La causa judicial del caso Montoro ha estado bajo secreto de sumario durante casi siete años, un tiempo inusual incluso en un proceso complejo, como ya informó infoLibre. Ambas partes de la causa, la defensa de Equipo Económico y la acusación, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, solicitaron al juez el levantamiento del secreto, cosa que no ocurrió hasta el pasado mes de junio. 

Las 82 prórrogas del secreto decretadas por el juzgado de Tarragona contaron hasta en dos ocasiones con el rechazo de Antonio Romeral, el teniente fiscal Anticorrupción, que solicitó en abril y en mayo de 2022 levantar el secreto al considerar que no existía motivo para mantenerlo, según los documentos de la causa a los que tuvo acceso infoLibre. Romeral impuso su criterio sobre el de García Cerdá, la fiscal del caso, que no se había opuesto a las prórrogas, como hizo notar el juzgado al denegar el levantamiento. Esta denegación propició un recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial, que respaldó la decisión del instructor de mantener el secreto. 

En septiembre del 2024, según un escrito de la Fiscalía que ha podido consultar este periódico, el Ministerio Público solicitó de nuevo el levantamiento del secreto de sumario, esta vez sí por medio de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá.

En el otro extremo de la causa, los abogados de Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro al que se investiga por su posible papel delictivo en las reformas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno en beneficio de sus clientes, también solicitó al juzgado el levantamiento del secreto de la causa cuando tuvo conocimiento de ella. El abogado del despacho remitió al juzgado un escrito en octubre de 2023 solicitando personarse en la causa y alegando que mantener el secreto de las actuaciones “carecía de justificación”.  

En un nuevo documento fechado el 30 de mayo, dos semanas antes del levantamiento del secreto, la defensa de Equipo Económico lo solicita por cuarta vez, denunciando que en las tres ocasiones anteriores no obtuvo respuesta del juzgado. 

Según un nuevo tomo de la causa, que ha podido consultar este medio, la acusación y la defensa no son las únicas partes que solicitaron al juzgado el levantamiento del secreto. En un escrito enviado al juzgado el pasado mes de febrero, el PSOE, por medio de su abogada, denuncia una “indebida y excesiva prolongación del secreto de las actuaciones”. La abogada recuerda que el PSOE ya solicitó personarse en la causa en enero de 2024, y que entonces el juzgado le comunicó que levantaría el secreto “en tres semanas”. La abogada lamenta que “más de un año después, siguen sin noticias al respecto” y solicita personarse en la causa como acusación particular. 

El pasado 12 de junio, una semana antes de levantar finalmente el secreto de las actuaciones, y cinco meses después de que el partido lo solicitara por segunda vez, el instructor del caso acepta la personación del PSOE en la causa como acusación particular. 

El pasado mes de mayo, poco antes de que se levantara el secreto en la causa y se conociera la imputación de varios exdirigentes de Hacienda y de Equipo Económico, el presidente de La Liga, Javier Tebas, y su hijo, director del bufete familiar, solicitaron por medio de su abogado personarse como perjudicados, entendiendo que una inspección fiscal que le realizó Hacienda en 2015 pudo ser delictiva y guardar relación con el caso. La inspección fue impulsada por el exdirector de la AEAT, Santiago Menéndez, y la entonces delegada de la Agencia Tributaria, Raquel Catalá, hermana del exministro de Justicia Rafael Catalá, y resultó en una propuesta de sanción para Tebas de más de tres millones de euros. 

El presidente de La Liga, exmilitante de Fuerza Nueva, seguidor de Vox y profesor en una academia en la órbita del partido de Santiago Abascal, considera que pudo ser víctima de delitos de prevaricación, falsedad en documento público y revelación de secretos. Según la documentación de la causa, a la que ha tenido acceso infoLibre, no consta que el juez haya contestado a su personación.

También Rodrigo Rato, exministro de Economía y Hacienda con Aznar, sucedido en la cartera de Hacienda por Cristóbal Montoro, solicitó al juzgado en al menos dos ocasiones personarse como parte perjudicada en la causa. Rato, condenado a más de cuatro años por fraude fiscal y blanqueo de capitales —sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo—, lleva tiempo afirmando que fue perjudicado y perseguido por su excompañero de partido y Gobierno.  En octubre de 2023, su abogado solicitó al juzgado de Tarragona personarse en la causa como parte interesada, pero no recibió respuesta, según denuncia en otro escrito enviado al juzgado el pasado mes de junio, en el que reitera la petición y denuncia el silencio judicial por considerar que “no se ajusta a derecho”. 

El juez de Tarragona no ha aceptado la solicitud del exministro, que ha recurrido la decisión. Como en el caso de Tebas, el conflicto se remonta a una inspección de Hacienda en el año 2015, en la que, según Rato, Montoro habría tratado de perjudicarle políticamente usando su puesto al frente del Ministerio de Hacienda. 

El exministro del PP Rodrigo Rato ha pedido al juez de Tarragona que revoque su decisión inicial y le permita personarse como acusación en la causa a Cristóbal Montoro, al concluir que el acceso por parte del exministro de Hacienda a datos fiscales que le afectaban es "palmariamente delictiva", según informa EFE.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que investiga una supuesta trama corrupta en Hacienda en la etapa de Montoro, acusada de modificar leyes para beneficiar a empresas a cambio de dinero, ha rechazado la personación de Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros, al no ver delito en que el exministro recibiese correos de su equipo con datos fiscales de otros políticos.

En un recurso, al que ha tenido acceso EFE, Rato discrepa del juez -que sostiene que Montoro, debido a su cargo y funciones, estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir este tipo de datos-, y advierte de que la transmisión de información fiscal reservada al entonces ministro de Hacienda "es palmariamente delictiva". "El acceso a dicha información está funcionalmente restringido a quienes participan en el concreto procedimiento tributario", apunta el recurso, firmado por la abogada de Rato, María Saló, del despacho Martell.

Por este motivo, Rato pide que el juez revoque su decisión inicial y le permita personarse en la causa como acusación particular, como "perjudicado" por unos hechos que considera son constitutivos de un delito de revelación de secretos.

"Por supuesto que un ministro de Hacienda tiene la responsabilidad política para orientar la actuación de la Agencia Tributaria y fijar las finalidades hasta en los Planes de Inspección y sus prioridades sectoriales y hasta de riesgo fiscal", admite el recurso de Rato. Pero por el contrario, puntualiza, el ministro "no tiene facultad ni derecho a conocer en el ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria sobre su perfil fiscal".

Según Rato, el cargo de Hacienda reveló "ilegítimamente" estos datos reservados "a quien no podía conocerlos por razón de su función", ya que no estaba llamado a intervenir en el expediente tributario, por lo que el ministro accedió "ilegítimamente" al "secreto".

"Ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de Gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción y, en cuanto no llamados a intervenir, tienen vedado normativamente su posibilidad de acceso", apunta.

Según el recurso, la "existencia y circulación" de este tipo de información, "fuera de los estrictos cauces legalmente previstos", supone una "vulneración de sigilo funcional y del principio de confidencialidad tributaria -secreto-" establecido en la ley tributaria y el reglamento de inspección.

En este sentido, insiste que el ministro de Hacienda "no tiene competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria" y sostiene que cualquier uso de los datos fiscales fuera del procedimiento "legalmente previsto" comporta una "intromisión ilegítima en la intimidad personal" y una "infracción del principio de legalidad".

"El ministro de Hacienda es el máximo responsable político del ministerio y desarrolla la acción de gobierno y la potestad reglamentaria de su departamento, pero no forma parte de ningún órgano técnico encargado de ningún procedimiento tributario concreto, como sí lo son los funcionarios competentes de la Agencia Tributaria (AEAT), custodios (garantes) del secreto", remarca el recurso.

En este sentido, subraya que los funcionarios que custodian estos datos fiscales no deben comunicarlos ni cederlos a nadie que no esté "específicamente habilitado por ley": "Y el ministro no lo está".

"Este estricto marco de confidencialidad y sigilo es el lógico correlato de las exorbitantes competencias que ostenta la Administración Tributaria para investigar la conducta fiscal de los ciudadanos", expone.

Según Rato, cuando Montoro recibió el correo, accedió a los datos, sin que conste que lo rechazara ni instara a perseguir penalmente a quien le hizo una "cesión ilegítima" de información reservada, por lo que podría ser, a su juicio, cooperador necesario por omisión por no haber ejercido los "deberes legales que le concernían" para evitar que se le suministrara "una información cuando era evidente que no podía recibirla legalmente".

"En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido". La frase, atribuida al ex primer ministro italiano Giulio Andreotti, sirve para ilustrar a la perfección el caso de Cristóbal Montoro, el todopoderoso ministro de Hacienda durante los Gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018) al que algunos desde el Partido Popular ya apuntan tras su imputación por favorecer presuntamente a empresas gasistas y al despacho que él mismo fundó mientras estaba en el Ejecutivo. Él niega todas las acusaciones y se prepara para dar la batalla legal, pero más de un dirigente del partido en el que militaba hasta este jueves busca saldar sus propias cuitas —personales y políticas—con él.

Una de ellas es Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que llegó a denunciar a Hacienda ante la Fiscalía General del Estado después de que infoLibre revelara en 2015 que había ganado 369.000 euros como cazatalentos —casi el triple de lo que ingresaba como alto cargo político— y 5.000 euros más en juegos de azar. La Agencia Tributaria concluyó que la filtración se había producido fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda. "Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro", aseguró Aguirre este viernes ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE), del que dijo que "nunca" debió "haber militado" en el PP, aunque acudió recientemente al congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Tras su intento fracasado de convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre atribuyó parte de su resultado electoral a la publicación en este periódico de sus datos de Hacienda. En aquel momento, de toda la documentación a la que tuvo acceso este medio, sólo se publicó la que tenía interés general, pero nada que afectara a su intimidad o a la de su familia. Diez años después, Aguirre ha vuelto a incidir en que la publicación de esos datos la perjudicó en las urnas cuando aspiraba a hacerse con la alcaldía de Madrid en liza con Manuela Carmena: "En los tracks que hacíamos bajamos entre doce y trece puntos, porque mi declaración de la renta fue filtrada y pareció que era mucho dinero", dijo ante las cámaras de TVE, responsabilizando tanto a Montoro como a infoLibre. Pero no solo apuntó al extitular de Hacienda, sino también a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al propio Mariano Rajoy.

El exvicepresidente Rodrigo Rato también acusó a Montoro de liderar una persecución política que no solo acabó con sus aspiraciones políticas sino que, a su juicio, fue determinante en la causa judicial por la que después fue condenado a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato basó su acusación en los correos electrónicos incautados durante la investigación abierta en el juzgado de Tarragona que ahora ha imputado al exministro y, según ha revelado la Cadena Ser este viernes, no descarta personarse en la causa.

Pero Aguirre y Rato no son los únicos. El exministro José Manuel Soria también le responsabilizó del fin de su carrera política. Según unas memorias que escribió a las que tuvo acceso El Mundo —pero que nunca llegaron a ver la luz—, Montoro reveló a Rajoy que la madre de José Manuel Soria tenía una cuenta en Suiza. Un factor que, según el exministro habría sido determinante para presentar su dimisión, aunque realmente esta se produjo cuando la investigación de Los papeles de Panamá desveló que poseía una empresa en un paraíso fiscal. El propio Montoro respondió a sus acusaciones y llegó a admitir que "había interés" en apartarle del cargo. "Sí, eso es la política". Del mismo modo, consideró que "ya hubo" esos mismos intereses "para que no entrara en política".

Lo cierto es que el extitular de Hacienda fue el que dio la cara solo unas horas después de que Soria presentara su renuncia tras verse salpicado por el escándalo. Al Gobierno le tocaba comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la situación en la que quedaba el Ejecutivo tras esta baja y la posibilidad de que Rajoy rindiera cuentas dominaron las preguntas de los medios de comunicación. "Nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno", respondió Montoro a una cuestión que inicialmente iba destinada a la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se limitó a suscribir sus palabras. La marcha de Soria se interpretó en clave interna como una victoria del sector sorayista del Ejecutivo, entre el que se encontraban los hermanos Nadal, Álvaro y Alberto, el primero entonces ministro de Industria y el segundo secretario de Estado de Presupuestos y mano derecha de Montoro, al que Feijóo acaba de fichar para su dirección.

Una de las principales novedades que dejó el congreso del PP fue la vuelta de Alberto Nadal a la dirección nacional del PP, al que el antecesor de Feijóo, Pablo Casado, también incorporó a su dirección tras su llegada. Según explicó el PP, Nadal se hará cargo de la vicesecretaria de Economía y Desarrollo Sostenible, hasta ahora en manos de Juan Bravo, pero no se incorporará hasta el mes de septiembre, "cuando termine sus obligaciones laborales en Estados Unidos", explican fuentes del partido. La trayectoria de Nadal siempre estuvo muy vinculada a la de Montoro, que fue su jefe directo los dos últimos años del Gobierno de Rajoy.

Uno de los encargados de dar la cara por Feijóo ha sido el propio Bravo, vicesecretario de Hacienda, que llegó a afirmar que "la causa ya fue archivada" y minimizó lo ocurrido al señalar que "aquí no hay mordidas o prostitutas". Unas palabras que se entienden mejor al revisar la hemeroteca de Bravo, que solo hace tres años presumía de que Montoro era una de las personas que más había marcado su trayectoria profesional: "Es un privilegio escucharle hablar en Jaén sobre economía y fiscalidad con su brillantez y claridad de siempre", escribía en un post de X en el que adjuntaba varias fotografías con el exministro y que a día de hoy sigue publicado.

La actual dirección del PP, con Feijóo a la cabeza, está tratando de establecer una suerte de cortafuegos respecto a Montoro. El líder del PP, que no tuvo agenda pública el jueves ni tampoco este viernes, publicó en sus redes que su criterio con la corrupción "es muy claro" y "no cambia con independencia de a quién afecte": "Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue", señaló a través de X. Este viernes la vicesecretaria Alma Ezcurra reconoció que no le "gustaban nada" las "informaciones que estamos conociendo" pese a que el PP las había tratado de minimizar.

La noticia de la imputación de Montoro pasó desapercibida en buena parte de las portadas del jueves de la prensa conservadora, pero hay parte de la derecha mediática que ha aprovechado para arremeter contra el exministro y cobrarse algunas cuentas pendientes, entre ellos el presentador de Onda Cero, Carlos Alsina, el jefe de investigación de ABC, Javier Chicote, y el director de EsRadio, Federico Jiménez Losantos, entre otros.

Este último ha definido a los 'damnificados' por el exministro como como la "Asociación de Víctimas del Siniestro Vampiro Montoro". Losantos explicó en su programa que se vio obligado a leer "por imperativo legal" una corrección que el exministro les hizo llegar aduciendo su "derecho al honor" por vincular a su hermano con el despacho de abogados: "¿Honor Montoro, el infame, el delincuente? Se lo va a llevar por delante la justicia. A las empresas gasísticas le daba un trato de favor... a esas empresas y a cualquiera que pagara al hermano. Esto lo contamos y te manda inspecciones fiscales en venganza... Son así. Los gánsteres son iguales en la derecha y en la izquierda, y este es especialmente sórdido. ¿Quién lo invitó al congreso del PP?", señalaba el locutor.

El presentador del programa Más de Uno en Onda Cero también ha descrito prácticas similares. "Metió la presión que pudo para que el programa aplaudiera su trabajo", explicaba este jueves. Ante el "cero éxito" de esa táctica, según Alsina, "cambió de estrategia e invocó el castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro": "Aquel hombre poderoso perdió los papeles y le dijo al responsable del programa de radio que denostaba que él decidía el IVA. El ministro se llamaba Cristóbal".

Por su parte, Chicote reveló en 2015 algunas de prácticas del despacho de abogados fundado por Montoro y, según él mismo explica, como represalia Hacienda inició una investigación contra él y toda su familia. "Soy víctima de esta trama por haber destapado el negocio del despacho fundado por Montoro. Hacienda investigó hasta a mi hija, que entonces tenía 3 años. Por fin se levanta el secreto y los imputan", se congratulaba el periodista de ABC en su cuenta de X, en un hilo en el que ha recogido los pormenores del caso, que según explica, acabó en la elaboración de un "informe Chicote" que no logró encontrar ninguna irregularidad fiscal.

El periodista Federico Quevedo también reveló este viernes en TVE que estuvo "a punto de suicidarse" por las presiones a las que le sometió Montoro. "Durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy yo fui muy crítico, especialmente por el tema de Cataluña y por la gestión económica de aquel Gobierno. Publiqué dos libros muy críticos, con Fernando Jáuregui, y yo que arrastraba un problema con Hacienda en aquel momento, empecé a sufrir las consecuencias". Consecuencias que, según Quevedo, fueron un "auténtico calvario tanto en lo profesional como en el tema económico" y que le llevaron a "tocar fondo" hasta el punto de que le robó a su madre enferma unas pastillas y se las tomó: "Estuve a punto de suicidarme".

De esta manera, una parte de la derecha mediática ha visto en la imputación de Montoro el momento de contar vivencias sufridas como consecuencia de las maniobras del exministro y cobrarse así algunas cuentas pendientes.

Cristóbal Montoro se granjeó muchos enemigos durante su etapa final al frente del ministerio de Hacienda. Algunos de su propio partido, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el exvicepresidente de José María Aznar, Rodrigo Rato. La madrileña llegó a denunciar a Hacienda después de que infoLibre revelara en 2015 que había ganado 369.000 euros como cazatalentos —casi el triple de lo que ingresaba como alto cargo político— y 5.000 euros más en juegos de azar.

Aguirre denunció ante la Fiscalía General del Estado al departamento de Montoro por la publicación de estos datos, pero la Agencia Tributaria concluyó que la filtración se había producido fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda. "Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro", ha asegurado Aguirre este viernes ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE). A su juicio, esa publicación la perjudicó en las urnas cuando aspiraba a hacerse con la alcaldía de Madrid en liza con Manuela Carmena: "Disuadió a parte de los pensionistas porque les pareció mucho dinero".

La publicación de sus datos fiscales de 2013 –los últimos que se conocían entonces– por este periódico provocó un enorme enfado de Aguirre, que se negaba a hacerlos públicos después de pedir cuentas sobre los ingresos de su rival socialista, Antonio Miguel Carmona. Tras su intento fracasado de convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre atribuyó parte de su resultado electoral a la publicación en infoLibre de sus datos de Hacienda. En aquel momento, de toda la documentación a la que tuvo acceso este medio, sólo se publicó la que tenía interés general, pero nada que afectara a su intimidad o a la de su familia.

Diez años después, Aguirre ha vuelto a incidir en la idea de que perdió la alcaldía en favor de Manuela Carmena en 2015 por culpa de la publicación de sus datos fiscales. "En los tracks que hacíamos bajamos entre doce y tres puntos, porque mi declaración de la renta fue filtrada y pareció que era mucho dinero", ha señalado ante las preguntas de Javier Ruiz en el programa Mañaneros. Es más, la expresidenta madrileña también ha revelado que puso en conocimiento de Rajoy lo ocurrido y que también intentó localizar al ministro Montoro. "Yo hablé con Rajoy porque creí que eran los rivales políticos [los que habían accedido a sus datos a través de algún funcionario], pensé que él iba a investigar y hablaría con el ministro, pero no ha sido así".

La expresidenta madrileña nunca se creyó las explicaciones de la Agencia Tributaria y así lo argumentó en su momento ante la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal: "Siempre que alguien entra en el sistema de la Agencia Tributaria deja huella y como yo lo denuncié, tendría que haberse sabido quién fue el que entró", argumentó en RNE, remarcando que "Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría o Mariano Rajoy" querían perjudicarla.

En la entrevista en TVE, la expresidenta madrileña ha señalado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le aseguró que había "una orden" por parte del Gobierno de Rajoy de "darle un susto": "Entonces no me lo creí, pero creo que ahora haría bien en creérmelo", completó. La madrileña no descarta personarse en la causa si "la llaman a declarar", pero de momento el proceso se circunscribe a la investigación sobre las gasísticas. Otro que no descarta personarse es el exministro Rodrigo Rato, según ha publicado la Cadena Ser.

Aguirre también ha aprovechado para criticar que Montoro militara en el mismo partido que ella, del que se acaba de dar de baja: "No debería estar nunca en el PP", aseguró, por su programa sobre impuestos. Tanto Aguirre como parte de la derecha mediática le atribuyeron al extitular de Hacienda el sobrenombre del "ministro socialdemócrata". Sin embargo, Montoro ha seguido acudiendo a actos del PP: el último, el congreso celebrado hace dos semanas y que volvió a reelegir a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Si lo llamamos la 'trama Kitchen' de Hacienda podría quedarse corto. En los gobiernos de Mariano Rajoy hubo dos ministerios de Estado que operaron desde dentro para los intereses del partido y sus ministros. Uno utilizó a la cúpula policial para destruir las pruebas de la financiación ilegal del PP, documentado en la causa de la Audiencia Nacional. El otro es Hacienda, donde Cristóbal Montoro enriqueció –digamos supuestamente– a los llamados 'Chicos Montoro' –herederos de los 'Rato Boys'– que pasaron primero por el Gabinete y fueron yendo y viniendo del ministerio a Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro. 

La trama estaba bien pensada y organizada. Hasta que un correo electrónico acaba en un juzgado de manera anónima y destapa una mecánica que va del 2012 al 2018, dos legislaturas al completo, según el juez. Con cohecho continuado. Si la empresa la has fundado tú y está tu gente, familia incluída, no hace falta ir cobrando mordidas por fuera. La influencia no deja el rastro de los contratos públicos. Los encargos ad hoc de cambios legislativos –entre otros muchos negocios– tampoco. Hacer leyes para tus clientes en detrimento de otras empresas que no participan del tinglado es un salto cualitativo que va más allá de favorecer a una consultora. 

Según el auto del Juzgado número 2 de Tarragona, Montoro beneficiaba a los asesores fiscales de su antiguo despacho. En la cadena de altos cargos está la cúpula. Entre los 28 imputados hay exjefes de Gabinete, los cargos al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda; la subsecretaría de Estado de Presupuestos; la de Hacienda y Función Pública; los directores generales de tributos; un director general del Gabinete Técnico o el exdirector General de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. El hacedor de la amnistía fiscal –la lista de defraudadores mejor guardada– y temido por las persecuciones fiscales a periodistas y enemigos políticos. En definitiva, la Hacienda de Rajoy al completo investigada por corrupción y delitos gravísimos. El ministerio que debe luchar contra el fraude, imputados del primero al último. Con Montoro al frente.  

Tras siete años de secreto de sumario, el juez ha reconstruido la trazabilidad de dos operaciones para beneficiar a empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), con dos rebajas fiscales en 2013 y 2018. El juez lo hace de la mano de Anticorrupción, que en este caso funciona casi como asuntos internos, porque parte de los altos cargos de Montoro imputados fueron el enlace de la Fiscalía en las macrocausas de entonces, la lista Falciani, entre otras. 

Montoro lo fue todo en Hacienda con Aznar y Rajoy. Diputado durante 25 años (desde 1993), fue ministro con José María Aznar (2000-2004), antes Secretario de Estado de Economía (1996-2000) y vuelta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2011 hasta la moción de censura de 2018. También en el partido, donde fue Coordinador de Economía de 2008 a 2011, antes de la llegada de Rajoy a La Moncloa. El despacho de consultoría lo creó siendo eurodiputado, antes del estallido de la crisis. Y, según el juez, salió en abril de 2008. La fecha es relevante porque las primeras empresas 'opacas' creadas en el seno de Equipo Económico por los ex altos cargos de su gabinete fueron en 2007, un año antes de que Montoro vendiera las acciones. Una dinámica que siguió cuando estaba en Hacienda y por las que desfilaron constructores de la Púnica, la familia de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP de Madrid, o su propio hermano, Ricardo Montoro. 

De momento es una instrucción, no hay acusaciones. Pero la causa y sus implicados son de tal peso que merecen una fuerza instructora como la UCO o la UDEF. Si el juez en siete años solo ha podido llegar a las dos operaciones señaladas, con la dificultad de rastrear y reconstruir este tipo de operaciones, costará concretar en lo penal la actividad de Equipo Económico. Montoro y sus altos cargos imputados no actuaban gratis, según el juez. ¿Cobraban por cliente? ¿Era parte del trabajo el ministerio? ¿Había una Hacienda en B con su propia tesorería para organizar la cadena de favores a la consultora? Montoro, con sueldo público durante 25 años, no declaraba ingresos de Equipo Económico en sus declaraciones de bienes al Congreso ¿Merece una patrimonial? Queda mucho por saber de esta causa. Si el juez de Tarragona sortea las resistencias que siempre han tenido las investigaciones al despacho de Montoro volverá a ser actualidad la célebre frase de Rajoy y Bárcenas en versión Hacienda. "Montoro, sé fuerte".

La indignación con la que llegan al juzgado los ex altos dirigentes del PP cada vez que los tribunales osan llamarlos a declarar es comprensible. Tienen mejores cosas que hacer, como jugar al golf en el caso de Rodrigo Rato, que siempre que visita el juzgado lo hace como su colega Álvarez Cascos, con el cabreo de tener que explicar lo que a ellos les parece que les corresponde por derecho. Porque ellos lo valen. Que no lo hacen ni por placer. Si Paco Cascos iba a Roland Garros con sus hijos a cargo de Foro Asturias no era por gusto sino por obligación, “porque tener una imagen de familia es un activo”. 

Disponer de lo que consideran que les corresponde por pertenecer a una clase política o social no es ningún pecado. Es normal, desde el punto de vista de estas élites, que les toque las narices renunciar a sus actividades de ocio para una gilipollez como someterse a preguntas absurdas, cuya respuesta se cae por su propio peso, como Cascos ha insistido en señalar. Mantener un tren de vida como el suyo conlleva un desembolso económico elevado, eso lo sabe cualquiera con dos dedos de frente. El populacho no lo entiende por la sencilla razón de que ignoran lo que supone renunciar a múltiples prebendas cuando se lleva toda la vida disfrutando de ellas.  

Lo escenificó perfectamente Javier Hidalgo cuando tuvo que ir al Senado hace poco más de un mes. El ex consejero delegado de Globalia fue citado por el PP para interrogarlo en la comisión por el caso Koldo. Abrió su iPad con una pegatina de Malibú, el sitio en el que debería estar si no hubiera tanto tocapelotas suelto por el mundo y lo primero que hizo fue restregar a los senadores que había tenido que coger un vuelo de 16 horas para estar ahí. ¿A quién se le ocurre citarle cuando se encontraba tan a gusto en Los Ángeles? Hay que ser tan tonto del culo como los allí presentes para sacarle de su paraíso solo para que declarase contra Begoña Gómez. No le quedó más remedio que abroncarles y acusarles de lanzar bulos. Porque el amigo de los hijos de Aznar se considera muy por encima de sus señorías, por muy lacayos del PP que sean. 

Y es que los Cascos, los Rato o los Javier Hidalgo no tienen nada de qué arrepentirse, cualquier cosa que hagan está justificada por el riesgo que conlleva su actividad económica o política. Es como cuando se descubrieron las cuentas ocultas de la cúpula y el consejo del BBVA en paraísos fiscales como Jersey a cargo del banco y fuera del balance, desde las que se hicieron diversas adquisiciones. Estaban en su derecho, se contaron, y eso era razón suficiente para desviar beneficios en beneficio propio. Igual entonces dimitías, como hizo Ybarra y el consejo en bloque. Pero ahora es un símbolo de estatus tener cuentas en paraísos fiscales y que se sepa. 

A nadie se le pone la cara roja de vergüenza, todo lo contrario. Que se enteren en su círculo que maneja capital. Defraudar es un valor al alza que cotiza más que penaliza. Hasta un mindundi como el novio de Ayuso ha hecho sus pinitos en Panamá, lo que le ha dado aún más caché. Tanto que el Supremo le tiene como una persona de bien a la que hay que proteger de mala gente como el fiscal general del Estado o los periodistas que informan sobre sus actividades defraudadoras. Tan envalentonado está él y su entorno que hasta presumen de adelantar decisiones judiciales. 

Si lo miras con perspectiva, tampoco es tan sorprendente. Cosas más alucinantes están pasando en Estados Unidos, donde el presidente electo ya está anunciando que piensa quedarse con Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, por empezar por algún sitio. Es de los que piensan que tienen derecho a tomar lo que les viene en gana, ya sea una mujer o un país, por ser vos quien sois. A ver si acabamos siendo norteamericanos.

Rodrigo Rato y Figaredo, azote de los gobiernos socialistas en su etapa de oposición. Especialista en grandes soflamas éticas desde el escaño del Congreso de los Diputados.

Ministro de Economía de Aznar y supuesto padrastro del “milagro económico” español (“boom inmobiliario”); Director del Fondo Monetario Internacional, dio la espantada del mismo a mitad de mandato, sin ninguna explicación y justo cuando empezaba la caída del mundo financiero, preámbulo de la mayor crisis económica mundial después del crack de 1929. Unos años después de su precipitada y nunca explicada marcha, el FMI publicó un durísimo informe interno sobre su nefasta gestión. Rato ha pasado a la historia del fondo como uno de sus peores directores. El FMI de Rato, según ese informe, "no anticipó la crisis, ni su ritmo ni su magnitud". Era el FMI de Rato el que ponía como ejemplo de economía "robusta" a Islandia (ese país que después quebró); el que elogiaba el sistema financiero estadounidense como "resistente y bien regulado" (como Lehman Brothers y el resto de la banca de inversión); el que aseguraba que "los mercados han mostrado que pueden autocorregirse y que de hecho lo hacen" (como vimos con las subprime).

Este miserable que, a su vuelta a España, maniobra dentro de su partido para hacerse con las riendas de Caja Madrid, como salvador de la entidad reflotada con el dinero de todos los españoles. Como premio por la tocata y fuga del FMI,  Mariano Rajoy le entregó otra bicoca: la presidencia de la cuarta entidad financiera del país. Hoy se recuerda poco, pero ni Miguel Blesa ni Rodrigo Rato llegaron al puesto por oposición ni por su currículum. A Blesa lo colocó su compañero de pupitre, José María Aznar, no tenía más currículum para el cargo que la amistad personal del presidente. A Rato lo puso también a dedo Manuel Fraga.

Este miserable, después del rescate de Bankia, después de su espantada del FMI, después de que la Audiencia Nacional le imputase por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar los precios y apropiación indebida, vendedor de preferentes a pequeños ahorradores. Continúa siendo militante del Partido Popular. Ha tenido que llegar el fraude de las “tarjetas black', (paradigma de los miserables) para que la justicia actuara contra este miserable. El verdadero milagro no fue la economía española de entonces, el verdadero milagro es que este miserable todavía no esté en la cárcel. 

Este miserable acaba de realizar su penúltima y doblemente miserable hazaña: reclamar 380 € a una humilde trabajadora de Gijón por unos cojines que le dejó para que se los arreglara. Este miserable no acudió a recogerlos, como era su obligación, en el plazo fijado (un mes), acudió seis meses más tarde, cuando la costurera, cansada de esperar y ocupándole un espacio en su pequeño local, optó por donarlos a Cáritas, a través de un contenedor cercano a su local. Ahora, este personaje, doblemente miserable, reclama a través de la oficina del consumidor a esta humilde trabajadora la cantidad de 380€, “por el valor sentimental de los cojines” !!MANDA COJINES!!

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por tres delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, así como una multa de más de 2 millones de euros, y el pago de 568.413 euros a Hacienda, informa EFE.

 El fallo, según fuentes jurídicas, queda muy lejos de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que atribuía a Rato once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, y pedía para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa, además de una indemnización de 7,75 millones para la Agencia Tributaria.

Respecto de los delitos fiscales, la Sala absuelve a Rato de los relativos a los ejercicios 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, pero le condena por lo relativo a dónde estaba su residencia fiscal durante su mandato como director gerente del FMI, ya que la Audiencia considera que seguía manteniéndola en España -pese a que la sede del organismo está en Washington-, donde estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales.

En la sentencia, de 1.232 folios y que todavía no se ha hecho pública, el tribunal, presidido por la magistrada Angela Acevedo, señala también las "dilaciones indebidas" por el tiempo que ha durado el proceso, iniciado en 2015.

En una nota, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indica que el abogado Domingo Plazas, que fuera administrador de Kradonara, epicentro de la trama societaria de Rato, ha sido condenado por cooperación en los delitos fiscales a penas que suman 18 meses de cárcel y multa de algo más de 155.000 euros. Plazas debe responder solidariamente con Rato del pago a Hacienda, por la responsabilidad civil derivada de dichos delitos.

Kradonara era la sociedad a través de la cual Rato enviaba a España el dinero que tenía en el exterior, y con la que firmó un contrato con Telefónica por un asesoramiento, como si fuera dicha sociedad la que prestaba el servicio, cuando realmente lo hacía el propio Rato, que es quien tenía que haber tributado por estos trabajos.

También ha sido condenado el que fuera considerado testaferro de Rato, Alberto Portuondo, por el delito de corrupción entre particulares, al imponer ambos la elección de Publicis y Zenith para que fueran contratadas por Bankia, y poder cobrar así una comisión por el proceso de selección.

La pena para Portuondo es de tres meses y un día de cárcel, y una multa de la mitad de la comisión recibida, que ascendía a 2.022.154,52 euros, acordando, además, el comiso de dicha cantidad.

El Tribunal absuelve, sin embargo, al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como la exsecretaria de Rato, Teresa Arellano, o el que fuera su número dos en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, al entender que los mismos no participaron en el acto corrupto.

Asimismo, ha sido absuelto el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, del delito de blanqueo de capitales que se le atribuía; y el exdirectivo de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, así como otro colaborador del exvicepresidente, Miguel Ángel Montero, al que la Sala tampoco considera como cooperador en el delito de corrupción entre particulares.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no hay plazo establecido para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado pidan el ingreso en prisión de Rato; la sentencia, que aún no es firme, puede ser recurrida ante el Supremo.

La antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tenía muchas sombras, pero ninguna era la suya. O al menos, eso dice ella, que siempre se ha desentendido de los mil y un casos de corrupción que se producían bajo su mandato y que suman ya más de cien años de condena para una larga serie de sus cargos de confianza, a los que su jefa siempre ha degradado al la categoría de traidores, gente que, en sus propias palabras, le salió rana, y al lanzar ese discurso daba un salto desde el papel de culpable al de víctima. Se ve que, desde que una vez en una fiesta sacó a Sabina a bailar un chotis, hizo suyo el himno del maestro: lo niego todo.

Ahora, la lideresa que en un momento determinado amagó con disputarle la vara de mando a M. Rajoy ya está jubilada de su actividad política, o al menos se mueve en otras esferas periodísticas, lejos del poder real, pero en España los tribunales son lentos y ahora la Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel a su ex vicepresidente Prada y a él y sus compinches al pago de cuarenta millones de euros, por los tejemanejes y cortinas de humo perpetrados con motivo de otra de las promesas estrella de aquellos años de nada por aquí y todo por allá, que fue la construcción de la  fallida Ciudad de la Justicia de la que no se ha vuelto a saber nada más que lo de siempre: se tiraron ciento cinco millones, hubo quien se hizo de oro y el resto volvió a ser engañado y robado: los caudales públicos salen de las carteras de todos. A Aguirre siempre se le dieron mal las segundas piedras, así que puso la primera, se dejó hacer las fotos promocionales de costumbre y si te he visto no me acuerdo. Lo suyo eran los proyectos faraónicos, pero sin pirámides. Te vendía un oasis, pero no era más que un espejismo. El dinero, sin embargo, era de curso legal y se calcula que el despilfarro entre 1995 y 2016 fue de más de ochenta mil millones en obras e infraestructuras que no se llegaron a hacer o que eran innecesarias.

Y si lo que es parece malo, lo que representa es aún peor: el botón de muestra es el símbolo de una sastrería donde te vendían trajes nuevos del emperador. Porque en aquellos años del supuesto milagro económico que acabó con su ideólogo, el alguna vez todopoderoso Rodrigo Rato, en prisión, con la reserva o hucha de las pensiones saqueada y con tres cuartas partes de los ejecutivos de Aznar en el banquillo o en la cárcel, se anunciaron a bombo y platillo aeropuertos en los que nunca llegó a despegar o tomar tierra ningún avión; circuitos de Fórmula 1 en los que no ha echado ninguna carrera bólido alguno; un supuesto Centro Acuático que sin llegar nunca a pasar de los cimientos iba a salirnos por ciento treinta y siete millones y cuya factura final fue de casi ciento noventa y dos; autovías radiales de pago por las que no circula casi nadie o, ya en tiempos de la heredera de Aguirre, Díaz Ayuso, hospitales como el Zendal, en el que despilfarraron casi doscientos millones de euros y hoy día carece de personal y, básicamente, tampoco sirve para nada, mientras en otros centros sanitarios de la Comunidad crecen hasta lo intolerable las listas de espera. 

Pero ni los delincuentes eran ranas ni la acumulación de construcciones fantasmas es una casualidad, sino una estrategia en toda regla de asalto a las y los ciudadanos, incluidos los que les aplauden mientras son atracados. Es una versión del timo de la estampita, pero con edificios en lugar de billetes y tarjetas de santos. Lo raro es que a esa congregación todavía hay quien vaya a encenderles una vela.

Massoud Zandi Goharrizi se codeó durante años con las familias más ricas de España. El financiero Alberto Cortina, Rafael del Pino (Ferrovial), la familia Martínez Berrocal, el empresario Javier Merino y el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián son sólo algunos de los primeros espadas con los que hizo –o intentó hacer– negocios. Entre sus contactos políticos, Felipe González, Rodrigo Rato, o los exministros Miguel Sebastián y Javier Gómez Navarro.

De origen iraní, tiene la nacionalidad española desde 1997 y acaparó titulares en 2016 cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá: el despacho Mossack Fonseca le había ayudado a montar un entramado de sociedades en paraísos fiscales como Seychelles y Samoa, a través de las cuales controlaba Star Petroleum, una empresa a caballo entre Luxemburgo y Madrid con la que Massoud Zandi intentó dar un pelotazo gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur.

Pero muchos de los que se embarcaron en negocios con el hispanoiraní, un experto comisionista con domicilio en La Finca, la hiperlujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), salieron escaldados. De modo que Massoud Zandi empezó a acumular demandas por estafa en los tribunales. Una de ellas, interpuesta por la familia Martínez Berrocal, ganaderos y antiguos propietarios de la empresa de autobuses La Sepulvedana, llevó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a emitir una orden internacional de búsqueda y captura en enero de 2022, que sigue viva, según confirman fuentes judiciales. La Interpol lo busca desde entonces, porque quien fue bautizado como “el conseguidor del Íbex” se encuentra, en teoría, en paradero desconocido.

O quizá no tanto. Mientras hacía negocios en España, aseguraba que su residencia fiscal era Dubái. De hecho, en septiembre de 2016, unos meses después de que su nombre saliera a la luz con los Papeles de Panamá, la Fiscalía le denunció por simular que no residía en España en 2010: como vivía en Dubái, ese ejercicio no había presentado la declaración a Hacienda. Al año siguiente, la denuncia se amplió a dos ejercicios fiscales más, hasta 2013. El ministerio público le acusaba de cometer tres delitos fiscales por importe de 126,48 millones de euros. El procedimiento sigue desde entonces paralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, según explicó a infoLibre el abogado de Zandi, Luis Ugarte.

Si Interpol quiere localizar a Massoud Zandi, quizá debería buscar en el emirato. OCCRP ha encontrado a su nombre una vivienda de 338 metros cuadrados y cuatro habitaciones en World Trade Centre Residences, que fue adquirido en 2009 por 7,8 millones de dirhams, 1,96 millones de euros. El inmueble se encuentra embargado desde el pasado mes de enero por las autoridades de Dubái, pero no porque las autoridades dubaitíes hayan actuado contra un individuo buscado por la Interpol, sino por una deuda de 118.000 dirhams –29.722 euros–.

El de Zandi es uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Su abogado asegura que Zandi Goharrizi “siempre ha vivido en Dubái” y que “no pisa España desde hace ocho o nueve años”. Sólo con ocasión del nacimiento de su hijo, matiza después, volvió a territorio español, “porque allí, si tienes un hijo sin estar casado, puedes ir a la cárcel”. Precisamente su residencia fiscal es uno de los asuntos que se dirimen en la causa que Hacienda sigue contra el comisionista hispanoiraní. “Como no residía en España no tenía por qué presentar declaración aquí”, sostiene Luis Ugarte, quien carga las tintas sobre el modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero que deben presentar los residentes fiscales en España y cuyo régimen sancionador fue anulado por el Tribunal de Justicia de la UE en enero de 2022. “Casi todo lo que le pide Hacienda, 105 millones, tiene relación con el 720”, añade.

Ese modelo, creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2012, establece la obligación de declarar los bienes en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Su régimen sancionador fue modificado por el Gobierno para adecuarlo al dictamen del TJUE. En consonancia, las multas impuestas hasta entonces tuvieron que ser anuladas. Por eso, Luis Ugarte se muestra convencido de que Massoud Zandi ganará la demanda de Hacienda. Además, dice que el hispanoiraní “no tiene ni un euro”, pese a que, en su día, recuerda, llegó a alquilar “toda una planta en el hotel de la vela”, como se conoce al Burj Al Arab, el único de siete estrellas del mundo, para albergar a sus invitados. Una noche en una de sus suites puede costar 1.800 euros.

OCCRP ha hecho llegar a Massoud Zandi unas preguntas también sobre su residencia fiscal y sus problemas judiciales, sin obtener una respuesta.

Con dinero o sin él, el rastro judicial que Massoud Zandi dejó en España no es despreciable. Alberto Cortina, uno de los hombres más ricos de España, propietario del 50% de la Corporación Financiera Alcor, le demandó por estafa en un negocio fallido con otra de sus empresas, SP Mining, con domicilio fiscal en Singapur y propietaria de una licencia para explotar una mina en Chad. Le pedía 18 millones de euros, según publicó en su día El Confidencial. infoLibre ha preguntado al financiero por el estado actual del litigio, sin obtener una respuesta.

Otro financiero, Juan Pablo Rodríguez Castejón, que antes de trabajar en SP Mining lo hizo en Rothschild y después se asoció con Dimas Gimeno, el expresidente de El Corte Inglés, en la cadena de tiendas Wow, le demandó porque dejó de abonarle la nómina. Tampoco ha querido responder a este periódico sobre el resultado del pleito. Igualmente lo denunció en los juzgados de lo Social un buen número de trabajadores de sus empresas por impago de salarios.

Sus huellas en España también pueden seguirse a través de sus empresas. O lo que queda de ellas. La luxemburguesa Star Petroleum –en cuyo consejo de administración se sentó Juan Luis Cebrián– fue liquidada en 2018, mientras su homónima española ha figurado en la lista de morosos de Hacienda desde 2015, su primer año de publicación, hasta 2022, con una deuda que superaba el millón de euros. El negocio por el que prometía un beneficio de 5.000 millones de euros en Sudán del Sur, un país fallido en perpetua guerra civil, quedó en nada.

En 2019 Javier Merino, exsocio de Zandi, aún seguía litigando en la Audiencia Nacional para demostrar que la Star Petroleum española seguía activa. No lo consiguió. En realidad, no tenía actividad mercantil desde finales de 2008. Primero la Agencia Tributaria y después el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional confirmaron la liquidación de la sociedad y la declaración de responsabilidad subsidiaria por una deuda de 947.000 euros por impago de IVA.

Por lo que respecta a Golden Vending, otra de las empresas españolas de Zandi pero también con matriz en una sociedad del hispanoiraní en Luxemburgo, sigue activa. O al menos el pasado 20 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a su favor en el recurso que interpuso contra un pago de 29.376 euros en concepto de impuesto de sociedades de 2016.

No tuvo tanta suerte cuando el mismo tribunal confirmó la legalidad del registro que la Agencia Tributaria llevó a cabo el 1 de junio de 2015 en las sedes sociales de las empresas citadas en este reportaje, así como en la oficina de Trade Petroleum, otra sociedad que había creado en Luxemburgo. Todas ellas estaban domiciliadas en el Paseo de la Castellana, 42, de Madrid, la misma dirección que facilita Massoud Zandi en el Registro de la Propiedad de Dubái para inscribir su vivienda en World Trade Residences. También fue registrada la mansión que era entonces su residencia en Madrid, situada en La Finca. Los jueces dictaminaron que la autorización para los registros fue “fundada”, “justificada” y “proporcional”.

Pero quien más arrepentido debió de terminar por su relación con Massoud Zandi fue el expresidente de Prisa, que demandó a El Confidencial en los tribunales por publicar con todo detalle su relación, empresarial y personal, con el hispanoiraní. Perdió en el juzgado en 2019 y en la Audiencia Provincial de Madrid, donde recurrió, un año más tarde. Cebrián llegó a poseer el 2% de la Star Petroleum luxemburguesa, mientras que su entonces esposa, Teresa Aranda, fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Atman, creada y presidida por el propio Massoud Zandi en 2005. En su constitución también participaron Javier Merino y el asesor fiscal Joaquín de Arespacochaga, igualmente administrador de la Star Petroleum luxemburguesa. Su misión, según consta en sus estatutos, era “contribuir a la difusión de la cultura, de la paz entre los hombres y los pueblos del mundo, con especial hincapié en el diálogo entre las civilizaciones”. Fue disuelta en 2014.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en su escrito de conclusiones todos los delitos que imputa al exministro Rodrigo Rato y pide 63 años de cárcel para él y una multa de 42,44 millones de euros, según ha recogido Europa Press. Eleva además el importe de determinadas cuotas presuntamente defraudas, como la de 2008.

Así consta en el escrito de conclusiones definitivas de la fiscal Elena Lorente, en el que imputa, al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional, 11 delitos contra la Hacienda Pública -de 2005 a 2015-, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Cabe recordar que Anticorrupción al inicio del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio indicaba que habría defraudado más de 8,5 millones al fisco.

Fuentes de la defensa del exministro califican de "extrema" la posición de la Fiscalía y entienden que es así porque si no sigue para adelante con la acusación "se derrumba el castillo".

Además, en declaraciones a los medios al término de la vista, el exministro se ha referido a la causa abierta en un juzgado de Tarragona para investigar al despacho fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y ha señalado que la posición del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, de "oponerse" a ciertas pesquisas es "escandalosa". "Hay resistencias inexplicables", ha llegado a decir para acto seguido apuntar que si le dejan tratará de personarse en esa causa.

Según ha publicado El Periódico de España, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona investiga si la consultora Equipo Económico usó sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda" en beneficio de sus clientes.

En el marco de la causa, figura un correo electrónico de 2015 en el que el entonces jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio "relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la 'situación fiscal de Rato'", de acuerdo a la información publicada este viernes por el digital.

Sobre este extremo, Rato se ha limitado a señalar: "Lo único que me gustaría es que la Fiscalía Anticorrupción no intentara impedir esa investigación". Cabe recordar que la causa que se sigue en el juzgado de Tarragona ha suscitado debate en el seno de esta Fiscalía Especial. La fiscal a cargo del procedimiento invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico al discrepar del criterio de su jefe, Alejandro Luzón, sobre los pasos a seguir en esta investigación. Finalmente, la Junta de Fiscales de Anticorrupción avaló el criterio de su "número uno".

Este viernes, en el juicio a Rato también se ha ventilado la prueba documental. La fiscal ha solicitado que se lean las declaraciones judiciales de dos de los encausados que fallecieron durante la instrucción del caso, Fabrizio Bini y Miguel Ángel Furones. También ha pedido la incorporación a las actuaciones de la traducción de una página web relativa a residencias fiscales de las personas que viven en EEUU.

La defensa de Rato se ha opuesto a esa lectura de las declaraciones puesto que se realizaron bajo secreto sumarial y sin igualdad de armas. También se ha negado a que se incluya la traducción de esa página web dado que entiende que para introducir Derecho Extranjero, si así fuese pertinente para resolver cualquier cuestión jurídica de este procedimiento, "debería haberse hecho a través de la correspondiente pericial jurídica firmada por dos peritos extranjeros".

El tribunal, tras una larga deliberación, no ha estimado pertinente la incorporación del documento que pretendía el Ministerio Público y sí que ha admitido que se proceda a la lectura de las declaraciones de los encausados ya fallecidos porque la jurisprudencia entiende que se produjeron con la contradicción debida -presencia de las defensas de esos investigados- y que es la que se permitía en ese momento.

Este viernes, las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones solicitando la libre absolución de los encausados. La defensa del abogado Domingo Plazas ha pedido expresamente que se tenga en cuenta que por los años de tramitación del procedimiento -"9 años y 10 días"- se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y ha pedido que se condene en costas a la Abogacía del Estado.

La sesiones se reanudarán el 6 de mayo con la exposición de los informes. Tras ellos llegarán el turno de la última palabra, momento en el, según fuentes jurídicas, Rato se dirijirá nuevamente al tribunal.

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha atacado este miércoles tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Abogacía del Estado en la sesión del juicio contra su persona por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. "Nos toman por tontos", ha llegado a decir sobre determinados argumentos esgrimidos en la vista.

De hecho, al inicio de su declaración como acusado, ha avanzado que no iba a responder a las preguntas de la acusación debido a que durante el juicio han usado "correos -electrónicos- no expurgados" que afectaban a "terceras personas", matizando que dado que no quería contribuir a ello, no les respondería.

En este sentido, y a preguntas de su abogada María Massó, ha llegado a decir de la representación legal del Estado que "es increíble que funcionarios públicos españoles" pudieran sostener que en su etapa como director gerente del Fondo Monetario Fiscal (FMI) fuera residente en España.

"Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es muy fuerte (...) que un funcionario diga que yo he estado 10 días en Washington -sede del FMI- en 2006, nos toman por tontos", ha señalado visiblemente enojado.

Con su abogada, Rato ha ido desgranando apunte por apunte todas las transferencias y movimientos financieros a estudio y ha dado explicaciones sobre cada sociedad y cada año fiscal. "Los fondos son todos perfectamente identificables y -los movimientos tienen- una explicación razonable", ha dicho.

En este sentido, Rato ha llegado a acusar a la Fiscalía y a los investigadores de Hacienda de "montar una fabulación" en este caso y de ir "a la búsqueda del tesoro perdido" ahondando en la idea de que la causa contra él fue prospectiva. "Pretender que los particulares tengamos datos que ya no existen y, entonces, sobre eso montar una fabulación, pues es injusto", ha indicado.

Cabe recordar que Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Anticorrupción interesa para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.

En este primer día de declaración, ha cobrado relevancia la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012. De ella ha recordado que "fue muy controvertida en España", que creó muchas dudas y que "los bancos y las empresas especializadas estaban al cabo de la calle" para captar clientes porque afectó a 75.000 personas.

Él se la encargó al despacho de Plazas Abogados y ha concedido que antes de ese hito no incluyó a las sociedades extranjeras Wescastle, Vivaway y Red Rose en sus declaraciones porque "no tenía una conciencia de que esas mercantiles estuvieran ocultando un patrimonio" y por tanto "no tenía sensación de urgencia", aunque ha explicado que esa decisión pudo ser equivocada. Cabe recordar que la Fiscalía sospecha que usó esa amnistía fiscal para blanquear y limpiar cuotas defraudadas.

En cuanto a los trabajos de índole macroeconómico que realizó para empresas como Telefónica y que cobró por medio de sociedades como Kradonara o Arada -sociedades suyas- y no de forma personal, ha señalado que lo hizo así porque pensó que se podía declarar como trabajo profesional.

En concreto, sobre los informes para Telefónica, ha explicado que le dedicaba prácticamente medio mes, que llevaba mucha elaboración, y ha zanjado que la forma era correcta dado que ese tipo de cliente "no va a andar con cosas extrañas".

Sobre sus trabajos de conferenciante, que realizaba a través de la empresa BCC y que facturaba también a través de Arada, ha incidido en que el propio presidente de BCC declaró que "más del 50% de los conferenciantes lo hacían a través de sociedades".

Al hilo, ha sostenido que echaba mano de secretarias y consultores para esas conferencias, que llevaba mucha gestión, y ha llegado a enfatizar que es "casi el único español al que se le acusa de delito fiscal" por facturar a través de una empresa ese tipo de trabajos.

Sobre una de esas sociedades extranjeras, Wescastle, que están en el punto de mira de la Fiscalía, Rato ha explicado que los fondos que contiene provienen de la herencia familiar de su padre.

En concreto, ha explicado que su padre tuvo que pagar una multa en 1968 por tener fondos en el extranjero, pero que Hacienda no le obligó a repatriarlos y el dinero quedó ahí hasta que la familia en 2004, cuando empeora el estado de salud de su madre -su padre fallece en 1998-, decide dejar la gestión de ese patrimonio a Rato.

Sobre esa cartera, radicada en Ginebra, ha señalado que era muy conservadora y que él tomó contacto con los gestores y de vez en cuando hablaba con ellos por teléfono. Pero ha enfatizado que ni introdujo ni retiró fondos de la misma.

Uno de los momentos más críticos de la vista, ha sido cuando la defensa de Rato ha puesto sobre la mesa que la unidad de auxilio de la Fiscalía sostiene que Rato siendo director gerente del FMI sólo estuvo fuera de España 41 días en 2004, 53 días en 2005, 10 días en 2006 y 31 días en 2007.

"¿Le encuentra alguna explicación a este cálculo?", ha preguntado Massó, a lo que Rato ha respondido: "Bueno, sólo tiene dos explicaciones. O es una falsedad, o es una tontería".

Así, una vez más, ha vuelto a cargar contra los funcionarios que calcularon esos datos y ha recordado que durante su estancia en Washington residía allí -de hecho adquirió una vivienda- y viajaba mucho por su cargo pero siempre regresaba a la sede del FMI.

En otro momento, y sobre la acusación de que participó en una SICAV radicada en EEUU, ha sostenido que no fue así y que de hecho los documentos en los que se apoya la Fiscalía para sostener eso eran en realidad de otra cliente del bufete que se registró en el marco de la causa.

"Volvemos a la prueba diabólica. Yo tengo que demostrar que una cosa no es mía. Y además, en este caso, hay una persona que dice que es suyo", ha apostillado.

Esta idea de tener que demostrar que determinados apuntes bancarios no guardaban relación con él ha gravitado a lo largo de toda la sesión, y de hecho Rato ha llegado a quejarse de que la Fiscalía pretende que "cualquier persona que trate" con él en realidad sea él.

"Todo para sostener que yo tengo un patrimonio oculto que justifique que el 750 -modelo para aflorar bienes adquiridos con rentas no declaradas y regularizar las mismas- está mal hecho", ha explicado, para añadir que "todo bicho viviente que trata conmigo, inmediatamente su dinero es mío".

Por otro lado, Rato ha afeado al Ministerio Público que la causa haya ido "expandiéndose y mutando". Y ha incidido en que lo que ha ocurrido con su persona en Derecho Penal se denomina "prueba inquisitorial": "Y es que tengas que demostrar que no eres algo, lo cual pues no dice mucho de los que lo practican".

La declaración del exministro continuará este jueves, cuando la defensa entrará a preguntar por la parte de la causa que afecta los contratos publicitarios firmados por Bankia con Publicís y Zenith siendo éste presidente de la entidad.

Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participó en la investigación relativa al incremento presuntamente ilícito del patrimonio del exministro popular Rodrigo Rato asegura que la mecánica de sociedades utilizada para traer a España fondos desde el extranjero tenía "indiciariamente una voluntad de esconder el origen" del dinero, según informa Europa Press.

En esta vigésima sesión del juicio al exministro en la Audiencia Provincial de Madrid ha comparecido durante más de cinco horas otro de los agentes que participó en la redacción de los atestados elaborados en el marco de la investigación al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A preguntas de la fiscal anticorrupción del caso sobre si el entramado y la mecánica eran compatibles con el delito de blanqueo de capitales, ha apuntado que las empresas extranjeras desde las que llegaban los fondos a mercantiles relacionadas con Rato radicadas en España estaban sustentadas o participadas a través de testaferros y administradas por terceros.

A esto ha sumado que esas sociedades transmitían los fondos pero no de forma directa a empresas del exministro sino que lo hacen a través de dos sociedades, Kradonara y Vivaway, que se interponían con testaferros: "Hay elementos indiciarios para decir que hay voluntad de esconder el origen de los fondos".

En este sentido, ha explicado que la lógica es buscar siempre la eficiencia, y en caso de pasar dinero de una cuenta a otra no es lo normal hacerlo a través de un carrusel de empresas, por lo que entiende que había una voluntariedad de "desligar" los fondos del origen.

Por otro lado, la fiscal ha puesto el foco en 2006 cuando se da un cambio en la estrategia de Rato para repatriar fondos. El agente ha explicado que ese año una mercantil de la familia Rato -Aurosur- sufre una inspección y coincide ese hecho con la compra de Vivaway y Kradonara.

Al respecto, el investigador de la UCO ha señalado que desde entonces, en caso de una nueva inspección, la Agencia Tributaria se toparía con esas dos empresas interpuestas que, además, no solían sostener fondos porque según entraba capital salía a las pocas horas. "Lo que hace Rato es singular y además es indicativo de una conducta que puede estar aparejada al blanqueo", ha explicado.

En este sentido, ha añadido que les chocó durante su investigación que Rato se hiciera con Kradonara gracias a la donación de su excuñado Santiago Alarcó -también imputado-, y que este además le mandara un préstamo de 900.000 euros. "No me cabe duda de que (ese dinero, en realidad) es del señor Rato", ha comentado, para sumar que ese préstamo tiene el cariz de participativo y buscaba "justificar la entrada de dinero a España".

Este miércoles, tal y como pasara en al declaración del jefe de la UCO que declaró el martes, también se ha hecho hincapié en el hecho de que los investigadores no tuvieran claro si existía una sola empresa denominada Red Rose o si en realidad se trataba de dos bolsas patrimoniales.

El agente ha sido tajante al respecto explicando que "nunca" llegaron a saber si existían con certeza dos Red Rose pero que esto "no desvirtúa que si los fondos son de origen delictivo, toda la estructura que se hace para introducirlos en España es compatible con blanqueo de capitales".

En otro orden de cosas, el agente se ha referido también al contrato por parte de Bankia de las agencias de publicidad Publicís y Zenith Media para el lanzamiento de la marca de la entidad en 2011. Esta operación está bajo sospecha porque Fiscalía sostiene que Rato habría cobrado una comisión por asignarles ese trabajo y que lo habría canalizado a través del también investigado Alberto Portuondo.

El agente de la UCO ha explicado al respecto que tras tomar declaraciones a responsables de Bankia pudieron conocer que Portuondo no solo asesoró a las agencias para participar en el concurso, sino para ganarlo, y eso teniendo en cuenta que él era uno de los tres responsables que estaban en la terna de lo que debían decidir a quién elegir. "Él se ofrece para ganar un concurso a una serie de empresas, va a cobrar, y lo singular es que está en la terna de personas que decide sobre ese concurso", ha recordado.

Por su parte, la defensa de Rato ha tratado de poner en entredicho la investigación de la UCO en relación a las sociedades extranjeras investigadas, poniendo de manifiesto, por ejemplo, que no se tuvo en cuenta si el exministro residía en España o no en los años objeto de las pesquisas.

También ha puesto el foco en que se hable de sociedades opacadas, tal y como defiende la UCO, cuando a su juicio la propiedad de las mismas era conocida por la Agencia Tributaria antes incluso de que la Guardia Civil entrara como auxilio judicial.

En líneas generales, tanto a esta defensa como a la del abogado Domingo Plazas, el agente se ha limitado a ratificar lo que plasmó en sus atestados al respecto y a la mayoría de las preguntas ha respondido que no recordaba con exactitud los datos por los que era cuestionado.

El interrogatorio de la defensa de Rato ha pasado por momentos de tensión entre el agente y la abogada, lo que ha provocado que la presidente del tribunal haya tenido que intervenir en ocasiones para calmar el ambiente.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

El excuñado de Rodrigo Rato Santiago Alarcó, acusado de blanqueo de capitales, se ha desmarcado de las operaciones societarias de la causa sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno y ha pedido su absolución por indefensión y por estar prescrita la única operación en la que intervino, según informa EFE.

En la segunda sesión del juicio por el origen de la fortuna de Rato, la defensa de Alarcó ha explicado que la única operación que cabe atribuir a su defendido, una transferencia de 120.000 euros, está prescrita, ya que se ejecutó en 2006 y Alarcó no fue llamado a declarar como imputado hasta 2018.

Se trata de una transferencia de 120.000 euros de la sociedad Rubicón -en la que Alarcó figura como "mero directivo"- a Kradonara, presunto epicentro de la trama societaria de Rodrigo Rato.

El abogado se ha referido al escrito de acusación de la Fiscalía, que indica que Rubicón "transfirió por supuestos servicios de consultoría 120.000 euros para su abono en Kradonara", algo que en su opinión es "una mera transferencia que además en otro punto del escrito figura como desconocida". Pero ninguna irregularidad cabe atribuir a Alarcó, que no era más que un directivo de Rubicón, sociedad que siguió funcionando después de su marcha, y en la que no tenía capacidad de gestión para decidir sobre transferencias.

Según el escrito de la fiscalía, Alarcó era el que "manejaba las cuentas de Rato, colaborador imprescindible que venía gestionando en el exterior las estructuras societarias de Rato", que "usaba a Alarcó para gestionar sus finanzas en el extranjero y conocía sus cuentas". Aparte de la mencionada transferencia de 120.000 euros, ha explicado el abogado, no hay "ni una sola transferencia ni hay un hecho concreto en todo el escrito que permita afirmar todo esto".

Pese a que la Fiscalía necesita "40 folios para describir la operativa de blanqueo de Rato, e incluye centenares de operaciones, compras y transferencias de todo tipo, la única mención en esas 40 páginas a Alarcó es una, donde se dice lo de la transferencia de 120.000 euros, y se afirma que 'supuestamente' ese dinero lo envió Alarcó a Kradonara". "Supuestamente", ha indicado la defensa de Alarcó, es un término "que le gusta mucho a la Fiscalía, pero del que es difícil defenderse".

A Santiago Alarcó no cabe atribuirle ningún hecho concreto más allá de esa transferencia, que "no ordenó porque era un mero directivo y ni tenía poderes ni era el dueño ni tenía capacidad de gestión". Por todo ello ha pedido la libre absolución la defensa de Alarcó, del que se han "vulnerado su derecho a una defensa con garantías" ya que ni siquiera ahora, en la fase de juicio oral, ha tenido acceso a la totalidad del sumario.

En esta segunda sesión ha planteado también cuestiones previas la defensa del abogado Domingo Plazas, que asimismo ha pedido la absolución por prescripción.

La Fiscalía pide para el exvicepresidente cerca de 70 años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, conclusiones que comparte con la Abogacía del Estado.

En total son 17 los acusados, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, así como su antigua secretaria, Teresa Arellano, o el que fuera "mano derecha" de Rato, José Manuel Fernández Norniella. 

La defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido en la primera sesión del juicio por el origen de su fortuna que se anule la causa, basada en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía, según informa EFE.

Aunque Rato ha llegado este viernes puntual a las 10:00 a la que estaba citado, la sesión no ha comenzado hasta cerca de 45 minutos después, tiempo consumido en la entrada de acusados, defensas y acusaciones.

Entre las cuestiones previas planteadas por las partes, destaca la solicitud del que fuera "mano derecha" de Rato, José Manuel Fernández Norniella, de que se le exima de acudir a las sesiones, previstas hasta finales de mayo de 2024, por motivos de salud, petición que ha sido aceptada.

En defensa de Rato, la abogada María Massó ha pedido la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro del domicilio de Rato, que tuvo lugar en 2015, ya que en su opinión se vulneró "la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad".

La denuncia de la Fiscalía, ha relatado la letrada, incluye cuatro hechos, le atribuye alzamiento de bienes y le imputa cinco delitos contra la hacienda publica, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades, algo que nos se sostiene entre otros motivos porque "las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas".

La denuncia "era mendaz", ha afirmado la abogada, y "los hechos tal y como están redactados son contradictorios y atípicos, ya que se afirma una cosa y la contraria".

Incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el juicio, el tercero al que se enfrenta Rato tras el de las tarjetas black de Caja Madrid y la salida a Bolsa de Bankia, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024. 

La Fiscalía pide para Rato cerca de 70 años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, conclusiones que comparte con la Abogacía del Estado.

La sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo, es la encargada de juzgar a Rato, más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordara remitirle las actuaciones del caso para su enjuiciamiento, tras siete años de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos.

La Fiscalía aseguraba en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.  A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros. 

También veía "indicios racionales" de que el también exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a Bolsa, que se habrían derivado a diversas sociedades logrando "difuminar el origen del dinero". 

En total son 17 los acusados, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, para el que la Fiscalía ha rebajado en parte la responsabilidad civil por los pagos efectuados a Rato por la operadora.

Por el delito de blanqueo de capitales se encuentra también acusado Santiago Alarcó, excuñado de Rato; mientras que en el de corrupción entre particulares está su antigua secretaria, Teresa Arellano, y Fernández Norniella.

Durante mucho tiempo fue uno de los grandes símbolos del Partido Popular. Tanto, que el todopoderoso José María Aznar llegó a pensar en él como su sucesor. Todo el mundo reivindicaba su figura. La de un hombre al que se vestía como artífice del llamado "milagro económico español". La de un político que lo fue casi todo: vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Pero hoy, Rodrigo Rato Figueroa solo es un exmilitante de la formación conservadora. Su caída a los infiernos comenzó con las tarjetas black y el caso Bankia. Y culminó una tarde de mediados de abril de 2015, cuando efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera se presentaron en su domicilio. De aquella jornada quedó una imagen para la posteridad: la del exvicepresidente siendo introducido en un coche tras su detención.

Ocho años después, este último procedimiento judicial aún lo persigue. Y Rato se tendrá que sentar desde este viernes en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Bajo la lupa, la fortuna en el exterior que el exmandatario habría ocultado al fisco. Tras una compleja instrucción prolongada durante más de un lustro, con más de 70.000 documentos acumulados, la vista oral será larga. Primero se celebrarán cuatro sesiones de cuestiones previas. Y la segunda semana de enero arrancarán las testificales, que se prolongarán hasta mediados de febrero, cuando empezará la prueba pericial. Abril será el mes de los interrogatorios a los acusados. Y mayo pondrá la guinda final al proceso.

El llamado caso Rato es una historia de supuestas comisiones, millones ocultos en el extranjero, una maraña societaria y cuentas en paraísos fiscales. Ese es, al menos, el dibujo que trazan tanto el instructor de la causa como la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar decenas de años de prisión. "Ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades", señalaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, en el que también ponía de manifiesto "incrementos patrimoniales no justificados" de 15,63 millones de euros entre 2005 y 2015 y "rendimientos de capital mobiliario en el exterior" que tampoco habrían sido declarados al fisco.

La causa se centra, por un lado, en varios contratos de publicidad que Bankia firmó con las empresas Publicis Comunicación España y Zenith Media durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, con Rodrigo Rato presidiendo la entidad financiera. Con el "fin de conseguir" esos trabajos, según plasmó el instructor en su auto de procesamiento, ambas mercantiles habrían abonado una "comisión" de 2,02 millones de euros a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento. "Y esta, a su vez, en virtud de un contrato del 3 de junio de 2011, transfirió a la sociedad Kradonara 2001 SL, controlada por Rodrigo Rato, la cantidad de 835.024,64 euros", completaba aquel escrito de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado.

Esas "comisiones", según detalló la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, fueron posteriormente "transferidas" por el exvicepresidente del Gobierno a las cuentas de otras dos sociedades. Una de ellas era la germana Bagerpleta Gmbh, "participada", según el instructor de la causa, por Rato y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania, en concreto en la capital, Berlín. La otra, la española Arada, mercantil también vinculada al exdirigente político. De esta manera, y siempre según el relato que realiza el Ministerio Público, el que fuera mandamás del Fondo Monetario Internacional habría logrado "difuminar el origen del dinero".

En su auto de procesamiento, el magistrado Antonio Serrano Arnal también dibujaba al detalle la estructura societaria de la que se habría valido Rato para introducir en España desde el extranjero algo más de 7,8 millones. Un "canal" con el que consiguió "alejar los fondos de su origen, con el objeto de ocultar su persona". En la causa afloran nombres como los de las panameñas Red Rose Finantial Enterprise y Westcastle Corporation, firmas, según el instructor, "tituladas por testaferros". O los de la irlandesa Red Rose Investment o la británica Vivaway Limited. Entidades con las que Rato, según Anticorrupción, habría realizado "continuas actividades de inversión financiera" mediante "cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido o Mónaco".

La documentación obtenida en los diferentes registros llevados a cabo aquella tarde de abril de 2015 también ha permitido conocer, tal y como describió el Ministerio Público en su escrito de acusación, que el exvicepresidente del Gobierno, entre otras cosas, habría "titulado" cuentas desconocidas para el fisco en Estados Unidos o Suiza. U "operado" a través de cuentas "en territorios de baja tributación", como la Isla de Man, Kuwait o Curaçao. O que se habría servido de "estructuras financieras" para realizar "movimientos transfronterizos de dinero encubiertos" a través de trust y sociedades opacas. "Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo", defienden los fiscales, que describen en su escrito hasta ocho mecanismos distintos.

Además de la corrupción y el blanqueo, el Ministerio Público acusa a Rato de hasta once delitos fiscales, con una cantidad defraudada total de 8,58 millones de euros. En este sentido, el juez instructor pone el foco en su auto de procesamiento en las "maniobras de ocultación" y "societarias" para retornar parte de su patrimonio exterior "de manera oculta". Pero también en la "percepción" a través de "sociedades meramente instrumentales" de servicios profesionales que Rato prestaba, a fin de, por una parte, "minorar la cuota resultante" a favor del fisco "por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades" frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Haciéndolo, además, a través de sociedades bajo su control con bases imponibles negativas en cuanto al Impuesto de Sociedades, lo que determinó la ausencia de las percepciones derivadas de dichos impuestos por parte de la Hacienda Pública", remataba el magistrado Serrano en este sentido.

El llamado artífice del "milagro económico español", uno de los muchos españoles que se acogieron a la famosa amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, ha disparado sin piedad desde su detención contra varios miembros de aquel Ejecutivo conservador, a los que acusa de estar detrás de una suerte de maniobra para hundirle. "A mí me tira quien me tira. Vigilancia Aduanera depende del Ministerio de Hacienda y el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), del ministro de Economía", deslizaba en una entrevista reciente con el diario El País. En el momento en el que fue arrestado, al frente de Hacienda se encontraba Cristóbal Montoro. Y Luis de Guindos, de la cartera de Economía.

En su libro Hasta aquí hemos llegado, el exdirigente carga con dureza contra la Fiscalía y el juez: "Acabaría acusándome de delitos por hechos por los que a los demás les hacen una simple inspección. Aprendí que la justicia en España no es que sea ciega, es que es distinta según quién seas". Su defensa argumenta que los hechos objeto de la acusación "no se ajustan a la realidad" y que en el momento en el que se presentó la denuncia contra su cliente "la totalidad de su patrimonio" había sido puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria, por lo que no existió "opacidad ni ocultación". Además de Rato, se sentarán en el banquillo otra quincena de personas físicas y jurídicas, entre ellas su ex cuñado, un asesor fiscal y quien fuera secretaria personal del exvicepresidente.

Con esta ya son tres las veces que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional se ha enfrentado a un juicio. Primero lo hizo por las tarjetas black de Caja Madrid, un caso por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión. "Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas", dijo Rato justo antes de entrar a cumplir condena en la madrileña cárcel de Soto del Real. Luego, lo hizo por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, un asunto por el que finalmente fue absuelto. Ahora, una década después de su caída en desgracia, hace frente a su último infierno. El de su fortuna en el extranjero.

En 1918 abría sus puertas. El número 68 del Paseo de Gracia se convertía en un punto de lujo y poder. La Barcelona que movía los hilos conoce de memoria todas sus salas. Es el hotel Majestic, un emblema cinco estrellas de la ciudad condal. Y bajo su cartel de escrupulosas letras blancas se guardan muchos secretos y conversaciones que han cambiado el rumbo del país.

En 1996 José María Aznar había ganado las elecciones, pero sin la mayoría absoluta deseada. Tocaba mirar a los nacionalistas para desbancar a Felipe González del Palacio de La Moncloa. Desde la victoria del 3 de marzo, se produjeron largas y profundas negociaciones entre el PP y CiU. Poco a poco se iban entendiendo, con un primer acuerdo para las Mesas del Congreso y del Senado. Pero faltaba lo importante: la investidura del aspirante popular.

Y el 27 de abril hubo fumata blanca tras un maratoniano último encuentro. Llegaba el momento de celebrar. ¿Dónde? ¿Cómo? CiU lo tuvo claro: una cena con cava y comida firmada por el chef Fermí Puig en el hotel Majestic, en la Barcelona más lujosa. En la mesa se sentaron el entonces futuro presidente del Gobierno, José María Aznar, junto a su negociadores clave: Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. Por la parte del nacionalismo catalán estaban: Jordi Pujol, Macià Alavedra, Josep Antoni Duran i Lleida, Joaquim Molins y Josep Sánchez Llibre. Señoras y señores, acababa de nacer el pacto del Majestic para dominar la política española.

Aznar llegaba a La Moncloa con un acuerdo en el que satisfacía amplias demandas del independentismo y en ningún momento dijo que se rompía España. El documento pactado se titulaba Acuerdo por la gobernabilidad y la estabilidad, que fijaba el empleo como el principal objetivo del futuro Ejecutivo, pero que en sus primeros puntos ya proclamaba que un “esfuerzo esencial sería el desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, lo que requerirá la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica, completar los traspasos correspondientes y garantizar el correcto funcionamiento e interrelación de las instituciones del Estado y de las diferentes Administraciones públicas”.

El primer apartado específico del acuerdo estaba protagonizado precisamente por esa promesa de un nuevo modelo de financiación autonómica, en el que, según acordaron el PP y CiU, las comunidades tendrían “más autonomía” para definir sus ingresos. Y Aznar aceptó ceder a los gobiernos regionales el 30% de la recaudación del IRPF. Para su aplicación, además, el PP dejaba margen para capacidad normativa por parte de las regiones.

Una capacidad, además, que los populares daban también a las comunidades para impuestos cedidos como el de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales, el de sucesiones y el de juego. También el pacto del Majestic supuso que los populares revisaran los gastos de los costes reales de las transferencias de instituciones penitenciarias y de los Mossos.

Jordi Pujol arrancó una demanda del nacionalismo durante años: la eliminación de la figura de los gobernadores civiles. Los populares se comprometieron a reformar la administración periférica del Estado con esta supresión y su consiguiente sustitución por los subdelegados del Gobierno, que debían ser funcionarios de carrera.

Entre los traspasos acordados por el PP y CiU hubo uno muy significativo: el paso a los Mossos de la Generalitat de la competencia de tráfico bajo el “contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán”. Pero no se quedaban ahí, ya que también los populares se comprometieron a ceder al Palau de la Generalitat las competencias del INEM de intermediación en el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo.

El acuerdo incluyó más traspasos a Cataluña: regulación de la Formación Profesional, los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales del Instituto de la Marina y la gestión de los puertos. Esto además suponía que cada autonomía pudiera nombrar al presidente de cada puerto. También Aznar firmó que los gobiernos regionales tuvieran más participación en las futuras leyes de costa y del suelo.

El Partido Popular aprobó la eliminación de un servicio mítico en España: la mili. CiU exigió este punto y que se incorporara que se tenía que llegar a una profesionalización total de las Fuerzas Armadas. En 2001 se aprobó el real decreto por parte del Consejo de Ministros que acabó con esta práctica instaurada en España desde dos siglos antes.

El acuerdo entre el Partido Popular y los convergentes se cerraba con un punto para rebajar los precios de las autopistas: “Ante la actual situación generada por la existencia en el territorio de autovías libres de peaje y autopistas de peaje cuya utilización, además, está gravada por un IVA del 16%, con la carga económica que ello supone para sus usuarios habituales, el PP se compromete a reformar el actual régimen impositivo a través de la aplicación del tipo reducido del 7%”.

Aznar llegaba con este texto a La Moncloa y lo celebraba con Pujol y sus íntimos con la cena en el Majestic. A pesar de las transferencias, de su boca no salió que hubiera alguna cesión a la Generalitat. El expresidente ha defendido siempre ese acuerdo e incluso ha negado que supusiera alguna “cesión”, reivindicando que fue para “toda España”, a pesar de que el texto solo habla específicamente de Cataluña.

En cambio, esta semana salió otra vez a escena Aznar para alertar de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional", por lo que llamó a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", lanzó en un acto del Instituto Atlántico junto al actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En una sentencia, en la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal ha desestimado los dos únicos recursos que se presentaron contra la decisión que la Audiencia Nacional adoptó en septiembre de 2020. En concreto, ha rechazado los argumentos de Bochner España SL y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas (AEMEC).

La sentencia inicial aseguraba que no había ni un solo dato que pudiera conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que los acusados hicieron dejación de sus funciones. Los magistrados del Supremo han confirmado estas conclusiones, por lo que la absolución de los 34 acusados, incluidos José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma, ha pasado a ser firme.

La Sala de lo Penal ha asegurado que "no se advierte error palmario alguno, ni argumentos apodícticos o absurdos" que pudieran llevar al Supremo a anular la decisión de la Audiencia Nacional, tal y como piden los recurrentes.

En 178 folios, el Alto Tribunal ha repasado los argumentos de los recurrentes y ha indicado, entre otras cuestiones, que la deliberación, votación y fallo de la sentencia que absolvió a Rato y al resto de acusados es correcta.

Además, ha rechazado que la resolución de la Audiencia Nacional no estuviera lo suficientemente motivada o que hubiese un error en la valoración de la prueba que se practicó durante el juicio.

Los magistrados han insistido en que su labor no se trata de valorar cuál hubiese sido la sentencia más "idónea o acertada", sino "comprobar" que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional "no ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones", algo que, a su juicio, no ha ocurrido.

Así, el Supremo ha ratificado la sentencia que fijó que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores y que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera.

La Audiencia Nacional destacó que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos, por lo que lo que correspondía era absolver a los acusados.

Para aquel tribunal, resultó "evidente a todas luces" que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue "intensamente supervisado" con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones.

Según señalaron los jueces en 2020, tanto la decisión de debutar en el mercado, como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco, fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban.

La Audiencia Nacional concluyó que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera "más que suficiente" para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando.

El tribunal hizo suyas las declaraciones de la fiscal, Carmen Launa, que decía que la información financiera "no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables aunque no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente".

En cuanto a la información no financiera suscrita, la sentencia original indica que se describieron hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido, cuya descripción era "exhaustiva, clara y que cualquiera entendería".

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado remitir a la Audiencia Provincial de Madrid las actuaciones del denominado caso Rato para su enjuiciamiento, después de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han acumulado más de 70.000 documentos.

Por esta causa se sentarán en el banquillo 17 investigados, entre los que está el ex ministro de Economía Rodrigo Rato, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.

Fue en junio de esta año cuando el juez instructor Antonio Serrano-Arnal acordó la apertura de juicio oral contra el ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Ahora, tras remitir estas actuaciones para su enjuiciamiento, el juzgado continúa con la tramitación de las correspondientes piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.

Esta causa comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a la Hacienda Pública por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".

Y así lo manifestó también Rato cuando compareció ante el juez instructor el 30 de julio de 2018. Entonces, negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

El ex ministro presentó el pasado octubre de 2021 su escrito de defensa, y en el alegaba que no había podido tener acceso a documentación de la causa. Por eso, demandaba que se le diera acceso a esa parte porque lo consideraba relevante. Asimismo, alegaba indefensión y nulas garantías ya que el instructor no había resuelto recursos que, a su juicio, eran importantes y que podrían retrasar la apertura de juicio oral.

La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente 70 años de cárcel para el exministro. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apuntaba el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.