España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y quien fue detenido en Málaga por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado en 2024 el exjefe policial de la UDEF en Madrid.

Según informan a EFE fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado ha adoptado esta decisión tras interrogar a Francisco de Borbón von Hardenberg, a quien investiga por un presunto delito de blanqueo en relación con esta causa, en la que se descubrió que el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar S.G., ocultaba emparedados más de 20 millones de euros.

A Francisco de Borbón von Hardenberg se le atribuye un presunto blanqueo de los beneficios de la organización de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas, en el marco de una pieza separada de esta investigación, vinculada a una comisión rogatoria a Panamá, y de la que acaba de levantarse el secreto.

Junto a Francisco de Borbón, otras tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional y dos de ellos han pasado también este miércoles a disposición judicial. Según las fuentes, el juez De Jorge ha acordado libertad con fianza para ambos: de 60.000 euros para uno de ellos, dedicado al sector de la joyería y a quien las autoridades le habían intervenido cerca de 100 relojes Rolex sin justificar, y de 20.000 euros para la otra arrestada.

El magistrado ha impuesto a los tres investigados que han comparecido este miércoles la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales.

Tras sus respectivas comparecencias, la Fiscalía Antidroga había solicitado al juez que les pusiera en libertad bajo fianza y le había pedido que les diese un plazo de 72 horas para depositarlas una vez ya en libertad -de lo contrario deberían entrar en prisión.

En su declaración ante el juez, Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla -ya fallecido-, ha estado asistido por una abogada del despacho Cremades y ha negado la acusación de blanqueo, a la vez que ha explicado que él se dedica a buscar inversiones, en línea con lo que ha declarado durante su detención en dependencias policiales.

El joyero, por su parte, ha indicado que él se dedica a negocios de joyería, y el juez le ha ido preguntando por determinadas joyas.

Los tres detenidos han sido conducidos por la Policía esta mañana a la Audiencia Nacional, donde han permanecido en calabozos a ser llevados ante el juez.

Esta causa se instruye desde noviembre de 2024 cuando se produjo la detención del ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar S.G. a raíz de una operación en la que se produjo la intervención en octubre de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en Algeciras.

Según los investigadores, el exjefe de la UDEF daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada de droga que facilitaba a la organización.

La búsqueda culmina en una prisión federal de la Florida, pero la justicia estadounidense toma un camino inesperado: Carmelo ha recuperado su libertad antes de tiempo.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Mientras el dinero corrupto se mueve por los hubs financieros globales, en 2017 Venezuela está en llamas. Decenas de miles de manifestantes toman las calles para oponerse a la corrupción, el autoritarismo y la crisis humanitaria. Con brutalidad, las marchas son reprimidas. Este episodio recoge los testimonios de algunas víctimas de las protestas que marcaron un pico muy alto de la deriva autoritaria de Venezuela.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Carmelo Urdaneta y un grupo de asesores financieros se reúnen en Madrid. Entre todos, diseñan una fina ingeniería para lavar el dinero saqueado sin ser detectados. La conversación está siendo grabada por un informante. Ese audio ofrecerá el raro privilegio de conocer cómo lavan la plata los lavadores.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Un equipo de reporteros viaja por Miami y Madrid para desandar los pasos del lavado de dinero. Mientras recorre propiedades de lujo, Laura explica la filigrana del caso Money Flight, una operación en la que se drenaron más de mil millones de dólares en Venezuela. 

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

La periodista Laura Weffer busca en Florida el rastro de Carmelo Urdaneta, un ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) involucrado en una trama corrupta. Al mismo tiempo, la historia retrocede al origen del desastre. Es el momento en que Hugo Chávez se enfrenta a la élite de la industria petrolera de su país.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Desde que hace más de un siglo se empezaron a perforar los yacimientos en las orillas del lago Maracaibo, el petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición para Venezuela. El oro negro alimentó bonanzas y crisis. Impulsó el surgimiento de una clase media urbana y luego, también, la formación de una élite que saqueó la riqueza petrolera de la nación y amasó miles de millones mientras el resto del país se hundía en la pobreza.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha ocultado que la sed de petróleo impulsó la controvertida captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de su Administración. Con Maduro fuera y Trump tomando las decisiones, las reglas del petróleo venezolano se están reescribiendo una vez más y la pregunta, como siempre, es quién se beneficiará.

Mientras el mundo aguarda para conocer los planes de Trump y el nuevo régimen venezolano con las abundantes reservas de oro negro del país, OCCRP presenta un análisis a profundidad de la corrupción que desfiguró el sector petrolero en el pasado reciente con el lanzamiento de un nuevo podcast: Cuello Blanco, Manos Sucias.

Este podcast investigativo realizado por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer mientras rastrea a Carmelo Urdaneta, un exfuncionario del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que se encuentra en el centro de una conspiración para lavar miles de millones de dólares.

A lo largo de cinco episodios, el podcast revela cómo entre 2014 y 2018 un círculo de personas con información privilegiada saqueó millones de dólares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y los gastó en propiedades inmobiliarias, yates y otros bienes de lujo.

Como parte de la investigación, los periodistas obtuvieron un audio secreto en el que se revelan con extraordinario detalle los mecanismos del lavado de dinero: sin saber que estaban siendo grabados, se puede escuchar a un grupo de financieros discutiendo con precisión cómo planean mover dinero sucio sin llamar la atención de bancos.

Detrás de estas artimañas financieras se esconde un inmenso sufrimiento personal. La serie también rastrea el costo humano de esta corrupción, incluyendo el exilio de Laura y las voces de venezolanos que luchaban contra una grave crisis económica mientras que los petrodólares saqueados eran blanqueados por especialistas en el extranjero.

La producción original de este podcast es en español. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, OCCRP lo pone a disposición de un público más amplio y reprodujo la serie usando un traductor de inteligencia artificial. infoLibre ofrece en España la serie de los cinco capítulos en español.

La Policía alemana registró este miércoles las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.

La Fiscalía de Fráncfort informó de que se acusa a responsables y empleados desconocidos, anteriormente informó de ello el semanario Spiegel. Un portavoz de Deutsche Bank confirmó a EFE el registro de las oficinas de Deutsche Bank y dijo que cooperan completamente con la Fiscalía.

"Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort", según el portavoz del banco alemán, que rehusó dar más información.

Las acciones de Deutsche Bank caían un 3%, hasta 32,48 euros, en la Bolsa de Fráncfort, tras la noticia de la investigación de la Fiscalía y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt).

En concreto, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales del Deutsche Bank con empresas extranjeras de las que se sospecha que han sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, según Spiegel. Abramovic está desde primavera de 2022 en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de la 10 de la mañana para incautarse de pruebas, añade el semanario.

Se sabe poco sobre el líder de la extrema derecha turca, Devlet Bahçeli, de 77 años. Solo se conoce su pasión por los trajes a medida, los coches de época y los vehículos de lujo en los que suele aparecer, a veces acompañado de canciones empalagosas que, para los observadores de la política turca, podrían esconder un posible mensaje oculto.

También se sabe que en 1978 tenía un Renault blanco. Turquía era entonces un país al borde de la guerra civil, desgarrado por la violencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Su coche, prestado a unos amigos, habría sido interceptado por la policía en Ankara, donde era profesor universitario, con armas de guerra en el maletero. Como él no conducía y contaba con la simpatía ideológica de las fuerzas del orden, no se le molestó.

Líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP) desde 1997, Devlet Bahçeli es desde 2017 un aliado indispensable del presidente islamo-nacionalista Recep Tayyip Erdoğan. El presidente cuenta con la base electoral del MHP (alrededor del 8% de los votos), pero también con su influencia dentro de la burocracia estatal, en particular en las fuerzas de seguridad, gracias a una estrategia de entrismo desarrollada desde hace más de cuarenta años.

Desde esa alianza, en las ceremonias de entrega de diplomas de las academias de policía está muy presente el signo de los lobos grises. Se hace juntando tres dedos, con el índice y el meñique levantados en el aire para dibujar un lobo, animal totémico de la extrema derecha turca y apodo de sus grupos paramilitares de los años 70. El juramento pronunciado por las fuerzas especiales del ejército y de la policía es el llamado juramento “de los idealistas”, como se autodenominan los fascistas turcos.

A pesar de ciertas tensiones y desacuerdos, Devlet Bahçeli parece decidido a seguir a Erdoğan en su deriva autoritaria. Un autoritarismo que va acompañado de otra deriva, de naturaleza mafiosa. La alianza entre la espada fascista y el hisopo islamista ha reactivado un tríptico venenoso que une a la extrema derecha, el crimen organizado y los servicios de seguridad, que ya había marcado a la Turquía de los años noventa. Una serie de casos lo ilustran.

Desde el momento en que se selló la alianza, Devlet Bahçeli solicitó y obtuvo la liberación de varios grandes capos “idealistas”. Así ocurrió con Kürşat Yılmaz y Sedat Şahin, temibles jefes de banda que inmediatamente fueron a dar las gracias a Bahçeli al salir de prisión. Desde entonces acuden a visitarle cada poco, según puede observarse por las fotografías que publica el partido. Uno de los mafiosos más famosos del país, Alaatin Çakıcı, también fue liberado en 2020 por insistencia del líder del MHP.

Çakıcı, cuyo padre y un tío murieron en los enfrentamientos con los comunistas turcos en 1980, también puede presumir de antiguos vínculos con los servicios de inteligencia. Así, cuando fue detenido en Francia en 1998, en un casino de Niza, llevaba consigo un auténtico pasaporte diplomático turco expedido a nombre falso. Y Çakıcı está agradecido.

Cuando, en otoño de 2024, el famoso predicador rigorista “Cübelli” Ahmet Hoca criticó públicamente las sorprendentes declaraciones de Devlet Bahçeli con vistas al inicio de las negociaciones de paz con la guerrilla kurda del PKK, Çakıcı le hizo una visita acompañado de cámaras. El predicador, que le besó la mano en señal de sumisión, se suma inmediatamente a su opinión.

El padrino tampoco se priva de amenazar a los líderes de la oposición, ni de aparecer en público con el asesino de Hrant Dink, un famoso periodista armenio de origen turco asesinado en 2007 a su salida de prisión.

La connivencia entre la extrema derecha y los círculos mafiosos se refleja en el tráfico de drogas. Si el tránsito de heroína desde Afganistán hacia Europa llenó los bolsillos de los “idealistas” en la década de 1990, ahora su nuevo El Dorado es la cocaína.

La droga adquirida por estos grupos, procedente de Sudamérica, se transporta en cargueros a Europa, donde se lanza al mar Mediterráneo y es recuperada por otros, o bien llega directamente a Turquía, en particular a través del puerto de Mersin, desde donde se distribuye a Rusia o a los países del Golfo e Israel, vendiéndose a los precios más altos del mercado mundial.

Como muestra de impunidad, esos vínculos ocultos se muestran a veces a la luz pública, en particular en una serie de vídeos en los que hombres armados hablan en español y reivindican su pertenencia al grupo de Ismael Zambada García, cofundador del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, y detenido en 2024 por las autoridades estadounidenses. Se graban escuchando canciones fascistas turcas para saludar a sus compañeros, que les responden en un español aproximado desde Turquía y las montañas del noroeste de Siria, donde numerosos voluntarios de extrema derecha luchaban junto a grupos turcomanos apoyados por Ankara.

El 18 de julio fue detenido en la frontera entre Bulgaria y Turquía un vehículo con matrícula diplomática. En su interior, la policía búlgara descubrió 206 kilos de cocaína, con un valor de mercado de 20 millones de euros. Curiosamente, algunos de los paquetes en los que se encontraba la droga tenían impresas tres medias lunas rojas, emblema del MHP, que inmediatamente denunció una “conspiración”, alegando que “todos los partidos tienen ovejas negras que se aprovechan de su afiliación para fines personales”.

El estado de salud de Devlet Bahçeli, hospitalizado y ausente durante varios meses de la escena pública a principios de año, también genera tensiones dentro del partido, en vistas de su posible sucesión. En los últimos meses, la lucha por el poder ha dado lugar a varios altercados físicos e incluso a heridos por armas de fuego. Así lo informa un periodista turco en el exilio, gran conocedor del entorno, que precisa que cada bando se apoyaría, para sus acciones contundentes, en la ayuda de diferentes clanes mafiosos.

Ya en 2022, el asesinato de Sinan Ateş, expresidente de Ülkü Ocakları, los “Hogares idealistas”, una especie de rama juvenil del MHP, había puesto de manifiesto la violencia de la lucha interna por el poder y los vínculos entre la extrema derecha, la mafia y los servicios de seguridad, así como el mal funcionamiento de la justicia turca. Debido a desacuerdos ideológicos y personales, Sinan Ateş había sido apartado por la dirección de Ülkü Ocakları y luego sería ser asesinado a tiros en una calle de Ankara.

En junio de 2025, el tribunal de apelación de Ankara desestimó el recurso interpuesto por veinte personas condenadas en este caso a duras penas de prisión. Entre ellas el asesino de Ateş, un traficante de drogas que había sido trasladado a Ankara por policías de las fuerzas especiales, también condenados. El autor intelectual, identificado y condenado por la justicia turca, es también un traficante de drogas, buscado oficialmente por tráfico, robo, proxenetismo agravado y por un asesinato en 2013. Había abierto fuego contra militantes de izquierdas durante una manifestación contra el tráfico de drogas en el barrio de Maltepe, en Estambul, y había matado a uno de ellos.

Pero la familia de Sinan Ateş, a pesar de las amenazas, sigue afirmando que los verdaderos autores intelectuales hay que buscarlos entre los actuales dirigentes de los Hogares Idealistas y en las filas del MHP en la Asamblea.

En otra vertiente del caso, aún abierto, la justicia turca decidió, el 4 de octubre, unir la instrucción de dos expedientes relativos a personas sospechosas de haber informado a los asesinos y servido de intermediarios entre los diferentes actores del caso. Fueron detenidas dos personas y posteriormente puestas en libertad provisional: un policía, Mustafa Ensar Aykal, exdirector de la oficina de homicidios de Ankara, y un abogado, Serdar Ökten, candidato a las elecciones legislativas en la lista del MHP para Estambul en 2023.

El destino de este último es revelador. Serdar Ökten, que durante sus comparecencias había declarado sufrir problemas de memoria debido al covid, fue hospitalizado durante su detención. Recibió la visita en el hospital del líder de los “idealistas”, Ahmet Yiğit Yıldırım, acusado por Ayşe Ateş, la viuda de Sinan Ateş, de ser uno de los principales instigadores de su asesinato. Este hombre fue fotografiado hablando con los guardias de prisiones responsables del detenido.

“Serdar Ökten es una figura clave en este caso, uno de los que más temen que empiece a hablar”, advirtió a principios de año la señora Ateş. Recientemente había publicado mensajes en las redes sociales que daban a entender que tenía cosas que contar. Quienes temían que hablara ya no tienen nada de qué preocuparse. En la tarde del 5 de octubre, el abogado, atrapado al volante de su vehículo en los atascos de Estambul, fue tiroteado por varias personas, muriendo en el acto.

El pacto fáustico forjado entre el AKP de Erdoğan y el MHP, a pesar de la proximidad que este último reivindica con el crimen organizado, se produce en un contexto de abundancia de casos de corrupción que afectan a personas cercanas al poder.

El país se ha convertido en un centro neurálgico para el blanqueo de dinero ilícito de delincuentes turcos, pero también extranjeros. El blanqueo a través de los juegos de azar es un método probado y muy rentable, tanto a través de plataformas en línea como físicamente, en los casinos del norte de Chipre, donde proliferan las casas de juego prohibidas en Turquía. La parte norte de la isla es turcoparlante y está ocupada militarmente por Ankara desde 1974.

Apodado el “rey de los casinos” del norte de Chipre, Halil Falyalı fue asesinado allí en 2022 después de que un famoso mafioso de extrema derecha que iba por libre, Sedat Peker, le acusara públicamente, desde su exilio, de blanquear cientos de millones de euros para el crimen organizado y de financiar a numerosos políticos del AKP, el partido de Erdoğan, así como a Ersin Tatar, el presidente pro-Erdoğan y pro-MHP de la República Turca del Norte de Chipre.

Afectado por el covid, el presidente de Chipre del Norte no pudo asistir al funeral casi nacional del rey de los casinos, cuyo ataúd estaba cubierto por las banderas turca y turcochipriota. Demasiado visiblemente sometido al poder turco, Ersin Tatar fue derrotado en las urnas el 19 de octubre. El resultado no gustó a Devlet Bahçeli, que se negó a reconocerlo y pidió en vano que se declarara la anexión del norte de Chipre a Turquía.

Otro hombre que no asistió al funeral del empresario fue Cemil Önal, que se presentaba como su contable y había huido a Europa tras la muerte de su jefe. Detenido por la policía en Países Bajos, en virtud de una orden de Interpol solicitada por Turquía, finalmente fue puesto en libertad sin ser extraditado, tras las revelaciones que hizo a las autoridades neerlandesas. En prisión, fue entrevistado durante veinte horas por el consorcio de periodismo de investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Liberado en abril, prometió a la prensa turcochipriota hacer declaraciones impactantes, una lista de nombres de políticos turcos que, según él, habían sido financiados por Falyalı con 15 millones de euros al mes. También habló de la existencia de grabaciones de vídeo realizadas por su antiguo jefe en hoteles de lujo de Chipre, que habría utilizado en su momento para chantajear a burócratas y políticos turcos, vídeos que los servicios secretos turcos, el MIT, estarían tratando de recuperar.

Mientras esperaba la visita de diputados de la oposición turca que habían acudido a escuchar sus declaraciones, fue asesinado el 2 de mayo en la terraza de la cafetería de un hotel de la ciudad holandesa de Ryswick. Sus asesinos, que según los testigos hablaban turco, siguen en libertad.

El Global Organized Crime Index es un organismo internacional financiado por Estados Unidos y la Unión Europea, encargado de medir el alcance de la delincuencia organizada en el mundo. En su informe de 2025, situaba a Turquía en el décimo puesto de los 193 países estudiados (Francia ocupa el puesto 56). El informe destaca en particular la pasividad y la complicidad de las autoridades en relación con el tráfico de drogas y de seres humanos. También advierte sobre el blanqueo de capitales, “en el que probablemente están implicadas personas integradas en el aparato estatal”.

Traducción de Miguel López

 El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) en una segunda fase del "caso mascarillas" por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia.

Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional, tal y como había solicitado el fiscal.

El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP), el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco detenidos por supuestas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE, el abogado Javier Salvador.

Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción, Eduardo Martínez Gamero. El alto tribunal andaluz ha apuntado que la causa se está investigando por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de ceder o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, que desde diciembre de 2024 estaba siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero, ha sido formalmente acusado de ese delito y de "otro u otros" no precisados, según revelaron este martes los periódicos belgas Le Soir, Le Vif, De Standaard y el medio de investigación Follow The Money.

Reynders adquirió cierta notoriedad en España cuando intercedió, a petición del PP, en las negociaciones entre este partido y el PSOE a la hora de acordar una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su mandato como comisario europeo de Justicia.

La investigación ya estaba en marcha en 2023, y se hizo pública en diciembre del pasado año. En la misma, se vinculaba a Reynders con el blanqueo de dinero a través de la compra de billetes de lotería. El que fue ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica (2011-2019) goza de inmunidad, ya que los hechos investigados dieron comienzo durante este período en el Gobierno belga hasta, al menos, el año 2023, cuando aún era comisario europeo de Justicia.

La acusación tuvo lugar el pasado 16 de octubre después de que el político fuera interrogado por un juez de instrucción. La esposa de Reynders, Bernadette Prignon, magistrada honoraria del Tribunal de Apelación de Lieja (Bélgica), fue interrogada poco después de Reynders, pero no ha sido acusada por el momento, informa el diario Le Soir. Sin embargo, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a la prensa, añade el mismo medio.

La acusación formal no elimina la presunción de inocencia, sino que significa que el juez instructor considera que existen pruebas contundentes de culpabilidad. Además, otorga al sospechoso derechos como la posibilidad de solicitar acceso al expediente del caso.

El político belga, que también ocupó el cargo de ministro de Finanzas (1999-2011), fue comisario hasta el 30 de noviembre de 2024. Comenzó a ser investigado tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica, que detectaron transacciones sospechosas en las que había implicadas grandes sumas utilizadas para la compra de lotería electrónica.

El pasado agosto salió a la luz, por otra parte, que la Fiscalía belga había abierto una investigación al banco ING en Bélgica por posible tráfico de influencias en el marco del caso de supuesto blanqueo de capitales.

Dmitry Artyakov, hijo de un alto cargo de Defensa ruso, ha sido imputado por un juez español de la Audiencia Nacional por ser "penalmente responsable de un delito de delincuencia organizada" y de otro de "blanqueo de capitales", según documentos judiciales obtenidos por el consorcio de investigación OCCRP, del que es socio infoLibre.

Artyakov, sobre el que pesan sanciones de Estados Unidos, fue detenido a finales de la semana pasada en su domicilio de Girona en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por la Audiencia Nacional. El pasado fin de semana compareció ante el fiscal y el juez.

El juez dejó a Artyakov en libertad provisional mientras continuaba la investigación, pero le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le ordenó presentarse semanalmente en la Audiencia Nacional o en un tribunal local cercano a su residencia.

Artyakov es sospechoso de blanquear millones de euros a través de negocios inmobiliarios en la costa catalana. Según los investigadores, Artyakov es la última figura vinculada a una trama de blanqueo que comenzó cuando su abuela, Ana Kurepina —suegra de Vladimir Artyakov, vicepresidente del conglomerado de defensa ruso Rostec y exgobernador de la región de Samara— compró ocho propiedades en la localidad costera de Castell-Platja d'Aro entre 2005 y 2008. Las adquisiciones incluían dos villas de lujo adyacentes.

Las compras se financiaron supuestamente con dinero vinculado a la 'Lavandería Troika', una red masiva de blanqueo de capitales desvelada por el OCCRP.

Los documentos judiciales muestran que las propiedades fueron compradas inicialmente por 14 millones de euros (16,21 millones de dólares) por Kurepina, que las vendió a su nieto en 2014 por 10 millones de euros (11,57 millones de dólares).

Los investigadores afirman que Kurepina actuó como testaferro, recibiendo al menos 14 millones de euros (16,21 millones de dólares) en 20 transferencias distintas de Delco Networks SA, una sociedad instrumental vinculada a la 'Lavandería Troika'. Los fondos se disimularon supuestamente como préstamos, pero nunca se reembolsaron.

La trama, destapada en 2019 por el OCCRP y su socio lituano 15min.lt, movió miles de millones de dólares fuera de Rusia a través de empresas offshore. El dinero fue utilizado por las élites rusas para adquirir acciones en empresas estatales, comprar bienes raíces en el país y en el extranjero, comprar artículos de lujo e incluso contratar estrellas mundiales de la música para eventos privados.

Las autoridades españolas afirman que las operaciones inmobiliarias de Girona y los flujos financieros asociados forman parte de estfa trama más amplia.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas danesas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas danesas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas suecas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas suecas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

Pocas veces hasta ahora se había podido trazar el movimiento del dinero en efectivo que reportan los grandes alijos de cocaína que llegan a Europa. El mayor cargamento de la historia de Galicia, los 7.500 kilos intervenidos en Cambre (A Coruña) que entraron por el puerto de Vigo en diciembre de 2023, desembocaron en muy relevantes detenciones un año después en Ecuador y en la apertura de una investigación oficial, también periodística, cuyos detalles ofrecieron este fin de semana infoLibre y Narcodiario. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, medio peruano especializado en seguir el rastro del crimen en América Latina y socio de Narcodiario, está detrás de un trabajo que explica un modus operandi que se extiende por varios continentes: el dinero se mueve entre Sudamérica, España, China y hasta Dubái, con las facilidades que supone tener el centro de operaciones en un país con severos problemas de corrupción como es Ecuador. Y desde allí llega a España la mayor parte de los alijos de cocaína. 

La cocaína incautada en Cambre tenía vínculos con un capo de la droga de Ecuador y distintas autoridades del país sudamericano, todas ellas detenidas y relacionadas con empresarios y accionistas de una firma de extracción de oro llamada Goldenminerals SA. El esquema empleado para lavar colosales sumas de dinero procedentes de la cocaína era el siguiente.

El dueño de la firma minera Miderzul –la que permitía operar en sus instalaciones a Goldenminerals SA– es Juan Pogo Labanda, que recibió el título de la concesión de La Boya –así se llama el punto de extracción del metal precioso– en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Como contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral, pero no lo hizo. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental. 

OjoPúblico y Código Vidrio, socio ecuatoriano en esta investigación, accedieron al contrato entre Cerro Azul-Miderzul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de 10 años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio [donde se procesa el oro] de su elección”. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

El mismo contrato señala que el titular de la concesión –Cerro Azul-Miderzul– puede darlo por terminado si el contratista –Goldenminerals– no realiza operaciones de explotación durante más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales de las que en la mayoría de los casos no se informaba, con el fin de evadir el pago de impuestos.

Un grupo de informes y auditorías oficiales señalan que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017 y que tampoco presentó planes de desarrollo ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales nunca fiscalizaron la explotación. Miderzul debió alertar de que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.

El año que Goldenminerals sí registró la extracción de 1.004 toneladas de oro fue en 2023, coincidiendo con el de la caída del contenedor con 7.500 kilos de cocaína en Galicia. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material extraído, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvieron acceso OjoPúblico y Código Vidrio, la minera Cerro Azul-Miderzul exportó entre 2023 y 2024 un total de 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió 2,5 millones de dólares, pero en ninguno de sus informes de producción indica la procedencia del oro. Según estos mismos informes, el concentrado del mineral procedía de la concesión de La Boya y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce. 

En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y están registrados 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales. Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculados a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, explica. 

Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, es la exportación ficticia de minerales auríferos. En los papeles se simula que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos. 

Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan en el sistema financiero sin ninguna dificultad. “Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.

Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También está fiscalizando a todas las personas físicas y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. 

María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los cálculos oficiales señalan que en Ecuador más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.

La pericia de un agente de los Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Pontevedra permitió a la Policía Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera poner fin en diciembre de 2023 a una ruta de la cocaína que, según sospechan los investigadores, llevaba tiempo sirviendo grandes alijos a la mafia albanesa en cargamentos de pescado congelado procedente de Ecuador. Las autoridades intervinieron 7.500 kilos de droga ocultos entre lomos de atún congelado, una técnica que elude los escaneos de rayos X y que sólo puede ser descubierta si se retira el género, como ocurrió en aquel momento.

Meses más tarde, Narcodiario contaba en exclusiva en España la detención en Sudamérica de varias personas presuntamente relacionadas con el envío de un cargamento que sigue siendo el mayor jamás incautado en la historia de Galicia en una sola operación. Entre ellas se encontraba un objetivo de alta prioridad (HVT por sus siglas en inglés), conocido como Carlitos. También fueron capturados el exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil (Ecuador) y un capitán de la Armada ecuatoriana, además de varios individuos más que fueron sometidos a una minuciosa investigación.

Así es como se supo que este grupo de ecuatorianos es la pieza clave para entender la forma en que la explotación de oro se ha convertido en el mejor negocio para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Los involucrados están relacionados con la compañía Goldenminerals SA, que tiene un contrato de operación con la minera Cerro Azul. Lo destapó una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza del medio peruano OjoPúblico, socio de Narcodiario, y el ecuatoriano Código Vidrio. Como telón de fondo, los cambios geopolíticos mundiales que han desequilibrado la balanza: si hace una década el precio del oro era en muchos lugares equivalente al de la cocaína, hoy el metal precioso cuesta, de media, tres veces más que el polvo blanco sudamericano.

Los estrechos nexos entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre de 2024 con las detenciones en Ecuador de las personas que enviaban la cocaína hacia España. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas fundaron y administraron una firma minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.

Las autoridades sostienen que esta organización criminal, integrada por empresarios, policías en segunda actividad y un militar en servicio activo, utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals SA.

Agentes de la Policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financiadores del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la mafia albanesa que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas en Sudamérica y, supuestamente, con la colaboración, directa o indirecta, de un ciudadano español, Bautista S., y otras personas vinculadas a él, encargados de dar cobertura a las entradas de droga en Galicia.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas. La persona encargada de las operaciones logísticas era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García. En 2023, Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004. La Policía también identifica como socios de Zambrano al coronel de la Policía Julio César Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil; a Galo Manuel Litardo García, capitán de corbeta en servicio activo de la Marina; así como a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alias Pollos) y a Édison Andrés Espín Vallejo.

Las autoridades sostienen que estos últimos eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron enormes ingresos económicos que no pudieron justificar, lo que encaja con las sospechas de la Policía española, que sitúa a Mare Azzurro SL, la empresa gallega de Bautista S., como posible tapadera de entradas de cocaína desde años atrás, si bien no pudieron echarle el guante hasta el alijo aprehendido en diciembre de 2023.

Un alto oficial de la Policía ecuatoriana explica que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la Justicia, la Policía y en las Fuerzas Armadas del país andino. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel Julio César Miño y al capitán de corbeta de la Armada, Galo Litardo. Él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios era la minería de oro.

Una de las claves de este negocio radica en el precio que alcanza este año el kilo del metal precioso, próximo a los 90.000 euros, supera con creces el que se paga hoy por la cocaína.

Las pesquisas señalan que el coronel Miño obtenía información de la Policía para que sus socios evitaran los controles en los puertos, mientras que el oficial de la Armada accedía a datos sobre los patrullajes en los puntos costeros. Cuando estaba en activo, Miño trabajó para unidades de inteligencia antidrogas y contra el crimen organizado en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, empezó a ser contactado por grupos criminales.

Desde diciembre del 2024, Ojo Público y Código Vidrio han accedido a información fiscal y financiera que les ha permitido identificar la conexión entre los investigados y su red de empresas, sus accionistas y la explotación minera de oro.

Cuatro de los detenidos son accionistas o administradores de Goldenminerals SA, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad de Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Édison Espín. Según publica en su web la Superintendencia de Bancos ecuatoriana, la empresa está activa y hasta 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models.

En esas y otras empresas también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por 327.000 dólares (312.486 euros) y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.

Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel de Goldenminerals SA. En su último informe económico, el de 2023, la empresa reportó activos por 209.000 dólares (277.127 euros). La empresa no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Es decir, Goldenminerals SA extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material extraído. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque “no son acciones reguladas o debidamente controladas”, asegura.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Allí operan Los Lobos y otros grupos delictivos, como el venezolano Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez y Portovelo. Y de ahí, una vez convertidas en lingotes, son exportados vía aérea o marítima.

Los informes de la Inteligencia ecuatoriana señalan que el ensamblaje de Goldenminerals SA puede haber sido montado por decenas de operadores desde 2019, con la complicidad de las autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Un alto funcionario del Gobierno de ese país que investiga el caso señala que esta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si procediera de la pequeña minería. En la cúspide de la pirámide están los grandes cárteles y, en el escalón más bajo, algunos clanes familiares locales.