La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que recoge EFE.

El valle del Almanzora y Los Vélez en Almería están en alerta roja por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

A su vez, en nivel naranja (riesgo importante) están Baleares, la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por nevadas y viento; Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento, ambas, y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve.

También está en alerta naranja Galicia, por oleaje y en amarillo por nevadas; y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje. A estos territorios se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) los siguientes: Aragón, Cataluña y Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje; La Rioja, por nevadas.

Se mantendrá la inestabilidad en el país debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin. Las precipitaciones serán generalizadas; los mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde serán persistentes y localmente fuertes.

Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), incluso por encima de 120 litros por metro cuadrado localmente. En Ronda (Málaga), las acumulaciones serán de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota que irá subiendo de 600/800 metros hasta 1.000/1.200 metros, y en montañas del sureste a partir de 1.200/1.500 metros.

Se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón.

Habrá espesores de 5 centímetros a partir de 800 metros en amplias zonas de la meseta, en Castilla y León.

Se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en Baleares y de forma generalizada, salvo en el extremo norte de la península, pudiendo ser localmente huracanadas en regiones del extremo sureste.

Soplarán vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en amplias zonas. En puntos de Andalucía como Nevada y Alpujarras (Granada) se llegará hasta 120 kilómetros por hora, y también en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería).

En el Estrecho, en Cádiz, las rachas serán de hasta 110 kilómetros por hora.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el desprecinto, clonado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados, en su mayoría empresarios del sector de la construcción, para esclarecer la trama de adjudicaciones irregulares de obra pública derivada del caso mascarillas, según recoge EFE.

En un auto dictado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado ordena el volcado de los terminales para rastrear las comunicaciones de cinco administradores de mercantiles adjudicatarias de la Diputación de Almería y de F.J.L.S., hermano del exvicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria.

La resolución judicial busca evidencias que confirmen la existencia de una "mecánica delictiva sistémica" en la corporación provincial, que habría evolucionado desde presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia hasta el amaño generalizado de contratos de obras menores a través de los Planes Provinciales y el Plan Acelera.

El magistrado justifica esta injerencia en el secreto de las comunicaciones ante la gravedad de los indicios acumulados contra la cúpula política de la Diputación, descabezada tras la detención y dimisión de su presidente y su vicepresidente, Javier A. García y Fernando Giménez, ambos del Partido Popular, el pasado noviembre.

El auto detalla la utilización de un lenguaje encriptado en mensajes de Whatsapp por parte de García, Giménez y Liria, quienes usaban términos odontológicos para referirse presuntamente al cobro de comisiones ilegales.

Según la resolución, los implicados hablaban de "ir al dentista", "cambiar la piñata", "muelas picadas" o realizar una "limpieza" en contextos de conversación "absurdos" que, a juicio de los investigadores, ocultaban el reparto de beneficios ilícitos y el blanqueo de capitales.

Por ejemplo, el 8 de abril de 2020, a las 20:53 horas, "solo tres minutos después" de firmar el decreto de adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Azor Corporate, el dirigente popular envió "un emoticono de un diente o muela", un símbolo que la UCO vincula directamente con el éxito de la operación fraudulenta.

El auto alude a conversaciones previas en las que el exvicepresidente segundo solicitaba a Óscar Liria una televisión a modo de "aperitivo" días antes de la firma de los contratos investigados. La investigación patrimonial incluida en el auto dibuja un escenario de presunto blanqueo de capitales que salpica al entorno familiar de los políticos.

El juez reseña la "inexistencia de retiradas de efectivo" en las cuentas bancarias del expresidente, lo que sugiere que sus gastos diarios se cubrían con fondos opacos, y confirma el hallazgo en el domicilio de su hermana de una nota manuscrita junto al dinero en efectivo con la frase: "Este dinero es de Javier Aureliano".

También se investigan pagos de hipotecas y compras de parcelas mediante ingresos en efectivo fraccionados para eludir los controles fiscales.

El rastreo de los móviles de los empresarios y de F.J.L.S. pretende cerrar el círculo sobre la rama de la obra pública. El instructor describe cómo empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos -vinculadas a testaferros de Óscar Liria y de su tío, el exalcalde de Fines- recibieron decenas de adjudicaciones (16 y 17 contratos respectivamente) mediante un "concierto previo".

El 'modus operandi' descrito en el auto implicaba instrucciones directas desde la Diputación. El juez cita mensajes en los que personal técnico indicaba a las empresas la cifra exacta que debían ofertar, con expresiones como "reste un 4%" o aplique una "baja simbólica", para simular competencia y garantizarse la adjudicación.

En otros casos, era el poder político el que decidía el destino de la obra con órdenes en WhatsApp, como el mensaje "Los Gallardos pasa", enviado por Liria para descartar a una empresa en favor de otra de la trama.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona. El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Mientras, prosigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.

En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.

Se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

En relación al río Segura, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de su cuenca por el aumento de caudal.

Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar. El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas e Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del río Segura por el aumento de su caudal.En un aviso especial este domingo, el CCE señala que los municipios deben mantener la observancia de la evolución de la cuenca del río y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas.

Murcia también está en alerta. El Gobierno de López Miras ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho entre este y el río Segura, en la zona norte de esa localidad y de la de Santomera en dirección a la alicantina de Orihuela.

Por otra parte, Aemet mantiene el aviso naranja en Almería hasta las 21:00 horas, en el levante y en el Valle del Almanzora y los Vélez, y en la costa de Granada hasta las 15.00 horas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia ante la activación de estos avisos por fenómenos meteorológicos adversos. Ha trasladado que tanto ella como su equipo están siguiendo con atención la evolución de la situación y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los ciudadanos mantener la "máxima precaución" ante las fuertes lluvias y el temporal que afecta a distintos puntos del país y ha aconsejado informarse a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales.

En su cuenta de la red social X, Sánchez ha agradecido además "la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía".

Además, hay tres personas desaparecidas por las intensas lluvias caídas en las últimas horas en Andalucía y a las que busca la Guardia Civil, dos de ellas en Alhaurín el Grande (Málaga) y otra en el término municipal de Íllora (Granada).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre que había sido condenado previamente por la Audiencia de Almería a dos años y medio de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años, al apreciar "serias dudas" sobre la solidez del relato de la denunciante.

La sentencia de apelación de Sala de lo Civil y Penal revoca el fallo dictado en marzo de 2024 por la Sección Tercera de la Audiencia almeriense, que consideró probado que el acusado, un joven nacido en 2001, realizó tocamientos a su vecina en la terraza comunitaria de un inmueble en uno de los núcleos de población de Níjar (Almería), en diciembre de 2021.

El alto tribunal andaluz estima el recurso de la defensa y aplica el principio de presunción de inocencia al concluir que el testimonio de la menor presentó "desde el comienzo de las actuaciones inestabilidad y claras inconsistencias que no ha sabido o podido explicar".

Los magistrados destacan las contradicciones de la víctima respecto al número de ocasiones en que ocurrieron los hechos, ya que en la denuncia inicial habló de episodios reiterados, mientras que en el juicio osciló entre "una o dos" veces, para decir luego que "solo una" y finalmente admitir que fueron más sin concretar.

Asimismo, el fallo subraya que la denunciante se mostró vacilante sobre las circunstancias del encuentro, variando su versión sobre si el acusado la siguió hasta la azotea o si ya se encontraba allí cuando ella subió.

El TSJA señala que las pruebas periciales psicológicas no pudieron avalar la credibilidad del testimonio debido a que el relato de la menor no fue lo suficientemente extenso ni detallado.

Aunque la Audiencia Provincial intentó salvar estas dudas reduciendo los hechos probados a un único episodio, el TSJA considera que no se puede afirmar "sin duda razonable" la autoría de los actos, por lo que absuelve al procesado del delito y deja sin efecto la pena de prisión, la libertad vigilada y la indemnización de 4.000 euros impuesta originalmente.

Los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación contra la presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería, investigada en el caso Mascarillas, se han saldado con la incautación de un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes, según informa EFE.

Según recoge un atestado, al que ha tenido acceso EFE, uno de los hallazgos más relevantes en materia de seguridad se produjo en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución y mano derecha del expresidente. Durante el registro de su vivienda de la capital almeriense, los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora".

El informe policial señala que este dispositivo ha sido intervenido al tratarse de un "arma presumiblemente prohibida", motivo por el cual se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

El armamento también apareció en el corazón de la trama empresarial. En el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

En el domicilio particular del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor. El acta de registro detalla el hallazgo en el "sótano garaje" de la vivienda de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera".

La pieza, titulada La mujer del Almanzora, cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

El dinero en efectivo fue otra constante en los registros. El hallazgo más significativo tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del presidente, en Balanegra (Almería). Dentro de una caja fuerte, la UCO intervino 7.620 euros junto a un papel con una anotación manuscrita en tinta roja: "Este dinero es de Javier Aureliano".

Asimismo, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación. Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial.

La Policía Nacional ha liberado en Almería a una mujer que había sido captada en Chipre mediante el método 'lover boy' y estaba siendo sometida en España a agresiones sexuales y a un control extremo por parte de dos hombres, que han sido detenidos, según informa EFE.

La investigación ha permitido acreditar que los arrestados generaban mediante este método una falsa relación afectiva para atraer a la víctima con promesas de estabilidad y empleo, sufragando su traslado para crear una deuda económica con la que ejercer control sobre ella, según ha informado este lunes la Policía.

Una vez en España, la mujer fue trasladada de Málaga a Almería, donde los autores le revelaron sus verdaderas intenciones: debía prostituirse para saldar la supuesta deuda.

La víctima ha relatado que era obligada a enviar videollamadas desde puntos concretos de la vivienda, sufría vejaciones continuas, amenazas y castigos físicos, y que los tratantes la fotografiaban para publicitarla en portales de contacto. Ante su negativa a ejercer la prostitución, uno de los acusados incluso llegó a buscar terceros en Inglaterra para trasladarla allí y continuar la explotación.

La intervención policial se inició cuando la mujer pidió ayuda a familiares, que acudieron de inmediato a dependencias policiales. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana lograron localizarla, acompañada de uno de los presuntos tratantes, que amenazó de muerte a los policías antes de ser arrestado.

El segundo implicado ha sido detenido tras un dispositivo de vigilancia.

El operativo se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, que ha ordenado prisión para el principal acusado.

Javier Aureliano García ha presentado este viernes su dimisión como presidente de la Diputación de Almería y ha renunciado a su acta como concejal en el ayuntamiento de la capital tras quedar este jueves en libertad provisional después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La Diputación ha precisado que García ha registrado formalmente su renuncia con el objetivo de “centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia”, después de que el juez instructor lo dejase en libertad provisional con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales por los presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública que se investigan en esta segunda fase.

Según la nota, el ya expresidente toma esta decisión “desde el convencimiento de su inocencia” y en la creencia de que este paso “facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional”, así como el desarrollo de los proyectos iniciados en los últimos años.

La institución provincial destaca que García deja “un legado de proyectos transformadores” que habrían impulsado ámbitos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, la agroalimentación o la creación de marcas provinciales orientadas a la proyección del talento almeriense.

El comunicado no menciona su situación judicial, que continúa bajo investigación en un procedimiento en el que la Guardia Civil ha practicado cerca de una veintena de imputaciones entre detenidos e investigados.

La Diputación ha informado también de que Fernando Giménez, vicepresidente segundo hasta su detención el martes, ha presentado igualmente su renuncia como diputado provincial. Giménez, que también quedó este jueves en libertad provisional con las mismas medidas cautelares, abandona “las responsabilidades al frente de áreas claves en los últimos años”, según la nota institucional.

Ambos ceses se producen menos de 24 horas después de que los cinco detenidos -García, Giménez, el alcalde de Fines (Almería), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas- comparecieran ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, respondiendo únicamente a sus defensas.

La investigación, en la que la UCO ha practicado diez registros y ha reactivado la imputación del exvicepresidente tercero Óscar Liria, permanece parcialmente bajo secreto y suma ya en torno a 17 investigados, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras estas renuncias, la Diputación deberá activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente, previsiblemente en los próximos días, conforme a la normativa provincial.

 El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) en una segunda fase del "caso mascarillas" por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia.

Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional, tal y como había solicitado el fiscal.

El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP), el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco detenidos por supuestas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE, el abogado Javier Salvador.

Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción, Eduardo Martínez Gamero. El alto tribunal andaluz ha apuntado que la causa se está investigando por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de ceder o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

Los detenidos en la segunda fase del denominado caso Mascarillas han pasado a disposición del juez instructor, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas entre detenidos e investigados por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería, recoge EFE.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del hasta ahora presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Junto a García, permanecen detenidos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. Las mismas fuentes señalaron que no se descarta que el número de investigados continúe aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.

Durante la mañana de este miércoles la UCO llevó a cabo un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines, después de que el martes los agentes ya hubieran entrado en el despacho del alcalde. Este registro formó parte del operativo que el martes incluyó diez entradas simultáneas en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.

La UCO confirmó a EFE que en uno de esos registros se halló documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el que el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas y estuvieron dirigidos, entre otros mandos, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.

El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso existen “sospechas fundadas” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber “colaborado o facilitado” la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.

Parte de esas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.

El juzgado ha autorizado también a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, incluidos documentos electrónicos y mensajes intervenidos en dispositivos de los investigados, y ha reclamado documentación adicional a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles sospechosas para reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

Además, el juez instructor ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.

Los cinco detenidos quedaron a disposición judicial para la celebración de las comparecencias previstas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas, informa EFE.

Según han concretado a EFE fuentes de la UCO, con esta incorporación, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno del PP informe sobre la situación creada tras la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente Fernando Giménez, en la nueva fase del caso Mascarillas.

La diputada Noemí Cruz ha señalado a los medios que la iniciativa se ha registrado “esta misma mañana” y ha lamentado que, más de 24 horas después de la operación policial, no se ha facilitado ninguna información oficial.

“Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información. Lo que queda de los miembros del Gobierno del Partido Popular y la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería”, ha declarado.

Ha explicado que el pleno debe aclarar “cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución, cuál es el alcance de la causa que se está investigando y cuáles son las cuestiones que están implicadas”.

También ha señalado que existen dudas esenciales “que nadie conoce a día de hoy, en este momento”, como si el presidente y el vicepresidente “siguen siendo diputados, siguen siendo miembros de la corporación provincial” y que “no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer. Por tanto, queremos que esto en el día de hoy sea aclarado con la máxima urgencia”.

Cruz ha afirmado que “Moreno Bonilla solo tiene dos opciones: una es que dimitan los miembros que están detenidos y, si no lo hacen, desde luego Moreno Bonilla estará siendo un encubridor de esta causa, un encubridor más de esta causa”.

Ha recordado que el caso “viene de largo” y que desde 2021 han denunciado la situación que se ha producido en la Diputación Provincial.

Los detenidos en la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería han subido a cinco, tras confirmarse el arresto de un técnico de Obras Públicas y del hijo del alcalde de Fines (Almería), según han señalado a EFE fuentes de la investigación y de la UCO.

Estos arrestados se suman a los tres cargos públicos arrestados inicialmente: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP); el vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP).

El operativo, tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incluye el desarrollo de registros en distintos domicilios y dependencias oficiales durante la mañana, sin que por el momento hayan trascendido los delitos concretos investigados ni si esta actuación se enmarca directamente en el caso mascarillas, aunque fuentes cercanas al caso señalan que se trata de una pieza separada.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que la operación “viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno”, al sostener que la UCO “ha encontrado los indicios que había desde hace años” y que apuntarían a la existencia de “una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP en Almería centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la Diputación”.

Martín ha calificado los arrestos de este martes como “la punta del iceberg” y ha reclamado la salida inmediata de los detenidos “de las instituciones y de todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular”.

Ha añadido que esta exigencia política “recae sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Feijóo”, a quienes ha pedido que “aparten urgentemente a Javier Aureliano García, a Fernando Giménez y a cualquier otra persona implicada en esta causa”.

El dirigente socialista ha recordado que el PP “ha sido capaz de mantener en sus puestos a altos cargos imputados en el caso mascarillas sin un solo reproche”, y que el propio presidente provincial “ha sido capaz de mantener durante años en sus cargos a un alcalde o a un vicepresidente de la Diputación pese a las imputaciones que hay sobre ellos”.

Martín ha explicado que, según la información que manejan, la operación incluye registros “en despachos oficiales y en domicilios particulares de las personas implicadas”, aunque ha reiterado que el PSOE evitará efectuar declaraciones que puedan interferir en la investigación judicial.

El caso mascarillas, en el que ya se encontraban investigados Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

A principios de mes, el PSOE había solicitado que se tomase declaración como testigo a Javier A. García por “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y por nuevos datos del atestado de la UCO fechado el 25 de abril.

La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha exigido este martes la dimisión inmediata de todos sus cargos del presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, Javier Aureliano García, tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso mascarillas.

En dicha causa fue detenido e investigado el vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien es también sobrino de Rodrigo Sánchez. “Estaba claro que Liria no había actuado sin que los demás se enteraran”, ha manifestado Amate en declaraciones a EFE.

“Lo que esperamos es la dimisión inminente de Javier Aureliano de todos sus cargos. Óscar Liria dimitió de todos sus cargos inmediatamente, algo que fue solicitado por sus propios compañeros”, ha añadido.

Ha recordado que Giménez, investigado, no había dimitido, y ha precisado que aunque no fue detenido en su día, sí lo ha sido ahora junto a García. “Cuando lo han detenido es porque habrán visto algo en el grupo de WhatsApp de los Naranjitos, ha apostillado.

El hallazgo de un nuevo cadáver en la playa de la Almadraba de Monteleva, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, ha elevado a ocho los inmigrantes muertos tras la llegada esta semana de dos pateras a la costa de Almería, han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo apareció este jueves en esta pequeña pedanía del litoral almeriense, a escasa distancia de la playa de Las Salinas, y se da por hecho que procede de la embarcación que arribó a ese punto con 37 ocupantes.

Según las fuentes consultadas, el cadáver fue localizado pasado el mediodía, aunque no se ha podido concretar si lo halló un particular o algún miembro del dispositivo de rastreo que seguía desplegado en la zona.

Ese operativo, en el que han participado Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil y Cruz Roja, se mantuvo activo hasta ayer jueves con el objetivo de localizar posibles supervivientes o más víctimas en el entorno de las playas de Los Muertos (Carboneras, Almería) y Las Salinas (Almería). Hoy viernes ha quedado desactivado.

La Subdelegación del Gobierno en Almería había confirmado inicialmente siete fallecidos: seis vinculados a la patera que alcanzó la playa de Los Muertos en la madrugada del martes, con al menos 26 personas interceptadas en tierra, y uno en la playa de Las Salinas.

En el caso de Carboneras, las labores de rescate se prolongaron durante horas a lo largo del martes, después de que varias llamadas al 112 alertaran de la presencia de cuerpos en el mar frente a Marinicas, Corral y Los Muertos.

Protección Civil de Carboneras recuperó entonces seis cadáveres que fueron trasladados en su embarcación hasta el puerto pesquero, donde quedaron a disposición judicial.

Fuentes próximas al caso han apuntado que algunos supervivientes de la patera de Los Muertos relataron que, debido al fuerte oleaje, varios ocupantes habrían sido arrojados u obligados a lanzarse al agua en el momento de tocar tierra, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y verificar si aún podría haber más desaparecidos.

El de Fasgar-Igüeña, en el Bierzo, donde esta tarde ha empezado a llover, es el único gran incendio de Castilla y León en una jornada marcada por las noticias positivas, con una bajada de nivel en varios fuegos de esta comunidad y sin siniestros forestales activos en Galicia y Asturias.

Mientras, ya por la mañana, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, aseguró la mejora en la situación de los grandes incendios de Castilla y León, pero advirtió del peligro ahora en el sureste peninsular, en riesgo extremo, por una meteorología muy adversa.

En Almería continúa activo un incendio de nivel 1 declarado en la noche de ayer.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha estimado este viernes en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en todo este año 2025 hasta el pasado día 24, la mayor parte este mes de agosto.

Los reyes han visitado este viernes diversas zonas de los valles cacereños del Jerte y Ambroz afectadas por el incendio forestal de Jarilla, considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.

El de Fasgar-Igüeña es el único gran fuego de Castilla y León que sigue con llama, el más activo de los que arden en España pero cuya evolución podría mejorar esta noche por la lluvia, en una jornada positiva que ha permitido bajar a nivel 1 los incendios de Porto (Zamora), La Baña y Berlanga del Bierzo (León).

De este modo, en Castilla y León hay seis incendios en nivel 1 de gravedad: los rebajados de La Baña, Porto y Berlanga del Bierzo, unidos a los de Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Cardaño de Arriba, mientras que ha bajado a nivel 0 el de Garaño y el de Anllares del Sil y se ha dado por extinguido el de Gestoso.

En el fuego de Fasgar-Igüeña, los contrafuegos consiguieron cerrar el avance hacia el valle del río Omaña y, aunque continúa con focos aislados en el sureste, la mejora de su evolución, dentro de la gravedad dado que es el único que está en nivel 2, ha permitido levantar restricciones a la población, y solo quedan dos localidades confinadas.

La situación en León avanza hacia la estabilización, aunque los medios permanecen pendientes de posibles reactivaciones por el viento o nuevos incendios.

En Porto, tras 16 días activo, se trabaja para eliminar las reactivaciones y los puntos calientes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes su gestión de los incendios, con un "buen operativo" ante el que no caben "demagogias", y ha usado las palabras de varios ministros del Gobierno para rechazar las críticas y las peticiones de dimisiones de la oposición.

Galicia ya ha conseguido controlar todos sus incendios forestales, tras lograrlo esta mañana en los de A Pobra de Brollón (Lugo), con 900 hectáreas, y Avión (Ourense), con 250. La comunidad continúa así sin fuegos activos por segundo día consecutivo, después de que alcanzara ayer este hito por primera vez desde que empezó la oleada de incendios.

También está restablecida desde esta mañana la circulación en la línea Monforte de Lemos-Ponferrada, que se había visto interrumpida por el incendio de A Pobra.

Asturias ha amanecido este viernes sin ningún fuego forestal activo en su territorio tras 18 días de lucha contra los incendios que han afectado principalmente a las comarcas del suroccidente y que han dañado más de 6.000 hectáreas, según datos aún provisionales.

El incendio forestal declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín continúa activo y en situación operativa 1, con un despliegue de casi 200 efectivos terrestres y 15 medios aéreos.

Durante la tarde, el viento de componente sur-suroeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, ha complicado la intervención, aunque los equipos han logrado contener el fuego en el Barranco de las Minas para evitar que se extendiera al término municipal de Bédar.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha informado de que el operativo supera los 190 efectivos y más de 60 medios, y ha subrayado que, aunque el incendio no está estabilizado, la población se encuentra asegurada.

En el municipio de Bédar, unas veinte personas fueron desalojadas preventivamente de dos pequeñas barriadas, pero ya han regresado a sus viviendas.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha afirmado este miércoles que no pueden tomarse “a la ligera” las amenazas que ha denunciado y que presuntamente proceden de Ana Julia Quezada, condenada por asesinar a su hijo en 2018, ni tampoco las que puedan venir de su entorno, después de declarar como perjudicada ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, según recoge EGE.

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Ramírez ha explicado que se ha ratificado en la denuncia interpuesta el 31 de diciembre de 2024, en la que alertaba de amenazas de muerte recibidas a través de terceras personas, supuestamente instigadas por Quezada desde la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple condena de prisión permanente revisable.

Ha asegurado que ha contestado a todas las preguntas del juez y ha pedido que la instrucción siga avanzando para esclarecer los hechos y garantizar su protección. “Obviamente ha sido difícil porque son temas complicados, como ya sabéis, pero yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir”, ha declarado ante los medios, tras lo que ha confiado en que "se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular".

Ramírez ha criticado la falta de actuación institucional para frenar lo que considera una revictimización constante. “Estar aquí ya es difícil. Lo primero que tengo que agradecer es que inicialmente puse esta denuncia y me la archivaron”, ha lamentado.

También ha apuntado directamente a la administración penitenciaria y al Ministerio del Interior: “Si todo esto viene como consecuencia de que la asesina de mi hijo Gabriel se enfada porque le he cortado el documental, al final donde se tienen que establecer protecciones es dentro de prisiones”.

Ha revelado que tras presentar la denuncia empezó a recibir llamadas desde números ocultos y extranjeros, y que dejó constancia de esos teléfonos en la causa. “Yo suelo ir acompañada a todos sitios, aparezco cada vez menos públicamente... La medida más básica que estoy tomando es recluirme en mi casa y en entornos seguros”, ha confesado.

Ha expresado su temor a que Quezada pueda usar a terceras personas para causarle daño: “Si ya me hizo lo que me hizo sin tenerme manía declarada, ahora que me tiene más, y que no tiene nada que perder, tengo miedo. A mí me quedan muchas dudas de si puede contratar a alguien o si alguien en su entorno puede tomar represalias contra mí”.

Ha insistido también en que el documental que la condenada habría querido grabar desde prisión debe ser vetado por el Estado: “Espero que no se emita. Si alguien lo emite, será responsabilidad del Ministerio del Interior, de los jueces o del Estado. Ningún condenado en sentencia firme puede ganar dinero contando una nueva versión de los hechos”.

Ha recordado que el caso incluye también una condena por un delito contra su integridad moral.

Sobre la imputación de la actual pareja de Quezada, M.A.R.Q., ha señalado que hay “indicios" de que no le cae bien y ha confiado en que sea el juez quien valore si procede adoptar medidas contra ella. “Igual que nunca emprendí una campaña de venganza contra la asesina de mi hijo, jamás lo haré hacia su pareja. Nosotros nos mantenemos en la ley”, ha subrayado.

Por su parte, su abogada, Verónica Guerrero, ha detallado que la jornada ha incluido las declaraciones de su clienta, de la propia Quezada -por videoconferencia desde prisión-, la pareja de esta, que se ha acogido a su derecho a no declarar, y un testigo clave: un trabajador de un tarot que ha confirmado su testimonio previo ante la Policía y aportará material audiovisual. “El testigo ha reiterado todo lo que ya dijo en fase policial. Tiene todo el material grabado, y vamos a aportar un pendrive con toda la prueba audiográfica que contiene las amenazas”, ha explicado Guerrero, que ha señalado que este testigo “no tenía obligación alguna” de informar a Ramírez, pero lo hizo por iniciativa propia, lo que considera una actuación “valiente y excelente”.

Sobre la declaración de Quezada, la abogada ha dicho que “no ha contestado a nada”. “Su letrada no le ha hecho preguntas y el juez ha podido hacer muy pocas porque su respuesta era siempre la misma: "no’, ‘nada’, ‘cero’. No ha aportado absolutamente nada”, ha afirmado.

En cuanto a medidas de protección, Guerrero ha destacado que el juzgado ha accedido a anonimizar el procedimiento completo, eliminando cualquier dato identificativo de Ramírez tanto en Almería como en la causa paralela que se instruye en el Juzgado número 4 de Ávila por presuntos favores penitenciarios para grabar el supuesto documental y acceder a teléfonos móviles en prisión.

Por el momento, las actuaciones continuarán con la incorporación de la nueva prueba aportada por el testigo, tras lo cual el juez decidirá los siguientes pasos.

Un terremoto de magnitud 5,4 ha sacudido a las 07.13 horas el mar Mediterráneo frente a las costas del Cabo de Palos, en España, y una alerta a móviles ha despertado a muchos vecinos de Almería, Granada y Albacete, aunque no ha habido que lamentar desgracias personales y apenas daños materiales, según recoge EFE.

Los servicios de emergencias han recibido decenas de llamadas de particulares en los minutos posteriores al terremoto, registrado a las 07:13 hora local. De momento, las únicas incidencias materiales confirmadas han sido daños en falsos techos: uno de ellos en un concesionario Toyota de Huércal de Almería, y otro en el aeropuerto almeriense, donde se ha desprendido parcialmente el falso techo de la cafetería situada en la zona de facturación. La zona ha sido acordonada y no se han registrado daños personales.

También se han recibido avisos puntuales desde Granada, Málaga y Jaén capital. En ninguno de estos casos se han producido heridos ni incidencias graves.

El ayuntamiento de Lorca, en Murcia, ha activado en su fase de preemergencia su plan territorial de protección civil y está evaluando el estado de algunas infraestructuras del municipio, que resultó afectado gravemente por dos seísmos en mayo del año 2011.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se produjo a las 07:13:27 hora local, con epicentro a unos 3 kilómetros en aguas próximas a la costa española, a una profundidad de apenas tres kilómetros, y se pudo sentir también en zonas de Marruecos y Argelia.

La sacudida, inicialmente fijada en una magnitud de 5,5 y que al final se ha reducido a 5,4, ha sido seguida por al menos una quincena de réplicas menores, la mayor de ellas de 3,4 mbLg. El IGN mantiene un seguimiento activo de esta secuencia sísmica.

El sismo activó el sistema de alertas sísmicas de Android e iOS, que ha enviado notificaciones automáticas a numerosos teléfonos móviles de vecinos de las provincias españolas de Almería, Granada y Albacete.

La alerta enviada a los móviles incluía un conjunto de recomendaciones detalladas para actuar tras un terremoto, entre ellas: ponerse zapatos antes de moverse, incluso dentro de casa, y comprobar si hay olor a gas, en cuyo caso se aconseja cerrar la llave de paso del edificio o evacuar si no es posible hacerlo con seguridad.

También se instaba a apagar incendios pequeños si se detectaban, comprobar posibles daños en el cableado, las tuberías y los electrodomésticos, y recoger agua, medicamentos y provisiones básicas si hay cortes de suministro. En zonas costeras, se recomendaba desplazarse a lugares elevados tras el temblor ante el riesgo de tsunami. Igualmente, anticipaba que podría haber réplicas e incluía acceso a información adicional y configuración del sistema de alertas.

El susto ha sido notable en los testimonios recogidos por EFE. Verónica, periodista residente en un quinto piso de Almería, ha asegurado que tuvo que sujetarse al marco de la puerta: "Venía acompañada de un ruido extraño... un zumbido con tintineo que me ha puesto muy nerviosa. Mi marido gritó 'terremoto' y mi hija se despertó llorando".

Jesús, trabajador público, ha relatado cómo tintinearon las vitrinas y se escuchó un rumor profundo: "Lo que más me ha sorprendido ha sido la duración. Mis hijas, sin embargo, han seguido durmiendo como si nada".

En otros municipios como Los Gallardos, Inma, funcionaria, tomó de la mano a sus hijos nada más recibir la alerta en el móvil. Antonio, vecino de Vega de Acá en Almería, recibió la notificación mientras vestía a sus hijas para la escuela de verano: "Todo ha quedado en un susto", ha afirmado.

Alba, también en la capital, saltó de la cama y buscó refugio para sus perros bajo una mesa. Y Federico, que se encontraba en la calle paseando al perro, percibió el temblor segundos antes de que su mascota comenzara a ladrar: "Una puerta de cochera temblaba. Ha sido espectacular", ha resumido. 

El terremoto se ha producido en una zona de alta actividad sísmica, situada en la frontera entre las placas tectónicas africana y euroasiática.

Horas antes, a las 03:38 hora local (01:38 UTC), el IGN también registró un pequeño terremoto de magnitud 1,6 en el noroeste del municipio de Puerto Lumbreras (Murcia), con una profundidad de 9 kilómetros. Debido a su baja magnitud, este evento sísmico no fue percibido por la población ni provocó incidencias, aunque fue incluido en el sistema de vigilancia rutinaria de la Red Sísmica Nacional.

"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado que el Ejecutivo estaría dispuesto a demoler solo la mitad del hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que se asienta en un paraje natural, y ha apelado a la Junta de Andalucía a que se sume porque seria "absurdo derribar un 50% y el resto no". En los desayunos de la Cadena Ser este viernes en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, la ministra ha confiado en llegar a un acuerdo con la Junta porque la "sociedad lleva mucho tiempo esperando a que se adopten acciones".

Por ese motivo, el Gobierno ha iniciado recientemente un proceso para la expropiación de una parte del espacio donde se asienta el hotel y la ministra ha asegurado que van "a actuar en la parte que tiene competencias" y este año puede darse, al menos, la demolición parcial del hotel. Ha pedido a la Junta que, en la parte que es de su competencia, la del parque natural donde se asienta el hotel, actúe de manera complementaria al Gobierno de la nación.

El pasado 11 de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde al inicio del proceso para expropiar parte de los terrenos donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), una mole en la playa icono de los tiempos del ladrillazo cuyo plan de derribo permitirá recuperar el paraje natural del Cabo de Gata, según el Gobierno.

El objetivo es "pasar página sobre un pasado urbanístico, un boom inmobiliario que dejaba a espaldas los ecosistemas y la protección de los espacios naturales", como es el hotel de El Algarrobico, aseguró la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Gobierno andaluz sostiene que la solución para el derribo del hotel es la nulidad de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), cumpliendo una orden judicial, y no la expropiación porque sería motivo de recursos y el proceso "se podría eternizar".

Una persona migrante de 25 años ha muerto tras la llegada a la costa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) de una patera en la que también viajaban otros siete magrebíes que han sido localizados por la Guardia Civil, entre ellos otro joven con heridas de carácter leve. Según ha informado a EFE el 112 de Andalucía, varios testigos alertaron sobre las 13:45 horas de este miércoles de la llegada de una lancha a la playa de la Cala de Enmedio, apuntando que al frente de dicha embarcación se encontraban dos personas.

Los testigos indicaron que los pilotos de la embarcación habían comenzado a arrojar al mar a los ocupantes de la patera, antes de que ésta llegase a la orilla. Precisaron que de esta lancha bajaron unas 20 personas, que uno de los ocupantes venía mal y parte de sus compañeros se había quedado en la orilla para atenderlo, pero que el resto había abandonado el lugar a la carrera.

Hasta el lugar fueron desplazados funcionarios de la Guardia Civil y del 061, tras lo que el instituto armado confirmó que había interceptado a siete varones de origen magrebí, seis de los cuales fueron puestos a disposición de la Cruz Roja para su atención.

El 061 señaló, por su parte, que había enviado un helicóptero al lugar, que su personal había atendido a un joven de 20 años con heridas de carácter leve, trasladado al hospital por otros medios diferentes a los de este servicio sanitario, y que otro hombre de 25 años había fallecido.

Un menor de 17 años ha sido asesinado este viernes en El Ejido (Almería) en un tiroteo en plena calle a manos de un hombre, de unos 30, que posteriormente se ha quitado la vida, un suceso que podría estar motivado por un "triángulo amoroso", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado que ha recogido EFE.

Los hechos han ocurrido sobre las 6:30 horas de la mañana de este viernes en la calle Francisco Ayala, en la zona de la Loma de la Mezquita, un barrio deprimido de la localidad de la comarca del Poniente Almeriense.

Según ha detallado la Policía, las primeras informaciones apuntan a un posible "triángulo amoroso" entre un joven de unos 30 años, una mujer de una edad similar, y un menor de 17. Al parecer, ha añadido la Policía, el primero ha descubierto la relación de los otros dos y ha ido a buscarlos, por lo que el menor ha tratado de huir en un taxi, momento en que el joven le ha disparado, parece que en tres ocasiones, en el costado.

El taxista ha emprendido entonces la huida y ha trasladado al menor al hospital, donde los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida. Posteriormente, en la misma zona de la Loma de la Mezquita, ha sido hallado sin vida el presunto autor de los disparos.

La Policía ha indicado que todo apunta a un suicidio, parece que ejecutado con la misma arma con la que acabó con la vida del menor, una pistola corta que ha sido recuperada. No obstante, los investigadores están a la espera del resultado de la autopsia que se practique a los dos cadáveres y a la toma de declaraciones para confirmar o descartar la principal hipótesis sobre este suceso.

En declaraciones a los periodistas en Jaén, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ya avanzó que el tiroteo se produjo "en plena vía pública", donde un hombre disparó a otro justo cuando este estaba cogiendo un taxi. El taxista intentó trasladar a la víctima hasta el hospital pero finalmente falleció, ha indicado Fernández, quien ha confirmado que posteriormente el presunto autor de los disparos se ha suicidado.

El Consejo de Ministros aprobará este martes una declaración de utilidad pública e iniciará la expropiación de los terrenos donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural del Cabo de Gata. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este anuncio durante una visita al entorno donde se ubica el hotel, y ha fijado el inicio de la demolición en un plazo de cinco meses "si no hay ninguna otra incidencia o interferencia", según informa EFE.

El objetivo del Gobierno es poner fin a un "atentado medioambiental" que daña la costa y lleva enquistado más de 20 años, según Montero, que ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para colaborar en este proceso para recuperar un espacio natural.

“El Consejo de Ministros va a aprobar un acuerdo por el que se declara la utilidad pública de las parcelas en las que actualmente se ubica este hotel ilegal. El acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objetivo proceder a la expropiación de los terrenos que se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre y sobre los que se levantó este edificio”, ha explicado.

Según Montero, este es el paso previo administrativo para iniciar los trabajos de demolición de este hotel ilegal y la inmediata restauración ambiental de este paraje.

Ha recordado que una parte del hotel se ubica en la zona de dominio público marítimo terrestre sobre el que la Administración central tiene competencia, si bien ha recordado que otra parte del edificio “se adentra más allá de este límite” y que se encuentra en suelo de competencia autonómica. “Desde aquí instamos a la Junta de Andalucía a seguir los mismos pasos que el Gobierno de España, iniciando la expropiación de los terrenos que se encuentren en su área de influencia. Una vez que ambas administraciones hayamos expropiado los terrenos sobre los que tenemos competencia, podremos llevar a cabo la demolición de este edificio que será financiada por el Gobierno de España”, ha añadido

Para ello, la ministra ha indicado que se convocará la comisión de seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, que se creó en 2011 y en la que participan Gobierno y Junta, porque el Ejecutivo cree que ha llegado el momento de dar un “impulso definitivo” al derribo.

“No obstante, sí quiero dejar claro que si no hubiera colaboración por la Junta de Andalucía, igualmente el Gobierno de España buscará alternativas para que el hotel ilegal sea demolido. Llevamos 20 años de litigios, de recursos, de burocracia que han constatado la dificultad de llevar a cabo este proyecto, pero estamos convencidos de que si hay voluntad política, y les aseguro de que la hay, nadie ni nada va a poder evitar que se derribe el edificio que tengo a mi espalda”, ha incidido.

Al ser interpelada por las cuestiones judiciales aún pendientes, ha afirmado que han sido todos esos “vericuetos legales, administrativos, los que han hecho que en 20 años” no se haya tenido la capacidad de derribar este “hotel ilegal”.

Ha sostenido que desde el Ayuntamiento de Carboneras aún no se ha actuado o tomado decisión alguna. “Se declaró nula esa licencia y por tanto esto hubiera implicado el que se hubiera revocado la licencia, pero llevamos esperando todo este tiempo y parece que las administraciones no se deciden definitivamente a proceder con lo que corresponde, probablemente por el riesgo, por el miedo que tienen a cualquier litigio que pueda presentar la empresa titular del hotel”, ha dicho.

“Desde luego el Gobierno no le va a tener miedo a esto. De hecho nosotros consideramos que es fundamental que se proceda ya más allá de cualquier otra resolución administrativa a la demolición del hotel", ha recalcado. "No somos ingenuos, sabemos que se pueden producir movimientos por parte de la empresa pero que tendrán que ser los tribunales los que evidentemente puedan decir algo respecto a la iniciativa que el Gobierno adopta", ha añadido antes de insistir en que "salvo resolución judicial" en el plazo de cinco meses podrán proceder a la demolición de este "monumento a la degradación medioambiental".