La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, ha pedido este jueves a la Comisión Europea que inicie una nueva investigación sobre el fichaje de Jose Manuel Durao Barroso por Goldman Sachs después de que el portugués se reuniera con el vicepresidente del Ejecutivo comunitario Jyrki Katainen en nombre del banco.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Defensora del Pueblo europeo ha explicado que la decisión de pedir a Bruselas una nueva evaluación sobre la compatibilidad de la polémica incorporación del expresidente de la Comisión Europea a Goldman Sachs con los tratados llega después de haber recibido tres quejas distintas.

El Ejecutivo comunitario ya evaluó este fichaje a petición precisamente de la Defensora del Pueblo y concluyó que Barroso no había vulnerado las reglas éticas de la UE al aceptar el puesto de director no ejecutivo y asesor del banco de inversiones.

No obstante, O'Reilly ha recordado que este primer análisis incluyó el compromiso de que Barrosso no se reuniría con representantes del Ejecutivo comunitario para tratar de influir en sus decisiones, algo que "se ha puesto en duda" tras conocerse en encuentro que mantuvo con Katainen.

La Defensora del Pueblo de la UE ha subrayado que esta reunión fue registrada como un encuentro con un representante de Goldman Sachs y por tanto "tiene la apariencia de una reunión con el objetivo de hacer lobbylobby".

"Los excomisarios tienen el derecho a tener un empleo después del caro pero como antiguos sirvientes públicos deben asegurar que sus acciones no perjudican a la confianza de la UE. El nuevo puesto del señor Barroso generó un descontento público grave y como mínimo debería levantar dudas dentro de la Comisión sobre si cumplió con el deber de discreción", ha afirmado O'Reilly.

"Mucho de este sentimiento negativo reciente sobre la cuestión podría haberse evitado si la Comisión hubiera tomado en aquel momento una decisión formal sobre el empleo de Barroso en Goldman Sachs. Esta decisión podría haber exigido al expresidente que evitase hacer lobby a la Comisión en nombre del banco", ha añadido la irlandesa.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha asegurado que Bruselas contestará a la Defensora del Pueblo antes de la fecha límite, fijada el 6 de junio, al tiempo que ha recordado que Barroso asumió su puesto en el banco de inversiones después de haber superado el periodo de 18 meses que entonces se exigía antes de fichar por una empresa.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha defendido este miércoles el derecho de su predecesor, José Manuel Barroso, a reunirse con comisarios europeos en nombre de Goldman Sachs, al tiempo que ha defendido que el portugués cuenta con "méritos en Europa" y "no es un gánster", informa Europa Press.

"Todavía es mi amigo porque tiene méritos en Europa, no es un gánster. Nunca dijimos que José Manuel no podía tener reuniones con comisarios o que los comisarios no tenían permitido reunirse con un expresidente de la Comisión", ha expresado el luxemburgués en una rueda de prensa.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha sido preguntado por el hecho de que Barroso se reuniera en octubre del año pasado con el vicepresidente de la Comisión Europea para el Empleo, el Crecimiento y la Inversión, Jyrki Katainen, según confirmó el finlandés en una carta enviada a la organización Corporate Europe Observatory (CEO).

Juncker ha señalado este miércoles que este encuentro respetó "totalmente" las normas que el Ejecutivo comunitario ha adoptado. "Le incluimos en la lista de lobistas, el encuentro entre Katanien y Barroso se hizo público, está en total conformidad con las normas", ha explicado.

"Si no se hubiera hecho público podría entender la pregunta. No critiquen a la Comisión por haber hecho pública una reunión, porque esto es la petición que nos imponemos a nosotros mismos", ha pedido.

La incorporación de Barroso a Goldman Sachs en verano de 2016 levantó mucha polémica e incluso provocó la apertura de una investigación interna por parte de la Comisión Europea. Sin embargo, Bruselas concluyó que Barroso no vulneró las reglas éticas de la UE al aceptar el puesto de director no ejecutivo y asesor del banco de inversiones.

Un colectivo de ONG le reclama a la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, en un correo hecho público el martes 20 de febrero, que reabra el caso del fichaje de José Manuel DurãoBarroso por Goldman Sachs. El contrato con el gigante de las finanzas, tras diez años como máximo responsable del Ejecutivo europeo (2004-2014), desencadenó una ardua polémica en el verano de 2016. El caso reabrió la preocupación por la influencia de los lobbies financieros en la capital belga.

Ahora, el caso suma un nuevo elemento: la entrevista, que pretendía ser secreta, entre Barroso y el conservador finlandés Jyrki Katainen, actual vicepresidente de la Comisión y entonces titular de la cartera de Empleo y de Crecimiento. Los dos hombres se reunieron en un hotel de lujo del barrio europeo, el antiguo Berlaymont Silken, el 25 de octubre de 2017. La web de información Politico ya adelantó en octubre que esta entrevista se había producido. Tras ser interpelado a través de las redes sociales, Katainen se ha visto obligado a incluir dicha entrevista en su registro de transparencia.

Los comisarios del Ejecutivo de Juncker deben hacer pública su agenda semanalmente antes de que se celebren las reuniones, pero en la práctica resulta muy difícil controlar el grado de transparencia a la que se someten.

Preguntado por diferentes ONG a comienzos de año, Katainen confirmaba, en un correo con fecha del 31 de enero de 2018, la existencia de la entrevista. Sobre todo, aportó precisiones que no dejan en buen lugar las argumentaciones ofrecidas por Barroso en 2016. Katainen explicaba que esta reunión se celebró por petición expresa de José Manuel Durão Barroso, en llamada telefónica, sin que estuviese presente ningún asesor. “Barroso y yo éramos los únicos presentes en esta reunión, durante la cual hablamos de asuntos relacionados con el comercio y la defensa”, escribe el finlandés, quien también fuera un efímero comisario europeo, durante el segundo mandato de Barroso (en 2014).

En resumen, el encuentro se asemeja bastante a una reunión de lobbying de alto rango. Claro que José Manuel Barroso había explicado en una carta remitida en septiembre de 2016 a  Jean-Claude Juncker, que el cargo no tenía nada que ver con hacer lobby. Tampoco, en su opinión, iba a ser asesorar a Goldman Sachs en lo relativo a las consecuencias del Brexit, como dijo en julio de 2016. Se “limitó” a aceptar la presidencia no ejecutiva del consejo de administración de Goldman Sachs International (GSI). “No me han contratado para hacer lobbying para Goldman Sachs y no tengo intención de hacerlo”, escribió el portugués.

Esta defensa permitió, en parte, bajar la presión y acallar el escándalo. “La carta del comisario Katainen lleva a pensar que Barroso se sirve de su posición privilegiada para ejercer lobbying a favor de Goldman Sachs”, señala Margarida Silva, activista de Corporate Europe Observatory (CEO), una de las ONG que reclaman más transparencia en Bruselas y que está detrás de la demanda.

“Esta reunión es el ejemplo perfecto del modo en que las puertas giratorias entre la política y el mundo de la empresa sirven a los intereses de los grandes grupos privado. Barroso fue capaz de organizar una cita privada con un comisario en ejercicio con sólo levantar el teléfono. Se reunieron en un hotel y no existe constancia escrita de lo hablado, lo que permitiría de reproducir todo o parte de la conversación”, apunta por su parte Myriam Douo, de Amigos de la Tierra-Europa.

Casi un mes después de hacerse público el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, Jean-Claude Juncker, en agosto de 2016, y desautorizaba a su predecesor. “Personalmente, no lo habría hecho”, dijo entonces. “El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta en exceso, pero en este caso me supone un problema. […] Hay que elegir al empleador”.

Pero la Comisión insistía también en que el fichaje se ajustaba a la legalidad. Después de todo, el famoso código de conducta que obliga al Ejecutivo a dar el visto bueno de los fichajes de los excomisarios, caso a caso, y bloquear eventuales conflictos de intereses sólo era de aplicación en los 18 meses posteriores a la salida del comisario en cuestión. El fichaje de Barroso se produjo 20 meses después de salir de la Comisión.

Pero esta defensa no ha bastado para calmar los ánimos. Funcionarios europeos, sorprendidos, han dado un paso al frente. En una petición, firmada por más de 150.000 personas, reclaman “sanciones ejemplares” contra Barroso, como por ejemplo, la suspensión del pago de su pensión de jubilación como presidente de la Comisión. Entienden que Barroso quizás respetase el código de conducta interna en la Comisión, pero infringido un texto bastante más importante: los tratados europeos (el artículo 245).

Este debate relativo sobre el no respeto de los tratados sigue su curso. Y, en especial, porque las propias ONG ya han pedido el dictamen de la mediadora de la UE, al considerar que la Comisión no investigó suficientemente para saber si, sí o no, el fichaje de Barroso contradecía a los tratados. El proceso sigue en curso.

Tras la confirmación de la reunión personal entre Barroso y Katainen, las ONG reclaman a la Presidencia de la Comisión que reúna, de nuevo, su comité de ética interna para evaluar el asunto. Año y medio después de saltar el escándalo, no desisten y se muestran convencidas de que debería haber consecuencias legales para Barroso por lo que consideran es un caso claro de  puerta giratoria. La perspectiva de las elecciones europeas, de mayo del próximo año, puede convencer a Juncker para endurecer el tono. ___________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afrontó en septiembre de 2016 uno de los discursos sobre el estado de la Unión más complicados. El líder del Ejecutivo comunitario tuvo que plantarse frente a la Eurocámara en un contexto complejo, con la victoria del Brexit en Reino Unido todavía fresca y con la vista puesta en el avance de la extrema derecha en países como Francia, Alemania y Holanda. A todo esto, se sumó además la crispación ciudadana generada por los saltos que exmiembros de la Comisión estaban dando por el sector privado tras abandonar sus cargos en Bruselas. Entre ellos el antiguo presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que en julio de 2016 había fichado como presidente no ejecutivo de la filial que el banco Goldman Sachs tiene en Londres. 

Con este último escándalo en la mochila, Juncker puso sobre la mesa del Parlamento Europeo su intención de reforzar la normativa ética a la que están sujetos los dirigentes de la Comisión. No había pasado una semana del anuncio, cuando Bruselas recibió un nuevo revés al calor de los Bahamas Leaks: Neelie Kroes, comisaria de Competencia de 2004 a 2010, figuró como directora de una sociedad offshore en Bahamas desde el año 2000 hasta octubre de 2009. En noviembre, el presidente del Ejecutivo comunitario, que también se ha visto involucrado en escándalos como LuxLeaks, remitió a su homólogo en la Eurocámara, Martin Schulz, una dura carta: "A la luz de los recientes hechos acaecidos, creo que nuestro Código de Conducta debe ser reforzado para que su nivel de exigencia sea el mayor posible".

Este miércoles, menos de año y medio después de aquellos anuncios, ha entrado en vigor la nueva normativa ética a la que están sujetos los dirigentes de la Comisión. "Establece unas reglas más claras y un código deontológico más riguroso", señalan desde Bruselas. Entre los cambios con respecto a la edición de 2011, el nuevo Código de Conducta amplía los tiempos que tienen que esperar los comisarios para realizar actividades tras su salida del Ejecutivo europeo, endurece las normas aplicables a los intereses financieros, aborda la definición de conflictos de interés, obliga a una mayor transparencia y contempla que los comisarios puedan presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo sin tener que pedir una excedencia.

Periodo de incompatibilidad

Cuando se anunció la incorporación de Barroso a Goldman Sachs, el asunto se trasladó a la mesa del Comité Ético de la Comisión Europea, después de que la Defensora del Pueblo de la UE pidiera "explicaciones" a Juncker y más de 120.000 personas, entre las que había funcionarios europeos, exigieran sanciones "ejemplares". Sin embargo, el Comité Ético concluyó que el expresidente, que tiene derecho a una jugosa pensión pública vitalicia, no violó "su obligación de integridad y discreción", por lo que no se justificaba la imposición de sanciones. Entre otras cosas, recordaba el dictamen emitido, porque Barroso había cumplido el plazo de enfriamiento que tenían que respetar los comisarios antes de pasar al sector privado: 18 meses.

Sin embargo, a partir de este miércoles los miembros de la Comisión tendrán que esperar más tiempo antes de comenzar nuevos proyectos con posterioridad al cargo. Así, el artículo 11 del nuevo Código de Conducta amplía el periodo de incompatibilidad hasta los 2 años para poder desempeñar cualquier "actividad profesional", sea o no remunerada. En el caso del presidente del Ejecutivo europeo, ese periodo de enfriamiento será de tres años. Durante ese plazo de tiempo, los ex miembros de tendrán que informar a Bruselas sobre su intención de asumir cualquier nueva función.

Excedencias para las elecciones europeas

En la carta que Juncker envió en noviembre de 2016 a Schulz, ponía sobre la mesa otro de los objetivos fundamentales de la reforma del código deontológico: "Muchos de los actuales comisarios ya se presentaron como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo o son antiguos primeros ministros o ministros. En el futuro, como ocurre comúnmente en nuestros Estados miembros, quiero que los miembros de la Comisión puedan presentarse como candidatos a las elecciones europeas sin tener que abandonar sus tareas (...). Las elecciones al Parlamento Europeo son y deben ser una cita ineludible con la democracia, y esto también es válido para la Comisión".

El Código de Conducta de 2011 establecía que los comisarios que quisieran participar "activamente en las campañas electorales como candidatos a las elecciones europeas" tenían que pedir una suerte de excedencia –el "permiso electoral no remunerado"– en la que no podían "utilizar los recursos humanos o materiales de la Comisión". Esta "norma absurda", en palabras de Juncker durante el discurso sobre el estado de la Unión de 2016, ha sido eliminada en la reforma de 2018, en la que simplemente se fija que los comisarios "podrán participar" en campaña y "podrán también ser elegidos" por los partidos como candidatos a presidir el Ejecutivo comunitario. Ni una palabra sobre excedencias.

Este cambio será de aplicación en cuanto la Eurocámara dé luz verde, previsiblemente la próxima semana, a la actualización del Acuerdo Marco sobre las relaciones con la Comisión. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, seis dirigentes del Ejecutivo comunitario –el entonces vicepresidente económico Olli Rehn y cinco comisarios más– dejaron sus funciones en manos de otros compañeros durante más de un mes para participar en la campaña. "Todos los comisarios con excedencia electoral retomarán sus funciones a partir del 26 de mayo, y los que sean elegidos y decidan ocupar su escaño en el Parlamento Europeo tendrán que dimitir de su puesto a más tardar a finales de junio", señaló entonces la Comisión.

Intereses financieros

Pocos días antes de conocerse la entrada de Barroso a Goldman Sachs, el titular de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, compareció ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo por su presunta implicación en el caso Acuamed y los papeles de Panamácaso Acuamedpapeles de Panamá. A puerta cerrada, algunos eurodiputados le preguntaron por qué en su declaración de intereses no figuraba la empresa radicada en Panamá de la que su esposa fue apoderada. "Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses", apuntó a su salida en declaraciones a los medios.

Con la vista puesta en este tipo de escándalos, la Comisión ha decidido reforzar en la nueva normativa deontológica los criterios relativos a los intereses financieros de los comisarios. Si con el Código de Conducta antiguo los miembros del Ejecutivo europeo estaban obligados sólo a declarar "cualquier interés financiero –es decir, cualquier forma de participación financiera individualizada en el capital de una empresa– y elemento patrimonial que pueda generar un conflicto de intereses", tanto suyos como de su cónyuge, en la nueva normativa tendrán que declarar cualquier inversión que supere los 10.000 euros, con independencia de si puede plantear o no un conflicto de interés.

Gastos de viajes

En el nuevo Código de Conducta, la Comisión introduce también algunos cambios en relación con las denominadas "misiones" –todo desplazamiento de un miembro de la Comisión en el ejercicio de sus funciones–. En este apartado, el reglamento ético que está en vigor desde este miércoles obliga al Ejecutivo comunitario a hacer público cada dos meses un resumen de los gastos de viaje de todos los comisarios –la primera de las publicaciones está prevista para finales del próximo mes de febrero–. Además, deja claro que "los viajes gratuitos ofrecidos por terceros" no se aceptarán "a menos que sean de conformidad con el uso diplomático" o a menos que el presidente lo autorice, un extremo que no estaba incluido en la norma de 2011.

También en materia de transparencia, con la nueva normativa ética se harán públicas todas las decisiones de la Comisión Europea y los dictámenes del Comité Independiente de Ética –organismo creado en el nuevo Código de Conducta para ofrecer asesoramiento a los comisarios en cuestiones éticas– en materia de incompatibilidades. La nueva norma, además, ofrece por primera vez una definición de conflictos de intereses y fija el principio de que los comisarios no solo deben evitar las situaciones de incompatibilidad, sino también todas aquellas que puedan ser percibidas como tal.

Elección tras elección, en Europa se habla de un mismo tema: el empleo. Ya sea por la creciente precariedad, ya sea por la ausencia de un futuro más prometedor, la agenda laboral está en lo más alto de las preocupaciones políticas europeas. Así ocurrió en las elecciones francesas y en el referéndum del Brexit, volvió a suceder en Alemania. Puede que la precariedad laboral no sea la causa principal, pero desempeña un papel en la Europa que se enfrenta al populismo. Y se ha ganado el protagonismo en las calles francesas, donde la reforma laboral de Macron choca con el rechazo de parte del electorado que le eligió.

El problema es tan grave como parece. La UE atraviesa por su mejor momento económico de la última década. Desde 2012 se han creado 5,5 millones de empleos. Pero cuatro de cada cinco de ellos, según revela Eurostat –la oficina estadística de la UE– son temporales o a tiempo parcial. Y, sobre todo, están mal pagados. Del lado de los trabajadores afectados, las estadísticas también son claras: dos tercios preferirían tener un puesto fijo y a tiempo completo, según revela el más reciente informe de la UE sobre el mercado laboral.

Las instituciones que hace unos pocos años defendían “reformas estructurales” de la legislación laboral están ahora preocupadas por los efectos de la precarización. El BCE, la Comisión Europea y el FMI, la antigua troika, han cambiado su discurso: la troika de 2017 critica a la troika de 2011.

Casi la mitad de los empleados con menos de 25 años tienen contratos temporales. En España son más del 70%. “Es un gran problema”, dice Marianne Thyssen, comisaria de la UE para el Empleo y Asuntos Sociales. La comisaria recibe a Investigate Europe en su despacho, en el edificio Berlaymont de Bruselas. En el mismo piso se encuentra Valdis Dombrovski, el letón que dirige el debate económico en torno al euro. Históricamente, estos dos ejes han tratado los asuntos laborales de manera muy diferente. Hoy, la comisaria Thyssen parece tener mayor autonomía. A lo largo de más de una hora de conversación, la democristiana belga no se solidariza ni por una vez con la política seguida en el pasado por la comisión que encabezaba José Manuel Durão Barroso. “No se me puede hacer responsable de una política que no es mía”, aclara.

Para Thyssen, la prioridad no es eliminar la protección de las leyes laborales, sino la precarización, que “impide a los jóvenes dejar la casa de sus padres: con contratos precarios, no pueden comprarse una casa o tomar decisiones para su futuro, y eso debilita a toda la economía”, advierte la comisaria belga. “Cuanto más precarios son los empleos, menos productiva es la economía”, afirma Thyssen.

Y no es la única. Investigate Europe se citó en Francia con Olivier Blanchard. “Todas esas formas de trabajo inseguras son extremadamente caras –tanto para los afectados como para el conjunto de la sociedad”, asegura el profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien también fue economista jefe del FMI entre 2008 y 2015.

Pero, ¿por qué razón ha alcanzado estos niveles la inseguridad en el trabajo? ¿Y qué debe ocurrir para frenar la tendencia?

El comisario que precedió a Thyssen al frente de la cartera de Empleo, el húngaro Laszlo Andor, también es claro al hacer su balance. La promesa de que vendrían mejores empleos y habría menos “segmentación” entre precarios y fijos si las leyes laborales se flexibilizaban es, “en general”, una política que “no funciona”. Para Andor, que es economista, también “hay poca relación, si es que hay alguna” entre una menor protección laboral y el deseado crecimiento económico. Es decir, según Andor, el objetivo de las políticas económicas de Durão Barroso y Olli Rehn estaba desviado. Y falló.

En Lisboa, Investigate Europe entrevistó al autor de la primera gran reforma laboral de los últimos años en Portugal, el Código de Trabajo de 2003. “No pienso lo mismo que pensaba entonces. La relación entre la desregulación de los mercados de trabajo y el crecimiento económico es un error. No existe tal relación”, explica António Bagão Félix.

El exministro de Trabajo en el primer Gobierno de Durão Barroso sigue pensando que “un cierto nivel de desregulación puede ser positivo”, pero el punto que quiere dejar claro es otro: “Tiene que haber un límite. Traspasar el límite es un riesgo porque acabamos deshumanizando el mercado de trabajo. La lógica tras la desregulación considera el mercado de trabajo como un factor negativo, un productor natural de desempleo. Y ésa es una idea superada, de los años 70 y 80. Tenía sentido en una época que ya no estamos viviendo”.

Una nueva agenda

Pero la gran desregulación laboral acabó por llegar después de 2010. A medida que la crisis financiera llevó a muchos países de la UE a la recesión y disparó la deuda y el desempleo, las reformas laborales se convirtieron en prioritarias para la Comisión Europea en la época liderada por Durão Barroso.

A Olivier Blanchard, que entonces dirigía la investigación económica del FMI, le pareció extraño… “Las reformas estructurales no fueron un gran tema hasta 2009”, recuerda. Pero, de repente, se convirtieron en “un eslogan” que se escuchaba en todas las conferencias o discursos. “Existía esa visión de que, con unos sindicatos debilitados y más flexibilidad salarial, la salida de la crisis sería más rápida y eso se expuso como un credo religioso”, recuerda Blanchard. Y, claro, “los ministros de Finanzas y los bancos centrales pasaron así la carga a otros”, ironiza.

El responsable de Economía en la Comisión, el finlandés Olli Rehn, pidió a los países afectados por la crisis formas de flexibilizar los salarios y “más incentivos para que los desempleados encuentren trabajo”. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, presionaba a los gobiernos de España e Italia. Para recuperar su credibilidad, debían “reformar el sistema de negociación colectiva y aprobar convenios de empresa, a fin de adaptar los salarios y las condiciones de trabajo a sus requisitos específicos”, escribió en una carta al Gobierno de Roma. El presidente del BCE también exigió a España “medidas para rebajar los salarios en el sector privado” y contratos de trabajo “con menores indemnizaciones de despido”.

Los responsables de la Dirección General de Economía y Finanzas, que dependía de Olli Rehn, elaboraron entonces un “informe sobre el desarrollo del mercado de trabajo” donde explicaban exactamente qué reformas son “favorables al empleo”. Según el documento, de 2012, esas reformas debían “aumentar la duración máxima de los contratos temporales y el número máximo de renovaciones” y “disminuir la cobertura de la negociación colectiva o la extensión de los acuerdos colectivos”. Una de estas reglas es casi una definición ideológica. La Dirección General buscaba “una reducción global del poder de negociación de salarios por parte de los sindicatos”.

Esta agenda fue particularmente evidente en los países afectados por la crisis, como Portugal, Grecia y Rumanía. Los funcionarios de la troika designada por la Comisión Europea, el FMI y el BCE usaron estas reglas, en nombre de los acreedores, para hacer cambios radicales en las leyes laborales.

Los “memorandos de entendimiento” estipulaban que, a partir de entonces, deberían reducirse las prestaciones por desempleo. Dificultaron los acuerdos colectivos que habían sido la norma hasta entonces. Las nuevas leyes “dieron a los empleadores el poder de tomar decisiones unilaterales”, como la “transformación de contratos a tiempo completo en contratos de trabajo no estandarizados”, relatan los investigadores de la Universidad de Manchester en un estudio sobre Grecia que, irónicamente, fue financiado por la Comisión Europea. Según el estudio, muchos contratos fijos fueron transformados en contratos de trabajo temporales.

La bolsa de subempleo en España

En España, 9,95 millones de personas pueden considerarse como mano de obra infrautilizada, el 41,9% de la población activa, porque están en paro, padecen subempleo o tienen un trabajo precario. Según un estudio de los profesores de la Universidad Pablo de Olavide José Ignacio García Pérez, Manuel Hidalgo y David Troncoso Ponce, a los 4,48 millones de desempleados contabilizados en la Encuesta de Población Activa (EPA) al cierre de 2016, hay que añadir 2,81 millones de trabajadores temporales involuntarios, 1,73 millones a tiempo parcial también involuntario, así como 374.367 desanimados –no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar– y otros 552.989 que buscan trabajo pero no están disponibles en el corto plazo. Toda esta bolsa de empleo precario suma en España la cifra de 5,47 millones de asalariados. Y no ha dejado de crecer desde 2012, cuando ascendía a 4,99 millones, impulsada por el aumento de los trabajadores a tiempo parcial involuntarios. Desde 2007 hay un millón más, espoleados por la crisis y por las medidas para impulsarlos que incluyó la reforma laboral. Otro tanto ha ocurrido con los desanimados, que se han duplicado desde 2007.

España lidera el ránking europeo de trabajadores a tiempo parcial involuntarios, que ha pasado del 30% en 2008 al 60% actual. También el de trabajadores con empleos temporales indeseados. Según Eurostat, el 91,4% ha firmado estos contratos porque no pudieron encontrar un puesto indefinido. A España sólo la supera Chipre, con el 92,2%. En Francia, el empleo temporal involuntario es del 61,7%; en Holanda, del 48,2%. No es de extrañar la cifra española si se tiene en cuenta que la tasa de temporalidad nacional es la más alta de Europa –26,1%– tras la polaca.

De hecho, más del 90% de los contratos que se registran cada mes en las oficinas de empleo españolas son temporales, una constante que no ha cambiado ni con la crisis ni con la reforma laboral, en principio pensada para acabar con la dualidad, la división del mercado de trabajo entre empleos indefinidos y estables, por un lado, y empleos temporales y precarios, por otro. A esa fragilidad del contrato temporal utilizado de forma abusiva, se le ha sumado ahora la del trabajo a tiempo parcial, que ha pasado del 11,7% a finales de 2006 al 15,3% a finales de 2016 y, como admite el Banco de España en un informe del pasado junio, se ha “convertido en permanente en el mercado laboral español”.

El caso portugués

Hasta 2008, cerca del 45% de los contratos de los trabajadores portugueses se basaban en convenios colectivos estatales. Seis años después, ese número es de apenas el 5%.

Según el Libro Verde sobre las Relaciones Laborales, publicado en 2016, en Portugal el 22,6% de los contratos de trabajo son temporales –muy por encima de los 14% de la media europea–. Para los jóvenes portugueses con menos de 25 años, los contratos temporales son la regla: el 67,5% –la media de la UE es del 45%–. Desde que el empleo crece, desde 2014, los contratos temporales crecen mucho más que los fijos.

De acuerdo con los datos del Fondo de Compensación del Trabajo (FCT, que paga a los trabajadores hasta el 50% de la indemnización por despido), apenas uno de cada cinco nuevos contratos de trabajo en Portugal es fijo. La misma proporción se aplica a los contratos más breves: uno de cada cinco dura menos de 60 días.

“Hemos podido desmentir la idea tantas veces expuesta de que Portugal seguía teniendo un mercado de trabajo demasiado rígido y que el aumento de la productividad tenía que pasar necesariamente por la flexibilización de las leyes laborales”, afirmó el primer ministro portugués, António Costa, en la conferencia El futuro del trabajo.

El ministro de Trabajo, José António Vieira da Silva, por su parte, relaciona los cambios en la regulación laboral con el crecimiento de la precariedad: “Entre 2011 y 2015, asistimos a un fuerte proceso de desregulación y, principalmente, de individualización de las relaciones laborales en Portugal, en detrimento del Diálogo Social, de la negociación colectiva y de las relaciones laborales equilibradas, con un aumento significativo del espacio social de la llamada precariedad”.

En Rumanía, la crisis fue el pretexto para aprobar una ley que permitió a las empresas transformar contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial. Al mismo tiempo, el Gobierno abolió la negociación colectiva. El sistema vigente hasta entonces, aplicado al 90% de los funcionarios “fue prácticamente destruido”, detalla Petru Dandea, secretario general de la Confederación Sindical Rumana. Como consecuencia, los salarios cayeron un 40%. “Nos pagan como si fuéramos un país de personas no cualificadas”, protesta el sindicalista.

La Comisión Europea lo sabía. Cuando el nuevo Gobierno rumano anunció en 2012 que iba a facilitar la negociación colectiva, los funcionarios del comisario Rehn vetaron el cambio. “Instamos vivamente a las autoridades a garantizar que los convenios colectivos estatales no contengan elementos relacionados con los salarios y/o a no revertir los progresos alcanzados con el Código de Trabajo aprobado en mayo de 2011”, escribieron a Bucarest. El Gobierno rumano reculó.

En Portugal, la Comisión Europea colaboró activamente con el Gobierno. Lo demuestra el trabajo de la politóloga belga Catherine Moury. Un ministro del Gobierno de Pedro Passos Coelho aseguró a la investigadora, bajo la condición de anonimato, que en el cambio de las leyes laborales la contribución de la troika fue importante: “A veces es difícil tener la fuerza política para hacer ciertas cosas y la troika ayuda a justificarlas. Por ejemplo, ciertas medidas, como la reducción de las indemnizaciones por despido, son muy difíciles de discutir con los agentes sociales y, por eso, es útil contar con la presión de la troika para aplicarlas. Nosotros, en el Gobierno, decidimos que era necesario hacerlo, pero reconocemos las dificultades políticas”. Este testimonio es citado en el artículo de Moury Portugal, el buen alumno de la troika.

Sin embargo, la intervención de Olli Rehn y de los funcionarios de la Dirección General de Economía y Finanzas en materias laborales tan específicas puede violar el artículo 153 del Tratado de la UE, según el cual los órganos comunitarios no pueden intervenir en materia de remuneraciones”.

Rerregulación laboral

Olli Rehn, que hoy dirige el Banco Central de Finlandia,  rechazó todas las solicitudes de entrevista enviadas por Investigate Europe. El ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, que como presidente de la eurozona supervisó el desarrollo de las reformas estructurales en Grecia y en Portugal, tampoco aceptó ser entrevistado.

Aparentemente, pues, nadie defiende ya la política seguida en la última década. “La regulación del mercado de trabajo no tiene efectos estadísticamente significativos sobre la productividad”, confirmó el FMI en su informe anual de 2015. Los economistas de la OCDE admitieron el año pasado que, sólo siendo muy optimistas, existe “un impacto positivo limitado en los niveles de empleo” generados gracias a la desregulación laboral. Pero esa afirmación es tan válida como decir que no tiene ningún impacto, asume el mismo informe de la OCDE. Un estudio publicado en mayo por el Instituto Europeo de Sindicatos (ETUI), el grupo de reflexión de los sindicatos de la UE, examinó esta cuestión en ocho países, incluyendo España, Polonia y Alemania. Los datos revelan “un resultado muy claro”, dice Martin Myant, economista jefe del ETUI. No hay “ninguna prueba empírica de que la desregulación aumentara el empleo o lo redujera”. El ETUI demostró que a las reformas les “acompañó un aumento del empleo precario, sobre todo en los países donde hubo una desregulación laboral particularmente enérgica”, asegura Myant.

El presidente del BCE, Mario Draghi, que exhortó a España e Italia a adoptar restricciones salariales y debilitar el poder de negociación de los sindicatos, duda ahora. Porque la economía crece, pero los salarios no acompañan a ese crecimientolos salarios no acompañan a ese crecimiento. Lo que provoca un impasse económico del que Draghi alertó en un discurso histórico, por su contenido, el pasado 27 de junio: “El comportamiento salarial y de precios en el área del euro cambió durante la crisis”, afirmó Draghi. “Las reformas estructurales que aumentaron el número de convenios de empresa pueden haber tirado hacia debajo de los salarios más flexibles, pero no necesariamente hacia arriba”, criticó el presidente del BCE en Sintra (Portugal), en el discurso que abrió el Foro de los Bancos Centrales.

“La opinión económica tarda mucho en adaptarse a realidades diferentes”, advierte el exministro Bagão Félix. “Ahora sabemos que la innovación es uno de los principales motores de la productividad. Pero también que una excesiva desregulación laboral puede ser perjudicial para la productividad por introducir un factor injusto de asimetría social”. La crítica del exministro de Durão Barroso es clara: “La troika fue demasiado lejos en ese punto”.

“Los empleos precarios no deben convertirse en la norma”, es la opinión de Marianne Thyssen, que quiere marcar la diferencia en el discurso oficial europeo. Un instrumento posible contra el aumento de la precariedad, avanza, puede ser subir las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios que firmen contratos temporales. Ésa es también una de las propuestas del Gobierno portugués. El empleo es, muy probablemente, el asunto que más influyó para que los partidos de la izquierda portuguesa firmaran su primer pacto de la historia. Y la “rerregulación” laboral puede ser el gran tema, de consenso o de fractura, entre el Partido Socialista, el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda, de la segunda mitad de la legislatura. -------------------------

Con la colaboración de Crina Boros, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila Miñano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla.Todos ellos forman parte del proyecto ‘Investigate Europe’, un equipo de periodistas que investiga temas relevantes para Europa y comparte los resultados. Puedes conocer más sobre este proyecto en la página www.investigate-europe.eu. Crina Boros, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila Miñano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla.

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La política europea de fronteras está cambiando. Por la presión de los políticos antiinmigración, pero también porque lo exige una poderosa industria. Es lo que demuestra una carta enviada en 2013 por el entonces presidente del principal lobby de la seguridad, el español Santiago Roura. Roura era uno de los directores de Indra, una de las empresas europeas que más fondos públicos recibe la UE. La pregunta que los europeos se hacen es: ¿estamos más seguros? La respuesta no es tranquilizadora.

La historia da muchas vueltas. En el lugar donde antaño fondeaban los navíos que traían esclavos africanos a Europa se eleva ahora la sede de la agencia europea que tiene por misión detectar en el Mediterráneo cualquier bote de goma que intente dirigirse a la costa de la UE. En la nueva Plaza Europa, en el lisboeta Cais do Sodré, la discreta Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA por sus siglas en inglés) es la primera entidad civil que emplea una tecnología militar, los drones o aviones no tripulados, para el control de fronteras y no para combatir la inmigración clandestina.

A más de 3.000 kilómetros del barrio lisboeta donde tiene su sede el comando de la flota de drones, se levanta otro edificio de vidrio, también nuevo, futurista incluso, en otra Plaza Europa, pero ésta situada en Varsovia (Polonia), que recibe en tiempo real la información recogida por la EMSA. La nueva Guardia Costera y de Fronteras Europea (EBCG), creada el pasado mes de noviembre, sustituye a la antigua Frontex. Allí, en el piso undécimo de una torre acristalada, en una zona degradada de Varsovia, la crisis de los refugiados se proyecta en una enorme pantalla digital, ilustrada con puntitos de colores.

Cada uno de ellos, sea verde, amarillo o rojo, representa un “incidente”.

En octubre, explica el director de Operaciones de EMSA, el holandés Leendert Bal, la imagen del radar (que capta el reflejo de las ondas electromagnéticas sobre las aguas del Mediterráneo: un barco siempre tiene metal reflector a bordo) encontró un puntito luminoso en el mar, que aun ampliado no excedía de un milímetro en la pantalla de Lisboa. Se comunicó a Varsovia. Y allí se quedó marcado en rojo: era un bote de goma con decenas de inmigrantes.

  Una agencia europea que casi nadie conoce

La EMSA (Lisboa) ve, la ECBG (Varsovia) actúa. Pero el cerebro de toda esta operación está en Estrasburgo. En un edificio de un solo piso, con algunos contenedores a un lado y un aparcamiento. Lo protege una valla metálica de 3,5 metros de altura rematada con alambre de espino. Lo que esta verja protege no es lo que se encuentra a la vista, sino lo que se esconde bajo tierra, en una sala de 25 metros de largo y 15 de ancho. Es allí donde cerca de 20 altas torres de servidores almacenan más de 100 millones de entradas con información, incluidos datos personales. Bienvenidos a la más importante agencia europea que casi nadie conoce: EU-LISA.

Es aquí donde se conectan todos los terminales de las fronteras externas europeas, ya sea en las modernas e-gates (comprobación electrónica de pasaportes) del aeropuerto de Lisboa, fabricadas en la parroquia portuguesa de Alfragide, ya sea en el caótico proceso de registro de los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos.

Ciudadanos buscados por la Policía, coches, joyas u objetos robados, armas usadas en crímenes, permisos de residencia en territorio Schengen, candidatos al asilo, registros de inmigrantes indocumentados. Cuando un policía o guarda de fronteras quiere respuestas, las busca en las tres bases de datos de EU-LISA. Son el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS) y Eurodac. Pero ya hay planes para conectar en el sótano de Estrasburgo una hilera más de servidores, porque están en camino tres nuevas bases de datos…

La nueva política de control de fronteras de la Unión Europea es la principal prioridad tras la reciente Cumbre de Bratislava. “Parar la inmigración ilegal” y “garantizar la seguridad de los ciudadanos” son sus objetivos, expuestos por la canciller alemana, Angela Merkel.

Durante dos meses, un equipo de nueve periodistas, procedentes de ocho países europeos, visitó todos estos lugares y entrevistó a más de 200 responsables: guardias fronterizos, académicos, expertos legales, mandos militares, cobistas, comisarios europeos. El resultado es una serie de trabajos como éste que el lector de infoLibre tiene en sus manos y que será publicado simultáneamente en varios países.

La Unión Europea prevé gastar en esta nueva política de fronteras 6.000 millones de euros hasta 2020. Los presupuestos nacionales de los 28 Estados miembros deben dedicarle la misma cantidad de fondos. Encima de la mesa de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Consejo se hallan varios proyectos que pretenden desregular la protección de datos y colocar bajo sospecha a millones de personas. La Comisión Europea escoge como consejeros a representantes de la industria de la seguridad y del armamento, concediéndoles un papel decisivo en la elección de estas nuevas medidas. Falta responder una pregunta: ¿estaremos más seguros?

De Casi do Sodré, donde se encuentra la EMSA, al puerto de Alcántara, donde funciona el Centro de Coordinación Nacional de Eurosur, no hay más de 20 minutos a pie. Pero la información tiene que viajar mucho más. Sólo llega a Alcántara después de haber sido validada en Varsovia. La sala de control también tiene una pantalla gigante con el Mediterráneo en primer plano. La costa portuguesa en verde, la española en amarillo, con algunos pequeños puntos rojos, las de Sicilia y Grecia todas pintadas en rojo. El mayor João Eufrazio, coordinador portugués de la red europea Eurosur, explica la razón: el único barco con emigrantes que llegó a la costa portuguesa venía engañado… Fue en 2009, en la isla de Culatra, en el Algarve, mucho antes de la crisis actual. Después de navegar a la deriva una semana, el barco llegó a Portugal y los pasajeros, desnutridos, sólo con algunos dátiles de reserva, se dirigieron en español a las autoridades, creyendo que habían llegado a Almería. Cuentan los relatos de la época que rompieron a llorar cuando se les dijo que estaban muy lejos.

  El papel de Eurosur

Eurosur es una red de información europea, creada en octubre de 2013, que cuesta 240 millones de euros al presupuesto comunitario, oficialmente, pero que puede llegar a triplicar esa suma si tenemos en cuenta los datos de instituciones como la Fundación Heinrich Böll. En Portugal este servicio lo presta un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR), 24 horas al día, siete días a la semana. Su misión es introducir en el sistema de la EBCG todos los “incidentes” registrados en la frontera portuguesa (sobre todo en los aeropuertos), información que quedará disponible para todos sus homólogos europeos.

¿Todos? Si llamamos a la puerta de Eurosur en Roma, frente a Cinecittà, el Hollywood italiano, somos recibidos por Maria Rosa Preteroti, quien nos informa de que el local está en obras para arreglar el aire acondicionado. Semanas después, la misma persona informa de que la razón por la que no podemos entrar es un fallo en el sistema informático. Preguntamos al comandante Marini, del Centro de Salvamento Marítimo Italiano, qué pasa en el Eurosur. ¿El qué?, pregunta. Nunca ha oído hablar de él.

Lo intentamos en Grecia. Emmanouil Grigorakis cita la legislación a fin de respondernos para qué sirve el Eurosur. Tal vez en Polonia… Grzegorz Kazimierczak y su colega Grzegorz Niemiec responden así: “Nos vendría bien saber lo que pasa en la frontera con Eslovaquia para poder anticipar los problemas en Polonia”. Pero el Eurosur apenas ofrece información de lo que ya ha ocurrido en el pasado y nada de lo que está ocurriendo en el presente. Ésa fue la conclusión sacada por el Parlamento francés el año pasado. “Apenas registra acontecimientos pasados”, critica el informe parlamentario de París.

Vale la pena retroceder un poco. Porque el Eurosur, al igual que la nueva EBCG y tantos otros acrónimos de este sistema de control de fronteras, comenzaron siendo una idea. Y esa idea no nació en la cabeza de nuestros representantes.

El 18 de noviembre de 2013, Durão Barroso recibió una carta que también iba dirigida a Herman van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo. En vísperas de una cumbre europea decisiva, el mayor lobby europeo de la seguridad, que reúne a las principales empresas de defensa del continente (Thales, Indra, Safran y BAE, entre otras), llamado European Organisation for Security (EOS), reclamaba del entonces presidente de la Comisión una serie de pasos. Leída hoy, la carta parece una profecía cumplida.

“La EOS y sus miembros han defendido con convicción desde el principio la creación del programa Eurosur”, revela el anexo de esa carta, obtenida a través de una solicitud de acceso a la documentación oficial. Más aún: “Por ejemplo, en el marco de una Guarda Costera de la Unión Europea, se podrían alcanzar mejores resultados en la cooperación civil y militar”. La carta fue escrita más de dos años antes de que la propia UE empezara a discutir la creación de una fuerza de ese tipo.

La carta estaba firmada por el entonces director de operaciones del gigante español de armamento Indra, Santiago Roura, presidente de EOS. Indra es la misma empresa que suministra el software informático del Sistema Integrado de Vigilancia, Comando y Control (SIVICC) que la Guardia Nacional Republicana portuguesa gestiona en la misma sala donde se sienta el funcionario responsable por Eurosur. Todo el proceso fue complicado, desde el concurso (cerrado, por consulta), a la adjudicación (contestada por dos empresas competidoras, Globales y Thales), pasando por su finalización, que sólo fue concretada varios años después del plazo previsto. El asunto apenas dio para un informe crítico del Tribunal de Cuentas.

Santiago Roura acabó dimitiendo de Indra como consecuencia de uno de los principales escándalos de corrupción en España, la operación Púnica. Recibió, según informaciones de prensa, una indemnización millonaria.

El Eurosur y la nueva Guardia de Fronteras se quedaron. Y son defendidas por el responsable político del departamento de Migraciones en Bruselas. Dimitris Avramópoulos fue alcalde de Atenas, ministro de Salud, de Turismo, de Defensa y de Asuntos Exteriores en diferentes gobiernos de Nueva Democracia. Ahora es el comisario europeo de Asuntos Internos e Inmigración. Nos recibe en su despacho en Bruselas, y contradice la idea negativa de estas iniciativas recientes de la UE. Para Avramópoulos, Eurosur “está haciendo un excelente trabajo” y la creación de la nueva Guardia Europea “hará aún más” por la seguridad de los europeos.

  Dinero para el control de fronteras

El papel de la industria de seguridad no se limita, no obstante, a trasladar ideas a la cabeza de los responsables políticos. Las decisiones no siempre son inmediatas (pasan dos años entre las sugerencias del lobby y la creación de la nueva Guardia de Fronteras, por ejemplo), pero la industria tiene otra gran fuente de ingresos a través del presupuesto comunitario.

Indra suministra el equipamiento del SIVICC, pero ¿por qué no adaptar esa solución tecnológica a la cooperación europea en materia de vigilancia marítima? En el fondo, se trata apenas de expandir lo que Portugal y España ya hacen, en la práctica, integrando los medios de vigilancia costera (cámaras de vídeo, radares, sistemas de detección de “incidentes”) a otros países como Italia. Ese es el objetivo del proyecto Closeye. Después de haber recibido financiación de dos marcos comunitarios para la investigación, el proyecto está siendo ahora financiado por el Fondo de Seguridad Interna para concretar su contenido. Beneficiarios: Indra y GMV, las dos empresas españolas que diseñaron el primer sistema. Hay hasta un programa financiado con fondos comunitarios con un acrónimo, Sagres, que significa activación de servicios para aumentar el éxito de Eurosur (Services Activations for Growing Eurosur's Success).

Entre 2007 y 2014, la Unión Europea invirtió más de 316 millones de euros en la búsqueda de soluciones tecnológicas para aumentar el control de las fronteras, según un estudio del Transnational Institute de Ámsterdam. Esto incluye investigación sobre drones de última generación, programas informáticos y bases de datos biométricas.

Al final, como demuestra esta investigación, entre los 15 mayores beneficiarios de fondos comunitarios están 11 empresas que forman parte del lobby EOS.lobby

Por lo menos un tercio de los consejeros que la Comisión Europea nombró para decidir sobre el destino de estos fondos está directamente vinculado al lobby de la seguridad. El más famoso es, sin duda, el otro firmante de la carta a Durão Barroso: Luigi Rebuffi. La Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, nos adelantó que va a hacer un seguimiento de este asunto. Y recordó que el conflicto de intereses no se manifiesta sólo cuando hay (como parece ser) una relación directa entre quien asesora y la empresa beneficiaria. Hay conflicto de intereses a partir del momento en que una persona aconseja una determina política que pueda (o no) beneficiar a la empresa para la que trabaja.

Rebuffi es uno de los fundadores de EOS y antiguo lobista del grupo francés de armamento y electrónica Thales, que compró en 2013 la empresa pública portuguesa de sistemas de defensa Edisoft. En la carta que escribieron a Barroso, Rebuffi y Roura ponen un ejemplo para enfatizar la urgencia de sus ideas: “los acontecimientos de Lampedusa”. Es un eufemismo para hablar de tragedia. En la isla italiana, el cementerio está lleno de lápidas que no tienen fecha de nacimiento ni de muerte. Apenas el día en que fueron encontrados los cuerpos de aquellos que murieron intentando atravesar el Mediterráneo.

Puede hasta parecer populista hacerlo ahora, en este texto, pero si el objetivo era impedir la repetición de los “acontecimientos de Lampedusa” veamos los datos que demuestran el éxito real de esta política defendida por EOS y seguida por la Comisión Europea. En Italia, en los 10 primeros meses de 2015, llegaron 140.987 inmigrantes por mar. En el mismo período, este año ya llegaron 158.974: un 13% más. El año pasado murieron haciendo la travesía del Mediterráneo entre Libia e Italia 3.800 personas. Sólo en los primeros 10 meses de 2016 ya murieron 3.780.

Ha ocurrido así con casi todas las medidas de este “paquete de fronteras” –las medidas son aprobadas incluso antes de que se pruebe su hipotético beneficio—. Una de las nuevas bases de datos que está lista para ocupar los servidores de EU-LISA en Estrasburgo se llama Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) y fue aprobada en abril por el Parlamento y por el Consejo. Va a costar 500 millones de euros e incluye no sólo datos de solicitantes de cuidados, viajeros de países terceros, si no también toda la información de los propios ciudadanos de la UE que utilicen el avión.

  Los vuelos privados no se controlan

Ana Gomes, eurodiputada portuguesa del PS, hizo una propuesta de enmienda a esta directiva. “Intenté que fuese incluido en el registro de pasajeros también el nombre de aquellos que se mueven por Europa en vuelos privados y no sólo en vuelos comerciales. En el caso portugués, que conocemos bien, es así como llegan los criminales, por ejemplo desde Angola. Van a Tires [aeródromo de Cascais, muy cerca de Lisboa] y no al aeropuerto de Portela [en la capital lusa], donde saben que hay controles”. La propuesta fue rechazada. “Todo esto es para engañar a los ciudadanos”, critica la eurodiputada.

Sin embargo, esto no es un tema de división entre los grupos políticos. El mayor especialista portugués en estos asuntos es Carlos Coelho, eurodiputado del PSD, que presidió la comisión de investigación de los vuelos de la CIA y es actualmente coordinador de la task-force de eurodiputados que está evaluando el estado de las fronteras externas de la Unión. Coelho se abstuvo en la votación del PNR. “No creo que tener una base de datos más sea la solución. Mi propuesta era pragmática: debíamos mejorar las bases de datos que ya tenemos”, explica.

Trasladamos la pregunta a quien va a tener que lidiar con las consecuencias de esta recogida de información, que va a conservar en los servidores, durante cinco años, todos los datos de los viajeros –sean sospechosos o no–. Wojciech Wiewiórowski es polaco y ocupa la vicepresidencia de la Autoridad Europea de Protección de Datos: “Hasta ahora nadie demostró la utilidad del PNR para nada. Ni siquiera que sea una base de datos que se pueda utilizar. Lo único que sabemos es lo que se ha dicho oficialmente: ‘Funciona muy bien y daremos más información cuando empiece a funcionar”.

Uno de los más empecinados defensores de esta base de datos fue el primer ministro francés y actual candidato a la Presidencia, Manuel Valls. Antes de la aprobación —que fue polémica entre los eurodiputados–  su ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, acusaba al Parlamento Europeo de ser responsable por un “retraso irresponsable”. Todo esto se aprobó durante la resaca de los atentados de París. El propio Valls en persona acudió al pleno de Estrasburgo para presionar a los eurodiputados y aprobar la directiva.

Entretanto, en Francia, el periódico online Mediapart, socio editorial, de infoLibre, explicaba un detalle: la principal empresa beneficiaria de los contratos con el Estado francés, en el caso de que el PNR arrancase, sería la francesa Safran, que emplea a más de 3.000 funcionarios en Evry, un suburbio de París. Valls fue alcalde de Evry durante 12 años, hasta llegar al Gobierno en 2012.

El PNR está ahora pendiente de aprobación en el Tribunal Europeo de Justicia, pero el eurodiputado que creó las reglas de protección de datos en la legislación europea, el alemán Jan Albrecht, no cree que esa directiva pueda ser aprobada. El PNR representa una clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal, sobre todo en o que se refiere al período de cinco años durante los cuales los datos personales de ciudadanos inocentes son retenidos por los Estados.

  Más bases de datos

Entretanto, sólo en 2016, han sido anunciadas dos nuevas bases de datos. La principal es el EES (Exit Entry System). Se trata de un acrónimo para explicar una idea simple: un registro con datos biométricos de todos los ciudadanos que entran y salen de la zona Schengen procedentes de terceros países. En vez de un sello en el pasaporte, los pasajeros dejan sus huellas digitales, registros faciales y códigos de documentos en una hilera de servidores de EU-LISA que sería, después, según el comisario Avramópoulos, “interconectada, integrada e investigable” junto a las restantes bases de datos accesibles a las policías.

Esta también fue una idea que el lobby de seguridad EOS presentó a la Comisiónlobby, hace mucho tiempo, en 2011. Cuando la directiva fue aprobada, con el sugestivo nombre de Fronteras Inteligentes, provocó serias dudas en el Parlamento Europeo. La eurodiputada liberal Sophie in 't Veld lo calificó de “proyecto megalómano”. La Comisión dio marcha atrás y retrasó la votación de la directiva (para el inicio de 2017).

Las Fronteras Inteligentes aún están pendientes de discusión parlamentaria, pero entretanto la Comisión encontró una forma inteligente de sortear el bloqueo de los eurodiputados. Comenzó a financiar el proyecto como si ya estuviese aprobado.

Primero pagó 30 millones de euros en experiencias pilotos a tres consorcios internacionales. Después pagó una evaluación a la consultora PWC, que forma parte de uno de esos consorcios. Y , finalmente, en la mayoría de los países europeos ya tienen fondos destinados a aplicar esa medida que puede resultar rechazada.

Lo más asombroso es que nadie parece saber exactamente para que sirve esta nueva base de datos. Ska Kelles, eurodiputada alemana y antigua candidata de Los Verdes a la Presidencia de la Comisión, deja en el aire una pregunta. “Sólo sabremos los nombres y los datos biométricos de las personas que excedan el tiempo de su visado, pero ninguna autoridad puede hacer nada al respecto, ya que no sabemos dónde están. Entonces, ¿para qué sirve?” Carlos Coelho está de acuerdo. "Esta es sólo una estadística muy cara...”

El propio comisario titubea cuando le preguntamos para qué va a gasta cerca de mil millones de euros en una base de datos que apenas le va a decir que hay algunos millares de viajeros que se han quedado en Europa más tiempo del que podían (sean estudiantes, terroristas, trabajadores, transeúntes o, simplemente, personas que olvidaron renovar su visado).

Pero olvidemos todo esto y volvamos a la pregunta inicial: ¿funciona? Según PWC, en su informe, sí. “Este proyecto confirma la precisión y la eficacia del uso de datos biométricos en las fronteras”.  Pero, escondida, en un anexo del informe está la información que permite dudar de esta conclusión. En el aeropuerto de Estocolmo esta identificación funcionó en apenas un 39% de los casos. En Lisboa, uno de cada dos pasajeros falló en el reconocimiento en las e-gates [puertas electrónicas activadas por sensores biométricos]. En Fráncfort, uno de cada cuatro no consiguió pasar. Incluso aunque funcionase al 100%, el reconocimiento biométrico está lejos de garantizar, por sí solo, más seguridad. No sólo porque hay formas de sortearlo, sino también porque deja fuera datos importantes, “Si nadie controla los sellos anteriores en el pasaporte no se consigue saber la historia de una persona”, alerta un guardia fronterizo alemán. De hecho, si la preocupación es el terrorismo, es mucho más importante saber donde estuvo recientemente un pasajero que confirmar que sus huellas digitales están limpiaslimpias de cualquier sospecha. “Las máquinas no consiguen ver eso”, confirma el inspector del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal (SEF) y secretario nacional del sindicato de guardias Marco do Carmo. “Las máquinas no hacen profiling [creación de perfiles]profiling y eso es la parte más importante de nuestro trabajo, ver cómo las personas hablan, cómo reaccionan”, explica.

  La lógica de la sospecha

“Con este nuevo sistema, todo el mundo se convierte en sospechoso”, critica Ska Keller. “La lógica de la sospecha anuló la lógica de los derechos”, escriben ocho especialistas en derecho comunitario en un informe encargado por el Parlamento Europeo.

El comisario Avamópopulos no está de acuerdo, y anuncia su intención de dotar a la Unión de un “sistema integrado de identificación biométrica”. Por eso lanzó la idea de una sexta base de datos, el ETIAS. Todo, está claro, “de acuerdo con la legislación europea y respetando los derechos fundamentales”.

Carlos Coelho, a pesar de ser de la misma familia política del comisario griego, el PPE (conservadores), cree “francamente” que lo que explica esta política no es tanto la presión de la industria. “Es fácil para un comisario decir que se preocupa seriamente por la seguridad de los ciudadanos y por eso anuncia que va a lanzar un nuevo sistema... Estas políticas son creadas por la necesidad de dar respuesta al miedo de los ciudadanos. Los ciudadanos están aterrorizados. La mejor manera de lidiar con eso es anunciar cosas nuevas". Ana Gomes está de acuerdo, pero añade que todo esto es “una cesión al discurso de la extrema derecha”. El año próximo hay elecciones decisivas en Europa, en Alemania, Francia y quizá Italia. ¿Qué Europa tendremos en el futuro con este aparato de seguridad en manos de Gobiernos menos escrupulosos en cuanto al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho? Marco do Carmo responde así: “Todos los funcionarios de inmigración meditan sobre eso... Yo creo que actualmente la UE tiene reglas que obligan a un control democrático en las fronteras. Pero nosotros no queremos llegar a tener un Estado Gran Hermano en Europa”. ___________________

Además de Paulo Pena, han participado en esta investigación los periodistas Christophe Garach, Crina Boros, Elisa Simantke, Harald Schumann, Ingeborg Eliassen, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla. Todos ellos forman parte del proyecto ‘Investigate Europe’, un equipo de nueve periodistas de ocho países que investiga temas relevantes para Europa y comparte los resultados. Puedes conocer más sobre este proyecto en la página www.investigate-europe.eu. Esta investigación sobre el lobby de la seguridad la publica en España en exclusiva infoLibre. El texto original en portugués se difundirá en el diario Público. También publicará sus versiones propias sobre este tema el alemán Der Tagesspiegel y el italiano Corriere della Sera, entre otros.

El banco de inversión Goldman Sachs, uno de los más señalados como culpable de la crisis económica de 2008, lo anunció el pasado 8 de julio, en pleno verano. El que fuera presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014 y primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, había sido contratado como presidente no ejecutivo por la subsidiaria con sede en Londres Goldman Sachs International (GSI): "Su perspectiva, juicio y consejo añadirá un enorme valor a la dirección de GSI, a Goldman Sachs, nuestros accionistas y nuestra gente", señalaba entonces el comunicado. Desde ese mismo momento se puso en duda si el fichaje contravenía alguna norma comunitaria.

Representantes sindicales y exfuncionarios comunitarios recogieron firmas para retirarle los privilegios –7.500 euros de pensión mensual, entre otros– de los que gozaba tras su paso por las instituciones europeas. Ante tal revuelo, y después de que la Defensora del Pueblo solicitase estudiar este caso en concreto, el actual Ejecutivo comunitario decidió llevar la contratación de Barroso ante el comité de ética, que hace unas semanas dio su veredicto: “Goldman Sachs puede ser considerado a la vanguardia del capitalismo agresivo, pero mientras respete la ley el hecho de aceptar un puesto en el banco no es ilícito”, señalaban en el escrito. 

Pero el fichaje de Barroso no es un hecho aislado en las instituciones comunitarias. El Corporate Europe Observatory (CEO) cifra en al menos 93 el número de casos de puerta giratoria en la UE desde el año 2007 – el listado registra movimientos dudosos tanto de comisarios, eurodiputados o funcionarios que tras su paso por la administración terminan en empresas privadas como de aquellas personas que acaban en las instituciones comunitarias tras su paso por algunas compañías–. El primer tipo de puerta giratoria se ha dado en 83 ocasiones. El segundo, en sólo una decena.

Las puertas giratorias registradas por el CEO se dan en mayor medida en el área de las Finanzas, con 17 casos. Le siguen Energía/Clima, con 13; Comercio, con 6; Agricultura y Medio Ambiente y el sector Alimentario, con 5 cada uno; Salud/Medicamentos, Negocios/Industria, Tabaco y Relaciones Exteriores, todos ellos con 4 casos; Tecnología de la Información, Competencia y Asuntos Marítimos, con 3 cada uno; y Desarrollo, con 1 caso. De los 18 restantes, en 17 ocasiones la categoría asignada al área política es "General" y en dos no está registrada.

En 80 casos, la empresa de la que salieron o a la que se unieron tras abandonar su cargo público está inscrita en el registro de lobbies que la Comisión Europea puso en marcha en junio de 2011 para todos aquellos despachos de abogados, ONG, grupos de reflexión o cualquier organización que busque influir sobre la toma de decisiones de la Unión Europea. Aunque la inscripción en este registro es de carácter voluntario, el entonces comisario europeo de Administración, Maros Sefcovic, recordó que aquellas que participen tendrían "más posibilidades de obtener respeto y atención".

22 eurodiputados

En la mayoría de los 93 movimientos, las puertas giratorias fueron tomadas por cargos de bajo rango. Pero el problema no se queda sólo en ese escalafón del organigrama comunitario. Subiendo un poco podemos encontrar a 22 eurodiputados. De formaciones de izquierda y de derecha. De ellos, 12 son de Reino Unido –Gary Titley, Glyn Ford, Peter Skinner, John Purvis, George Lyon, Chris Davies, Martin Callanan, Graham Watson, Fiona Hall, Sharon Bowles, Brian Simpson y Arlene McCarthy–.

A estos hay que sumar 3 alemanes –Erika Mann, Silvana Koch-Mehrin y Holger Krahmer–, 2 finlandeses –Piia-Noora Kauppi y Carl Haglund–, 2 daneses –Karin Riis-Jørgensen y Emilie Turunen– y 1 sueco, 1 polaco y 1 holandés –Olle Schmidt, Michal Kaminski y Corien Wortmann-Kool, respectivamente–.

En 19 casos, pasaron a engrosar la plantilla de empresas inscritas en el registro de lobbies. Las tres únicas excepciones fueron Martin Callanan (se fue a Symphony Enviromental Technologies), Michal Kaminski (Prism Group) y Emilie Turunen (se fue a Nykredit).

14 comisarios de Barroso

Pero también encontramos estos movimientos en el Ejecutivo comunitario: un total de 14 comisarios sigueron el mismo camino desde el año 2007. Hablando en plata: casi la mitad de los comisarios de los dos Gobiernos europeos presididos por Durão Barroso probaron suerte tras su salida en grandes empresas, laboratorios, consultorías, bancos o importantes despachos de abogados.

Es el caso de los ex comisarios de Asuntos Marítimos (2004-2009) Joe Borg –se fue a la consultora Fipra–, de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Louis Michel –pasó a ser miembro del Consejo de la entidad financiera Credimo–, de Protección del Consumidor Meglena Kuneva –su destino fue el Consejo de Administración del banco BNP Paribas–, de Asuntos Empresariales e Industriales Günter Verheugen –fundó la consultora European Experience Company sin informar a la Comisión Europea, aunque estaba obligado a ello–, de Mercado Interior Charlie McCreevy –entra en el Consejo de Ryanair–, de Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner –pasa a formar parte del Consejo de Administración de la consultora Munich Re, entre otras– o de Comercio Karel de Gucht –continuó con su carrera en la operadora móvil Proximus o en el banco Merit Capital–.

Completan este listado el extitular de Transporte Siim Kallas –se incorporó como asesor de la empresa de software Nortal–, de Agenda Digital Neelie Kroes –continuó con su labor profesional en Bank of America Merrill Lynch o Salesforce–, de Asuntos Marítimos y Pesca (2010-2014) Maria Damanaki –tras su salida se incorporó a la ONG The Nature Conservancy–, de Acción Climática Connie Hedegard (2010-2014) –empezó a trabajar en Volkswagen–, de Fiscalidad y Lucha contra el fraude Algirdas Semeta –se incorporó a Ukraine Business Ombudsman–, de Justicia Viviane Reding –a su salida entró en la Fundación Bertelsmann, entre otras– y de Medio Ambiente Janez Potocnik –se incorporó al Fórum por el Futuro de la Agricultura, patrocinado por la empresa agroalimentaria Sygenta–.

Salvo en tres casos –Algirdas Semeta, Günter Verheugen y Louis Michel–, todos los nuevos destinos de los excomisarios son empresas registradas como lobbistas.

Van Rompuy y Rasmussen

Pero el listado también recoge, junto al de Durão Barroso, otros dos nombres de gran relevancia en Europa: Herman Van Rompuy,presidente del Consejo Europeo (CE) entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2014, y Anders Fogh Rasmussen, que fue presidente de turno del Consejo Europeo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002. Años después, en 2009, fue elegido secretario general de la OTAN. 

Van Rompuy se convirtió en presidente de la Junta Asesora de Tomorrowlab –una consultoría que actúa, según su página web, como "una incubadora, facilitador y catalizador neutral para proyectos de innovación" y con una "accesibilidad instantánea a una red de alto nivel"–. El ex primer ministro danés, por su parte, puso en marcha tras su salida de la OTAN Rasmussen Global, una compañía que proporciona "servicios de consultoría geopolítica y estratégica" en temas como "seguridad internacional, seguridad energética, relaciones transatlánticas..." y que se encuentra inscrita desde el pasado 23 de febrero en el registro de lobbies de la Unión Europea.

En el caso de Van Rompuy, el Consejo Europeo respondió al Corporate Europe Observatory diciendo que el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE "sólo es legalmente aplicable a los miembros de la Comisión y no al presidente del CE": "[Van Rompuy] no está obligado a presentar una solicitud de autorización para emprender nuevas actividades profesionales", señalaron por carta desde el Consejo Europeo.

En el caso de Rasmussen, éste se defendió de las críticas alegando que ha "acumulado mucha experiencia" durante su estancia en el cargo y, por lo tanto, pretende usar "esa experiencia por el bien público". La Organización del Tratado Atlántico Norte, por su parte, respondió, preguntada por el Corporate Europe Observatory, que aunque existe en la OTAN un código de conducta, "no hay reglas específicas que se apliquen al post-empleo".

Dos españoles en el listado

El resto de la lista lo completan trabajadores de la Administración europea de menor categoría. Sin embargo, entre estos últimos también podemos encontrar movimientos a tener en cuenta. Es el caso, por ejemplo, del ex director ejecutivo de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) Thomas Lönngren, que después de casi una década en el puesto pasó a ser asesor de NDA Group –en su página web se define como "la principal consultora de desarrollo de fármacos del mundo"–. Pero también del griego Poppy Kalesi, que tras abandonar su cargo de director de programación de la Dirección General de Energía pasó a trabajar para la petrolera noruega Statoil como consejero de asuntos normativos de la UE. O de Suzy Renckens, que se movió desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a la multinacional agroquímica Syngenta.

Dentro de este grupo, el Corporate Europe Observatory incluye a dos españoles: Isabel Ortiz y Xavier Luria. La primera pasó de trabajar en la Dirección General de Empresa e Industria a ocupar el puesto de directora de Información del Consumidor, Dieta y Salud de FoodDrinkEurope, una confederación que aglutina a empresas europeas de la industria de la alimentación y las bebidas que también está inscrita en el registro de lobbies.

A preguntas de infoLibre, Ortiz se defiende: "Tenía un contrato de tres años no renovable y al terminar mandé currículums a todas partes, incluso a asociaciones de consumidores, pero fue FoodDrinkEurope la que me contrató". La doctora en Derecho, además, señala que antes de abandonar el puesto se lo dijo a sus superiores y se abrió un procedimiento interno en el que se concluyó que no se incurría en incompatibilidad. "Jamás tuve acceso en mi puesto [en la Dirección General de Empresa e Industria] a ninguna información privilegiada o confidencial", sostiene.

Luria, por su parte, estuvo desarrollando el cargo de jefe del sector Seguridad y Eficacia de los Medicamentos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hasta el 15 de marzo de 2012. Tras su salida, comenzó a trabajar para Oryzon, Trial Form Support y NDA Partners –todas ellas relacionadas con la salud y los medicamentos–, entre otras. Según recoge el Corporate Europe Observatory, el EMA autorizó las nuevas actividades con las siguientes condiciones por un periodo de dos años: abstenerse de función directiva o ejecutiva y de proporcionar orientación o asesoramiento sobre cualquier producto específico con el que haya estado anteriormente implicado "directa o indirectamente".

Este diario intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el doctor Luria. Sin embargo, en agosto de 2012 hizo llegar al CEO una carta en la que señalaba que durante la preparación de su salida de la EMA mantuvo "una serie de reuniones internas con el fin de obtener aclaraciones sobre lo que podía ser considerado como conflicto de intereses" y en la que apuntaba que mantenía su "pleno compromiso en el cumplimiento de las normas". "Desde que dejé la EMA he declarado a la Agencia todas las actividades a las que me he comprometido y todas ellas han sido evaluadas, declarándose que no están en conflicto con el interés del servicio y siendo autorizadas".

Movimiento a uno y otro lado

Desde el Corporate Europe Observatory alertan sobre los riesgos de las puertas giratorias en la Administración europea. "Cuando una compañía contrata a un comisario o eurodiputado, que tienen un enorme conocimiento interno de las instituciones y una buena lista de contactos, la empresa gana una influencia que otras no tienen y se pone en una posición perfecta para influir en las decisiones de la UE", sostiene en conversación con infoLibre Margarida Silva, miembro del CEO. Sin embargo, desde la organización señalan que también es preocupante el movimiento del sector privado al público. Por ello, consideran que las puertas giratorias son en las dos direcciones.

Entonces, ¿los políticos sólo se pueden dedicar a la política? "El problema está en que acaben en empresas que quieren influir sobre la normativa comunitaria", repite Silva. Y añade: "Hay muchos empleos donde eso no ocurre". Con todo esto sobre la mesa, proponen a la Comisión Europea que prohíba "por un periodo de 3 años para los excomisarios y 5 años para los expresidentes de la Comisión Europea" aceptar empleos que creen conflictos de interés o desempeñen, directa o indirectamente, cualquier actividad de lobbying". Y más, sostiene, cuando están cobrando "una subvención de transición" de la UE. 

Tras conocerse el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, envió una carta a Juncker en la que le pedía aclarar el caso del expresidente de la Comisión y dejaba caer que era "necesario revisar el Código de Conducta". Silva también sostiene que hay un "problema" con las actuales reglas. Y pone como ejemplo el caso de la comisión ética que dio luz verde a la contratación del político luso. "No puede iniciar investigaciones hasta que no lo soliciten los comisarios, que son los que se encargan también de nombrar a los miembros de este órgano...". Por eso, concluye, es cada vez más necesaria una comisión ética "verdaderamente independiente".

El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, no vulneró las reglas éticas de la Unión Europea al aceptar el puesto de director no ejecutivo y asesor del banco de inversiones Goldman Sachs, según concluyó la comisión ética ad hoc a la que el actual Ejecutivo comunitario encargó el análisis del caso.

"La comisión ética no ha encontrado base suficiente para establecer que hubo violación de la obligación de integridad y discreción (que exige el Tratado de la UE a los excomisarios)", indica el informe remitido a Bruselas y hecho público este lunes.

El presidente comunitario, Jean-Claude Juncker, ya informó a su predecesor de las conclusiones del comité de expertos independientes y "examina ahora con atención" el análisis recibido "antes de tomar una decisión", informó en una rueda de prensa un portavoz comunitario, decñlaraciones recogidas por Europa Press.

Bruselas decidió abrir una investigación interna dos meses después de que se conociera el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, tras las críticas recibidas desde varios sectores de la sociedad, incluida una plataforma de eurofuncionarios creada para exigir sanciones contra Barroso y reglas de conducta más exigentes para los comisarios.

En su explicación, el grupo de expertos designado por Bruselas considera que Barroso "no mostró el juicio debido que uno puede esperar" de alguien que ocupa un alto cargo como el suyo durante tantos años, pero advierte de que su valoración debe basarse en la legalidad del fichaje y no en si es "juicioso o reprobable".

Avisan, además, de que no han entrado a juzgar si el Código Ético que regula el comportamiento de altos eurofuncionarios es "suficientemente estricto" o no, sino que debe cumplir con su evaluación en base al reglamento "tal y como está", y que en estas circunstancias no se ha producido un comportamiento sancionable.

Así, los expertos han recalcado que Barroso ha cumplido en todo momento las normas comunitarias, si bien han apuntado cierta "negligencia" si no valoró antes de aceptar su nuevo puesto que el paso a Goldman Sachs daría paso a críticas y "correría el riesgo de dañar" no sólo su imagen, sino también la de la Unión Europa en su conjunto.

Una vez examinadas las circunstancias y tras haber escuchado la versión del ex primer ministro luso, la comisión ética considera que no se vulneraron las reglas europeas que exigen "integridad y discreción" a los ex altos cargos de la UE.

Señala, además, que el expresidente sostiene que su labor no será la de "lobista", pese a que, de momento, Bruselas le degradó en el trato protocolario y decidió recibirle en la sede de la Comisión como representante de un grupo de presión y no como expresidente.

Además ha recordado que, aunque la imagen del banco de inversiones norteamericano esté vinculado a las causas de la crisis económica y sea parte de la "vanguardia del capitalismo agresivo", Goldman Sachs opera "legalmente" en el mercado de la UE.

La Comisión Ética también tuvo en cuenta que Barroso cerró su paso a Goldman Sachs 20 meses después de dejar Bruselas, esto es dos meses después de los primeros 18 meses, que le hubieran obligado a notificar a la Comisión el fichaje y recibir visto bueno.

La opinión fue trasladada a la Comisión Europea el pasado miércoles 26, según confirmó el portavoz comunitario, pese a que no ha sido hecha pública hasta hoy. Este grupo de expertos también está analizando la relación de la ex vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competitividad, primero, y de Telecomunicaciones, después, Neelie Kroes, con una sociedad opaca en Bahamas mientras ocupaba un puesto en la Comisión.

En octubre de 2014, cuando asumió el cargo, Jean-Claude Juncker prometió una Comisión más “política”, para pasar la deprimente página de la era Barroso. En su equipo de comisarios podían contarse al menos cinco ex primer ministros: exmandatarios experimentados y conocidos en sus respectivos Estados, llamados a romper con la imagen de tecnocracia del Ejecutivo europeo. Al frente de lo que él mismo consideraba un “equipo de choque”, el luxemburgués quería generar debate en el seno de la institución, atenta a las demandas de la sociedad. Incluso prometió comparecer a menudo ante la prensa para defender sus proyectos y para hablar de asuntos de actualidad. En resumen, la acción estaba garantizada.

Dos años más tarde, ¿qué hay de tales ambiciones? El modo en que la Comisión Juncker ha gestionado el caso Barroso, y ahora el Kroesgate, deja estupefactos a propios y a extraños. Los dos asuntos indignan a los ciudadanos de toda Europa, en un momento en que el proyecto europeo recibe ataques por todos los flancos. Aunque no estamos hablando exactamente de la misma cuestión (el portugués respetó las reglas del código de conducta de la Comisión antes de fichar por Goldman Sachs, mientras la neerlandesa Neelie Kroes ha reconocido haberlas ignorado durante su mandato), un asunto y otro tienen que ver con la toma de decisiones en Bélgica y los intereses privados del big business.

Pero Juncker, presidente de una Comisión cada vez más debilitada por lo que él mismo denomina las “policrisis” (refugiados, euro, Brexit, etc.), hasta la fecha no ha considerado necesario mostrar alto y fuerte su desacuerdo con estas prácticas escandalosas. ¿Es consciente de la gravedad de ambos casos y del impacto que tiene en los ciudadanos? Parece que no. En una entrevista concedida a Le Soir, a finales de julio –un mes después de conocerse el caso Barroso– se conformó con apuntar que él “no habría hecho” lo que su predecesor, que aceptó el cargo. La respuesta se queda un poco corta. Hasta François Hollande no dudó en calificar de “moralmente inaceptable” que Barroso fichase por unos de los gigantes de Wall Street.

En la sala de prensa de la Comisión, este jueves 22 de septiembre de Bruselas, Juncker no habló con los periodistas del caso Kroes. Fue su portavoz el encargado de hacerlo, como de costumbre. Business as usual. La credibilidad del proyecto europeo se desmorona por momentos, pero nada cambia. Margaritis Schinas manifestó que su jefe acababa de escribir a Neelie Kroes para pedirle… “aclaraciones”. “Una vez conocido el alcance de los hechos, la Comisión decidirá las medidas que toma”, dijo su portavoz, haciendo entender que es posible que se sancione a la neerlandesa (se habla de la suspensión de su pensión de comisaria, igual que sucedió cuando saltó la polémica con Barroso). Y eso es a grandes rasgos todo lo que dijo, pese a las preguntas y repreguntas de los periodistas.

En lo que respecta al caso Kroes, los hechos son incontestables, aunque no haya, propiamente dicho, nada ilegal: la interesada simultaneó durante varios años el puesto de comisaria europea de Competencia (2004-2009), en la primera Comisión Barroso, con el cargo de administradora de una sociedad opaca del sector energético, Mint Holdings Limited, con sede en Bahamas, un paraíso fiscal. La neerlandesa, figura política de primer orden en su país, pero prácticamente desconocida fuera de los Países Bajos, ha justificado haber “omitido” dicho cargo de la declaración de intereses presentada en la época. En concreto, el abogado de Neelie Kroes, de 75 años, apeló a la buena fe de su clienta y aseguró que asumirá “responsabilidades”: “Debido a un error administrativo, figuraba inscrita en el registro de la sociedad, cuando ella nunca participó en las reuniones ni en las actividades de Mint Holdings Limited [en el periodo 2004-2009]”.

Para la Comisión Juncker, el escándalo Kroes es un golpe muy duro. Mina los esfuerzos llevados a cabo desde hace meses –y que habían terminado por pagar–para presentar a la Comisión en la vanguardia de la lucha contra los paraísos fiscales, mano a mano con la OCDE. La multa impuesta a Apple a finales de agosto supuso un hito (una tal Neelie Kroes dio su opinión al respecto en The Guardian). “En lo que respecta a los asuntos fiscales no hay que abandonar esta senda”, decía en septiembre Pierre Moscovii, el comisario francés, convencido ahora de que los Bahamas Leaks refuerzan todavía más dicha dinámica.

La batalla que libra la Comisión de Bruselas contra los “malos pagadores”, ejecutada con el entusiasmo de los conversos, había permitido hacer olvidar algunos casos que saltaron al comienzo del mandato Juncker. Los Panama Papers, de la primavera de 2016, salpicaron al comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, cuya esposa aparecía en los documentos por haber dirigido una empresa en Panamá (tampoco Cañete consideró necesario hacerlo constar en su declaración de intereses y sigue en el cargo). En cuanto al LuxLeaks de un año antes y que sacaban a la luz los acuerdos secretos entre Luxemburgo y algunas multinacionales, Juncker estaba en el centro de la polémica (convertido en el lobo del rebaño, por parafrasear a la eurodiputada Eva Joly). Hacía unos meses que parecía que se había pasado página. Sin embargo, el caso Kroes ha reabierto viejas heridas, que recuerdan a Jean-Claude Juncker sus errores iniciales (que se había dedicado a camuflar durante dos años).

En este punto, la única medida que Juncker ha tomado concierne al caso Barroso: presionado por una petición ciudadana y por los sindicatos, en el seno de la Comisión, ha aceptado recabar la opinión del “comité de ética” ad hoc –integrado por tres expertos, encargados de analizar, durante los 18 meses posteriores al cese en sus funciones de un comisario, posibles conflictos de intereses vinculados a su nueva profesión. Tal y como la plataforma sin ánimo de lucro CEO ya ha recordado, este comité de ética (antes dirigido por un… lobbysta próximo a la industria del tabaco, el francés Michel Petite) ahora está constituido por personas nombradas por el colegio de comisarios (dos de tres integrantes lo fueron con Juncker). Y todos ellos han trabajado o han estado vinculados con la carrera de Barroso. Baste como ejemplo el caso del austriaco Heinz Zourek, exintegrante de la Comisión, que dirigió los servicios de la Dirección General de Tributos hasta 2015.

Prueba de que la acción de este comité está lejos de ser irreprochable, es que no ha tenido nada que decir a las puertas giratorias de los excomisarios estos últimos años. Según CEO, nueve de ellos, de los 26 que componían la segunda Comisión Barroso (2009-2014), trabajan en multinacionales. Neelie Kroes, tras dejar su cargo en la Comisión, pasó a ser asesora especial para Europa del Bank of America Merril Lynch. En mayo de 2006, fue Uber, el servicio de alquiler de coche con conductor, quien la contrató.

¿Se decidirá Juncker a hacer más, a poner en marcha una reforma ambiciosa del famoso “código de conducta” interno aprobando, en concreto, un abanico de sanciones más disuasivas? El verano pasado, su vicepresidenta, la búlgara Kristalina Georgieva, tomó una decisión de sentido común: puso fin, después de mucho dudar, a un contrato plurianual con la tabacalera Philip Morris y la Comisión (en nombre de la lucha contra falsificación). De manera más general, el número dos de la Comisión, el neerlandés Frans Timmermans, lucha desde su llegada por dar más publicidad a las actividades de los comisarios, con la publicación en la web de las agendas de los comisarios y miembros del gabinete.

Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto con el caso Kroes: todo no es más que palabrería; las agendas públicas no se actualizan muy a menudo y faltan medios para comprobar las declaraciones de los interesados. Preguntado el jueves sobre este aspecto, el portavoz de Juncker se limitó a responder: “Contamos con la precisión, la veracidad y la exhaustividad de las declaraciones de nuestros comisarios. No disponemos de policías, que puedan enviarse a las Bahamas o a otros puntos con el fin de buscar aquello que no se nos ha comunicado. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de comprobar algunas cosas”. No es un buen presagio.

Las élites políticas europeas han basado durante mucho tiempo su legitimidad no con relación a las elecciones (como en los Estados nación), sino a partir de diversas formas de asesoramiento (es lo que algunos han dado en llmar output legitimacy, la legitimación de los resultados) o en la capacidad de defender el interés general europeo, más allá de los egoísmos nacionales. Para que esta ficción funcione, el comportamiento debe ser irreprochable. Después de los escándalos que han salpicado a Cañete, Barroso o Kroes, hay que ser muy optimista o quizás un poco inocente, para creer a estas alturas que la renovación del proyecto europeo se reinventará con esos actores en el escenario.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La Comisión Europea finalmente investigará las implicaciones éticas del fichaje de su expresidente, José Manuel Durão Barroso, como asesor de Goldman Sachs, después de las críticas hechas públicas la semana pasada por la Defensora del Pueblo de la UE, informó Europa Press.

Además, en una decisión sin precedentes, perderá el "acceso privilegiado" a la institución, que le corresponde como antiguo alto cargo, y pasará a ser considerado como un lobista en sus contactos con la Comisión y sus miembros.

Así lo ha indicado el actual jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en su respuesta escrita a la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, quien el pasado día 5 puso en duda las medidas tomadas hasta ahora.

O'Reilly ha celebrado la celeridad con la que Juncker ha reaccionado a su queja y ha confiado en que el examen ético se cumpla ahora "cuanto antes".

Con todo, ha advertido de que son necesarias más medidas para evitar nuevos conflictos y ha reiterado la necesidad de revisar el Código de Conducta para incluir en él, por ejemplo, sanciones.

Las normas actuales en materia de conflicto de intereses exigen a los exaltos cargos comunitarios informar a la Comisión Europea de su cambio de puesto, si este se produce en los 18 meses siguientes a dejar Bruselas.

En el caso de Durão Barroso, su contrato con la influyente entidad de Wall Street se firmó 20 meses después de dejar la Comisión, lo que le permitió evitar la notificación y ha permitido a Bruselas defender hasta ahora que se cumplieron las reglas.

Cuando se conoció la noticia, Juncker confirmó que su predecesor le informó del cambio en una conversación posterior a que su fichaje se anunciara públicamente.

Ahora, Juncker ha pedido a Durao Barroso "aclaraciones" sobre sus nuevas responsabilidades y las condiciones de su contrato y encargará un dictamen sobre ello al Comité Ético.

El Comité Ético está formado por tres exaltos funcionarios de la Unión Europea: Christiann Timmermans, con carrera en los servicios legales de la Comisión y más de 10 años como juez del Tribunal de Justicia de la UE; Dagmar Roth-Behrendt, una exeurodiputada alemana que pasó cinco legislaturas en la Eurocámara; y Heinz Zourek, con cargos de responsabilidad en varias direcciones generales de la CE.

Se trata de un "examen ético" para analizar si el fichaje es compatible con las normas del Tratado de la UE y no hay conflicto de intereses, han aclarado fuentes comunitarias.

Pérdida de privilegios

Entre las tareas que se encomendará al exprimer ministro portugués en Goldman Sachs, está el de asesorar sobre las consecuencias del Brexit.

Se da la circunstancia de que el jefe negociador de la Comisión para la salida de Reino Unido de la UE es el excomisario Michel Barnier, miembro del Ejecutivo comunitario en la era Barroso.

En cuanto a la decisión de dejar de considerar al político portugués como un "expresidente" y pasar a tratarle como miembro de un grupo de presión, ello supone que cada visita de Barroso a la institución deberá quedar inscrita en el registro de lobistas para garantizar "plena transparencia".

Es la primera vez en que un expresidente de la Comisión Europea ve cómo se le retiran sus privilegios protocolarios, según las fuentes consultadas.

Ha habido que esperar tres largas semanas para que Jean-Claude Juncker se indigne. El presidente de la Comisión Europea ha acabado criticando, con la boca pequeña, la elección de su predecesor, José Manuel Durão Barroso, de pasar a ser consejero del gigante estadounidense de las finanzas Goldman Sachs. En una entrevista para el diario belga Le Soir del 30 de julio, el luxemburgués declaró: "El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta mucho. Pero para este en concreto, me supone un problema. (...) Hay que elegir al empleador". 

– Después de la presidencia de la Comisión, ¿qué? ¿Goldman Sachs?

– Yo no habría entrado en Goldman Sachs. De hecho, Goldman Sachs no me lo hubiera pedido. El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta mucho. Pero para este en concreto, me supone un problema. Es un proceso individual y ha respetado las reglas. Pero hay que elegir al empleador.

Algunos días antes, Juncker había respondido a un periodista de France 2 que le interrogaba sobre el asunto: "Yo no lo hubiera hecho". Se han visto condenas más firmes. Hasta el momento, el ejecutivo de Bruselas se contentaba con explicar de todas las formas posibles que la contratación de Barroso, que fue presidente de la Comisión de 2004 a 2014, era, a sus ojos, perfectamente legal. Hay reglas para enmarcar —y bloquear cuando sea necesario— casos de puertas giratorias. Pero este "código de conducta" solo es válido durante los primeros 18 meses que siguen a la partida del comisario en cuestión (lo que se llama, en la jerga del medio, el "cooling off period", el "periodo de enfriamiento"). Así, Barroso había dejado su puesto 20 meses antes cuando anunció su contratación por Goldman. En resumen, todo estaba en regla. Es por eso que Juncker precisó a Le Soir: "Es un proceso individual y ha respetado las reglas".

Salvo que el efecto, para la imagen de la Unión Europea, es catastrófico. El nombramiento del portugués reaviva la especulación sobre el rapto de las decisiones políticas tomadas en Bruselas rapto por los poderes financieros. En la capital belga, numerosos funcionarios europeos se esfuerzan por comprender por qué Jean-Claude Juncker no se ha distanciado más claramente del comportamiento tóxico de su predecesor, sobre todo porque Barroso no tiene ya ningún peso, desde el punto de vista político, en la burbuja bruselense. A la cabeza del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Martin Schulz ni siquiera ha juzgado necesario pronunciarse públicamente sobre el tema durante el mes de julio. A la inversa, el presidente francés, François Hollande, el 14 de julio se mostró más tajante: calificó la contratación de Barroso de "moralmente inaceptable". 

"Comisión y Parlamento opinan sin duda que en estos tiempos mediáticos agitados en los que una tragedia sucede a la anterior, Niza después del Brexit, basta con dejar pasar el tiempo", se lamenta el belga Pierre Defraigne, ex jefe de gabinete del comisario Pascal Lamy, en una tribuna reciente. "Comisión y Parlamento se equivocan, porque tienen mucho que perder en esta historia; la primera ve debilitada su autoridad moral, mientras que el segundo se arriesga a ver reducirse de nuevo la tasa de participación electoral en el próximo escrutinio. ¿Por qué aceptan encadenarse de esta manera a un peso que van a arrastrar por mucho tiempo con gran perjuicio para la imagen de Europa ante sus ciudadanos?". E insiste: "Europa es hoy demasiado débil como para añadir a los golpes provinientes del exterior faltas graves cometidas en el interior". 

A imagen del texto de Defraigne, el debate sobre las formas de sancionar a Barroso se está intensificando en Bruselas. Para muchos funcionarios, es la gota que colma el vaso. Empleados de varias instituciones europeas (no solamente de la Comisión) han lanzado una petición que puede ser firmada por cualquier ciudadano de la UE. Denuncian "un nuevo caso de puertas giratorias irresponsable, muy perjudicial para las instituciones comunitarias y, aunque no ilegal, moralmente deshonesto". A sus ojos, el argumento respecto al cooling off period y la, digamos, legalidad del proceso, no basta. Desplazan el debate al terreno de los tratados. Citan en particular un artículo poco conocido, el 245, que menciona las obligaciones que incumben a los responsables europeos "durante la duración de sus funciones, y después del cese de estas". 

El artículo precisa —sin definirlos— "los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios". Aceptando el puesto en Goldman Sachs, ¿Barroso se mostró deshonesto o poco discreto? Para los autores de la petición, anónimos por su deber de confidencialidad, no hay ninguna duda. Su objetivo consiste, después de una recogida de firmas hasta final de septiembre, en incitar, bien a la Comisión de Juncker, bien al Consejo presidido por Donald Tusk (que representa la voz de los Estados miembros en Bruselas), a someter al Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, la conformidad de la contratación de Barroso a los tratados. Lo que permitiría quizá, en última instancia, sancionar al portugués, por ejemplo mediante "la suspensión de sus indemnizaciones por jubilación en tanto que expresidente de la Comisión Europea, durante la duración de su empleo en Goldman Sachs y más allá". 

Como cualquier excomisario europeo, Barroso tiene derecho a una jubilación a partir de los 65 años. Pero puede solicitar una jubilación anticipada con una pensión reducida desde los 60 años. Los que ha cumplido el portugués, nacido en 1956. La UE le ingresa desde abril de 2016 una prejubilación, indexada sobre el total de su última remuneración, y que corresponde al 70% de lo que tendrá derecho a recibir una vez haya pasado de los 65 años. Según nuestras estimaciones, José Manuel Durão Barroso, que estuvo en el puesto durante diez años, recibe una prejubilación de un poco más de 7.500 euros al mes. Pero la Comisión, contactada por Mediapart, rechaza confirmar o desmentir la cifra. (Leer el cálculo en La caja negra).

Otros colectivos de la burbuja bruselense están también en pie de guerra en estos últimos días, apoyándose en el artículo 245. El sindicato Unión por Unidad (U4U), "sorprendido [por este] suceso que podría volver aún más impopular la construcción europea", exhorta a Juncker y a sus comisarios a formular "una declaración firme" y tomar "una decisión apropiada sobre el compromiso de los más altos dirigentes de la UE con respecto al interés general de los ciudadanos europeos". 

Del lado del Parlamento Europeo, un "intergrupo" (es decir, una reunión informal de eurodiputados de todos los partidos sobre cuestiones temáticas precisas) consagrado a la lucha por la transparencia y contra el crimen organizado, ha hecho llegar también un correo a Juncker pidiéndole "lanzar un proceso legal sobre la base del artículo 245". Esta carta está firmada por diputados de siete de los ocho grupos políticos del hemiciclo de Estrasburgo, incluido un cargo electo de la derecha del PPE, la familia política de Barroso (que se ha mostrado, no obstante, muy discreta sobre el tema hasta ahora). De manera más general, numerosos eurodiputados han expresado ya su indignación por el affaire Barrosoaffaire , reclamando la mayoría de ellos una extensión —más o menos importante, hasta los cinco años— del cooling off period, como los socialistas franceses o el grupo de Los Verdes. 

Si Juncker es reticente a condenar firmemente la contratación de Barroso, es también porque parece no haber comprendido el problema. En la entrevista de Le Soir, introduce una distinción más bien inesperada entre el hecho de irse para trabajar en "un banco" e irse para trabajar en "Goldman Sachs". El gigante de Wall Street no es, por supuesto, cualquier establecimiento financiero, y ha jugado un papel infernal en la crisis de las deudas soberanas que sacude Europa desde 2008. 

Pero el asunto sobrepasa de largo la banca de inversiones norteamericana. Concierne al conjunto de casos de puertas giratorias, esas bisagras entre lo público y lo privado que son legión en Bruselas. Las polémicas son regulares, y los efectos en la opinión pública, devastadores. No es solo Jean-Claude Juncker quien parece no haberlo comprendido todavía. En verano de 2014, el eurodiputado Sharon Bowles, que presidía hasta entonces la Comisión de Asuntos Económcios y Financieros, un puesto clave en la crisis financiera, se unió a la City. El año pasado, la holandesa Neeli Kroes (excomisaria de Competencia y luego de Mercado Digital durante los mandatos de Barroso) pasó a ser consejera especial para Europa de otro buque insignia de las finanzas estadounidenses, Bank of America Merrill Lynch. En mayo de 2016, fue Uber, el controvertido servicio de reservas de vehículo con conductor, quien la empleó. 

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Traducción: Clara Morales

Leer el texto en francés

Mientras estaba leyendo en el periódico que Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, acaba de firmar como presidente no ejecutivo de la casa de especulación Goldman Sachs, recibo una llamada del despacho laboral de un banco para avisarme de que en una semana van a proceder contra mí por una deuda de 85 euros. Primero pienso que debe tratarse de un error, que no tengo nada que ver con ese Banco Mare Nostrum, pero después recuerdo que la Caja de Ahorros de Granada acabó en sus garras cuando se desataron los procesos de absorción. Junto con las dos últimas reformas laborales, el desmantelamiento de las cajas de ahorros, obligadas a invertir parte de sus beneficios en obra social y en desarrollos del territorio, ha sido la actuación política más graves de los partidos que cantan la internacional del neoliberalismo. Los colmillos de los grandes bancos exigían ese cuello.

Abrí una cuenta en la Caja de Ahorros de Granada en 1981, cuando empecé a trabajar. Confieso cierta melancolía al escribir sobre una oficina situada en mi barrio de siempre, junto a la casa de mis padres, regentada por gente a la que conozco y de la que recibí un trato amable hasta que decidí cambiar mi nómina de entidad. A Granada le tengo lealtad, al Banco Mare Nostrum ninguna. Dejé la cuenta a cero y busqué cueva en otra selva más cercana a mi vida de hoy. En cualquier caso, cuando me acerqué a la vieja sucursal a preguntar qué pasaba con los 85 euros ya sabía que me iba a guardar en el bolsillo la impertinencia con la que traté a la abogada del teléfono. No dudé en decirle que iría a solucionar la situación, aunque sospechaba que se trataba de alguno de esos robos que los bancos legalizan con el nombre de comisión... Cajeros, ingresos, transferencias, sístoles, diástoles, lo que antes era gratis a cambio de especular con nuestro dinero, ahora resulta carne de cañón y comisión. Pero no iba a pagar el pato con los trabajadores de la vieja sucursal. ¡Qué culpa tienen ellos!

De una forma muy educada me explicaron que, aunque llevaba años con la cuenta a cero, me habían enviado una tarjeta de crédito (que yo nunca pedí ni recibí), que la comisión por enviar la tarjeta era de 40 euros y que los intereses por impago de esos 40 euros sumaban otros 45. De ahí mi deuda. Para cerrar mi cuenta tuve que pagar, además, una comisión de 35 euros. Esa modesta riqueza de 120 euros no le llegaba al mundo desde los barcos de pesca, ni desde los huertos que dan tomates, ni desde los talleres que producen bienestar, sino de la explotación legalizada. Y la califico de riqueza modesta porque si la comparamos con la legislación española sobre desahucios, que ha sacado la sangre y el alma a miles de vidas, es sólo una broma barata.

También es una broma barata si la comparamos con el negocio que representa para los bancos la Unión Europea. Hace unos días Begoña P. Ramírez publicaba en infoLibre una crónica sobre el comportamiento feliz de unas entidades que reciben dinero gratis del BCE y luego lo prestan a una media del 8,6 %. ¿Podemos extrañarnos del Brexit o de las indignaciones sociales, que a veces derivan hacia al racismo y la extrema derecha, con un BCE que trabaja en favor de la especulación de los bancos en vez de ayudar a los Estados, es decir, a la ciudadanía?

¡Oh especulación! Durão Barroso firma por Goldman Sachs en Londres para ver cómo se puede convertir el Brexit en beneficio especulativo. ¿Por qué hay guerras? Porque hay industria armamentística que alimentar. Quien participó en la reunión de las Azores en marzo de 2003, junto a Bush, Blair y Aznar, apoyando la guerra de Irak y convirtiendo en negocio la mayor catástrofe humana de los últimos años, bien puede ahora sacar beneficios del Brexit. Contará con el sabio consejo de Mario Draghi, otro hombre de Goldman Sachs, además de presidente del Banco Central Europeo.

A España le toca en estas cosas bailar con el más feo. Nuestro ministro Luis de Guindos era el presidente en España y Portugal de Lehman Brothers, ese nido de especuladores que quebró en 2008, dando el pistoletazo de salida a la crisis y a sus buitres. El alma de Europa está en manos de los bancos y la especulación. Hablar de derechos sociales y democráticos es una farsa que legaliza lo que no es legítimo. Walt Whitman escribió un conmovedor poema en homenaje al capitán que había salvado un barco del naufragio a costa de su vida: “¡Oh capitán! ¡Mi capitán!”. Nuestra Unión saluda a los especuladores que viven a costa de nuestra vida y nos llevan al naufragio: ¡0h bancos! ¡Mis bancos!”.

Acabo con otra frase de Brecht: “Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque”. Los que no somos partidarios de la violencia, de los francotiradores o de la extrema derecha, estamos obligados a buscar y crear políticos que nos defiendan.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, afirmó este jueves que durante los últimos años la Unión Europea se ha "equivocado" de rumbo y que una política económica basada en la austeridad "no basta", destacando que en estos momentos Europa está "peor que hace ocho años".

En una carta publicada en el diario La Repubblica, Renzi aborda la política económica de la Unión Europea y el debate sobre el posible nombramiento de un 'superministro' económico en la eurozona, una opción que no considera una cuestión central. "El problema hoy de la economía de la Unión Europea no es el 'superministro' sino la dirección", afirma Renzi, subrayando que durante los últimos años "Europa se ha equivocado de rumbo". 

En este sentido, Renzi compara las trayectorias económicas emprendidas por la Unión Europea y Estados Unidos durante los últimos ocho años de presidencia de Barack Obama. "Estados Unidos ha apostado por el crecimiento, la inversión y la innovación". Por su parte, Europa ha apostado por "la austeridad, la moneda y el rigor". "A nivel económico Estados Unidos está mejor que hace ocho años y Europa está peor", asegura el primer ministro italiano, para luego añadir que "Obama ha hecho bien, Barroso no".

"La austeridad no basta", advierte Renzi, repasando los países de la UE que han registrado crecimiento pese a haber incumplido su objetivo de déficit, entre los que incluye a España afirmando que "ha acompañado el crecimiento con un déficit medio de casi el 6%".

"Si un medicamento no funciona, después de ocho años se puede hablar de obstinación terapéutica", critica, aunque subraya que su Gobierno no tiene "problema con las reglas". "Italia respeta las reglas y tiene un déficit que este año será el más bajo de los últimos diez años, un 2,5%", afirma.

No sé si querrán hacernos creer que Aznar con sus socios y colaboradores estaban al frente de las manifestaciones del No a la guerra, pero mi memoria me dice lo contrario. El señor Bush, cuyos negocios familiares están relacionados con el petróleo, encontró la excusa perfecta en el 11-S para promover la invasión de Irak, el único país laico de toda la zona, el único en el que Al Qaeda no tenía presencia y era perseguida con contundencia. Su padre ya intentó ese expolio con otra guerra, y no salió bien. La excusa era estupenda: Sadam Husein era un dictador y había que llevar la democracia a aquel país. Aznar y los suyos, que ahora nos gobiernan, acusaban entonces a cualquiera que se le ocurriera cuestionar ese genocidio de amante del totalitarismo y defensor de las dictaduras. No han dicho nada de las torturas de Guantánamo, consecuencia de la imposición de la democracia en Irak.

Para legitimar esa acción se inventaron el peligro que suponía para la humanidad que el dictador iraquí estuviera fabricando “armas de destrucción masiva”. La ONU envió inspectores que certificaron que allí no había nada de nada. Aznar se sumó a la masacre tras afirmar en televisión y en el Congreso de los Diputados: “Irak tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro, y pueden estar seguras todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad”. Mentía como lo hizo su portavoz el señor Zaplana tiempo después con respecto a esas afirmaciones: “No tenemos información propia ni el presidente Aznar ha dicho nunca que a él expresamente le conste". Claro que le constaba, lo repitió hasta la saciedad. Todo les da igual.

Años después quedó con el culo al aire cuando los americanos reconocieron, como tienen por costumbre después de cometida una fechoría, que todo eso de “las armas de destrucción masiva” había sido inventado para justificar la necesidad de la invasión. Aznar, que mintió repetidas veces con respecto al tema, también lo hizo cuando cuatro años más tarde reconoció, por fin, después de que lo hicieran Bush y Blair, la inexistencia de dichas armas: "Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva, y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo, y yo también lo sé... ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes". Todos se rieron con aquella intervención y aplaudieron efusivamente esa falsa humildad, ese reconocimiento de su ignorancia. No fue tal, se trató de una estrategia urdida para imponer un genocidio injustificable. “Cuando yo no lo sabía, nadie lo sabía”, continuó el presidente. Volvió a mentir. Eran minoría los que creían en aquella falacia, ya que las únicas armas químicas que podría tener en stock Sadam Husein eran restos que le vendieron los propios norteamericanos, que usó en la guerra de Irán y también contra los kurdos en su propio país. Los mismos que le vendieron las armas y consintieron y apoyaron su uso cuando era su extravagant friend, como llamó Aznar en su día a Gadafi, ahora le demonizaban y la sola sospecha de que le quedaran restos de la mercancía por ahí, parecía motivo suficiente para masacrar al pueblo iraquí y robarle su petróleo. Así de cínico y cruel es el imperio del libre mercado.

No quedó ahí la falsa disculpa del señor Aznar: “Todo el mundo creía que las había”, afirmó. Falso de nuevo. Sólo los partidarios de la guerra afirmaban tal cosa. Nadie pudo demostrar en su día la existencia de aquella entelequia, y el inapelable argumento de que no encontrarlas no significaba que no existieran se convirtió en razón suficiente para iniciar aquel acto de piratería genocida que acabó con la vida de más de un millón de personas inocentes.

Bush mandó a España a un hermano que, por increíble que parezca, era más tonto que él. Se llama Jeb y a la sazón era el gobernador de Florida. Se despachó en agradecimientos hacia la “República Española” por su colaboración con los EEUU y afirmó: “Puedo asegurar a todos los que tienen sus dudas que a largo plazo esa relación dará beneficios que no se pueden imaginar ahora”. Tampoco en eso cumplieron. La rapiña del botín no fue buena para los emprendedores españoles que pujaron por quedarse con proyectos de reconstrucción del país que había que destruir previamente. No sacaron tajada alguna. Ya se habían repartido el pastel los allegados al presidente, encabezados por Rumsfeld: se quedaron el botín en exclusiva dejando a los españoles con dos palmos de narices. Parece que una vez que usaron a Aznar para la foto, se negaron a pagar esos beneficios que prometía Jeb cuando fue advertido de que el pueblo español estaba en contra de esa invasión en un 90%, según reflejaban algunas encuestas. “Eso es menos de los que creen que Elvis está vivo”, dicen que respondió Blair en tono jocoso. Igual de risueños estaban con sus pelos al viento en la famosa foto de las Azores cuando dieron el banderazo de salida para que empezaran los bombardeos.

Aznar fue el colaborador necesario de aquel genocidio. Bush y Blair necesitaban a alguien más y él se prestó a ser el pringado metiendo a su país en una guerra a cambio de que le dejaran poner los pies en la mesa y fumarse un puro en el rancho del presidente de los EEUU.

Dos atentados conmovieron al mundo perpetrados por radicales islámicos: uno en Londres, otro en Madrid. En Londres dijeron que fue una venganza como consecuencia de aquella guerra. El de Madrid, según el gobierno del PP, fruto de una conspiración para cambiar el resultado de unas elecciones cuyo origen no había que buscar “en desiertos remotos ni lejanas montañas”, tal y como afirmó el señor Aznar en la Comisión de Investigación del 11-M. La desfachatez y crueldad de este señor parecen no tener límites. Todavía con los cuerpos calientes quería sacar rédito político de la sangre de las víctimas.

Lo que ha dicho el señor Maduro es cierto. Los que mienten son los que masacraron al pueblo iraquí y hoy siguen torturando a sus ciudadanos ante la impasividad internacional.

El señor Aznar, que con aquella acción criminal pretendía sacarnos del rincón de la historia, sólo fue el mamporrero, pero imprescindible al fin y responsable como miembro del Trío de las Azores (que eran cuatro, también estaba Durao Barroso) del saqueo y el genocidio.

“Con las mentiras de siempre, una bandera, un pastel de manzana,la mamá y la Biblia, todos pueden creerse cualquier mentiraDonde sea y cuando sea”.

Frank Zappa, When the lie is so big

Como Nicolás Sarkozy, José Sócrates es un personaje controvertido. Como Nicolás Sarkozy, el ex primer ministro portugués encarcelado a las puertas del pasado fin de semana, mantiene un vínculo sospechoso con el dinero. Como Nicolás Sarkozy, José Sócrates puso en práctica un estilo de gobierno personalista y brutal. Como Nicolás Sarkozy, el gobernante José Sócrates trataba continuamente de manipular o de impresionar a los medios de comunicación. Como Nicolás Sarkozy, José Sócrates construyó en el corazón mismo del Estado y en la sociedad “redes de influencia” consagradas a su persona. Como Nicolás Sarkozy, José Sócrates continúa proyectando una sombra sobre el panorama político de su país, mucho tiempo después de que los electores le echaran. Como la de Nicolás Sarkozy, la carrera política de José Sócrates está salpicada de episodios judiciales de los que había salido indemne hasta la fecha. Como el de Nicolás Sarkozy, el futuro político de José Sócrates depende del éxito o del fracaso del trabajo de policías y jueces. Que el primero se diga de derechas cuando el otro se considera de “izquierda” es anecdótico. La “bestia” política francesa y su alter ego portugués encarnan el lado “moderno” de cierta “política”. Un lado más bien repulsivo.

El director del semanario Expresso Ricardo Costa (hermano del nuevo secretario general del PS y alcalde de Lisboa Antonio Costa), cuando el sábado se refería a la detención de José Sócrates, acusado de los delitos de “corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales”, afirmaba que “algunos dejan de ser racionales cuando se trata de José Sócrates”. Lo mismo se podría decir tanto de los que le odian como de los que le adulan, que son muchos en las filas del PS.

Nacido hace 57 años en el seno de una familia burguesa de Covilha (Beira Alta), antaño importante centro textil situado en las estribaciones de la Serra da Estrela, el macizo montañoso más elevado del país, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa encarna la profesionalización creciente de la vida política, en el Portugal democrático posterior a la Revolución de los claveles, por otro lado, similar al de la mayor parte de Europa. Tras flirtear en un primer momento con el centro derecha (desde la organización juvenil del PSD, actualmente en el poder) a principios del PREC (proceso revolucionario), empezó estudios de ingeniería en Coimbra, ciudad universitaria histórica del país, donde apenas logró obtener el título de técnico.

No sería hasta mucho más tarde, en 1996, cuando deseoso por convertirse en “el ingeniero Sócrates”, en un país en el que los títulos ligados a la formación académica todavía están vinculados con el estatus, el político ya influyente en que se había convertido pasa a ser “licenciado” por la Universidad Independiente de Lisboa, en condiciones consideradas muy sospechosas. Por ejemplo, la validación se expidió un domingo por fax desde la oficina del rector de esta universidad privada, sobre cuya desaparición debía decidir posteriormente el Ministerio de Educación. No llega al nivel de su camarada socialista francés, el doctor de las universidades, Jean-Christophe Cambadélis, pero no le anda a la zaga. En la línea de Cambadélis, se matriculó en diferentes universidades, por ejemplo en Derecho, en la Lusiada de Lisboa, sin llegar a completar nunca el primer curso académico. La justicia puso punto y final a la “verdadera-falsa” licenciatura, de la que se tuvo conocimiento en 2007, durante el primer mandato de Sócrates en el Gobierno.

En 1981, tras una breve carrera “en el sector privado” (trabajó sobre todo en localidades de la región, entre otras, en su ciudad natal), José Sócrates inicia carrera en el Partido Socialista. Fue a rueda del futuro primer ministro Antonio Guterres, en cuyas listas por Castelo Branco iba de número dos en las elecciones legislativas de 1987, lo que le permitió llegar por primera vez al Palacio de São Bento, sede de la Asamblea de la República y del Gobierno.

Mientras seguía tratando de mejorar su curriculum universitario, en paralelo, se trató de abrirse paso en el mundo de los “negocios”, por poco tiempo y sin éxito, de la mano de un amigo de juventud, el fiel y incendiario de Armando Vara, de cuyo itinerario típico de enriquecimiento personal a través de la vía política ya ha escrito Mediapart, hasta ser condenado en la operación Cara oculta, un caso de corrupción del que José Sócrates salió indemne. Hay que decir que algunas importantes autoridades judiciales se movilizaron para proteger al dirigente socialista, al imponer a policías y a jueces instructores la destrucción de las escuchas telefónicas que ponían de manifiesto sospechosos intercambios entre Sócrates y Vara.

Sócrates en el poder: una carrera al abismo financiero

En 1995, José Sócrates comenzó andadura  ministerial como secretario de Estado de la ministra de Medio Ambiente Elisa Ferreira (que recientemente ha desempeñado un papel fundamental en las reformas de la regulación financiera adoptados por el Parlamento Europeo), en el Gobierno de Guterres, tras la victoria electoral de los socialistas. En 1997, una crisis de gobierno le permitió convertirse en ministro adjunto al primer ministro, al frente sobre todo de Juventud y de Deportes. Precisamente, en razón de este cargo, presentó la candidatura de Portugal, donde el fútbol es una religión, para albergar la Eurocopa 2004. Un despilfarro obsceno que contribuiría a acelerar la deriva de las finanzas públicas que, en 2011, habrían de conducir al país, con Sócrates como jefe del Gobierno, a pasar por las horcas caudinas de la troika, UE-FMI-BCEtroika.

En 1999, después de una nueva victoria del PS conducido por Guterres, Sócrates recibió la cartera del Ministerio de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio. Un puesto sensible, con un presupuesto importante (los fondos estructurales europeos ayudan) y con capacidad de decisión y de regulación sobre inversiones sustanciosas. Según numerosos testigos, Sócrates se sirvió de este cargo para fortalecer sus redes de influencia en el país. Precisamente, en su época como responsable de Medio Ambiente tiene su origen el caso Freeport, por el que Sócrates estuvo en el punto de mira por supuestamente ignorar la normativa en medioambiental para permitir la construcción en Alcohete, en la ribera del Tajo, frente a Lisboa, de un enorme outlet. Aunque miembros de su familia estaban directamente relacionados con los intermediarios, siete años de investigación en Portugal y en Gran Bretaña desaparecieron en las arenas movedizas del sistema judicial portugués, al quedar sepultado el caso por “falta de pruebas”.

Sin embargo, el caso no dejará de perseguir al dirigente socialista a su llegada a la jefatura de gobierno en 2005, el regreso de los socialistas en el poder se vio facilitado notablemente por la “huida a Bruselas” del jefe de la derecha José Manuel Durão Barroso, donde hará estragos como presidente de la Comisión Europea durante 10 años. El trabajo de investigación de la prensa portuguesa, que no “suelta” a Sócrates, derivó en una relación muy tensa entre el jefe del Gobierno y algunos periodistas, el tono mordaz del dirigente socialista en las entrevistas televisivas no ayudan. Por ejemplo, un conflicto violento y personalista le enfrentará a Manuela Moura Guedes, que acusó a Sócrates de la retirada del programa de información que dirigía en la cadena TVI, donde Sócrates decía ser víctima de una “caza de brujas”. José Sócrates ha llevado a los periodistas a los tribunales en numerosas ocasiones, pero nunca ha ganado ningún pleito.

En su primer mandato al frente del gobierno, Sócrates logró mayoría absoluta en el Parlamento y emprendió, sin éxito, diferentes reformas como la de la simplificación de la burocracia administrativa, la reforma de la educación, la independencia energética. Pero esta gestión tecnocrática del “ingeniero Sócrates” también comportaba aventuras ruinosas como el miniordenador Magalhaes del que quiso dotar a los jóvenes escolares. Apasionado de los “grandes proyectos”, pero ya sin dinero, multiplicó las PPP (asociaciones público-privadas, por sus siglas en francés) muy mal negociadas y finalmente ruinosas para los contribuyentes. Portugal persistió en el modelo económico basado en el desarrollo del “hormigón”, favoreciendo las infraestructuras costosas (la red de autovías más densa de Europa), en detrimento del “capital humano”. El segundo mandado, en el que los socialistas empeoraron los resultados, al lograr una mayoría relativa, supuso dar un paso al abismo financiero, estuvo marcado por los PEC (programas de estabilidad y de crecimiento) sucesivos negociados con Bruselas. Los años de Sócrates vieron proliferar el “Estado paralelo” invasor, formado por innumerables fundaciones, institutos, asociaciones que engullen el dinero público y que proporcionan tachos (prebendas) a los “boys” (y “girls”) del partido en el poder.

Provocado por la implosión de Grecia, el contagio de la crisis financiera mundial de las deudas soberanas de los países periféricos de la zona del euro marcó el fin del recreo financiado a crédito durante décadas. Por tercera vez desde 1974, un gobierno democrático portugués debía recurrir al FMI, que en esta ocasión desembarcó acompañado de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. La última acción del gobierno de Sócrates fue el de la negociación en abril de 2011 con la troika de un memorándum que dejaba al país bajo tutela, a cambio de una ayuda financiera internacional de 74.000 millones de euros. En las elecciones legislativas posteriores, los socialistas perdieron la mayoría en beneficio de la coalición PSD-CDS y José Sócrates anunció su retirada de la vida política.

Si bien la responsabilidad de esta mala gestión pública llevada a cabo durante años debe buscarse en los partidos del “bloque central” que alternan en el poder desde 1976, la herencia de José Sócrates es especialmente dañina. En este periodo saltaron tres escándalos bancarios, entre ellos la nacionalización ruinosa del BPN, que dejaron en evidencia a otro ex número uno del PS, el gobernador del Banco de Portugal Vitor Constanciao, que pese a todo fue designado por sus homólogos europeos para ocupar la Vicepresidencia del BCE.

La voluntad de Sócrates, retirado de la primera línea, por perfeccionar su formación universitaria (un tema con el que parece tener fijeza) en París, en un primer momento despierta una sonrisa, para después levantar recelos, dado el tren de vida “à grande e à francesa” (expresión tradicional portuguesa para indicar que alguien vive "con gran lujo y ostentación") que parece llevar en la Ciudad de las Luces este peculiar estudiante de Ciencias Políticas. Al regreso de sus dos años de exilio dorado, la televisión pública RTP, pese a las numerosas protestas, extiende la alfombra roja para José Sócrates, que se convierte en tertuliano semanal, un privilegio que a menudo aprovecha para arreglar cuentas y justificar su balance.

La publicación en las librerías de su tesis, sobre el fenómeno de las torturas en el mundo, titulada A Confiança no Mundo, en otoño de 2013, se convierte en una nueva entrada en el panorama político, de la mano del expresidente brasileño Lula da Silva, que se encarga de escribirle el prefacio, y del patriarca de los socialistas portugueses Mario Soares, convertido en un francotirador senil que dispara a todo lo que se mueve, también dentro de las propias filas de su propio partido (salvo a Sócrates). Sin embargo, el semanario Sol, que firma numerosas investigaciones sobre las operaciones financieras que supusieron la detención de José Sócrates el viernes 21 de noviembre en el aeropuerto de Lisboa, al bajar del último avión procedente de París, afirmaba también que el dinero oculto pudo servir para comprar miles de ejemplares del libro sin otro fin que el de hinchar las ventas...

Traducción: Mariola Moreno

Las consecuencias de esta decisión determinarán muchos aspectos de cara a situaciones similares futuras como pudiera ser Cataluña. ¿Qué pasará con su moneda? ¿Cómo afectará a su economía? ¿Ingresará de nuevo en la UE o países como Reino Unido o España vetarán esta posibilidad?

Para la mayoría de los líderes mundiales este asunto es un punto de inflexión y, como tal, no se han mantenido al margen. Europa Press recopila la opinión de muchos de ellos a través de sus declaraciones:

David Cameron (primer ministro británico): "La elección que tenéis es clara: un salto hacia la oscuridad con un voto por el 'sí', o un futuro más brillante para Escocia votando 'no'". "Nosotros queremos desesperadamente que os quedéis, no queremos que esta familia de naciones se separe". "Si Reino Unido se rompe, se rompe para siempre".

Alex Salmond (jefe del Partido Nacional Escocés): "Escocia sería el país más rico del mundo en declararse independiente".

Isabel II (Reina del Reino Unido): "En este importante año del referéndum, rezamos para que, cualquiera que sea el resultado, la gente de fe y la gente de buena voluntad trabajen juntas por el bien social de Escocia".

Tony Blair (exprimer ministro británico): "Creo que ganará el 'no'. Los argumentos a favor de la unión son más fuertes".

Gordon Brown (exprimer ministro británico): "Lo que no vale es el statu quo. La elección debe ser entre una separación irreversible o un Parlamento más fuerte".

Peter Robinson (ministro principal de Irlanda del Norte): "Respeto el hecho de que es su decisión, pero uno cada fibra de mi ser para decir: ¡no os vayáis! Permaneced y continuad siendo parte de nuestra nación".

Jose Manuel Durao Barroso (presidente de la Comisión Europea): "Si parte del territorio de un Estado miembro dejara de ser parte del Estado por ser un Estado independiente, los tratados de la UE no se aplicarían a ese territorio".

Jean-Claude Juncker (presidente electo de la Comisión Europea): "Estoy de acuerdo con el principio de que hay que respetar las constituciones nacionales".

Herman Van Rompuy (presidente del Consejo Europeo): "Nadie obtendrá nada del separatismo en el mundo de hoy que, guste o no guste, es globalizado".

Barack Obama (presidente de los EEUU): "Tenemos un gran interés en que uno de los aliados más cercanos que jamás tendremos siga siendo un socio fuerte, robusto, unido y efectivo".

Angela Merkel (canciller alemana): "El referéndum escocés se celebrará tras la autorización y la concertación con el Gobierno y el Parlamento británico".

Mariano Rajoy (presidente de España): "Lo único que puedo decir es que es un referéndum de acuerdo con la legalidad vigente en el Reino Unido. Y así es como se hacen las cosas entre personas sensatas. En eso consiste un Estado de derecho".

Artur Mas

(presidente de la Generalitat): "El 'sí' en el referéndum escocés allanaría el camino de la independencia de Catalunya".

Iñigo Urkullu (lehendakari vasco): "Lo que pueda suceder en Escocia sirve como referencia en cuanto a un modelo de poder decidir los ciudadanos en un sentido o en otro".

José Manuel García Margallo (ministro de Asuntos Exteriores): "Si Escocia se independiza siguiendo los procedimientos legales e institucionales, pedirá su adhesión. Y si ese proceso ha sido legal, se podrá considerar su solicitud. Si no, no".

Simon Manley (embajador británico en España): "La independencia es un gran riesgo para la economía escocesa, y la británica".

La Comisión Europea reiteró este miércoles que "no hay cambios" en su posición respecto a que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, pese a la manifestación en forma de 'V' que el jueves reunió a miles de personas en Barcelona con motivo de la Diada.

"Nuestra posición no cambia. Seguimos de muy cerca todo lo que pasa en los Estados miembros y no tenemos nuevos comentarios que hacer sobre este asunto", declaró en rueda de prensa una portavoz del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

La portavoz, que evitó en todo momento repetir explícitamente cuál es la posición de Bruselas respecto a la consulta soberanista, negó que exista "ninguna presión" por parte del Gobierno para eludir hacer declaraciones sobre esta cuestión. "No hay nada nuevo que decir. Claro que no hay cambios en las posiciones del pasado del presidente e instituciones. No hay nueva posición", añadió, ante la insistencia de los periodistas.

En una entrevista a la cadena pública británica BBC el pasado febrero, Durao Barroso aseguró que sería "extremadamente difícil, si no imposible" que una Cataluña independiente pudiera adherirse a la Unión Europea.

Olvídense de la austeridad: ¿y si la solución a la depresión económica en Europa pasase por aumentos salariales? Para sorpresa de algunos, el futuro presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, defiende un salario mínimo europeo, recogiendo así la reivindicación de muchos socialistas europeos. ¿Hay posibilidades de que se haga realidad?

Se comprometió el 15 de julio, ante los parlamentarios reunidos en Estrasburgo: "Vamos a establecer un salario mínimo social (para) todos los países de la Unión Europea". El candidato Jean-Claude Juncker obtenía ese día la confianza de una mayoría de eurodiputados para convertirse en el próximo presidente de la Comisión Europea, procurando hacer algunas promesas a los socialdemócratas presentes en el hemiciclo.

¿Mantendrá su palabra el conservador luxemburgués, sucesor de José Manuel Durão Barroso a partir de noviembre? ¿Se atreverá por fin Europa a invertir con fuerza en un terreno social que parece haber abandonado hace mucho tiempo, y sobre todo desde el estallido de la crisis en 2008? Un salario mínimo europeo podría frenar el devastador dumping social en el continente. Y obligaría también a aumentar los salarios más bajos en algunos de los países más dinámicos de la UE, empezando por Alemania, con efectos virtuosos en toda la región.

La iniciativa es atractiva en teoría, pero presenta dificultades. Si nos atenemos a los tratados y al artículo 153 en particular, la Unión no tiene nada que decir sobre el nivel de remuneración de los trabajadores: es una competencia exclusiva de los Estados miembros.

Europa sólo puede "apoyar y complementar" la acción de las capitales en materia de seguridad en el trabajo, seguridad social o protección de los trabajadores (esto es parte de lo que intentó, con la revisión de la directiva sobre los trabajadores desplazados que se aprobó el pasado año). Pero poner en marcha una directiva que estableciera un salario mínimo europeo sería sencillamente contraria a los tratados.

¿Habría Juncker prometido ya algo imposible, incluso antes de entrar en funciones? El tema es un poco más complicado. El establecimiento de un salario mínimo en toda Europa se está convirtiendo en una de las reivindicaciones más consensuadas del momento. Bajo argumentos diferentes, podemos encontrar ardientes defensores tanto en el lado de los economistas "horrorizados", estos universitarios contrarios a las políticas de austeridad en el continente, como en el seno de la redacción del semanario The Economist, más bien pro-business. La decisión de Alemania el pasado año de sumarse también al salario mínimo parece haber influido y terminado de convencer a algunos escépticos.

El salto de Alemania gracias al SPD

Martin Schulz, el adversario socialdemócrata de Juncker por la presidencia de la Comisión, había hecho de ello la promesa estrella de su campaña en la primavera de 2014. El comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, había defendido la idea desde 2012 para luchar contra la explosión del paro en el continente. El proyecto es más o menos el mismo: crear una red de seguridad adicional para los trabajadores pobres golpeados de lleno por las políticas de austeridad de la UE.

No todos los Estados están en la misma sintonía en este asunto. 21 países de la UE ya han establecido su Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (Smic). Bajo la presión de los socialdemócratas del SPD, Alemania, la primera economía de la zona euro, debería establecer un salario mínimo de forma gradual de 2015 a 2017. Austria, Italia, Dinamarca, Finlandia o Suecia –más bien economías que se han librado de la crisis– están entre los últimos recalcitrantes, aunque a menudo existan en estos países algunos acuerdos por sectores en los salarios mínimos.

Como siempre, en Europa, las diferencias de un país a otro son grandes. Según un estudio publicado este verano por el Tesoro francés, el abanico de posibilidades es muy amplio. En valor bruto, Luxemburgo es, con mucho, el más generoso, con un salario mínimo bruto de 1.704 euros –frente 1.344 euros en Francia, o... 123 euros en Rumanía–.

Para solventar las diferencias derivadas de los niveles de vida en cada país, algunos economistas relacionan el salario mínimo con el salario mediano en cada Estado miembro –este salario imaginario, que divide a la población activa en partes iguales entre una mitad que gana menos, y una mitad que gana más. En este caso, Francia encabeza el ránking con un salario mínimo que es el 60% del salario mediano–, lo que significa que es uno de los países más "generosos" según este concepto.

Por el contrario, Rumanía, Estonia y la República Checa, cierran la clasificación, con un salario mínimo que no excede el 40% del salario mediano. A título indicativo, el salario mínimo en preparación en Alemania se aproximaría al 55% del salario mediano (8,5 euros a la hora).

¿Efectos insignificantes sobre el empleo?

Jean-Claude Juncker ha sido discreto sobre los detalles del mecanismo que imagina. Sin embargo, varios estudios recientes, incluyendo el del Tesoro, defienden un acuerdo político (a falta de una modificación de los tratados) en torno a una "norma de salario mínimo". No se trata de imponer un valor bruto en todo el continente: la idea sería más bien establecer un valor inferior relativo, fijado, por ejemplo, en el 55% del salario mediano de cada país. Los Estados más ambiciosos tendrían la libertad de ir más allá. Y las reglas de revalorización, año tras año, también podrían ser "armonizadas" (al concertar acuerdos, por ejemplo, sobre el lugar que hay que dar a los sindicatos o a los economistas "independientes" en estas discusiones).

Este Smic europeo es un viejo tema de los cursos de economía, a menudo distorsionado por planteamientos ideológicos y que hay que analizar con perspectiva. ¿Cuando se establece un salario mínimo se ponen en peligro puestos de trabajo? ¿Tienden las empresas a contratar menos si se eleva el nivel mínimo de las remuneraciones? Esta dificultad no es un detalle menor en un continente que cuenta con cerca de 26 millones de parados. ¿No sería este mínimo una falsa buena idea que, bajo la apariencia de generosidad, podría agravar aún más el marasmo social?

La teoría neoclásica, dominante mucho tiempo en economía, incita a responder que sí. Establecer un salario mínimo –o elevarlo– conlleva un aumento del coste de la mano de obra. Esto reduce la competitividad de las empresas, que se ven obligadas a repercutir este incremento, aumentando sus precios de venta. Finalmente pierden cuotas de mercado –y revisan a la baja sus perspectivas de contratación–. Conclusión: menos puestos de trabajo.

Confrontación de análisis

"Es un argumento que no se sostiene", corrige Dany Lang, profesor titular en la universidad de París-13, y un miembro de los "horrorizados". Sobre todo porque el trabajo no es el único determinante del precio de un producto. Un estudio reciente establece, por ejemplo, que cuando un producto cuesta un euro, el coste de la mano de obra correspondiente es de 15 céntimos en Grecia, 16 en Italia y 17 en España. Hay que tener en cuenta los costes intermedios (como el transporte, N de la R)". En resumen: incluso si los aumentos del coste salarial se repercutieran enteramente en el precio final del producto (escenario que no es el más probable), eso no implicaría, ni mucho menos, un aumento enorme en el precio del producto. Con la misma lógica, no basta bajar los salarios para que una empresa gane, automáticamente, en productividad...

Otros economistas formulan objeciones más agudas que los argumentos neoclásicos. Para Zsolt Darvas, un economista húngaro miembro del think tank bruselense Bruegel, "el salario mínimo tiene, en algunos casos, efectos negativos sobre el empleo, ya que crea efectos de distorsión, entre los que se benefician del salario mínimo y los que ganaban hasta ahora un poco más que los salarios más bajos, y que ahora se sienten alcanzados". Darvas advierte contra el efecto "psicológico" de un Smic europeo, que desmotivaría a algunos empleados –y que repercutiría, de nuevo, en la competitividad de algunas empresas–.

El debate es mucho más animado en Estados Unidos. Abundan los artículos teóricos acerca del "mito" de un salario mínimo (leer aquí).. Pero varios estudios empíricos a gran escala invitan sin embargo a la siguiente conclusión que podemos considerar tranquilizadora: aumentar el salario mínimo no tiene prácticamente ningún efecto sobre el empleo.

En un artículo de 2009, dos economistas recopilaron 64 estudios, censando en total más de 1.400 casos de empresas que tuvieron que subir el límite inferior de su escala salarial. "Esta es la misma técnica utilizada en farmacia para probar la eficacia de un medicamento: se cogen todos los estudios disponibles y se pasan por el molinillo estadístico. La conclusión de este meta-análisis es que el salario mínimo no tiene ningún efecto sobre el empleo. El resto es ideología", dice Dany Lang.

Un salario mínimo europeo, sin duda, pero ¿a qué niveles?

¿Cómo explicar este efecto virtuoso? Para algunos, si se paga al empleado justamente (lo que los neokeynesianos llaman el "salario de eficiencia"), trabajará mejor. Su productividad aumenta, lo que beneficia a la empresa en su conjunto.

Según otros, los patrones tienen sencillamente otros muchos medios a su disposición para amortiguar los efectos de un aumento del Smic: "La literatura tradicional sobre el salario mínimo insiste mucho en los efectos sobre el empleo, pero los empleadores disponen, de hecho, de otros muchos canales de ajuste. Pueden reducir las horas, o los beneficios en especie, o el volumen de formación. También pueden decidir contratar más empleados mejor cualificados, o bien reducir los salarios del personal mejor pagado, o tomar medidas para mejorar la productividad de los empleados (reorganización de la producción, formación, etc)", enumera el autor de otro importante estudio, publicado en 2013 por el think tank estadounidense CEPR.

Pero puede ser difícil que Europa extraiga lecciones de los estudios realizados exclusivamente a partir de casos americanos, ya que en Estados Unidos el salario mínimo es muy bajo –alrededor del 38% del salario mediano–. Como Mediapart ya ha informado, el tema de un aumento del Smic en Francia divide ahora a la izquierda, y el debate se complica a menudo por las tomas de posiciones ideológicas, lejos de la realidad sobre el terreno.

Philippe Aghion es uno de los economistas a la defensiva: asegura que no se opone al principio de un salario mínimo en Europa, pero le preocupa el nivel del Smic francés. "A partir de un cierto nivel, cuando se producen mejoras en el Smic sin modificar otros salarios, nos arriesgamos a reducir la movilidad social, desalentar el empleo de los trabajadores jóvenes o no cualificados, reducir el abanico de remuneraciones y bloquear los ascensos", explicó en Échos a principios de año.

Lo que le ronda a Juncker

El economista francés, profesor en Harvard, preconiza en su último libro (coautor con Elie Cohen y Gilbert Cette), "congelar el Smic a corto plazo" en Francia. The Economist retomaba a su manera el mismo estribillo a finales de 2013 : "Los salarios mínimos moderados hacen más bien que mal", informó el semanario. En este contexto, Francia juega el papel de contraejemplo perfecto, con un salario mínimo demasiado elevado, "lo que permite entender por qué Francia muestra también tasas de paro juvenil tan elevadas que resultan chocantes, alrededor del 26% entre los 15-24 años".

Es probable que la posición de Jean-Claude Juncker sea más o menos la misma: sí a un salario mínimo europeo, pero a niveles mínimos más bien bajos, o muy bajos. Esta será la clave: encontrar el nivel "adecuado", como dijo la Comisión Europea. A Dany Lang le preocupa que "jugar a la baja sobre el nivel del Smic supone, con el tiempo, reducir el conjunto de la escala de remuneraciones". Pero si seguimos el análisis de Paul De Grauwe, economista belga profesor en la London School of Economics, la crisis actual, que surgió de la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, es sobre todo una crisis de la demanda –y no de la oferta, como todavía piensan la mayoría de los líderes europeos–. De ahí la idea muy keynesiana de responder, por ejemplo, elevando el nivel de algunos de los salarios más bajos.

"El aumento de los salarios es una de las vías para la recuperación de la Unión. Y son los países con superávit (con la balanza por cuenta corriente excedentaria, es decir, en pocas palabras, que exportan más de lo que importan, como Alemania, N de la R) a los que corresponde aumentar más fuertemente los salarios", cree por su parte Engelbert Stockhammer, otro universitario especialista en cuestiones salariales, que vive en Londres. "La UE debe establecer un límite mínimo de remuneración, que tome la forma de un sistema de salarios mínimos diferenciados, lo que pondría fin a las devaluaciones competitivas de ciertas economías, que han jugado a la baja sobre los salarios (como fue el caso en España y Grecia, por ejemplo, en respuesta a la crisis, N de la R)".

Subir salarios para contrarrestar la deflación

En 2012, el comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, no se alejaba mucho de este razonamiento, cuando publicó un texto que señalaba sin disimulo a Alemania: "Aumentos (de los salarios) específicos, capaces de impulsar la demanda agregada, son sin duda posibles en países donde la evolución de los salarios se mantuvo muy por debajo de los incrementos de la productividad. Pero Andor, socialista húngaro, no ha sido nunca muy escuchado en el Colegio de Comisarios, archidominado en lo peor de la crisis por comisarios muy austericidas como el finlandés Olli Rehn.

Desde este punto de vista, habrá que seguir de cerca la promesa de Berlín de establecer un salario mínimo a partir del próximo año. Una buena noticia, sin duda, de este verano en el ámbito de la macroeconomía europea fue la declaración del patrón del Bundesbank, Jens Weidmann, a finales de julio, estimando que habría que aumentar todos los salarios en Alemania en un 3% para contrarrestar los riesgos deflacionistas.

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Traducción: Carmen M. Marcos

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho han designado este viernes al ex primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea para los próximos cinco años en una votación sin precedentes en la que han dicho 'no' el primer ministro británico, David Cameron, y el húngaro, Viktor Orban.

"Decisión tomada. El Consejo Europeo propone a Jean-Claude Juncker como próximo presidente de la Comisión Europea", ha anunciado el propio presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en su cuenta de Twitter. "La votación se ha saldado con 26 a favor y 2 en contra", han confirmado fuentes diplomáticas.

El nombramiento de Juncker tiene que ser ratificado ahora por el pleno del Parlamento Europeo el próximo 16 de julio. Su elección está prácticamente garantizada porque cuenta con el apoyo del PP europeo, socialistas y liberales. El luxemburgués tomará posesión de su cargo el 1 de noviembre en sustitución de José Manuel Durão Barroso.

"He dicho a los líderes de la UE que vivirán para lamentar el nuevo proceso para elegir al presidente de la Comisión", ha escrito Cameron en su cuenta de Twitter minutos antes de que se produjera la votación. "Siempre defenderé los intereses de Reino Unido", ha agregado.

Ha sido el propio primer ministro británico el que ha exigido que hubiera una votación para escenificar su rechazo a Juncker. Hasta ahora, el presidente de la Comisión había sido elegido por unanimidad de los líderes europeos. El resultado ha puesto de relieve su aislamiento en la UE.

Cameron se opone al luxemburgués por considerar que se trata de un hombre del pasado incapaz de impulsar las reformas que a su juicio necesita la UE y que es excesivamente europeísta. También critica que los líderes europeos han renunciado a su potestad de elegir al presidente de la Comisión dejando la iniciativa en manos de la Eurocámara.

Por su parte, Orban ha dejado claro que no tiene nada contra Juncker y ha explicado que su voto negativo se debe también a una cuestión de principio relacionada con el procedimiento de elección.

Los primeros ministros de Finlandia, Alexander Stubb; Suecia, Fredrik Reinfeldt, y Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, han lanzado un llamamiento para "tener puentes" con Reino Unido y evitar que el aislamiento de Cameron en esta votación se traduzca en una aceleración de la salida de Londres de la UE.