Informes en contra pero complicidad política: así logra campar a sus anchas la universidad privada

Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.

Las estadísticas, por primera vez, reflejan un vuelco. Una victoria de la universidad privada frente a la pública. Llevaba años gestándose, pero el curso 2023-2024 ocurrió: la primera ya tiene más estudiantes de máster que la segunda. En concreto, 1.657, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando. Los tentáculos de los centros en manos privadas son cada vez más. En número y en tamaño. Y no es porque no haya legislación al respecto, sino porque su laxitud es tal que, aunque sea con un proyecto suspenso, consiguen salir adelante. ¿Cómo? Fundamentalmente con dos herramientas: dinero y un gobierno autonómico dispuesto.

Empecemos por los números. Por explicar su poder. El dato del alumnado matriculado en máster es el que refleja mejor la situación, pero no es el único. El último documento de Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2024-2025 [disponible en este enlace] dibuja una situación que alcanza también a los grados. El curso pasado las universidades privadas tenían 300.994 matriculados, pero es que hace una década eran 166.068. Un 81% menos. En términos relativos, en ese periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%. ¿Por qué, qué ha pasado entre ambas fechas? Pues que las opciones para quienes prefieren este tipo de enseñanza superior se han multiplicado.

Actualmente hay 50 universidades públicas (47 de las cuales son presenciales) y 41 universidades privadas (35 presenciales y seis con enseñanzas online). El primer número siempre es el mismo. Desde 1998 no ha cambiado. El segundo, en cambio, sí. Sólo en el último cuarto de siglo se abrieron 25, es decir, a un ritmo de una al año. Y quedan otras tantas: Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta. Y la lista podrá seguir creciendo.

Y ahí está el quid de la cuestión, en estos últimos 25 años. Lo explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas. "Hablar de 'universidad privada' en su conjunto es arriesgado, porque no tiene nada que ver la que se abrió en el siglo XX que la que se ha abierto en este siglo XXI", señala. Distingue así las que podrían considerarse universidades privadas clásicas, que son básicamente la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra, de las que han aflorado en estas últimas dos décadas. Y que en su mayoría, por otro lado, sí tienen afán de lucro. No es lo mismo, ahonda, un centro controlado por la Iglesia —que hay más además de esas citadas— o por una fundación, que otra que tiene el frente un fondo de inversión.

Las primeras de hecho ya lo notan. Según la última memoria de la Conferencia Episcopal, el 58% de los universitarios y universitarias que estudian en universidades privadas presenciales lo hace en centros controlados por la Iglesia, un porcentaje que hace una década era del 65%. Es decir, siete puntos menos de influencia en diez años, el mismo tiempo en el que el número de estudiantes ha crecido más de un 80%. ¿A dónde han ido todos? Pues a esos nuevos centros a los que se refiere Parellada.

Quién crea qué

Junto a las empresas de negocios, los llamados fondos de capital riesgo son los que están haciendo florecer de manera tan rápida todas estas universidades. Es lo que comprueba Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente, con sus datos, que dejan una conclusión muy clara: son estos últimos los principales responsables de todos los números que las estadísticas nos han empezado ya a mostrar. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula el experto.

Pero no son estas empresas en ningún caso quienes, directamente, abren estas nuevas universidades privadas. "Ningún fondo puede directamente pedir y conseguir una autorización para una universidad nueva en ninguna comunidad autónoma. No pueden porque los requisitos que se solicitan solo los tienen instituciones educativas que ya están en funcionamiento durante muchos años", explica el inversor. De este modo, su presencia se explica de dos maneras: o bien porque quien promueve la creación del centro tiene un fondo en su accionariado o bien porque el fondo, al ver que el sector es rentable, compra la universidad después.

Ejemplos de esto último hay de sobra. CVC es dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Tan sólo unos meses antes, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Y KKR, estadounidense, será quien esté detrás a través de Medac de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía.

Cómo se autorizan esas nuevas universidades

Estará en Málaga. Y es seguro, porque la Junta de Andalucía ya le ha dado luz verde. No ha importado que tenga un informe técnico contrario a su creación porque, además, esto es algo que pasa habitualmente.

La creación de una universidad nueva no es un proceso inmediato. Y, a priori, tampoco fácil, pero esto último depende de muchas más cosas. Se observa en algunas de las memorias que recogen cómo ha sido el nacimiento de algunas de las nuevas universidades privadas que se han instalado en Madrid y que ha analizado infoLibre. Por ejemplo, la de la Universidad Internacional Villanueva, que registró su solicitud en abril de 2016 y no fue aprobada hasta marzo de 2019, tres años después. O la de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), cuyo proceso comenzó en diciembre de 2017 y finalizó en febrero de 2022.

Tanto una como otra solicitaron, y así lo recogen sus Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), los informes que deben pedir antes de constituirse. Fundamentalmente son cuatro: uno a la Secretaría General Técnica, otro a la Fundación de Conocimiento Madri+d, otro a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y otro a la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Todos estos documentos pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, el del departamento de Diana Morant relativo a la Universidad de Villanueva fue "desfavorable" porque el proyecto presentaba "dudas sobre porcentaje de doctores acreditados", "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y "falta de garantías que aseguren la financiación económica". Aun así, el proyecto puede seguir adelante. De hecho, y según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres lo hicieron así: UDIT, UTAMED y la Universidad Tecnológica de Canarias.

Juan Cayón es rector de UDIT y confirma que en su caso ocurrió así porque la Asamblea de Madrid le dio el beneplácito. Aunque explica, en todo caso, que resolvieron los problemas que se achacó a su proyecto. "Corregimos todas las deficiencias, lo que pasa es que no hubo un segundo informe positivo, directamente en ese punto obtienes el aval del parlamento", cuenta, desde el otro lado del teléfono.

La cercanía ideológica de los gobiernos autonómicos

Aquí entra el factor que, junto al dinero, Rafael Ramiro considera fundamental para abrir una universidad privada: la ayuda de los gobiernos autonómicos. Pone dos ejemplos: Madrid y Extremadura. La primera, siempre en manos del PP, es la que, con diferencia, más universidades privadas tiene y proyecta; la segunda, la que más tiene proyectadas. Pasará de no tener ninguna a tener cuatro. Y el gobierno —y poder parlamentario— en manos de la derecha lo explican.

En este sentido, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, señaló que su Ejecutivo no quiere que "el mapa de las universidades privadas" sea como el del ferrocarril, que "hace una S" al llegar a su región. A su juicio, los cuatro centros planificados complementan la oferta pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva a cabo por su parte una campaña evidente contra la universidad pública, cuya financiación ha caído en picado. Sigue siendo inferior, de hecho, a la que recibía antes de la crisis.

"Hay una clara visión política e ideológica en la proliferación de las universidades privadas", considera Parellada. Si no, aunque los informes que realiza el Ministerio de Universidades fueran no vinculantes, la comunidad en cuestión respetaría su criterio. "Está claro que el sistema no funciona. Habría que establecer otros mecanismos que garanticen una mínima calidad. En eso el consenso de la comunidad académica es absoluto", considera.

El Gobierno quiere decir "basta"

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El Gobierno ha tomado nota de ello. Tanto es así, que el pasado mes de abril el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades constituyó un grupo de trabajo para consensuar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios. Es decir, para modificar el Real Decreto 640/2021, un proceso que según confirman desde el departamento de Morant todavía sigue en marcha. Y en el que la Conferencia de Rectores, presente, pide no olvidar "cuestiones como la inversión en investigación y transferencia de conocimiento en la creación de una universidad, ni tampoco un plan de viabilidad económica".

El Real Decreto contempla, por ejemplo, la necesidad de diez títulos de grado (de distintas ramas), seis de máster y dos programas de doctorado, dedicar al menos un 5% a investigación o un docente por cada 25 estudiantes, como mínimo. Juan Cayón cree que así es suficiente. Para él, el debate público ha olvidado que la creación de una universidad privada es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución. Y suficientemente regulado, además. "Siempre se comprueba que existe lo que un proyecto dice que va a hacer, si no, te quitan la acreditación para dar formación", asegura.

Por eso él tiene clara su postura. "No importa en manos de quién esté una universidad, lo realmente relevante es si esta tiene o no calidad", señala. ¿Y cómo se mide? Pues para él, no debería ser únicamente una cuestión de labor de investigación —requisito que, señala, cumple sobre todo la pública—, sino también de empleabilidad. "¿Dónde están los estudiantes egresados años después? Eso también es un indicador importante", sentencia.

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