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LOS COSTES DE LA REGULACIÓN DE EMPLEO

Trabajo tarda casi cuatro años en reclamar al Santander 6,3 millones de la 'Enmienda Telefónica' por los despedidos mayores de 50 años

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

Una vez cerrado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Banco Santander dio por terminado el pasado 31 de marzo, la entidad que preside Ana Botín ha despedido a casi 6.000 trabajadores desde 2013, incluidos los que integraban las plantillas de Banesto y Banco Popular. En concreto, 5.869 empleados, además de prejubilar a otros 2.103. En el último ERE, que afectó a 3.223 personas, el 69,8% superaba los 50 años. En el de 2017, el 64,1%. En el de 2016, un 63%.

El Banco Santander ha ejecutado despidos colectivos en 2013, 2016, 2017 y 2019. Pero hasta esta primavera no ha pagado ni un solo euro al Tesoro Público por las prestaciones de desempleo y las cotizaciones sociales de los empleados de más de 50 años de los que ha prescindido. Un ingreso al que están obligadas todas las empresas con más de 100 trabajadores y beneficios que despidan a trabajadores por encima de esa edad. Es la llamada Enmienda Telefónica, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que las empresas sufraguen así unos importes que hasta ese momento pagaba el Estado. El ERE que presentó ese año Telefónica para 8.500 trabajadores, mientras la compañía entonces presidida por César Alierta anunciaba unos beneficios históricos de 10.167 millones de euros, está en el origen de la medida, en un intento por “evitar la socialización de los costes del despido” –tal y como reza la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la medida en 2015–, además de desincentivar las prejubilaciones.

En octubre del año pasado infoLibre empezó a pedir al Ministerio de Trabajo información sobre los pagos que el Santander debía haber realizado a lo largo de estos últimos años por los despidos de mayores de 50 años. Tuvo que recurrir al Consejo de Buen Gobierno y Transparencia (CBGT) para que finalmente, ocho meses después, el ministerio haya facilitado los datos solicitados.

Según la contestación que ha dado a través del Portal de Transparencia, el Ministerio de Trabajo no reclamó al Santander ninguna cantidad por este concepto hasta el 20 de febrerono reclamó al Santander ninguna cantidad de este mismo año. En esa fecha fue cuando concluyó el primer procedimiento que se le ha abierto al banco, correspondiente al ERE de 2016. Entonces fueron despedidos 680 empleados y prejubilados otros 831. Por ellos Trabajo le pide al banco 6,31 millones de euros sólo por la anualidad correspondiente a 2016, una cantidad de la que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dice no tener constancia hasta la fecha de que haya sido ingresada aún, pero que el Santander, asegura un portavoz a este periódico, ha pagado ya.

Cuando este periódico preguntó por primera vez –en octubre del año pasado– al ministerio entonces dirigido por Magdalena Valerio, sobre los pagos reclamados al Santander, el departamento contestó que el ERE de 2013 no cumplía los requisitos exigidos por la norma para abonar importes por las prestaciones y cotizaciones de los 290 trabajadores que fueron despedidos tras la integración de Banesto. También fueron prejubilados otros 1.272. El ministerio explicó que tenía “previsto” iniciar el procedimiento sobre el ERE de 2016, pero que aún estaba “pendiente de la emisión de un informe” para abrirlo. Lo inició, según responde ahora, el 27 de noviembre, tres años y siete meses después de que se acordara el despido colectivo. Como la ley impone un plazo de cuatro años para reclamar a las empresas cualquier cantidad desde que presentan el certificado con todos los datos sobre el ERE, el SEPE ha terminado el expediente justo a tiempo para evitar que prescriba la reclamación –el acuerdo con los sindicatos fue firmado en abril de 2016–.

En su primera respuesta, el ministerio atribuyó el retraso en la reclamación de cantidades al Santander a la “complejidad” de los cálculos necesarios para determinar el número de trabajadores afectados. La Enmienda Telefónica fue modificada en 2012 y 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que incluyó en el cómputo los despidos por motivos disciplinarios –siempre que hayan sido declarados improcedentes por el juez–, movilidad geográfica, modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y falta de pago, así como por causas objetivas –económicas, técnicas, organizativas, también por ineptitud sobrevenida, faltas de asistencia justificadas…–. Y estableció un plazo: se contabilizan esos despidos individuales siempre que se hayan producido en los tres años anteriores al despido colectivo y en el año posterior a éste. El ministerio explicaba que en octubre de 2019 aún estaba intentando dilucidar a qué ERE correspondían los despidos individuales efectuados por el Santander durante los tres últimos años, teniendo en cuenta que el banco ha ejecutado despidos colectivos consecutivos en 2016, 2017 y 2019. “Hemos tenido que hacer un examen en profundidad el SEPE, la Dirección General de Trabajo y la Inspección”, resaltaba el departamento.

Falta de medios del SEPE

Además, el SEPE aduce otro motivo, explicitado en su informe anual de 2017: la falta de medios” que sufre y que le permitió abrir ese año sólo cinco procedimientos de liquidación a otras tantas empresas: Bausch and Lomb, Leisure Park, Daiichi Sankyo España, Planificación y Control Logístico y Heineken. También justo antes de que prescribiera el plazo de cuatro años.

En el informe de 2018, el último publicado, el ministerio ya no hace mención alguna a la falta de medios y añade a la lista de empresas reclamadas ocho nuevas: Aviva, Bantierra, Ercros, Huntsman Advanced Materials Spain, la pública Isdefe, LPG Técnicas de Extinción de Incendios, Mondelez España Confectionery Production y Oracle Ibérica.

Tras los ERE de 2013 y 2016, el Santander cerró un nuevo despido colectivo en 2017 para 1.110 trabajadores y en junio de 2019 pactó otro para 3.223. Además, desde 2013 ha realizado 566 despidos individuales, de acuerdo con las fuentes sindicales consultadas.

Pero, además de computar los despidos individuales, también debe calcularse el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años respecto de la plantilla de la empresa, así como el porcentaje de mayores de esa edad respecto al número total de despedidos. Si el segundo supera al primero, la empresa debe pasar por caja. De este modo se penaliza a las compañías que utilizan la edad para seleccionar a los empleados que van a despedir y se ceban en los trabajadores mayores. En el ERE de 2016, el Santander prescindió de 428 empleados con más de 50 años, el 63%. En el de 2017, despidió a 704 trabajadores por encima de esa edad, el 64,1%. Y en el de este año, de los 3.223 afectados hasta el momento, el 69,8% superan los 50 años. Según consta en los informes anuales de la entidad, sólo el 21,3% de la plantilla europea tiene más de esa edad. Por lo que el banco también debería pagar al SEPE por las cotizaciones y prestaciones de estos dos últimos ERE en virtud de la Enmienda Telefónica. Y una cantidad nada desdeñable, teniendo en cuenta que el sueldo medio de los empleados del Santander que han cumplido los 50 años alcanza los 66.216 euros anuales. El mismo informe cifra en 16.341 los despidos que ejecutó la entidad en 2019 en todo el mundo, de los cuales el 28,4% correspondió a trabajadores por encima de la cincuentena.

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Dos años de retraso para aplicarla

La Enmienda Telefónica nunca fue del agrado de las empresas. De hecho, la CEOE pide su supresión por el sobrecoste que les supone. Y tuvo unos comienzos difíciles. En marzo de 2013, dos años después de su aprobación, el Ministerio de Empleo aún no había ingresado ni un euro de las compañías con beneficios que despedían a mayores de 50 años. Por entonces, los responsables del departamento achacaban también a la complejidad de los cálculos el retraso en la reclamación de cantidades. De hecho, según los informes anuales del SEPE, en 2013, finalmente, sólo se pudo exigir el ingreso a 12 empresas, pero el 97% del importe reclamado –que el informe no precisa– correspondía al ERE de Telefónica. El año siguiente ya sumaban 23 las compañías notificadas, pero el operador telefónico seguía acumulando el 87% de los 141,14 millones de euros que el ministerio pedía por las prestaciones y cotizaciones de los despedidos que llevaba ya dos años pagando. En 2015, el grupo Raga recurrió ante la Audiencia Nacional la reclamación de 164.000 euros que le había hecho Trabajo por despedir a 13 trabajadores mayores de 50 años. Pero el tribunal le dio la razón al ministerio y avaló una medida que consideró “justa” y “proporcionada”.

Hay que tener en cuenta que, en el caso del sector financiero, no sólo es continuado el recurso de las entidades al rejuvenecimiento de plantillas por este método, sino que, además, se pagan sueldos muy elevados, muy por encima de la media nacional, lo que a su vez aumenta el importe de las prestaciones y cotizaciones que el Estado debe sufragar cuando los bancos despiden a sus trabajadores con más antigüedad.

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