El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que informen sobre qué medidas piensan adoptar "para evitar sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren" y así poner fin a la "existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías".

En un comunicado, Gabilondo anuncia que ha abierto una actuación de oficio ante estas dos instituciones y les insta a actuar "para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales". El texto se centra en el viaje por avión, autobús y en coche de alquiler.

Ángel Gabilondo considera que "ante tales situaciones no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas", afirma.

Hace ya más de un año, quienes firmamos este artículo mantuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Nos recibió cordialmente, en su despacho, el día 4 de junio de 2024. Escuchó con atención, mientras le hablábamos de las torturas y abusos policiales en el Estado español, y especialmente en Euskal Herria, durante las últimas décadas. Gabilondo pertenece a una sociedad, la vasca, muy sensibilizada con el maltrato policial. Sabe muy bien lo ocurrido allí. Nos lo dijo él.

Al finalizar la entrevista, le entregamos un lápiz de memoria con abundante documentación acreditativa de la tortura, y una copia del documental Karpeta urdinak (Carpetas azules), dirigido por Ander Iriarte, en el que el prestigioso forense Francisco Etxeberria Gabilondo desvela los (casi) 6.000 casos de tortura documentados en los cuatro territorios forales, desde 1978 hasta 2014 (aunque estima que la cifra real estaría en torno a 20.000, porque muchas víctimas tienen un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir situaciones tan traumáticas).

Le pedimos que elaborase un informe extraordinario sobre la tortura y que lo presentara al Parlamento, para que los diputados valorasen la posibilidad de llevar a cabo algún acto de reparación a las víctimas. Gabilondo dudó un instante: quizá era preferible derivar nuestra petición hacia la Fiscalía de la Memoria, porque las torturas se practicaron años atrás. Lo insinuó sin mucha convicción, porque el mandato constitucional es categórico y atribuye al Defensor del Pueblo la supervisión de la actividad de las administraciones públicas para la defensa de los derechos recogidos en el Título l de la Constitución, y en especial los referidos a la integridad física y la dignidad de las personas.

Como le hicimos ver que la Fiscalía no era la vía adecuada para dar cauce a nuestra propuesta, nos pidió tiempo: necesitaba reflexionar. El verano de 2024 estaba a la vuelta de la esquina, y prometió llamarnos en septiembre. Propuso incluso celebrar una “ronda de encuentros” con el fin de buscar entre todos la mejor opción posible.

Transcurrió septiembre. Y octubre. Finalmente, en noviembre, recibimos una llamada telefónica del gabinete del Defensor. Gabilondo había cambiado de parecer: no habría más entrevistas. Deberíamos dirigirnos por escrito a la institución que preside, para dar a nuestra solicitud la tramitación reglamentaria.

Así lo hicimos. Y, con fecha 6 de febrero de 2025, le enviamos una carta instándole a que elevase al Parlamento un informe extraordinario sobre la tortura en el Estado español, para que las Cortes Generales valorasen la oportunidad de realizar un acto de reparación a las víctimas por el daño injustamente sufrido.

En nuestra carta citábamos de nuevo los informes del Instituto Vasco de Criminología sobre torturas en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra –que ya le entregamos en la reunión del 4 de junio de 2024– y le adelantábamos nuestra intención de hacerle llegar –si nos recibía personalmente– una copia del documental Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?), dirigido por Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas, que aborda la muerte por torturas de Mikel Zabalza Garate en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

El pasado 13 de marzo recibimos la respuesta del Defensor del Pueblo. En su escrito exponía que elaborar un informe extraordinario procede “cuando la gravedad o urgencia” no aconseje esperar hasta la presentación del informe con el que anualmente rinde cuentas de su gestión ante las Cortes Generales. Nada decía sobre los 20.000 presuntos casos de tortura en Euskal Herria: al parecer no tienen, a juicio de Gabilondo, gravedad suficiente como para elaborar un informe extraordinario. Se limitaba a afirmar que “lo habitual” es que el Defensor concentre sus esfuerzos en supervisar “las conductas irregulares de los poderes públicos que están aconteciendo (sic) en la actualidad”.

Además, en su escrito sugería que dirigiésemos nuestra petición a la Comisión de la Memoria Democrática encargada de investigar “las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura”. No le habíamos pedido eso. Le propusimos que presentara al Parlamento un informe sobre las torturas practicadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bien cumpliendo órdenes o con la aquiescencia de sus superiores u otras autoridades, desde 1960 hasta nuestros días. 

Finalmente, en su respuesta, Gabilondo se mostraba satisfecho porque la institución que preside ha formulado cientos de recomendaciones y sugerencias para la prevención de la tortura, a través de los informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que depende del Defensor. Lo que no dice es que esos informes del MNPT nunca han recogido denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación. Sus recomendaciones han sido para “prevenir” posibles casos futuros de tortura. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su “preocupación por la limitada difusión y aplicación efectiva” de sus recomendaciones por parte de la Administración o las autoridades penitenciarias españolas.

Más que una resolución basada en razonamientos jurídicos, la respuesta del Defensor del Pueblo es un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales. Y un desprecio añadido al daño sufrido por las víctimas. Porque lo que viene a decir el Defensor en su escrito –para quienes no estén familiarizados con la retórica del lenguaje burocrático– es que se lava las manos ante la tortura y no quiere saber nada de lo ocurrido en las cloacas del Estado, entre 1960 y 2014. Gabilondo se sitúa así junto a los negacionistas de la tortura que le precedieron en el cargo. Con el agravante de que sus antecesores no disponían de tanta información como él, que conoce bien lo sucedido en Euskal Herria. 

Antes de ser Defensor del Pueblo, Gabilondo fue catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Impartía lecciones de Metafísica, disciplina que busca comprender la naturaleza esencial de la realidad. Investigar esa escalofriante realidad de la tortura practicada durante décadas en nuestro país es a todas luces un deber moral. Más aún: es una obligación legal establecida en la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas (suscrita por el Estado español el 4 de febrero de 1985), cuyo artículo 12 dice: “Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”. Basta una mirada a los informes sobre tortura publicados por el Instituto Vasco de Criminología para saber que hay “motivos razonables” para llevar a cabo una investigación.

En este sentido, el citado Comité de Derechos Humanos de la ONU lamenta, en su último informe, que hasta la fecha “no se haya iniciado ninguna investigación en relación con los más de 5.000 testimonios documentados de personas que presuntamente fueron sometidas a torturas y malos tratos, entre 1960 y 2014, en el País Vasco y Navarra”.

No sabemos bien qué ha pretendido el Defensor del Pueblo con la carta que nos ha remitido: si intentaba sacudirse de encima una propuesta que le resultaba incómoda, o mantener el silencio con que se ha venido ocultando la práctica de la tortura en nuestro país. Tal vez no haya querido molestar a viejos compañeros del PSOE que contribuyeron con entusiasmo a sistematizar la tortura en los años de plomo de los GAL. O quizá se ha lavado las manos por miedo a que la prensa del Movimiento le dedicase algún titular, tipo: El Defensor del Pueblo también es ETA, o Gabilondo quiere romper España... Da lo mismo: no pararemos hasta que se reconozca públicamente la verdad de lo ocurrido. 

Los días 30 de septiembre y 7 de octubre vamos a celebrar, en el Teatro del Barrio –Lavapiés (Madrid)–, unas jornadas sobre la tortura con participación de personas torturadas, científicos, juristas, diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, periodistas y representantes del mundo de la cultura. Por supuesto, invitaremos al Defensor del Pueblo. Queremos abrir un debate público como paso previo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.

Es hora de que nuestra sociedad conozca la realidad de lo ocurrido durante décadas en las cloacas del Estado español, donde se ha torturado salvaje e impunemente con la connivencia de poderes públicos, fuerzas políticas, jueces, medios de comunicación y el silencio de instituciones como el Defensor del Pueblo. Las víctimas de la tortura necesitan una reparación. Un reconocimiento público del daño que han sufrido. Y que se oiga la voz honda y quebrada de su dolor.

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Jorge del Cura Antón es Premio Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, Pedro José Larraia Legarra, es defensor de los derechos humanos y Juan Ignacio Ruiz-Huerta y Sáez es exjefe del Gabinete del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación "a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia", según recoge EFE. Gabilondo ha presentado en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, y con su debate culmina la encomienda del Parlamento, transcurrido más de un año desde que lo entregó a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue", ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento "es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos".

Gabilondo ha instado al Legislativo y al Ejecutivo a implementar "cuanto antes" las recomendaciones contenidas en el informe de la institución. "Se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia", ha aseverado.

El informe se nutre de testimonios sobre los abusos sexuales y "responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo: ser escuchadas, atendidas y correspondidas", ha dicho. A través de esos testimonios recabados por la Unidad de Atención a las Víctimas ha constatado un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica: 563 fueron hombres (el 84,19 %) y 110 mujeres (el 15,61 %).

La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39 %, ha detallado Gabilondo.

Las víctimas hablan "de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, y de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia que, por extensión, muchas veces también han sufrido toda su vida por ello", ha expuesto. "Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos".

En su exposición, el Defensor del Pueblo se ha referido a la encuesta -encargada a GAD3- "para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso".

La encuesta a 8.013 personas revela, entre otras cosas, que el 11,7 % de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años; el 3,36 % manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar; el 0,6 %, que ha sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico; y en un 1,13 % la agresión se registró en el ámbito religioso.

Gabilondo ha desgranado algunas de las 24 recomendaciones que contiene el informe, que se dirigen "al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española".

Entre ellas, la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas ante el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad de la Iglesia y los poderes públicos, sobre todo entre 1970 y 2020, y la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

Otras propuestas son que la Iglesia adopte "compromisos públicos" y que se cree un órgano administrativo especial encargado de que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación, junto a diversas reformas normativas para la aclaración y reparación.

Pero también que ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento cuando lo requieran, y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Para Gabilondo se ha roto el silencio, "aunque para las víctimas resulte de una manera tardía", y ha sido posible por el esfuerzo de ellas, de los medios de comunicación y de las personas desde distintos ámbitos han acompañado a las víctimas en sus reivindicaciones.

El Defensor del Pueblo ha decidido no recurrir al Constitucional la ley de amnistía por respeto institucional a los tribunales que ya la han recurrido, pero también porque no ve razones para considerar que sea arbitraria, según informa EFE.

Este miércoles -fecha en la que termina el plazo para la presentación de recursos- el Defensor ha hecho pública su posición ante los treinta escritos recibidos las últimas semanas en los que ciudadanos y entidades le han pedido que impugne la norma.

De esta forma no interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, a la que se pueden acoger implicados en el proceso de independencia catalán, "tanto por razones institucionales como de fondo".

El Defensor del Pueblo entiende que por su posición institucional se debe apartar de los asuntos en los que ya hay intervención judicial y recuerda que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han interpuesto cuestiones de inconstitucionalidad. Y en la misma línea también ha tenido en consideración el respeto a los ciudadanos hasta ahora amnistiados por los jueces en aplicación de esta ley.

No obstante, la resolución del Defensor desarrolla algunas cuestiones de fondo sobre los conceptos de arbitrariedad e igualdad en relación con la norma y entiende que una ley orgánica aprobada con la mayoría reforzada exigida en la Constitución goza de la presunción de constitucionalidad.

Indica que el análisis de proporcionalidad encuentra motivos históricos, de derecho comparado, jurisprudenciales y conceptuales que permitirían contradecir su presunta arbitrariedad.

Y cree que "es difícil que no se encuentre alguna consideración razonable en una ley que lleva en su epígrafe que se aprueba 'para la normalización institucional, política y social en Cataluña' aun cuando haya finalidades políticas en su contexto de aprobación, como no podía ser de otra manera".

Por otra parte, el Defensor señala que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el principio de igualdad ante la ley exige tratar de forma igual situaciones de hecho iguales, pero no impide que el legislador regule de manera distinta situaciones que no lo sean, siempre que existan razones que permitan racionalmente diferenciar los supuestos de hecho conforme a criterios objetivos.

"De esta forma el legislador puede considerar que la situación de hecho de los posibles beneficiados por la amnistía, representantes populares, ciudadanos y empleados públicos, que cometieron delitos en un contexto determinado no es objetivamente igual a la de otras personas que también incumplieron las leyes sin ese vínculo con el contexto" en el que se produjo la actuación de los primeros, agrega.

Fundamenta que "la amnistía borra, extingue, el delito y la responsabilidad penal consiguiente respecto a un grupo o clase de conductas definidas que han acaecido en un determinado marco temporal legalmente tasado y vinculadas a un tipo de situación excepcional, en relación con la cual el legislador estima que existe un interés mayor que justifica esta medida".

La resolución del Defensor expone que "el silencio de la Constitución sobre la amnistía abre el juego a las interpretaciones" pero considera que "no prohíbe expresamente" la misma.

Y abunda en que "no se trata de una institución prohibida en los países de la Unión Europea, algunos de los cuales la mencionan en sus constituciones", como Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal y Grecia.

Aclara que la ley no es efectiva por mera su entrada en vigor sino por la acción de los operadores jurídicos llamados por la propia norma a interpretarla y aplicarla

El Defensor del Pueblo ha propuesto al Gobierno declarar servicios económicos de interés general la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios, así como garantizar la existencia de un cajero y oficina en núcleos poco poblados. Así se desprende del informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables que ha presentado al Congreso la institución dirigida por Ángel Gabilondo.

El organismo justifica la adopción de estas medidas en las dificultades que suponen para ciertos colectivos realizar operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener dinero en efectivo o realizar una transferencia. La oficina del Defensor ha recibido en la última década 3.475 quejas relacionadas con estos temas.

A juicio de la institución, a pesar de que la actividad bancaria es un servicio básico -potenciado por el incremento de los pagos por medios digitales- el modelo vigente de atención al cliente ha de "ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables".

Para elaborar las conclusiones y recomendaciones de este informe, el Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico desde distintos enfoques -regulación, proyectos legislativos, iniciativas de autorregulación del sector bancario- y ha examinado la operatividad de la atención bancaria y el acceso a efectivo, el servicio proporcionado a las personas con necesidades especiales, las cuentas de pago básicas, y la situación de la formación financiera y para la adaptación de los cambios tecnológicos de la población.

Así, ha identificado que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores -por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas al mantenimiento de sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades--, las personas extranjeras -por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias- y los habitantes del mundo rural y la España vacía -por el imparable cierre de sucursales bancarias-.

También se considera en riesgo de exclusión financiera a las personas con discapacidad -por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y por otros problemas vinculados a la accesibilidad universal-, y colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.

El Defensor del Pueblo considera necesario dotar a las Islas Canarias de "infraestructuras adecuadas" y de "personal especializado" en las llegadas para la identificación, acogida e integración de los niñas y niños migrantes no acompañados. Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del que ha recogido toda información Europa Press.

Al respecto, la institución indica que, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, 4.700 niñas y niños no acompañados se encontraban, al finalizar el año 2023, bajo su guarda o tutela en una red de 66 dispositivos de acogida inmediata que "ya venía soportando una gran presión". Las islas que más personas recibieron durante el año pasado fueron El Hierro y Lanzarote.

"Resulta preciso urgir la adopción de medidas complementarias urgentes que se centren en paliar la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema de protección de menores canario", subraya el Defensor en el documento. Gabilondo realizó en 2023 dos visitas a Canarias, durante las cuales acudió a centros de protección de menores y mantuvo entrevistas con todos los actores implicados. Tras ellas, a pesar de constatar que se habían producido "avances" en los últimos años, se identificaron "varios retos".

Asimismo, la institución ha recomendado la "revisión del protocolo para la derivación de personas sin documentos, cuya minoría de edad pueda resultar dudosa, al recurso adecuado". Además, recuerda que hasta que exista una norma específica reguladora de la determinación de la edad, "la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia mantiene el criterio de que si la persona interesada aporta un acta de nacimiento o un pasaporte que no han sido impugnados, no es razonable considerarla indocumentada, a efectos del citado artículo 35.3".

Por otra parte, se ha insistido en la necesidad de identificar a los menores con necesidades de protección internacional o víctimas de trata, y la de poner en marcha el mecanismo previsto en el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería para realizar convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de estos y descongestionar los servicios de protección más tensionados. La institución ha sugerido cambios legales para regular la acogida de menores en las diferentes comunidades autónomas.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha informado de la creación de un grupo de trabajo para ello. "La puesta en marcha de todas o, al menos, de algunas de las medidas aludidas permitirían descongestionar la sobreocupación de los recursos de emergencia en Canarias, identificar los perfiles más vulnerables y agilizar la inserción sociolaboral de los que alcanzan la mayoría de edad", ha añadido.

Por último, el Defensor del Pueblo ha asegurado que sigue con "especial atención" la situación y en 2024 tiene previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto.

Gabilondo también ha informado que se ha detectado un aumento en la gravedad de los conflictos escolares y advierte de que estos casos de "extrema gravedad", tanto por la conducta como por la corta edad de las víctimas y presuntos agresores, han motivado la tramitación de oficio de diversas actuaciones en el último año. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales con autores menores incoadas aquel año ascendieron a 974, lo que supone un ascenso del 45,8% respecto del ejercicio anterior, y un incremento del 116% en los últimos cinco años, siendo el porcentaje más alto el de las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años.

A ello se suma una nueva forma de violencia de género, la vinculada a las nuevas tecnologías (violencia de género digital o ciberviolencia de género). En relación con esta tipología penal, la Fiscalía señala que, aún teniendo menos incidencia entre los menores de edad, "resulta preocupante que a tempranas edades ya se exterioricen ciertos comportamientos despreciativos hacia la mujer, lo que vuelve a evidenciar déficits educacionales".

El Defensor también ha querido reforzar la postura en la que el centro escolar, como entorno de socialización central en la vida de los niños y adolescentes, "debe conformarse como un entorno protector que permita la participación, garantice el respeto y la igualdad, fomente la comunicación y la resolución pacífica de conflictos". Esta protección, a su juicio, debe reforzarse de manera especial en aquellos menores que, por cualquier circunstancia, se encuentran en contextos de riesgo de vulnerabilidad.

No obstante, el informe detecta que, según estudios realizados, hay una "importante limitación educativa" para detener el acoso escolar desde sus inicios, "probablemente relacionada con la dificultad para detectarlo o con la insuficiencia de recursos y habilidades para intervenir con quienes lo llevan a cabo tanto para el profesorado como para las familias".

"Un entorno escolar seguro, física y psicológicamente, exige adoptar protocolos preventivos, pues cuando se produce la violencia escolar, incluido el acoso, se habrá llegado tarde", apunta Gabilondo, que insiste en la necesidad de revisar la efectividad de las acciones preventivas desde una perspectiva proactiva y de género para "lograr desterrar en todos los niveles educativos las conductas de ruptura de la convivencia, especialmente las más violentas".

Para ello, apuesta por la formación del alumnado en competencias digitales para una adecuada utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la adopción de medidas que "conciencien a todo el alumnado en la evitación de estas conductas y favorezcan un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz".

La institución recibió en total 34.926 quejas ciudadanas en 2023, 3.849 más que en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.

"Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías", ha asegurado Gabilondo este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

En concreto, ha explicado que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias. Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.

Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha indicado que "es necesario introducir cambios orgánicos". El Defensor del Pueblo cree necesario introducir "cambios" organizativos y legislativos que garanticen que la prestación del IMV "llegue a todos los que la necesitan en términos de justicia social"

La institución explica que el año 2023 ha sido el tercer ejercicio completo de vigencia de la prestación que vio la luz, de urgencia, en medio de la pandemia por covid-19, en mayo del 2020. "Transcurrido este período de tiempo, con la presumible adquisición de experiencia por parte de la Administración llamada a realizar su gestión (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS), cabía esperar un progresivo descenso en el número de quejas recibidas sobre esta materia. Sin embargo, dichas quejas se han incrementado con respecto a años anteriores, aproximándose a las 1.000", subraya.

En este escenario, Gabilondo aboga por una revisión normativa en varios ámbitos. Es el caso de la conformación de las unidades de convivencia, ya que considera que la "rigidez" en la aplicación del IMV "choca con su propia finalidad" y conlleva que en algunas ocasiones se dejen de lado algunas situaciones de vulnerabilidad y se produzcan "situaciones irrazonables y hasta injustas".

El Defensor considera que existe "una pluralidad de circunstancias sociales que la ley tiene difícil poder abarcar y que requiere que los órganos llamados a gestionar la prestación dispongan de un mayor margen de interpretación y aplicación normativa". "Siempre garantizando la seguridad jurídica y la correcta gestión de los recursos públicos", apostilla.

Gabilondo también ha admitido que la institución ha recibido algunas quejas relativas a la ley de amnistía, pero ha dejado claro que no se pronunciará sobre la misma mientras no esté definitivamente aprobada, pues subraya que no puede ni debe "hacer incidencia política" durante la tramitación de una norma. ha reseñado que les han llegado quejas sobre la amnistía a los encausados por el procés y también sobre los pactos con formaciones independentistas suscritos para garantizar la investidura del presidente Pedro Sánchez.

"Sería injusto decir que algunos ciudadanos nos escriben para desahogarse", ha comentado, detallando que los autores de esas quejas expresan su "disconformidad social, política" o incluso "emocional" con esta medida de gracia. "Unos argumentan más y otros menos, pero tienen cariz político, que es muy respetable, pero nosotros no podemos dirimir sobre posiciones políticas", ha apuntado.

Eso sí, ha remarcado que a estas personas no les da un "portazo", sino que se les contesta explicándoles los motivos por los que sus quejas no pueden ser aceptadas. En cualquier caso, Gabilondo ha incidido en que la Defensoría "no puede ni debe" pronunciarse sobre una norma que aún no ha finalizado su tramitación parlamentaria, porque "no puede ni debe intervenir ni interferir en los procesos de elaboración de las leyes".

El Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas en 2022, 2.062 más que en 2021, la mayoría de ellas relacionadas con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica, según informa Europa Press.

Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

En concreto, la institución tramitó 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y dos advertencias.

Además, inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional —que se corresponden a 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas—. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos, 36.152 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.058 de una forma presencial.

Según Ángel Gabilondo, "los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario".

Asimismo, ha precisado que las quejas de los ciudadanos también se han dirigido a "que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online".

En este mismo sentido, Gabilondo ha puesto de relieve que han sido "cuantiosas" las quejas recibidas "por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES)".

"El informe que hoy presentamos a la presidenta del Congreso de los Diputados y que ha sido registrado en las Cortes Generales, hemos tratado que fuera más ágil, breve, asequible y que retrate con claridad las principales preocupaciones ciudadanas. No es una sucesión de avatares o circunstancias que conciernen a los ciudadanos, sino que cabría decir que ellos son en gran parte los protagonistas y redactores del mismo, que constituye una determinada radiografía de la sociedad española", ha subrayado.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). Se repite la situación de 2021 cuando estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición en el ranking.

El Informe anual 2022 recoge, además de los datos estadísticos, un listado con los asuntos más destacados en los que ha intervenido la institución, y la actividad por áreas de supervisión a las administraciones públicas. El informe se cierra con apuntes acerca del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y sobre la encomienda del Congreso de los Diputados a la institución, en marzo de 2022, para que creara una comisión independiente que elaborara un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Según el Defensor, actualmente los trabajos "avanzan, se siguen recogiendo testimonios y se ha comenzado a redactar el informe" cuyo estado de la cuestión pretende presentar en el Congreso de los Diputados "antes de que acabe la legislatura".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido por escrito al Defensor del Pueblo polaco, Marcin Wiacek, para interesarse por el periodista Pablo González, detenido y encarcelado en Polonia desde febrero de 2022, según informa Europa Press.

Según ha informado la institución española, Gabilondo ha solicitado colaboración a su homólogo polaco, en virtud de las relaciones de cooperación existentes entre ambas oficinas, para "tratar de obtener información acerca de la situación en la que se encuentra este ciudadano español y si se están respetando los derechos que le asisten".

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha argumentado que algunos medios de comunicación han informado de que, pese a llevar preso desde febrero de 2022, no se conoce aún cuándo se celebrará el juicio, y que las condiciones del encarcelamiento y el trato que está recibiendo en prisión Pablo González le están provocando problemas de salud, deteriorando su estado tanto físico como psíquico.

El caso de este periodista español, que ya remitió un escrito al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha sido denunciado por diversas asociaciones, sindicatos y federaciones nacionales e internacionales de periodistas —entre ellas, Reporteros sin Fronteras, Federación Internacional y Europea de Periodistas y Federación de Asociaciones de Periodistas de España— así como por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ha recordado.

La institución Defensor del Pueblo es, además de alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos constitucionales, Institución Nacional de

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aceptado el criterio del Defensor del Pueblo, expresado en un informe, y ha dictado instrucciones para que la Seguridad Social no dé de baja en el sistema a los solicitantes de protección internacional a los que se les haya denegado el asilo de manera provisional y no con una resolución definitiva, según ha informado Europa Press.

Según ha informado la institución que lidera Ángel Gabilondo, se habían recibido numerosas quejas indicando que la Tesorería General de la Seguridad Social revisa de oficio los expedientes de los solicitantes de asilo y si a estos se les niega, en primera instancia, la petición se les da de baja automática de la Seguridad Social aunque hayan recurrido su denegación de asilo y estén pendientes de una resolución firme.

Según ha explicado, esta situación se ha venido produciendo a consecuencia del retraso, de casi seis años, de la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.

Finalmente, y tras la intervención del Defensor del Pueblo, el Ministerio de Inclusión ha facilitado que las familias afectadas por esta situación, miles según el Defensor, puedan continuar residiendo, trabajando y cotizando a la Seguridad Social, a la espera de las resoluciones definitivas. La institución ha destacado, además, que esta decisión tendrá también impacto en la atención sanitaria que estas personas tienen derecho a recibir.

El Defensor ha explicado que Inclusión ya está revisando las anulaciones, salvo que se tenga conocimiento de la firmeza de la resolución denegatoria y está estimando los recursos de alzada interpuestos contra anulaciones de altas de trabajadores a los que se les denegó el asilo en su día. Del mismo modo, se están volviendo a estudiar aquellos recursos que estén pendientes de resolución en la vía contencioso-administrativa, según ha apuntado.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto conceder licencias urbanísticas especiales a los 3.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, unos 1.200 de ellos niños, que llevan más de dos años sin suministro eléctrico, según informa Europa Press.

En concreto, Gabilondo sugiere que los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid valoren facilitar títulos habilitantes urbanísticos a los residentes en los sectores 5 y 6 de este asentamiento para que puedan solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico.

Según señala el Defensor del Pueblo, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid recoge que con esa licencia especial se podrían iniciar los trámites para solicitar a la compañía suministradora la prestación del servicio, y que esta tendría que presentar a los respectivos ayuntamientos el correspondiente proyecto de despliegue de la red.

El Defensor del Pueblo considera que las diferentes administraciones, coordinadas por el Comisionado de la Cañada Real, deben adoptar "un papel más proactivo para afrontar esta emergencia humanitaria".

Según precisa, la aplicación del artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencia Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, así como el artículo 173 del Plan Urbanístico General de Rivas-Vaciamadrid contemplan la regulación de licencias de las edificaciones fuera de ordenación.

Además, añade que el rol de la Comunidad de Madrid también es "relevante" porque las edificaciones de la Cañada Real se encuentran en suelo patrimonial de la Comunidad y se necesita contar con su autorización para poder activar esta opción.

Por ello, Gabilondo reitera su llamamiento a todas las administraciones para que, "con carácter de urgencia", colaboren para que se restablezca el suministro eléctrico en la zona y para que "se acorten los plazos y se agilicen los trámites, por parte de las administraciones y de la compañía suministradora, para que la electricidad vuelva a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real lo antes posible, y desde luego, antes de que comience el invierno".

Gabilondo advierte de que la falta de luz en la Cañada Real impide a sus habitantes tener "una vida digna" y añade que "en algunos casos", esta situación "pone en riesgo la salud de muchos de ellos, especialmente personas mayores, enfermos crónicos y niños".

El Defensor del Pueblo ha hecho llegar esta resolución con las apreciaciones apuntadas al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real; a los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada; y a las consejerías de Sanidad, y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, según informa la institución en un comunicado.

La Unidad de Atención a las Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Ángel Gabilondo, ha abierto desde el pasado 7 de julio un total de 253 expedientes de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica-, de las más de 400 comunicaciones recibidas, que han dado lugar a 149 entrevistas personales el 80% de ellas son hombres, recoge Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes 28 de octubre la institución, que señala, además, que miembros de esta Unidad se desplazarán a zonas de residencia de quienes deseen ofrecer su testimonio sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, según ha informado este viernes 28 de octubre la institución.

Concretamente, señala que en el mes de noviembre tienen previsto desplazarse a Barcelona (3-9), Sevilla (17-18) y Vigo (28-29-30), tras haber acudido ya a Pamplona, Zaragoza y Toledo. Además, añade que las salidas se realizan cuando existe un número significativo de solicitudes por parte de las víctimas en una ciudad o provincia.

Las víctimas que deseen ser entrevistadas presencialmente en estas ciudades -o en cualquier otra- han de contactar con la Unidad a través del teléfono gratuito 900 111 025 o por correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es).También pueden hacerlo por correo postal (Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42. 28010).

"Hemos creído pertinente facilitar el contacto con nosotros a quienes deseen ofrecer su testimonio presencialmente y no tengan las posibilidades de trasladarse a Madrid. Por tanto, miembros de la Unidad se desplazarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, a otros puntos de España tras ser reclamados por víctimas no residentes en Madrid", explica Gabilondo.

En cualquier caso, destaca que lo que realmente les importa y preocupa, más que el número de testimonios, es escuchar a las víctimas y hacerlo con "respeto, seriedad, discreción y confidencialidad".

Por otra parte, la Comisión Asesora se ha reunido este viernes y, entre otras cosas, ha avalado los desplazamientos de la Unidad de Atención a las Víctimas y ha analizado la evolución de los trabajos que se vienen realizando.

La Comisión Asesora está formada por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia. Presidida por el Defensor del Pueblo, también participan en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.

Como ya adelantó Ángel Gabilondo el pasado 20 de junio en el Congreso, la Comisión Asesora tiene entre sus principales objetivos "determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder".

Los datos que se recojan serán fuente para elaborar un informe que se elevará al Congreso de los Diputados, a partir de la encomienda de la Cámara Baja, sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

La comisión del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en la Iglesia católica española ha recibido unos 250 testimonios de víctimas de abusos sexuales, desde la puesta en marcha de la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV), hace casi cuatro meses, según ha informado Europa Press.

"A nosotros se nos ha encargado un informe, no un juicio, así que no vamos a hacerlo a ninguna institución. Ese informe lo hacemos desde una base que es el testimonio de las víctimas y hay testimonios, a veces hay en un testimonio varias víctimas, unos 250 testimonios es lo que llevamos por ahora", ha indicado Gabilondo este martes en el Foro Justicia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Además, preguntado por un presunto caso de abusos a tres exalumnos del seminario Santa María del Mar de los maristas, por parte de un profesor que luego fue delegado de Gobierno en Murcia, publicado este martes por El País, Gabilondo ha pedido "evitar la utilización política de las víctimas".

"El hecho que se nos cuenta, lo que sí hemos de evitar es la utilización política de las víctimas, no digo que no esté bien que se diga que si tiene un cargo de máxima responsabilidad tiene que ser ejemplar en el comportamiento, yo no hago calificación o descalificación de quien hable de esto pero trabajamos mucho para que no se politice", ha precisado.

Según ha señalado Gabilondo, "las víctimas están en todos los lugares" y ha puntualizado que no descarta que la investigación de los abusos en la Iglesia se extienda en un futuro a otros ámbitos.

"Ahora mismo estamos viendo los que tienen que ver con la Iglesia y la responsabilidad de los poderes públicos pero eso no descarta que no puedan hacerse propuestas para seguir las investigaciones en otros ámbitos y contextos", ha ahondado.

Por el momento, según ha explicado, en la comisión para la investigación de abusos en la Iglesia católica española están trabajando con "serenidad, sin ruido ni alharacas" pero "intensamente" y con "ecuanimidad, alejados de toda posición prejuiciosa que quiera enmascarar o liberar resentimientos".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha precisado que emitirá una resolución global sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados cuando tenga la información solicitada a todas las comunidades autónomas, según ha informado la institución en un comunicado, según ha informado EuropaPress.

El pasado 25 de mayo la institución inició una actuación de oficio, que continúa abierta, requiriendo información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada comunidad autónoma.

También ha requerido a las administraciones, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos.

El Defensor del Pueblo ha matizado que esta actuación general "no impide que pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos".

Asimismo, ha destacado que algunas comunidades autónomas como Asturias, la Comunidad de Madrid, Extremadura y la Ciudad Autónoma de Melilla ya han hecho llegar a la institución los datos requeridos. En este sentido, fuentes de la institución han explicado a Europa Press, que en el caso de la Comunidad de Madrid se considera en "suspenso" la actuación en la medida en que tiene carácter nacional y, aunque ha recibido información de esta región, no va a emitir resolución hasta que obtenga la información requerida de todas las comunidades autónomas.

Esa documentación será estudiada conjuntamente por el Defensor del Pueblo con las del resto de las comunidades para la elaboración final de una resolución que, previsiblemente, contendrá las correspondientes recomendaciones a las administraciones competentes.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presidido este martes la reunión constitutiva de la Comisión Asesora para investigar los abusos sexuales acaecidos en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, según la encomienda del Congreso de los Diputados, y ha anunciado que la atención a las víctimas estará operativa a partir de este miércoles 6 de julio a través del teléfono gratuito 900 111 025, presencialmente o por correo (atencionvictimas@defensordelpueblo.es), según ha informado Europa Press.

La Comisión Asesora está formada por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia. Presidida por el Defensor del Pueblo, también participan en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.

Tal y como avanzó Ángel Gabilondo el pasado 20 de junio en el Congreso, la Comisión Asesora tiene entre sus principales objetivos "determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder".

Junto a la Comisión Asesora, se han creado otros dos ámbitos de actuación: un Foro de Asociaciones que será el espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas que lo deseen aporten su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo, y una Unidad de Atención a las Víctimas.

Esta Unidad está compuesta por profesionales con experiencia en este ámbito, cuya labor será atender y escuchar a las víctimas que acudan a exponer su testimonio. Este personal técnico trabajará en una oficina específica en las inmediaciones de las dependencias de la institución Defensor del Pueblo. Además, atenderá las consideraciones de la Comisión Asesora.

En esta línea, la institución ha habilitado en su web (www.defensordelpueblo.es) la sección Atención a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, con información sobre la encomienda recibida y donde se ofrecen, además, los diferentes canales donde las víctimas que lo deseen pueden trasladar sus testimonios.

Las víctimas podrán contactar con los expertos de la Unidad de Atención a las Víctimas a través del teléfono gratuito 900 111 025, o presencialmente, o por correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es) o por correo postal: Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42; Código Postal 28010.

El pasado lunes 20 de julio, el Defensor del Pueblo compareció en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar del estado de los trabajos realizados hasta ahora acerca de la encomienda recibida del Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, Gabilondo aseguró que la institución va a trabajar "con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad". No obstante, precisó que "no es un tribunal" ni se trata de llegar a elaborar una "sentencia".

Entre los expertos que compondrán la Comisión Asesora hay catedráticos como Xabier Arzoz, que también es exletrado del Tribunal Constitucional; expertos en acompañamiento a víctimas de abusos sexuales, como Juan Carlos González; y psicoterapeutas como Araceli Medrano; abogados como Julián Carlos Ríos.

Asimismo, formarán parte de la misma dos fiscales: la fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo, y la fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Vilches Fernández.

Además, aunque la Iglesia como institución ha rechazado formar parte de la Comisión Asesora, los obispos han asegurado su colaboración. Igualmente, en el grupo de expertos hay algunas personas relacionadas con la Iglesia como el coordinador del Proyecto Repara del Arzobispado de Madrid, Miguel García-Baró.

Una vez finalizado el trabajo, Ángel Gabilondo presentará el informe con las conclusiones y recomendaciones ante las Cortes Generales y al Gobierno de España a fin de que se adopten las medidas necesarias. Si bien, el Defensor del Pueblo no ha concretado ninguna fecha límite para entregar el informe porque quiere escuchar a todas las víctimas.

Un grupo de víctimas catalanas de abuso sexual en la Iglesia, entre ellas varias de las que acreditan una trayectoria de denuncia más destacada en toda España, marca distancias con la investigación del Defensor del Pueblo y constituye un lobby para exigir una "comisión de la verdad" que fuerce a la institución católica a cooperar y abrir sus archivos. La Plataforma Tolerancia 0 integra entre otros denunciantes de abusos al escritor Alejandro Palomas, al fundador de Mans Petites, Manuel Barbero, al psicólogo Miguel Hurtado y a Esther Pujol. A ellos se suma la Fundación Vicki Bernadet, nacida en 1997 para ofrecer atención a víctimas de abuso sexual a menores.

El objetivo de la nueva plataforma, que tiene previsto presentarse este jueves en Barcelona, es presionar a los partidos tras constatar que, hasta la fecha, el movimiento de víctimas no ha logrado los objetivos perseguidos ni ve garantía de una investigación a fondo. Su primera medida será presentar un informe detallando su propuesta de creación de una "Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición", que según los planes de la plataforma empezaría en Cataluña con voluntad de extenderse a toda España y que requiere de reformas legales en el Congreso para poder tener acceso a los archivos de la Iglesia.

El objetivo de la plataforma es tejer una "posición única" de las víctimas, porque la dispersión de voces va "en perjuicio" de sus fines, explica Manuel Barbero (Mans Petites), cuyo hijo sufrió abusos desde los 13 a los 15 años. Mans Petites fue la primera entidad en España en conseguir un proceso de reparación, con indemnizaciones incluidas. Barbero afirma que la iniciativa que ha aprobado el Congreso, una comisión coordinada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, está "descafeinada". "No lo vamos a apoyar", dice.

El motivo principal del rechazo es que el Defensor "no tiene poder poder coercitivo para obligar a la Iglesia a abrir los archivos" y "todo se fía a la buena voluntad" de la institución, que ya ha "interpuesto" como "interlocutor" a "un bufete de abogados", en referencia Cremades & Calvo Sotelo, explica el fundador de Mans Petites, asociación que nació en en 2016 para denunciar los casos de violencia sexual en el colegio de Maristes Les Corts de Barcelona. Barbero desconfía de este despacho legal, presidido por un miembro del Opus Dei, al que la Conferencia Episcopal ha encargado una "auditoría". "Lo que va a hacer es defender a la Iglesia y a las órdenes de la Iglesia. Mal empezamos", afirma.

En cuanto a lo anunciado por Unidas Podemos (UP), ERC y Bildu, que aseguran que al margen de lo aprobado por el Congreso tienen un acuerdo con el PSOE para una "comisión de la verdad", Barbero afirma no tener ninguna noticia. infoLibre preguntó a UP por dicho pacto, anunciado el 10 de marzo por Jaume Asens, que aseguró que el grupo morado y los dos partidos independentistas votarían sí a la propuesta del PSOE y el PNV de comisión del Defensor porque tenían un "principio de acuerdo" con los socialistas para crear una "auténtica comisión de la verdad" que obligaría a cooperar a la Iglesia. "De momento no tenemos novedades", responde UP.

Tampoco Miguel Hurtado confía en este "principio de acuerdo". "Es marketing. Lo que han acordado no es público, no está por escrito y unos y otros [PSOE por lado; UP, ERC y Bildu por otro] dicen cosas distintas [sobre el supuesto acuerdo]", explica Hurtado, que sufrió abusos en la adolescencia en el grupo scout de la Abadía de Montserrat.

Psicólogo infantil y fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse, fue uno de los representantes de las víctimas durante la comparecencia del Vaticano frente al Comité de la Infancia de Naciones Unidas en 2014. Además, es impulsor de la campaña El abuso no prescribe, que logró más de medio millón de firmas en Change.org. El informe técnico-jurídico para la creación de la "comisión de la verdad" que se presenta este jueves es de su autoría. La propuesta consiste en una "comisión estatal independiente", con un "mandato parlamentario que incluya no sólo establecer la magnitud de los abusos, sino que analice las respuestas ante este tipo de delitos por parte de las instituciones católicas", explica la Fundación Vicki Bernadet.

Hurtado explica que, durante el debate sobre la forma que adoptaría la investigación oficial sobre la pederastia en la Iglesia, facilitó tanto al PSOE como UP, ERC y Bildu un informe sobre cómo debería ser una "comisión de la verdad" similar a la realizada en países como Australia o Irlanda, pero se topó con el rechazo de los socialistas. Ahora toma ese trabajo como base de su propuesta, que incluye una metodología con sesiones privadas con las víctimas, audiencias públicas y revisión de archivos eclesiales. Además, recoge los cambios legales necesarios para que la comisión "tenga poderes coercitivos" y "obligue a cooperar a la Iglesia católica", tanto con comparecencias como con entrega de documentos, explica Hurtado. "Esto permitiría acceder a los archivos", añade. El informe detalla la posible dotación de recursos de la comisión, su estatus jurídico, forma de funcionamiento y mecanismos de reparación.

Hurtado se muestra consciente de que ahora en el Congreso "no hay mayoría a favor de una comisión de la verdad", por lo que dirige primero su propuesta al Parlament de Cataluña, donde cree que sí la hay. "En Cataluña hemos tenido la investigación del Sindic de Greuges, que no ha funcionado. Queremos que se visualice, empezando en Cataluña, que hay un modelo alternativo y si funciona bien que se pueda implantar en a nivel estatal", explica el autor de El manual del silencio, que recuerda que en Reino Unido se acabaron creando hasta tres comisiones, una para Inglaterra y Gales, otra para Escocia y otra para Irlanda del Norte.

Hurtado recalca que el compromiso político a nivel estatal es imprescindible porque las modificaciones legales necesarias para que la comisión tenga "poderes coercitivos", tanto si es autonómica como si es nacional, necesitan la mayoría del Congreso. Barbero añade: "Necesitamos al Congreso para los cambios en el Código Penal y el Código Civil". Hurtado no quiere que el Congreso sea "el perro del hortelano", que "ni apruebe una comisión estatal ni permita a las comunidades hacerlo si lo desean".

También forma parte de la plataforma Alejandro Palomas, escritor y ganador entre otros de los premios Nadal y Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Víctima a los 8 años en el colegio de La Salle Premià de Mar, su testimonio en enero contribuyó a dar un fuerte impacto social al problema. Tras hacer público su caso, fue recibido por el presidente, Pedro Sánchez. Aunque valoró favorablemente el compromiso de Sánchez y "principio de acuerdo" entre PSOE y UP, el escritor ha ido adoptando una posición más escéptica y y llegó a difundir un mensaje de Miguel Hurtado en el que advierte de que la comisión del Defensor "no tiene poderes coercitivos".

Ahora Palomas se suma a una plataforma crítica con la fórmula aprobada por el Congreso, liderada por el PSOE y el PNV pero que cosechó el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Palomas, contactado por infoLibre, prefirió reservar cualquier comentario hasta la presentación de la plataforma este jueves.

La plataforma integra también a la Fundación Vicki Bernadet, con sedes en Barcelona y Zaragoza. Beatriz Barrera, su responsable de comunicación, afirma que la fórmula del Defensor no es "ni óptima ni resolutiva" y abunda en una certeza: "El activismo y las entidades sociales no están consiguiendo los objetivos deseados". Por eso, afirma, la Plataforma Tolerancia 0 surge como un "lobby" para exigir políticas contra el abuso sexual a menores, explica.

Aunque nace vinculado al abuso sexual en la Iglesia, la fundación abarca abusos en cualquier ámbito, con la persecución de objetivos como el "alargamiento del periodo de prescripción", explica. Aunque nace con ámbito catalán, la vocación de la plataforma es extenderse y agrupar a todas las fuerzas que compartan objetivos. Manuel Barbero (Mans Petites) afirma que sus integrantes trabajan en la celebración de un congreso, todavía sin fecha, para sumar activistas, asociaciones, colegios profesionales y entidades jurídicas.

Está fuera de la Plataforma Tolerancia 0 la asociación Infancia Robada, fundada por el diputado socialista Juan Cuatrecasas, que confía en la fórmula del Defensor del Pueblo.

La investigación de los abusos sexuales en la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, propuesta por el PSOE, ha dividido a las víctimas de abusos, ya que algunas consideran que es el mejor modelo para hacer justicia y reparación, mientras que a otras les "escuece" el pasado religioso de Gabilondo, informa Europa Press.

Así, la Asociación Nacional Infancia Robada ha recibido "con mucha satisfacción" la propuesta del PSOE para que sea una comisión externa dirigida por el Defensor del Pueblo quien lidere la investigación de abusos en la Iglesia.

"Estamos de acuerdo en su conveniencia en aras a lograr eficacia y eficiencia. Creemos que es un modelo idóneo para lograr verdad, justicia, reparación y acompañamiento y para que el reconocimiento, algo tan fundamental para la, en alguna medida, sanación de las víctimas, pueda llegar por fin", ha explicado la portavoz de Infancia Robada, Ana Cuevas.

Desde la asociación consideran "muy importante" dar visibilidad a las consecuencias de estos delitos de "máxima gravedad" que afectan y afectaron a niños y niñas "en pleno proceso de forja de sus personalidades".

En cuanto a la figura de Ángel Gabilondo, Cuevas ha asegurado a Europa Press que están "de acuerdo" con que sea él quien lidere la investigación y que su pasado como religioso "no" les "incomoda" sino todo lo contrario. "Es una persona seria y totalmente respetable", ha asegurado. Además, ha comentado que en Francia la persona que se hizo cargo de la investigación era una persona muy cercana a la Iglesia.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez, pide que si es el Defensor del Pueblo quien va a investigar los abusos, sea "riguroso, serio" y ha precisado que las víctimas estarán "vigilantes".

"Llegamos tarde, el Gobierno llega tarde, nosotros también hemos llegado tarde y la Iglesia arrastra los pies, le quema, le duele mucho tocar este tema. Entonces, que sea el Defensor del Pueblo..., a ver, nosotros lo que pedimos es que sea riguroso, serio, de verdad", ha indicado José Luis Pérez en declaraciones a Europa Press.

En la Iglesia, según ha precisado, no confían porque consideran que "lo que no han hecho toda una vida, lo vayan a hacer ahora cuando llevan años encubriendo hechos y archivos".

Sobre el hecho de que quien lidere la investigación, Ángel Gabilondo, tenga un pasado como religioso, Pérez señala que les "escuece un poco". Por ello, espera "que si tiene que ser, que sea lo más claro posible, que haya la mayor transparencia posible".

"No estamos dispuestos a que se nos vuelvan a reír en la cara como hasta ahora ha hecho la Iglesia", ha declarado, añadiendo que todavía "hay mucho dolor oculto dentro de cada casa".

Asimismo, el primer denunciante de abusos en Montserrat, Miguel Hurtado, considera que hay "una percepción clara de conflicto de intereses" ya que Gabilondo fue religioso en los años 70 en un colegio "durante el periodo en que otros religiosos del centro cometieron abusos".

"Hay una percepción clara de conflicto de intereses que deslegitimará las conclusiones. En Europa sería suficiente para que no se le designara como investigador", ha opinado Hurtado.

Por su parte, Ángel Gabilondo ha declarado que no tuvo conocimiento de ningún caso de abusos sexuales en el colegio en el que estuvo impartiendo clases cuando pertenecía a la congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón, y se ha mostrado partidario de realizar una investigación de los casos de abusos a menores en la Iglesia.

"Yo no tuve conocimiento de ningún caso de abusos sexuales en el colegio en el que estuve impartiendo clase. De haberlos conocido los hubiera denunciado", ha afirmado Gabilondo en declaraciones a Europa Press. Además, ha añadido: "Estoy y he estado siempre a favor de que se investiguen los abusos a menores y de que se diriman responsabilidades".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid solicitando información acerca de la situación de las diez menores liberadas en el marco de una operación policial contra la explotación de menores con fines sexuales y de tráfico de drogas en la región, conocida ayer, informa Europa Press.

Según informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación, varias de estas menores se encuentran o han estado acogidas en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid.

Gabilondo quiere verificar esta información y conocer los protocolos específicos para la detección precoz de casos de abuso, explotación o trata de menores que se aplican en los centros de protección madrileños. Además, se ha interesado por las actuaciones y medidas previstas para mejorar la atención a menores susceptibles de explotación, tanto en los centros o pisos residenciales como fuera de los mismos.

El Defensor recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoge expresamente la obligación de las administraciones de protección a la infancia de contar con protocolos de prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos cuando las víctimas son menores sujetas a medidas protectoras y que residan en centros de su responsabilidad.

No es la primera vez que la Institución inicia actuaciones de oficio tras tener conocimiento de hechos de esta naturaleza en alguna otra comunidad autónoma, como, por ejemplo, Islas Baleares.

Ángel Gabilondo considera oportuno hacer seguimiento de las medidas preventivas y de detección e intervención precoz diseñadas por la Administración "para evitar y hacer frente a casos de explotación sexual de menores que se encuentran al amparo de medidas de protección".

Además, el Defensor del Pueblo va a iniciar también acciones dirigidas a la Dirección General de la Policía para interesarse por el alcance de la investigación iniciada y de las medidas adoptadas para garantizar la integridad y la seguridad de las menores víctimas y sus familias.

El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para que el exministro y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el próximo Defensor del Pueblo, un órgano que lleva pendiente de renovación desde julio de 2017, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación. Este pacto se enmarca en las conversaciones que están desarrollando PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales. Aparte del Defensor del Pueblo, esperan llegar a un acuerdo en las próximas horas sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

La diputada del PP Teresa Jiménez Becerril será la adjunta al Defensor del Pueblo, según han adelantado a Europa Press fuentes conservadoras. Hermana del concejal sevillano asesinado por la banda terrorista ETA, es diputada del Grupo Popular desde 2019 y ocupó en el pasado un escaño por el Partido Popular el Parlamento Europeo.

El primer nombre que ha trascendido de ese acuerdo es el de Gabilondo (San Sebastián, 1949), que dejó la primera línea política tras el batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, en las que la candidatura que encabezaba cosechó el peor resultado histórico de los socialistas en esta Comunidad.

Cuando la presidenta madrileña anunció el pasado mes de marzo el adelanto electoral, el PSOE optó por mantener a Gabilondo como candidato, a pesar de que se llevaba meses hablando de él como próximo Defensor del Pueblo, y prácticamente se tenía asumida su marcha de la Asamblea en un futuro próximo.

No obstante, la inesperada convocatoria, dos años antes de lo previsto, y desencadenada por la fallida moción de censura de Murcia, pilló al PSOE desprevenido y sin otro candidato claro. Tampoco había visos de poder alcanzar pronto un acuerdo con el PP para renovar este órgano constitucional, tras frustrarse una vez más la negociación para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y meses de desencuentros.

Por ello, los socialistas decidieron apostar por el perfil "soso, serio y formal" de Gabilondo, en contraposición al estilo "trumpista" con el que definieron a la candidata del PP. Sin embargo, esa estrategia, diseñada directamente en Moncloa, no funcionó, y Díaz Ayuso se hizo con la victoria.

La dirección socialista decidió entonces no culpabilizar a los asesores del presidente Pedro Sánchez pero, dos meses después, el que fuera director de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Ivan Redondo, sí fue uno de los caídos en la intensa crisis de Gobierno que acometió el jefe del Ejecutivo a mediados de julio.

La trayectoria de Gabilondo

Ahora, casi medio año después, y con Gabilondo ya al margen de la política, los socialistas han decidido volver a ofrecerle el puesto, lo que de algún modo resarciría la salida que tuvo el exministro de la política en mayo, cuando fue el único, junto al líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que dimitió por los malos resultados de las elecciones.

La carrera política de Gabilondo empezó en 2009, de la mano del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió nombrar al entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) nuevo ministro de Educación. El catedrático de Filosofía también era en ese momento presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Tras su paso por el Gobierno -que acabó en 2011 con la llegada del PP a Moncloa-, Gabilondo decidió seguir vinculado al PSOE y a la política y, en las autonómicas de 2015, se convirtió en el candidato a presidir la Comunidad de Madrid.

En aquella ocasión logró superar ligeramente los resultados de su predecesor, Tomás Gómez, pero quedó tras el PP, sin posibilidad de gobernar. No obstante, en 2019 decidió repetir como candidato y en esa cita sí se hizo con la victoria -que el PSOE no alcanzaba desde el 87-, aunque no logró los suficientes apoyos para gobernar.

Tras otros dos años como líder de la oposición -muy cuestionado durante la pandemia-, se daba ya por hecho su salto a la Defensoría del Pueblo, si bien el adelanto electoral de Díaz Ayuso llegó antes que el acuerdo que, ahora sí, el PSOE y el PP han sellado para renovar esa institución, que lleva desde 2017 en funciones.

El candidatura de Gabilondo para defensor del Pueblo, que ahora ha aceptado el PP, fue criticada por Díaz Ayuso durante la campaña madrileña. Entonces aseguró que, si de ella dependía, el exministro no sería Defensor del Pueblo. No obstante, dos meses después rectificó y aseguró que no sería un mal candidato para este puesto.

Antes de entrar en política en 2009, Gabilondo había desarrollado su carrera en la Universidad Autónoma, de la que se acabó convirtiendo en rector. Allí estudió Filosofía y Letras y, tras licenciarse en 1980, se doctoró en 1983, con una tesis sobre Hegel, titulada El concepto como experiencia y sistema, para lo que residió en Bremen y en Bochum. Después fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras durante los años 1989-1992. En 2001 se convirtió en catedrático, y en 2002 fue elegido rector.

Jiménez Becerril, muy crítica con la política de acercamiento de presos de ETA

Por su parte, Jiménez Becerril ha sido muy crítica con la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha censurado sus acuerdos con Bildu. De hecho, este mismo jueves censuró las declaraciones del coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, por vincular presos y Presupuestos. "Aquí Otegi deja bien claro, que los presos son suyos, porque son de ETA, como él. Por si alguien tenía dudas", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Con la marcha de Jiménez Becerril a la institución del Defensor del Pueblo, a propuesta del PP, regresará al Congreso de los Diputados el sevillano Ricardo Tarno, que fue ya diputado nacional por el Grupo Popular desde 2008 hasta 2016.

Bolaños y García Egea pilotan las conversaciones 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, están pilotando las negociaciones para renovar los órganos constitucionales que, según admiten las fuentes consultadas, están "encauzadas" porque hay "voluntad de acuerdo" por ambas partes.

La "buena sintonía" entre Bolaños y García Egea ha ayudado a encarrilar la negociación para renovar estos órganos, algunos de los cuáles incluso llevaban años con mandato caducado. El órgano que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017.

En el caso del TC, el mandato de un tercio de sus miembros -los cuatro que corresponde elegir al Congreso- concluyó en noviembre de 2019. Por su parte, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas terminaron en julio su mandato de nueve años y en el caso de la Agencia de Protección de Datos, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de este órgano y su adjunto.

No busco afear el gesto por la preocupación, que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid por el candidato socialista Ángel Gabilondo, tras su ingreso hospitalario. De hecho, esa  actitud respetuosa y empática es la que nos habría gustado ver a muchos madrileños durante este periodo electoral y, si nos apura, a lo largo de estos dos años de legislatura.

Lo que sí hay que poner en solfa  es la postura de los periodistas… o mejor dicho, militantes en los medios de comunicación, que han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, para no perder la oportunidad de arremeter contra Sánchez, ensalzando las bondades de esta "emperatriz de las terrazas de Lavapiés", de todos los barrios y casi de la totalidad de la Comunidad. Y denunciar la ausencia, el abandono y por qué no la omisión de socorro del presidente del Gobierno.

Sin duda, este amable gesto, lo que parece es la continuidad de una estrategia electoral, donde doña Isabel Díaz Ayuso -aludiendo al famoso chotis- "va a lucirse y a ver la verbena", que se crea a su alrededor, y a seguir sumando fotos a su álbum de gira por los hospitales de Madrid, tan precarizados en esta comunidad, que casi se trata a los pacientes con "agua, azucarillos y aguardiente".

Quizás, cuando el personal le comentó que no se podían hacer visitas y que tenía que marcharse, ella les respondió con esa gracia de chulapa… "y si a mí no me diera la gana", como comenta le dijo al Ministerio de Sanidad, cuando le recomendaron cerrar la comunidad por el alto índice de enfermos de COVI ingresados en las UCI hospitalarias.

El mal de Gabilondo ha resultado ser una pequeña arritmia cardíaca, entre otras cosas supuestamente provocada  por una campaña, donde Ayuso, al igual que alguna otra candidata, claramente ha optado por una estrategia de confrontación, vacía en contenido y bastante bronca, y que don Ángel, siguiendo con la canción, “va a tener que gastarse en botica, lo que ella le ha hecho a él padecer“

Conociéndola, quizás después del espectáculo y, tras concederle el alta, tal vez concierto retintín lo invite a tomar unas cañas y un aperitivo chipén.

Pensemos en  el ingreso de un enfermo imaginado (que no imaginario), víctima de acoso político, mediático y físico, al que la señora presidenta comparó  con un diablo, pues literalmente lo llamó "hijo del mal". ¿Cuál habría sido el comportamiento de la señora Ayuso?

Quiero pensar que al menos le hubiera deseado una pronta recuperación sin acompañarlo con esos “peros“que iban a renglón seguido de su condena a las amenazas con munición.

Aún con todo, tengamos en cuenta que las visitas están  restringidas a los familiares de las personas ingresadas en los hospitales y que estas prerrogativas deberían concederse antes a un allegado que a un cargo público.

Recordemos a  los medios de comunicación que ya no estamos en campaña electoral que, por otro lado, se relajen los discursos  polarizados y que la clase política tenga, continuando con el chotis, "vergüenza, pundonor y lo que hay que tener".

PD: siento si no todo el mundo pilla las alusiones musicales, soy un millennial, conocedor de referencias castizas y zarzueleras, propias de este nuestro Madrid. ¡Gracias, abuela Rosa!

Carlos Fernández Rodríguez es socio de infoLibre

El batacazo electoral de los socialistas en Madrid ya se ha cobrado su primera víctima política. El secretario general del PSOE PSOEen Madrid, José Manuel Franco, dimitió en la tarde del jueves de su cargo tras la debacle del PSM en las elecciones del 4M. La federación madrileña perdió 13 escaños, pasando de los 37 de 2019 a 24 y siendo superada, en porcentaje de votos, por Más Madrid. La noticia se conoció al mismo tiempo que Pedro Sánchez reunía a su ejecutiva en una reunión telemática que él presidió desde la sede de Ferraz. Transcurrida la Ejecutiva, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, informaba de que el candidato, Ángel Gabilondo, no recogería su acta de diputado. "Me sabe mal que alguien pensara que no iba a estar a la altura de las circunstancias actuales", subrayó.

Un día antes, se había reunido la ejecutiva de los socialistas madrileños y fueron varias la voces que pidieron el cese de la dirección y la convocatoria de un congreso extraordinario. La infomación fue adelantada por la cadena Ser y confirmada por infoLibre en fuentes socialistas. Las voces para esta asunción de responsabilidades no sólo partireron del seno del propio PSM. Desde la Moncloa y desde Ferraz también había empezado a trasladarse la idea de que era el partido en Madrid el que debían rendir cuentas.

En un comunicado, el PSM enmcarca la dimisión de Franco en el hecho de "asumir la responsabilidad del pésimo resultado electoral el pasado 4 de mayo".

"La salida del máximo responsable de los socialistas madrileños también supone que no se utilice el mal resultado en los comicios de la Comunidad de Madrid para atacar al Partido Socialista y al Gobierno de España", puede leerse en el texto.

El partido quedará en manos de una gestora hasta la celebración del Comité Regional, prevista para finales de año. La decisión se conoció al mismo tiempo que Sánchez presidía la Ejecutiva, convocada para este jueves a las 17:00. Ángel Gabilondo, el candidato, también estaba en el punto de mira de muchos de sus compañeros. 

La reunión de la cúpula de los socialistas madrileños de la tarde del miércoles culminó con un comunicado en el que se emplaza a una nueva reunión la próxima semana "para continuar avanzando" en el tiempo que resta hasta el congreso regional, previsto, en principio, para finales de año.

"Es imprescindible tener un diagnóstico preciso de cuáles han sido los motivos de esta pérdida de apoyo en las urnas y empezar a trabajar de inmediato y sin descanso para volver a recuperarla", puede leerse en el texto.

"Responsabilidades compartidas"

El PSM admite que el resultado ha sido malísimo, sin matices. Pero el grueso de las fuentes consultadas por infoLibre apuntan a que no deber perderse de vista la Moncloa ha tenido un papel "más que protagonista" en la campaña, llegando al punto de haber elaborado las listas electorales. Son dicen, "responsabilidades compartidas".