estatutos realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma memorialista. En concreto, del artículo 6, en el que se incluía el compromiso de "velar" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, evitando "siempre" el "menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". Sin embargo, Cultura contraatacó diciendo que dicha reforma estatutaria no se presentó "siguiendo el procedimiento" previsto a nivel reglamentario. Hubo una solicitud de modificación estatutaria, sí, pero nunca se llegó a completar.

La resolución del Ministerio de Cultura no deriva, de manera inmediata, en la eliminación de la fundación. Ahora, con el expediente sobre la mesa, la Abogacía del Estado tendrá que activar la palanca judicial. Serán los jueces, por tanto, quienes tengan la última palabra. "Comienza la verdadera batalla, que se dirimirá en los tribunales", dicen desde la entidad. Una guerra que se prevé intensa. Lo que decida el tribunal de instancia podrá ser recurrido ante la Audiencia y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde la fundación dejan claro en conversación con infoLibre que, si es necesario, piensan llegar hasta esa instancia, a la que ya acudieron en su día –aunque sin éxito– para tratar de impedir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La batalla puede demorarse bastante tiempo. Casi cuatro años pasaron, por ejemplo, desde que la Generalitat Valenciana pidió en el juzgado la eliminación de la Fundación Arnedo Medina hasta que el Alto Tribunal, tras varios recursos, le dio definitivamente la razón. Todo apunta, por tanto, a que la carpeta judicial de la extinción será heredada por el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, que podrá tomar decisiones relevantes respecto a la misma a través de la Abogacía –por ejemplo, en relación a la interposición de recursos–. Por el momento, todas las encuestas apuntan hacia una clara mayoría absoluta del PP con Vox, una ultraderecha que se ha posicionado en contra de la ilegalización de la fundación.

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Según un informe del Ministerio de Cultura, son cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; documentación producida por instituciones de la administración colonial, miembros de la monarquía o el clero; o documentos sobre numerosos acontecimientos históricos y sobre visitas de jefes de Estado extranjeros –desde Eisenhower a Eva Perón–. Papeles que "son de carácter público" y que el Ministerio de Cultura ha pedido a la Abogacía del Estado que reclame.

Tras dos años de vaivenes, excesos y polémicas decisiones, la cuestionada investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toca a su fin. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó este lunes continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, su asistenta Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El paso dado, equivalente al procesamiento, empuja a la pareja del líder del Ejecutivo hacia el banquillo de los acusados. Ahora bien, ni es definitivo ni asegura un juicio inminente.

Todo el mundo daba por hecho que Peinado trataría de dejar cerrada la causa antes de jubilarse –el próximo 27 de septiembre cumple 72 años, edad que lleva aparejada el retiro forzoso–. Y el auto dictado esta semana va, precisamente, en esa dirección. Una resolución que, sin embargo, aún no es firme. Contra la misma aún cabe recurso ante la Audiencia de Madrid, que en estos dos años ha avalado buena parte de las pesquisas pero que también ha corregido al instructor en repetidas ocasiones. Apelación cuya resolución puede tardar aún varios meses en llegar. Sin ir más lejos, en enero el órgano judicial superior anuló varios autos que habían sido dictados a finales de septiembre y principios de octubre. Es decir, tres meses de demora.

Del pronunciamiento sobre los esperados recursos que haga la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que ha tutelado de principio a fin toda la instrucción, dependerá el futuro del procedimiento. Y las posibilidades que se abren son múltiples. Desde que comenzó la investigación, la defensa de Gómez y la Fiscalía han solicitado en repetidas ocasiones el archivo de la causa por falta de indicios. Un carpetazo que, sin embargo, parece complicado a la vista de la posición mantenida hasta el momento por los magistrados de la Sección 23, quienes han ido avalando, a grandes rasgos, la causa construida. Incluso, alrededor de la malversación.

Los magistrados también podrían, por ejemplo, permitir la continuación del procedimiento pero no por todos los delitos, en caso de que no vieran claros los indicios plasmados por el magistrado, o su encaje en torno a alguno de ellos. U obligarle a redactar un nuevo auto si consideraran que el del lunes, con una extensión muy superior a la que ha caracterizado a las resoluciones en este procedimiento, no está mínimamente argumentado –algo que ya hicieron, por ejemplo, con el de transformación de la causa en proceso con jurado–. Incluso, podrían anular el auto porque en el mismo se acuerda la práctica de nuevas diligencias, algo que, alegan las defensas, iría en contra de la Ley del Tribunal Jurado.

Otra posibilidad es que avalen la resolución de Peinado en su totalidad, allanando así el camino hacia el banquillo de Gómez y el resto de investigados. Con el visto bueno de la Sección 23, el instructor podría dictar ya auto de apertura de juicio oral, que según el artículo 32.2 de la citada ley no sería recurrible. Y el expediente se mandaría a la Audiencia de Madrid para la celebración del juicio, que suele tardar alrededor de medio año en celebrarse. Así ocurrió, por ejemplo, con Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz: el juez acordó la apertura de juicio en marzo de 2019 y la vista se desarrolló en septiembre de ese mismo año.

Tras un inicio puramente técnico con las llamadas cuestiones previas, el juicio de Kitchen coge por fin vuelo con la primera tanda de testimonios. Por la Audiencia Nacional han desfilado a lo largo de esta segunda semana más de una veintena de comparecientes. Agentes y altos mandos policiales, en su mayoría, que han acabado por dibujar una operación repleta de sombras que se alejaba por completo de lo común. Una misión de la que ha intentado desvincularse el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyo abogado se ha esforzado por sembrar dudas en torno a la principal prueba de cargo en su contra. Y por la que la próxima semana serán interrogados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía Anticorrupción describe en su escrito de acusación una operación parapolicial para “impedir” que información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas acabase aportada al caso Gürtel. Se denominaba Kitchen por el parecido con un cocinero que alguno de los acusados veía en su gran colaborador: Sergio Ríos, exchófer del excontable conservador. Y se llevó a cabo, en gran medida, a través de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, si bien también participaron, en alguna ocasión, policías del grupo especial de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos.

Más de una decena de estos agentes ya se han sentado como testigos ante el tribunal, que preside la magistrada Teresa Palacios. Todos ellos han confirmado los seguimientos a la familia Bárcenas y a su entorno por orden de sus superiores más directos. Los de Asuntos Internos, de Jesús Vicente Galán, ya jubilado. Los de la UCAO, del ahora comisario José Francisco González. Ambos han comparecido también esta semana como testigos, si bien su obligación de decir la verdad se veía “algo más difuminada”, en palabras de la magistrada, por la condición de investigados que habían tenido en un procedimiento que, para ellos, aún está sobreseído provisionalmente.

Uno y otro han apuntado hacia arriba en la cadena de mando. Galán ha señalado al entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas: “Me dijo que Rosalía Iglesias –esposa de Bárcenas– estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin que fuéramos detectados”. Una orden que le resultó contradictoria dado que es “imposible” proteger “a distancia”. Una de las agentes de la unidad que participó en esos operativos dijo, sin embargo, que a ella “nunca” le habían transmitido “que había que dar protección a nadie”. “En otras declaraciones dijo que jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar el entorno de Rosalía”, contraatacó el abogado del excomisario. “No lo recuerdo”, zanjó Galán.

González, por su parte, indicó que el encargo lo recibió de Enrique García Castaño, ex comisario jefe de la UCAO: “Me dijo que el DAO –el director adjunto operativo, que por entonces era Eugenio Pino– había ordenado el seguimiento. Bárcenas había entrado en prisión, Rosalía seguía en libertad aunque estaba investigada en esa causa y nos dijo que no se llegaba al dinero y que quería los seguimientos para ver si se encontraba el dinero que estaba en el exterior y los posibles testaferros”. La misma directriz que él trasladó a sus subordinados, según fueron explicando varios de los agentes que participaron en el operativo.

Los policías que realizaron dichos seguimientos, por tanto, estaban convencidos de que se estaba apoyando de manera operativa la investigación contra el extesorero. Al fin y al cabo, fueron explicando, no es raro que echen una mano de vez en cuando unidades investigadoras de fuera de la Comisaría General de Información. De ahí que no les extrañase que cuando perdían al “objetivo”, en relación a la mujer de Bárcenas, recibiesen en unos pocos minutos y tras una llamada la posición. “Pensábamos que el teléfono del chófer estaba intervenido”, contó en sede judicial uno de esos agentes. 

“Cuando han hecho labores de apoyo para otra unidad, como la de Policía Judicial, ¿han tenido contacto directo con ella?”, preguntó el fiscal César de Rivas. “No, siempre se hacía a través de García Castaño, que de alguna manera monopolizaba el trabajo”, respondió González. El excomisario, conocido en la Policía como El Gordo, es una de las piezas centrales del caso Kitchen. De hecho, en fase de instrucción llegó a decir que desde la cúpula del Ministerio del Interior se le encargó descubrir si Bárcenas se había “llevado discos duros” en los que apareciera la financiación del PP. Pese a ello, no se sienta en el banquillo debido a su mal estado de salud.

Una tesis, la de la posible operación policial legal, que se encargaron de ir enterrando otros testigos. “No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)–”, señaló en su larga comparecencia, de más de doce horas, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado esta pieza separada del llamado caso Tándem. “No recibí ninguna solicitud de apoyo ni de la UDEF ni de la Comisaría General de Policía Judicial para actuar sobre el entorno de Rosalía Iglesias”, dijo, por su parte, Enrique Barón, en aquella época comisario general de Información –es decir, el superior jerárquico de García Castaño–.

Durante su comparecencia, el mandamás de la Comisaría General en la que se encuadraba la UCAO vino a explicar que lo normal era que se le informase del resultado de las operaciones que se llevaban a cabo: “Existía un método de control interno en el que yo supervisaba”. Una situación fuera de lo normal que también salió a flote cuando se le mostraron algunos recibís firmados por García Castaño relacionados con los pagos con cargo a los fondos reservados que se habrían hecho a Ríos. “No tiene nada que ver con la Comisaría General”, apuntó, al tiempo que dijo que quien debería dar explicaciones era El Gordo o quien le dio ese dinero.

Barón, no obstante, dio algo de oxígeno a los acusados cuando señaló que el uso que se hizo de efectivos policiales “ni fue en detrimento ni perjudicó los servicios” de Información. Así, explicó que los 70 agentes usados en el dispositivo estaban “libres de servicio”, en labores de “formación o actualización”. En su escrito de acusación, Anticorrupción hace mención, precisamente, a la “detracción” de estos policías cuando hace alusión al perjuicio económico de la Kitchen –al menos, 57.943 euros, entre los pagos de fondos reservados y la compra de una pistola para el exchófer–.

Las testificales de esta semana han servido también a la defensa del exministro del Interior para intentar tumbar la principal prueba de cargo que existe en su contra. Se trata, en concreto, de unos mensajes telefónicos que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez llevó ante notario para evidenciar el supuesto conocimiento que su superior tenía de la supuesta operación parapolicial. SMS que Fernández Díaz niega haber enviado.

“La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 Ipad)”, rezaba uno de ellos. En teoría, el mismo habría sido remitido por el exministro del Interior. Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal, el notario que se encargó de protocolizar dicho mensaje señaló que no puede asegurar al cien por ciento que el mismo hubiera sido enviado por el exministro. La vinculación (a Fernández Díaz) es por manifestación (de Martínez). No hay prueba”, consiguió arrancarle el abogado de Fernández Díaz.

El extitular de Interior ha quedado finalmente dibujado como la X del caso Kitchen. Una investigación que, sin embargo, ha llegado a salpicar al expresidente del Gobierno y a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El primero, al que los acusados se referían como ‘El Asturiano’ –según el investigador principal– nunca llegó a estar imputado en la causa. La segunda, sí, aunque finalmente quedó fuera del banquillo. La próxima semana, serán ellos quienes deberán sentarse frente al tribunal. Y algunas acusaciones estarán dispuestas a exprimir al máximo a ambos testigos.

Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa. 

Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.

"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.

Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.

"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas. 

El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada. 

El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".

Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".

La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego. 

No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso. 

Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".

Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".

La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.

El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".

Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios. 

"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.

En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.

Si las defensas tenían pensado vestir Kitchen como una suerte de operación policial legal alrededor del extesorero del PP Luis Bárcenas, el principal investigador de esta carpeta dentro del llamado caso Tándem les ha complicado el trabajo. El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos Gonzalo Fraga se ha encargado este lunes de apuntalar, uno a uno, todos los indicios recogidos durante años alrededor de los acusados. En una extensa comparecencia, que se ha alargado durante horas y que ha salpicado también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el agente 111.470 ha puesto en duda el carácter normal de las pesquisas y seguimientos realizados al entorno de Bárcenas: "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora".

El agente estaba llamado a comparecer a petición, entre otros, del Ministerio Fiscal. Y el fiscal Anticorrupción, César González Rivas, se ha empleado a fondo. Al final, algo más de dos horas de interrogatorio han permitido al investigador hacer una exhaustiva radiografía de lo que fue Kitchen, operación parapolicial –describe el Ministerio Público y las acusaciones– para hacerse con información comprometedora para el PP en el marco del caso Gürtel que pudiera tener Bárcenas en su poder. Una investigación que, como ha acreditado, se conoce al milímetro. Ni una duda con las fechas. Tampoco con la identificación de los informes. O con el contenido de las agendas intervenidas al comisario retirado José Manuel Villarejo. "Tiene una memoria prodigiosa", le ha llegado a decir la abogada del extesorero.

Para tratar de atar el carácter ilícito de la operación, el fiscal ha mostrado al inspector jefe, por ejemplo, el Parte Informativo Investiga que elaboró y firmó el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo exponiendo una serie de datos sobre Bárcenas. Se trata de un documento normalizado que es requerido formalmente para dar de alta una investigación policial en la base de datos de inteligencia policial Gati pero que, sin embargo, no se elaboró hasta finales de mayo de 2015, cuando ya estaba concluido el trabajo del operativo que se encuentra bajo la lupa. De esta manera, sostiene el Ministerio Público, "crearon la apariencia de que algunas de las informaciones" que habían conseguido de Bárcenas y su entorno –relaciones, vehículos o sociedades– habían sido compartidas con la unidad policial investigadora de la Gürtel.

"No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", ha dejado claro el inspector jefe de Asuntos Internos, quien ha destacado también que Kitchen se desarrolló sin dejar "reflejo" alguno en la base de datos que está diseñada, precisamente, para grabar las investigaciones policiales y generar cruces entre las mismas. "No ha habido una voluntad de generar un cruce cuando realmente se estaba investigando, que era en el año 2013 y 2014, porque había una opacidad evidente en lo que se estaba desarrollando", ha apuntado ante la atenta mirada del tribunal, cuyos miembros no paraban de tomar nota.

Del mismo modo, se ha puesto el foco sobre la unidad que figuraba como investigadora en el parte: la Dirección Adjunta Operativa (DAO). "¿Actúa, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, como unidad operativa en investigaciones?", ha preguntado el fiscal. "Yo nunca me he cruzado con la DAO. Me he cruzado con la UDEF, con la UDYCO, con unidades investigadoras, pero no con la DAO", ha respondido. Al inspector jefe también se le ha preguntado si es normal que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información y encargada de los seguimientos sobre el entorno del extesorero, participe en investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, como la Gürtel. "La Comisaría General de Policía Judicial tiene en sus distintas unidades, como la UDYCO o la UDEF, secciones de apoyo operativo, con grupos de vigilancia y seguimientos", ha explicado.

Fraga también ha señalado que el "carácter ilícito" de la Kitchen lo explicitaba "de manera muchas veces evidente" Villarejo, que fue el encargado de captar y controlar en la supuesta operación parapolicial al chófer del extesorero –el también encausado Sergio Ríos– y de entregarle en una primera etapa los pagos mensuales de 2.000 euros de los fondos reservados –abonos de los que luego se encargaría Gómez Gordo–. Así, se ha referido, por ejemplo, a una grabación de una conversación entre Villarejo, la presentadora Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. "Se han perdido papeles, se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (...) operaciones de decir, oye, en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos", se le escucha decir a Villarejo en la cinta.

Esa conversación ha salido en diferentes ocasiones durante el interrogatorio al inspector jefe de Asuntos Internos. Una de ellas, en relación al mote de El Asturiano. Fue la prueba definitiva que les permitió concluir que con dicho sobrenombre, utilizado por los miembros de la brigada política en algunas conversaciones, hacía referencia al expresidente del Gobierno. "La persona a quien llaman El Asturiano es Mariano Rajoy", ha aseverado. En las próximas semanas, las acusaciones podrán tratar de acorralar al exlíder de la formación conservadora frente al tribunal. Al fin y al cabo, está llamado a declarar como testigo, con obligación de decir la verdad, el próximo 23 de abril.

Rajoy ha sido, en esta causa, el gran elefante en la habitación. Es cierto que al expresidente nunca se le citó como investigado. Sin embargo, su nombre ha sobrevolado el procedimiento de principio a fin. Durante la instrucción, Villarejo llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy, contactos que versaban sobre dudas que el entonces líder del Ejecutivo trasladaba al policía en relación con el operativo. Y llegó a entregar al magistrado un número de teléfono que habría pertenecido al dirigente conservador. De hecho, se confirmó incluso que el contacto fue registrado por el PP y estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que Rajoy ocupó La Moncloa. Sin embargo, se dio carpetazo a la investigación. Y se hizo a pesar de que los investigadores de la policía aún aguardaban algunos datos solicitados a las compañías telefónicas.

El inspector jefe de Asuntos Internos también ha deslizado que los tentáculos de la Kitchen llegaban, incluso, a la cárcel en la que se encontraba internado Bárcenas. "Hay un control real de todo lo que sucede en prisión", ha señalado. Y a modo de prueba, el supuesto encargo que el extesorero hizo a un interno con conocimientos informáticos para que, como explica Anticorrupción en su escrito de acusación, borrase archivos de audio con conversaciones que decía haber mantenido con Rajoy y con el exdirigente del PP Javier Arenas "relativas a fondos manejados por el Partido Popular de procedencia ilícita". "Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a dicho interno, de nombre Isidro.

Al tomarle declaración, Bárcenas explicó que él había dado orden a su mujer de que facilitase un dinero en el exterior al chófer para que se lo diera a un tercero vinculado a Isidro. "En los diarios de Villarejo, todo esto está narrado con pelos y señales desde enero de 2014 –aunque el manuscrito no se interviene hasta marzo–. Se ve, en las anotaciones sobre Ríos, que le habrían encargado llamar a un número, el cual pertenecía a la hermana de Isidro", ha explicado el inspector de Asuntos Internos. Es más, a preguntas de la abogada de Bárcenas, ha precisado que ya desde enero de 2014 varios policías de la UCAO, unidad bajo la batuta del comisario Enrique García Castaño –que no se sentará en el banquillo de los acusados por problemas médicos–, habían realizado consultas en bases de datos policiales sobre este interno o sobre el número de teléfono de su hermana.

La testifical, para la que el agente se ha apoyado en las agendas del comisario jubilado o en los diferentes audios intervenidos, también ha servido para hablar de la pistola que se compró al chófer del extesorero. O de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, que Villarejo consideraba fundamental para tenerlo "trincado" para que nunca les delatase si todo se destapaba. "Se pidieron los expedientes o la documentación relativa a esa oposición, pero ya no está disponible, fue destruida conforme a la normativa por el paso del tiempo", ha resaltado. Y, por supuesto, para ratificar que el material incautado en los registros, base de la causa y que las defensas han intentado anular como prueba, mantuvo en todo momento la cadena de custodia.

La sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares se ha convertido esta semana en un plató de televisión. Un ir y venir de cámaras y micrófonos que respondía al enorme interés mediático –y también político– del caso Kitchen, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas y que pudiera comprometer aún más al partido en la causa Gürtel. Es solo una de las múltiples derivadas del llamado caso Tándem. Una hidra judicial que, casi nueve años después de su arranque, no ha tenido el impacto que se esperaba. El principal investigado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, no ha sido castigado con la severidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba. Y los mandamases del Ibex han sido capaces, al menos por ahora, de salir indemnes.

El estallido del caso, que arrancó a finales de 2017 con la detención de quien ha sido cara visible de las cloacas, provocó un auténtico terremoto en las altas esferas del Estado. En el registro de su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y en las oficinas de su empresa Cenyt en la Torre Picasso de Madrid, los investigadores se toparon con cantidades ingentes de material. Grabaciones y documentos que, casi una década después, han terminado por conformar una macrocausa con cerca de medio centenar de piezas separadas. En la mayoría de casos, cada carpeta se centra en un encargo privado al comisario relacionado con el espionaje o la inteligencia. Sin embargo, hay también otras instrumentales, una suerte de cajones de sastre donde se acumulan, por ejemplo, los audios que se van filtrando a los medios.

Una docena de piezas ya han sido o están siendo enjuiciadas. La última que quedó vista para sentencia fue Dina, que versaba sobre la filtración a periodistas de información contenida en un teléfono móvil robado a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. Y en junio se pondrá punto y final a Kitchen, cuya vista oral arrancó el pasado lunes. Sin embargo, solo se ha emitido sentencia en diez de esas carpetas: Iron, Land, Pintor, Joly, Wine, Saving, Marbella, Grass, Pinto y King. Salvo en la última, en todas las demás se sentaba en el banquillo de los acusados el comisario jubilado. Y aunque las acusaciones pedían para él un total de 180 años de prisión, Villarejo ha salido con condenas que, a día de hoy y con recursos aún pendientes de resolver, suman 16 años y un día.

Las tres primeras piezas se enjuiciaron juntas. La primera se centraba en la contratación del comisario retirado por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para obtener información de un despacho de la competencia. La segunda trataba sobre la guerra familiar de los herederos del promotor inmobiliario que levantó la urbanización de lujo La Finca. Y la tercera giraba alrededor del mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, para recabar información de un antiguo socio y su abogado que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al finalizar el juicio algo más de ochenta años para el comisario jubilado. Pero el tribunal le acabó imponiendo una pena de 19 años. Los magistrados le absolvieron del delito de cohecho al entender que aunque quien le contrataba conocía que era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, "no fue esa en ningún caso la razón del porqué se le contrató". Y le condenaron por revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Una pena que, sin embargo, luego sería rebajada en apelación hasta los 13 años al tumbarse también el delito de falsedad documental que se le había atribuido.

A esta condena se le suma la de la pieza July, centrada en la investigación por encargo del grupo Planeta a uno de los árbitros del laudo que tenía con Kiss FM. El Ministerio Público solicitaba para el comisario jubilado seis años y medio de cárcel por cohecho y falsedad en documento mercantil. Pero, al final, la pena se quedó en tres años y un día por el primero de los delitos. Junto a él, fue condenado el policía Antonio Giménez Raso. Villarejo trató en apelación de tumbar el cohecho alegando que no estaba probado que se sirviera de su condición de policía en activo para ejecutar los hechos. Pero la Sala lo mantuvo al entender que el comisario consumó el delito en el momento en que ofreció sus labores policiales de forma extraoficial, "prometiendo incluso métodos ilícitos", como consulta de bases de datos oficiales.

Son las únicas penas de Tándem que, en este momento, penden sobre su cabeza. En el resto ha logrado la absolución. Ocurrió con el supuesto encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto, en el que Anticorrupción había decidido no acusar al apreciar falta de indicios. O con Grass, centrada en el supuesto encargo que le hizo un empresario para obtener información de su exsuegro en un proceso concursal, y Saving, que giraba en torno a un empresario que quería recuperar 100 millones invertidos en Martinsa. Libre de polvo y paja salió, también, de la pieza sobre el encargo de una vecina de Marbella que mantenía un conflicto urbanístico con un empresario. O del proyecto Wine.

Esta última pieza versaba sobre los trabajos realizados para Repsol y Caixabank a fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero. En un primer momento, Villarejo fue condenado a ocho años por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, fue absuelto en apelación por prescripción. La Sala reconocía que el plazo de caducidad para este tipo penal sería de diez años si el mismo estuviera conectado con el de cohecho. Sin embargo, al haber sido absuelto el comisario jubilado de este último delito, habría que regresar a la prescripción original de cinco años del descubrimiento y revelación de secretos, que en este caso ya se habría cumplido cuando arrancó la investigación.

En el banquillo se sentaron también tres exresponsables de Seguridad de las compañías. Sin embargo, ninguno fue condenado a pesar de los intentos de Anticorrupción. E indemnes salieron también el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, para quienes se archivó el caso antes de llegar a juicio. Unas absoluciones que también se produjeron en el caso que salpicaba a Planeta, del que salieron libres de polvo y paja el responsable jurídico y el jefe de Seguridad del grupo. Ambos se libraron del cohecho porque el tribunal entendió que aunque debían conocer la condición de policía de Villarejo, no había quedado probado que supieran que estaba en activo.

Durante estos casi nueve años también se han archivado las piezas que salpicaban a Mutua Madrileña o al Grupo San José por falta de pruebas o por ausencia de hechos que pudieran considerarse delictivos. Sí que irán a juicio, sin embargo, los encargos al excomisario realizados desde Iberdrola, si bien este caso solo afecta a su exdirector de Seguridad –la investigación contra su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, se archivó igualmente por prescripción–. Y también los del BBVA. En este caso, sí se sentará en el banquillo todo un peso pesado de la compañía: su expresidente Francisco González, para quien Anticorrupción solicita 173 años de cárcel –y más de 180 millones de multa para el banco–.