El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña) que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.

La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás, también conocido como 'Torres de Meirás', constituye "uno de los espacios más significativos" para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España.

La publicación oficial recuerda que la dictadura franquista convirtió este inmueble, que mandó construir Emilia Pardo Bazán y donde escribió parte de su obra, "en uno de sus principales símbolos de poder" de la dictadura.

Según el BOE, fue un "lugar esencial" para la memoria democrática durante la Guerra Civil. Así, recuerda que en marzo de 1938 se creó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para comprar este inmueble y entregárselo a Franco.

La compra, que se formalizó el 3 de agosto de 1938, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas.

El inmueble se le entregó a Franco en diciembre de 1938. En 1941 se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el pazo a su nombre pero décadas después los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado.

El pazo de Meirás funcionó entre 1938 y 1975 como residencia oficial de verano del jefe del Estado y como uno de los principales escenarios del poder franquista. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia.

Como residencia oficial, el inmueble fue utilizado por la propaganda del régimen para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo.

El pazo se convirtió así en "uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura", concluye el BOE.

En una nota informativa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la declaración establece que cualquier uso del inmueble deberá ser compatible con la preservación de la memoria, la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación.

La resolución reconoce asimismo la relevancia de Emilia Pardo Bazán como figura esencial de la literatura española y pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, otorgando a Meirás una dimensión vinculada a la historia de la creación literaria femenina y al avance hacia la igualdad.

Indica además que el Estado impulsará en este lugar recursos audiovisuales y digitales explicativos, promoverá la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos y desarrollará mecanismos institucionales para integrar Meirás en circuitos internacionales relacionados con experiencias de construcción de memoria democrática.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha desembocado en la desarticulación de una gran organización internacional de narcotraficantes con base en Galicia dedicada a introducir cocaína a gran escala empleando lanchas rápidas y narcosubmarinos. Se les atribuye la descarga de unos 4.000 kilos en el semisumergible que apareció a la deriva en A Costa da Morte en enero de 2025, y muchos de sus miembros fueron detenidos en la última madrugada mientras descargaban más de una tonelada de la misma droga en la playa de Arnela, uno de los arenales más típicos de los traficantes en esa misma zona del noroeste de España.

El despliegue de medios comenzó de madrugada, pues los efectivos de los tres cuerpos tenían constancia de la probable llegada de una embarcación con cocaína al entorno de A Costa da Morte. Seguían los pasos de una organización liderada por un histórico narcotraficante gallego que, según pensaban, llevaba tiempo alijando droga por distintos enclaves de esa zona de A Coruña aprovechando la menor vigilancia existente allí.

La acción culminó con la interceptación de una embarcación de alta velocidad, tipo narcolancha, que llegó a la playa de Arnela, en Muxía, con más de una tonelada de cocaína. Se desconoce si recogió la sustancia desde un mercante o desde un narcosubmarino. En ambos casos, lo más probable es que la droga formase parte de un alijo mayor aún por descubrir, en una operación que está completamente abierta a mediodía de este lunes 10 de agosto. Los GEAS del Instituto Armado inspeccionan el entorno marino del lugar de la descarga.

La intervención en la playa incluyó el uso de algún arma sin consecuencias, pues uno de los traficantes intentó escapar ante la llegada de los efectivos de la Guardia Civil, que se desplegaron en todos los accesos a la misma —difíciles, por otra parte— para evitar cualquier riesgo de fuga.

La información policial apunta a que esta organización es la misma que introdujo el narcosubmarino en enero de 2025 y que consiguió esquivar a las autoridades, que, eso sí, iniciaron la investigación en relación con lo ocurrido hasta el día de hoy. A primera hora de la tarde de este lunes ya se habían superado ampliamente las 20 detenciones, pero el operativo está plenamente abierto.

En estos momentos continúa el amplio despliegue policial, que partió de A Costa da Morte y que se extiende por distintos puntos de Galicia para completar una operación que supone un duro golpe a las redes del narcotráfico que siguen actuando en todo el oeste de la Península, con Portugal como punto clave en los últimos meses, pero con la provincia de Huelva y las dos provincias del Atlántico gallego como lugares especialmente sensibles.

En la tarde de este lunes, la actividad se trasladó a la comarca de O Salnés y, en concreto, a Vilanova de Arousa, lugar desde el que, según piensan los investigadores, se organizaba todo el entramado criminal que llevaba tiempo introduciendo grandes partidas de cocaína que llegaban en semisumergibles.

El pasado marzo una sentencia del Tribunal Supremo permitió culminar la prolongadísima lucha cívica, política y judicial por la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público. A las puertas del nonagésimo aniversario de su entrega a Francisco Franco, quedó acreditado de una vez que las Torres y los terrenos en los que se encuentran son propiedad del Estado.

El litigio y su resultado —en el que destaca la sombra de la indemnización a los herederos del dictador— acaban de concretarse en un paso más, tan simple como simbólico. En un mandamiento emitido el pasado jueves, la plaza 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña acaba de ordenar inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado y, por lo tanto, constatar definitivamente que no es propiedad de la familia del militar golpista.

En el escrito, que adelantó la agencia Europa Press y al que tuvo acceso Praza.gal, el juzgado se dirige al Registro de la Propiedad de Betanzos para que “proceda a la inscripción a favor del Estado español de la finca conocida como Pazo y Torres de Meirás”, describiendo a continuación las referencias registrales de las parcelas. Ordena, al mismo tiempo, “la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias”, es decir, las de la familia de Franco.

Esta resolución —contra la que cabe recurso de reposición ante la propia letrada de la Administración de Justicia que la realiza— avanza en la firmeza de la sentencia dictada hace media década por la Audiencia Provincial de A Coruña. A su vez, había ratificado el histórico dictamen de este juzgado coruñés en 2020 en lo relativo a la propiedad.

El proceso judicial, iniciado por la Abogacía del Estado en 2019, contó con un amplio apoyo social también de los concellos de A Coruña y Sada y de la Diputación coruñesa. En el impulso por la recuperación fueron clave las entidades de recuperación de la memoria histórica del entorno, que en los últimos meses venían reiterando la necesidad de hacer efectivo el cambio en el Registro de la Propiedad. También de garantizar definitivamente el acceso público al recinto.

Ambas resoluciones judiciales anulaban la donación del Pazo en 1938, toda vez que la denominada Junta pro Pazo —que las élites locales habían constituido para agasajar al golpista— hizo la entrega a Franco en su condición de jefe del Estado y no a título personal. De la misma manera quedó sentenciada como “simulación” la compraventa de 1941, operación con la que el dictador logró la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, que ahora decae.

Los puertos gallegos y un importante grupo de empresarios del país tuvieron una participación destacada en el tráfico de esclavos y esclavas africanas sobre todo en las seis primeras décadas del siglo XIX. Se trata de una parte de la historia de Galicia poco estudiada y difundida, una memoria incómoda que nos sitúa en el papel de verdugos de una de las mayores infamias de la historia humana. Un negocio —porque de eso se trataba— que enriqueció de manera muy importante a una serie de familias, algunas de nombres bien distinguidos y que en la actualidad siguen contando con estatuas o calles y plazas con sus nombres en las ciudades del país.

En el año 1800 tuvo lugar el primer viaje documentado de un barco gallego que traficaba con esclavos en dirección a América. En 1860 salió del puerto de A Coruña el último barco negrero con participación gallega. En esos 60 años se calcula que las embarcaciones propiedad de gallegos secuestraron y transportaron cerca de 23.000 personas desde África a América, especialmente a Cuba.

En los últimos años una serie de investigadores e investigadoras trabajan para sacar a la luz esta historia ocultada. Uno de los más destacados es Luís Alonso Álvarez, catedrático de Historia Económica en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña, que desde el año 2024 viene publicando una interesantísima serie de artículos sobre el tema en Praza.gal, textos muy documentados en los que saca a la luz la participación gallega en la trata de personas esclavizadas.

Del mismo modo, el pasado año Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino inauguraron en el Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de A Coruña (MUNCYT) la exposición A Coruña, Porto Negreiro, que forma parte del proyecto ‘A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidade’, una de las propuestas ganadoras del I Certame de Proxectos Singulares de la Deputación de A Coruña. Con ellas hablamos en esta entrevista.

Dialogamos aquí con Luís Álvarez sobre el origen y evolución de la participación gallega en la trata de personas esclavizadas, el papel de los puertos del país, los beneficios económicos obtenidos por las familias esclavistas y la necesidad de conocimiento de esta realidad y de reparación.

No te voy a pedir que repitas aquí todo lo que vienes desgranando en los muy completos artículos —cinco hasta ahora— que vienes publicando en Praza. Pero ¿qué conocemos en la actualidad sobre el papel y la responsabilidad de Galicia y de sus empresarios en el tráfico de personas esclavizadas en los siglos XVIII y XIX?

Dicho así, de manera muy simplificada, no existe una responsabilidad de Galicia como tal, sino de algunos gallegos, en concreto del grupo social que llamamos comúnmente empresariado. Conocemos mejor la implicación de los empresarios de A Coruña, donde estuvieron enriqueciéndose las élites locales con la captura y venta en América de personas esclavizadas procedentes de África y, en menor medida, las de Vigo, Ferrol y otras ciudades y villas. Se publicó recientemente un pequeño estudio en el que se confirma también la participación en la trata de modestos patrones de la Costa da Morte, lo cual nos indica que no fue un fenómeno solo urbano, sino también rural y socialmente transversal.

Este tráfico no solo fue inhumano e infame, sino que reportó notables beneficios a sus responsables, de modo que algunas de las fortunas más destacadas en Galicia —también en otros lugares— tienen su origen en esa actividad. Es decir, fue una actividad que tiene ramificaciones que llegan hasta el presente, ¿no?

Los beneficios que reportaba el tráfico de esclavizados fueron extraordinarios y están en la base de algunas de las grandes fortunas gallegas —como ocurrió en toda Europa y en Estados Unidos—, pero también de las no tan grandes. Sin embargo, los empresarios que impulsaron estos viajes a África arriesgaban solo una parte de su inversión. El resto acostumbraban a distribuirlo en pequeñas participaciones de 100 pesos —o dólares, que en la época valían lo mismo—, que adquirían personas que no eran precisamente empresarios, sino profesionales, funcionarios o pertenecientes a grupos sociales semejantes.

Piensa que si el navío que transportaba esclavizados no era apresado en África o en el Caribe por los vapores británicos de vigilancia —Inglaterra disponía de una especie de policía marítima que apresaba y juzgaba a los navíos propiedad de súbditos de países que habían firmado tratados de abolición—, los beneficios que se obtenían podían multiplicar la inversión hasta por seis. Y sí, efectivamente, podemos asegurar que esta actividad que ahora nos resulta repugnante estuvo relacionada con las inversiones que se hicieron más adelante en banca, industria, ferrocarriles y servicios portuarios en las principales ciudades gallegas, como también ocurrió en mayor medida en los países europeos, especialmente en el Reino Unido, donde financió lo que hemos dado en llamar la revolución industrial. Y en el presente, la huella del desprecio por los esclavizados tiene su correspondencia en el racismo y en la ideología que lo sustenta.

El tráfico de personas esclavizadas atravesó distintas etapas, como bien describes en los artículos, en función muchas veces de los propios obstáculos que se iban poniendo a esta actividad, que obligaban a cambios en el modus operandi de los traficantes, ¿no?

Cuando el Estado firmaba con Gran Bretaña un tratado en el que se decretaba la abolición del tráfico, que los ingleses ya tenían prohibido en su país y en sus colonias, de inmediato los negreros de la Península estudiaban con atención el modo de darle la vuelta al texto y trampear con artimañas la legalidad. Así ocurrió con el suscrito entre las dos potencias en 1817, que estuvo activo hasta 1835. Entre estas dos fechas, nuestros negreros esquivaron la legislación con matrículas y papeles falsos para sus barcos y tripulaciones que conseguían en tierras portuguesas, y pasaban de ese modo a convertirse en navíos portugueses, que en esos años aún podían legalmente dedicarse a la trata.

La legislación posterior, que se hizo más rigurosa, ya que contemplaba la existencia de indicios de la trata en los barcos —agua y alimentos en cantidades notables, tablas para construir nuevas cubiertas y otros semejantes—, por los que podían ser capturados y juzgados, la toreaban de mil maneras, incluso acudiendo a la matriculación de los navíos con bandera y papeles norteamericanos, que aún no tenían prohibido el tráfico en algunos estados.

Entre las razones por las que Galicia, sus puertos y una serie de empresarios acaban adquiriendo un papel central en la trata de personas esclavizadas están su geografía marítima, mirando hacia el Atlántico, su tradición armadora y marinera, pero también su relación privilegiada con Portugal, por proximidad geográfica y también lingüística, ¿no? ¿Esto les daba facilidades para acceder a ciertos mercados?

Para que nos demos cuenta de la importancia de este asunto, solo tenemos que constatar que el primer navío de la trata europea del que se tiene constancia, que data del año 1514, fue un navío portugués localizado en Vigo con 166 personas esclavizadas a bordo, traídas del río Congo para entregar en la ciudad olívica a su propietario, del que no tenemos más noticia. Esta escasa información y todos los factores que señalas nos hacen sospechar que la actividad no era solo portuguesa, sino que tenía también derivadas gallegas, especialmente entre armadores de las Rías Baixas.

Pero sin retroceder tanto en el tiempo, en el siglo XIX, a veces era trabajoso confirmar si un navío de la trata era o no un falso portugués con tripulación gallega que burlaba a los cruceros ingleses. Durante algún tiempo, los navíos portugueses podían disponer de sus colonias africanas para llevar esclavizados a Brasil, lo que hacía que determinados empresarios gallegos empleasen ese apaño. La semejanza en el habla es otro factor que permitía camuflar como portuguesas las tripulaciones de los navíos de armadores gallegos.

Una característica que es común a muchos de estos empresarios esclavistas es que en un momento dado intentan rehabilitar su posición social y blanquear su capital e imagen, dirigiéndose hacia actividades legales y también a la filantropía. ¿De qué modo lo hacen?

Cuando estaban enriquecidos, compraban generalmente títulos nobiliarios expedidos por el Vaticano o medallas y distinciones del Gobierno español. Son los casos del ferrolano Ramón Pla, distinguido con el título de marqués de Amboage, o del ourensano Urbano Feijóo, que llegó a ser diputado en las Cortes. Pero una parte de ellos quiso dejar también una huella significativa para la posteridad haciendo obras de caridad y filantropía. Es el caso de Eusebio da Guarda en A Coruña.

Da Guarda, que había pilotado al menos dos buques que portaban esclavizados, heredó el imperio del mayor esclavista que hubo en la ciudad, Juan Menéndez, al casarse con su viuda, la cubana Modesta Goicouría. Cuando las cosas se pusieron legalmente difíciles, blanqueó su fortuna. Otro caso es el del mencionado Ramón Pla, que también blanqueó la fortuna familiar con escandalosas inversiones en la banca madrileña y creó una institución benéfica para favorecer a los soldados nacidos en Ferrol.

En este sentido, ¿qué papel juega la Iglesia? En 1839 el papa Gregorio XVI publica una bula muy clara al respecto. ¿Siempre fue así?

Es muy probable que en el fondo de estas obras de filantropía esté la influencia de la Iglesia católica. Históricamente la Iglesia nunca había prohibido con claridad las actividades de los negreros. Tan solo había condenado esa situación semejante a la esclavitud a la que estaban sometidos los habitantes originarios de las colonias españolas de América. Pero esta circunstancia cambió más adelante. Como tú bien señalas, en 1839 el papa Gregorio XVI promulgó una carta apostólica en la que prohibía a los católicos la trata de esclavizados africanos.

También es cierto que si investigamos este cambio de conducta nos encontramos con una fuerte presión diplomática de los británicos en la que estos llegaron a lanzar ciertas amenazas al papado. En todo caso, la prohibición de la trata y la sanción de excomunión que llevaba aparejada para quien la practicase debió de influir en algunos casos y explicaría en cierto modo la filantropía de la que hicieron alarde los esclavistas jubilados.

Otra de las claves en la trata de esclavos realizada por españoles en el siglo XIX es Cuba, que se mantiene como colonia y se convierte en receptora de esta mano de obra e igualmente en el centro del negocio, donde se instalan una parte de los empresarios o abren delegaciones allí. ¿Qué papel juega?

A comienzos del siglo XIX comenzó el desmadejamiento del imperio colonial español. Quedó lo que se dio en llamar el imperio insular, es decir, las Antillas, especialmente Cuba y Puerto Rico, las Filipinas y archipiélagos menores en el Pacífico. Las economías cubana y portorriqueña se basaban en la mano de obra esclavizada para trabajar en la agricultura azucarera y cafetalera, por lo que las dos colonias, mayormente Cuba, absorbieron gran parte de los capitales invertidos en lo que había sido América española.

Eso exigió una gran cantidad de empleo que suministró la trata de esclavizados y convirtió a la isla de Cuba en uno de los grandes mercados de mano de obra junto con Brasil. Sobre estos principios se va a levantar una infraestructura empresarial con derivaciones en los principales puertos de la península y, entre los nuestros, los de A Coruña, Ferrol, Vigo y otros fondeaderos de las Rías Baixas.

¿Cómo termina esta infamia? ¿De qué modo acaba por desaparecer definitivamente el tráfico? ¿Quién reemplaza como mano de obra a los esclavos?

Terminó por la fortísima presión internacional a la que estaba sometido el Gobierno español, que incumplía los compromisos firmados, cuando todos los países, incluido Brasil, ya habían suprimido la trata. Y en especial, por la coerción de Gran Bretaña y la menos conocida de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, que comenzó a juzgar la trata como piratería, lo que comportaba pena de horca para sus responsables.

La trata fue sustituida por trabajadores chinos y peninsulares, muchos de ellos campesinos gallegos, llevados a la isla de Cuba a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud y, después, por emigrantes en condiciones normales. En Galicia tenemos a algunos personajes que se dedicaron al tráfico de sus paisanos. Uno de ellos fue Urbano Feijóo, que dejó escrito que “un gallego ha de hacer un trabajo de dos negros por el precio que cuesta un esclavo”. Pero también al transporte de chinos, entre otros los hermanos Pastor. Cabe subrayar que, en gran medida, los barcos que se habían dedicado a la trata, muchos de esos mismos barcos, fueron empleados más adelante en el transporte de emigrantes.

¿Estás de acuerdo en que el papel de los puertos gallegos y de un número amplio de empresarios en la trata de personas esclavizadas es una historia poco investigada y sobre todo poco difundida en Galicia?

En muchas universidades de fuera constituye una línea de investigación que lleva años de estudio —pienso en las investigaciones que abundan sobre los puertos de Liverpool o de Nantes—, como también ocurre en algunas de las universidades del Estado, especialmente en Cataluña. En Galicia se investigó poco y en eso estamos algunos. La cuestión de la difusión, de darla a conocer a un público amplio, resulta aún más problemática.

En general existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre la participación en el tráfico de esclavos de muchos de estos empresarios que, en muchos casos, después también se hicieron un nombre en otras actividades legales, por las que hoy son recordados. Estoy pensando, por ejemplo, en el vigués Buenaventura Marcó del Pont, del que en la actualidad se destaca su actividad como comerciante y fomentador del pescado salado que distribuía por todo el levante español, pero que hizo fortuna transportando esclavos ya desde el año 1800.

Es, sobre todo, una historia negada, silenciada, que sigue encontrando grandes resistencias a muchos niveles? Sobre todo entre los descendientes de las familias más directamente implicadas, pero en general a nivel institucional, social... Pienso en las respuestas airadas que siempre surgen cuando se menciona, por ejemplo, el papel de Eusebio da Guarda.

Podemos calificarla como memoria incómoda, que enerva a cierto tipo de gente conservadora y, por lo mismo, se puede hablar también de una memoria silenciada por los incomodados y también negada. Hay muy pocos descendientes de las familias que tuvieron una mayor implicación en la trata de esclavizados en Galicia, pues en gran medida desaparecieron sin descendencia directa. Son los casos de Eusebio da Guarda, de Marcial del Adalid y de otros esclavistas del país.

¿Podemos decir que ese desconocimiento y esas resistencias se están empezando a romper? Por ejemplo con tus investigaciones —y su difusión— o exposiciones como la coordinada por Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino...

En alguna medida así es. A veces me comentan que la posibilidad de que ciertos empresarios gallegos estuviesen implicados en la trata de esclavizados les resulta un tema totalmente desconocido. Puedo acreditar, cuando me llaman para dar alguna charla, que existe un desconocimiento de todo esto, y se piensa que los implicados en el negocio eran de fuera. Por eso es tan importante que se multipliquen las experiencias de difusión como la exposición sobre la implicación coruñesa en el tráfico que dirigieron Cristina y Zinthia.

¿De qué modo debería afrontar Galicia —y sus ciudades más implicadas— la memoria de estos hechos para ejercer una adecuada memoria histórica y ser justos y consecuentes con lo sucedido? ¿Sería recomendable la retirada de honores públicos —nombres de calles y edificios, estatuas si existen...— de los responsables de la trata de esclavos? ¿Algún tipo de memorial que recuerde lo sucedido?

Lo primero que habría que hacer sería dar una mayor difusión a este tema. En este sentido, resultan sorprendentes acciones como la de escribir sobre la estatua de Eusebio da Guarda en A Coruña hace muy poco tiempo un adjetivo que tiene bien merecido. Nadie sabe quién fue el autor, pero ahí está. Algo parecido ocurrió en Ferrol con la estatua del marqués de Amboage.

En otros lugares llegaron a retirar las estatuas, como la de Antonio López en Barcelona o la de Edward Colston en Bristol, y se están organizando recorridos turísticos que tienen como lema aquello de “conozca usted la ciudad que nunca le mostraron”. Pero, insisto, si no hay una concienciación previa en la comunidad, no tiene sentido organizar acciones en favor de la memoria.

“Bebel es zurdo para jugar y para pensar”. En uno de los relatos que componen el libro Espejos: una historia casi universal, Eduardo Galeano elevó a mito la figura de un exfutbolista del Deportivo apenas conocido. Su figura, como la de tantos represaliados, había sido prácticamente borrada de la historiografía por décadas de dictadura y unas pocas más de olvido forzado.

En aquel 2008, con la publicación de la obra, el autor uruguayo relató en unas pocas líneas una historia de rebeldía e insumisión acorde con el personaje pero ya sin testigos que la corroborasen. Bebel García, poco antes de ser fusilado por los golpistas, mandó parar y meó frente a sus verdugos. “Se desabrocha la bragueta, lentamente, botón tras botón, y de cara al pelotón echa una larga meada. Después, se abrocha la bragueta: ‘Ahora sí’”, cuenta Galeano de un hecho que navega entre la leyenda y las vivencias escondidas de la posguerra.

Fue el 29 de julio de 1936, hace hoy 90 años, pocos días después del golpe militar y del inicio de la Guerra Civil. En el Campo da Rata, al pie de la Torre de Hércules, donde tantos murieron fusilados por una represión que solo en la comarca de A Coruña asesinó a más de 550 personas. La historia de la meada era de las que circulaba en la ciudad o en la familia de Bebel, uno de los conocidos hermanos de la Lejía. Selva, su sobrina, relató en una entrevista a Praza.gal que ella misma había explicado la anécdota a Galeano antes de que el escritor investigase y la plasmase en su libro.

Rodrigo García Vizoso, mito deportivista, portero en los años 20 y 30 y luego entrenador del club, insistía en la historia que rodeaba el fusilamiento del que había sido su compañero en el equipo blanquiazul y a quien consideraba “un tipo genial, gran persona, oro de ley, todo un idealista”. “Lo quitaron de en medio por eso. Tenía tanto coraje que antes de que le disparasen, fue y se puso a mear delante del pelotón. Os lo juro. Fue de este modo”, explicaba en Historia do Deportivo (Flores y Mejuto, Xerais, 1993). En el mismo libro en el que otros testigos aseguran que Bebel bajó del coche camino de la muerte “cantando un tango”.

Antes de la sublevación militar y del inicio de la Guerra Civil, Bebel destacó en numerosos deportes y militó en el Deportivo varias temporadas, jugando los campeonatos gallegos de la época y también varias campañas en Segunda División, anotando más de una decena de goles. Curiosamente, era un destacado extremo derecho que priorizaba —como relataban sus compañeros— su activismo político. Situado en la orilla contraria. “Tenía unas condiciones fabulosas para el fútbol pero en la cabeza tenía otras cosas”, relataría el mismo Vizoso para La Voz de Galicia en 2008.

Implicado en numerosas acciones políticas, muchas no exentas de la violencia que marcaba la convulsa época, y miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, de las que era secretario e impulsor su hermano mayor, Bebel siempre fue reconocido por su arrojo, valentía y una cierta inconsciencia. En 1935 había sido detenido por llevar a cabo, con otro grupo de hombres, “ejercicios de formación” y “entonar cantos subversivos”. “Siempre insistía en lo mismo: tenemos que transformar el mundo porque es injusto con los oprimidos”, contaba también Vizoso, figura futbolística de principios del siglo XX vinculada a la tradición anarquista de su familia.

Bebel fue detenido en Guitiriz poco después del golpe militar cuando escapaba hacia Asturias, recluido en la cárcel provincial —cerca de la casa donde vivía la familia en Monte Alto—, juzgado por rebelión militar y finalmente fusilado el 29 de julio. Tenía 22 años. “Fue ejecutado en virtud Consejo Guerra sumarísimo”, dice el expediente “de orden público” en el que los golpistas reflejaron su fusilamiento.

Junto a él fue asesinado su hermano France, de 24 años. Un tercero, Jaurés, también fue encarcelado y aunque en un comienzo no fue fusilado por ser menor de edad, finalmente apareció muerto, también en el Campo da Rata. Un cuarto hermano, José —Pepín—, de 25 años, fue juzgado por sedición pero consiguió huir en un barco pesquero y se unió a las tropas republicanas; tras el final de la guerra, se exilió en América del Sur.

Naturales todos de Ribadeo, eran apodados los de la Lejía por trabajar en una fábrica de producción y distribución de lejía, negocio familiar creado por su padre, de fuertes convicciones socialistas y desterrado de A Mariña por sus ideas. De ahí el nombre de sus hijos: Bebel se llamaba así en homenaje a August Bebel —cofundador del SPD alemán y figura relevante del movimiento obrero y marxista— y en la familia también estaban Voltaire o Berthelot.

Los hombres de una familia de ocho hermanos se vincularon desde muy jóvenes a formaciones marxistas y se movilizaron contra el fascismo y luego contra el golpe militar, participando en la defensa del Gobierno civil de A Coruña. Bebel y su hermano France fueron de los primeros fusilados en la ciudad, en esa península de la Torre de Hércules donde cientos vertieron sangre. A unos metros del cementerio de San Amaro, donde reposa su cuerpo pese a que hasta hace menos de dos años no se sabía con certeza. Ni mucho menos el lugar exacto.

Selva García, la sobrina de Bebel e hija de José, siempre denunció que los tres hermanos asesinados estaban en una fosa en el cementerio, bajo montones de nichos, sin placa ni identificación posible para poder honrarlos. Hace casi una década, el investigador y miembro de la CRMH de A Coruña, Rubem Centeno, llevó a cabo pesquisas que partieron de una búsqueda personal —el lugar en el que habían sido dejados los restos de su tío abuelo— y que acabó dando lugar, en 2024, a una lista de 250 personas asesinadas en 1936 y enterradas en fosas en San Amaro.

La investigación permitió fijar el lugar en el que se encuentran los restos de Jaurés, Bebel y France García, los hermanos de la Lejía; también los de los fusilados de O Portiño o los de la fábrica de Brens, y así hasta unos 250 nombres. El exfutbolista es uno más —ahora símbolo y antes casi anónimo— de una lista de personas, varias de ellas sí trasladadas a nichos, entre las que se encontraban Joaquín Martín Martínez, secretario del Concello de A Coruña y vocal de la Liga de Derechos del Hombre; José Pérez Ferreño, concejal de Cambre; Antonio García Pita, alcalde de Sada; Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de A Coruña; Eugenio Carré Naya, maestro e hijo de Uxío Carré Alvarellos; Pedro Galán, concejal en A Coruña por el Partido Galeguista; o el padre y un hermano de Pucho Boedo.

En breve, muy cerca del camposanto, se levantará una escultura de doce metros ya elaborada por Ramón Conde que rendirá homenaje a esos cuatro hermanos y donada por Selva García. No muy lejos tampoco de la calle que el Concello les dedicó a todos en 2002.

Pepín, el único que sobrevivió al golpe, luchó en la Guerra Civil, perdió una pierna en la batalla de Brunete y una hija, muerta tras un bombardeo. Se exilió en Latinoamérica tras embarcar en el Winnipeg y regresó a A Coruña ya muerto el dictador Franco. Falleció en 1996 y está enterrado en el mismo cementerio que sus hermanos, a los que no pudo honrar en vida ni dedicarles siquiera una placa.

En el Deportivo, pese a que el relato de Galeano prestó al club una difusión desconocida más allá del fútbol, nunca se le hizo homenaje ni reconocimiento alguno a Bebel. Ni a otros futbolistas o directivos que también fueron represaliados y señalados. “En el estadio, se pone la camiseta del Dépor. A la salida del estadio, se pone la camiseta de la Juventud Socialista”, recordaba el autor uruguayo.

Sí habrá actos por parte de otros colectivos. La peña Old Faces honrará la memoria de Bebel García este jueves a las 17 horas en el cementerio de San Amaro. “En estos tiempos actuales tenemos la obligación de recordar y defender nuestra historia y nuestra identidad”, dicen.

Además, el Grupo Deportivo Bebel García tiene preparadas unas jornadas para el próximo sábado 1 de agosto que incluyen una ruta de la mano de Rubem Centeno, una ofrenda floral, un partido de fútbol y una comida popular.

El Tribunal Militar de A Coruña acaba de hacer pública una sentencia que condena, con la conformidad del acusado, a un cabo primero del Ejército de Tierra destinado en el cuartel de Atocha de esa ciudad como autor de un delito de abuso de autoridad en la modalidad de maltrato de obra contra un soldado. El condenado, “en evidente estado de embriaguez”, lo agarró por el cuello, lo empujó y le ofreció unas “hostias” al subordinado, por lo que fue condenado a indemnizarlo con 2.000 euros.

Según el relato que hace la sentencia, emitida por conformidad de las partes, el día de los hechos el cabo primero entró en el acuartelamiento de Atocha a las 3.30 horas y accedió al centro de control y seguridad del mismo “en evidente estado de embriaguez y olor a alcohol”. Cuando uno de los soldados que estaban de guardia en ese centro de control fue al aseo, el cabo primero le gritó “a dónde cojones vas” y lo siguió. Y en el aseo, tras cerrar la puerta, situó los puños a la altura de la cara del soldado, le dijo que “ahora estamos tú y yo solos” y le gritó “si lo estaba vacilando, repitiendo varias veces que le iba a dar unas ‘hostias’”.

Siempre según el relato de los hechos probados de la sentencia, cuando el soldado intentó salir del aseo el cabo primero “se lo impidió, agarrándolo del cuello con una mano y después sujetándole las solapas con ambas manos, empujándolo contra la pared varias veces”. El soldado le dijo que “si le daba un puñetazo se iba a meter en un lío, a lo que el cabo primero respondió que si no se lo daba ese día lo buscaría en la calle para dárselo”.

La sentencia dice que “los hechos que se declararon expresamente probados constituyen un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de maltrato de obra”, que no solo atenta contra la integridad física y moral de la víctima sino también “contra la propia disciplina, como elemento estructural de cohesión que resulta indispensable para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar las misiones constitucionales”.

“En este caso, resulta meridiano que el acusado conocía su condición de superior, desde el punto de vista jerárquico, respecto al soldado”, dice la sentencia, que añade que llevó a cabo “los hechos de forma voluntaria siendo plenamente consciente del acto que perpetraba”.

Como autor de los hechos probados, el cabo primero fue condenado, con su conformidad, a una multa de tres meses con cuota diaria de dos euros (180 euros) y a indemnizar al soldado por daños morales con 2.000 euros, cuantía que ya había sido consignada previamente, lo que le permitió aplicar la atenuante de reparación del daño.

El curso académico que acaba de terminar fue el primero en el que rigió la orden de "neutralidad ideológica" con la que la Xunta de Galicia dijo querer garantizar que el profesorado transmita "los valores constitucionales", informe "objetivamente y de manera imparcial sobre el pluralismo social" y promueva "el pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales". Lo hizo apoyándose en un artículo de la ley educativa estatal de 1985 que, a su vez, señala ese concepto remitiéndose al punto del artículo de la Constitución sobre el derecho a la educación que trata la formación religiosa y moral.

La aplicación práctica de esa orden se tradujo en un incremento del control sobre las llamadas "actividades complementarias" en los centros educativos —"visitas didácticas o charlas", había concretado el conselleiro, Román Rodríguez— que ya se aplicó entre críticas políticas, sindicales y de personal docente. Tras la primera experiencia en el curso 25-26, el Gobierno gallego se dispone a aplicar la orden todavía con más rigidez en el 26-27, para lo que en la víspera de San Xoán acaba de ordenar más inspecciones y límites a estas mismas actividades.

Como hace un año, la concreción de esa "neutralidad ideológica" llega con la orden en la que la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dicta instrucciones para organizar el próximo curso. Tras la misma referencia legal y constitucional, Educación vuelve a obligar a incluir "todas las actividades complementarias" en la programación general anual de cada colegio e instituto y señala como "muy excepcional" la posibilidad de "realizar actividades complementarias sobrevenidas", "siempre y cuando sean aprobadas por el equipo directivo y se dé cuenta de ellas al consejo escolar y a la Inspección educativa". Pero va más allá.

Mientras que para el curso 25-26 la Consellería instaba genéricamente a "garantizar una programación y distribución racional de las actividades complementarias a lo largo del curso, que no interfieran con el desarrollo habitual de las clases, evitando la concentración excesiva en determinados períodos, grupos o cursos", esta vez fija nuevos límites, incluso numéricos. Y, al mismo tiempo, impone nuevos controles.

Así, por ejemplo, obliga a "evitar" la "concentración" de estas acciones "en determinados períodos" o "la participación reiterada de los mismos grupos o de determinados niveles educativos". Exige además que "charlas, talleres o intervenciones puntuales" se organicen "con la menor alteración posible del horario lectivo habitual" y que "no se programe más de una por semana para el mismo grupo".

En el caso de las actividades que impliquen salir del centro no deben "superar, con carácter general, tres salidas por grupo por trimestre" y, en el caso de las llamadas "actividades sobrevenidas", queda prohibido que sean "más de una por trimestre", según fija en dos puntos diferentes de la orden. "La Inspección —advierte la orden— velará por la adecuación pedagógica y organizativa de estas actividades complementarias".

Tras esa mención a la Inspección, la orden de la Consellería indica que colegios e institutos públicos "podrán colaborar, de forma habitual o de forma puntual, con diversas entidades, tanto públicas como privadas", siempre que "respeten los principios educativos, éticos y legales establecidos". "Las colaboraciones deben ser transparentes, objetivas y orientadas al beneficio educativo del alumnado y vinculadas al desarrollo curricular", dice.

En este contexto, la Xunta incluso activa prevenciones explícitas sobre la participación en "actividades sobrevenidas organizadas por ayuntamientos, diputaciones y/u otras entidades externas". "Siempre deberá responder a criterios de pertinencia pedagógica y estar vinculada al currículo y a la programación didáctica de las áreas, ámbitos o materias cursados por el alumnado participante", por lo que "no procederá la participación en actividades que carezcan de una justificación educativa suficiente", advierten.

Existe una "regla financiera" que recomienda no destinar al alquiler de la vivienda más de un 30% de los ingresos brutos para mantener así una "economía saludable". El umbral es empleado por analistas e instituciones para valorar la situación del mercado inmobiliario y la dificultad de la población para acceder a un inmueble digno. Estos datos señalan que en Galicia la media del esfuerzo para acceder a un alquiler se sitúa por debajo de esa cifra, incluso a pesar de la tendencia al alza de los últimos años.

El esfuerzo medio para el alquiler en Galicia es del 28,4%, resultado de la relación entre el precio medio de los nuevos contratos de alquiler firmados en el año 2025 —medido por el Observatorio da Vivenda a través de las fianzas presentadas— y el salario bruto medio de un trabajador. La población que busca una vivienda de alquiler debe estar dispuesta a destinar ese porcentaje de sus ingresos. En el conjunto del Estado, el valor sí supera claramente el 30%.

De igual modo, la exposición al riesgo financiero, es decir, el riesgo al que se somete una persona que alquila una vivienda, se sitúa en Galicia ya cerca del máximo recomendable (100% de riesgo), debido a la tendencia al alza de los últimos años. Aunque, de momento, el valor sigue por debajo e igualmente lejos de la media del Estado, que sí supera el 100% de riesgo.

Sin embargo, esos son los datos teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en el conjunto de Galicia. En las ciudades, especialmente en algunas de ellas, los precios del alquiler han crecido tanto en los últimos años que la relación entre arrendamiento e ingresos supera ya el 30%. Es el caso de A Coruña (34,9%), Vigo (33,4%), Pontevedra (31,9%) y Santiago (31,3%). En Lugo (27,4%), Ourense (27%) y Ferrol (26,5%) el porcentaje es notablemente inferior.

Conviene destacar que el dato de A Coruña corresponde al año 2025, sin tener apenas en cuenta el efecto de la declaración de zona tensionada que limitó los precios del alquiler en la ciudad.

Los datos, como se observa en el segundo gráfico, llevan años en ascenso y ya en 2020 rondaban el 30% en A Coruña y Vigo. Al igual que el esfuerzo para acceder a un alquiler, la exposición al riesgo supera en A Coruña y Vigo el 100%, es decir, el máximo recomendable. En Pontevedra (95,8%) y Santiago (93,9%) el riesgo es también muy alto, mientras que en las restantes urbes presenta valores más reducidos, semejantes a la media gallega.

Este esfuerzo creciente para acceder a un alquiler y el riesgo financiero consecuencia de destinar al arrendamiento una proporción excesiva de los ingresos se unen al esfuerzo y riesgo ligados a la compra de un inmueble. El esfuerzo para comprar una vivienda en Galicia se mantiene en máximos de la última década, con valores muy próximos al máximo recomendable, de nuevo con la referencia del 30% de los ingresos.

Los gallegos y gallegas que quieran comprar una vivienda deben destinar a ella el 27,4% de sus ingresos a 20 años y el 32% si lo hacen a través de una hipoteca. Los valores llevan varios años cerca de este umbral del 30%, debido al incremento del precio de compra y al encarecimiento sufrido por las hipotecas desde el año 2022 a causa de la subida del euríbor. La subida de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo esta semana apunta a un nuevo aumento del esfuerzo para la adquisición de una vivienda en los próximos meses.

En todo caso, los valores de esfuerzo y exposición al riesgo que se registran en este momento siguen muy lejos de los alcanzados justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, en 2007 la población debía destinar casi la mitad de sus ingresos a 20 años, un 55% teniendo en cuenta los costes hipotecarios. La exposición media al riesgo en Galicia se sitúa en el 95%, lejos del 170% que llegó a alcanzar en 2007.

Profesorado del IES de Melide sintetizó en un decálogo lo que, a su juicio, es el “impacto de los recortes que viene padeciendo el instituto” por parte de la Consellería de Educación. Lo difundió físicamente, mediante su impresión en las paredes del centro, pero también en la cuenta del IES en Instagram, de donde la Consellería de Educación ordenó borrarlo a través de la inspección educativa.

Para la CIG-Ensino, sindicato mayoritario entre el profesorado de la enseñanza pública, esta orden de eliminación del mensaje ratifica que la Consellería “sigue acosando y persiguiendo al profesorado gallego en lugar de poner los medios y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros”. La central sindical se declara, asimismo, “sorprendida” por la retirada digital “de un material que está, en su formato físico”, visible en el propio instituto.

“La libertad de expresión es algo que especialmente le molesta” a la Consellería, consideran, en un contexto en el que creen que “conviene recordar” que “mantiene en el cargo tanto al subdirector general de la Inspección Educativa como al delegado territorial de A Coruña”, ambos “cuestionados por sus posicionamientos ultras”. De lo que se trata, consideran, es de “intentar callar al profesorado”, en este caso disconforme por la pérdida de un docente de inglés, la amortización de “tres vacantes de Latín, Lengua y Literatura Gallega y Geografía e Historia” de cara al próximo curso.

Preguntada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Educación confirma la orden de retirada. La justifica señalando que “los canales de comunicación oficiales de los centros están acotados a un uso estrictamente de carácter educativo e informativo” y que “la publicación del IES de Melide en su cuenta de Instagram no responde a esos parámetros”. Por eso, ratifican, “la Inspección Educativa advirtió al centro de que no estaba haciendo un buen uso de sus cuentas oficiales”.

Sostiene el departamento que dirige Román Rodríguez que no está “cuestionando las opiniones que, desde la libertad de expresión, cualquier persona puede exponer en su ámbito personal a través de canales particulares y privados”. CIG-Ensino, por su parte, anima al personal docente “de este centro y de todos los centros a continuar visibilizando los efectos que tienen los recortes de personal en la calidad del sistema educativo”.

El 11 de marzo de 2026 el Tribunal Supremo se ha pronunciado en favor de la devolución al Estado del conocido como Pazo de Meirás. Su verdadero nombre, Las Torres de Meirás, es un símbolo de la cultura que floreció en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX. Las Torres actuales las mandó construir Dª Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes de nuestra literatura, en un terreno inicialmente conocido como la Granja de Meirás. La torre más alta la denominó con el sugestivo nombre La Quimera. Por sus salones pasaron personajes que destacaban en el mundo literario como José Zorrilla y Miguel de Unamuno. Mujer polifacética de convicciones religiosas, se anticipó a su tiempo abanderando la lucha por la igualdad de la mujer. Lo dijo en un Congreso Pedagógico celebrado en Madrid en 1892: “Lo único que creo se debe en justicia a la mujer es la desaparición de la incapacidad congénita con que la sociedad la hiere. Iguálense las condiciones, y la libre evolución hará lo demás”.

Dª Emilia murió en 1921 (está enterrada en la Iglesia de la Concepción de la calle Goya de Madrid), por lo que no vivió las incidencias derivadas del golpe militar, pero su familia sufrió las vicisitudes de la guerra civil y su hija Blanca tuvo que sobrellevar  el asesinato de su hijo Jaime, quedando ella y su nuera como únicas titulares. Decidieron abandonar las Torres que ofrecieron a los jesuitas que no aceptaron las condiciones. En el año 1938, un grupo de súbditos del Generalísimo lo compraron y se lo ofrecieron, como tributo y sumisión a Francisco Franco. El pago de la compra se hizo en parte con colectas un tanto coactivas. El Pazo, como lo rebautizaron los donantes, se convirtió en un edificio oficial que hacía las veces del Palacio del Pardo durante las estancias veraniegas.

Acaecida la muerte del dictador, de su esposa y de su hija, los herederos decidieron ponerlo a la venta. La recuperación de un sistema democrático constitucional imponía rescatarlo para el Patrimonio nacional. La sentencia del Tribunal Supremo ha restaurado el orden jurídico, aunque algunos están escandalizados porque hay que indemnizar de ciertos gastos a los herederos. Cuestión que debe ser matizada y explicada.

La Administración General del Estado, el 10 de julio de 2019, interpuso demanda de juicio ordinario contra los herederos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de A Coruña. El juzgado dicta sentencia en la que: Se declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma y ordena que se cancelen los asientos registrales que resultan de los títulos cuya nulidad se declara.

Como era de esperar, los demandados, (todos los nietos de Franco), interponen recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que dictó sentencia con fecha 12 de febrero de 2021, en la que se confirma  la inexistencia jurídica de la donación de las Torres de Meirás o Pazo de Meirás efectuada el 5 de diciembre de 1938 a don Francisco Franco Bahamonde, y que se plasma en el pergamino de dicha fecha cuya copia se guardaba en la Diputación Provincial de A Coruña, dejando para el momento de la ejecución de la sentencia la liquidación a los demandados de los gastos útiles y necesarios que se acrediten. La sentencia del Tribunal Supremo confirma íntegramente la de la Audiencia con unos argumentos que nos pueden interesar a los juristas, pero también a los historiadores, políticos y ciudadanos.

No deja resquicio para la duda al afirmar rotundamente, respecto de los usos, obras, personal y gastos que hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que falleció el General Franco, las Torres de Meirás eran la residencia oficial del Jefe del Estado durante la temporada de verano, a donde se desplazaba con su séquito, y que se celebraban Consejos de Ministros durante esa estancia. Añade que el 30 de agosto de 1974 se celebró un Consejo de Ministros presidido por el entonces Príncipe de España, D. Juan Cárlos de Borbón y Borbón, que desempeñaba provisionalmente la Jefatura del Estado por enfermedad del Generalísimo. La gestión y mantenimiento del Pazo de Meirás se realizaba por la Casa Civil y Militar de la Jefatura del Estado, de forma similar a como se llevaba a cabo en el Palacio de El Pardo, sede de la Jefatura del Estado en Madrid. La Casa Civil remitía mobiliario y utillaje desde El Pardo para su uso en Meirás, que era devuelto al terminar el servicio veraniego. También asumía los gastos ordinarios de funcionamiento, los salarios y seguros de los operarios de reparaciones y mantenimiento, los gastos de cocina y aprovisionamiento de alimentos, etcétera. Para la documentación, se empleaba el mismo material impreso que en El Pardo, si bien se tachaba ese nombre y se sobrescribía Meirás.

La sentencia sigue narrando que Doña. Carmen Polo y Martínez-Valdés falleció el 6 de febrero de 1988, bajo testamento otorgado el 21 de octubre de 1981, en el que instituyó única y universal heredera a su hija Doña Carmen Franco Polo. Desde la donación de su madre, la Sra. Franco Polo siguió en la posesión de Las Torres de Meirás, donde celebró múltiples actos sociales, como las bodas de varias de sus hijas y nietos. Asimismo, llevó a cabo múltiples obras de recuperación y restauración del edificio de las Torres de Meirás e hizo frente a todos los gastos de uso ordinario del Pazo. El 30 de diciembre de 2008 fue declarado “Bien de interés Cultural” (BIC).

El Abogado del Estado –me imagino que siguiendo instrucciones– solicitó que en el caso de que se recuperasen las Torres para el Estado, se tuvieran en cuenta las previsiones del Código Civil que reconoce a los poseedores de buena fe el derecho a ser indemnizados por los gastos útiles y necesarios realizados para su conservación. La Audiencia Provincial admitió esta petición y habrá que liquidar estricta y restrictivamente los gastos útiles y necesarios. Los gastos necesarios son aquellos imprescindibles para la conservación de la cosa y no se consideran gastos útiles los de puro lujo o mero recreo.

Hace tiempo escribí un artículo en el sostenía que Dª Emilia debe volver a sus lares. Nadie puede dudar de la trascendencia de su vida y obra literaria que se gestó bajo las anchas bóvedas que albergan la biblioteca. La mejor forma de desterrar los fantasmas del pasado es convertir la Torres de Meirás en un centro cultural que se dedique a fomentar las letras y la cultura que contribuyó a exaltar su dueña. La Torre más alta dejaría de ser una quimera para convertirse en un espacio real. Allí se escribió la que para mí es su obra cumbre, Los Pazos de Ulloa.  

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , editado por Siglo XXI.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público, en la actualidad en manos de los herederos de Franco, según informa EFE. 

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de A Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña. 

En 2024, el Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. 

El pleno, por unanimidad del PSdeG, el PPdeG y el BNG, ha aprobado la "declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio" y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general. Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de A Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente. 

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio. De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla. 

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años. 

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada.

El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000.

Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025.

Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos. Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes.

Concretamente, tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo, con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán.

También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo, lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal.

A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior. Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas.

La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada. Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG.

A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección. Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028.

Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la sentencia que amparaba los paneles luminosos del ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) que equiparaban a Benjamín Netanyahu con Adolf Hitler, según informa EFE.

El municipio coruñés, donde gobierna Ángel García Seoane al frente de la candidatura independiente de Alternativa dos Veciños, ha informado este sábado en un comunicado de la firmeza de esta decisión judicial, contra la que no caben más recursos.

Durante varios meses de 2024, los paneles luminosos de información municipal del ayuntamiento mostraron mensajes contrarios a la intervención militar del Estado de Israel en la Franja de Gaza y que condenaban el genocidio de la población palestina.

En uno de ellos, llegó a verse una imagen del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al lado de otra del dictador nazi Adolf Hitler y el lema "Mismas bestias asesinas".

Esto motivó el recurso por parte de ACOM, una organización que trata de reforzar la relación entre España y el Estado de Israel, y cuyas peticiones han sido finalmente rechazadas por el juzgado coruñés.

El ayuntamiento de Oleiros, en su comunicado, sostiene que la sentencia se basa en el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la crítica política y considera que "refuerza la trayectoria" de la entidad municipal durante décadas en defensa de la libertad de Palestina.

Por este motivo, aseguran que continuarán llevando a cabo campañas de sensibilización, programas de cooperación y actos oficiales para denunciar "el atroz genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel" y "reafirmando su compromiso inquebrantable con la paz y los derechos humanos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que no hay lavado de cara que "blanquee" toda la "suciedad" de aquellos que "callaron, conchabearon y se lucraron" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha añadido que la historia no perdonará y juzgará a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero por su papel.

En su intervención en el cierre de la 28ª Interparlamentaria de su partido, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse de su país.

A todos ellos les han enviado un mensaje de esperanza porque "podemos estar –ha dicho– un poco más cerca de la democracia" y en los inicios del fin de una "dictadura tramposa, criminal y miserable".

Ha agradecido el trabajo de quienes llevan tantos años luchando por la libertad de un pueblo hermano y ha remarcado que este no habrá acabado hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que todos los que fueron desterrados vuelvan a su casa, el régimen sea vencido completamente y el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino.

"Para todos aquellos que callaron, para los que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad", ha agregado el líder del PP, quien a continuación se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"La historia no les perdonará, la historia les juzgará", ha proclamado, antes de indicar que al PP no se le verá "con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países", una postura, ha dicho, totalmente diferente a la del Gobierno, "ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos".

Ha reprochado a Sánchez que se declare preocupado con el derecho internacional y se ha preguntado “por qué no van a hablar de él a las cárceles venezolanas”.

Núñez Feijóo también ha anunciado que propondrá una reforma del suplicatorio para que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia. "La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco", ha afirmado.

Ningún político, ha añadido, puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia ni "asegurarse la impunidad". Según fuentes del PP, su objetivo es reformar la ley para blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español "por muy presidente del Gobierno que sea".

Con esta reforma, el Congreso mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio pero la causa no quedará sobreseída de manera definitiva por lo que cuando ese aforado deje el acta "la causa le estará esperando".

Sobre enviar tropas a Ucrania, Feijóo ha avanzado que su partido lo rechazará si el Gobierno no da datos y explicaciones al detalle sobre la operación. Ha comentado que "ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas" a Ucrania, pero ha avisado de que si cree que va "a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden".

Ha asegurado que "el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa", pero a la vez ha puntualizado que "no está con un gobierno mentiroso y tramposo", en alusión al de Sánchez, al que ha invitado a demostrar su "mayoría progresista".

"Si la seguridad nacional y europea requieren del Partido Popular, que lo expliquen, pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, que lo expliquen euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades, sin trampas semánticas, y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto", ha añadido.

Feijóo ha defendido que hay que aclarar cuánto será el gasto en defensa, durante cuánto tiempo, de dónde saldrán los fondos en los presupuestos y con qué empresas se trabajará. "La seguridad nacional es para proteger el país, no es la coartada para que se protejan de su precariedad parlamentaria y alarguen una legislatura absurda y agotada después de más de siete años de artimañas. A España ya no se la van a colar y, por tanto, al partido mayoritario de España tampoco", ha concluido.

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral, a través del canal interno de denuncias del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage, según ha informado EFE.

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto", tras recibir denuncias de acoso laboral contra ella. "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

Lo ha dicho en un comunicado remitido a los medios este jueves, tras ser conocedora de esta denuncia por parte de personas que formaron parte de su Gobierno y señala en esa nota que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

Entiende que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas". "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

Así, las ha invitado a ir "al juzgado", pues "se han confundido de medio", consta en el escrito en el que opina que si estas personas, con las que "hace años" no tiene relación, según ha concretado, "no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito".

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", ha insistido. Y ha asegurado que si lo que pretenden es que se calle, "no lo van a conseguir".

La alcaldesa de A Coruña es clara: "Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso". La dirección del PSdeG, consultada por EFE, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a los trabajos orgánicos del canal antiacoso del PSOE, que será quien actúe en la investigación pertinente.

Por el momento, aseguran, ningún militante ni cargo socialista se ha comunicado con la dirección del partido en Galicia para trasladar ninguna denuncia respecto a la alcaldesa coruñesa.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual de A Coruña (ALAS), un grupo activista cuya andadura comenzó en 2010, contra la resolución de la Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes en la que se denegaba a la asociación su declaración como de utilidad pública. Así, el tribunal considera que esa decisión no tuvo una justificación adecuada, probablemente discriminatoria y con una aparente arbitrariedad.

La asociación solicitó la declaración el 15 de noviembre de 2023. Para ello, aportaron documentación, como memoria de actividades y cuentas, que acreditaban sus actividades beneficiarias para la comunidad LGTBI+. Entre ellas, la intervención de ALAS como acusación popular en el procedimiento judicial por el asesinato homófobo de Samuel Luiz, ocurrido el 2021 en A Coruña.

La sentencia del TSXG relata que la Consellería desestimó la petición de la asociación de una forma probablemente discriminatoria, y sin una justificación adecuada y aparente arbitrariedad. La Sala asegura que el informe de la AEAT “confirma, con un alto nivel de probabilidad, que se emitió sin comprobar la realidad de la actividad de la asociación, de espaldas a esa realidad y con un automatismo que habría ocasionado, sin duda, una decisión arbitraria”.

Este reconocimiento se considera una medida que intenta estimular la participación en asociaciones “en la realización del interés general”, ya que genera beneficios fiscales. Por tanto, conlleva “una calificación especial, una declaración formal que reconoce, oficialmente, el beneficio para la colectividad de los fines perseguidos por esa asociación y sus actividades”.

El argumento de la Consellería para denegar la solicitud está basado en un informe desfavorable de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), el cual estima que la asociación no acreditó un beneficio social derivado de sus actividades suficiente ni tiene "un impacto real en la sociedad en su conjunto”. Sin embargo, el TSXG ha concluido que el informe de la AEAT carece de motivación suficiente, ya que reconoce los servicios y actividades desempeñados por la asociación, para, a continuación “sin una explicación mínima de sus razones, negarle que hubiera acreditado el beneficio social derivado de esas actividades”.

La Sala califica de "incongruente" a la AEAT: “No hay duda de que esas actividades responden a un interés general representado, en este caso, por la promoción de la formación en educación en diversidad afectiva, de la salud e incluso de la seguridad en la vía pública para las personas del colectivo LGTBI+ (asociadas o no)”. ALAS ha demostrado cumplir los requisitos legales, ya que sus actividades “tienden a promover el interés general” y son “no restringidas a beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otro posible beneficiario”, concluyen los magistrados.

El gobierno municipal de Noia pidió este lunes la dimisión del exalcalde del PP Santiago Freire después de que se conociese que, durante su etapa como regidor, el grupo municipal popular justificó el gasto de fondos asignados para su funcionamiento con facturas por casi 30.000 euros en las que se incluían tickets de bebidas, comidas con simpatizantes e incluso de hoteles.

El actual gobierno —con el socialista Francisco Pérez al frente tras la moción de censura apoyada por PSOE, Marea Cidadá, BNG y el edil tránsfuga Luis Alamancos— advierte de la “gravedad” de los hechos en caso de que se confirmase que el anterior alcalde “cargó gastos no justificables al grupo municipal” y cree que resulta “moral y políticamente insostenible” que Freire continúe como concejal en Noia “o esté vinculado a responsabilidades públicas”. Por ello, le piden la “dimisión inmediata, como acto mínimo de responsabilidad ante la ciudadanía”.

El Ayuntamiento asegura que tenía conocimiento “de alguna irregularidad, pero no de la gravedad de lo que ahora se conoce”. Y asegura que valora “todas las medidas legales y políticas que procedan para restituir la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y la confianza ciudadana”.

La documentación entregada entre 2018 y 2024 ante el Ayuntamiento por parte del grupo del PP de Noia para justificar las asignaciones económicas recibidas para su funcionamiento revela —tal y como adelantó elDiario.es y pudo comprobar Praza.gal al acceder a ella— facturas por más de 29.000 euros de bares, restaurantes y empresas de cátering. Eran gastos presentados como reuniones de trabajo o comidas con personas simpatizantes o afiliadas al PP.

En los informes que Intervención del Ayuntamiento hizo en los últimos años hay bastantes objeciones sobre un tipo de gastos que difícilmente pueden incluirse entre los de funcionamiento del grupo municipal, que están destinados a material de oficina, alquiler de locales, publicaciones informativas y otras actividades derivadas de la labor de dicho grupo, según explican fuentes municipales a partir de las bases de ejecución del presupuesto.

Estas asignaciones económicas para los grupos municipales suponen, en el caso del PP, más de 7.000 euros anuales. Según las facturas presentadas, a las que tuvo acceso este diario, solo en 2024 hay dos que suman más de 500 euros de una hamburguesería, y otras que acumulan unos 3.000 justificadas bajo el concepto de “reunión de trabajo del grupo municipal con afiliados” o “simpatizantes”. Son varias del mismo tipo en años anteriores, coincidiendo varias en época de Navidad, que superan los 1.500 euros.

En muchas de esas facturas no se especifican los gastos, más allá de la cantidad final, pero en otras sí se incluyen cañas de cerveza, vinos y copas, además de diferentes platos y menús. La mayoría de la documentación se refiere a locales hosteleros de Noia, pero también hay varias facturas emitidas por locales de A Coruña pasadas las diez de la noche. Además, se incluyen también tickets de hoteles, algunos de ellos en Brión o Santiago.

Pese a los reparos puestos por la Intervención municipal, la mayoría de las facturas de bares y restaurantes acabaron siendo autorizadas como parte de los gastos de funcionamiento del grupo municipal del PP de Noia.

Fuentes del gobierno local explican a Praza.gal que, aunque las facturas analizadas abarcan el período entre 2018 y 2024 por estar digitalizadas, hay más documentación justificativa de los gastos de funcionamiento del grupo en años anteriores que difícilmente son atribuibles a los conceptos que deberían sufragar. Entre los tickets, uno de unos 3.000 euros en una comida en 2015 presentado en 2016, año en el que Santiago Freire accedió a la alcaldía.

Según explican miembros de otros grupos municipales, las compras que en sus partidos se incluían en esos gastos de funcionamiento solían incluir material de oficina, pagos de alquiler u ordenadores, pero nunca facturas como las que aportó el PP durante años.

“Sabíamos que algo había, pero no imaginábamos tal cantidad de gastos injustificables”, explican fuentes de la corporación. Según aclaran, la interventora municipal advirtió al grupo del PP de la necesidad de que los reparos que ella presentaba pasasen por el pleno para poder ser levantados, si fuese el caso. “Pero ellos seguían presentando este tipo de gastos igualmente pese a que estaban advertidos de que no se podía”, añaden.

En conversación con Praza.gal, el señalado exalcalde, Santiago Freire, asegura que todo son “intentos de crear polémicas” sobre unas prácticas que son “generalizadas”. Según aclara, las bases de ejecución del presupuesto “no establecen los tipos de actividades incluidas en los gastos de funcionamiento” y respecto a los reparos interpuestos por Intervención, según el grupo de gobierno, dice que en realidad son “observaciones” que unas veces son atendidas y otras no. “Hay gastos que finalmente no se acaban incluyendo”, explica.

Freire asegura que es habitual, en Noia y “en cualquier ayuntamiento medianamente grande”, que en los gastos de funcionamiento de los grupos municipales, además de alquiler de sedes, publicaciones informativas o material de oficina, también se incluyan los derivados de “invitar a unos pinchos o a una comida” a simpatizantes, personas afiliadas al partido o grupos de trabajo.

Respecto a la petición de dimisión por parte del gobierno local, Santiago Freire aclara que ni por un momento pensó en abandonar su puesto de concejal en la corporación municipal.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello, aseguró que desconocía las facturas y que tendría que verlas en detalle para ahondar en su opinión. “No sé si hay ilegalidad, no sé si hubo un uso adecuado o no; sé que llaman la atención algunos conceptos, pero habría que ver en qué contexto y bajo qué circunstancias”, expresó tras aclarar que si hubiese alguna irregularidad se podría “actuar”.

Resulta muy curioso, aparte de clarificador, profundizar en las estrategias con las que los católicos han lidiado las exigencias éticas de su doctrina. Una de las más perspicaces ha sido, sin duda, desactivar las enseñanzas mediante el ingenio de cambiar el significado de las palabras. Así ha sucedido con la expresión ‘hijo pródigo’, referido hoy al hijo “que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo, tratando de independizarse”, según el diccionario. Con este significado, la parábola evangélica queda neutralizada, sin sentido ni mensaje alguno porque ¿qué padre no le hará una fiesta al hijo “que regresa al hogar paterno”? Y otro tanto ha sucedido con la palabra “samaritano”, que hoy alude, en su tercera acepción, a la persona que ayuda desinteresadamente a otra. De nuevo, la parábola de Lucas parece un tanto insulsa: un viajero atacado por ladrones es ignorado y abandonado a su suerte por otros transeúntes hasta que tiene la fortuna de encontrarse con alguien que le ayuda “desinteresadamente”. Pues mejor para él, pero ¿dónde está el mensaje?

Hace cuatro años, en A Coruña, un joven fue atacado junto a la playa de Riazor por una turba de maleantes que lo mataron a golpes por ser homosexual. Su muerte fue contemplada por un número indeterminado de vecinos que, como en la parábola, miraron hacia otro sitio o, para ser más exactos, miraron exactamente hacia el sitio donde tenía lugar la agresión y muerte del joven. En la poblada noche de una ciudad que recuperaba la libertad tras la pandemia, no hubo nadie que hiciera nada; nadie reaccionó ni ayudó a la víctima que agonizaba bajo su mirada, hasta que aparecieron unos chavales senegaleses, unos álienes.

La palabra alien, popularizada por el xenoformo de H.R. Giger, deriva del término latino ‘alienus’ que refiere al extraño, al ajeno, al distinto, al extranjero. Alien es el diferente, el que viene de fuera, el que no es como nosotros; en definitiva, el otro. Como bien intuyó Ridley Scott, el distinto es peligroso. Y he aquí que el relato de Lucas, muy provocador, revive dos mil años después en las calles coruñesas: no fuimos nosotros quienes ayudamos a la víctima; lo hicieron los otros, los extranjeros, los álienes, los samaritanos.

Cumplirá recordar aquí que los judíos no dirigían la palabra a los samaritanos, a quienes despreciaban hondamente. Todavía hoy duele ver a Netanyahu, el miserable hombre que mata, referirse a Cisjordania como “Samaria y Judea”, tierras extrañas en proceso de conquista. A diferencia del sacerdote y del levita que ignoraron al viajero moribundo, a diferencia de los jóvenes coruñeses que asistieron impávidos o incluso curiosos a la agresión mortal de aquel pobre chico, siguen siendo los otros, sigue siendo la gente despreciable la que se abre paso entre la multitud para ayudar a alguien que no es de los suyos. Esa es la lección que hemos olvidado por haber cambiado el significado de las palabras en el diccionario.

Uno de los jóvenes que, en la mejor de las hipótesis, contemplaba inerte los golpes que terminaron con la vida del homosexual, fue absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza, apreciando el argumento de su abogado que, según nos dice la prensa, insistió en que “estar no es hacer”: estar en el lugar de un crimen no equivale a cometerlo. Y tiene toda la razón, pero convendrá reflexionar un momento en el rango moral de una sociedad para la cual parece algo normal o comprensible “estar y no hacer” ante una agresión mortal.

¿Qué lleva a una persona a “estar pero no hacer” cuando ante ella están golpeando a un indefenso? Sin duda, entender que el agredido no es de los suyos; nuevamente, es un otro. Si el agredido fuese amigo o colega, si respondiera al perfil de identidad en el que se ven reflejados los espectadores, probablemente lo hubieran ayudado. Pero la víctima era homosexual, había nacido en el extranjero y, no es baladí, vivía fuera de la ciudad; nada favorecía el reconocerlo como prójimo. Me atormenta, en este sentido, imaginar qué hubiera sucedido si, en lugar de aquel joven al que lincharon, la turba se hubiera ensañado con una niña para agredirla a tocamientos junto a la playa; quiero pensar que la gente la habría salvado, pero esa diferencia de respuesta me resulta desasosegante.

El derecho penal nos habla con enorme distancia de la conducta de quien contempla impávido cómo se comete un delito ante él. Permanecer pasivo, y aun gozarse en la contemplación, es impune cuando el asistente valore “un riesgo propio o ajeno” en caso de intervenir. La ley no advierte qué tipo de riesgo, ni lo parangona al riesgo del delito contemplado, así que tal vez el riesgo de recibir un bofetón será bastante para justificar el no hacer nada ante un homicidio. En el caso de un simple espectador, la ley penal no impone más obligación de actuar, como sí la tendrían otros: el socorrista de una piscina o el padre que ve cómo agreden a su hijo menor. Y es normal que el derecho penal no vaya más allá porque, en definitiva, la ley no es más que el reflejo de la sociedad en la que se aplica. En contra de lo que sueñan legisladores aventados, el Código Penal no sirve para cambiar mentalidades ni para convencer a la gente de que está mal lo que hasta entonces no sabe que es malo; solo impone un castigo a conductas que todo el mundo asume como inaceptables, sin arrogarse un papel didáctico o educativo. La sociedad en la que vivimos, y así lo ha venido a reconocer el Tribunal Superior de Xustiza en su decisión absolutoria, no advierte reproche penal en la conducta de quienes dejaron sin ayuda a quien fue agredido hasta la muerte; como digo, si la manada hubiera atropellado a una niña, igual la decisión hubiera sido diferente. Hay que cambiar las cosas.

En 1949 llegó a Coruña, a bordo de un espléndido transatlántico, el rey Abdalá I de Jordania, bisabuelo del actual rey, que lleva su mismo nombre. Con tal potísimo mérito, el ayuntamiento le dio el nombre de una calle al monarca, transliterado como “Rey Abdullah” a secas. La ampliación urbanística ha trasladado aquella calle desde los suburbios hasta el centro de la ciudad, muy cerca, por cierto, de donde se produjeron los hechos. Sería de justicia que la agresión que actualizó en A Coruña la fábula del samaritano fuera recordada de forma permanente, así que propondría renombrar tal calle con el nombre de los extraños que asistieron al prójimo: Ibrahima Diack y Magatte N´Diaye, los héroes de aquella noche.

En mi opinión, lo propio sería darle una calle al propio agredido, porque no creo que sea bueno que la ciudad olvide lo sucedido. Pero la familia no está por la labor; desea que no se nombre al fallecido, que el recuerdo público de su muerte se desvanezca cuanto antes para así guardar su memoria dentro de un armario. Es una pena, porque la lucha por una sociedad más justa exige recordar estos hechos para meditar colectivamente sobre el fracaso que representan. Solo con el recuerdo de esta agresión, donde varios gigantes terminaron con un desvalido David, podrán cambiarse las tornas para que la próxima vez nos resulte intolerable la pasividad de los espectadores; solo con su recuerdo la sociedad podrá reflexionar sobre lo irracional de los abismos abiertos por el nacionalismo alfa que nos ahoga, que nos quiere separar del otro, del extraño, del extranjero, del diferente. Tal vez entonces David venza a Goliat, como en aquella fábula relatada en el libro de Samuel. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.