El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

El año 2025 se cerró con un nuevo récord de turistas procedentes del extranjero. Galicia recibió el pasado año 1,89 millones de visitantes de fuera del Estado español, un 3,1% por encima del anterior máximo (2024). Se trata de un aumento moderado, pero que consolida una tendencia al alza en los últimos años, frenada por la pandemia entre 2020 y 2022, pero que retomó los máximos en 2024 y 2025.

El incremento en la llegada de visitantes procedentes del extranjero se apoya, entre otros factores, en el aumento del turismo de cruceros (cerca de un millón de pasajeros anuales, buena parte de ellos de fuera del Estado) y también en el auge de las cifras de los Caminos de Santiago.

Los datos gallegos crecen en paralelo al incremento que se registra en el conjunto del Estado. En 2025 España recibió 96,8 millones de visitantes extranjeros, un 3,2 % más que en el año anterior. En cualquier caso, Galicia sigue siendo un destino minoritario para este tipo de turismo, lejos de los más de 20 millones de Cataluña o de los alrededor de 15 millones de Baleares, Canarias y Andalucía.

Este mismo martes la Xunta destacó que Galicia rondará la cifra total de nueve millones de turistas en el año 2025, un cálculo realizado a partir del dato de 7,3 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros gallegos, publicado hace unos días por el INE, a los que se suman quienes pernoctaron en viviendas de uso turístico. En 2024 la cifra de turistas —internos y externos— fue de unos 8,2 millones y en 2023 había sido de 7,3 millones sobre la base de estos mismos cálculos.

El turismo de residentes en el Estado alcanzó “máximos históricos”, según la Xunta, registrando 6,4 millones de noches, y el turismo internacional se acercó a los 4 millones de noches.

En los datos de 2025 llama la atención un aspecto. A pesar del incremento del número de turistas, el gasto total realizado por estos visitantes disminuyó en relación con el año 2024, pasando de los 2.667 millones de euros a los 2.464.

Un descenso que se explica por una ligera reducción en la duración media de sus viajes (de 8,83 a 8,68 días), pero sobre todo por la caída en el gasto medio realizado por cada turista procedente del extranjero, que pasó de 165 euros por día a 150 euros.

Conviene destacar que los datos de 2024 habían marcado máximos en este indicador: fue el año en el que se alcanzó un mayor gasto por día, un mayor gasto por visitante y un mayor gasto total. Habrá que esperar para ver si el descenso de 2025 supone un cambio de tendencia o si se trata de una caída coyuntural.

"No es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles' en dicho gran hospital". Así, en referencia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un juez desmonta uno de los argumentos con los que la Consellería de Sanidad intentó exculparse de las graves secuelas que sufrió una mujer a causa de un ictus, después de que en el Hospital do Salnés no la derivaran, por una supuesta falta de camas, al de Vigo, donde habría recibido el tratamiento adecuado, y la enviaran al de Santiago, donde no conocían sus antecedentes.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Pontevedra, ahora hecha pública, analiza el caso de una mujer con aneurismas que fue operada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para implantarle dos stent. Al día siguiente de recibir el alta, la mujer acudió a urgencias del Hospital do Salnés. Allí, en lugar de remitirla al hospital de Vigo, la enviaron al de Santiago, donde le retiraron un medicamento antiagregante que tenía prescrito a raíz de la operación previa. Esa retirada le causó un ictus con graves secuelas.

El juez, basándose en varios informes periciales de médicos expertos, considera que, si la mujer hubiera sido atendida en el hospital vigués donde había sido operada, no se le habría retirado la medicación y se habría evitado el ictus que sufrió. Según la sentencia, cuando acudió a urgencias en el Hospital do Salnés "debió ser derivada inmediatamente al Hospital Álvaro Cunqueiro, al tratarse muy probablemente de una complicación postoperatoria". Pero no se hizo, y el juez considera que "no es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles'" en el Álvaro Cunqueiro.

El hospital vigués, dice la sentencia, "dispone de una capacidad total de casi 1.500 camas; su infraestructura está diseñada con la mayoría de sus habitaciones individuales, pero con capacidad para convertirse en dobles cuando la demanda lo requiere, como ocurrió durante picos de urgencias o en la atención a pacientes de COVID-19".

En ese hospital vigués, señala el juez, "no se le habría suspendido la medicación" que tenía prescrita tras la operación anterior. Por el contrario, fue derivada al hospital de Santiago, "en el que no conocían con precisión absoluta su estado previo" y en el que se le retiró la medicación "sin un diagnóstico definitivo de ictus".

Ante estos hechos, que el juez considera "mala praxis", la sentencia condena al Sergas a indemnizar a la mujer con 70.000 euros.

Santiago de Compostela ha recuperado este lunes las dos estatuas románicas atribuidas al Mestre Mateo, el creador del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y que hace más de 70 años, en 1954, Carmen Polo, la mujer del dictador Francisco Franco, decidió llevarse a su residencia de verano, el pazo de Meirás en Sada (A Coruña).

Tras setenta años allí, las figuras han sido trasladadas esta misma jornada desde el pazo de Meirás hasta el Museo do Pobo Galego en dos cajas fabricadas especialmente para este desplazamiento y, a su llegada a la capital gallega, han sido inspeccionadas por los técnicos de Patrimonio en un acto abierto a la prensa.

Tras su recepción e inspección, el próximo día 11 de diciembre las estatuas serán expuestas al público para reivindicar no solo su valor como obras artísticas, sino como ejemplo de “memoria viva e historia colectiva”.

Así lo ha señalado la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, que ha asistido a la recepción y apertura de las cajas en las que llegaron las estatuas.

Para la regidora, este 1 de diciembre es una jornada “feliz” y de “celebración”, ya que supone una victoria contra esa “impunidad” que hasta ahora, cincuenta años después de la muerte del dictador, todavía continuaban teniendo los Franco.

“Que hubiese que esperar tantas décadas para recuperarlas da buena muestra de la impunidad con la que sobrevivió el franquismo entre nosotros”, ha enjuiciado la representante municipal.

La recuperación de las figuras, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, supone que “por primera vez” la familia Franco deba “devolver los bienes incautados” hace décadas.

Desde el Ayuntamiento de Santiago confían en que el “carácter pionero” de esta resolución tenga continuidad y permita que también se recuperen otros bienes, como la Casa Cornide en A Coruña o las pilas bautismales de Moraime, procedentes de Muxía, pero que eran empleadas por la familia Franco como maceteros en el exterior del inmueble de Meirás.

Sanmartín entiende, por tanto, que la vuelta de las figuras al emplazamiento del “que nunca debieron salir” debe suponer un “camino abierto para que luego otros bienes apropiados puedan ser restituidos a sus legítimos propietarios, el pueblo gallego”.

La lucha por recuperar las estatuas arrancó en 2017, con Martiño Noriega (Compostela Aberta) al frente de la alcaldía y tras pasar por varias instancias, finalmente en el verano de este año 2025 el Tribunal Supremo dictaminó que las estatuas eran propiedad del Ayuntamiento de Santiago y no de la familia Franco, como argumentaban los nietos del dictador.

La sentencia del Supremo considera probado que las dos figuras de los profetas Abraham e Isaac son las mismas que el consistorio compostelano adquirió en 1948 por 60.000 pesetas y que, seis años después, el entonces alcalde la ciudad envió al Pazo de Meirás, la residencia de verano del dictador “sin adoptar acuerdo alguno” y “por vía de hecho”, únicamente “movido por el deseo de complacer a la esposa del Jefe del Estado”.

También la Xunta de Galicia dio pasos para recuperar las figuras al declarar como bien de interés cultural (BIC), y por lo tanto de especial protección, nueve esculturas de la desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria, atribuidas al Mestre Mateo, entre las que se encontraban las dos piezas en cuestión.

Ahora, las estatuas medievales de granito de la catedral de Santiago de Compostela permanecerán en el Museo do Pobo Galego -de titularidad municipal- al menos hasta el próximo mes de mayo para que la ciudadanía pueda visitarlas.

Su ubicación definitiva se decidirá en función de las opiniones y recomendaciones de diferentes expertos e historiadores que a lo largo de los próximos meses se reunirán en el Museo, que organizará numerosas actividades relacionadas con la memoria histórica para reivindicar este logro.

Con estas jornadas, el Ayuntamiento de Santiago quiere dar a conocer “la verdad de lo que fue todo este proceso” para que “se conozca y se difunda” con el objetivo de obtener, por fin, “justicia y reparación”.

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha confirmado este jueves que las estatuas del Mestre Mateo, que la familia Franco devolvió al Ayuntamiento compostelano por mandato del Tribunal Supremo, llegarán al Museo do Pobo Galego el próximo 11 de diciembre, informa EFE.

El pasado mes de junio el Tribunal Supremo condenó a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento compostelano las esculturas de Abraham e Isaac, procedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral, al estimar los recursos de casación e infracción penal interpuestos por el consistorio de Santiago.

Actualmente, las piezas se encuentran en el Pazo de Meirás (Sada) y el próximo día 11 de diciembre llegarán a Santiago de Compostela.

La regidora compostelana ha anunciado este acontecimiento en la jornada en la que se cumple medio siglo de la muerte del dictador y ha invitado a la ciudadanía a que se sume al acto de recepción de las estatuas, que volverán “por fin” a la capital gallega.

Para Sanmartín, esa jornada será un día “histórico”, por lo que invita a la ciudadanía a visitar las figuras en un “ejercicio de memoria histórica y de dignidad colectiva”.

Las dos estatuas, inspiradas en los personajes de Abraham e Isaac del Antiguo Testamento, fueron esculpidas por el Maestre Mateo en el siglo XII para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, pero acabaron en el Pazo de Meirás, un palacete del que Franco se apropió, según una sentencia que obligó a los familiares del dictador a devolver ese inmueble al Estado.

El pasado mes de julio, la familia Franco envió una carta al abogado del Ayuntamiento de Santiago para confirmar su intención de cumplir “de manera voluntaria y de manera total” la sentencia del Supremo.

Tras la devolución del Pazo de Meirás al Estado, los herederos de Franco solicitaron formalmente en 2021 a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia retirar de su interior las estatuas y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

Previamente, en 2019 la disputa por las estatuas del Mestre Mateo se resolvió ante la Audiencia Provincial de Madrid a favor de la familia Franco.

Ryanair reducirá su capacidad para este invierno en España en un 16% respecto a la misma temporada del año anterior lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.

La compaña desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá "una catástrofe turística" para la España regional, según el consejero delegado de Ryanair, Eddie Willson.

No obstante, la aerolínea crecerá en otros aeropuertos de mayor tamaño en España, aunque todavía no ha concretado dicho crecimiento y si éste compensará la reducción en los aeropuertos regionales.

La compañía irlandesa reducirá su capacidad en un 41% en los aeropuertos regionales (600.000 asientos) y en un 10% en Canarias (400.000), debido a las tasas aeroportuaria aplicadas por Aena que Ryanair considera "excesivas y poco competitivas", ha detallado este miércoles Willson en una rueda de prensa.

Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir del próximo 1 de enero, a Tenerife Norte desde el inicio del invierno de 2025, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en verano (Valladolid y Jerez) y que permanecerán cerrados durante este invierno.

Además, la aerolínea reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales, destacando el de Zaragoza, donde el recorte es del 45%; Santander, del 38%, y Asturias, del 16%, todos ellos ya afectados por el ajuste llevado a cabo por Ryanair en verano, a los que se suma ahora Vitoria, donde el recorte será del 2% en esta temporada de invierno.

Este verano, Ryanair ha cesado sus operaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Valladolid y ha reducido su oferta en Vigo, en un 61%, Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%).

En cuanto a Canarias, la low cost cancelará 36 conexiones directas con la España regional y el archipiélago, donde además de el cierre de Tenerife Norte, se verán afectados vuelos desde Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Wilson ha subrayado que Ryanair mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero se ve bloqueado por las tarifas "excesivas" de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas en apoyar a los aeropuertos secundarios con capacidad disponible.

En este sentido, ha recordado que la compañía ha presentado al Gobierno varios planes de crecimiento en los aeropuertos regionales -que están en un 64% vacíos, porcentaje que se elevará hasta un 80%, tras el ajuste de Ryanair-, sin recibir respuesta hasta ahora.

De acuerdo con Wilson, mientras que las tasas aeroportuarias están subiendo en España, otros países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia están reduciendo los costes de acceso, especialmente en sus aeropuertos regionales, para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo.

El directivo ha recordado que Ryanair contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España (un 1,8%) e invierte más de 10.000 millones en sus operaciones españolas. Wilson ha insistido que la low cost irlandesa mantiene su compromiso con España, pero no puede "justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas".

Es "sorprendente" que, a pesar de contribuir con 28.000 millones de euros a la economía española y de que uno de cada tres turistas llegue en vuelos de Ryanair, "no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en las zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión", ha agregado. Por ello, ha vuelto a pedir a la CNMC y al Gobierno español que "rechacen estos excesivos aumentos de las tasas y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo".

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario español Aena, Mauricio Lucena, ha calificado este miércoles de "chantaje" la estrategia de Ryanair de reducir un 16% las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las de 2024. "Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo Aena, sino a los contribuyentes españoles", ha denunciado Lucena en unas declaraciones a EFE en Londres.

"El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje", ha reiterado.

Ha recordado que lo que hace Aena es colaborar con los Gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, las entidades de promoción de la economía y del turismo y las diputaciones. Pese a todo, el directivo ha dicho que quiere enviar un mensaje esperanzador, porque a día de hoy en España hay "niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y, particularmente, ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2 % de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año".

"Esto demuestra - a su juicio- que la actividad turística en España sigue boyante y demuestra, sobre todo desde la perspectiva de Aena, que los aeropuertos de Aena tienen las tarifas más competitivas de Europa y que además funcionan muy bien, porque por eso son capaces de atraer constantemente niveles récord de tráfico y de turismo", ha puntualizado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que pedirá un encuentro inmediato con Ryanair y ha subrayado que la legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales.

Una derrota tan tardía como total. El pasado junio, el Tribunal Supremo condenó a los herederos de Francisco Franco a devolver al Concello de Santiago las dos esculturas del Maestro Mateo que, provenientes de la composición original del Pórtico da Gloria de la catedral compostelana, fueron expoliadas por el dictador y su esposa en 1954. El alto tribunal consideró que los dictámenes judiciales previos incurrieron en "errores patentes" y acreditó tanto que "las dos esculturas románicas pertenecen" al consistorio como que el gobierno local las identificó correctamente para reclamarlas en el proceso iniciado en 2017.

La contundente sentencia dejó muy poco margen de maniobra a los Franco, quienes ahora admiten su derrota sin matices. Lo hacen a través de una carta enviada por el abogado de los nietos del general golpista al Concello a través de su representante legal en el proceso, Xoaquín Monteagudo, comunicación a la que Praza.gal tuvo acceso.

El letrado Juan José Aizcorbe, también diputado de Vox en el Congreso, indica que los Franco tienen "voluntad expresa de cumplir de manera voluntaria y total la condena". También de "evitar la apertura de cualquier procedimiento de ejecución forzosa" que, argumenta, provocaría un incremento de las costas procesales, que también están "dispuestos" a pagar sin litigar.

Por esto, informa que las esculturas del Maestro Mateo "están a disposición inmediata del Concello de Santiago" en un lugar al que "tiene acceso" al "estar en posesión de la Administración General del Estado desde diciembre de 2020". Es decir, que siguen en el Pazo de Meirás. En este sentido, "invita" al gobierno local a que "coordine lo antes posible la recogida" y le solicita, además, una "confirmación por escrito de la propuesta de recogida". De no existir, añade, comunicarán al juzgado "nuestra disposición a cumplir".

La alcaldesa de Santiago vivió como "un gran día para el Concello de Santiago y para la sociedad civil" la confirmación de que los Franco "claudican en su batalla por seguir siendo los dueños de estatuas que, evidentemente, no les pertenecen". Además de la celebración, Goretti Sanmartín confirma que ya ha dado "instrucciones internas" para que el consistorio busque "la manera más rápida de traer las estatuas".

El Gobierno local, detalla Sanmartín, se pondrá en contacto tanto con el Gobierno de España como con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta en un contexto en el que, explica, su propósito es "trabajar de la mano de personas expertas" para "buscar el mejor sitio" donde las dos piezas puedan estar "expuestas de forma permanente" y, con ellas, "una explicación que perdure para las generaciones actuales y futuras".

La alcaldesa considera que este es también el momento de "reconocer el trabajo" de "todos los colectivos que llevan años dejándose la piel para hacer realidad que lo que fue expoliado y robado vuelva a lugar de donde no debió salir". En este sentido, trasladó su agradecimiento "singular" a la asociación O Sorriso de Daniel, pero también "a los alcaldes Martiño Noriega y Xosé Sánchez Bugallo" y "al personal del Servicio de Asesoría Jurídica y Patrimonial del Concello".

El 24 de julio de 2013 descarriló en la compostelana curva de Angrois un tren Alvia procedente de Madrid. En el accidente murieron 79 personas y otras 143 resultaron heridas, como consta en los hechos probados de la primera sentencia judicial sobre el siniestro, dictada hace un año con condenas en igualdad de condiciones por homicidio y lesiones por imprudencia para el maquinista del convoy y el entonces jefe de Seguridad de Adif.

Cuando sucedió el siniestro, Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno de España. "Con nosotros los trenes funcionaban", bromeó Rajoy este pasado fin de semana en el congreso del PP, propiciando la indignación de las víctimas de aquel accidente organizadas en la Plataforma Víctimas Alvia 04155. "Hay que tener poca vergüenza", sintetizan.

Rajoy también era presidente cuando, en junio de 2012, Adif autorizó la desconexión a bordo de los Alvia del sistema de control constante de la velocidad ERTMS porque en ocasiones fallaba en otros puntos de la línea, provocando demoras como las que actualmente el PP considera intolerables. Ese sistema estaba previsto también en las vías en todo el trazado de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, pero el proyecto fue modificado y el ERTMS, se suprimió en ese punto aludiendo a razones técnicas. La modificación, clave en la condena del excargo de Adif por "omitir la evaluación del riesgo" de autorizarla, sucedió aún con el PSOE en el Ejecutivo central, pero el gabinete de Rajoy no tomó decisión ninguna para revertirla.

Desde escasas horas después de la tragedia el Gobierno de Rajoy se lanzó a defender con intensidad una verdad oficial sobre lo ocurrido en Angrois: lo sucedido había tenido como única causa un despiste del maquinista. Esa argumentación incorporó declaraciones políticas de tono diverso, pero fue mucho más allá. Incluyó una investigación técnica de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano técnico entonces dependiente del Ministerio de Fomento, que también apuntó en exclusiva contra el conductor.

Las conclusiones de CIAF fueron desmontadas en 2016 en un duro informe de la Agencia Ferroviaria Europea gracias a la cual la dependencia gubernamental de la Comisión fue reformulada. El informe vio la luz a pesar de las acreditadas maniobras del Gobierno de Rajoy ante la Comisión Europea para intentar frenar o, cuando menos dilatar, la difusión y amortiguar su impacto político.

Con todo este telón de fondo, Rajoy aprovechó su discurso en el cónclave que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP para ironizar sobre el sistema ferroviario aprovechando los atrasos y averías de los últimos meses. "Con nosotros los trenes funcionaban y llegaban en hora", afirmó, mientras que ahora "un viaje en tren es una aventura, una rifa; puedes quedar tirado sin salir de la estación o en medio del trayecto", señaló entre risas del público.

"Lo único asegurado es que nadie se va a preocupar de ti, nadie te va a dar una solución y nadie te va a dar una disculpa", continuó mientras el auditorio celebraba una intervención respondida poco después a través de las redes sociales por parte de la principal plataforma de víctimas de Angrois. "Durante su Gobierno ocurrió el accidente de tren más grave de la historia de la democracia" y "trece meses antes, Adif desconectó el sistema de seguridad que lo evitaría", censuraron antes de recordar que "Rajoy ascendió a todos los responsables".

Por parte de aquel Gobierno, agregan, no obtuvieron "ninguna disculpa", pero sí "mentiras, ocultaciones y presiones". Los populares con Rajoy al frente, igualmente, bloquearon sistemáticamente la comisión de investigación sobre el accidente en el Congreso de los Diputados, que después de múltiples intentos acabó abriendo cuando, tras las primarias de 2017 que supusieron la vuelta de Pedro Sánchez al liderazgo, el PSOE cambió de criterio y pasó de bloquear la comisión a apoyar su celebración.

Las consideraciones de Rajoy y el tono en el que las hizo también generaron reproches por parte del BNG. "No tienen vergüenza ni corazón", lamentó su portavoz nacional, Ana Pontón. "Rajoy, Pastor y Feijóo tuvieron un comportamiento vergonzoso con las víctimas de Angrois, empatía cero. Aún recuerdo cuando Feijóo mandó a la policía a la concentración de familiares de las víctimas", resaltó la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, que en el Parlamento Europeo canalizó múltiples iniciativas y reclamaciones de la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha apuntado que, después de el Tribunal Supremo haya condenado a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento las esculturas de Abraham e Isaac, del Mestre Mateo, se estudiará el lugar donde colocarlas pero “la idea clara es que la gente pueda verlas”, según informa EFE.

En declaraciones a los medios de comunicación, la regidora ha explicado que todavía hay muchas decisiones por tomar dado que el fallo se conoció este jueves, por lo que dónde se instalarán las figuras, procedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral que ahora se encuentran en el Pazo de Meirás (Sada), será una cuestión a tratar "con calma con personas especialistas e investigadores”.

“Miraremos cuál es el lugar idóneo para que estén, siempre con una idea clara y es que la gente pueda verlas, porque también es la manera de hacer memoria histórica” y que la ciudadanía “pueda recordar lo que pasó para que nunca más vuelva a suceder”, ha explicado.

Además, Sanmartín ha señalado que la asesoría jurídica debe estudiar la sentencia de la Sala Civil del alto tribunal que ha estimado los recursos de casación e infracción penal interpuestos por el consistorio de Santiago, cinco años después de que recurriese al Supremo. Con todo, la regidora confía en que este sea el final del proceso y las estatuas puedan retornar próximamente a Santiago aunque todavía es “pronto” para fijar fechas.

La alcaldesa ha considerado que la ciudadanía está “muy ilusionada” con el hecho de que “por fin" se ha hecho justicia con una decisión que se suma a la recuperación del Pazo de Meirás. Y ha dicho que, en esta materia, todavía hay que "seguir adelante” porque aún quedan “algunos espacios por recuperar”, como la Casa Cornide de A Coruña, donde el Ayuntamiento coruñés también ha dado los primeros pasos para intentar devolver el inmueble al patrimonio público.

El Tribunal Supremo ha condenado a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago de Compostela las esculturas de Abraham e Isaac, procedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana. La Sala Civil del alto tribunal ha estimado los recursos de casación e infracción penal interpuestos por el consistorio de la capital gallega, cinco años después de que recurrieran al alto tribunal.

Las dos estatuas, inspiradas en los personajes de Abraham e Isaac del Antiguo Testamento, fueron esculpidas por el Maestre Mateo en el siglo XII para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, pero acabaron en el Pazo de Meirás, un palacete del que Franco se apropió, según una sentencia que obligó a los familiares del dictador a devolver ese inmueble al Estado.

Los Franco sostienen que son los legítimos propietarios de las piezas porque fueron compradas a un particular a través de un anticuario, sin que, a su juicio, el Ayuntamiento haya probado que sigue siendo el dueño. El Consistorio se remite a un escrito ante notario del 4 de junio de 1948 por el que el Ayuntamiento compró al conde de Ximonde tres estatuas -dos de ellas, las que son objeto de este enfrentamiento- por 60.000 pesetas, con una cláusula que establecía que las piezas debían estar siempre en el patrimonio artístico municipal por imposición del conde.

Sin embargo, el Ayuntamiento explica que en 1954 las estatuas fueron llevadas al pazo de Meirás de la familia Franco, en el municipio de Sada (A Coruña), como un regalo del entonces alcalde, sin acuerdo municipal alguno y de una forma "oculta, clandestina y delictiva".

Hasta la fecha, la Justicia había respaldado a los Franco en esta cuestión con dos sentencias a su favor, una primera dictada por el Juzgado de primera instancia número 41 de Madrid que fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que las estatuas no estaban adecuadamente identificados.

Pero ahora, el Supremo da la razón al Ayuntamiento al considerar que se ha producido "un error patente en la valoración de la prueba" porque "la identificación de las estatuas reivindicadas como las que están en poder de los demandados es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido sin posibilidad de duda".

Es más, destaca que las únicas estatuas que se corresponden con las descritas en los informes del expediente administrativo previo a la compra, la escritura de compraventa y un articulo cuyo autor pudo examinarlas cuando estaban en poder del conde de Ximonde antes de la venta al Ayuntamiento de Santiago, "son las que se encuentran en poder de los demandados y son reivindicadas en la demanda".

Para el Supremo, es "un hecho no discutido que el Ayuntamiento no tiene en su poder tales estatuas", por tanto "la falta de documentación sobre una cesión solo prueba que la pérdida de la posesión de las estatuas por parte del Ayuntamiento se produjo por una vía de hecho y no mediante una actuación administrativa reglada".

Miles de personas han marchado en Santiago de Compostela para demandar "más recursos para que la sanidad pública gallega tenga la calidad" que merecen los pacientes, según informa EFE.

Manuel Martín, portavoz de la plataforma que ha promovido la manifestación, SOS Sanidade Pública, ha afirmado que la respuesta social refleja "el malestar y rechazo de la población a la situación de la sanidad pública" por una "atención primaria desmantelada, inaccesible y con tiempos de espera superiores a una media de siete días", así como una atención hospitalaria que "no funciona como debe".

Bajo el lema 'Máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública', la marcha ha transcurrido entre la Alameda y la Plaza del Obradoiro y los asistentes han coreado consignas para expresar su rechazo a las privatizaciones, pedir "más recursos y menos discursos", demandar más personal en los centros de salud y no dar "ni un paso atrás" en sus reivindicaciones. 

Ante la Catedral de Santiago han procedido a la lectura de un comunicado en el que han trasladado que "una vez más el pueblo gallego" ha respondido a su llamamiento para "manifestar masivamente el rechazo a la política de recortes, deterioro y desmantelamiento" del Sistema Sanitario Público de Galicia. 

En Atención Primaria exigen centros de salud dotados de personal suficiente de todas las categorías, bien equipados y accesibles en 24-48 horas como máximo.

Garantizar la presencia de especialistas de pediatría en esos centros y reforzar la capacidad de la Atención Primaria para dar respuesta a los problemas de salud mental, con la presencia de la psicología clínica, son otras de sus demandas. 

Sobre Atención Hospitalaria, han denunciado "la situación de precariedad" en los hospitales públicos.

Han criticado que "mientras se debilitan los recursos públicos, desde la Consellería de Sanidad se incrementa la derivación de pacientes a la sanidad privada, para pruebas o para operaciones, y se mantienen contratos con hospitales privados" como el Ribera-Povisa de Vigo. 

Asimismo han asegurado que la Xunta "oculta y manipula" las listas de espera y han reclamado "un verdadero plan de choque para hacerles frente con más recursos".

Desde la plataforma han hecho hincapié en la atención a los problemas de salud mental y han denunciado "la situación de abandono y marginación" que incrementa el "sufrimiento" de los pacientes, por lo que han instado a "reforzar las unidades de salud mental tanto de adultos como infanto-juvenil".

Han exigido además el incremento del presupuesto sanitario publico con la elaboración de un Plan Gallego de Salud que sea participativo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que en la manifestación han participado los del "sí a la sanidad pública frente al Partido Popular del no a la salud de los gallegos", que dice no a mejorar la atención primaria, a una reforma que permita tener equipos interdisciplinares, o a atender los problemas de salud mental.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha indicado que "con la gestión del Partido Popular, cada recorte que se hace en la sanidad pública va directamente al bolsillo de la sanidad privada".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el convenio entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Universidad de Santiago de Compostela (Grupo Histagra-CISPAC) para la elaboración del censo estatal de víctimas, cuyo presupuesto asciende a 490.052 euros. El proyecto común consistirá en la elaboración de un censo estatal de víctimas mortales del golpe de Estado de 1936, la guerra civil (1936-1939) y la dictadura posterior, según recoge EFE.

Este proyecto también contribuye a la apertura de nuevas líneas de investigación respaldadas documentalmente para fomentar un mayor conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido durante la guerra del 36 y la posterior dictadura, según indica el documento. Además, a partir de esta documentación podrían desarrollarse en el futuro trabajos académicos, tesis doctorales, así como la presentación de resultados en seminarios y congresos de alcance nacional e internacional difundiendo de este modo la memoria democrática.

Los datos obtenidos se guardarán en la herramienta 'Dédalo', que constituirá la base de datos oficial del Censo de Víctimas de la Guerra de España y la dictadura. La propiedad de los resultados obtenidos, así como su uso, será compartido por ambas partes de común acuerdo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha elegido al departamento de la USC para esta encomienda al destacar a Histagra como “un grupo de investigación reconocido por su labor en el campo de la historia contemporánea, que tiene entre sus objetivos la investigación histórica, el estudio del pasado contemporáneo y la divulgación de la memoria histórica y democrática”.

El pasado 26 de julio, el Poder Judicial hizo pública la sentencia del Juzgado Penal 2 de Santiago que condenó al mismo nivel al conductor del tren Alvia que descarriló en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Sin embargo, 70 días después la sentencia aún no ha sido notificada formalmente personalmente al segundo, requisito para que empiecen a contar los plazos para que todas las partes implicadas formulen sus recursos ya anunciados.

Los acusados ​​en un juicio penal deben proporcionar al tribunal una dirección donde puedan recibir personalmente la sentencia. No basta con notificar a los abogados , sino que la notificación de un condenado debe ser personal. Garzón, el maquinista del tren, ya ha recibido la notificación en su domicilio, pero Cortabitarte, ex responsable de Adif, dejó como dirección una oficina donde no pudo ser localizado y no su domicilio, algo que varias fuentes judiciales consideran que no es lo habitual.

Ahora, ante el retraso por la falta de notificación personal, el juzgado de Santiago ha lanzado un "nuevo exhorto" al juzgado decano de Madrid para que intente nuevamente la "notificación personal" de la sentencia a Cortabitarte. Fuentes judiciales señalan que si el condenado continúa sin ser avisado, el juzgado podría pedir a la policía que le localice. Mientras esto no suceda, el resto de partes involucradas en el caso siguen pendientes que se cumplan los plazos para poder formular sus recursos.

Puedes leer el artículo completo en Praza.gal.

Abrazos de familiares y una alegría agridulce en el recibimiento de los cuatro supervivientes gallegos del naufragio, el pasado lunes, del pesquero 'Argos Georgia' en aguas de Malvinas a su llegada a Santiago de Compostela, según informa Europa Press.

A las 13.00 horas de este domingo, el avión medicalizado, fletado por el Ministerio de Defensa para repatriar a las víctimas, tomó tierra en la zona militar del aeropuerto de Lavacolla, en la capital gallega.

Según ha informado Defensa, durante el vuelo los supervivientes han estado acompañados por el personal de la Unidad Médica de Aeroevacuación.

Tras el vuelo, la espera en tierra se hizo más larga, si cabe, y es que el avión estuvo 40 minutos en la pista hasta que los supervivientes fueron trasladados en una furgoneta hasta el lugar donde estaban sus familiares.

A las 13.45 horas se producía el primer abrazo y el recibimiento por parte de los familiares y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del alcalde de Ribeira (A Coruña), Luis Pérez, entre otras autoridades.

Las primeras en abandonar la base militar han sido las dos ambulancias que permanecieron a la espera de la llegada del avión militar. Así, dos de los supervivientes, según ha informado el Delegado del Gobierno, fueron trasladados para recibir asistencia médica.

Poco a poco, la comitiva política y los familiares abandonaron el aeródromo militar, siendo el último en salir uno de los supervivientes que, previamente, ha estado hablando con Pedro Blanco y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.

La aeronave, que partió del aeropuerto de Stanley sobre las 21,00 horas (hora española), continuará su ruta hacia el aeródromo de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para llevar, según fuentes de la Delegación de Gobierno, al resto de los supervivientes, excepto al uruguayo.

Mientras tanto, los cadáveres de los marineros fallecidos serán trasladados a Oxfordshire, en Inglaterra, para que se les realicen las autopsias, en cumplimiento de los protocolos exigidos por las autoridades británicas.

De los cuatro supervivientes gallegos, tres de ellos son de Ribeira y uno de Pontevedra. De los fallecidos notificados, uno es de Vigo y otro de Baiona (Pontevedra). Además, los dos desparecidos gallegos son de Noia y de Ribeira.

Asimismo, al igual que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social 'X', Blanco ha ensalzado el trabajo del Gobierno y la coordinación de los Ministerios de Defensa, Exteriores, Pesca y Transportes para llevar a cabo el operativo.

También, ha agradecido el esfuerzo del Ejército del Aire y de Unidad Médica de Aeroevacuación, así como la colaboración mostrada "en todo momento" por la Xunta.

Las cifras sin encarnar a menudo pasan por sólo números, pero en España hay ya un total de 351.389 viviendas turísticas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), algunas de las cuales están perforando convivencias vecinales. En ese contexto, el Gobierno estudia modificar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el veto a los pisos destinados a ese fin en las comunidades de propietarios, dándole a éstas "más herramientas". Lo ha confirmado estos días la ministra de esa materia y de Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien se ha agarrado a sentencias del Tribunal Supremo (TS) ligadas a dos vecindarios, uno de Oviedo (Asturias) y otro de San Sebastián (País Vasco), que ordenaron el cese del alquiler turístico en varios apartamentos, al fijar que son una actividad económica y tener las comunidades prohibida éstas en los estatutos.

Desde el ministerio apuntan que se trata de "empoderar" a las juntas de las comunidades de vecinos con el fin de que “puedan prohibir los pisos turísticos”. De momento, no se han marcado un plazo para llevar a cabo el cambio legislativo, ni hay una propuesta pulida todavía sobre la mesa, aunque las fuentes sondeadas no descartan que se produzca un nuevo “cambio de mayorías". ¿A qué se refieren?  "Ya se tocó la Ley de Propiedad Horizontal en 2019 para rebajar de la unanimidad a las tres quintas partes el acuerdo de los propietarios necesario" para frenar la actividad turística, "pero tienen que ser ellos los que tomen la iniciativa", explica Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico creada en Madrid.

Con la norma en vigor en la mano el proceso no es sencillo: en muchos casos, "hay que empezar por crear unos estatutos porque muchas comunidades no tienen. Esto se tiene que aprobar en junta con mayoría de tres quintos y ha de estar antes en la convocatoria contemplado como punto del orden del día. Luego, hay que notificar a todos los que no estén presentes ni representados en la reunión el acuerdo y darles un mes para votar a favor o en contra", detalla Sara Pernas, asesora jurídica de la Oficina. Y sigue: "Transcurrido ese plazo, se revisa la mayoría y el administrador o el presidente recogen en un certificado lo hecho y se aprueba el texto a inscribir en los estatutos. Esto se lleva a la notaría, que eleva eso a escritura pública, la cual habrá que inscribir en el Registro de la Propiedad". Completados todos esos pasos, "ya no se podría ejercer esa actividad".

Pero han detectado varios "problemas" a solventar en ese camino: "Conlleva un coste que no siempre se puede asumir y oscila entre los 2.000 y los más de 3.000 euros, dependiendo de los cálculos que haga el Registro conforme al número de viviendas, el valor catastral… y la prohibición no es retroactiva. Los que estaban operando, pueden seguir con su actividad", indica Rey. Pernas, de su lado, señala que en los estatutos sólo se puede reflejar la literalidad de la ley, que alude a la renta de viviendas enteras, y los propietarios de éstas recurren a un "truco": aducen que "alquilan el piso por habitaciones y que tienen licencia, que para ellos es estar en el registro de la Comunidad de Madrid de turismo". "Es verdad que fue un avance bajar de unanimidad a tres quintos, pero el texto es muy limitado", remata, deslizando una posible vía de reforma para el ministerio.

Rey suma otras dos sugerencias: "Queremos -y así se lo han trasladado a Vivienda- que se pueda actuar antes y no después, que cualquier persona que vaya a montar una vivienda de uso turístico, tenga que pedir permiso a la comunidad de propietarios y que ésta le dé autorización o no para hacerlo". Junto a esto, abogan por que se marque "un plazo determinado" renovable para la actividad y recomiendan a las comunidades de vecinos que muevan ficha, aunque suponga tener que invertir "algún dinero", porque no hacerlo, "a la larga, puede salir más caro".

A la espera de conocer el plan del Gobierno, que tendrá que ser respaldado en el Congreso, el director de investigación sobre vivienda en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, cree que “todo lo que sea caminar en la dirección de recuperar las viviendas desviadas al mercado turístico es bueno”, si bien avisa de que “este tipo de propuestas tienen muchos límites y problemas”. Los expone: “El primero es delegar en los residentes una cuestión que debería ser regulada directamente por la administración. A la hora de la verdad, esto supone dejar el problema en manos de las comunidades de propietarios, cuando la desviación de pisos al mercado turístico" es un elemento "sistémico", que "genera escasez artificial, aumenta precios y destruye el tejido vecinal", y que, a su juicio, "debe ser abordado como tal".

En segundo lugar, Palomera pone el acento en que “aquellos edificios en manos de multi propietarios y grandes propietarios, por lo tanto mayoría de la comunidad, donde los residentes son inquilinos, los pisos turísticos van a seguir operando aunque sea un dolor de cabeza para los vecinos y genere los efectos antes citados”. A su entender, “el camino a recorrer es el que ha iniciado el gobierno de la Generalitat de Cataluña", que "en enero aprobó una ley", en virtud de la cual "todos los pisos turísticos en municipios donde no se están garantizando las necesidades habitacionales de los residentes, dejarán de serlo dentro de cinco años, aunque cuenten con una licencia turística". "Si tanto preocupa la oferta, lo primero que hay que hacer es dar uso residencial a toda aquella que está siendo desviada a usos anómalos, como el turístico”, concluye. 

Para Gabriel Escarrer, presidente de la patronal turística Exceltur, la alteración de la norma estatal puede ser eficaz, si bien advierte de que "son medidas puntuales que no terminan de coger el toro por los cuernos". "Ayudan a contener el problema, pero definitivamente no a definir el modelo de turismo que queremos", sostiene Escarrer, quien insta a controlar "el desmadre que ha habido" en el país con los pisos turísticos, según recoge Ep.

El de las viviendas turísticas es un fenómeno con muchas aristas aún por limar. La propia Rodríguez ha admitido que está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, ha elevado el precio de los alquileres y limita la oferta. Los ayuntamientos están actuando de formas diferentes en distintos puntos de España. El de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, recuperará 10.000 viviendas turísticas de la ciudad en noviembre de 2028 para destinarlas a uso residencial aplicando un decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula esas edificaciones. El objetivo del consistorio es que a partir de 2029 desaparezca esa figura y dejen de estar operativos.

En Madrid, el equipo que capitanea el popular José Luis Rodríguez-Almeida ha decidido suspender la concesión de licencias en la capital, mientras trabaja en la elaboración, tramitación y aprobación de una variación del Plan General, lo que, estiman, se prolongará hasta el primer trimestre de 2025. La oposición reprocha al Gobierno local que no haga nada contra los miles de pisos turísticos ilegales que salpican Madrid, pese a haber anunciado que se endurecerían las multas, y desde el consistorio abogan por mantener un "equilibrio" entre el derecho de los vecinos al descanso y la actividad económica. 

En Santiago, en Galicia, seis concejales del PSOE desobedecieron la orden directa de la cúpula municipal del partido y votaron a favor de una ordenanza sobre pisos turísticos que ponía el broche a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) impulsada por el gobierno socialista durante el pasado mandato y permitirá abordar esta problemática. 

Si se mira hacia Andalucía, mientras en Granada se va a utilizar un decreto del Gobierno andaluz para frenar los pisos turísticos, el Ejecutivo local de Sevilla, siendo del mismo signo político, del PP, ve “imposible” esa senda para lograr la moratoria total que reclama la oposición para no aprobar nuevas licencias de viviendas turísticas hasta que se alcance una posición definitiva. Por ahora no hay acuerdo.

Y en Málaga, ciudad que lidera con un 70%, junto a Barcelona, la ocupación de estos pisos para la actual temporada de verano, seguidas de Valencia (67%) y Madrid (38%), según datos de GuestReady; el ayuntamiento va a limitar el registro de más viviendas para acoger visitantes en la ciudad. Se hará gracias a una ordenanza que regulará la zonificación en las áreas y barrios más saturados y que establecerá condiciones que no podrán saltarse las viviendas turísticas como puntos "de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio", o instalaciones generales "autónomas" de luz, agua, teléfono, etcétera.

En Palma de Mallorca, un enclave en el que se comercializan más de un millar de pisos para turistas, según el INE, pese a que las legales no alcanzan las 640, también se han dado pasos para frenarlos y alcalde, el popular Jaime Martínez, ha anunciado recientemente su intención de prohibir nuevas licencias, aunque su socio de gobierno, Vox, se ha revuelto.

Fuentes del Ministerio de Vivienda insisten en que “hay que poner todo sobre la mesa” a tres bandas, Estado, comunidad y ayuntamientos, y “reaccionar” ante un “asunto complejo” porque “es lo que está demandando la sociedad”. Y, sin abandonar el Ejecutivo de coalición, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha animado a las ciudades del mapa nacional a sumarse a la investigación que han puesto en marcha este mes de junio sobre los anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas ilegales, al entender los barrios que las conforman "como centros comunitarios y vecinales", lo que es "un modelo incompatible con la especulación" y el turismo descontrolado. El Gobierno avanza en un sentido, pero las distintas fuentes sondeadas son rotundas: "Queda mucho por hacer y vamos tarde", abrochan.

Escaladores de Greenpeace han desplegado en la balconada del museo de la catedral de Santiago una pancarta contra el proyecto de fábrica de fibras textiles que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). Ante la mira de los turistas que han visitado el Obradoiro, la pancarta, bajo el lema "Altri Non", la han colgado en el edificio que se sitúa enfrente a la sede de la presidencia de la Xunta, en el Pazo de Raxoi, según informa Europa Press.

La acción también ha sido apoyada desde la propia plaza por activistas de Ecoloxistas en Acción que han portado una pancarta en la que se ha podido leer "Por una tierra viva. Altri Non".

El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manuel Santos, ha calificado el proyecto como "una bomba ecológica en el corazón de Galicia" y, por lo tanto, "no debería suceder". "Estamos luchando para impedir que esta barbaridad, que es absolutamente injusta, tanto desde el punto de vista social como ambiental y económica para Galicia, y no es en absoluto necesaria", ha esgrimido Santos.

Esta ha sido otra de las protestas que, por mar y tierra, llevan a cabo diferentes colectivos para protestar contra Altri. De esta forma, Manuel Santos ha recordado que este domingo a las 12 horas rodearán la Xunta de Galicia, en Santiago.

La Fiscalía ha archivado la denuncia de la madre que pidió paralizar, a través de Abogados Cristianos, la prestación de la eutanasia solicitada por su hija, una mujer de 54 años que padece esclerosis múltiple, en el área sanitaria de Santiago.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha recibido en la mañana de este martes la documentación del Ministerio público con el archivo del caso por lo que el procedimiento continuará de acuerdo a lo establecido en la Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia.

En concreto, la eutanasia estaba programada para el pasado día 2 de noviembre, pero los profesionales sanitarios no pudieron acceder al domicilio, al no abrirles la madre de la mujer. Tras ello, tal y como informó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comeseñala, la Xunta remitió el caso a la Fiscalía.

La mujer solicitó que se le practicase la eutanasia y la comisión que la evaluó sostuvo, entre otras cuestiones, que padecía dolores insoportables. Con todo, la madre, tal y como señaló Abogados Cristianos, negó este aspecto al señalar que no se ajusta a la verdad.

Tras conocerse el caso, el titular de Sanidade señaló que "hay que respetar la voluntad del paciente, también el trabajo de los profesionales y ser sensibles a la opinión del familiar". Además, subrayó que en Galicia la ley de eutanasia "se cumple al pie de la letra" y que este caso "cumple con todas las garantías que la ley establece".

El caso ha durado "mucho tiempo". Así lo admitió por escrito el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y puede ser un atenuante que rebaje la pena a quien resulte condenado por las 80 muertes del accidente de Angrois, por el que están acusados el maquinista del tren y un exdirector de seguridad de Adif. Fueron siete años de instrucción, dos de preparación para el juicio y ahora, en este décimo aniversario del siniestro, diez meses de vista oral aun no finalizada. Está previsto que lo haga este jueves 27 de julio, con la intervención final de las defensas de los dos acusados. Y después la jueza aún tendrá que emitir su sentencia, previsiblemente ya en otoño.

Para que diez años después de aquel 24 de julio de 2013 aún no haya fecha para la sentencia hay varias explicaciones. Por un lado, frente a las promesas iniciales de la de entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, Adif y Renfe ocultaron o demoraron diversa documentación en varios momentos de la instrucción. Pero también el sistema judicial fue la causa de diversos retrasos que podrían llevar la jueza a tenerlas en cuenta en su sentencia como atenuante por dilaciones indebidas, que junto con la de reparación del daño moral y económico y, en el caso del maquinista, la de confesión, aparecen como las más directamente aplicables a este caso.

El atenuante de dilaciones indebidas se aplica cuándo estas no son responsabilidad de los inculpados ni guardan “proporción con la complejidad de la causa”. Y este caso es complejo, pero se registraron unos cuantos retrasos que no se debieron a eso.

Las dilaciones en la instrucción del accidente comenzaron ya en la designación de los peritos judiciales encargados de analizar el siniestro. Tardaron medio año en comenzar a trabajar porque dos de los inicialmente elegidos por el juez por sorteo entre los mejores profesionales facilitados por los colegios de ingeniería fueron sustituidos por la Xunta por dos funcionarios suyos sin experiencia previa en materia ferroviaria. Unos peritos que el Gobierno gallego eligió a dedo, según reveló el pasado enero Plaza.gal.

Posteriormente uno de los peritos impuestos por la Xunta plagiaría partes de su peritaje de la investigación oficial de Fomento que hacía responsable solo al maquinista, invalidada después por la Unión Europea. Y los otros peritos tuvieron que pedir en varias ocasiones al juez que les ayudara a reclamar a varias empresas públicas y privadas documentos que no les estaban facilitando. Esos peritajes no estarían finalizados hasta febrero de 2015.

Mientras tanto, un año después del siniestro, el primer juez instructor, Luis Aláez, obtuvo un cambio de juzgado y un nuevo magistrado, Andrés Lago Rubio, tuvo que tomarse varias semanas para hacerse con un sumario que ya entonces acumulaba más de 40 tomos –en 2017 también cambiaría el fiscal del caso–. El nuevo instructor propondría en octubre de 2015 el cierre de la investigación con el maquinista cómo único acusado, decisión que revocó la Audiencia de A Coruña más de siete meses después, obligándolo a investigar mejor diversas cuestiones.

Los nuevos peritajes que encargó el instructor llegaron al juzgado en febrero de 2017, pero los peritos no fueron llamados a ratificarlas verbalmente hasta julio, cinco meses más tarde.

Y ese mismo 2017 se  registraría uno de los retrasos más claramente atribuibles al funcionamiento de la Justicia y no a la complejidad del caso. En junio el juez decidió pedir un informe a la Agencia Ferroviaria de la UE, pero el juzgado se confundió de dirección y envió su petición a la estación de tren de Valenciennes (Francia) en vez de a la sede de la agencia europea en otra calle de esa misma ciudad. La petición tardaría cinco meses en llegar al ente comunitario, que elaboró su informe en dos meses y lo entregó en enero de 2018 al sistema judicial francés para que lo remitiera al español. Sin embargo, no fue hasta junio que el juez de Santiago informó a las partes de que ese informe aún no le había llegado. En ese momento, la plataforma de víctimas y el BNG se movilizaron y obtuvieron el documento en solo dos días. Pero el resultado final fue que un informe que la agencia europea tardó dos meses en elaborar se demoró un año entre que el juzgado lo pidió y lo recibió, esto es, diez meses de demora.

Mientras se esperaba por el informe, tampoco se avanzó mucho en otras derivadas del caso. A comienzos de 2018 una huelga del personal de la administración de Justicia provocaría nuevas demoras, esta vez de cuatro meses, en las declaraciones de varios imputados, testigos y peritos. 

Finalmente, el instructor daría por finalizada la investigación en diciembre de 2018 con el maquinista y el exdirector de Seguridad de Adif como únicos acusados, el primero por no frenar a tiempo despistado por una llamada que había recibido del interventor del tren, y el segundo por no analizar y reducir correctamente los riesgos previsibles de un error humano que había en la curva de Angrois. Una decisión que aún tendría que ser ratificada por la Audiencia de A Coruña, que fijó como fecha para pronunciarse diez meses más tarde, en octubre de 2019. Pero por medio apareció un supuesto defecto en el tren no analizado previamente que, con la llegada de la pandemia, no sería descartado hasta octubre de 2020, después de que el instructor tardara cinco meses en citar siquiera a declarar a las personas implicadas.

Después, la Audiencia aún tardaría otros seis meses en ratificar, en abril de 2021, el nuevo y definitivo cierre de la instrucción y la apertura del juicio. Pero este no comenzaría hasta año y medio más tarde, en octubre de 2022, una demora no atribuible solo a la complejidad de organizar una vista oral con tantas partes implicadas. Porque el retraso de la Xunta, encargada de esa logística, en decirle al juzgado dónde se celebraría el juicio llevó a este mismo a emitir una diligencia advirtiendo de que el proceso estaba “paralizado”.

Además de estas demoras, durante la instrucción los propios magistrados implicados en la causa, tanto los instructores como los de la Audiencia de A Coruña que supervisó el proceso, cometieron en varias ocasiones errores en sus autos al citar normativa ferroviaria o nombres que ellos mismos acabarían corrigiendo posteriormente en nuevos escritos días, semanas o incluso meses después.

Pero las demoras no son solo atribuibles al funcionamiento del sistema judicial sino también a las dificultades puestas por Adif y Renfe. Tras el descarrilamiento, la entonces ministra Ana Pastor prometió toda la colaboración con la justicia, llamamiento que reiteró solo unas semanas después, tras las iniciales reticencias de Adif a informar al juzgado de los nombres y cargos de los responsables de su departamento de seguridad. 

En diciembre, el propio juzgado reprochaba a Adif que no lo informara como le pedía de los criterios que había seguido para no señalizar mejor la curva de Angrois. Y en aquel mismo diciembre de 2013 también la dirección de Renfe, tras ser conocedora de que un año y medio antes del siniestro un maquinista ya había alertado por escrito del riesgo de un accidente cómo lo que acabó ocurriendo, no informó de esos hechos al juez hasta que los desveló el abogado del conductor del Alvia más de un mes más tarde, en enero de 2014. El argumento que dio la empresa pública cuando el instructor se enteró y le exigió que en menos de tres días le comunicara lo que sabía fue que durante ese tiempo había estado haciendo una investigación interna. Según el juez, Renfe había tenido “tiempo más que de sobra”.

También en enero de 2014 Adif entregó al juez un listado con los 324 viajes de pruebas realizadas antes de la puesta en servicio comercial de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro. Pero ni facilitó todos los datos que había reclamado el juez sobre esos viajes ni aparecían en el listado dos visitas, en ambos sentidos, realizadas ocho días antes de la inauguración para mostrar la línea a los periodistas.

En febrero de ese mismo año Adif informó al juez de que no conservaba en sus archivos un documento de 1991 que el instructor le reclamaba. Y en marzo la Abogacía del Estado, que actúa en la causa judicial en defensa de Adif, acusó al instructor de pretender una “inquisición general” del sistema ferroviario y recurrió para no tener que entregarle documentación que este le había reclamado. Tuvo que acabar facilitándosela varios días después.

Un año más tarde, en febrero de 2015, Renfe sería apercibida “de desobediencia” por el juez después de siete meses sin recibir información que le había pedido ya en dos ocasiones sobre las pruebas psicofísicas que había debido pasar el maquinista del Alvia. Otro año después, en mayo de 2016, en el auto con el que la Audiencia de A Coruña pidió al juez que siguiera investigando el caso y averiguara en particular como se había hecho el análisis de riesgos de la curva de Angrois, el tribunal destacaba que “no toda la documentación relativa a la gestión de riesgos ha sido aportada” a la causa por parte de Adif. Aquella investigación sobre el análisis y gestión de riesgos acabó derivando en la acusación contra el exdirector de Adif.

En octubre de 2016, más de tres años después del accidente, la propia Adif entregaba en el juzgado “documentos relevantes”, como los calificaba ella misma, de los que decía que “había omitido por error” durante todo aquel tiempo. Posteriormente aún tendrían que ser las víctimas y el abogado del maquinista los que, en enero de 2018, presentaran en el juzgado actas internas de Adif no facilitadas antes por la empresa pública en las que varios cargos debatían sobre la necesidad o no de evaluar mejor los riesgos de la curva de Angrois.

Y en enero del pasado año Plaza.gal desvelaba las maniobras desplegadas en 2016 por el ministerio ante la UE para que esta no hiciera público o cuando menos demorara un informe sobre lo accidente que incidía en la responsabilidad de Adif. Unas maniobras en las que participó la propia ministra Pastor con una carta personal dirigida a la comisaria europea de Transportes. La misma ministra que tras el accidente había prometido la máxima colaboración de la Administración con la Justicia.

Aquí puedes leer el texto en gallego.

Para el fiscal, el único culpable fue el maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor, pero para las asociaciones de víctimas el cargo de Adif acusado también fue responsable del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago) por no habilitar medidas de seguridad.

Tras la argumentación con la que el fiscal del caso intentó justificar su cambio de postura para dejar de acusar al exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, al mismo nivel que el maquinista, Francisco José Garzón, también ofrecieron este miércoles las dos asociaciones de víctimas del accidente sus argumentaciones contrarias. Ambos abogados coincidieron en pedir a la jueza que dé más valor a los peritajes independientes, que durante el juicio constataron diversos incumplimientos de Adif, que a las conclusiones del fiscal para avalar el giro de su postura. También ambos coincidieron en atribuir la rectificación del fiscal a las órdenes de sus superiores en el Ministerio Público.

Durante el juicio, los peritos de parte avalaron unas y otras posturas, discrepancias que también mostraron los tres expertos designados en su momento por el juez de instrucción. Dos de ellos apuntaron las responsabilidades de Adif o de su cargo acusado por no habilitar medidas para paliar el error humano previsible que cometió el conductor del Alvia. En la misma línea se pronunció también un experto de la Agencia Ferroviaria Europea, cuya independencia no fue puesta en duda por ninguna de las partes. Por el contrario, un tercer perito judicial, elegido por la Xunta, aseguró que Adif actuó conforme a la normativa. A los peritos más independientes, frente a los de dudosa adscripción, se refirieron este miércoles los abogados de las dos asociaciones de víctimas para intentar convencer a la jueza de sus posturas.

El letrado de la asociación más activa en la investigación de las causas del accidente, la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Manuel Alonso Ferrezuelo, comenzó su intervención señalando que "no hay dudas sobre la responsabilidad que tiene" el maquinista por atender la llamada que le despistó en un momento en el que tenía que empezar a frenar antes de la curva de Angrois, de la que él mismo dijo que había alertado de su peligrosidad.

Pero el abogado también dijo que "el accidente no se habría producido sin la participación de uno y otro", refiriéndose también a Cortabitarte. Un responsable de Adif del que dijo que sólo fue resultó exculpado durante la vista oral por peritos o testigos que tenían algún tipo de vinculación con Adif o con el sistema ferroviario español, frente a los peritos independientes que le atribuyeron incumplimientos normativos en materia de seguridad.

Más allá de los peritajes, Alonso Ferrezuelo puso el foco en que Cortabitarte firmó de su propio puño y letra la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago a pesar de su obvia falta de seguridad y que después autorizó la desconexión a bordo del Alvia del sistema de control constante de la velocidad, el sistema ERTMS.

Al final de su intervención, el abogado de la plataforma se refirió al cambio de postura del fiscal: "Todos sabemos a quién representa realmente el ministerio fiscal", dijo, en referencia a los intereses comunes con la Abogacía del Estado. Y este mismo miércoles, mientras su abogado intervenía en el juicio, la plataforma de víctimas emitió un comunicado en el que atribuye el cambio de postura del fiscal a "una llamada corporativa de su jefe", en referencia a la Fiscalía General del Estado, encabezada por el gallego Álvaro García Ortiz, designado por el Gobierno de España. Una actuación de la Fiscalía que la plataforma enmarca en las actuaciones de la "maquinaria del Estado" desde que ocurrió el accidente, cuando se puso el foco en el maquinista, y después cuando influyó en las investigaciones de diversas maneras, incluso al más alto nivel del Gobierno.

Por su parte, el abogado de la Asociación de Afectados por el Accidente de Santiago (Apafas), Javier González, comenzó su intervención final en el juicio diciendo que solo entiende el cambio de postura del fiscal por obediencia jerárquica ante la Fiscalía General del Estado. "Tan solo entendemos esa decisión dentro del ámbito de la jerarquización que ampara la carrera fiscal", dijo. Y se preguntó qué pruebas aportadas en el juicio avalan a la Fiscalía "que Adif analizó el riesgo de la curva de Angrois".

González coincide con la Fiscalía en que el maquinista es culpable de desentender la conducción, pero "no compartimos que la causa eficiente del accidente sea la llamada" telefónica que recibió. Para el abogado es "un auténtico insulto que se diga por el señor Cortabitarte que la curva era cien por cien segura" cuando el accidente con 80 muertos demostró que no lo era. 

El representante de Apafas se centró en que Cortabitarte no realizó ningún análisis de riesgo de la curva de Angrois y tampoco analizó el riesgo que suponía su autorización a Renfe para desconectar el sistema de control de velocidad ERTMS a bordo del Alvia. "El señor Cortabitarte era plenamente consciente de cómo afectaba su actuación a la seguridad ferroviaria", concluyó el letrado. 

Por otra parte, tanto el representante de Apafas, que lo verbalizó este miércoles, como el de la Plataforma de Víctimas, que confirmó a Praza.gal que lo concretará por escrito, mostraron su acuerdo con el abogado defensor del maquinista sobre que puede beneficiarse, en caso de ser condenado, de las atenuantes de reparación del daño, confesión y cooperación con la justicia, y dilación indebida del proceso.

Esta fase final de las conclusiones del juicio que comenzó este martes se dilatará según las previsiones de la jueza hasta después del décimo aniversario del accidente, el próximo 24 de julio. Cuatro jornadas antes, el 20, será el momento de la intervención definitiva de Adif y Renfe, y dos días después, el 26, de sus respectivas aseguradoras. Terminará el 27 de julio con los abogados de los dos acusados y sus argumentaciones en profundidad de sus visiones del juicio.

Después será la jueza, Elena Fernández Currás, quien decida si hay dos condenados, uno o ninguno. Porque también es posible que el juicio termine sin ningún condenado. De hecho, durante las sesiones, la magistrada mostró en varias ocasiones las limitaciones que enfrenta la justicia penal.

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Para el fiscal de Angrois, Mario Piñeiro, el maquinista del Alvia incumplió su obligación de controlar en todo momento la velocidad del tren al despistarse con la llamada que recibió del interventor. Sin embargo, el cargo de Adif, también imputado por el accidente, no puede ser condenado porque el "galimatías jurídico" de la normativa ferroviaria impide concluir que la incumpliese al no habilitar medidas que evitasen el siniestro. 

Esos fueron los argumentos fundamentales expuestos este miércoles por el fiscal durante cerca de dos horas para justificar el cambio de postura avanzado este martes con el que ya deja de acusar al ex director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, como responsable del accidente al mismo nivel que el maquinista, Francisco José Garzón. Para Piñeiro, desde el punto de vista penal, "el accidente se explica causalmente por el comportamiento del conductor, y sin la conducta del conductor no se explica".

El fiscal comenzó su intervención final durante el juicio en esta fase de conclusiones destacando que "la cuestión es la de siempre, cómo ser justos en este caso". También aseguró que "la decisión que toma la Fiscalía" de mantener la acusación contra el maquinista y retirarla del cargo de Adif fue "meditada, también difícil". 

Piñeiro pidió plantear "no sólo cuál es la causa de este accidente sino buscar la perspectiva penal del caso". El fiscal enfatizó que pueden existir muchas "causas subyacentes" que "pueden tener una trascendencia muy importante a la hora de tomar medidas para que no se vuelva a producir" un accidente, pero que "otra cosa diferente es que todas las causas que motivan el accidente puedan tener relevancia penal".

El fiscal aseguró que "hay una corriente de opinión de que el conductor es una víctima más", que explicó que "probablemente" tenga que ver con que "todos tenemos las imágenes del señor Garzón lamentándose el accidente". Nada dijo el fiscal sobre el hecho de que esas imágenes y diversas informaciones parciales filtradas en los primeros momentos tras el accidente asentaron en las primeras jornadas que el maquinista había sido el responsable y, solo después, cuando avanzó la investigación penal, fueron saliendo aquellas otras "causas subyacentes" que apuntaron también a Cortabitarte. 

Piñeiro dijo que "este accidente se explica causalmente por el comportamiento del maquinista, y sin la conducta del maquinista no se puede explicar", y al mismo tiempo pidió valorar a los dos imputados "si sus conductas vulneran sus deberes independientemente del resultado".

En el caso del maquinista, el fiscal dice que la llamada que recibió del interventor y que lo despistó impidiéndole frenar antes de la curva de Angrois "no justifica en ningún caso que se abstraiga absolutamente" de su obligación de controlar el tren en todo momento, lo que el fiscal califica como "una imprudencia grave". Piñeiro llegó a asegurar que la formación del maquinista por parte de Renfe fue "exquisita", pese a las diversas dudas que se mostraron durante el juicio sobre esta cuestión.

Sobre el riesgo de la curva, para el fiscal no se encuentra en la falta de supervisión de la misma por sistemas que controlen la velocidad de forma automática sino que "lo que crea el riesgo es el comportamiento del maquinista a esa velocidad".

Por el contrario, según el fiscal, la actuación de Cortabitarte no incumplió ninguna norma expresa. En el juicio se debatió si Adif debía o no aplicar en la línea Ourense-Santiago un determinado reglamento comunitario de seguridad que no aplicó. Para el fiscal, "es un auténtico galimatías jurídico saber si era aplicable o no" y, según dijo, esas dudas deben beneficiar al imputado de Adif ya que "si tenemos que recurrir a normas extrapenales hay ser muy cautelosos" para llegar a condenar a alguien. En ese ámbito, añadió que las exigencias de esa normativa no aplicadas por Adif eran en lo fundamental similares a las exigencias de los "códigos prácticos" que sí se aplicaron. Ante esas dudas, el fiscal dice que no se puede "llegar a que eso sea una conducta delictiva".

Piñeiro, que pidió la máxima indemnización posible para todas las víctimas, finalizó su intervención formulando y respondiendo dos preguntas. "Lo que pasó lo sabe el tribunal, lo sabemos todos, esa llamada fue una vergüenza", aseguró para añadir que "la otra pregunta, si Adif engañó la norma en lo que es esencial, en la seguridad" debe ser respondida teniendo en cuenta la ambigüedad del reglamento, que es a su parecer lo que impide culpar al acusado.

Esta fase final del juicio que comenzó este martes se extenderá según las previsiones de la jueza hasta después del décimo aniversario del accidente, el próximo 24 de julio. Cuatro días antes, el 20, será el momento de la intervención final de Adif y Renfe y, dos días después, el 26, de sus respectivas aseguradoras. Para concluir, el 27 de julio, será el turno de los abogados de los dos imputados y sus argumentaciones en profundidad de sus visiones del juicio.

Después, será la jueza, Elena Fernández Currás, quien decida si hay dos condenados, uno o ninguno. Porque también es posible que el juicio termine sin ningún condenado. De hecho, durante las sesiones, la magistrada mostró en varias ocasiones las limitaciones a las que se enfrenta la justicia penal.

Aquí puedes leer el texto en gallego.