El curso académico que acaba de terminar fue el primero en el que rigió la orden de "neutralidad ideológica" con la que la Xunta de Galicia dijo querer garantizar que el profesorado transmita "los valores constitucionales", informe "objetivamente y de manera imparcial sobre el pluralismo social" y promueva "el pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales". Lo hizo apoyándose en un artículo de la ley educativa estatal de 1985 que, a su vez, señala ese concepto remitiéndose al punto del artículo de la Constitución sobre el derecho a la educación que trata la formación religiosa y moral.

La aplicación práctica de esa orden se tradujo en un incremento del control sobre las llamadas "actividades complementarias" en los centros educativos —"visitas didácticas o charlas", había concretado el conselleiro, Román Rodríguez— que ya se aplicó entre críticas políticas, sindicales y de personal docente. Tras la primera experiencia en el curso 25-26, el Gobierno gallego se dispone a aplicar la orden todavía con más rigidez en el 26-27, para lo que en la víspera de San Xoán acaba de ordenar más inspecciones y límites a estas mismas actividades.

Como hace un año, la concreción de esa "neutralidad ideológica" llega con la orden en la que la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dicta instrucciones para organizar el próximo curso. Tras la misma referencia legal y constitucional, Educación vuelve a obligar a incluir "todas las actividades complementarias" en la programación general anual de cada colegio e instituto y señala como "muy excepcional" la posibilidad de "realizar actividades complementarias sobrevenidas", "siempre y cuando sean aprobadas por el equipo directivo y se dé cuenta de ellas al consejo escolar y a la Inspección educativa". Pero va más allá.

Mientras que para el curso 25-26 la Consellería instaba genéricamente a "garantizar una programación y distribución racional de las actividades complementarias a lo largo del curso, que no interfieran con el desarrollo habitual de las clases, evitando la concentración excesiva en determinados períodos, grupos o cursos", esta vez fija nuevos límites, incluso numéricos. Y, al mismo tiempo, impone nuevos controles.

Así, por ejemplo, obliga a "evitar" la "concentración" de estas acciones "en determinados períodos" o "la participación reiterada de los mismos grupos o de determinados niveles educativos". Exige además que "charlas, talleres o intervenciones puntuales" se organicen "con la menor alteración posible del horario lectivo habitual" y que "no se programe más de una por semana para el mismo grupo".

En el caso de las actividades que impliquen salir del centro no deben "superar, con carácter general, tres salidas por grupo por trimestre" y, en el caso de las llamadas "actividades sobrevenidas", queda prohibido que sean "más de una por trimestre", según fija en dos puntos diferentes de la orden. "La Inspección —advierte la orden— velará por la adecuación pedagógica y organizativa de estas actividades complementarias".

Tras esa mención a la Inspección, la orden de la Consellería indica que colegios e institutos públicos "podrán colaborar, de forma habitual o de forma puntual, con diversas entidades, tanto públicas como privadas", siempre que "respeten los principios educativos, éticos y legales establecidos". "Las colaboraciones deben ser transparentes, objetivas y orientadas al beneficio educativo del alumnado y vinculadas al desarrollo curricular", dice.

En este contexto, la Xunta incluso activa prevenciones explícitas sobre la participación en "actividades sobrevenidas organizadas por ayuntamientos, diputaciones y/u otras entidades externas". "Siempre deberá responder a criterios de pertinencia pedagógica y estar vinculada al currículo y a la programación didáctica de las áreas, ámbitos o materias cursados por el alumnado participante", por lo que "no procederá la participación en actividades que carezcan de una justificación educativa suficiente", advierten.

Existe una "regla financiera" que recomienda no destinar al alquiler de la vivienda más de un 30% de los ingresos brutos para mantener así una "economía saludable". El umbral es empleado por analistas e instituciones para valorar la situación del mercado inmobiliario y la dificultad de la población para acceder a un inmueble digno. Estos datos señalan que en Galicia la media del esfuerzo para acceder a un alquiler se sitúa por debajo de esa cifra, incluso a pesar de la tendencia al alza de los últimos años.

El esfuerzo medio para el alquiler en Galicia es del 28,4%, resultado de la relación entre el precio medio de los nuevos contratos de alquiler firmados en el año 2025 —medido por el Observatorio da Vivenda a través de las fianzas presentadas— y el salario bruto medio de un trabajador. La población que busca una vivienda de alquiler debe estar dispuesta a destinar ese porcentaje de sus ingresos. En el conjunto del Estado, el valor sí supera claramente el 30%.

De igual modo, la exposición al riesgo financiero, es decir, el riesgo al que se somete una persona que alquila una vivienda, se sitúa en Galicia ya cerca del máximo recomendable (100% de riesgo), debido a la tendencia al alza de los últimos años. Aunque, de momento, el valor sigue por debajo e igualmente lejos de la media del Estado, que sí supera el 100% de riesgo.

Sin embargo, esos son los datos teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en el conjunto de Galicia. En las ciudades, especialmente en algunas de ellas, los precios del alquiler han crecido tanto en los últimos años que la relación entre arrendamiento e ingresos supera ya el 30%. Es el caso de A Coruña (34,9%), Vigo (33,4%), Pontevedra (31,9%) y Santiago (31,3%). En Lugo (27,4%), Ourense (27%) y Ferrol (26,5%) el porcentaje es notablemente inferior.

Conviene destacar que el dato de A Coruña corresponde al año 2025, sin tener apenas en cuenta el efecto de la declaración de zona tensionada que limitó los precios del alquiler en la ciudad.

Los datos, como se observa en el segundo gráfico, llevan años en ascenso y ya en 2020 rondaban el 30% en A Coruña y Vigo. Al igual que el esfuerzo para acceder a un alquiler, la exposición al riesgo supera en A Coruña y Vigo el 100%, es decir, el máximo recomendable. En Pontevedra (95,8%) y Santiago (93,9%) el riesgo es también muy alto, mientras que en las restantes urbes presenta valores más reducidos, semejantes a la media gallega.

Este esfuerzo creciente para acceder a un alquiler y el riesgo financiero consecuencia de destinar al arrendamiento una proporción excesiva de los ingresos se unen al esfuerzo y riesgo ligados a la compra de un inmueble. El esfuerzo para comprar una vivienda en Galicia se mantiene en máximos de la última década, con valores muy próximos al máximo recomendable, de nuevo con la referencia del 30% de los ingresos.

Los gallegos y gallegas que quieran comprar una vivienda deben destinar a ella el 27,4% de sus ingresos a 20 años y el 32% si lo hacen a través de una hipoteca. Los valores llevan varios años cerca de este umbral del 30%, debido al incremento del precio de compra y al encarecimiento sufrido por las hipotecas desde el año 2022 a causa de la subida del euríbor. La subida de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo esta semana apunta a un nuevo aumento del esfuerzo para la adquisición de una vivienda en los próximos meses.

En todo caso, los valores de esfuerzo y exposición al riesgo que se registran en este momento siguen muy lejos de los alcanzados justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, en 2007 la población debía destinar casi la mitad de sus ingresos a 20 años, un 55% teniendo en cuenta los costes hipotecarios. La exposición media al riesgo en Galicia se sitúa en el 95%, lejos del 170% que llegó a alcanzar en 2007.

Profesorado del IES de Melide sintetizó en un decálogo lo que, a su juicio, es el “impacto de los recortes que viene padeciendo el instituto” por parte de la Consellería de Educación. Lo difundió físicamente, mediante su impresión en las paredes del centro, pero también en la cuenta del IES en Instagram, de donde la Consellería de Educación ordenó borrarlo a través de la inspección educativa.

Para la CIG-Ensino, sindicato mayoritario entre el profesorado de la enseñanza pública, esta orden de eliminación del mensaje ratifica que la Consellería “sigue acosando y persiguiendo al profesorado gallego en lugar de poner los medios y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros”. La central sindical se declara, asimismo, “sorprendida” por la retirada digital “de un material que está, en su formato físico”, visible en el propio instituto.

“La libertad de expresión es algo que especialmente le molesta” a la Consellería, consideran, en un contexto en el que creen que “conviene recordar” que “mantiene en el cargo tanto al subdirector general de la Inspección Educativa como al delegado territorial de A Coruña”, ambos “cuestionados por sus posicionamientos ultras”. De lo que se trata, consideran, es de “intentar callar al profesorado”, en este caso disconforme por la pérdida de un docente de inglés, la amortización de “tres vacantes de Latín, Lengua y Literatura Gallega y Geografía e Historia” de cara al próximo curso.

Preguntada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Educación confirma la orden de retirada. La justifica señalando que “los canales de comunicación oficiales de los centros están acotados a un uso estrictamente de carácter educativo e informativo” y que “la publicación del IES de Melide en su cuenta de Instagram no responde a esos parámetros”. Por eso, ratifican, “la Inspección Educativa advirtió al centro de que no estaba haciendo un buen uso de sus cuentas oficiales”.

Sostiene el departamento que dirige Román Rodríguez que no está “cuestionando las opiniones que, desde la libertad de expresión, cualquier persona puede exponer en su ámbito personal a través de canales particulares y privados”. CIG-Ensino, por su parte, anima al personal docente “de este centro y de todos los centros a continuar visibilizando los efectos que tienen los recortes de personal en la calidad del sistema educativo”.

El 11 de marzo de 2026 el Tribunal Supremo se ha pronunciado en favor de la devolución al Estado del conocido como Pazo de Meirás. Su verdadero nombre, Las Torres de Meirás, es un símbolo de la cultura que floreció en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX. Las Torres actuales las mandó construir Dª Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes de nuestra literatura, en un terreno inicialmente conocido como la Granja de Meirás. La torre más alta la denominó con el sugestivo nombre La Quimera. Por sus salones pasaron personajes que destacaban en el mundo literario como José Zorrilla y Miguel de Unamuno. Mujer polifacética de convicciones religiosas, se anticipó a su tiempo abanderando la lucha por la igualdad de la mujer. Lo dijo en un Congreso Pedagógico celebrado en Madrid en 1892: “Lo único que creo se debe en justicia a la mujer es la desaparición de la incapacidad congénita con que la sociedad la hiere. Iguálense las condiciones, y la libre evolución hará lo demás”.

Dª Emilia murió en 1921 (está enterrada en la Iglesia de la Concepción de la calle Goya de Madrid), por lo que no vivió las incidencias derivadas del golpe militar, pero su familia sufrió las vicisitudes de la guerra civil y su hija Blanca tuvo que sobrellevar  el asesinato de su hijo Jaime, quedando ella y su nuera como únicas titulares. Decidieron abandonar las Torres que ofrecieron a los jesuitas que no aceptaron las condiciones. En el año 1938, un grupo de súbditos del Generalísimo lo compraron y se lo ofrecieron, como tributo y sumisión a Francisco Franco. El pago de la compra se hizo en parte con colectas un tanto coactivas. El Pazo, como lo rebautizaron los donantes, se convirtió en un edificio oficial que hacía las veces del Palacio del Pardo durante las estancias veraniegas.

Acaecida la muerte del dictador, de su esposa y de su hija, los herederos decidieron ponerlo a la venta. La recuperación de un sistema democrático constitucional imponía rescatarlo para el Patrimonio nacional. La sentencia del Tribunal Supremo ha restaurado el orden jurídico, aunque algunos están escandalizados porque hay que indemnizar de ciertos gastos a los herederos. Cuestión que debe ser matizada y explicada.

La Administración General del Estado, el 10 de julio de 2019, interpuso demanda de juicio ordinario contra los herederos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de A Coruña. El juzgado dicta sentencia en la que: Se declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma y ordena que se cancelen los asientos registrales que resultan de los títulos cuya nulidad se declara.

Como era de esperar, los demandados, (todos los nietos de Franco), interponen recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que dictó sentencia con fecha 12 de febrero de 2021, en la que se confirma  la inexistencia jurídica de la donación de las Torres de Meirás o Pazo de Meirás efectuada el 5 de diciembre de 1938 a don Francisco Franco Bahamonde, y que se plasma en el pergamino de dicha fecha cuya copia se guardaba en la Diputación Provincial de A Coruña, dejando para el momento de la ejecución de la sentencia la liquidación a los demandados de los gastos útiles y necesarios que se acrediten. La sentencia del Tribunal Supremo confirma íntegramente la de la Audiencia con unos argumentos que nos pueden interesar a los juristas, pero también a los historiadores, políticos y ciudadanos.

No deja resquicio para la duda al afirmar rotundamente, respecto de los usos, obras, personal y gastos que hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que falleció el General Franco, las Torres de Meirás eran la residencia oficial del Jefe del Estado durante la temporada de verano, a donde se desplazaba con su séquito, y que se celebraban Consejos de Ministros durante esa estancia. Añade que el 30 de agosto de 1974 se celebró un Consejo de Ministros presidido por el entonces Príncipe de España, D. Juan Cárlos de Borbón y Borbón, que desempeñaba provisionalmente la Jefatura del Estado por enfermedad del Generalísimo. La gestión y mantenimiento del Pazo de Meirás se realizaba por la Casa Civil y Militar de la Jefatura del Estado, de forma similar a como se llevaba a cabo en el Palacio de El Pardo, sede de la Jefatura del Estado en Madrid. La Casa Civil remitía mobiliario y utillaje desde El Pardo para su uso en Meirás, que era devuelto al terminar el servicio veraniego. También asumía los gastos ordinarios de funcionamiento, los salarios y seguros de los operarios de reparaciones y mantenimiento, los gastos de cocina y aprovisionamiento de alimentos, etcétera. Para la documentación, se empleaba el mismo material impreso que en El Pardo, si bien se tachaba ese nombre y se sobrescribía Meirás.

La sentencia sigue narrando que Doña. Carmen Polo y Martínez-Valdés falleció el 6 de febrero de 1988, bajo testamento otorgado el 21 de octubre de 1981, en el que instituyó única y universal heredera a su hija Doña Carmen Franco Polo. Desde la donación de su madre, la Sra. Franco Polo siguió en la posesión de Las Torres de Meirás, donde celebró múltiples actos sociales, como las bodas de varias de sus hijas y nietos. Asimismo, llevó a cabo múltiples obras de recuperación y restauración del edificio de las Torres de Meirás e hizo frente a todos los gastos de uso ordinario del Pazo. El 30 de diciembre de 2008 fue declarado “Bien de interés Cultural” (BIC).

El Abogado del Estado –me imagino que siguiendo instrucciones– solicitó que en el caso de que se recuperasen las Torres para el Estado, se tuvieran en cuenta las previsiones del Código Civil que reconoce a los poseedores de buena fe el derecho a ser indemnizados por los gastos útiles y necesarios realizados para su conservación. La Audiencia Provincial admitió esta petición y habrá que liquidar estricta y restrictivamente los gastos útiles y necesarios. Los gastos necesarios son aquellos imprescindibles para la conservación de la cosa y no se consideran gastos útiles los de puro lujo o mero recreo.

Hace tiempo escribí un artículo en el sostenía que Dª Emilia debe volver a sus lares. Nadie puede dudar de la trascendencia de su vida y obra literaria que se gestó bajo las anchas bóvedas que albergan la biblioteca. La mejor forma de desterrar los fantasmas del pasado es convertir la Torres de Meirás en un centro cultural que se dedique a fomentar las letras y la cultura que contribuyó a exaltar su dueña. La Torre más alta dejaría de ser una quimera para convertirse en un espacio real. Allí se escribió la que para mí es su obra cumbre, Los Pazos de Ulloa.  

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , editado por Siglo XXI.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público, en la actualidad en manos de los herederos de Franco, según informa EFE. 

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de A Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña. 

En 2024, el Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. 

El pleno, por unanimidad del PSdeG, el PPdeG y el BNG, ha aprobado la "declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio" y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general. Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de A Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente. 

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio. De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla. 

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años. 

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada.

El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000.

Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025.

Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos. Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes.

Concretamente, tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo, con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán.

También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo, lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal.

A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior. Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas.

La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada. Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG.

A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección. Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028.

Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la sentencia que amparaba los paneles luminosos del ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) que equiparaban a Benjamín Netanyahu con Adolf Hitler, según informa EFE.

El municipio coruñés, donde gobierna Ángel García Seoane al frente de la candidatura independiente de Alternativa dos Veciños, ha informado este sábado en un comunicado de la firmeza de esta decisión judicial, contra la que no caben más recursos.

Durante varios meses de 2024, los paneles luminosos de información municipal del ayuntamiento mostraron mensajes contrarios a la intervención militar del Estado de Israel en la Franja de Gaza y que condenaban el genocidio de la población palestina.

En uno de ellos, llegó a verse una imagen del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al lado de otra del dictador nazi Adolf Hitler y el lema "Mismas bestias asesinas".

Esto motivó el recurso por parte de ACOM, una organización que trata de reforzar la relación entre España y el Estado de Israel, y cuyas peticiones han sido finalmente rechazadas por el juzgado coruñés.

El ayuntamiento de Oleiros, en su comunicado, sostiene que la sentencia se basa en el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la crítica política y considera que "refuerza la trayectoria" de la entidad municipal durante décadas en defensa de la libertad de Palestina.

Por este motivo, aseguran que continuarán llevando a cabo campañas de sensibilización, programas de cooperación y actos oficiales para denunciar "el atroz genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel" y "reafirmando su compromiso inquebrantable con la paz y los derechos humanos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que no hay lavado de cara que "blanquee" toda la "suciedad" de aquellos que "callaron, conchabearon y se lucraron" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha añadido que la historia no perdonará y juzgará a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero por su papel.

En su intervención en el cierre de la 28ª Interparlamentaria de su partido, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse de su país.

A todos ellos les han enviado un mensaje de esperanza porque "podemos estar –ha dicho– un poco más cerca de la democracia" y en los inicios del fin de una "dictadura tramposa, criminal y miserable".

Ha agradecido el trabajo de quienes llevan tantos años luchando por la libertad de un pueblo hermano y ha remarcado que este no habrá acabado hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que todos los que fueron desterrados vuelvan a su casa, el régimen sea vencido completamente y el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino.

"Para todos aquellos que callaron, para los que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad", ha agregado el líder del PP, quien a continuación se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"La historia no les perdonará, la historia les juzgará", ha proclamado, antes de indicar que al PP no se le verá "con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países", una postura, ha dicho, totalmente diferente a la del Gobierno, "ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos".

Ha reprochado a Sánchez que se declare preocupado con el derecho internacional y se ha preguntado “por qué no van a hablar de él a las cárceles venezolanas”.

Núñez Feijóo también ha anunciado que propondrá una reforma del suplicatorio para que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia. "La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco", ha afirmado.

Ningún político, ha añadido, puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia ni "asegurarse la impunidad". Según fuentes del PP, su objetivo es reformar la ley para blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español "por muy presidente del Gobierno que sea".

Con esta reforma, el Congreso mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio pero la causa no quedará sobreseída de manera definitiva por lo que cuando ese aforado deje el acta "la causa le estará esperando".

Sobre enviar tropas a Ucrania, Feijóo ha avanzado que su partido lo rechazará si el Gobierno no da datos y explicaciones al detalle sobre la operación. Ha comentado que "ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas" a Ucrania, pero ha avisado de que si cree que va "a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden".

Ha asegurado que "el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa", pero a la vez ha puntualizado que "no está con un gobierno mentiroso y tramposo", en alusión al de Sánchez, al que ha invitado a demostrar su "mayoría progresista".

"Si la seguridad nacional y europea requieren del Partido Popular, que lo expliquen, pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, que lo expliquen euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades, sin trampas semánticas, y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto", ha añadido.

Feijóo ha defendido que hay que aclarar cuánto será el gasto en defensa, durante cuánto tiempo, de dónde saldrán los fondos en los presupuestos y con qué empresas se trabajará. "La seguridad nacional es para proteger el país, no es la coartada para que se protejan de su precariedad parlamentaria y alarguen una legislatura absurda y agotada después de más de siete años de artimañas. A España ya no se la van a colar y, por tanto, al partido mayoritario de España tampoco", ha concluido.

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral, a través del canal interno de denuncias del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage, según ha informado EFE.

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto", tras recibir denuncias de acoso laboral contra ella. "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

Lo ha dicho en un comunicado remitido a los medios este jueves, tras ser conocedora de esta denuncia por parte de personas que formaron parte de su Gobierno y señala en esa nota que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

Entiende que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas". "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

Así, las ha invitado a ir "al juzgado", pues "se han confundido de medio", consta en el escrito en el que opina que si estas personas, con las que "hace años" no tiene relación, según ha concretado, "no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito".

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", ha insistido. Y ha asegurado que si lo que pretenden es que se calle, "no lo van a conseguir".

La alcaldesa de A Coruña es clara: "Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso". La dirección del PSdeG, consultada por EFE, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a los trabajos orgánicos del canal antiacoso del PSOE, que será quien actúe en la investigación pertinente.

Por el momento, aseguran, ningún militante ni cargo socialista se ha comunicado con la dirección del partido en Galicia para trasladar ninguna denuncia respecto a la alcaldesa coruñesa.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual de A Coruña (ALAS), un grupo activista cuya andadura comenzó en 2010, contra la resolución de la Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes en la que se denegaba a la asociación su declaración como de utilidad pública. Así, el tribunal considera que esa decisión no tuvo una justificación adecuada, probablemente discriminatoria y con una aparente arbitrariedad.

La asociación solicitó la declaración el 15 de noviembre de 2023. Para ello, aportaron documentación, como memoria de actividades y cuentas, que acreditaban sus actividades beneficiarias para la comunidad LGTBI+. Entre ellas, la intervención de ALAS como acusación popular en el procedimiento judicial por el asesinato homófobo de Samuel Luiz, ocurrido el 2021 en A Coruña.

La sentencia del TSXG relata que la Consellería desestimó la petición de la asociación de una forma probablemente discriminatoria, y sin una justificación adecuada y aparente arbitrariedad. La Sala asegura que el informe de la AEAT “confirma, con un alto nivel de probabilidad, que se emitió sin comprobar la realidad de la actividad de la asociación, de espaldas a esa realidad y con un automatismo que habría ocasionado, sin duda, una decisión arbitraria”.

Este reconocimiento se considera una medida que intenta estimular la participación en asociaciones “en la realización del interés general”, ya que genera beneficios fiscales. Por tanto, conlleva “una calificación especial, una declaración formal que reconoce, oficialmente, el beneficio para la colectividad de los fines perseguidos por esa asociación y sus actividades”.

El argumento de la Consellería para denegar la solicitud está basado en un informe desfavorable de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), el cual estima que la asociación no acreditó un beneficio social derivado de sus actividades suficiente ni tiene "un impacto real en la sociedad en su conjunto”. Sin embargo, el TSXG ha concluido que el informe de la AEAT carece de motivación suficiente, ya que reconoce los servicios y actividades desempeñados por la asociación, para, a continuación “sin una explicación mínima de sus razones, negarle que hubiera acreditado el beneficio social derivado de esas actividades”.

La Sala califica de "incongruente" a la AEAT: “No hay duda de que esas actividades responden a un interés general representado, en este caso, por la promoción de la formación en educación en diversidad afectiva, de la salud e incluso de la seguridad en la vía pública para las personas del colectivo LGTBI+ (asociadas o no)”. ALAS ha demostrado cumplir los requisitos legales, ya que sus actividades “tienden a promover el interés general” y son “no restringidas a beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otro posible beneficiario”, concluyen los magistrados.

El gobierno municipal de Noia pidió este lunes la dimisión del exalcalde del PP Santiago Freire después de que se conociese que, durante su etapa como regidor, el grupo municipal popular justificó el gasto de fondos asignados para su funcionamiento con facturas por casi 30.000 euros en las que se incluían tickets de bebidas, comidas con simpatizantes e incluso de hoteles.

El actual gobierno —con el socialista Francisco Pérez al frente tras la moción de censura apoyada por PSOE, Marea Cidadá, BNG y el edil tránsfuga Luis Alamancos— advierte de la “gravedad” de los hechos en caso de que se confirmase que el anterior alcalde “cargó gastos no justificables al grupo municipal” y cree que resulta “moral y políticamente insostenible” que Freire continúe como concejal en Noia “o esté vinculado a responsabilidades públicas”. Por ello, le piden la “dimisión inmediata, como acto mínimo de responsabilidad ante la ciudadanía”.

El Ayuntamiento asegura que tenía conocimiento “de alguna irregularidad, pero no de la gravedad de lo que ahora se conoce”. Y asegura que valora “todas las medidas legales y políticas que procedan para restituir la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y la confianza ciudadana”.

La documentación entregada entre 2018 y 2024 ante el Ayuntamiento por parte del grupo del PP de Noia para justificar las asignaciones económicas recibidas para su funcionamiento revela —tal y como adelantó elDiario.es y pudo comprobar Praza.gal al acceder a ella— facturas por más de 29.000 euros de bares, restaurantes y empresas de cátering. Eran gastos presentados como reuniones de trabajo o comidas con personas simpatizantes o afiliadas al PP.

En los informes que Intervención del Ayuntamiento hizo en los últimos años hay bastantes objeciones sobre un tipo de gastos que difícilmente pueden incluirse entre los de funcionamiento del grupo municipal, que están destinados a material de oficina, alquiler de locales, publicaciones informativas y otras actividades derivadas de la labor de dicho grupo, según explican fuentes municipales a partir de las bases de ejecución del presupuesto.

Estas asignaciones económicas para los grupos municipales suponen, en el caso del PP, más de 7.000 euros anuales. Según las facturas presentadas, a las que tuvo acceso este diario, solo en 2024 hay dos que suman más de 500 euros de una hamburguesería, y otras que acumulan unos 3.000 justificadas bajo el concepto de “reunión de trabajo del grupo municipal con afiliados” o “simpatizantes”. Son varias del mismo tipo en años anteriores, coincidiendo varias en época de Navidad, que superan los 1.500 euros.

En muchas de esas facturas no se especifican los gastos, más allá de la cantidad final, pero en otras sí se incluyen cañas de cerveza, vinos y copas, además de diferentes platos y menús. La mayoría de la documentación se refiere a locales hosteleros de Noia, pero también hay varias facturas emitidas por locales de A Coruña pasadas las diez de la noche. Además, se incluyen también tickets de hoteles, algunos de ellos en Brión o Santiago.

Pese a los reparos puestos por la Intervención municipal, la mayoría de las facturas de bares y restaurantes acabaron siendo autorizadas como parte de los gastos de funcionamiento del grupo municipal del PP de Noia.

Fuentes del gobierno local explican a Praza.gal que, aunque las facturas analizadas abarcan el período entre 2018 y 2024 por estar digitalizadas, hay más documentación justificativa de los gastos de funcionamiento del grupo en años anteriores que difícilmente son atribuibles a los conceptos que deberían sufragar. Entre los tickets, uno de unos 3.000 euros en una comida en 2015 presentado en 2016, año en el que Santiago Freire accedió a la alcaldía.

Según explican miembros de otros grupos municipales, las compras que en sus partidos se incluían en esos gastos de funcionamiento solían incluir material de oficina, pagos de alquiler u ordenadores, pero nunca facturas como las que aportó el PP durante años.

“Sabíamos que algo había, pero no imaginábamos tal cantidad de gastos injustificables”, explican fuentes de la corporación. Según aclaran, la interventora municipal advirtió al grupo del PP de la necesidad de que los reparos que ella presentaba pasasen por el pleno para poder ser levantados, si fuese el caso. “Pero ellos seguían presentando este tipo de gastos igualmente pese a que estaban advertidos de que no se podía”, añaden.

En conversación con Praza.gal, el señalado exalcalde, Santiago Freire, asegura que todo son “intentos de crear polémicas” sobre unas prácticas que son “generalizadas”. Según aclara, las bases de ejecución del presupuesto “no establecen los tipos de actividades incluidas en los gastos de funcionamiento” y respecto a los reparos interpuestos por Intervención, según el grupo de gobierno, dice que en realidad son “observaciones” que unas veces son atendidas y otras no. “Hay gastos que finalmente no se acaban incluyendo”, explica.

Freire asegura que es habitual, en Noia y “en cualquier ayuntamiento medianamente grande”, que en los gastos de funcionamiento de los grupos municipales, además de alquiler de sedes, publicaciones informativas o material de oficina, también se incluyan los derivados de “invitar a unos pinchos o a una comida” a simpatizantes, personas afiliadas al partido o grupos de trabajo.

Respecto a la petición de dimisión por parte del gobierno local, Santiago Freire aclara que ni por un momento pensó en abandonar su puesto de concejal en la corporación municipal.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello, aseguró que desconocía las facturas y que tendría que verlas en detalle para ahondar en su opinión. “No sé si hay ilegalidad, no sé si hubo un uso adecuado o no; sé que llaman la atención algunos conceptos, pero habría que ver en qué contexto y bajo qué circunstancias”, expresó tras aclarar que si hubiese alguna irregularidad se podría “actuar”.

Resulta muy curioso, aparte de clarificador, profundizar en las estrategias con las que los católicos han lidiado las exigencias éticas de su doctrina. Una de las más perspicaces ha sido, sin duda, desactivar las enseñanzas mediante el ingenio de cambiar el significado de las palabras. Así ha sucedido con la expresión ‘hijo pródigo’, referido hoy al hijo “que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo, tratando de independizarse”, según el diccionario. Con este significado, la parábola evangélica queda neutralizada, sin sentido ni mensaje alguno porque ¿qué padre no le hará una fiesta al hijo “que regresa al hogar paterno”? Y otro tanto ha sucedido con la palabra “samaritano”, que hoy alude, en su tercera acepción, a la persona que ayuda desinteresadamente a otra. De nuevo, la parábola de Lucas parece un tanto insulsa: un viajero atacado por ladrones es ignorado y abandonado a su suerte por otros transeúntes hasta que tiene la fortuna de encontrarse con alguien que le ayuda “desinteresadamente”. Pues mejor para él, pero ¿dónde está el mensaje?

Hace cuatro años, en A Coruña, un joven fue atacado junto a la playa de Riazor por una turba de maleantes que lo mataron a golpes por ser homosexual. Su muerte fue contemplada por un número indeterminado de vecinos que, como en la parábola, miraron hacia otro sitio o, para ser más exactos, miraron exactamente hacia el sitio donde tenía lugar la agresión y muerte del joven. En la poblada noche de una ciudad que recuperaba la libertad tras la pandemia, no hubo nadie que hiciera nada; nadie reaccionó ni ayudó a la víctima que agonizaba bajo su mirada, hasta que aparecieron unos chavales senegaleses, unos álienes.

La palabra alien, popularizada por el xenoformo de H.R. Giger, deriva del término latino ‘alienus’ que refiere al extraño, al ajeno, al distinto, al extranjero. Alien es el diferente, el que viene de fuera, el que no es como nosotros; en definitiva, el otro. Como bien intuyó Ridley Scott, el distinto es peligroso. Y he aquí que el relato de Lucas, muy provocador, revive dos mil años después en las calles coruñesas: no fuimos nosotros quienes ayudamos a la víctima; lo hicieron los otros, los extranjeros, los álienes, los samaritanos.

Cumplirá recordar aquí que los judíos no dirigían la palabra a los samaritanos, a quienes despreciaban hondamente. Todavía hoy duele ver a Netanyahu, el miserable hombre que mata, referirse a Cisjordania como “Samaria y Judea”, tierras extrañas en proceso de conquista. A diferencia del sacerdote y del levita que ignoraron al viajero moribundo, a diferencia de los jóvenes coruñeses que asistieron impávidos o incluso curiosos a la agresión mortal de aquel pobre chico, siguen siendo los otros, sigue siendo la gente despreciable la que se abre paso entre la multitud para ayudar a alguien que no es de los suyos. Esa es la lección que hemos olvidado por haber cambiado el significado de las palabras en el diccionario.

Uno de los jóvenes que, en la mejor de las hipótesis, contemplaba inerte los golpes que terminaron con la vida del homosexual, fue absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza, apreciando el argumento de su abogado que, según nos dice la prensa, insistió en que “estar no es hacer”: estar en el lugar de un crimen no equivale a cometerlo. Y tiene toda la razón, pero convendrá reflexionar un momento en el rango moral de una sociedad para la cual parece algo normal o comprensible “estar y no hacer” ante una agresión mortal.

¿Qué lleva a una persona a “estar pero no hacer” cuando ante ella están golpeando a un indefenso? Sin duda, entender que el agredido no es de los suyos; nuevamente, es un otro. Si el agredido fuese amigo o colega, si respondiera al perfil de identidad en el que se ven reflejados los espectadores, probablemente lo hubieran ayudado. Pero la víctima era homosexual, había nacido en el extranjero y, no es baladí, vivía fuera de la ciudad; nada favorecía el reconocerlo como prójimo. Me atormenta, en este sentido, imaginar qué hubiera sucedido si, en lugar de aquel joven al que lincharon, la turba se hubiera ensañado con una niña para agredirla a tocamientos junto a la playa; quiero pensar que la gente la habría salvado, pero esa diferencia de respuesta me resulta desasosegante.

El derecho penal nos habla con enorme distancia de la conducta de quien contempla impávido cómo se comete un delito ante él. Permanecer pasivo, y aun gozarse en la contemplación, es impune cuando el asistente valore “un riesgo propio o ajeno” en caso de intervenir. La ley no advierte qué tipo de riesgo, ni lo parangona al riesgo del delito contemplado, así que tal vez el riesgo de recibir un bofetón será bastante para justificar el no hacer nada ante un homicidio. En el caso de un simple espectador, la ley penal no impone más obligación de actuar, como sí la tendrían otros: el socorrista de una piscina o el padre que ve cómo agreden a su hijo menor. Y es normal que el derecho penal no vaya más allá porque, en definitiva, la ley no es más que el reflejo de la sociedad en la que se aplica. En contra de lo que sueñan legisladores aventados, el Código Penal no sirve para cambiar mentalidades ni para convencer a la gente de que está mal lo que hasta entonces no sabe que es malo; solo impone un castigo a conductas que todo el mundo asume como inaceptables, sin arrogarse un papel didáctico o educativo. La sociedad en la que vivimos, y así lo ha venido a reconocer el Tribunal Superior de Xustiza en su decisión absolutoria, no advierte reproche penal en la conducta de quienes dejaron sin ayuda a quien fue agredido hasta la muerte; como digo, si la manada hubiera atropellado a una niña, igual la decisión hubiera sido diferente. Hay que cambiar las cosas.

En 1949 llegó a Coruña, a bordo de un espléndido transatlántico, el rey Abdalá I de Jordania, bisabuelo del actual rey, que lleva su mismo nombre. Con tal potísimo mérito, el ayuntamiento le dio el nombre de una calle al monarca, transliterado como “Rey Abdullah” a secas. La ampliación urbanística ha trasladado aquella calle desde los suburbios hasta el centro de la ciudad, muy cerca, por cierto, de donde se produjeron los hechos. Sería de justicia que la agresión que actualizó en A Coruña la fábula del samaritano fuera recordada de forma permanente, así que propondría renombrar tal calle con el nombre de los extraños que asistieron al prójimo: Ibrahima Diack y Magatte N´Diaye, los héroes de aquella noche.

En mi opinión, lo propio sería darle una calle al propio agredido, porque no creo que sea bueno que la ciudad olvide lo sucedido. Pero la familia no está por la labor; desea que no se nombre al fallecido, que el recuerdo público de su muerte se desvanezca cuanto antes para así guardar su memoria dentro de un armario. Es una pena, porque la lucha por una sociedad más justa exige recordar estos hechos para meditar colectivamente sobre el fracaso que representan. Solo con el recuerdo de esta agresión, donde varios gigantes terminaron con un desvalido David, podrán cambiarse las tornas para que la próxima vez nos resulte intolerable la pasividad de los espectadores; solo con su recuerdo la sociedad podrá reflexionar sobre lo irracional de los abismos abiertos por el nacionalismo alfa que nos ahoga, que nos quiere separar del otro, del extraño, del extranjero, del diferente. Tal vez entonces David venza a Goliat, como en aquella fábula relatada en el libro de Samuel. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha absuelto a Alejandro Míguez, condenado en primera instancia como cómplice del asesinato de Samuel Luiz, por carecer de pruebas, según recoge EFE.

En una sentencia del 20 de mayo divulgada este jueves por el alto tribunal gallego queda absuelto Míguez, mientras se mantienen las condenas contra Diego Montaña, de 24 años con la agravante de homofobia; Alejandro Freire Yumba, 20 años; y Kaio Amaral Silva, 20 años y 6 meses al añadir el robo del teléfono.

Con la absolución de Alejandro Míguez y la previa de Catherine Katy Silva se reducen a cinco los condenados -hay otros dos que eran menores de edad en el momento de los hechos y que ya han cumplido sus penas- por la agresión grupal que mató a Samuel Luiz el 3 de julio de 2021 ante la playa de Riazor de A Coruña.

La sentencia apunta a una "ausencia de prueba directa" contra él, por lo que dice que "los jurados se apoyan en pruebas indiciarias", si bien la Policía Nacional lo vinculó directamente con la agresión, una tesis ahora descartada.

Entre las pruebas, cita un vídeo que "únicamente permite ver a Alejandro corriendo hacia el lugar de la agresión, intentando entrar y saliendo despedido del tumulto" y también la frase pronunciada por él aquel día: "No pude hacer nada porque me empujó un negro", en referencia a uno de los senegaleses que intentó socorrer a Samuel Luiz.

El TSXG opina que esta frase "admite un doble significado, que no pudo ayudar o que no pudo colaborar" y añade que "ningún testigo presencial señala que lo viese golpear, encararse con la víctima, impedir que se le ayudase ni dificultar su huida". "Los jurados infieren que no intentaba separar porque ningún testigo lo dice, pues señalan que nadie separaba, pero la presunción de inocencia no puede destruirse a través de esta manifestación, pues ello comportaría una inversión de la carga de la prueba", agrega el fallo, que ve, por tanto, "vulnerada la constitucional presunción de inocencia" y revoca su condena a 10 años de prisión como cómplice.

El alto tribunal gallego sostiene, no obstante, que las otras tres condenas son correctas y las mantiene en todos sus extremos. Entiende que había voluntad de matar por parte del resto de implicados y que hubo alevosía, al no haber vestigios de posible defensa por parte de la víctima, por lo que confirma que fue un asesinato y no un homicidio, como alegaban.

Considera que en estos tres casos hay pruebas suficientes como para garantizar que las condenas no vulneran la presunción de inocencia. Descarta las atenuantes de embriaguez y alteración psíquica, al no entender que están acreditadas, y mantiene la agravante de homofobia para Diego Montaña.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

Las cinco defensas del juicio por el crimen de Samuel Luiz han mantenido este viernes que no hay pruebas que vinculen directamente a los acusados con la agresión mortal y que los que reconocen haber pegado al principio del ataque luego se retiraron y nunca tuvieron intención de matar.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión, si bien se abren a una reducción en los casos de Alejandro Míguez y Catherine Katy Silva, si son considerados solo cómplices, de 13 y 14 años y 6 meses respectivamente.

En esta última jornada ha sido el turno para los alegatos de las defensas, tras escuchar el jueves a las acusaciones, y los cinco acusados han ejercido su derecho a la última palabra y han llorado mientras lo hacían ante el jurado popular. "Volver a repetir que estoy muy arrepentido y quiero pedir perdón a los padres de Samuel. Si hoy pudiera darle mi vida a Samuel para que él estuviera aquí, yo se la daba sin pensar", ha dicho el principal acusado, Diego Montaña.

Alejandro Freire ha vuelto a pedir perdón y a mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido aquella noche; Alejandro Míguez ha pedido que hagan justicia porque él dice que es "totalmente inocente". Kaio Amaral Silva se ha dirigido a sus padres para jurarles que no lo tocó en ningún momento y Catherine Silva ha defendido que no hizo nada malo, más que intentar parar a su novio.

Luis Salgado, abogado defensor del principal acusado, Diego Montaña, ha asegurado que si cualquiera de los miembros del grupo que acabó con la vida de Samuel Luiz "se llega a imaginar que iba a morir, se cagan por los pantalones y ni Dios toca a Samuel".

Su defensa lo ha considerado autor de un homicidio por imprudencia grave en concurso con lesiones o, alternativamente, un homicidio, con penas de 3 o 10 años al agregar la atenuante de consumo de alcohol, si bien las acusaciones le piden 25 años por asesinato con homofobia.

El abogado de Alejandro Freire 'Yumba' –piden 22 años de cárcel–, David Freire, pide que sea condenado por un delito de lesiones, homicidio por imprudencia u homicidio con consumo de alcohol y drogas, ha alegado que solo tocó a Samuel Luiz durante "cinco segundos" y ha mantenido que la causa real de la muerte la provocó uno de los menores condenados en su momento.

El abogado de Alejandro Míguez –piden 22 años y él se abre a un delito de lesiones–, Manuel Ferreiro, ha alegado que ha abierto su calificación de los hechos a un supuesto delito de lesiones, si no obtiene la absolución total, porque tiene la sensación de que "haga lo que haga y diga lo que diga, está condenado".

El abogado de Kaio Amaral Silva –piden 27 años al añadir el robo del móvil y él se abre solo a una apropiación indebida–, José Ramón Sierra, ha afirmado que su representado "es un chorizo y es tonto", pero ha defendido que nunca golpeó a Samuel Luiz durante la agresión.

Ha asegurado que "no ha pegado a nadie" y que "nadie, absolutamente nadie, ha dicho que Kaio Amaral golpee" a Samuel Luiz en ningún punto de la agresión tras su llegada al grupo, en la que ha descartado la patada que ve la Policía Nacional en el vídeo y a la que apuntó un amigo suyo en fase de instrucción, pero no en el juicio.

El abogado de Catherine Katy Silva –le piden 25 años y pide la libre absolución–, Luciano Prado, ha dicho que "tenía la esperanza de que se hubiese retirado la acusación" contra ella porque no ve ninguna prueba de que hubiese participado en la agresión.

"Tenía la esperanza de que ayer el Ministerio Fiscal hubiese retirado la acusación, eso hubiese sido lo más digno", ha proclamado y se ha preguntado "por qué estamos llevando este juicio con este folclore de la homosexualidad". 

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha calificado este jueves de "insuficiente y tardía" la propuesta de sanción de 3.000 euros de la Xunta contra la familia Franco por no abrir al público la Casa Cornide, un inmueble histórico cuya propiedad reclama el Ayuntamiento de A Coruña, informa EFE.

La Casa Cornide es un palacete ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, del siglo XVIII en el centro de A Coruña que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña.

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) –de manera firme desde hace más de un año y provisional desde hace más de tres–, la familia tiene obligación de abrirlo al público de forma gratuita al menos cuatro días al mes, lo que no ha cumplido en ningún momento, por lo que la Consellería de Cultura ha propuesto una sanción de 3.000 euros.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha censurado esta nueva medida que ve "insuficiente y tardía". "Las actuaciones de la Xunta de Galicia a este respecto siempre son consecuencias de denuncias de la sociedad o de la propia CRMH, siempre demorado y lento, lo que hace que los incumplimientos legales de la familia Franco se mantengan también en el tiempo ante la pasividad de las administraciones públicas", relata la entidad en un comunicado. Agrega que "el incumplimiento de las obligaciones de los Franco en esta materia son reiteradas y constantes", pues esto ya ocurrió cuando se declaró BIC el Pazo de Meirás.

Los herederos del dictador alegaron, para no abrir la Casa Cornide, que era una vivienda habitual, si bien estaba sin muebles y la Xunta lo descartó, por lo que les exigió un calendario de apertura, que no han aportado.

Una nueva sesión del juicio por el crimen de Samuel Luiz ha incluido la declaración de su padre, Maxsoud Luiz, que ve "odio", pues cree que "ni a un perro se le deja tirado en una cuneta" y a su hijo lo dejaron "tirado", mientras que se revelado una conversación en que un acusado reconocía que "a lo mejor" lo mataron "por ser gay".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Esta jornada ha declarado el padre de Samuel Luiz que, junto con su mujer y su hija, padece secuelas psicológicas de los hechos, en concreto trastorno depresivo mayor crónico moderado y él está incapacitado de modo permanente con un cuadro residual de trastorno mixto ansioso depresivo.

Maxsoud Luiz ha calificado, entre lágrimas constantes, a su hijo como su "mejor amigo", "un niño que tenía un futuro por delante" cuando se lo arrebataron. "Vengo de una familia infeliz, que por la violencia de género y por la bebida se autodestruyó. Le enseñé a mi hijo valores, fue lo que le enseñé a mi hijo hasta el día en que me lo quitaron", ha asegurado.

"Mi hijo era una persona que tuvo una educación excelente, mi hijo era una persona que nunca bebió, no le gustaba estar en peleas, puedo decir que, a mi modo de ver y pensar, recibió una educación ejemplar, que estuvo en la iglesia conmigo y ahí nosotros educamos a la gente a ser buena gente", ha detallado. Asimismo, ha censurado el "odio" que recibió Samuel aquella noche y ha pedido que "quien tenga que pagar, que pague" porque lo que quiere es seguir con su vida mientras "hay muchas familias destrozadas, no hay una, hay muchas".

"Yo no nací para juzgar, yo nací para estar dentro de una iglesia para ayudar a la gente y enseñar valores (...) Lo que hicieron con mi hijo fue odio. Ni a un perro se le deja tirado en una cuneta, ni a un animal, y mi hijo allí estuvo, tirado", ha agregado. Además, ha relatado que un día le preguntó por su orientación sexual a Samuel, pero él le respondió: "Papá, aún no es el momento".

Un antiguo amigo del acusado Alejandro Freire, apodado Yumba, ha explicado que aquella noche vio a la víctima junto a una ambulancia y a otra persona del grupo de los procesados y lo relacionó todo. "Yo consideraba que era un grupo agresivo porque había tenido otro tipo de disputas o peleas anteriormente, di por hecho que podía ser el grupo que estaba en el reservado (...) Se sabía que eran personas altamente agresivas que lo tenían a la mínima", ha detallado.

Unos días después, Kaio Amaral Silva, uno de los acusados, le contestó a una historia de Instagram sobre el crimen. "Él intentaba exculparse y yo evitaba la conversación", ha matizado. En esa conversación se produjo el siguiente intercambio de mensajes: "No murió por ser gay", dijo este testigo; "A lo mejor, sí", respondió el acusado.

El testigo ha aclarado que el principal acusado, Diego Montaña, "usaba siempre el insulto de maricón", por lo que no sabía si realmente "los odiaba".

Amaral Silva también contactó a través de Instagram con otros dos testigos que han declarado en esta jornada y, en ambos casos, les pidió que difundieran un texto que él tenía preparado en el que decía que él no había tenido ninguna participación y las grabaciones le darían la razón.

A una de ellas le nombró como partícipes de la agresión a Montaña, a Yumba y también a la pareja del primero, a la también acusada Catherine Silva, que "había empujado" a una amiga de Samuel Luiz para evitar que pudiera socorrerlo.

Este martes no habrá sesión tras la renuncia de las partes a cinco testigos, entre los que está la madre de Montaña, mientras que se ha insistido en citar a un amigo de los acusados que no pudo declarar en su primera comparecencia y volvió a Francia, donde dice que cuida a su abuelo en el hospital, por lo que el tribunal ha advertido que podría ser acusado de obstrucción a la justicia.

Tres acusados del crimen de Samuel Luiz han incluido en sus estrategias de defensa el consumo de alcohol, por lo que solicitan atenuantes o eximentes, a lo que se opone la Fiscalía, según informa EFE. Por primera vez, las defensas han hecho públicos los escritos en los que desvelan las estrategias que seguirán durante el juicio, si bien las podrán modificar en la última sesión.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este miércoles el inicio del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte del joven el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión. Además, reclama el pago de 263.284,27 euros para los padres y la hermana de la víctima -cantidad que procede de la sentencia de los dos menores ya condenados- y otros 40.000 euros para el padre por la incapacidad, al margen de lo que determine el Servicio Gallego de Salud como gastos de aquella noche, además de 859 euros -solo Kaio Amaral Silva- por el robo del móvil. 

El escrito del principal acusado, Diego Montaña, recoge una "adicción al alcohol" y habla de que aquella noche tenía "alteradas las capacidades cognitivas y volitivas".

En el caso de Alejandro Freire 'Yumba' solicita que se considere la "eximente incompleta de consumo de alcohol y drogas", pues asegura que había consumido diversas sustancias aquella noche.

También el escrito de Alejandro Míguez habla de consumo de alcohol, en este caso como circunstancia modificativa atenuante.

En los tres casos, sus defensas solicitan la libre absolución, si bien la Fiscalía pide 25 años de cárcel para el primero y 22 para los otros dos.

La estrategia de Kaio Amaral Silva -para quien la petición sube a 27 años por el robo del móvil- lo desvincula por completo de todos los hechos, por lo que también reclama ser absuelto.

La fiscal, Olga Serrano, ha propuesto incluir en la causa un informe forense que aborda las capacidades cognitivas y volitivas de los cuatro hombres de la causa. Ha indicado que la cuestión del estado mental de los acusados durante aquella noche no se había puesto de manifiesto en ningún momento durante la instrucción, por eso no había propuesto la prueba antes de esta sesión. Sobre ese informe, ha matizado que dos de los procesados se negaron a participar y en otro, los profesionales de medicina legal lo consideraron innecesario. 

Por su parte, Catherine Silva, expareja del principal acusado del caso Samuel Luiz, Diego Montaña, lo culpará y dirá que intentó calmarlo aquel día. La defensa expone que "no participó en modo alguno en el forcejeo y posterior agresión" del que entonces era su pareja. Añade que intentó "contener al señor Montaña" en aquel momento y quiso "calmar la situación para evitar un altercado".

Otra de las cuestiones que agrega el escrito es que tras esos hechos puso fin a la relación que tenía con Diego Montaña. La Fiscalía pide para ella 25 años de prisión por un delito de asesinato al que añade la agravante de odio por la orientación sexual de la víctima.

La acusación particular, ejercida por Esther Martínez, ha incidido en las secuelas de los padres de Samuel Luiz, que se despidieron de él la noche del 2 de julio y volvieron a verlo ya fallecido. La acusación particular del colectivo LGTB Alas A Coruña, a cargo de Mario Pozzo, ha opinado que fue "una manada contra una persona" y espera que este juicio sirva para "marcar la diferencia". "A Coruña es una ciudad donde se puede vivir tranquilo, donde no hay manadas. Debemos marcar un antes y un después y decir que esta sociedad en la que vivimos es diversa, es justa y es igualitaria", ha concluido.

No fueron muchos los testigos que presenciaron el asesinato a golpes de aquel chico coruñés. Las calles de un centro casi siempre a rebosar descansaban arropadas por el rumor de las olas la madrugada del 3 de julio de 2021. Una calma que se quebraría con la paliza mortal que acabó con la vida de Samuel Luiz. Desde entonces, persiste un grito incapaz de extinguirse con el paso del tiempo: "Te voy a matar, maricón". Han pasado tres años desde el asesinato del joven, tres años de las multitudinarias manifestaciones que sacudieron el país y tres años de los ramos de flores que reposan sobre la acera de la avenida Buenos Aires, en A Coruña. Este martes, tres años después del crimen, arranca el juicio contra los cinco acusados.

Los presuntos asesinos "golpearon sistemáticamente, de manera persistente y grupal" al joven de 24 años. Buscaban "causarle un dolor y un sufrimiento innecesario". Al chico le fue imposible defenderse, aunque trató de dejar atrás a sus agresores recorriendo a trompicones parte del paseo marítimo que le vio morir. Las patadas y los golpes en la cabeza conducirían al fatal desenlace. Así se indica en el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, en el que se recoge la finalización de la instrucción de cara a la apertura de juicio. El auto se detiene en la "conducta grupal" de la paliza y en la indefensión total de la víctima, "rodeada, a merced y voluntad de su grupo de agresores, en clara situación de inferioridad y desvalimiento, sin posibilidad alguna de defensa". Todo ello, sumado a los comentarios relativos a la orientación sexual percibida por sus atacantes, quienes la emprendieron contra él al grito de "maricón".

Samuel Luiz fue atacado a la salida de un local de ocio en pleno centro de la ciudad herculina. El chico se encontraba realizando una videollamada con una amiga, hecho que llamó la atención de sus atacantes. Uno de ellos se dirigió directamente a su víctima y le exigió que guardara el móvil, dando por hecho que estaba grabándole. Aunque el chico trató de explicar la situación, el agresor la emprendió a golpes contra él. Y a sus hostilidades, se sumaron las de su grupo.

En total, son siete los acusados de arrebatarle la vida. Dos de ellos, menores de edad, ya han sido juzgados, han reconocido los hechos y cumplen una pena de tres años en un centro de internamiento.

Los cinco restantes, serán juzgados por un jurado popular a partir de este miércoles en calidad de coautores. Todos están acusados de asesinato con agravante de alevosía y ensañamiento. A dos de ellos, se les añade la agravante de discriminación. Son Diego Montaña y Catherine Silva, el primero en encararse con la víctima y la joven que impidió que fuera auxiliado. Otro de los investigados, Kaio Amaral, será también juzgado por robo con violencia, después de arrebatarle el móvil a un Samuel Luiz ya agonizante. 

La Audiencia Provincial de A Coruña abrirá el juicio con los testimonios de dos de los acusados. A sus palabras le seguirán las de testigos, amigos y profesionales. Entre ellos, dos ciudadanos senegaleses, Ibrahima Diack y Magatte N’Diaye, que trataron de socorrer a la víctima en el momento de los hechos. El proceso judicial se prolongará, si todo trascurre según lo previsto, durante un mes.

"Por las palabras, gestos, forma de vestir, tono de voz y apariencia física" de Samuel Luiz, su agresor "interpretó que era homosexual, hecho que desencadenó una reacción aún mucho más virulenta" debido a la "animadversión a la orientación sexual homosexual que le atribuyó". Es la opinión de la Fiscalía. A su parecer, sí existió un componente de homofobia en la paliza que terminó con la vida del joven. El grito de "te voy a matar, maricón", pronunciado por varios de los atacantes, sí es suficiente para demostrar el odio que supuraban.

Diego Montaña, el primero de sus agresores,  –quien pronunció las palabras "deja de grabar a ver si te voy a matar, maricón"–, interpretó que la víctima era homosexual y dirigió contra él toda su ira. Tras la paliza que acabaría con su vida, el mismo atacante volvió a ensañarse, hablando con sus amigos en términos idénticos: "Quién le mandó al puto maricón meterse en eso, si era un puto maricón". 

La pareja del primer agresor, Catherine Silva, era "plenamente consciente de la profunda animadversión" de su compañero "hacia la homosexualidad atribuida" a Samuel Luiz, "la cual compartía plenamente", concluye la Fiscalía. Aunque la joven no dio los golpes, sí "exteriorizó con su comportamiento su voluntad de participar en el ataque" y actuó "asegurándose de que nadie ayudase a la víctima".

El Ministerio Fiscal, quien solicita penas de entre 22 y 27 años de prisión, deberá ahora defender la convicción de que el crimen estuvo marcado por la homofobia, un dilema que conformó el eje central de la conversación pública desde el momento mismo de los hechos. La organización LGTBI ALAS de A Coruña, personada como acusación popular, batalla en la misma dirección.

Eugeni Rodríguez recuerda que fue la misma tarde del 3 de julio, en pleno Orgullo LGTBI, cuando llegó a sus oídos lo que había pasado a más de mil kilómetros. "Estaba saliendo por los medios que habían matado a un chaval. Decían algo de un robo de un móvil, me sonó muy raro", dice al otro lado del teléfono el presidente del Observatori Contra la LGTBIfobia de Catalunya. "Siempre que hay un asesinato alrededor de las personas LGTBI, sobrevuela la duda sobre si es homofobia", asiente. Así que recuerda cómo las organizaciones "lucharon como titanes" desde el primer momento para que "quedara claro que era homofobia".

La respuesta social fue casi inmediata. "Y abrumadora", recuerda Ana García, presidenta de ALAS A Coruña. "Removió mucho la conciencia, una parte de la sociedad creía que la LGTBIfobia estaba acabada a ese nivel y se dieron cuenta de que no se trata de un simple insulto", agrega. La comunidad LGTBI fue capaz de "verbalizar la violencia" que sufre el colectivo "cada día". Se puso sobre la mesa una realidad: que no se trata de actos puntuales, sino de violencia sistémica, estructural. 

"Hay un antes y un después", asiente Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI. El colectivo LGTBI y la sociedad en su conjunto "puso la mirada en el motivo" de la violencia, "en el por qué y de qué manera". "El enfado estuvo, el revulsivo aún está", subraya.

Aquel fue el año con más incidencias reportadas por el Observatorio que preside Rodríguez y también el año en que más creció su voluntariado. "Cuando hay un hecho tan fuerte, el colectivo toma conciencia". Según los datos oficiales, recolectados y centralizados por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron investigadas por las fuerzas de seguridad un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio, un 21,3% más que el año anterior. La LGTBIfobia fue la segunda causa más frecuente, por detrás del racismo: este tipo de delitos suponen el 23% del total.

Las expectativas de los activistas a las puertas del juicio pasan por ver reconocido lo siempre ha sido un clamor en las calles. "Espero que se haga justicia, que sean objetivos y que se valore la agravante por homofobia", cita Sangil. Para rendir homenaje "a la memoria de Samuel, es importantísimo que se reconozca la agravante de homofobia", completa Rodríguez, quien dice confiar en la labor de la Fiscalía. Esa es la clave, también a ojos de García: "Tiene que demostrarse en sede judicial que fue homofobia: que te griten maricón y te peguen una paliza, es homofobia".