Cada 28 de febrero, Andalucía se convierte en una postal costumbrista. Los centros educativos de la comunidad reparten desayuno molinero –pan con aceite y azúcar–, enseñan a sus alumnos a tocar el himno autonómico con la flauta dulce e improvisan sevillanas en el patio. En el Parlamento andaluz, el presidente concede medallas y recita discursos que apelan al orgullo verdiblanco. 

Una coreografía que, según algunos promotores de la autonomía andaluza, eclipsa el agrietado decorado que la sostiene. “Es una cloroformización del pueblo andaluz”, sentencia Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla que, como secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, fue uno de los firmantes del Pacto Autonómico de Antequera en 1978, proceso considerado el desencadenante del proceso autonómico de la comunidad. 

El antropólogo denuncia que el folklorismo descontextualizado es “un bloqueo planificado del paso del sentimiento a la conciencia”, convirtiendo el 28-F en un sustantivo festivo que ha olvidado su condición de verbo. A través de esta “festividad light”, argumenta que se ha creado una “amnesia” sobre los casi dos millones y medio de andaluces que acudieron a las urnas a erradicar las problemáticas que, precisamente, continúan hoy acechando la comunidad. 

“Los andaluces acudieron a las urnas para convertir Andalucía en una autonomía de primera”, explica Moreno. Con este tipo de autonomía, el promotor no se refiere exclusivamente a reconocimiento, sino al tipo de autogobierno que Adolfo Suárez tenía reservado a las denominadas “nacionalidades históricas” –Galicia, País Vasco y Cataluña, al haber sido reconocidas durante la Segunda República–, a través del artículo 151 de la Constitución del 78. El resto de comunidades se regirían por el artículo 143, una vía más lenta y que otorga menos competencias. 

La revista ‘Andalucía en la Historia’ explica que la “autonomía pasó a significar el remedio de todas las lacras sociales”. Con su consecución, la región obtendría las “herramientas necesarias” para autodeterminar sus problemas colectivos y proponer las soluciones pertinentes. Estas competencias incrementarían tanto los recursos como la capacidad de intervención de los andaluces sobre sus propias necesidades. Por tanto, el “SÍ” en el referéndum perseguía la soberanía del pueblo andaluz sobre sí mismo. 

La reclamación de un estatuto propio se reforzó con la afirmación de los elementos propios de la identidad andaluza, fundamentalmente culturales. Un argumento que perseguía los principios de Blas Infante, andalucista histórico considerado el patrón de Andalucía, que basó el derecho de autogobierno en la posesión de una cultura andaluza fruto de un proceso histórico diferenciado y, por ende, con “sus propias necesidades colectivas”. 

Y sí, la voluntad política andaluza triunfó y consiguió su propio Estatuto de Autonomía el 20 de octubre de 1981. No obstante, Isidoro Moreno incide en que, “aunque Andalucía consiguió ascender a primera división, jamás jugó en primera”. 

Mientras el antropólogo lo achaca a la consecución de “competencias muy limitadas” en el acuerdo autonómico, Christopher Rivas, el candidato a las próximas elecciones andaluzas por Andalucía Por Sí - Andalucistas, identifica “la falta de voluntad política” como causa de la problemática. Sea como sea, ambos coinciden en que nada ha cambiado: la “pésima situación estructural” de la autonomía más votada sobre el censo de España –55,84% sobre el censo– sigue siendo la misma que hace más de 40 años. 

Isidoro Moreno considera que el Gobierno quiso “vender el Estatuto de Autonomía como el desembarco natural del 28-F”, pero denuncia que un repliegue de los partidos políticos durante la construcción autonómica convirtió el texto en “un recorte de lo que era posible, dentro del marco de la Constitución”. 

El referéndum del 28 de febrero de 1980 presentó un enunciado críptico: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. En él, las palabras “autonomía” y “Andalucía” habían desaparecido, y ya auguraba lo que la organización política Nación Andaluza considera “una guerra que ya estaba perdida”.

La UCD, temerosa de un supuesto descontrol del proceso autonómico, desplegó un plan para frenar la transición de la soberanía andaluza. Organizó una campaña de abstención que incluía mensajes como “UCD solo te quiere informar y pedirte reflexión” y “Este no es tu referéndum; si vas a votar, vota en blanco”. El entusiasmo por la autonomía se convirtió en duda, no se combatía la autonomía abiertamente, sino que se buscaba enfriarla. Además, el Gobierno redujo tanto la duración de la campaña —una semana menos que en País Vasco y Cataluña— como la subvención estatal —125 millones de pesetas frente a los 300 millones destinados a otras nacionalidades históricas—, en un intento de condicionar el resultado.

El líder de Andalucía Por Sí - Andalucistas explica que las condiciones del referéndum hacían prácticamente imposible la victoria: para que la autonomía se aprobara por la vía rápida del artículo 151, el “SÍ” debía ganar por mayoría absoluta del censo en cada una de las ocho provincias. Los censos no estaban depurados, incluyendo fallecidos, emigrantes o menores de edad, que se contaban como abstencionistas, favoreciendo el fracaso del referéndum. Isidoro Moreno señala que “los andaluces tomamos este comportamiento como una agresión contra Andalucía y los andaluces”, y que esto funcionó como catalizador de la movilización popular. 

Pese a todo, la participación alcanzó el 64,19% del censo, con un 86,9% de votos afirmativos sobre los votantes. Solo Almería quedó por debajo del 50% del censo, con un 42,3%. 

Aun así, Isidoro Moreno denuncia que el Estatuto de 1981 otorgó “competencias muy limitadas”. Se conquistó el instrumento, pero no la capacidad de transformar las estructuras, como demuestra la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1984, impulsada bajo el lema “tierra y libertad”, que apenas alteró la histórica concentración de la tierra: “Ni para una reformita tuvimos competencia”, ironiza Moreno. 

Uno de los ejes del Estatuto era responsabilizar al centralismo de la situación histórica de dependencia y subordinación de Andalucía, reconociendo su deuda histórica para establecer un diagnóstico de fondo. De no hacerlo, la comunidad quedaba atrapada en lo que Mari Carmen García Bueno, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores y parlamentaria por Adelante Andalucía, denomina su situación “de niña pobre”.

Los andalucistas denuncian una “situación de colonia interna”, reflejo de una subordinación profunda dentro del Estado. La economía andaluza se orienta a la extracción de materias primas cuya transformación se realiza fuera de la región; carece de un tejido industrial propio, convirtiéndose más en proveedora que en productora de valor añadido; las empresas más rentables se concentran fuera de Andalucía, desplazando decisiones estratégicas lejos del territorio; y la emigración masiva convierte a la mano de obra andaluza en suministro barato para otros polos industriales. Denuncian que esta situación histórica se mantiene pese a la reforma estatutaria de 2007, que proclamó la deuda histórica saldada, pues los problemas estructurales siguen vigentes.

Andalucía Por Sí - Andalucistas alerta incluso de una “nueva deuda histórica”: el turismo masivo limita el acceso a la vivienda, las industrias contaminantes en polos como Huelva presentan graves riesgos para la salud, y la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón evidencia la subordinación territorial. 

Por otra parte, también advierten de la “vampirización de la cultura”, con productos andaluces convertidos en “marca España” y apropiados fuera de la región, como sucede en eventos como el festival Madrilucía. 

“Hay una enorme necesidad de aclarar cuestiones”, reivindica Isidoro Moreno. En un contexto donde casi todos los partidos —excepto la ultraderecha— se autodenominan andalucistas, advierte que crea “una hegemonía fingida”. Se oculta la ausencia de mecanismos específicamente andaluces bajo la apariencia de un consenso simbólico.

Considera que el llamado “borrado” del 4 de diciembre de 1977, reemplazado por un 28-F menos conflictivo, habría desactivado la conciencia política andaluza. Andalucía por Sí sostiene que sin esa fecha “no se puede entender nada de lo que sucedió después”, desde la manifestación de más de un millón y medio de personas hasta el asesinato del joven militante de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós.

Para la agrupación, el andalucismo político es un proyecto “de exclusiva obediencia andaluza”, diseñado desde Andalucía para afrontar problemas propios: economía extractivista, falta de industria e infrafinanciación. Adelante Andalucía coincide y denuncia que el andalucismo no puede ser una escenografía institucional, sino medidas que afronten las desigualdades estructurales de la comunidad.

Así, los defensores del andalucismo reclaman la necesidad de una "recuperación de conciencia" para crear una nueva mirada del pueblo andaluz que resuelva, como lo denominaba Blas Infante, esta "crisis de humanidad". 

El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana. 

La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía antes de la guerra civil, aunque la memoria impuesta por el franquismo sobre aquel conflicto nunca dejó de estar presente en los años de la transición. Y la sociedad actual tampoco es heredera directa de aquel período de cambio, pero conviene recordar los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia y pueden sacarse enseñanzas importantes para el presente.

El triunfo en porcentaje de votos, 34,4 por ciento, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad, era un «partido-archipiélago» constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto, la mayoría procedentes de la dictadura. Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo sociológico». Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, muchos le consideraban el hombre del Rey y le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno que había comenzado en julio de 1976.

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3 por ciento de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, más allá de las expresiones ideológicas y doctrinales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.

A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3 por ciento de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la Guerra Civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.

A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8 por ciento de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.

Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, incluidas todas las organizaciones de extrema izquierda que acudieron por separado, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8 por ciento de los votos y 11 diputados, y el PNV alcanzó el 1,7 por ciento de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagó el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Ferran Gallego ha señalado con acierto que el problema vasco se «enquistó» desde el inicio mismo de la transición. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla. 

La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerrepresentaba los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63 por ciento de los votos populares acumularon el 86 por ciento de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de los partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial mínimo necesario. 

Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas —para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo— y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas. 

Las elecciones generales celebradas en marzo de 1979 no variaron en lo esencial el mapa político español. La UCD volvió a ganar, Suárez formó un nuevo Gabinete sin mayoría absoluta en las Cortes y el PSOE, reforzado por la absorción del PSP, se afianzó como la fuerza principal de la oposición y la única alternativa de gobierno. Tampoco hubo sorpresas en las elecciones municipales del mes de abril, las primeras en España desde la Segunda República, que renovaron las elites políticas locales y permitieron el acceso al poder de la izquierda en las grandes ciudades gracias a los pactos de socialistas y comunistas. 

La transición comenzó, y se consolidó en la democracia, con una cultura política heredada del franquismo, que había impuesto la desconfianza hacia las luchas partidistas y el descrédito de las instituciones. El sistema de representación que se puso en marcha estaba basado en partidos de estructuras rígidas y listas cerradas que ayudaban poco a la afiliación y a la participación de la sociedad civil. 

A ese modelo de «bipartidismo imperfecto» hemos vuelto en la actualidad. Los grupos a la izquierda del PSOE no tienen otra opción que ir a las urnas unidos en coalición. Y el PP, como le pasó a UCD, tendrá muy difícil gobernar como un partido nacional/español si mantiene su actual escasa presencia en Cataluña y el País Vasco. Enseñanzas de la historia.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor, junto a Carlos Gil Andrés, de Historia de España en el siglo XX.

El exministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo,  ha fallecido este lunes, 14 de junio, a los 95 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes del Grupo Joly, de cuyo Consejo Editorial era presidente en estos momentos. Como ministro para las Regiones durante los gobiernos de Adolfo Suárez, Clavero es considerado el padre del café para todos, por el cual se decidió conceder el autogobierno al conjunto de los territorios —no solo a las llamadas nacionalidades históricas, esto es, Euskadi, Cataluña y Galicia— hasta consolidar el actual Estado de las autonomías.

Nacido en Sevilla en abril de 1926, ha sido un prestigioso abogado y catedrático de Derecho Administrativo en Salamanca y Sevilla, universidad esta última de la que fue rector por elección entre 1971 y 1975. Distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía en 1999, Clavero Arévalo tuvo como catedrático en Salamanca y Sevilla entre sus alumnos a dos futuros presidentes de gobiernos de la democracia, como fueron Adolfo Suárez y Felipe González.

Además, Clavero Arévalo da nombre desde el pasado año 2020 a una de las medallas de Andalucía que, por el 28 de febrero, concede anualmente el Consejo de Gobierno de la Junta en virtud de una iniciativa del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que hasta ahora han recibido el expresidente andaluz Rafael Escuredo, en 2020, y el Parlamento andaluz en este 2021.

Medalla de oro del Instituto de Academias de Andalucía y miembro de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de las Buenas Letras de Sevilla y de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla, Manuel Clavero ha sido igualmente profesor en la Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo y ha publicado numerosos libros y trabajos sobre diversos aspectos del mundo del Derecho.

En el ámbito de la política, Manuel Clavero Arévalo desempeñó un papel clave en la configuración de la nueva España de las Autonomías, según destacó la Junta cuando le concedió en 1999 el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Fundador en 1976 del Partido Social Liberal Andaluz, integrándose posteriormente en la Unión de Centro Democrático.

Diputado al Congreso por Sevilla entre 1977 y 1982, en la transición a la democracia en España ocupó el primer Ministerio para las Regiones (1977-1979), y durante la primera legislatura constitucional se hizo cargo del Ministerio de Cultura. Desde la Junta se subrayó en 1999 que su rechazo al intento gubernamental de privar a Andalucía de un régimen autonómico pleno le llevó a presentar la dimisión como ministro de Cultura, participando activamente en la campaña por el sí en el referéndum autonómicosí  del 28 de febrero de 1980.

Ha recibido, entre otros galardones, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Carlos III, y ha sido miembro de la Orden del Mérito Constitucional.

El centro es el espacio político más disputado y en el que normalmente se decide el resultado de las elecciones. En España, Ciudadanos, partido con mayor pedigrí centrista en la actualidad, tuvo en sus manos después de las generales de abril de 2019, la formación de un gobierno de amplia mayoría si hubiera apoyado, con sus 57 diputados, la investidura de Pedro Sánchez. No lo hizo, se repitieron las elecciones y la consecuencia fue que la formación naranja perdió 47 diputados y que, si en las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo no consigue representación parlamentaria, corre el riesgo de desaparecer. Hay que decir también que Ciudadanos, en su empeño por competir con el PP como partido de la oposición, ha mantenido en relación con el conflicto catalán posiciones próximas a la extrema derecha. Recuérdese la emblemática foto de Colón junto a dirigentes del PP y Vox y en la que sin embargo no quiso estar Manuel Valls, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona.

Pablo Casado, presidente del PP, ha iniciado numerosas veces el “viaje al centro”, pero siempre ha sido un recorrido de ida y vuelta. Se ha dejado la barba para cambiar su imagen y tener un look más informal. Ha pasado de un discurso bronco y lleno de insultos a Pedro Sánchez: irresponsable, felón, mentiroso compulsivo etc. a hablar en un tono más “suave” y moderado. En el debate de la moción de censura de Abascal pronunció un sorprendente discurso en el que rompió de forma rotunda cualquier relación con Vox. Pero todos estos gestos y vaivenes políticos de Pablo Casado hacen poco creíble su “fe centrista”, sobre todo porque en los momentos más duros de la pandemia ha mantenido posiciones próximas a la extrema derecha.

En cualquier caso, la realidad es que tanto la derecha como la izquierda, en concreto el PSOE, buscan en cada campaña electoral el voto de este sector de ciudadanos, también denominados “indecisos”, que unas veces votan al PP, otras al PSOE e incluso -normalmente una minoría- dirigen su voto a Vox y a Podemos.

Dicho esto, parece adecuado hacer un recorrido por los partidos, con origen o posicionados en el centro político, que han existido en España desde que volvió la democracia a nuestro país, tras la muerte de Franco, para ver cómo ha sido su evolución.

Unión de Centro Democrático (UCD)

La Unión de Centro Democrático (UCD) tiene sus orígenes en Centro Democrático, coalición de partidos políticos socialdemócratas, democristianos y liberales, que se constituyó el 20 de enero de 1977 de cara a presentarse a las primeras elecciones de la democracia. Posteriormente, Pío Cabanillas y José María de Areilza, dirigentes de Centro Democrático, iniciaron conversaciones con el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, para que liderara la coalición.

El 3 de mayo, Centro Democrático se convierte en coalición electoral con el nombre de Unión de Centro Democrático y, ese mismo día, Adolfo Suárez anuncia su candidatura a la presidencia del gobierno como independiente dentro de la lista de UCD. En ese momento, con el PSOE sin implantación en todo el territorio nacional y con un Partido Comunista recién legalizado, ese conglomerado de partidos de centro derecha liderados por Adolfo Suárez tenía todas las posibilidades de ganar las elecciones y así ocurrió. Este primer gobierno de la democracia tuvo como cometido elaborar la Constitución, por ello poco después de aprobarse en referéndum la Carta Magna se convocaron unas nuevas elecciones el 1 de marzo de 1979 que fueron las últimas que ganó la UCD.

En enero de 1981, las conspiraciones y conflictos internos de UCD, junto con el “ruido de sables” que ya se oía en esas fechas, llevaron a Adolfo Suárez a presentar su dimisión. Era el final de una etapa política y también el principio del fin de un partido que fue el primer exponente del centro político en España. En las elecciones generales de 1982 el PSOE ganó con mayoría absoluta y UCD sólo obtuvo 11 diputados. Este descalabro electoral llevó a la formación centrista a aprobar su disolución el 18 de febrero de 1983.

Centro Democrático y Social (CDS)

Después de su dimisión como presidente del Gobierno, Adolfo Suárez funda, junto a un grupo de disidentes de UCD, un nuevo partido alineado también en el centro político. Esta nueva organización inicia su andadura el 29 de julio de 1982, y este mismo año concurren a las elecciones obteniendo tan sólo dos diputados. Suárez pretendía con el CDS mantenerse en ese espacio político de centro en el que sustentó su pensamiento político y también rentabilizar su liderazgo labrado en la transición, de la que fue sin duda el gran protagonista. Pero los tiempos eran diferentes en España, y tras el Golpe de Estado del 23F las elecciones del 28 de octubre de 1982 trajeron el gran cambio de la mano del PSOE que consiguió la mayoría absoluta con 202 diputados.

En las siguientes elecciones, las del 22 de junio de 1986, el CDS remontó el vuelo y consiguió 19 escaños. Este fue sin duda el mejor momento de la nueva formación centrista porque en 1988, tras ingresar en la Internacional Liberal, rompió su equidistancia del PSOE y del PP. El CDS inició así un giro a la derecha que los llevó a pactar con el PP para desalojar al PSOE del Ayuntamiento de Madrid y conseguir de esta forma que Rodríguez Sahagún accediera a la alcaldía de la capital. El giro a la derecha tuvo críticas internas y además no fue bien acogido por los electores, lo que provocó su declive electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 1991 y la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del CDS.

El CDS mantuvo su actividad política y también su acercamiento a la derecha que culminó en la integración de la mayor parte del partido en el PP. Un sector minoritario, con el nombre de Centro Democrático Liberal (CDL), siguió activo hasta 2014 y terminó integrándose en Ciudadanos. Es importante tomar nota de que la evolución conservadora del CDS le lleva a desaparecer, algo que como veremos volverá a suceder.

Unión Progreso y Democracia (UPyD)

El 26 de septiembre de 2007 aparecía, de la mano de la exmilitante del PSOE, Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), un nuevo partido ubicado también en el centro político. En el grupo fundador de UPyD figuraban entre otros, el catedrático y expresidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa y el filósofo Fernando Sabater. Contaron además con el apoyo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el del dramaturgo Albert Boadella.

Aunque UPyD se mantuvo como partido político hasta el 6 de diciembre de 2020, solo tuvo presencia parlamentaria en las elecciones de 2008, en las que obtuvo un escaño, y en las de 2011 que consiguió 5 y grupo parlamentario propio. En las siguientes citas electorales no tuvieron representación parlamentaria. Finalmente, en las de abril de 2019 pidieron el voto para Ciudadanos y, en las de noviembre, directamente se integraron en las listas del partido de Albert Rivera. Tras esta incorporación a las listas de Ciudadanos la situación económica de UPyD quedó muy mermada, y al no tener solvencia para pagar la deuda que tenían con una extrabajadora, una juez ordenó la disolución del partido y el borrado de esta formación en el registro de partidos políticos. Inicialmente, el partido anunció recurrir la sentencia, pero finalmente tomaron la decisión de no hacerlo y declararon oficialmente su disolución el 6 de diciembre del 2020, coincidiendo con el día de la Constitución.

Ciudadanos

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía o simplemente Ciudadanos (Cs) nació en Barcelona el 1 de junio de 2006. El germen de esta nueva y última organización centrista, hasta el momento, fue la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya creada por quince intelectuales, profesores universitarios y profesionales de varios sectores de actividad, entre los que estaban el jurista Francesc de Carreras, el periodista, Arcadi Espada y el actor y dramaturgo, Albert Boadella. La razón de ser y el objetivo político con el que surgió esta plataforma política, que se constituyó como partido el 4 de marzo de 2006, fue oponerse a lo que consideraban una imposición del nacionalismo catalán desde diversos ámbitos de poder en Cataluña. El 5 de junio de 2006, en plena campaña para el referéndum de aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el periodista Arcadi Espada y otros miembros de la plataforma fueron agredidos por un grupo de independentistas catalanes. Este incidente, que desmintieron en su día los Mossos d'Esquadra, provocó a propuesta del Partido Popular, una declaración institucional del Congreso de los Diputados.

En julio de 2006 se celebró el congreso fundacional de Ciudadanos en el que se eligió como presidente a Albert Rivera. En los primeros años de su existencia Ciudadanos actuó solo en el ámbito catalán. La primera cita electoral a la que se presentaron fueron las elecciones autonómicas del 1 de noviembre de 2006, consiguieron 89.840 votos y tres escaños, convirtiéndose así en la sexta fuerza del Parlamento de Cataluña. El candidato fue Albert Rivera que como nota curiosa posó desnudo para un cartel electoral.

El recorrido político de Ciudadanos es amplio, por ello solo me detendré en los momentos claves de su trayectoria para observar cómo ha sido su evolución. En las elecciones municipales de 2007 la dirección de Ciudadanos dio libertad a sus agrupaciones para decidir si presentaban o no candidaturas fuera de Cataluña. Los resultados quedaron por debajo de las expectativas que tenían, pero fue un primer paso para expandir el ámbito de su actividad política. Después de estas elecciones Ciudadanos celebró su Segundo Congreso Nacional, encuentro político en el que aparecieron algunas desavenencias ideológicas. Especialmente cuando según la denominada “Enmienda Carreras” se decía que Ciudadanos surgía para cubrir el vacío de representación existente en el espacio electoral de centroizquierda no nacionalista”. Esto provocó polémica en el congreso y la baja de un buen número de militantes situados ideológicamente más a la derecha, porque hasta ese momento el partido se había denominado como transversal a cualquier ideología.

Superada esta crisis el partido concurrió a otras citas electorales como fueron las elecciones generales de 2008 y las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. En los siguientes años Ciudadanos presentó candidaturas en todas las elecciones y consiguió congregar apoyos de exdirigentes socialistas como José Bono, Antoni Asunción y Joaquín Leguina lo que parece confirmar su posicionamiento político en el centroizquierda.

Pero el año de la gran expansión de Ciudadanos fue 2014. De hecho, si tenemos en cuenta que Podemos también surgió este mismo año, se puede considerar que 2014 marca el final del bipartidismo. Este año se celebraron elecciones al Parlamento Europeo en las que Ciudadanos obtuvo dos escaños. Durante 2014 y 2015 con el fin de ampliar su implantación a nivel nacional llegaron a acuerdos con una larga lista de pequeños partidos todos ellos ubicados en el centro político. En 2015 participaron en las elecciones andaluzas y en todas las elecciones municipales y autonómicas que se convocaron. Pero sin duda la cita electoral más importante a la que concurrió Ciudadanos este año fueron las elecciones generales del 20 de diciembre, en las que consiguieron 40 escaños convirtiéndose así en la cuarta fuerza política. Tras estas elecciones, España entró en una etapa de bloqueo político en la que Albert Rivera tuvo un papel importante al alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, para apoyar su investidura. Finalmente, la investidura de Sánchez no fue posible y hubo que repetir las elecciones. Hay que recordar que, aunque ganó las elecciones el PP, Rajoy no intentó la investidura al no contar con apoyos suficientes.

El otro hito importante de la trayectoria política de Ciudadanos fueron las elecciones catalanas de 2017, en las que Inés Arrimadas, a pesar de ganar las elecciones, no se presentó a la investidura por no contar con apoyos suficientes. En las elecciones andaluzas celebradas el 2 de diciembre de 2018 consiguieron 21 escaños que les permitieron entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía presidido por el popular Juanma Moreno y apoyado por Vox.

Pero volviendo al escenario nacional hay que destacar que, en 2018, poco antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, Ciudadanos tenía unas expectativas electorales excelentes. De hecho, las encuestas les situaban como el partido con mayor intención de voto, y de haberse celebrado las elecciones en ese momento podrían haberlas ganado. La negativa de Rajoy a dimitir y el triunfo de Pedro Sánchez con su moción de censura frustraron estas expectativas.

Pero, sin duda, la gran ocasión perdida de la formación naranja que ha provocado la escasa representación parlamentaria que tienen en la actualidad, se produjo después de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 en las que Ciudadanos obtuvo 57 diputados y el PSOE 123. En ese momento, Albert Rivera tuvo en sus manos apoyar la investidura de Pedro Sánchez, formar un gobierno estable e incluso entrar en el ejecutivo, pero Albert Rivera prefirió aplicar un veto generalizado al PSOE. De hecho, tras las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de este mismo año Ciudadanos eligió como socio preferente al PP y mantuvo su bloqueo a Sánchez. Sólo en el último momento, cuando la repetición de las elecciones era ya inevitable al no aceptar el líder socialista la entrada de Unidas Podemos en el gobierno, Rivera ofreció a Sánchez apoyar su investidura, pero con unas condiciones que resultaron inaceptables para el candidato del PSOE. El 10 de noviembre se repitieron las elecciones y Ciudadanos pagó en las urnas su negativa a negociar con los socialistas. El partido perdió 47 diputados y dos millones y medio de votos. Al día siguiente de las elecciones Albert Rivera, asumió su responsabilidad en este fracaso electoral y presentó su dimisión.

El partido, ahora liderado por Inés Arrimadas, se mueve desde entonces en una deriva y afectado por la salida de dirigentes que no aceptan la línea actual de la organización. Hay un dato curioso, después de haber intentado protagonizar una moción de censura en la Comunidad de Murcia con el PSOE que ha terminado en fracaso, en la actual campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, anuncian a bombo y platillo que apoyarán la investidura de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la reelección. Parece contradictorio aparecer como partido de centro y mantener en tan poco espacio de tiempo posiciones tan contradictorias.

Conclusiones

Tras este extenso recorrido se hace necesario extraer algunas conclusiones. Si observamos el origen y la evolución de los partidos de centro aquí descritos podemos apreciar que salvo UCD, que desapareció de la escena política por desavenencias internas y por la caída del liderazgo de Adolfo Suárez, el resto de los partidos de centro -incluido Ciudadanos-, se acabaron convirtiendo en muleta del PP, bisagra de la derecha e incluso se han integrado en gobiernos de coalición presididos por el PP.

Quizá en esta evolución de los partidos de centro -más tarde o más temprano- hacía la derecha, esté la clave de su lenta pero inevitable desaparición. No obstante, y por hacer honor a la verdad, hay que decir que en sus orígenes tanto el CDS como Ciudadanos llegaron a acuerdos políticos con el PSOE. Pero la realidad es que con el paso del tiempo estos dos partidos se han escorado a la derecha e incluso han competido con el PP para intentar convertirse en el partido mayoritario de la oposición al PSOE.

Por tanto, el primer problema es esa falta de coherencia política en estos partidos que, como se ha visto en el caso de Ciudadanos, no sólo mantienen posiciones coincidentes con el PP, sino que incluso han entrado en los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia presididos por el PP y apoyados por Vox.

Finalmente cabe concluir que, con esta evolución, Ciudadanos, además de correr el riesgo de desaparecer políticamente pierde la oportunidad de convertirse en un partido de centroderecha equiparable a formaciones de similar signo político que existen en otras democracias europeas.

Rafael Sánchez Sánchez analista político y socio de infoLibre

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados al frente de dos centenares de miembros de la Benemérita, el joven Diego López Garrido se encontraba en el hemiciclo. Por aquel entonces, no era representante político. Simplemente, ejercía como letrado en las Cortes. Pero allí estuvo, durante horas, con el repiqueteo de aquel fusil que puso a todo un país a contener el aliento resonando en su cabeza. Cuatro décadas después, este exsecretario de Estado aún conserva en su memoria retales de aquellas jornadas angustiosas. Como también de la demostración de dignidad de toda la sociedad española tan solo setenta y dos horas después de que fracasase la intentona golpista. Aquel viernes, la ciudadanía dijo alto y claro a los elementos involucionistas que el único futuro que concebía era el democrático. Y lo hizo de forma masiva y contundente. “Es la manifestación más grande a la que he ido en toda mi vida”, recuerda Garrido, quien no olvida la emoción que se respiraba en el ambiente aquella tarde de febrero en la capital que ha quedado marcada a fuego en el recuerdo colectivo.

Desde la muerte del dictador, el ruido de sables había sido constante. Sólo hay que recordar la famosa operación Galaxia. Sin embargo, el asalto a la Cámara Baja puso en evidencia la existencia de un peligro real. Por eso, una vez restablecida la normalidad, era fundamental una respuesta firme por parte de la sociedad. Partidos y sindicatos pusieron sobre la mesa la posibilidad de organizar una gran movilización en defensa de la recién nacida democracia. Una propuesta que generó ciertas dudas en alguna organización. Jorge Verstrynge era, por aquel entonces, secretario general de Alianza Popular (AP). “Hubo una fuerte discusión sobre si acudir o no a la marcha”, confiesa al otro lado del teléfono en conversación con infoLibre. El exdiputado señala que tanto él como Gabriel Camuñas y Fernando Suárez estaban a favor de acudir porque, de no hacerse, se evidenciaría una complicidad de la formación con la intentona. Con una posición contraria sitúa a Félix Pastor, quien fuese presidente de la organización, o Alfonso Osorio. “Había miedo porque no estaba claro que todo se hubiera resuelto. Si dábamos el paso, nos identificábamos claramente en contra de los golpistas”, dice Verstrynge.

Los partidarios de sumarse a la manifestación decidieron entonces ir a ver al presidente del partido, Manuel Fraga, para trasladarle su intención de respaldar sí o sí la iniciativa. Si no era de la mano del partido, lo harían a título individual. “Fue entonces cuando nos dijo que él también asistiría”, cuenta Verstrynge. De esta manera, se abrió la puerta a una demostración de fuerza totalmente transversal en favor de la democracia. Las diferentes formaciones se pusieron manos a la obra. Se creó un grupo de trabajo formado por representantes de los cuatro principales partidos políticos de ámbito nacional –UCD, PSOE, PCE y AP– y de los dos sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT–. Nicolás Sartorius, exdirigente del Partido Comunista, tenía entonces 42 años. Recuerda que fue “fácil” llegar a un “consenso” entre todos los grupos. Principalmente, porque había un sentimiento común y no se entraba para nada en contenidos programáticos. “Había una posición absolutamente compartida, no recuerdo que hubiera que negociar nada”, coincide, por su parte, José María Zufiaur, entonces miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.

El único incidente que se produjo, recogido por el diario Abc, fue en la reunión que los organizadores celebraron el 26 de febrero en la sede de la UCD. Tanto el PSOE como UGT se negaron a sentarse en la mesa hasta que no se retirara de allí una delegación de la Unión Sindical Obrera (USO). Al final, los representantes de este sindicato acabaron abandonando el cónclave y retirando su apoyo organizativo al acto, dejando margen a sus afiliados para participar o no. Con este escollo superado, pronto se alcanzó un acuerdo entre todas las partes. Así, todos los implicados decidieron que la comitiva la abriese una pancarta con un lema sencillo a la par que contundente –Por la libertad, la democracia y la Constitución–, seguido por un segundo bloque con una gran bandera española. Luego, se distribuirían las diferentes organizaciones convocantes por orden, de acuerdo a su representación numérica. Para leer el manifiesto final, se decantaron por quien hubiera sido presidente de las Cortes en la etapa constituyente, Antonio Hernández Gil.

Todo estaba listo para la demostración de fuerza y unidad. Aquel viernes, algunos de los principales diarios recordaban a los ciudadanos la cita para defender la democracia. “Al pueblo de Madrid. […] Los partidos políticos y centrales sindicales, reunidos en Madrid, convocan a todos los madrileños a manifestar, masiva y responsablemente, su firme apoyo a las instituciones, su inequívoca defensa de la democracia y de la Constitución y su apasionada voluntad de ser libres”, se leía a toda página en el diario Abc. Todos eran conscientes de la importancia de una asistencia masiva: “No nos podíamos permitir una imagen con poca afluencia de personas”. Sin embargo, los organizadores confiaban en ser capaces de desbordar las calles de la capital. Tanto es así que acordaron movilizar a sus respectivas organizaciones a fin de constituir el servicio de orden de la comitiva, que estuvo integrado por cinco millares de personas. Para hacerse una idea de la dimensión, son catorce veces la actual composición del Congreso dedicándose en exclusiva a controlar que la marcha discurriese sin complicaciones.

Reflejo del consenso

Aunque los nubarrones en el cielo anunciaban lluvia, aquella tarde toda la ciudad se echó a la calle. Una hora antes de la cita, las vías atestadas anticipaban el éxito de la convocatoria. Poco a poco, fueron llegando los líderes políticos que encabezarían la marcha. Allí, junto a la glorieta de Embajadores, se fueron agrupando el socialista Felipe González, el ucedista Agustín Rodríguez Sahagún, el conservador Manuel Fraga o el comunista Santiago Carrillo, que llegó como un reloj a la hora marcada, ni un minuto antes ni uno después. Con ellos, los máximos responsables sindicales, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo. Una amalgama de sensibilidades políticas unidas en defensa de la libertad. En la cabecera, se respiraba un ambiente festivo. De hecho, el secretario general de CCOO y el líder de AP protagonizaron una de las anécdotas de la jornada, según recogieron algunas crónicas de la época. “Le estoy metiendo mano a Marcelino”, bromeaba Fraga mientras agarraba al dirigente sindical. “Sí, Manuel, pero si no estuvieras tan gordo iríamos más anchos”, replicaba entre risas Camacho.

La pancarta que abría la marcha era de tales dimensiones que alrededor de una veintena de personas fue detrás de ella durante el recorrido. Ahí se encontraban aquel viernes de febrero de hace cuarenta años Sartorius, Verstrynge o Zufiaur. “Fue muy emocionante y simbólica, la constatación de que la sociedad española no quería volver atrás, la consolidación del proceso democrático”, recuerda el exdirigente comunista. “Recuerdo la exaltación y la bonita acogida de la gente, desde las aceras o en la propia cabecera”, cuenta quien fuera secretario general de Alianza Popular. Aunque era la consigna, fue imposible mantener un silencio sepulcral. Los gritos de “¡Democracia y libertad!”, “¡Democracia sí, dictadura no!”, “¡Viva la libertad!” o “¡El pueblo unido jamás será vencido!” resonaron con fuerza a lo largo de los casi dos kilómetros de trayecto. Lemas que se entremezclaron con pancartas a favor del rey Juan Carlos I o contra el golpe. “Prohibido prohibirnos leer, hablar y pensar”, rezaba una de ellas, que se encargó de desplegar un grupo de estudiantes.

Al abogado Antonio Garrigues Walker, presidente del prestigioso bufete Garrigues, le ofrecieron unirse a la cabecera, en la que también se dejaron ver algunos de los pesos pesados de la banca privada. Sin embargo, cuenta que prefirió diluirse con la gente. “Recuerdo la tristeza del 23-F y lo mucho que me preocupaba la imagen sobre España que podía haber en el exterior. Sin embargo, la reacción natural, espontánea, de la sociedad dejó claro que la democracia española no era tan frágil”, rememora el jurista de 86 años al otro lado del teléfono. De aquel día, Garrigues resalta la importancia de que todo el mundo se echase a la calle sin importar la opinión y la tendencia política. “Fue la demostración inequívoca de que no había vuelta atrás”, asevera. Como él, quienes portaron la pancarta principal también destacan la importancia de aquella transversalidad que, en opinión de López Garrido, permitió movilizar a centristas, comunistas, progresistas o conservadores. “Fue un reflejo del consenso que había hecho posible la Constitución”, dice Sartorius.

“El pueblo no se ha conformado con ser espectador”

Durante la marcha, se produjo algún que otro susto que evidenciaba que los nervios aquellos días estaban a flor de piel. El diario El País, por ejemplo, recogió un apagón en el paseo del Prado que desató los gritos de los jefes del servicio de orden de la marcha o un intento de arremeter contra la manifestación de un conductor ebrio. Pero, tres horas después del inicio, la pancarta logró alcanzar su punto final: la plaza de las Cortes. El enclave, y las calles adyacentes, estaban a rebosar. La cabecera apenas pudo acercarse al estrado que se había dispuesto frente a la escalinata principal del Congreso. Allí esperaba el silencio la periodista de Televisión Española Rosa María Mateo, quien se hizo cargo de la lectura del manifiesto por la ausencia de Antonio Hernández Gil. “Los días 23 y 24, grupos golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas, la pacífica convivencia de los españoles y la Constitución que, mayoritariamente y libremente, nos hemos dado en el ejercicio de la soberana e indomable voluntad popular”, arrancaba el escrito que sostenía entre sus manos.

Fotografía tomada en la Plaza de las Cortes aquel 27 de febrero de 1981. | EFE

Aquel era un texto en el que se ensalzaba la labor de los medios de comunicación o la Corona, constituida en “garantía de la democracia”. También de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, resaltándose que no debía confundirse a “grupos sediciosos” con la totalidad del Ejército o la Guardia Civil. Pero, sobre todo, el manifiesto era un grito de libertad. “El pueblo no se ha conformado con ser espectador, sino que se sabe protagonista de su historia y ha querido y quiere comportarse como tal. Por eso estamos aquí, expresando, solidariamente, con emoción contenida y con honda reflexión, nuestra decisión de vivir en democracia y nuestra voluntad de impedir que se reproduzcan hechos amenazadores para la imprescriptible libertad”, señaló Mateo. Una intervención culminada con un “¡Viva la Constitución!” y “¡Viva la democracia!” que puso fin a una marcha a la que asistieron entre millón y medio y dos millones de personas. Una de las manifestaciones más masivas que se recuerdan. Un acontecimiento que dejó claro a los que estuvieran tentados de regresar al pasado que el pueblo no se lo permitiría.

El caso más sonado, por supuesto, fue el de UCD, aunque es difícilmente comparable. Porque UCD era un partido improvisado por las élites de la transición, formado desde arriba, coyuntural, unido en realidad en torno a la figura elegida por el rey, Adolfo Suárez. Era un “invento” útil para la Transición, pero que se diluyó como un azucarillo en cuanto Suárez se marchó. A la UCD nadie la echó de menos cuando, tras pasar de 168 a 11 diputados en 1982 , resuelto el golpe de Estado, sus líderes encontraron acomodo en la derecha o en la izquierda, o se mantuvieron unos pocos años más en el CDS, que sólo llegó a tener 19 escaños en 1986. Anunciar para el PP las penurias de UCD es de agoreros.

El otro caso es la pérdida de 59 diputados del PSOE en las elecciones de 2011, con la candidatura de Rubalcaba. Aquel momento sí tiene similitudes con el PP actual. Un partido en crisis (económica en el caso del PSOE, por corrupción en el del PP), con un líder que se retira (Zapatero y Rajoy respectivamente) y movimientos de desencantados ideológicamente afines que acosan (desde la izquierda al PSOE, Podemos; desde el centro y la derecha al PP, Ciudadanos y Vox).

¿Será Pablo Casado el Suárez del siglo XXI, o el Rubalcaba de 2019? Probablemente no.

Hay una probabilidad entre diez –siguiendo los útiles análisis probabilísticos de Kiko Llaneras, que agrega las previsiones de decenas de encuestas– de que la derecha, PP más Ciudadanos más Vox, sume la ansiada mayoría de 176 escaños y Pablo Casado se convierta en presidente del Gobierno, dando por hecho casi cierto que quedará por encima de Ciudadanos. De ser así –cosa, insisto, poco probable, aunque no imposible–  asistiríamos a la resurrección del enésimo líder político que, con un resultado electoral objetivamente penoso, produce el espejismo de ser un maestro de la política. El último ejemplo es precisamente su colega Juanma Moreno, que tras una campaña absurda que comenzó en la puerta de un club de alterne y terminó pidiendo el voto a una vaca, perdió sietes escaños, pero logró hacerse con la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y como es mucho más fácil gobernar que salir elegido, resultó que el hasta entonces vulgar Juanma Moreno se convirtió por arte de la aritmética parlamentaria, en la nueva estrella del Partido Popular. Es 90 por cien improbable que suceda, pero si los resultados contradicen los pronósticos, Pablo Casado podría hacer renacer a su partido como cualquier otro líder hace reverdecer a su partido cuando ocupa el palacio de Gobierno.

Hay un 30 por ciento de probabilidades de que el PSOE una fuerzas con Podemos y con el PNV y pueda gobernar, pero si el PP queda por delante de Ciudadanos, Pablo Casado seguirá siendo líder de la oposición. La presión que se ejercería sobre él para que dimitiera por el mal resultado no sería mucha. Primero porque él no pasa del Gobierno a la oposición, como le pasó a Rubalcaba, ni ha sido designado por la élite del partido, como también sucedió con Rubalcaba en principio. Recuérdese que él, tras el desastre del 2011, convocó y ganó un Congreso frente a Carme Chacón. Pablo Casado acaba de ganar unas primarias. No necesitaría esa validación de la militancia, porque ya la tiene. Las primarias de los populares están tan recientes que no ha dado tiempo a que se formen coaliciones desafiantes dentro del partido. Los perdedores (Soraya Sáenz de Santamaría y el resto de moderados) fueron purgados o se retiraron a sus actividades privadas. No hay corrientes ni contestación colectiva sólida en el PP actual. Pablo Casado muestra un currículo lamentable en sus pocos meses como presidente del PP, pero es poco probable que nadie quiera plantarle cara dentro del partido.

Lo más probable (60 por ciento) es que no haya mayoría ni de un lado ni de otro, y que se abra un período de negociación más o menos largo, que quién sabe dónde desembocará. Si así fuera, es probable que se aplacen las decisiones orgánicas dentro del PP, y que Casado pueda sobrevivir unos pocos meses más, como mínimo.

En cualquiera de los casos, se producirá muy probablemente esa frecuente paradoja de la política universal: un líder evidentemente anodino, incapaz de emocionar a sus votantes potenciales, en el caso de Pablo Casado además hiperbólico y poco fiel a la verdad, podrá continuar liderando su partido a pesar de haberlo hundido aún más. ¿Hay aún alguien que dude de la facilidad con que los partidos permiten la supervivencia de los mediocres?

Los vecinos de una treintena de ayuntamientos españoles no ha conocido otro alcalde que al que tienen desde 1979, 40 años después de las primeras elecciones democráticas, que fueron municipales, celebradas en España el 3 de abril de 1979. El miércoles se cumplirá el aniversario.

En aquel día, un total de 7.870 ayuntamientos celebraron elecciones y estrenaron colegios, urnas y papeletas, según los datos del Ministerio del Interior. El censo electoral lo formaban 26,59 millones de personas pero votaron 16,6 millones, porque la abstención fue del 37,49%. Casi no hubo votos en blanco, sólo 5.388 (0,03%). Días después se constituyeron las primeras corporaciones municipales con los primeros alcaldes democráticos al frente y cuatro décadas después, en una treintena de ayuntamientos la tradicional vara de mando no ha cambiado de manos. En algún caso, incluso, el alcalde lo era desde el franquismo: Ricardo Díez Pascual gobierna en Castillejo de Mesleón (Segovia) desde 1964 y José Luis Seguí lo hace en Almudaina (Alicante) desde 1972.

De 100 a 1.630 mujeres

Uno de los cambios es la multiplicación de mujeres en las alcaldías, aunque hoy siguen siendo minoría: fueron 104 tras las elecciones de 1979, que pasaron a ser 1.232 en el año 2007 y que son hoy 1.630. Entonces equivalían al 1% del total y fueron elegidas por toda España salvo en La Rioja y el Principado de Asturias. Hoy son el 20%, sólo la quinta parte, aunque son dos mujeres las que dirigen los ayuntamientos más grandes del país: Madrid y Barcelona. Además, ellas son el 38% de todos los concejales (22.443).

Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial, también la edad media de los alcaldes ha subido. En 1979, casi el 10% de los alcaldes tenía menos de 30 años y un 27% tenía entre 30 y 40. En la provincia de Zaragoza hubo un alcalde de 20 años y la mujer más joven tenía 22.

Según los datos aportados de la revisión de 6.156 de los 8.131 alcaldes del país,  el 60% tiene de 40 a 60 años, sólo el 2,4% está por debajo de los 30 y el 19,3% supera los 60. En cuanto a su formación, la encuesta recoge información de 5.575 regidores; de ellos, solo el 15% se dedica a la actividad principal en 1979 y son agricultores, ganaderos o forestales; es casi la misma proporción de los que son directores o gerentes. Hay casi tantos trabajadores de la industria y la construcción (418) como profesores (427) y otro 10 por ciento son jubilados. Sólo 129 se dedican a las "labores del hogar" y son todas mujeres salvo 3 hombres.

En total, hace 40 años la UCD se llevó el 30% de los votos (28.960 concejales), el PSOE el 28% (12.059), el PCE el 13% (3.727) y las agrupaciones electorales independientes el 10% (14.684). CiU se hizo con el 3,08% de las papeletas (1.756 concejales) y el PNV recibió el 2,1% (1.079), entre otros resultados.

Los ayuntamientos volverán a celebrar elecciones 40 años después el próximo 26 de mayo. Lo harán 8.132 entidades locales, según los datos del Ministerio del Interior. Su actividad no se detiene por la convocatoria electoral y seguirá siendo la misma hasta el día anterior a la votación, porque el mandato de los concejales terminará el sábado 25 de mayo.

La Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez se enfrentaba, como partido en el Gobierno, a la construcción del andamiaje legislativo previsto en la recién aprobada Constitución Española. Durante su mandato fueron aprobadas 17 leyes orgánicas. E inauguraban esa lista la normativa del Tribunal Constitucional y la General Penitenciaria.

Las portadas de ese 24 de julio abrían con el resultado de la votación del día anterior. Un pequeño gran desastre para UCD, que no consiguió sacar adelante el texto de la Ley a falta de un votopara recabar la mayoría absoluta necesaria (176) de una ley orgánica. La crónica de La Vanguardia recuerda cómo los diputados "no cesaban de hacer números" en una sesión larga y tediosa que, si bien partía con los apoyos necesarios, sufrió un varapalo cuando Coalición Democrática, la alianza de centro-derecha encabezada por Manuel Fraga, retiró su apoyo casi sin avisar. Y el resto de grupos políticos decidieron quemar lo que restaba de tiempo: "Conocedores todos de la situación, han comenzado las maniobras tácticas de unos y otros. [...] Un diputado canario tenía problemas con el avión, otro estaba enfermo... Las maniobras dilatorias se han hecho patentes".

Llama poderosamente la atención el tratamiento que hizo El País del tira y afloja parlamentario, ya que parecía colocar a UCD en el centro de una diana de irresponsabilidades. "El Gobierno y su partido, Unión de Centro Democrático, impidieron ayer que el Pleno del Congreso de los Diputados votara la totalidad del proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional" o "La izquierda [refiriéndose a PCE y PSOE] retiró numerosas enmiendas para posibilitar una votación rápida, pero el Grupo Centrista echó mano de todos los trucos que permite el reglamento para retrasar la misma". También, sin recoger declaraciones de UCD, la crónica apuntaba las impresiones de PSOE —que calificaba la actitud de UCD como "filibusterismo"—, del PCE —que creía que una ley no debía aprobarse con la oposición de medio Congreso— y de Coalición Democrática —que finalmente anunció su abstención—.

La ruptura de los pactos de UCD con los partidos mayoritarios dejaba el texto de la ley temporalmente bloqueado en el circuito legislativo, pues ni con el apoyo de todas las formaciones minoritarias podía Suárez sumar los 176 votos necesarios. El periódico Diario 16 resumía lo acontecido el día anterior en seis líneas y con una fotografía a media página. Las negociaciones se intentarían ahora con el grupo parlamentario Minoría Catalana, que garantizaba su bancada a UCD bajo dos condiciones:

El mecanismo legislativo se reinició al día siguiente con una nueva y fallida votación. Y hubieron de pasar dos meses hasta que, el 19 de septiembre de 1979, el Congreso aprobó con 249 votos a favor, 25 en contra y 11 abstenciones el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En la escena internacional, el precio del barril de petróleo se multiplicó por casi el triple entre 1978 y 1981 en la conocida como segunda crisis del petróleo. Fueron los efectos conjugados de la revolución iraní y de la guerra entre Irán e Irak. A nivel nacional, el Índice de Precios del Consumo (IPC) escaló por encima del 14% cada uno de esos cuatro años de crisis, lo que generó constantes demandas sindicales para reescribir los convenios de trabajo, ya que los salarios se hacían insuficientes para hacer frente al coste de la vida.

El diario ABC fue el único que dedicó toda su portada al IPC. Era 24 de julio, ya superado el ecuador del año, y la inflación de precios del primer semestre de 1979 ya andaba en el 7,3%. El diario monárquico anticipaba en su primera plana que "la cota del encarecimiento de la vida determinará, de confirmarse la cifra señalada, la revisión de los componentes salariales en los convenios colectivos". Junto a ello, un cóctel de cuatro fotografías relacionadas con el consumo de bienes y servicios. El País y La Vanguardia daban la noticia en un pequeño bloque informativo en la parte superior de la portada, destacando ambos periódicos que los precios habían sobrepasado en casi un punto porcentual las previsiones del Gobierno de Adolfo Suárez. Y, al igual que ABC, señalaban el compromiso del Ejecutivo (un compromiso "moral", según el vicepresidente Fernando Abril Martorell) para igualar los salarios y el coste de la vida en España.

El celo del Congreso de los Diputados y de los partidos políticos por hacer que las leyes se ajusten a lo dispuesto en la Constitución, especialmente en materia de referéndums, como intentan hacer ahora el Gobierno y los jueces en el caso de Cataluña, no siempre ha sido igual.

Hace ahora 37 años, en plena Transición democrática, la Cámara baja no tuvo ningún inconveniente en tramitar, debatir y aprobar dos leyes que contradicen la Constitución española con el único objetivo de garantizar que Andalucía tuviese acceso a la autonomía en igualdad de condiciones con las llamadas comunidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia).

Para entender lo ocurrido hay que remontarse en el tiempo. El texto constitucional aprobado en 1978 establecía dos maneras de acceder a la autonomía. Un vía lenta, con menos requisitos pero también con un nivel inferior de competencias y estatus político, que se podía tramitar aplicando el artículo 143, y una vía rápida, a través del artículo 151, que garantizaba a quien la eligiese la categoría administrativa que la Carta Magna reservaba a las comunidades históricas, aquellas a las que la dictadura franquista había privado del Estatuto de Autonomía conquistado en los años de la II República.

La vía del 151 prometía acceso a la primera división autonómica, pero elevaba los requisitos con el objetivo de impedir que se multiplicasen las reivindicaciones de autogobierno fuera de Galicia, Euskadi y Cataluña. Uno de ellos era que la autonomía debía aprobarse en todas las provincias de la comunidad aspirante por "mayoría absoluta de los electores" (no de los votantes), para que no hubiese dudas sobre el apoyo de los ciudadanos a la iniciativa.

Andalucía, deseosa de situarse al mismo nivel que las comunidades históricas, se la jugó al 151. Y perdió. En el referéndum del 28 de febrero de 1980, todas las provincias andaluzas cumplieron el requisito fijado por la Constitución (mayoría absoluta de censo). Todas menos una: en Almería sólo apoyaron el "sí" el 42,07% del total de electores (119.550 votos), casi ocho puntos por debajo de lo necesario. La única conclusión legal posible era aceptar que Andalucía no podía acceder a la autonomía por la vía del 151 (a menos que dejase fuera a Almería), usar la vía del 143 o esperar al menos cinco años antes de intentarlo de nuevo por el 151.

¿Qué hacer? La frustración política de los andaluces y la necesidad de los partidos políticos de la época, bien entrenados en la mano izquierda y en el pacto para sacar adelante la arquitectura política de la joven democracia española, forzó la solución: dos leyes orgánicas ideadas, tramitadas y aprobadas para, contradiciendo abiertamente la Constitución, sacar adelante la autonomía andaluza. Y así se hizo. Al frente del Gobierno estaba Adolfo Suárez. El líder de la oposición era el socialista andaluz Felipe González.

El 12 de noviembre de 1980, apenas ocho meses después del traumático referéndum que constitucionalmente dejaba a Andalucía fuera de las comunidades autónomas de primer nivel, todos los partidos votaron a favorvotaron a favor de un cambio en la legislación que no sólo sustituía la voluntad de los electores de Almería por la de la mayoría de sus diputados y senadoresdiputados y senadores sino que establecía que este cambio tendría efectos retroactivos. Es decir: que el referéndum celebrado 258 días antes era de aplicación, aunque hubiese incumplido la previsión constitucional.

Toda la maniobra política se apoyaba en una interpretación libre del texto constitucional: donde la Carta Magna decía (y sigue diciendo) que sólo era posible acceder a la autonomía por el artículo 151 si la iniciativa era “ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia”, los partidos decidieron que, en realidad, lo que la Constitución quería decir es que “se entenderá ratificada [la iniciativa] siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno”. Es decir: donde la Carta Magna exige la voluntad de todas y cada una de las provincias, la ley se conforma con la voluntad del conjunto del territorio que quiere constituirse en comunidad autónoma, en este caso Andalucía.

El acuerdo entre todos los partidos y el clima político de la época, marcado por la necesidad de satisfacer las aspiraciones políticas andaluzas, consumaron lo imposible: la aprobación de dos leyes orgánicas contrarias a la Constitución. Un “esfuerzo interpretativo” que buscaba “evitar” que una aplicación “literalista pudiera provocar el resultado de la frustración de la voluntad autonómica andaluza”, en palabras del exministro centrista Manuel Clavero, entonces diputado del grupo mixto, que fue el encargado de defender la reforma.

Todos los grupos se felicitaron y apoyaron la decisión. Y los socialistas, por boca de su portavoz, Manuel Gracia, celebraron incluso que la votación hubiese “dado carta de naturaleza legal al hecho político fundamental que es el desbloqueo del proceso autonómico andaluz”.

Eran otros tiempos. Entonces era posible alcanzar acuerdos políticos para otorgar a las Cortes un poder de decisión en la definición del Estado autonómico aunque eso supusiese pasar por encima de la Carta Magna.

De la treintena de partidos políticos que en 1936 habían obtenido escaños sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana. Algunos autores han relacionado el apoyo obtenido por el PSOE en 1977 con las zonas donde triunfó el Frente Popular en 1936 y el dominio electoral de la UCD de Suárez con las regiones de mayor implantación de la CEDA. De todas formas, no hay que llevar mucho más lejos las comparaciones. La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía en las vísperas de la guerra civil, aunque la memoria traumática de aquel conflicto no dejó nunca de estar presente en los años de la transición. En todo caso, vale la pena detenerse un momento en el análisis de los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia española y porque los parlamentarios elegidos ese día, aunque no estaba escrito de antemano, fueron los encargados de debatir y redactar una nueva Constitución para España.

El triunfo en porcentaje de votos, 34,4%, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad era un “partido-archipiélago” constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto. Casi la mitad de los candidatos presentados, denominados “independientes”, llegaban de los sectores moderados del franquismo, del Partido Popular creado por José María de Areilza y Cabanillas y de otros grupos menores como los demócrata-cristianos aglutinados en torno a Álvarez de Miranda, los liberales de Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues o los socialdemócratas que seguían a Fernández Ordóñez.

Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el “franquismo sociológico”. Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero no hay que negar que era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, que muchos le consideraban el hombre del Rey y que le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno.

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3% de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, por encima de las expresiones más o menos dogmáticas y radicales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.

A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3% de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la guerra civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.

A la derecha de la UCD quedaba Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8% de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.

Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8% de los votos y 11 diputados y el PNV alcanzó el 1,7% de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Josep Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagaba el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla.

La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerepresentaba a los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63% de los votos populares acumularon el 86% de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial necesario.

Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas –para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo– y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas. Un modelo que algunos han llamado “bipartidismo imperfecto” y otros han definido como sistema “polarizado y plural” o “multipartidista de tendencia bipolar”.

En todo caso, en el verano de 1977 la UCD quedó lejos de la mayoría absoluta y el nuevo gabinete de Suárez, formado por los principales barones de la coalición electoral, tuvo que gobernar en minoría, lo que le obligó a buscar alianzas puntuales y a negociar un amplio consenso ante los grandes problemas y retos pendientes: elaborar una ley general de amnistía, encauzar las demandas de autonomía de las diferentes regiones y nacionalidades, atajar la crisis económica y elaborar una Constitución.

No había ningún guión escrito, ningún camino fijado de antemano, pero esas primeras elecciones generales significaban un paso ineludible para que una dictadura de cuatro décadas se convirtiera de manera pacífica en una democracia. Habían pasado casi dos años entre la muerte de Franco y las elecciones generales de junio de 1977,  un período en el que las elites políticas procedentes de la dictadura llevaron adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo.

De la Segunda República, derribada por las armas en una guerra civil, sepultada por la represión franquista, ya no quedaban ni los símbolos. Unos días después de esas elecciones, el 21 de junio, el último Gobierno de la República en el exilio, que ya nadie recordaba, decidió su disolución. ___________________

Julián Casanova y Carlos Gil Andrés son autores de Historia de España en el siglo XX  (Editorial Ariel).

"De las nuevas Cortes dependerá el futuro de España. De ti depende el futuro de las nuevas Cortes. Nunca has tenido mayor responsabilidad". Con ese mensaje en mente, recogido en uno de los anuncios emitidos en televisión, más de 18 millones de españoles –el 78,8% del censo electoral– acudieron el 15 de junio de 1977 a las urnas en las primeras elecciones democráticas desde 1936. Aquel miércoles, España daba un importante paso al frente, poniendo punto y final a más de cuatro décadas de sangrienta dictadura franquista y despejando el enmarañado camino que conducía hacia una democracia homologable a la de cualquier país europeo.

Los comicios, de los que este jueves se cumplen cuarenta años, y la campaña que los precedió eran de una novedad absoluta para los españoles, a los que se tuvo que instruir a través de programas televisivos como Aprenda usted a votar, presentado por el actor Antonio Ferrandis . La cita con las urnas se cerró con la victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, que se impuso con el 34,4% de las papeletas y 165 diputados en el Congreso –a once asientos de la mayoría absoluta–, seguida por el PSOE de Felipe González –118 escaños–, el PCE de Santiago Carrillo –20 diputados–, la Alianza Popular del exministro franquista Manuel Fraga –16 parlamentarios– y Unidad Socialista –6 escaños–.

Las elecciones de 1977 supusieron un punto de inflexión en la Transición, marcando la línea democrática que seguiría España en el futuro y eliminando cualquier posibilidad de continuar manteniendo, aunque sin Franco al mando, un sistema represivo al sur de Europa. Ahora, cuatro décadas después, aquella época está siendo cuestionada. En noviembre de 2014, el recién elegido secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señaló que era necesario "un proceso constituyente para abrir el candado del 78" y afirmó que su partido era una "alternativa frente a un régimen" que se derrumbaba. Algo que ha matizado posteriormente: "Aquella Transición, a pesar de sus límites, fue un éxito político".

Camino a la democracia

"Las elecciones de 1977 supusieron un hito divisorio", explica Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. La convocatoria electoral –el 15 de abril– y posterior cita con las urnas dejaron claro, añade, que la Transición no se encaminaba hacia una simple "reforma cosmética", sino que España se dirigía hacia una democracia plena. "Supuso la apertura de las puertas de la libertad tras cuarenta años de dictadura", asevera Juan Sisinio, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El camino hasta las papeletas y los colegios electorales no fue sencillo. En noviembre de 1976 se da el primer paso, con la aprobación en las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política, que sería ratificada un mes después en referéndum –el 94% dio su visto bueno–. Pero, todavía quedaba una incógnita por resolver: ¿Qué pasaría con el PCE? Las dudas se despejaron el 9 de abril de 1977, cuando se conoció la legalización de los comunistas, algo que el Ejército había rechazado por activa y por pasiva. A cambio, el PCE rechazó la tricolor y aceptó la monarquía parlamentaria como sistema político de España.

"Ese fue otro de los momentos decisivos que dejaban claro el camino que tomábamos. Era el principal nudo gordiano en discusión", señala Moradiellos, que añade que el Partido "jugó bien sus cartas". Desde su punto de vista, Suárez no tenía más opción que legalizar el PCE si quería que los comicios "fuesen legítimos tanto para los españoles como de cara al exterior". "Además, le venía bien que le 'robase' votos a los socialistas", añade. Con los comunistas inscritos en el Registro de Asociaciones Políticas, el 15 de abril el Consejo de Ministros convocó las primeras elecciones generales democráticas. "Unos comicios en los que la inmensa masa de españoles vota libertad. El franquismo se quedó arrinconado", sentencia Sisinio. 

'Ruido de sables' como banda sonora

Horas después de la legalización del PCE, el Consejo Superior del Ejército de Tierra se reunió para analizar el paso dado por Suárez. En la cita, los altos rangos militares consensuaron su "repulsa" ante la legalización, pero también afirmaron que la aceptaban "por patriotismo y como un deber de servicio a la patria". No obstante, dejaron claro al Ejecutivo de Suárez que el Ejército estaba "indisolublemente unido en la defensa de la unidad de la patria, de la bandera nacional y de la permanencia de la corona". "En ese momento –afirma el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura– estuvo a punto de descarrilar todo".

La Transición se desarrolló con el constante 'ruido de sables' de fondo. "No fue un proceso pacífico ni modélico. El 'ruido de sables' era real. Aunque el Ejército se comportara, no hay que olvidar que en 1981 hubo un intento de golpe de Estado", apostilla en conversación con infoLibre el historiador Pepe Reig. En este sentido, también pone el foco en los grupos terroristas que intentaban "desarticular el proceso". ETA, los GRAPO o el terrorismo ultraderechista cobijado, por ejemplo, bajo el paraguas de Fuerza Nueva, que asesinó el 24 de enero de 1977 a cinco abogados laboralistas en el bufete de Atocha 55. "La respuesta del PCE a ese atentado, manteniendo el orden, fue clave en su legalización", apunta Moradiellos.

Sisinio, sin embargo, considera que "se ha mitificado mucho el peso de los militares". "El Ejército estaba ahí, claro, y era un dato que se tenía presente", sostiene el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero, en este sentido, recuerda que tras la legalización del PCE hubo una "cascada de dimisiones" entre los almirantes que, sin embargo, no consiguió sacar al Ejército "de los cauces de cambio". "En definitiva, ejercieron presión e intentaron influir, sí, pero ni marcaron el rumbo hacia la democracia ni consiguieron frenar nada", concluye el historiador.

Transición en tela de juicio

Ahora, cuarenta años después, la Transición se ha vuelto a poner en entredicho desde algunos sectores de la izquierda española. "Creemos que hay que impugnar determinados aspectos de la transición", dijo hace ahora un año en una entrevista con este diario el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. La formación, de hecho, se encuentra sumida en un debate sobre el papel del Partido Comunista en este periodo histórico. Mientras que los oficialistas afirman que el PCE debe seguir una estrategia rupturista porque su papel en la Transición fue el de "izquierda domesticada", los críticos sostienen que esa afirmación es "revisionismo histórico".

Para Sisinio, este cuestionamiento es fruto "de la crisis económica", que ha producido un aumento de las voces críticas "buscando responsables". Sin embargo, Moradiellos asegura que "desde el principio" hubo "dos grandes visiones de la Transición: "Por un lado, 'La Santa Transición', aquellos que defienden que fue una obra de arte, canónica y modélica, que llevaron a cabo los herederos del franquismo y los líderes antifranquistas. Por otro, la que afirma que fue una operación auspiciada por las élites postfranquistas para mantener sus privilegios y acabar con la presión popular. Ambas visiones tienen parte de verdad y mentira".

Para Reig, fue un "proceso pactado para no barrer a las viejas élites" y la izquierda "hizo un ejercicio de responsabilidad" que no hizo la derecha y que facilitó un sistema democrático real, aunque con "algunas lagunas", y no una "reforma falsa" que acabase en una "democracia tutelada". El historiador, a pesar de ello, no cree que esté "justificado" el cuestionamiento "in toto" de aquellos años y considera que contemplar, desde algunos sectores de la izquierda, ese periodo "como una trampa" es "suicida". "Supone no concederse una victoria ganada en las calles. Supone conceder al franquismo una victoria póstuma", sentencia.

  I

ANTES DE LAS ELECCIONES

Si las elecciones pueden ser consideradas armas en la lucha política, aquellas del 15 de junio de 1977 las cargó el diablo. El diablo del voto. Precisamente contra quienes las hicieron posibles con la Ley para la Reforma política (LRP) aprobada el 18 de noviembre de 1976 por 435 de los 531 procuradores de las Cortes franquistas y plebiscitada el 15 de diciembre de 1976 con el 94% de votos a favor y un 77% de participación del censo. El objetivo no era la democracia sino averiguar qué pensaba el pueblo. Así se lo explicaba Primo de Rivera, al que le tocó defenderla, en aquellas Cortes. Y pagaron por su desconocimiento imprudente, no por su generosidad, cuando comprobaron lo que quería el pueblo.

Los que mangoneaban las Cortes franquistas habían calculado su mayoría absoluta en el nuevo Congreso y nuevo Senado. Querían pasar de la dictadura franquista a una "democracia a la española", dictablanda en la forma de monarquía, heredera de Franco. Los reformistas del régimen gobernarían el nuevo tiempo, se acomodarían a él y lo acomodarían a sus necesidades.

En la teoría todo había quedado atado y bien atado por el dictador y creían moldeable el entramado institucional del Estado, en cuya cima estaba el rey respaldado por las Fuerzas Armadas. En la realidad "Atado y mal atado", según el título que dio a uno de sus libros el colaborador habitual de infoLibre Ignacio Sánchez-Cuenca. Así que no fué la generosidad de aquellos procuradores franquistas sino su mal cálculo y su avaricioso egoísmo lo que les perdió. El voto popular fue el que desbarató las previsiones.

Arias Navarro antes, en abril de 1976, también había prometido elecciones, que se celebrarían tras los pertinentes cambios legislativos (un galimatías jurídico que se les indigestó a los comensales). Su promesa había venido después del enero huelguístico de aquel mismo año con Madrid y Barcelona a la cabeza —principales sedes en aquella fechas— de un amplísimo movimiento de contestación reivindicativa y política frente al primer gobierno de la monarquía. Cada vez son más los estudios que ponen en valor las movilizaciones como factor decisivo del impulso hacia la democracia y al acabamiento del régimen dictatorial. Baste aquí citar, para comprender ese enero que invoco, el análisis que del mismo hizo Ferran Gallego —historiador, que fue militante del PSUC— en su libro El mito de la transición. Luego vino marzo; y los eufemísticamente llamados sucesos de Vitoria (cinco muertos, bastantes heridos a disparos de la Policia contra huelguistas encerrados en una iglesia) que se llevarían por delante, en poco tiempo, a aquel gobierno —del que eran ministros Fraga y Suárez— y su promesa de elecciones. Los tiempos cambiaban rápidamente.

En cambio las programadas por la LRP sí llegarían a celebrarse. Aunque en condiciones diferentes a las pensadas por quien la promovió y por quienes la aprobaron. El programa excluía la participación del PCE, aunque no la de la mayoría de las organizaciones políticas incluidas en la Plataforma de Organismos Democráticos (POD). La eventual legalización del PCE quedaba pospuesta, cuanto menos, a la celebración de las elecciones; cuanto más a una fecha, sine die, que dependería de la evolución de las circunstancias.

El caso fue que el PCE se ganó políticamente su legalización con aquella manifestación multitudinaria en Madrid, en respuesta ejemplar al asesinato, por pistoleros fascistas, de los Abogados de Atocha el 24 de enero de 1977.

Santiago Carrillo pudo saberlo, a ciencia cierta, en su secreta reunión del 27 de febrero con Adolfo Suárez, cuando este le prometió que haría todo lo posible por su legalización. Esta llegó el 9 de abril, con la cobertura jurídica de una resolución del Tribunal Supremo. Suárez había cumplido con su palabra. Para hacerlo tuvo que ser valiente. Quizá más audaz, con gotas de temeridad, que valiente. La prueba de esto quedó evidenciada con la declaración del Consejo Superior del Ejército, en fecha 14 de abril, expresando la " profunda y unánime repulsa del Ejército ante la legalización". Declaración dirigida contra Suárez que asumía su responsabilidad y al tiempo cubría las espaldas a un Rey que conocía y aceptaba su decisión, pero que borboneaba callando. Como Supremo jefe militar hubiera debido hablar para sofocar esa preparación de rebeldía. Pero callaba. Fraga gritaba: "Legalizar al PCE ha sido un golpe de Estado". Así que tuvo que Suárez tuvo acudir a Carrillo para pedirle máxima contención. Y este le respondió en consecuencia: bandera rojigualda y monarquía de Juan Carlos. Más tarde, en plena campaña electoral, Suárez le seguía enviando mensajes (vía Armero) pidiéndole "el máximo cuidado con las alegrías de las elecciones".

Recuerdo que en marzo de aquel año me reuní con Santiago Carrillo en Madrid, en una sede del PCE. Quería plantearle la necesidad de movilizaciones tendentes a lograr la legalización de todos los partidos. Lo consideró innecesario. Ya había tenido lugar su reunión secreta con Suárez. Me manifestó su seguridad en que el PCE sería legalizado, argumentando sobre la importancia decisiva de su participación para la credibilidad democrática de las elecciones. Y terminó con una frase: "Por el resquicio de la puerta que se va a abrir para que pase el partido comunista que es muy grande, podréis pasar todos los pequeños". Se abrió la puerta para el PCE, pero resultó que por esa puerta no cabíamos los pequeños. ¿Pequeños? Postergo el comentario. Y entrecomillo la frase porque la recuerdo casi en su literalidad. Pasados años se lo recordaba y me contestaba: "¿Eso te dije ? No recuerdo ".

Lo que en este 40 aniversario de aquellas elecciones de 1977 pocos recordarán es que estas se celebraron manteniendo en la ilegalidad a algunos partidos hechos en la lucha contra la dictadura. Citemos a MCE, ORT, Partido del Trabajo, los tres de ideología comunista, el Partido Carlista, que habían formado parte de Coordinación Democrática (que unió a la Junta Democrática y a la Plataforma de Convergencia Democrática) uno de cuyos objetivos era la legalización de todos los partidos. Tampoco se legalizó a la LCR que no había formado parte de esas coaliciones. Ni a ARDE (fundada en 1960 por los partidos históricos Izquierda Republicana y Unión Republicana prácticamente desaparecidos del panorama político) ni al histórico Esquerra Republicana.

Solo pasaron el "corte" de la legalización después de las elecciones de junio. El sentido del corte apareció claro ya entonces: su impugnación de la monarquia de Juan Carlos; esa era la cuestión.

  II

LA CAMPAÑA

Hacía 39 años que no se celebraban elecciones en España que merecieran tal nombre. El referéndum plebiscitario de la LRP en diciembre de 1976 que las hizo jurídicamente posible se celebró sin libertades de expresión, reunión, manifestación . Pero en seis meses habían pasado muchas cosas. La celebración de elecciones —a las que iban a concurrir partidos que el franquismo había mantenido cuatro décadas en la ilegalidad— inevitablemente resultaba imposible políticamente sin esas libertades. Y las hubo.

El partido más organizado, más numeroso, más destacado, en la lucha contra la dictadura, es decir el PCE, fue el que más desplegó su capacidad movilizadora. Millones de personas asistieron a sus mítines y fiestas. La prensa de la época destacó el hecho. "Aquí se ve la fuerza del PCE" era el lema que más se coreaba con absoluto convencimiento. Superó incluso en poder de convocatoria para esta forma de participación (más activa que el mero voto) al PSOE, que había renacido en Suresnes, y que mostró también una gran capacidad de movilización de la opinión pública. La coalición de partidos y agrupaciones socialista se sumó a la fiesta.

Aunque a bastante distancia del PCE y del PSOE alguno de los "pequeños" comunistas lograron una movilización política nada desdeñable. Daré solo algunos datos. El Partido del Trabajo (que en Cataluña se alió con Esquerra Republicana en una fórmula electoral que les daba cobertura) organizó una concentración en Montjuich que reunió a más de 300.000 personas. En muchos lugares realizó mítines con miles de asistentes. ORT llenó ruedo y graderíos de Vista Alegre en Madrid y la plaza de toros en Pamplona; aproximadamente asistieron a sus mítines y otros actos unas 500.000 personas. Otros como MC y LCR no dieron tanta importancia a la participación en el proceso electoral, pero también desplegaron una actividad notable.

Si eso fue posible se debió a algo que no puede olvidarse: desde la perspectiva de la movilización obrera y estudiantil y la lucha contra el franquismo no eran tan pequeños. Este concepto siempre es relativo. Se mide en relación a otros partidos y se mide en relación con el número de personas que se interesan en política y el número de las que se deciden a participar. Pues bien puede decirse que posiblemente, en el periodo que va desde 1973 a nuestra fecha, mediados de 1977, esos partidos, en su conjunto, crecían entre la juventud obrera y estudiantil más que el PCE y más que todos los socialistas juntos. Y digo posiblemente porque no hay forma de acreditarlo fehacientemente (tampoco lo contrario). En cualquier caso su participación fue creciente en las movilizaciones que descompusieron la dictadura franquista y su tinglado institucional.

Y también estuvieron presentes en esta última gran batalla política contra el franquismo en que se convirtieron las elecciones de junio 1977. Salvando los obstáculos que suponía seguir siendo ilegales, afrontando centenares de detenciones antes del comienzo de la campaña; y, por supuesto, con mucho esfuerzo personal de todos sus militantes a pesar de que no podíamos esperar buenos resultados cuando éstos se iban a medir en votos y escaños.

Esa última gran batalla contra el franquismo (22.000 mítines contabilizó El país) la ganaron fundamentalmente todos los partidos de izquierda ANTES del día de las votaciones, movilizando a varios millones de personas. Estos varios millones crearon el clima político para que cuando fueran a votar los 23.583762 del censo la inmensa mayoría supiera que no había más opción que un cambio de régimen político: de la dictadura franquista a una democracia por configurar.

Solo la Alianza Popular de Fraga (y los declaradamente fascistas de la Fuerza Nueva de Blas Piñar) compareció en aquella ocasión, organizando grandes mítines. Fue Fraga (el cabeza de los que se denominaron a sí mismos los siete magníficos) el que movilizó al "franquismo combatiente". Las bases del "franquismo sociológico", que supo que aquel tiempo fenecía, irían a refugiarse en UCD. Y contra esta bramaba Fraga en sus mítines "son los compañeros de viaje de la hoz y el martillo": percibía que Suárez le estaba ganando la partida y oía que algunos de los aliados de este (Garrigues, Fernández Ordóñez, Alvarez de Miranda...) ya hablaban de que las Cortes tenían que ser constituyentes. En realidad Fraga también percibía que la batalla política la estaba perdiendo y que sólo podía acudir para evitarlo a quienes invocó: "Ni el Ejėrcito ni las Fuerzas de Orden Público consentirán que cuatro facinerosos destruyan la obra de Franco". Pero las balas de esa contienda eran solo los votos.

  III

EL RESULTADO

Según un refrán cada uno habla de la feria según le va en ella. Si los comunistas de entonces hubiéramos cumplido con aquel refrán no hubiéramos podido valorar positivamente aquellas elecciones ni su resultado político general. Aunque tuvimos que competir en condiciones diabólicas.

Desde ORT las valoramos como un avance hacia la democracia; el franquismo —lo diré en los mismos términos de entonces— había sido "derribado, no destruido". Un proceso constituyente iba a abrirse con libertades políticas que abocaban a la elaboración de una Constitución.

Por supuesto, considerábamos que ORT había sufrido una derrota. No es que pensáramos que, en las condiciones que se celebraron las elecciones, teníamos muchas posibilidades de conseguir algún escaño, embutidos obligatoriamente bajo unas siglas y un nombre (AET-Agrupación Electoral de Trabajadores) que difuminaba nuestra identificación; al igual que a los demás partidos, hechos en la lucha contra la dictadura que fueron mantenidos en la ilegalidad.

El PCE también valoró positivamente las elecciones y su resultado. Aunque sus 20 diputados, la mitad de sus más precavidas previsiones, lógicamente les sabían a poco.

El voto de 18.324.323 personas transformó la dimensión de la política y la de los partidos. A los "pequeños comunistas" nos convirtió en extra parlamentarios en el momento de nacer un parlamento que iba a ser constituyente. Al "muy grande" PCE lo convirtió en un pequeño partido parlamentario. (Dejemos ahora al margen la cuestión de si la fuerza política tiene correspondencia exactamente proporcional con el número de votos y escaños).

Cada cual puede juzgar si el voto hacía justicia a los méritos de quienes habían llevado la carga principal de la lucha por las libertades.

El voto hizo grande al PSOE, que ya lo era en la memoria histórica de millones de españoles y al que, en la ocasión electoral, acompañaban partidos que gobernaban en países europeos. Factor clave: en las elecciones España se empezaba a ver en la Europa política, no ya en la de Eurovisión y en la del campeonato de fútbol.

Ahora bien el gran derrotado fue Fraga y su Alianza Popular, autores y defensores de la obra de Franco en su proclama electoral.

Y el gran triunfador Suárez. Aunque no obtuvo la mayoría que esperaba e incluso tuvo el susto de que el PSOE pudiera adelantarle. Su audacia le había preparado el camino. Le había arrebatado la iniciativa política a la izquierda y a los organismos que reunía (más que aliaba) a la oposición a la dictadura. Desde el Gobierno supo bien dificultar que se convirtiera en alternativa, fomentando su disgregación. Y ganó su coyuntural agrupamiento, UCD, cuyas listas se confeccionaban sobretodo en los gobiernos civiles, que no hizo ni precampaña, que no reunió ni dinamizó al que hubiera podido ser el sector más activo de su electorado, que fio toda su campaña publicitaria a un aprovechamiento a tope de los medios de comunicación del Estado, entonces tan poderosos; y que culminó con la intervención presidencial de cierre en la única televisión existente. En ella se presentó como "el camino seguro a la democracia", fue creído su "puedo prometer y prometo" y esto le permitió seguir gobernando y que UCD fuera el partido parlamentariamente más grande: solo hasta su derrumbe en 1982.

Como los hechos posteriores demostraron aquel no fue el camino seguro a la democracia; ni la democracia conseguida en la Constitución de 1978 (con el paquete de la monarquía) "evitó los dolores del parto, ni nació fuerte. El rey Juan Carlos, ya constitucionalizado, ni juró la Constitución ni comprendió lo que significaba que la soberanía nacional radicaba en el pueblo español. Y siguió borboneando sobretodo tras las elecciones de 1979.

Para mostrar que aquel camino no era seguro, ¿hace falta recordar que el golpe de Estado de febrero de 1981 falló no por falta sino por exceso de golpistas?

Pero eso es ya otra historia. Forma parte de la consolidación de la democracia cuya responsabilidad hizo recaer el pueblo en el PSOE. Aunque antes hubieran sido sobre todo los comunistas, grandes o pequeños, antiguos o jóvenes los que principalmente tomaron la responsabilidad de luchar por la democracia en las luchas finales contra la dictadura.

Quizás no éramos "demócratas de toda la vida" pero nadie más que los comunistas nos hicimos demócratas en la lucha por la libertad. Y creo que una parte de los comunistas de entonces (incluidos los "carrillistas" y los "renovadores" del PCE) volvieron a la matriz socialista de la que surgió el comunismo español. Es decir al PSOE, el partido al que hicieron grande no solo los aciertos de su entonces joven grupo dirigente encabezado por González y Guerra, sino sobretodo el voto de millones de españoles.  _______________

José Sanroma Aldea era secretario general de ORT en 1977.

No fue candidato en las elecciones generales.

Las mismas paredes que inauguraron la democracia acogerán este miércoles un homenaje a las 21 primeras mujeres diputadas que en la legislatura constituyente se abrieron hueco entre la riada de hombres que copaban los asientos del arco parlamentario. Durante aquellos dos años de ejercicio (1977-1979) únicamente el 5,8% del Congreso representaba a la mitad de la población. Este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Cámara baja rendirá homenaje a ese 5,8% que consiguió encajar las necesidades feministas en una agenda que las había excluido y silenciado de la vida política.

Durante la legislatura constituyente, un total de 361 diputados ocupaban la Cámara, cifra que se ha ido reduciendo con el tiempo hasta los 350 actuales. De ellos, un total de 139 son mujeres, el 39,7%.

Parlamentarias como Soledad Becerril (UCD), Dolores Ibárruri (PCE) o Asunción Cruañes (PSOE) trabajaron en el día a día del Congreso para fraguar la Constitución y la legislación que marcaría el inicio de una etapa de renovación política tras los años de dictadura franquista. Los retos que se presentaban entonces tenían para ellas un añadido: la dificultad de ser mujeres en un entorno dominado por hombres.

"Completamente excluidas"

Ana María Ruiz-Tagle entró como número cinco por Sevilla en la lista socialista al Congreso. Ocupó el quinto puesto pese a ser secretaria general del partido en la localidad andaluza. "Nadie pensaba que iba a entrar", reconoce en conversación con infoLibre. Pero lo hizo. Dentro de la Cámara baja se encontraban mujeres de ideología conservadora y aquellas que procedían de la militancia en el seno de partidos de izquierda, que entonces tenían "mucha presencia" porque habían participado activamente en la lucha contra el franquismo. Pese a ello, recalca Ruiz-Tagle, las mujeres estaban "completamente excluidas".

La realidad es que ni en sus propios partidos eran recibidas como iguales. La lucha dentro de las formaciones en las que militaban "duró mucho". Hasta 1988 no se estableció la cuota del 25% en la listas, de la mano del PSOE. "Tuvo una repercusión muy importante porque ya las listas iban con una representación más o menos acorde", señala la socialista, pero desde 1977 hasta las elecciones de 1989 "la presencia de las mujeres no llegaba ni al 8 ó 9%, siendo generosa".

María Izquierdo, exdiputada socialista por Granada, recuerda las contradicciones dentro del propio partido, producto del sentir general de una sociedad machista. "El PSOE siempre ha defendido el principio socialista de igualdad, y sus ideas parten de que no debe existir discriminación por sexo ni por ninguna circunstancia", apunta, y añade que "en sus actos siempre persiguió la promoción y la igualdad de la mujer". No obstante, agrega, "hay que decir que los partidos políticos son un reflejo de la sociedad, y mucho más cuando prevalece una educación machista cargada de estereotipos y de un sometimiento muy grande". Reconoce, en este sentido, que entre las filas del partido no había "feministas de entrada", sino que "se fue haciendo con la práctica de las libertades". 

La experiencia narrada por ambas se conjuga como el denominador común de las mujeres que estrenaban los pasillos del Congreso a finales de los setenta. La exdiputada madrileña Carlota Bustelo reconoce que, incluso en el propio PSOE, "fue complicado". Pasar a formar parte de comisiones como la de educación, trabajo o sanidad requirió de "un esfuerzo bastante grande, no sólo en horas". Las mujeres tenían que buscar toda una serie de mecanismos basados en medir las relaciones con sus compañeros "para conseguir los objetivos de forma eficaz, sin que nadie se escandalizara de las propuestas" que presentaban. "Ahora yo misma cuando lo voy diciendo me resulta tan ridículo que creo que es casi increíble", reconoce.

Lejos de lo anecdótico, los primeros años de la democracia hicieron de aquello algo habitual para las mujeres. "Nos costaba mucho trabajo estar en los sitios", coincide Ruiz-Tagle, quien subraya su "fuerza tremenda dentro del partido" y su portavocía en diversas comisiones. "Pero tenía que batallar", destaca. "En la comisión parlamentaria constitucional sólo estuvo una mujer de UCD, ninguna otra", lo que impidió acuerdos en el principio de no discriminación respecto a la sucesión de la Corona. "¿Sabes lo que decidimos todas las mujeres del arco parlamentario fuera cual fuese nuestra afiliación política? Salirnos de la votación. No votamos ninguna".

La complicidad entre mujeres

La complicidad entre mujeres se convirtió en una constante y en el chaleco salvavidas para muchas de ellas. "Es el mensaje más importante que debemos transmitir", señala Izquierdo. "A diferencia de lo que han hecho los hombres en política –continúa–, nosotras, que todavía hemos hecho muy poco porque el poder del que disponemos es muy limitado, hay algo que estamos haciendo bien desde el advenimiento de la democracia, y es que a pesar de pertenecer unas y otras a diferentes partidos políticos no hemos hecho ruptura entre nosotras y hemos sido capaces de ejercer una especie de complicidad solidaria que nos permite avanzar". Se trata de un lazo de unión fraguado habitualmente porque las mujeres se sentían "muy pocas y con los mismos problemas", tal y como expresa Ruiz-Tagle. "Todas teníamos un panorama un poco complejo, y eso nos unió mucho", recuerda. 

La complicidad existente trascendía de ideologías, y los prejuicios iniciales fueron cayendo uno a uno: "Yo como feminista no reconocí como tales a las mujeres de otros partidos", admite Bustelo, para a continuación apuntar que, no obstante, "tras oírlas hablar en los debates del pleno, en las comisiones y en los contactos informales", reparó en que "había otras mujeres que estaban luchando por los mismos derechos". Fue, considera, "un proceso lento pero muy importante".

Precisamente una de las realidades que más profundamente unió a las mujeres fue la dificultad de conciliar. "Hacíamos de todo", señala Ruiz-Tagle. Es la misma percepción que 40 años después perdura en la memoria de María Izquierdo, quien destaca que la conciliación fue "muy difícil siempre". También Bustelo lamenta que, para pasar a formar parte de la vida política era necesario "renunciar a otros aspectos". "Había que romper con muchas ideas en cuanto al reparto de responsabilidades, y también resultaba complicado", sentencia.

Pese al tiempo transcurrido, todas ellas coinciden en los escasos avances a este respecto. "Existen las mismas dificultades, pero con más exigencias", denuncia Ruiz-Tagle. "No  hay derecho a que después de 40 años de democracia el tema de la conciliación familiar sea todavía una asignatura pendiente". Y es que, estima Izquierdo, "la democracia ha abierto este campo" mediante herramientas como "las cuotas, que sirven, funcionan y son un instrumento eficaz" pero, con todo, "la sociedad todavía no ha previsto que las mujeres participen en política de forma habitual y ejerzan el poder", puesto que "la carga tremenda de todas las tareas que no se comparten recaen en dosis dobles" sobre las espaldas de ellas.

Logros y batallas pendientes

Las diputadas que formaron parte de la legislatura constituyente se muestran categóricas pero cautas a la hora de celebrar los logros. Incorporar los asuntos feministas a la vida política fue un trabajo arduo para ellas, pero no obvian que aún hoy las mujeres están "comenzando el camino". "Cuando una ve la cumbre estamos cuatro o cinco", lamenta Izquierdo, pero "el común de nosotras todavía está abajo".

Ruiz-Tagle expone como uno de los objetivos más costosos la tipificación de los malos tratos en 1989. "Tienen que pasar once años para que la sociedad española y los representantes de los partidos" sean conscientes de la gravedad de la violencia machista en el país. "Era un clamor, y fue tipificado en el 89 con mucha dificultad", señala la socialista. "Uno de los elementos que nos obligaron a introducir fue la barbaridad de la habitualidad", explica. Es decir, el requisito de que existieran tres sentencias para ser considerado delito. "Fuerte, ¿eh?", reflexiona Ruiz-Tagle. "Por eso no me extraña que la sociedad española todavía tenga esta lacra" y que la respuesta sea, a su entender, prácticamente nula. Precisamente en este campo las diputadas expresan una coincidencia plena: la urgencia de un pacto de Estado contra la violencia de género.

"Vivimos en un país que todavía no tiene pudor machista", recalca Izquierdo, quien lamenta que la violencia de género "supere al terrorismo etarra" en número de víctimas, que se siga inculcando una educación estereotipada o que "todavía no se compartan todo tipo de tareas". El balance deja todavía mucho que desear: "Veo casi todos los rasgos de machismo vigentes, porque no hemos cambiado la política", señala la exdiputada.

Bustelo incide, como otra de las carencias aún por cubrir, en la escasa participación de las mujeres entre unos y otros partidos, y denuncia los retrocesos que se han producido en los últimos años. "El Ministerio de Igualdad durante la presidencia de [José Luis Rodríguez] Zapatero fue una novedad y empezó con poquísimo presupuesto, pero no dio tiempo a reglamentar y las leyes no se aplicaron", critica.

Ante un escenario todavía a medio construir, Izquierdo repara en el significado de feminizar la política. Lo considera un fin necesario "porque no estaba previsto que las mujeres entraran en política" y considera "una anomalía que ésta esté hecha sólo con ojos de varones". A su juicio, la mujer debe poder llegar a los ámbitos de decisión para que realmente pueda aspirar a que las políticas se hagan de otra forma. "Feminizar la política es hacer posible que las mujeres lleguen a incidir en el ordenamiento general de todo", subraya. "Somos distintas –concluye–, pero equiparables en derechos, acceso y respeto".

Ruiz-Tagle, por su parte, destaca que se encuentra muy asentado en la Constitución el principio de libertad, "pero el principio de igualdad tiene que ser la columna vertebral". "Hay que reformar la Constitución y la sociedad, desarrollando plenamente la igualdad dentro de la diversidad", señala, para tras un instante de reflexión añadir que "es la batalla de siempre".

Con todo, las parlamentarias coinciden en abanderar plenamente su lucha y la de sus compañeras. Una trayectoria que resumen apuntando a un mismo aspecto: el artículo 9.2 de la Constitución, que "fue obra de las mujeres de los distintos partidos y las mujeres del feminismo de la calle". Dice así: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

El tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, anunció este viernes que el Gobierno de Ada Colau tiene la intención de retirar la Medalla de Oro de la ciudad al exministro Rodolfo Martín Villa por los Sucesos de Vitoria de 1976, en los que murieron cinco personas y otras 150 resultaran heridas de bala por la actuación policial durante una jornada de huelga el 3 de marzo, informó Europa Press.

"En motivo de los 40 años de la masacre de Vitoria, iniciaremos la tramitación de la discusión de la retirada de los honores a Rodolfo Martín Villa por la negativa a responder ante la justicia por esos hechos", aseveró Pisarello en la comisión de Presidencia a preguntas del concejal de la CUP Josep Garganté.

Martín Villa, a quien el Ayuntamiento concedió la medalla en 1976 –el mismo año de los hechos en Vitoria– fue ministro de Gobernación en el Gobierno de UCD entre 1976 y 1979, y la jueza argentina María Servini pidió en marzo interrogarle al considerarle responsable de la represión de los trabajadores en Vitoria.

Pisarello descartó la petición de la CUP, que apuesta por retirar todas las medallas y honores concedidos por el Ayuntamiento entre 1939 y 1979 por haberse concedido en un régimen fascista, en palabras de Garganté, a lo que el teniente de alcalde respondió que en ese período se concedieron 638 reconocimientos y que se debería estudiar "caso por caso".

Acuerdo de Gobierno

Preguntado por el líder municipal del PP, Alberto Fernández, sobre si el Gobierno municipal prevé rectificar algunas políticas y medidas con la entrada del PSC, Pisarello defendió que "la intención del acuerdo no es cambiar las políticas de cambio, sino enriquecerlas", algo que confía en poder hacer también con el resto de grupos de izquierda del consistorio, en sus palabras.

La también edil popular Àngels Esteller ha preguntado al teniente de alcalde Jaume Asens por su asistencia a la manifestación en contra la investigación de ayuntamientos por haber expresado su apoyo a la resolución independentista de JxSí y la CUP en el Parlament, a lo que Asens recordó: "No estamos de acuerdo con la resolución, pero tampoco estamos de acuerdo con que los que expresen que están de acuerdo con ella puedan ser encausados".

Por otro lado, Asens aceptó un ruego del portavoz municipal de ERC, Jordi Coronas, que vela por el buen comportamiento de los ediles y pide garantizar que en el Código Ético se recoja la protección de los Derechos Humanos, la igualdad, el respeto y la condena a conductas violentas.

José Luis Sanchis (Albocàsser, Castellón, 1943) ha ejercido como consultor político desde que en marzo de 1977, a la edad de 33 años, llegó a la Moncloa para trabajar codo a codo con Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia y el que mayor huella dejaría en la memoria de Sanchis. 

El doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, abogado y economista por la Universidad Comercial de Deusto, ha participado en el diseño y organización de un total de 126 campañas electorales, junto a políticos como Manuel Fraga, Jordi Pujol, Aníbal Cavaco Silva y Alberto Fujimori, entre otros. Actualmente es decano de los expresidentes mundiales de la Asociación Internacional de Consultores Políticos (IAPC), y acaba de publicar el libro ¿De qué color llevaba Adolfo los calcetines?(Península, 2016), donde analiza los aspectos fundamentales del Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD).PREGUNTA: Usted sostiene que la política se basa en las matemáticas. ¿Por qué son tan importantes?RESPUESTA:

Cualquier afirmación política se puede pasar a un lenguaje o a un planteamiento matemático. Por ejemplo: en este momento hay un tira y afloja entre unos partidos y otros, sobre si se va a un pacto o no. Las razones que motivan el pacto es poder gobernar juntos. Para eso hay dos partidos, por ejemplo Ciudadanos y PSOE, que están queriendo gobernar, y suman una fuerza concreta. Por otro lado, están los partidos que quieren que no gobiernen estos dos, que pueden ser el PP y Podemos, y que suman otra fuerza. Si se unen PP y Podemos la fuerza es mayor que la de PSOE y Ciudadanos, por lo tanto éstos no podrán gobernar. Sin embargo si uno de ellos se abstiene, por ejemplo Ciudadanos, entonces Podemos y PSOE tienen suficiente fuerza. Es decir, para que haya un gobierno es necesario que como mínimo dos partidos voten a favor y otro se abstenga. Es pura matemática.

P.: En relación a las estadísticas, los sondeos y las previsiones, ¿cuál es la importancia de la interpretación y de actuar en consecuencia, más allá de las cifras?R.:

Los sondeos son un procedimiento matemático que tiene como objetivo reducir el número de personas a las que le preguntas qué es lo que desean votar, y tratar de tener así una previsión de cuál va a ser el resultado. La importancia es total, porque mucha gente que no sabe cuál será su voto, lo decide en función de estar con la mayoría o con la minoría. Todo se puede llevar a un planteamiento matemático, que es lo que te permite actuar de acuerdo con un método científico.

P.: Dice que Adolfo Suárez es el político que más huella le ha dejado.R.:

En efecto, y por varios motivos. En primer lugar, porque fue el primer político con el que trabajé a nivel profesional serio, y en segundo porque era un político de tanta altura, de tanta talla, de tan buena voluntad… Que cuando se tiene éxito con una persona buena la satisfacción es mayor. Y por último, conforme uno se va a haciendo más mayor, se va perdiendo la ilusión y se basa más en el pragmatismo y en la realidad, y sin duda alguna Adolfo Suárez fue una persona por la que valía la pena luchar, y el resultado fue realmente bueno.

P.: ¿Cree que ha cambiado con el tiempo la imagen que la ciudadanía tiene de Suárez?R.: 

Sí. Ha cambiado la imagen, porque la realidad es la que era. Y la realidad es que, al menos desde mi punto de vista, era una persona de gran generosidad y de gran valentía. Ahora, como las circunstancias han cambiado, y como después de Suárez han venido otros políticos, es más fácil darle el valor que tenía aunque entonces no se le reconociera. Por lo tanto sí que ha cambiado, porque ha cambiado España y porque hemos conocido más a otros políticos.

P.: En su libro, relata que su trabajo con él se basó en la ilusión y el entusiasmo, conceptos que suenan muy actuales.R.:

Sin duda. Yo creo que todos los políticos en general tienen una gran ilusión por conseguir su objetivo. Todos. La única diferencia es que cambian sus objetivos: si son de interés personal y propios, entonces a los electores no nos importan nada, y si los objetivos que tienen los políticos se basan en servir a los ciudadanos del país, entonces tienen una gran importancia. Aunque todos tienen ilusión a algunos les damos credibilidad y a otros no.

P.: Dice que la historia nos persigue y es necesario no repetir errores. ¿Cree que se han repetido errores en los últimos años?R.:

Yo creo que a lo largo de la Transición se produjeron muchos errores en asuntos que si se volvieran a producir los resolveríamos de forma distinta. Se han producido errores, y en las últimas legislaturas también. Para mí, el error fundamental es que cada partido mira para él en lugar de mirar para los ciudadanos. Porque por los ciudadanos se puede hacer cualquier cosa, y eso implica grandeza de espíritu y de ideales. Cualquier decisión se puede justificar siempre que sea en beneficio de los ciudadanos, pero si esa decisión se ha hecho por propio interés, aunque tenga éxito, implica una pérdida de credibilidad.

P.: ¿Cómo valora la actuación de los partidos a la hora de encarar los casos de corrupción que tan repetidamente se están destapando?R.:

Mal, muy mal. He de reconocer que la situación por la que ha pasado España ha sido muy propicia para que hubiera corrupción, pero lo que no está justificado es que los partidos hayan reaccionado con el silencio, en lugar de reaccionar diciendo que esto no es posible y que quien la hace la paga. En todo caso creo que hemos abusado de la corrupción en la política española, y se ha abusado excesivamente del tapar, lo que supone que un pecado se multiplica por dos o por tres.

P.: Hace un par de años decía en una entrevista que le gustaría asesorar a Cayo Lara porque había llegado el momento en que los ciudadanos e IU debían converger en las mismas ideas. ¿Cómo valora la situación de IU ahora y qué le dice la figura de Alberto Garzón?R.:

 Hace dos años yo pensaba, y sigo pensando, que la izquierda tiene mayor fuerza en la realidad española que lo que demuestran las urnas. Y en concreto IU, el partido de Cayo Lara, tenía en los sondeos y en los resultados peor valoración de la que tenía con respecto a los ciudadanos, y ese era el momento de tener éxito. La verdad es que la izquierda lo ha tenido, pero la izquierda de Podemos, que junto a IU podría haber obtenido un resultado muchísimo mejor y ambos podían haber sobrepasado al PSOE, algo muy importante. Desgraciadamente para IU, Podemos no aceptó ir juntos, y desgraciadamente para Podemos, no fue junto a IU. Si lo hubieran hecho, en estos momentos serían la segunda fuerza del país, y de cara a unas nuevas hipotéticas elecciones tendrían muy clara la victoria. Si hubieran ido juntos, en mi opinión, el resultado habría sido de un Podemos situado en segundo lugar gracias a esa coalición, y por tanto sobrepasando al PSOE, de modo que el Gobierno de izquierdas habría sido mucho más fácil formarlo.

En cuanto a Alberto Garzón, yo creo que es un excelente candidato con un gran futuro. Quizá ha pecado no de inmadurez, pero sí de poca experiencia en la negociación y en la vida política. El paso de él como candidato a la presidencia del Gobierno tenía toda la lógica del mundo, y habrá aprendido por los últimos meses lo que hay que hacer cuando se está en primera división, y lo fácil que es para un contrario abusar de él.

P.: Usted habla de la importancia de tener una relación cercana con el electorado, una buena actitud y estar atento ante las sorpresas que se pueden ir produciendo. ¿Cuál sería el candidato que a su juicio se aproxima más a esos requisitos?R.:

Yo creo que hay dos candidatos que han tratado de acercarse más a la voluntad de los electores, que son, evidentemente, Rivera y Sánchez. Tanto Rajoy como Iglesias han estado firmes a sus bases, pero no respecto al electorado en su conjunto, que pedía un cambio y pedía que ellos llegaran a acuerdo. Eso va a dar como resultado un premio a los dos partidos que han tratado de poner solución a los problemas que hay en España, y pienso que habrá un castigo para Podemos y para el PP. Pero tenemos que esperar, estamos muy cerca de una solución, vía elecciones o vía investidura, por lo tanto mi opinión está basada en una experiencia grande, pero tampoco haría una gran apuesta. Con sinceridad creo que la situación es difícil y que tenemos que esperar.

P.: En su libro menciona también el peligro de las coaliciones en el marco de la Transición. Hoy la idea de un Gobierno de coalición está muy presente, ¿cuál cree que serían los riesgos y los beneficios?R.:

Los beneficios son los de todacoalición, y es que dan estabilidad al Gobierno que ha conseguido la investidura, y eso es muy importante. Por tanto creo que conseguir un gobierno de coalición sería positivo. La parte negativa es la desunión que podría aparecer a lo largo del periodo que se está en el poder, y sobre todo la sensación pésima de esa desunión. Eso que a corto plazo puede ser positivo, a medio plazo puede ser muy peligroso, porque hay que tener cuidado para evitar los desacuerdos que haya dentro de los grupos que forman ese gobierno. Yo recomiendo ese gobierno pero con prudencia y, sinceramente, no sé si eso ocurriría en el caso de que estuviera Podemos.

Exministros del PSOE, PP y UCD han emitido este martes un comunicado en el que reclaman la conformación de un "Gobierno de amplio respaldo", formado por "dos o más partidos constitucionalistas" que desarrolle un "programa concreto y firmado, al menos, para media legislatura" entre cuyas medidas incluya la reforma de la Constitución en un plazo de dos años.

Así lo ha manifestado en un comunicado la Fundación España Constitucional, creada en el año 2014 para defender la Constitución de 1978 y a la que pertenecen exministros como José Bono, Eduardo Zaplana, Marcelino Oreja, Ángel Acebes, Elena Salgado, Rodolfo Martín Villa, Cristina Garmendia o Carlos Solchaga, entre otros.

La Fundación expresa su preocupación por la situación creada tras las elecciones catalanas y generales, que han abierto una "etapa inédita" desde 1978, y también por el desafío soberanista en Cataluña y el planteamiento de llegar a la independencia en 18 meses.

Además, advierte de "la demora en el tiempo en la composición del nuevo Gobierno de la Nación" y opina que volver a convocar elecciones "no es la solución", ya que "se agudizaría el proceso de desconexión catalán y la situación económica y social se degradaría".

Por encima de ambiciones personales

"Se hace necesario un Gobierno de amplio respaldo con un programa pactado, por encima de ambiciones personales, que garantice la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática que demanda la sociedad española, todo ello en el marco de la Constitución y de la UE", explican los exministros.

En su opinión, se trata de un "proyecto complejo", pero "en modo alguno imposible", ya que consideran que "la política supone elegir entre opciones o prioridades". Por ello, ante la situación creada tras las elecciones generales del 20 de diciembre, afirman que "cabe una gran coalición, de dos o más partidos constitucionalistas, con un programa concreto y firmado el menos para media legislatura".

En dicho tiempo, los exministros apremian a ese Gobierno formado por varios partidos constitucionalistas a poner en marcha las políticas que lleven a "consolidar la salida de la crisis", enviando un mensaje de "estabilidad, confianza y corresponsabilidad europea".

Mensaje a los independentistas

Otro de los objetivos del Gobierno sería "enviar una señal inequívoca a los independentistas de que su aventura fracasará y se hará imposible, sin descartar medida alguna constitucional", y al mismo tiempo "aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica" y "abordar por consenso la reforma de la Constitución".

Dicha reforma debería incluir, para la Fundación España Constitucional, la sucesión a la Corona y el Título VIII, el que hace referencia a la organización territorial del Estado. Para ello proponen la creación de una comisión de reforma que culmine su labor antes de los 24 meses.

Todo ello, añaden, unido a políticas como "la promoción de los programas contra el paro, el fomento de la inversión pública y privada, el despliegue de las políticas sociales contra la pobreza, la lucha contra la violencia de género, la actualización de las pensiones, los pactos por la educación, la ciencia y la cultura, y la regeneración democrática de las instituciones públicas y la lucha contra la corrupción".

Actualizar la norma manteniendo los valores

"Nuestra convicción es que la Constitución del 78 debe ser mantenida en su concepción y valores esenciales, lo que no es obstáculo para promover su reforma actualizando la norma, en especial incorporando derechos sociales, disposiciones de la UE y un sistema estable de competencias que consolide la estructura territorial del Estado", afirman los exministros en su comunicado.

Por todo ello, y tras las "claras diferencias políticas, económicas y sociales que han enfrentado a los principales partidos durante la última legislatura y las fuertes tensiones manifestadas en la campaña electoral", desde la Fundación hacen un llamamiento a toda la clase política y "muy especialmente a los dirigentes que deben negociar el próximo Gobierno" para que "aborden la tarea con el espíritu de la Transición: generosidad, diálogo, concordia, realismo y tolerancia".

Un total de 25 exministros de los Gobiernos de UCD, PP y PSOE han firmado un manifiesto titulado Ante el intento de separar Cataluña de España en el que avisan de que "imponer como hecho consumado una España sin Cataluña" es "disparatado" y equivaldría a un golpe de Estado.

La independencia de Cataluña, dicen, convertiría a España "en un sujeto político distinto y mutilado" y una decisión de tal calibre no puede adoptarse en unas elecciones autonómicas, "sólo aptas para catalanas", "pues sería un atropello a la ley de imprevisibles consecuencias".

"En democracia, el derecho a decidir no llega al extremo de decidir por el vecino. Derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos. No hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia", dice el texto, recogido por Europa Press.

Los exministros firmantes, que utilizan la misma expresión que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, son los directivos y patronos de la Fundación España Constitucional, una entidad que defiende los valores de la Constitución y cuyas posiciones no comprometen a sus partidos.

Así, entre los promotores del texto hay personalidades que fueron ministros con el PP como Eduardo Zaplana, Abel Matutes, Eduardo Serra, Josep Piqué y Pío Cabanillas; con la UCD como Rodolfo Martín Villa y Marcelino Oreja, y del PSOE como José Bono, Javier Gómez Navarro, Cristina Alberdi, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y María Antonia Trujillo.

Todos ellos pretenden lanzar un "llamamiento a la sensatez" ante un proceso que consideran "intolerable" porque se aleja de las "garantías exigibles en democracia" y en este punto mencionan la organización de manifestaciones con recursos públicos.

A ello añaden la presentación de una lista única para "cobijar" as líderes de partidos con programas a veces opuestos, y además "todo ello presentado como en un supuesto plebiscito, instrumento predilecto de tantos cesarismos".

El documento sostiene que el Estado mantiene "la mantiene la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña", porque la Constitución lo prevé "para situaciones graves" y no se podría reprochar a ningún Gobierno que la usase ante una declaración unilateral de independencia, y también que hay otros instrumentos coactivos, de carácter penal y de orden público, para hacer cumplir la Constitución.

Sin embargo, los firmantes prefieren "vías de reflexión y concordia que eviten y no agraven la fractura social existente", apoyándose en "los vínculos" entre Cataluña y el resto de España y que son "inextinguibles". De entrada, llaman a los catalanes a votar el 27 de septiembre.

De hecho, hacen un "llamamiento a las principales fuerzas políticas para que dialoguen" y así favorecer una salida "consensuada y respetuosa con el ordenamiento jurídico". En su opinión, "entre la independencia y la situación presente hay fórmulas más convenientes para todos".

Los exministros aprecian lo que representa Cataluña a lo largo de la historia y por eso propugnan "un riguroso análisis sobre si su singularidad está siendo reconocida y valorada de manera justa, y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes", y si es necesario "rectificar cuanto aparezca como equivocado, sin excluir ningún asunto, por delicado que sea", siempre que se haga "entre todos, de buena fe y con espíritu constructivo".

Además, "más allá del enfoque catalán", los firmantes se muestran partidarios de una reforma de la Constitución que haga que la organización territorial del Estado se ajuste mejor y "de manera más equitativa" a las necesidades del conjunto de España, "a la realidad de todas las autonomías" y a los "perfiles singulares propios" de las comunidades.

Para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, el bipartidismo está en crisis. Pero no es algo nuevo. No arranca ahora. Su origen está hace 10 años, en 2005, justo cuando el exdirigente conservador acababa de salir de la Moncloa tras ganar el socialista José Luis Rodríguez Zapatero las elecciones generales de marzo de 2004.

Así figura en la nota editorial que acompaña al número 46 de la revista Cuadernos de Pensamiento Político, editada por FAES y dirigida por Javier Zarzalejos. "Es pronto para establecer la profundidad de lo que viene denominándose 'crisis del bipartidismo en España',pero esa crisis, probablemente reversible, es real. El bipartidismo, concepto alrededor del cual gira el análisis político español en los últimos tiempos, inició su declive hace ya una década, aunque la manifestación en las urnas de este fenómeno sea relativamente reciente, sobre todo en el caso del Partido Popular", señala esta nota editorial.

Para FAES el distanciamiento entre PP y PSOE con respecto a su electorado "ha sido un proceso probablemente asociado a la percepción generalizada de que el proyecto histórico iniciado en la Transición, que con momentos mejores y con momentos peores, siempre había producido avance social y económico, quedó interrumpido en 2005".

Según figura en la citada nota, fue ese año, 2005, cuando "el rupturismo sustituyó al reformismo y condujo a una quiebra social y a un retroceso económico que no han sido recompuestos hasta ahora de manera suficiente". 

Cuando FAES habla de "rupturismo" se refiere a las políticas adoptadas por el PSOE cuando llegó a la Moncloa en marzo de 2004, frente al "reformismo" de las legislaturas de Aznar.

El citado artículo añade como argumento de peso para sostener su tesis que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha constatado desde 2005 en sus indicadores del barómetro "una caída constante en la confianza que los españoles han depositado en el 'sistema Gobierno/oposición". "Es decir, una caída en la media de su aprecio declarado por el Gobierno y por el principal partido de la oposición en el periodo 2005-2015", aclara.

Serie histórica

¿Qué dicen los datos? Recientemente, infoLibre analizó la situación del bipartidismo en España. En los primeros años de la democracia, la suma de PSOE y Alianza Popular (AP) era baja. Del 37,53% en las primeras legislativas, las de junio de 1977, o del 31,16%, en las primeras municipales, las de abril de 1979. Pero tras el hundimiento de UCD en 1982, la AP de Manuel Fraga logró consolidarse como la formación que agrupaba a la derecha española tras la refundación de 1990 y la desaparición del CDS. Desde entonces, la fuerza de PSOE y PP fue creciendo: del 63,68% de las locales de 1991 hasta llegar a cotas del 84,67% (europeas de 2004) y del 83,81% (generales de 2008).

A partir de 2008 la bajada fue más acentuada. En las municipales de mayo de 2011, ambos sumaron el 65,33% de los votos. En las últimas generales, las de noviembre de ese mismo año, en las que Mariano Rajoy conquistó la Moncloa, PP y PSOE llegaron al 73,39%. De ese umbral bajaron en dos años y medio al 49,1% de las últimas europeas. Y en los últimos comicios, las andaluzas del pasado marzo, la suma PP-PSOE fue del 62,19% de los votos.

"Bipartidismos de mayorías absolutas"

El "desafecto" al que se refiere la nota editorial de esta publicación editada por FAES se profundizó, según la misma publicación, "dramáticamente" en la legislatura 2008-2011. En este periodo "un Parlamento apabulladamente bipartidista y escorado hacia la izquierda no evitó que España se hundiera en la peor crisis económica de su historia reciente", reza el texto.

No faltan las críticas al PP de Rajoy por la presente legislatura: "Y tampoco parece que en los últimos años la opinión pública haya percibido una utilidad suficiente en el 'bipartidismo de mayoría absoluta' escorado hacia la derecha, lo que lo ha conducido al punto mínimo de toda su historia".

Para FAES, este deterioro del bipartidismo "ni ha sido súbito ni ha sido simultáneo". "Se está produciendo desde hace muchos años, afectó primero al Partido Socialista y afecta ahora, además, al Partido Popular".

Explicación

"En realidad, el bipartidismo no ha sido algo deliberadamente pretendido por los españoles –tampoco su crisis–, sino el resultado sobrevenido del hecho de que muchos de ellos han votado al PSOE y otros muchos han votado al PP, no necesariamente deseando que también el otro partido fuera significativamente respaldado, y ya no lo hacen en igual medida. Por ejemplo, la debilidad electoral del PP no parecía preocupar demasiado al socialismo en 1989, igual que el colapso del bipartidismo no parecía constituir un problema significativo para el PP en noviembre de 2011", añade esta nota editorial

A juicio de FAES, "la crisis del bipartidismo terminaría si el PP repitiera sus resultados de 2011, o el PSOE los suyos de 1989".

"Estamos en un periodo de recopilación histórica, de cambio de ciclo, de revisión de la Constitución, y al periodismo le tiene que llegar también su hora". Este es el motivo por el que periodista Luis Santos Serra ha decidido escribir un libro en el que se relatan las tramas que relacionan a los periódicos con el poder político y económica a lo largo de las últimas décadas. Aunque aún no se sabe cuál será la fecha de publicación, Santos revela las enormes dificultades y presiones a las que ha tenido que hacer frente para conseguir que le publiquen La prensa que vendió. Por eso prefiere, por ahora, no dar el nombre de la editorial que lo va a sacar a la luz.

La prensa que se vendió está basada, principalmente, en lo que él llama elarchivo Aguirre,archivo Aguirre un conjunto de documentos donde se muestran las comunicaciones que Ignacio Aguirre –secretario de Estado para la Información entre 1981 y 1982 y tío de la presidenta del PP madrileño y candidata a la Alcaldía de la capital– mantuvo durante su mandato con directivos de medios de comunicación, empresarios y el propio Gobierno. Aunque se centra en él, también habla de los secretarios de Estado que ocuparon el cargo entre 1977 y 1982. A esta información de primera mano se le añaden testimonios de los protagonistas de la época, recogidos a través de entrevistas con el autor. Esperanza Aguirre, que en principio accedió a colaborar, finalmente optó por declinar su participación en el proyecto.

"No es el típico archivo de material administrativo, yo digo que es un archivo de maldades, porque refleja todo el tráfico que hay con los medios de comunicación, con los directores de los periódicos", cuenta Luis Santos a infoLibre, que subraya que se trata de una etapa clave, ya que es "un periodo en el que se están conformando, no solo la democracia, sino los medios de comunicación que a su vez contribuían a generar la opinión pública". Además, apunta, "es un archivo inusual, porque son cartas coloquiales, muy directas". "Es un tipo de archivo que se tendría que haber quemado", bromea.

"El Gobierno tenía una llave enorme"

El autor distingue el contenido del archivo Aguirre en dos grupos. Por un lado, las cartas de directores de periódicos a esta Secretaría de Estado (y viceversa). Y, por otro, las notas que dirige Aguirre al presidente del Gobierno, donde le resume todo". En estas comunicaciones, señala, "participan los primeros espadas", como los editores Luca de Tena (Abc) o el conde de Godó (La Vanguardia).

Preguntado por el amplio periodo de tiempo que ha esperado desde que pasó todo aquello hasta que sale a la luz, el autor de La prensa que se vendió admite que tiene esta documentación desde hace 30 años, pero que, entre otros motivos, el terrorismo de ETA –en el libro se relatan operaciones dirigidas a lograr el cierre de Egin, el diario de la izquierda abertzale Egin– hizo que prefiriera esperar para sacarlo a la luz: "Me daba miedo provocar un atentado".

El periodo tratado se enmarca en una coyuntura en la que "se está reconvirtiendo toda la prensa, que tenía una maquinaria muy obsoleta". "Necesitaban grandes inversiones y el Gobierno tenía una llave enorme para manejar eso", explica Santos, que apunta que "describe lo que era la época, cómo acomodan los medios, sobre todo Abc, su línea editorial al poder porque se lo dicen por carta". Así, destaca que "hay mucho tarjetón, donde meten la carta de trámite y en el tarjetón la barbaridad".

"En ese acomodo hay momentos que a mí me sacan los colores como periodista. Desde Abc le mandan al secretario de Estado un texto diciendo: 'Mira, la crónica que retiro'. Eso es muy fuerte. Le manda la crónica, firmada por el autor [José María Carrascal], al Gobierno", lamenta el autor, que subraya que es "una prostitución total". "No es por manía, pero Abc incurre en todos los capítulos como para sacarles de la profesión: golpe de Estado [23-F], falta a la ética periodística, envío de crónicas desde la edición de Sevilla a Luca de Tena y, de ahí, al Gobierno en un informe diciendo 'No sólo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer, lo que dejamos que muera en nuestra mesa'. Es un procedimiento bochornoso", critica Santos, que establece una relación entre cómo se doma la línea y, a la vez, cómo se comienzan a solventar los problemas económicos que tenía el diario, especialmente con la banca.

La reacción de Abc de Sevilla el 23-F Abc 

"De la trama civil del 23-F no se investigó nada, excepto a [Juan] García Carrés [dirigente del Sindicato Vertical]", recuerda Santos, que subraya que "en la prensa, hubo de todo". "En concreto, en el caso de Abc, el ministro de Hacienda les tilda de 'fascistas' y asegura que se han puesto a las órdenes del Gobierno militar, en vez del gobernador civil, en la noche del golpe", cuenta el autor de este libro, que añade que se llegó a hacer un informe por parte de la Secretaría de Estado para la Información en el que se detallan "todos los movimientos que ha habido del Abc de Sevilla, llamando previamente al golpe y, posteriormente, llamando a la desmovilización de las manifestaciones democráticas de condena".

Así, apunta que los datos que puede aportar, "que hasta ahora no habían salido, son los del Abc de Sevilla; del resto, como los de El Alcázar [diario próximo a los golpistas]se habló, pero no se probó nada. No había documentos que vinculasen [la trama militar a los diarios] directamente, como ocurre con Abc". 

Otro de los aspectos más reveladores de estos documentos es que el director del Abc de Sevilla, Nicolás Salas, "acuarteló a la redacción diciendo 'Aquí no sale nadie'" y, después, se fue a ponerse a las órdenes del gobernador militar". Además, editoriales del mismo diariohablaban de "la mala hierba que hay que cortar" o "llamaban a la represión", textos que también son incluidos en estos informes de la Secretaría de Estado.

En estos documentos se hace constancia del sesgo diferente de las ediciones de Madrid y Sevilla del diario Abc, informando a Aguirre que el de la capital de España "no hace nada, se queda callado", enfatiza Santos. Estos documentos señalan que, en 1982, Aguirre señala en un informe que "hay que apoyar a Abc en detrimento de la prensa progresista" Abc. "Ellos mismos tenían constancia del apoyo al golpe desde Abc de Sevilla y, a su vez, le daban una opción preferencial antes de que ganara la izquierda", critica Santos.

"Esto ya habría prescrito, pero estos documentos, que inculpan directamente, tendrían que ser explicados por el Abc Abcde Sevilla y el Abc globalmente. Ese director, Nicolás Salas, que sigue dando conferencias, no fue destituido", lamenta. 

El autor reflexiona además sobre el papel que ciertos periódicos tienen a día de hoy: "Hay medios que tienen a todos sus redactores jefe o directores paseando por las tertulias y marcando la línea moral democrática. En otro orden, podría estar de acuerdo o no, pero que marquen ellos los límites del buen hacer democrático, cuando tienen, siendo leves con ellos, malas prácticas". "Esta gente es la que dice ahora lo que es bueno para la democracia, los que han hecho todo este tipo de cosas: trato de favor, tráfico de influencias, comportamientos poco éticos, apoyo al golpe de Estado... Además, están orgullosos de todo ese pasado: los que no lucharon, son los defensores de aquello", lamenta.

Sobre la falta de exigencia de responsabilidades, Santos cree que "ahí se puso un listón e, igual que no se juzgó a muchos guardias y oficiales, no se quiso ir más allá, no se quiso investigar. Se intentó hacer parecer que no había pasado nada". "La respuesta del Gobierno fue nula, cuando tenían que haber exigido responsabilidades a Luca de Tena. Pero tenían miedo a la llegada de los socialistas, que luego sabemos todo lo que llegó, pero era como ahora Podemos o Ciudadanos, parecía muy inminente", explica.

Persecución de periodistas de izquierdas

El periodista apunta que "se produjo una involución democrática dentro del propio régimen: hay una persecución de periodistas de izquierda en los periódicos y, además, protección de los que habían sido golpistas". Así, señala algunos ejemplos: Aguirre dice en un documento que el 80% de los redactores de Pueblo son "socialistas y comunistas"; "se impide que reaparezca Diario Madrid por una indemnización insuficiente" o que "el Gobierno coge al Abc y lo toman como suyo".

"Sobre todo, había persecución de periodistas", apunta, señalando que llegó a haber "listas negras" en Informaciones, ya que muchos periodistas pasaron de este periódico al recién nacido El País, como Juan Luis Cebrián. "No dicen que este no me va a tratar bien la información, como se podría decir ahora, es que etiquetaban: 'Este es del PCE, sector eurocomunista...'. Es una terminología del régimen franquista: anticomunista, antisocialista, antidemocrática", explica Santos, que detalla que "más que impedir que apareciesen nuevos medios, que también, trataron de 'limpiar' las redacciones y hacer que se hundieran medios con trasfondo progresista".

Otro de los aspectos que explican esta relación entre Gobierno y prensa es el de las grandes inversiones que se necesitaban para sacar un periódico adelante. "Se intentaba aupar al diario del Abc. De hecho, hay un documento que dice cómo hay que apoyar a Abc en 1982Abc . Es la forma de impedir que gane el PSOE", cuenta Santos, detallando que en los documentos "se dice que hay que sanearlo económicamente. No tengo los documentos en los que se dice que se sanea, pero sí todas las peticiones económicas, diciendo lo que hay que hacer con los bancos. De repente, aparece [Luis María] Anson en 1982 liderando el Abc 'supersaneado'".

También es llamativo el episodio en el que el secretario de Estado pide 25 millones de pesetas al Gobierno para una subvención a Godó. Santos cuenta que estas cartas son especialmente "crudas" y en ellas se relata "cómo dar esta ayuda, la necesidad de redactar una norma pero sin que se enteren el resto de periódicos". Asimismo, explica que Aurelio Delgado, jefe de gabinete de Adolfo Suárez, se justificó cuando le preguntó diciendo:  "Es que había que montar el país, había que hacer así las cosas". "Los medios fueron una parte más, pero son más importantes porque generan opinión", añade Santos.

Pese a una larga labor de investigación, Luis Santos asegura que, aunque da algunas cifras, no ha podido cuantificar el total de ayudas y subvenciones que se dieron a la prensa en estos años.

Operaciones para intentar cerrar 'Egin'

Según los documentos del archivo Aguirre, Marcelino Oreja, delegado de Gobierno en Euskadi (1979-1982), escribió una carta a Aguirre diciendo que se había reunido con los directores de todos los periódicos para analizar el caso del periódico Egin. El resultado de la reunión, comenta Santos, es “un acuerdo por el que deciden que no conviene cerrarlo políticamente, sino asfixiarlo económicamente”.

“Egin no pagaba nada, pero nada. Ni a la agencia Efe, ni los créditos de los bancos Bilbao y Vizcaya [que después formarían el BBV]… y el Gobierno empezó a reclamar deudas: bancos, trabajadores, Seguridad Social, Efe, papel….”, recuerda Santos, que señala que, aunque la ley permitía cerrar el diario vasco, el Gobierno temía que “los abertzales se movilizaran y que, por tanto, el resto de los periódicos tuvieran que salir en apoyo a Egin”. Finalmente, Aguirre decidió no hacer nada.

En otra carta, Sabino Fernández Campo, secretario general y luego jefe de la Casa del Rey, escribe a Aguirre –de parte del jefe del Estado– preguntando que “si no se puede hacer más con Egin e, incluso, le dice que cómo puede llevar publicidad del Estado”, apunta el periodista. En esta ocasión, las peticiones tuvieron el mismo resultado.

Finalmente, Egin no fue cerrado hasta 1998, y ocurrió por orden del entonces juez Baltasar Garzón, que lo acusó de delito de colaboración con ETA, un delito que sería rebajado más tarde por la Audiencia Nacional. Posteriormente, el Tribunal Supremo dejó sin efecto estas imputaciones, pero el diario nunca volvió a a las rotativas.

"Aunque haya pasado mucho tiempo, la memoria histórica es importante y esto tiene que quedar claro, pero no está en la agenda", señala Santos, que subraya que "ese fue el sistema que diseñaron, y no democráticamente, pese a que den lecciones". "Nos merecemos una explicación democrática de qué pasó en todos los aspectos. No es algo que de comer, pero tenemos que saberlo por calidad democrática", enfatiza el periodista.

¿Es cierto que este sea el único sistema posible? ¿Tenemos que aceptar, sin más, esta engañosa afirmación y resignarnos a vivir asqueados en un sistema neoliberal cuya filosofía principal es proteger a toda costa el capitalismo y su voraz compañero de clase, el mercado libre?

Corre el año 1879. En la taverna La Casa Labra, refugiándose de una lluvia torrencial, se reunen en secreto 25 incondicionales: dieciséis tipógrafos, cuatro médicos, un doctor en ciencia, dos joyeros, un marmolista y un zapatero. Uno de los vecinos, encargado de vigilar la calle, golpea alarmado el cristal de la ventana. Se apagan las luces y los cigarrillos de los fumadores, los conspiradores se ocultan en un pequeño cuarto de provisiones y en el local se impone el silencio. Transcurridos unos pocos minutos, el peligro se aleja. Entonces, un modesto y respetado tipógrafo, de nombre y apellidos Pablo Iglesias Possé, conocido entre sus camaradas como el Abuelo, toma la palabra. Su discurso, debido al peligro que les acecha, es muy corto. Se toma la decisión de fundar el Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE). Se elabora un programa de acción que recoge el deseo unánimo de que la formación sea un partido obrero y de clase.

Desde entonces el partido, hijo predilecto de el Abuelo, se enfrentó a numerosos retos. Hoy se puede afirmar que es el partido más antiguo de España y que a lo largo de sus 135 años de historia surcó mares prestos a toda clase de calamidades sociales y tempestades politicas. Conoció fracturas, escisiones, peleas internas, formación de fracciones en su interior, bajas y nuevas incorporaciones. Al ingresar en la Internacional Comunista, conocida también como III Internacional, sintió muy de cerca el aliento y la mano de acero del gran hermano soviético. Al finalizar la Guerra Civil española, al igual que el Partido Comunista de España, fue declarado enemigo número uno del régimen del pequeño y astuto general golpista.

A pesar de los numerosos obstáculos que la historia levantó a su paso, el PSOE sobrevivió. Y siempre fue un un muro de contención contra los ataques continuos del capitalismo.

La Transición

Hagamos ahora un pequeño ejercicio mental y, dejando atrás una gran parte de la mítica historia del Partido Socialista (recordemos, partido obrero y de clase), imaginémonos, por un instante, que asistimos a un acontecimiento que pocos años después cambiará la historia de esta formación. Nos encontramos en Madrid, en el mes de mayo de 1979, en un luminoso y gran salón de actos que está a rebosar. En un ambiente de gran solemnidad se anuncia la apertura del 28 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Viejos veteranos socialistas, con unas convicciones a prueba de torturas y prisiones y largos años de cárcel a sus espaldas, comparten vecindad con jóvenes y recién estrenados líderes que lucen sonrisa, americana y pantalón de pana. En las butacas de honor algunos invitados extranjeros. Corren los primeros meses de la Transición. Son tiempos de gran tensión política y social pero también momentos de grandes esperanzas.

Un joven abogado laboralista, Felipe González Márquez (en adelante,F.G.), católico, de 37 años y sevillano, busca acomodo en el pupitre. De estatura más bién mediana, fuerte a primera vista, sonríe unos instantes. Su mirada y simpatía deslumbran en pocos minutos a los veteranos presentes, cuyas vidas en la clandestinidad les enseñaron a no confiar demasiado en la gente. El discurso de bienvenida del secretario general, hijo de un tratante de ganado que emigró a Sevilla desde su Cantabria natal, pone en pie a los concentrados y arranca gritos de aprobación y aplausos ensordecedores.

El compañero Felipe se toma unos segundos, llena los pulmones con nuevo oxígeno y, en silencio, estudia celosamente a los reunidos. Gira la cabeza del norte al sur y del sur al norte y, ligeramente azorado, propone al Congreso... "abandonar el marxismo".

¡Madre de dios! lo que se armó en la sala. El gran auditorio quedó oscurecido. Parecía como si un terremoto, con la fuerza de un gigantesco maremoto, se tragara el suelo del monumental local y el cielo, en un abrazo sobrenatural, se fundiera con la tierra. Un profundo pesimismo, como una trompa de fuego perseguida por la gasolina, recorrió la sala. El efecto de la oferta anunciada era similar a una explosión de una bomba nuclear. Se escuchaban voces entrecortadas, condenas reprimidas. Muchos permanecían en estado de shock, como si la mano de un experto les hubiera hipnotizado. Desolación y frustración reflejan las caras de algunos.

El polvorín está a punto de estallar. Para evitar males mayores se toma una decisión salomónica: crear una gestora. A partir de ahora ésta se encargará de liderar el partido. La propuesta del sevillano es derrotada y F.G. dimite. Pero cinco meses más tarde, después de una reflexión madura, la gestora se baja los pantalones y ruega al abogado abandonar el destierro y reintegrarse en las filas del partido. El joven y ambicioso político, matriculado en Sevilla en 1965, acepta la invitación y, poco después, gana las elecciones por mayoría absoluta y es proclamado jefe supremo del ejército socialista.

Entonces pocos cayeron en la cuenta que la desaparición del marxismo, que ideológicamente sustentaba el principio básico de la formación, significaba izar la bandera blanca y capitular ante el enemigo natural de clase. Pero ahí no terminaba el asunto. Al decapitar el marxismo, pasito a pasito, se iban abriendo camino nuevas costumbres e instalando nuevos hábitos dentro del Partido Socialista que en su vida anterior eran calificados como comportamientos ajenos a un partido de trabajadores. ¿Qué duda cabe que, al desprenderse del corsé marxista, algunos miembros de la dirección se sentían más cómodos y más receptivos a la hora de tramar amistades y pactar, a nivel personal, compromisos de interés mutuo, con su antaño enemigo de clase? Al perder el olfato de un socialista comprometido con la lucha de clases, estos representantes del socialismo emergente dentro del Partido Socialista no se ocultaban, ya que la disciplina de partido, con sus contínuas referencias a la moral y ética socialista, con sus llamadas a la prudencia y al autocontrol, no eran más que una mordaza a la libertad de acción. En otras palabras, un coñazo. Y que las teorías que pronosticaban una vida mejor prometían más justicia y más dignidad sonaban a ser un cocido sospechoso, una demagogia pura. Y por tanto, merecían ser guardadas en un trastero sin luz y sin visitas. No costaba mucho comprender que a estos socialistas de nueva cuña, arribistas de hecho y burócratas con aspiraciones prácticas en la vida, que en tiempo récord se habían acomodado en la alta política, les importaba un pito la embarazosa lucha de clases y, por consiguiente, el bienestar de las hormigas maltratadas. Para el gran alivio de los trabajadores y sindicalistas combativos, la forma de pensar y actuar de estos políticos, con carné en el bolsillo pero sin apego a su clase, eran un secreto y se encontraban estos tipos en clara minoría.

La renuncia del Partido Socialista al marxismo asoló no sólo las filas de la izquierda española, sino que atravesó fronteras y provocó una alarma internacional afectando a numerosos partidos socialistas, que se sintieron traicionados. El partido obrero y de clase, se diseñó, a partir de ahora, como "izquierda moderada". El PSOE giraba a la derecha.

Los primeros años de la Transición fueron tiempos difíciles tanto para el PSOE como para la izquiera española, en general. Rodeados de un entorno hostil ideológicamente y la real politic tímidamente asomándose por la ventana para hacer sus primeros pinitos, la derecha se esfuerza para no provocar a los quintacolumnistas rojos. Necesitan ablandarlos y domesticarlos, pero sin provocar su ira. Así lo exigen las circunstancias. Urge integrar a estos piojosos comunistas para que la bien engrasada máquina del neoliberalismo funcione sin atascos. Los enfrentamientos y las disputas no son buenos para preservar la excelente salud del mercado libre.

Las trincheras levantadas durante la Guerra Civil habían quedado atrás

La izquierda, a su vez, no peca de ser ignorante. Consciente en todo momento de haber nacido, crecido y de haberse formado políticamente y fortalecido en un mundo burgués, sigue con su lucha en defensa de los trabajadores. Claro que esta guerra ya no es la misma. Las trincheras levantadas durante la Guerra Civil habían quedado atrás. Ahora el escenario ha cambiado. La democracia y la monarquía parlamentaria obligan a sentarse en el mismo hemiciclo a los antagonistas. Y siendo esta la realidad del momento, los teóricos de corte marxista se ponen a elaborar nuevas tácticas y perfeccionar estrategias para adaptarse a las nuevas normas. Como unidades políticas tienen que sobrevivir para seguir marcando el paso a los trabajadores. No es el momento oportuno para andar por la vida en plan José Diaz, Pasionaria o el tovarich campesino. La lucha de clases, a partir de ahora, será de perfil bajo. Así lo demanda la realidad del momento. Mentalmente aceptados estos términos, estudiados a fondo los nuevos conceptos programáticos, fijados los proyectos ideológicos e informados los militantes de base, la izquierda, que alberga en sus formaciones sensibilidades muy dispares, desde el Partido Comunista hasta la izquierda anticapitalista, se pone a trabajar. Sus dirigentes, representantes elegidos por la voluntad popular, ocupan sus asientos en el Senado y el Congreso. Y cumpliendo estrictamente el protocolo, elaborado para la ocasión, juran lealtad a la Carta Magna, a la monarquía parlamentaria y también a la bandera de España. Arranca un difícil vals de contactos y búsqueda de compromisos impuesto por las circunstancias históricas.

La primera memorable acción de la izquierda se produjo en 1977. La Unión Centro Democrático (UCD) necesitaba el apoyo del PSOE y del Partido Comunista en particular. Gracias al consenso alcanzado, Adolfo Suárez pudo proclamarse presidente del Gobierno durante la primera legislatura constituyente de España.

Virtuoso insuperable en artes de corrupción, la derecha española siempre buscó el punto menos protegido de su enemigo de clase. Empuñando la antorcha de la democracia, con el marxismo demolido dentro del Partido Socialista, los caimanes de Alianza Popular, con Fraga Irribarne a la cabeza, se ponen a trabajar en proyectos de largo recorrido. Piensan en lo fructífero que podría resultar crear un vínculo con el PSOE. Al fin y al cabo, sus estudios internos indican que en un futuro no tan lejano ambas formaciones podrían ser partidos mayoritarios y, por consiguiente, turnándose, podrían gobernar España sin que nadie les haga frente. Así, por vez primera, en las entrañas del partido de AP se baraja la idea del bipartidismo.

En 1982 el Partido Socialista, liderado por Felipe González, se alza a la conquista del español Palacio de Invierno (la Moncloa). Al conseguir una aplastante victoria, el vencedor es proclamado como nuevo presidente del Gobierno del Reino de España.

La operación harakiri al marxismo dio, al parecer, los resultados esperados. En un mundo occidental y con nerviosismo visto el Este comunista, con sus innumerables partidos ocupando plazas estratégicas por todo el mundo, ¿quién en su sano juicio quiere pactar un Gobierno de Estado con un partido marxista? Y este, podemos suponer, fue el mayor reto al que se enfrentó el Partido Socialista. El plan de la jerarquía socialista consistía, probablemente, en sacrificar el marxismo para poder acceder al Gobierno de España. Un plan que, la lógica sugiere, no se presentó para un estudio crítico y detallado en las células del partido y que al ser compartido con la numerosa militancia no se explicaron, con la claridad suficiente, las razones de fondo y el carácter real del abandono del marxismo.

Seguro que la dirección del PSOE interpretó el adiós al marxismo de forma muy diferente a la del firmante de esta reflexión. Porque lo dicho no es más que eso: una suposición, una reflexión. Un leve intento de acercarse a la verdad y responder a la inquietante pregunta: ¿Por qué el marxismo, el corazón y la sangre de un partido obrero, fue deplorado dentro del Partido Socialista?

El que suscribe esta opinión, que es un completo profano en cuestiones de alta política y que, por consiguiente, desconoce la verdadera magnitud de la operación kaput al marxismo, considera que desmontar el marxismo, que es la clave de su ADN socialista, fue una cochinada, una gran putada para los intereses generales de los trabajadores de España. Después de todo, a lo largo de los últimos años, ¿mejoró la vida y la protección del principal protagonista de la lucha de clases? Los trabajadores siempre fueron y siguen siendo carne de cañón de los intratables tiburones del capitalismo; víctimas, sin ser culpables, en un país configurado por la troika como "regional" y de "tercera".

La llegada triunfal de F.G. a la Moncloa provocó un estallido de entusiasmo popular jamás registrado antes en el reino. Toda España, situada a la izquierda, parecía ser un gigantesco portaaviones, con sus potentes reflectores encendidos, vino a granel a tope, gritos de alegría y bailes hasta desmayarse. Durante los catorce años (1982-1996) al frente del timón, González Márquez, con gran maestría, practicó la vieja política de "palo y zanahoria". Al igual que un audaz ajedrecista, combinó una política liberal con progresivas reformas en sanidad y en materia de la enseñanza. Se vieron implicadas en una profunda modernización la industria y la economía nacionales. Se registraron otros importantes avances. Sin embargo, el tristemente conocido Plan de Empleo Juvenil, que originó los famosos contratos basura y, que blindado por ley, establecía que el empleado, al finalizar su contrato, perdía automáticamente el derecho a la ayuda social, revolucionó las centrales sindicales y puso en pie de guerra a la izquierda. Otra de las ocurrencias del Gobierno de F.G. fue la puesta en marcha, bajo el paraguas legal de las empresas de trabajo temporal; un recorte sentido de las prestaciones por desempleo; y el odiado por los perjudicados medicamentazo, que retiraba las subvenciones de la Seguridad Social a unos medicamentos demandados.

El fantasma de la lucha de clases abandona su bunquer y el pueblo, nuevamente, recorre las calles, plazas y ciudades de España.

Todo tiene su fin

Suele decirse que todo tiene su fin. Al igual que las películas o aquellos motores de coches nuevos que un buen día terminan muertos. Al abogado sevillano también le aguardaba la muerte... política. Juan Guerra, el hermanísimo del vicepresidente Alfonso Guerra (1982-1991), acusado por la Justicia de tráfico de influyencias, fue el primero en clavar la estaca en el corazón de F.G. Este, gravemente herido, presenció grandes casos de corrupción, que afectaban directamente a su Gobierno socialista: el asunto GAL ,el caso Ibercorp, el caso Roldán, etcétera. El destino final del primer presidente socialista de España no tardaría en ser escrito con letra pequeña en su partida de defunción.

Pegada a la pantalla de la televisión, la España republicana, conteniendo la respiración y con el corazón dolido en el puño, observa cómo el pequeño y fibroso pugil Aznar reta en el ring televisivo al visiblemente abatido andaluz. Este, como una angula, se revuelve en su sillón y se defiende diciendo algo que no llega con claridad hasta los micrófonos.

"Vayase, señor González", insiste una y otra vez el enjuto candidato. Su prepotencia y su voz burlona, el trato irónico y casi despectivo que dispensa al presidente del Gobierno en funciones consiguen que la izquierda del país se sienta insultada.

¿Reflexionó entonces el PSOE? Probablemente no lo suficiente. Porque poco después estallaron nuevos escándalos de corrupción. En el mercado de valores de las formaciones políticas la autoridad moral del Partido Socialista vale cada vez menos y el número de sus votantes va cayendo. La lenta descomposición del partido de Pablo Iglesias, el Abuelo, está a la vista. En 1996, en las elecciones generales, el Partido Socialista habia perdido 18 diputados, cuando tan sólo tres años antes contaba con 141 en el Congreso de la nación.

Ese mismo año llega, por fin, el Día D para F.G. José Maria Aznar irrumpe en la Moncloa con la fuerza de un ciclón. Tiene tanta ambición que se cree ser el gran Atila del momento. El Partido Popular se hace con el mando del Gobierno central. El bipartidismo ya es una realidad y tiene cuerpo de adulto. El sofisticado mecanismo de este fenómeno en la política española garantiza a los dos partidos mayoritarios un gobierno de turno.

En 2004 se dan las condiciones para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones generales. Aprovechando la llegada de la primavera, en la Moncloa se abren todas las ventanas para que con la entrada de José Luis Rodríguez Zapatero (abril de 2004-diciembre 2011) no quede ni recuerdo de la presencia en los despachos del palacio del partido de Aznar.

Para entonces, la Unión Soviética y su comunismo del net permanecen bien enterrados bajo los escombros de la historia; algunos máximos dirigentes de países socialistas, en su época firmes aliados de la URSS, aborrecen públicamente del muerto ya hermano moskovita; el marxismo del PSOE ya es agua pasada y está olvidado. Los ideólogos del Partido Popular aprovechan la coyuntura favorable para sus fines políticos y siguen mintiendo a los españoles afirmando que el sistema neoliberal es el "único válido" y que en el siglo XXI el capitalismo ha demostrado ser, y esta vez a nivel universal, la criatura mejor preparada y más resistente frente a las diversidades de la historia. Y recuerdan, además, que la lucha de clases ha muerto, como ha muerto la Unión Soviética.

Mientras tanto, la gran recesión económica de 2008, como si fuera un cáncer, va devorando las principales economías mundiales. Impotente para enfrentarse a su fuerza letal, uno tras otro, como en un gran tablero mundial, caen los países más ricos del planeta. Muy pronto, entran en el escenario los principales actores de este desastre global: inflación, guerra de divisas, guerras comerciales, burbuja inmobiliaria, deflación, bancos que no aguantan la presión y requieren el rescate, crisis crediticia, crisis hipotecaria...El mundo capitalista está a punto de ser devorado por su propia codicia.

El Gobierno de Zapatero, desconcertado por la imparable ola de la crisis, intenta, en ocasiones en vano, salvar la situación. Con urgencia, y precipitadamente, se toman medidas antipopulares que dañan fuertemente la imagen de su Ejecutivo y del Partido Socialista.

El reinado de Rajoy

El 21 de diciembre de 2011 Mariano Rajoy, conocido en los mentideros madrileños como la eminencia gris del Partido Popular, gana las elecciones generales. Su reinado empieza con declaraciones, como de costumbre, opacas y alejadas de la realidad. El día de su abrumadora victoria llama a los españoles a "recuperar el orgullo" y añade, presumiendo de sus dotes personales, que "España dejará de ser un problema para volver a ser parte de la solución".

El bipartidismo, más que nunca, se hace imprescindible para que el Gobierno de Rajoy pueda seguir reteniendo en sus manos el máximo poder. Cualquier partido con representación popular en el Senado y el Congreso que pretenda impugnar el Gobierno de la nación será tratado, gracias al bipartidismo, como la peste y, llegado el caso, quemado en la hoguera. Digan lo que digan los imfames críticos del bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista embolsan juntos el mayor número de votantes. Y si alguna formación nacional cuestiona este hecho, ahí están las pruebas: en sus respectivas cajas blindadas, ambos partidos guardan el número de votantes, con sus pertinentes documentos firmados, sellados y debidamente digitalizados.

Las drásticas medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy, que ciegamente entregó la soberanía nacional a la troika y cumple a rajatabla sus amistosas sugerencias, no tardan en conducir al país a un callejón sin salidaamistosas. Se dispara la desigualdad, crecen la pobreza, el número de desahuciados y parados (a finales de marzo de este año el número real de parados, según Libre Mercado, era de 6,2 millones de españoles); se rescatan bancos; se privatizan sectores tan sensibles como la sanidad, servicios sociales y enseñanza; cierran sus locales los pequeños comerciantes; irrumpen los casos Gurtel, Bárcenas, Díaz Ferrán, Jesús Sepulveda...; se conceden indultos a personajes que merecen seguir en prisión; se imponen las abusivas tasas de Gallardón; se sancionan leyes, que restringen las libertades de los españoles, supuestamente protegidas por la Constitución; a golpe de proyecto de ley-hachazo se impide a las mujeres ser dueñas de su propio cuerpo..

La respuesta de los ciudadanos no se deja esperar y es contundente. Desde que Rajoy se encuentra al frente del Ejecutivo conservador, España se vió sacudida por dos huelgas generales. Se actualizaron y se pusieron en marcha las mareas blanca y verde, que defienden la sanidad, servicios sociales y la enseñanza pública y se manifiestan en contra de las privatizaciones y los recortes; emprendieron protestas pacíficas los militantes y afectados por la hipoteca, así como los indignados por la gran estafa de Bankia, que vendió a sus clientes las preferentes, aplicando prácticas deshonestas; abandonaron sus minas y a pie marcharon a Madrid desde Asturias los miembros de la marea negra, conocida como el movimiento 22-M o Marcha de la Dignidad, en señal de protesta por el cierre de las minas; se movilizaron Democracia Real Ya o la Coordinadora 25-S, que reunió, frente a las puertas de las Cortes, a miles de ciudadanos indignados, que bajo el lema Rodea el Congreso" gritaron largamente: "Lo llaman democracia y no lo es" y "No nos representan"; se movilizó el 15-M...

Los ciudadanos españoles siguen alejándose cada vez más del PP y el PSOE. Este distanciamiento se hizo notar, muy especialmente, después de las últimas elecciones europeas el pasado 25 de mayo. De los 11 millones de votos en el año 2008, el partido de Zapatero y Alfredo Rubalcaba había perdido hasta la fecha más de siete millones de votantes. Pocas horas después de conocer los resultados, el Partido Socialista ya se encontraba hospitalizado y con un pronóstico grave. El Partido Popular, a su vez, no se daba por vencido. Siendo fiel a su forma de ser, al principio mintió diciendo a los españoles que había perdido sólo 18.000 de sus votantes y que estos se habían decantado por el Podemos de Pablo Iglesias Turrión. Pero pocas horas después, España supo que no eran 18.000 sinó 180.000 votantes los que abandonaron al Partido Popular y confiaron en Podemos. Y eso no fue todo. De un total de 54 diputados, correspondientes a España en la corte europea, el Partido de Rajoy había perdido 2,5 millones de votantes, lo que equivale a ocho escaños respecto a las europeas de 2009.

El desplome sufrido por el bipartidismo hace pensar que nos encontramos a las puertas de un nuevo ciclo histórico. El capitalismo, con su inseparable socio mercado libre, se encuentran, en estos momentos en graves apuros. La sombra de una gran coalición de la izquierda se cierne sobre la cabeza del neoliberalismo. "Un mundo se marcha, aunque no termina de despedirse, y otro se aproxima, aunque sus velas aún estan lejos de la costa", matiza Juan Carlos Monedero, de 49 años y uno de los fundadores de Podemos.

Luis Serrano es socio de infoLibre