La Fiscalía ha presentado este lunes un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Catalunya de mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, y ha pedido que revoque el régimen de semilibertad por el "evidente riesgo de fuga".

En el recurso, recogido por Europa Press, el Fiscal pide al juez que "dicte Auto por el que, estimando el presente recurso, se declare el efecto suspensivo del recurso interpuesto contra la resolución administrativa que progresa a tercer grado a la interna".

Fuentes de Fiscalía han concretado a Europa Press que la presentación del recurso de apelación "no tiene efecto suspensivo inmediato y sobre ello ahora debe pronunciarse el Supremo".

En su escrito, el Fiscal argumenta que "el efecto suspensivo del recurso del Ministerio Fiscal, es evitar, cuanto antes, que presos condenados a penas graves queden excarcelados, por el evidente riesgo de fuga".

"Carecería de toda lógica que dicho efecto suspensivo se pospusiera al recurso de apelación propiamente dicho y no se refiriera al recurso de apelación que inicialmente se interpone contra la resolución administrativa, pues por mucha prisa que el Juez de Vigilancia Penitenciaria se diese por resolver dicha apelación, el excarcelado tendría tiempo de sobra para huir a cualquier lugar del mundo, dejando, pues completamente ineficaz el fin pretendido", afirma en el recurso.

Además, el Fiscal defiende que el efecto suspensivo debe extenderse a la resolución administrativa que otorga el tercer grado a los presos del 1-O, "pues si el recurso de apelación suspende la ejecutividad de la resolución judicial que se impugna, con cuánta más razón el recurso de apelación debe ser suspensivo respecto de una simple resolución administrativa".

También señala que la situación penitenciaria de los encarcelados por el 1-O requiere "una interpretación de la norma que permita el efecto suspensivo en los recursos", ya que recuerda que Forcadell y Bassa ya gozaron del tercer grado cuando, a su juicio, no era el que les correspondía.

"Pese a que finalmente el Tribunal sentenciador consideró que la clasificación en tercer grado estaba indebidamente otorgada, las condenadas, en los últimos seis meses, han permanecido cuatro meses y cinco días en régimen de tercer grado, pese a que no era el correcto, y sólo 57 días en el régimen de segundo grado que era el que les correspondía, situación que se puede repetir 'sine die' hasta el final de la condena", concluye.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de nuevo ha avalado este jueves el tercer grado la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya ha salido este mismo sábado, en mitad de la campaña electoral del 14F. La resolución de Justicia consultada por Europa Press, ha tenido en cuenta que, desde la anterior propuesta de tercer grado, que fue impugnada, Forcadell "ha cumplido medio año más de pena".

"Con estos seis meses ya ha superado la cuarta parte de la condena y cumple en torno a tres años de prisión", argumenta el escrito que pone a Forcadell en la calle siendo la última presa del 1-O que quedaba por recibir el tercer grado.

A su salida de prisión de la cárcel de Wad Ras de Barcelona, minutos después de las 13.00, Forcadell ha llamado a votar el 14 de febrero para que "ningún voto independentista se quede en casa".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras salir de prisión, donde ha sido recibida por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato a la Presidencia, Pere Aragonès. Al pasar la puerta, Forcadell y Junqueras, que no se veían en persona desde el día de la sentencia del juicio del 1-O en octubre de 2019, se han saludado entre aplausos.

Las cárceles de Mujeres de Barcelona, Wad-Ras, y de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), han recibido la notificación oficial del Tribunal Supremo de que revoca la aplicación del tercer grado a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.

Tras recibirlas, se han puesto en contacto con ambas condenadas para informarles de que deben reingresar en los centros penitenciarios respectivos en cumplimiento de la decisión del Alto Tribunal, han informado la tarde de este viernes fuentes penitenciarias según recoge Europa Press.

El tribunal que juzgó la causa del proceso soberanista ha acordado este viernes revocar el tercer grado penitenciario concedido a los 9 condenados por sedición, al considerar que se trata de una medida prematura.

Igualmente ha anulado la aplicación a todos ellos de las medidas de semilibertad que tenían en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario por no estar dirigidas a un proceso de reinserción.

El resto de condenados ya estaban en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), porque se les había suspendido cautelarmente el tercer grado a la espera de la decisión del Supremo, que ha llegado este viernes. 

El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña ha desestimado este martes la petición de Fiscalía para dar efectos suspensivos a su recurso contra el tercer grado de la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que mantendrán la semilibertad hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva el asunto.

En dos autos consultados por Europa Press, el magistrado rechaza la petición del fiscal -quería suspender cautelarmente el tercer grado hasta que el TS resuelva el asunto-, y recuerda que el tercer grado no ha sido suspendido hasta ahora para ninguna de las dos.

La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria presentó el lunes un recurso de apelación ante el Supremo para tumbar el tercer grado de Forcadell y Bassa, y el tribunal que las sentenció podrá tomar la última decisión sobre la clasificación penitenciaria de ambas.

La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de la exconsellera Dolors Bassa.

Fuentes fiscales han explicado que la decisión sobre los efectos suspensivos del recurso de apelación recae en el tribunal que recibirá el recurso, y será el Supremo porque fue el que las condenó, ha informado Europa Press.

El martes pasado, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña desestimó un primer recurso del fiscal contra la semilibertad de Bassa y Forcadell.

Sànchez, Rull y Turull piden al Supremo resolver pronto el recurso contra el tercer grado

Los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han reclamado también este lunes al Supremo que resuelva pronto el recurso de la Fiscalía contra su progresión a tercer grado, que está suspendida cautelarmente desde verano a raíz de la presentación de este mismo recurso.

En tres escritos consultados por Europa Press, el abogado Jordi Pina pide a la Sala que resuelva el recurso "a la mayor brevedad", y remarca que sus tres defendidos tienen suspendido el tercer grado desde el 28 de julio a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre el recurso del fiscal.

Pina critica que Rull, Turull y Sànchez están "en una suerte de limbo penitenciario que condiciona gravemente la próxima revisión de grado" que deberán hacer en prisión, ya que están clasificados en tercer grado —aprobado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria— pero la medida está suspendida cautelarmente desde hace unos tres meses.

"No deja de resultar paradójico teniendo en cuenta la exquisita rapidez con la que resuelve esta excelentísima Sala, salvo —claro está— la resolución sobre la progresión del penado a tercer grado, que parece encontrarse sumida en una suerte de permanente letargo procesal", reprocha Pina a los magistrados.

El letrado critica que ley estipula que "los recursos de apelación relativos a la clasificación de los penados se tramitarán con carácter preferente y urgente", y que en este caso se está atrasando a pesar de que ya presentó una petición similar hace dos semanas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno activará la semana que viene la tramitación de las solicitudes de indulto que ya se han presentado para los líderes del procés independentista catalán que fueron condenados hace casi un año por el Tribunal Supremo. Todo ello, en unas semanas clave del curso político en el que están en marcha las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

La tramitación de las peticiones de indulto, que no han presentado los propios condenados, estaba pendiente desde la pasada primavera, pero la crisis provocada por la pandemia de covid-19 retrasó todas las solicitudes que recibe el Gobierno sobre esta medida de gracia. El Ejecutivo es el único órgano competente a la hora de concederlos.

Las palabras de Campo han provocado mucho revuelo político y mediático, pero no se trata más que de un trámite al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía que hacer frente antes o después. Una vez que se recibe una solicitud de estas características, el Gobierno está obligado a estudiarla.

Cualquier persona en su nombre

El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes deben ser sometidas a informe tanto de la Fiscalía como del tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Desde el Ministerio de Justicia han explicado que, superado el atasco en estas solicitudes provocado por la pandemia, será a lo largo de la semana que viene cuando se dé trámite a las solicitudes realizadas para los líderes independentistas. La última petición que se registró fue en relación con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, presentada por otros expresidentes de esta Cámara. Para Dolors Bassa, ex consellera de Trabajo, UGT también hizo su propia solicitud. Pero el Gobierno ya tenía una solicitud previa que afectaba a todos los condenados instada por un jurista.

Aunque cada solicitud de indulto es individual, cada expediente arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre ese mismo asunto, de modo que el Ministerio de Justicia enviará una única petición al Supremo. El tribunal es quien consultará a la Fiscalía, informe del que se ocuparán los cuatro fiscales que ejercieron la acusación de rebelión en el juicio celebrado el año pasado.

Además, según Justicia, de cara a elaborar sus conclusiones los magistrados del alto tribunal también recabar información de las prisiones en las que los líderes independentistas catalanes se encuentran cumpliendo condena.

Posibilidad de indulto parcial

Caben varias posibilidades: que el Gobierno rechace conceder esta medida de gracia a los condenados por el procés; que estime la petición y, por tanto, queden en libertad; o que la estime sólo parcialmente, lo que podría llevar aparejada una reducción de la condena.

En cualquier caso, todo el trámite suele superar los seis meses de duración, según han apuntado desde el ministerio que dirige Juan Carlos Campo. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de modo que esta decisión puede ser recurrida por la vía de lo Contencioso-Administrativo, también en el Tribunal Supremo.

Antes de que se haya iniciado todo este proceso, Vox se ha apresurado a anunciar que recurrirá en caso de que el resultado sea favorable a los condenados. No obstante, el margen para anular la decisión que tome el Gobierno es muy reducido, sólo posible si se encontraran errores formales en el Real Decreto.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defendido este viernes la libertad de expresión y que la Cámara catalana pueda tener un "diálogo político sin límites", el día en el que ha vuelto al Parlament tras dos años y medio por su encarcelamiento.

En una declaración conjunta del presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la Cámara con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del restablecimiento de la Cámara, ha sostenido que el Parlament es "la institución de la palabra libre, de la voz plural del país, del diálogo político sin límites, el espacio donde las sociedades exponen las contradicciones en todo aquello que preocupa a la ciudadanía".

Forcadell, que ha sido recibida con aplausos de diputados y trabajadores del Parlament, ha afirmado que en el Parlament se debe poder debatir libremente "con el único límite de la educación y del respeto por los representantes de la ciudadanía".

Asimismo, ha reivindicado que "la libertad de expresión es un tesoro inmenso" que hay que preservar siempre y en cualquier parte, y ha reivindicado el Parlament como un referente para otras cámaras legislativas.

La expresidenta, encarcelada por el 1-O, ha subrayado la importancia de la Cámara catalana y lo ha ejemplificado con la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que cree que se ha avanzado pero que la paridad en el Parlament todavía no se ha alcanzado, por lo que ha llamado a dar "un paso más, que también debe ser cualitativo, garantizando la paridad en cargos de responsabilidad".

Torrent pide acabar con la "judicialización de la actividad parlamentaria"

Torrent, que ha comenzado la declaración criticando el encarcelamiento de Forcadell porque considera que está en prisión "por ejercer el cargo con dignidad democrática", ha expresado la necesidad de buscar una solución al conflicto en Cataluña para acabar con la judicialización de la actividad parlamentaria, según él.

"El Parlament necesita liberarse de la judicialización, liberarse de las limitaciones que frenan las respuestas a demandas urgentes de la sociedad. Sin estas limitaciones al ejercicio del autogobierno, el Parlament podría hacer más por el bienestar y la calidad de vida de las personas. Solo sin limitaciones podremos abordar como hace falta los retos globales de las sociedades de nuestro tiempo", ha asegurado.

Además, ha dicho que la ciudadanía "debe poder escoger si quiere o no quiere un Parlament plenamente libre", y que esto solo puede decidirse en un referéndum donde la población vote libremente sobre el futuro de Cataluña.

Rigol, Benach y De Gispert

Joan Rigol ha destacado que el diálogo y el pacto han formado parte de la cultura política de Cataluña para resolver conflictos durante toda su historia, y que la recuperación del Parlament implicó el reconocimiento de Cataluña como "una realidad política propia y específica".

Por su parte, Ernest Benach ha recalcado que el Parlament en estos 40 años ha aprobado leyes innovadoras pero que, en algunas ocasiones, han chocado con los tribunales, y la sentencia del Estatut, que ha recordado que se aprobó con 120 votos a favor en el Parlament, "marcó un antes y un después"

Núria de Gispert también ha cargado contra los límites competenciales que ha tenido la Cámara, ya que considera que han supuesto un obstáculo para mejorar las condiciones de la vida de la población, y ha alertado de que desde la sentencia del Estatut la situación se ha agravado y en los últimos años los tribunales han llegado a actuar "sobre lo que ni tan solo ha llegado a la Cámara, censurar el derecho de iniciativa de los diputados, impedir debates en el pleno y exigir a la Mesa que censure".

El Juzgado de Vigilancia Penitenciara 1 de Cataluña ha desestimado este jueves la petición de la Fiscalía para suspender el tercer grado de la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por lo que mantienen la semilibertad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En un tuit recogido por Europa Press y que ambas han publicado de forma idéntica, han celebrado la decisión del juez, pero han lamentado la situación de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, "que están a punto de entrar" en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Rull ha explicado también en un tuit que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 –que se ocupa de Lledoners pero no de Wad-Ras y Puig de les Basses, donde están Forcadell y Bassa– le ha comunicado la Providencia para reingresar a la cárcel la tarde este jueves.

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y los exconsellers Joaquim Forn y Raül Romeva no saldrán de prisión este miércoles por orden de la jueza, ha explicado la Conselleria de Justicia en un comunicado del que se hace eco Europa Press.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha tumbado este pasado martes el tercer grado para todos ellos a raíz de un recurso de la Fiscalía, y ha ordenado su reingreso en prisión al aceptar la suspensión inmediata.

La decisión de la jueza implica que volverán a estar clasificados en segundo grado, y las juntas de tratamiento de las prisiones "deberán estudiar cada uno de los casos y tomarán las decisiones que consideren oportunas" sobre su régimen de vida.

Hasta que progresaron a tercer grado, todos ellos estaban clasificados en segundo grado y usaban el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para salir de prisión entre semana para trabajar o hacer voluntariado.

La Fiscalía se opuso a la aplicación del 100.2 en los casos de Sànchez, Cuixart y Forn, y la Audiencia de Barcelona envió el jueves estos recursos al Tribunal Supremo (TS), que ya tumbó el 100.2 de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad rechazar la petición de la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell de suspender la ejecución de condena a 11 años y medio de prisión por el delito de sedición impuesta por el Tribunal Supremo por el proceso independentista mientras se resuelve el fondo del asunto.

Así lo solicitó la defensa de Forcadell en el recurso de amparo, recogido por Europa Press,presentado contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la Sala de lo Penal del alto tribunal y contra el auto del pasado 29 de enero por el que la Sala desestimó todos los incidentes de nulidad presentados por los condenados por el procés.

El tribunal de garantías considera que los argumentos expuestos por la defensa de la expresidenta del Parlament no son suficientes para probar que mantener la ejecución de la sentencia supondría un daño irreparable para ésta. Por ello, no acepta la petición de la suspensión cautelar de la condena.

Según explica el pleno en un auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, aceptar la suspensión de la sentencia del Supremo "equivaldría a poner en cuestión la propia condena" y para ello habría que hacer una valoración de la vulneración de derechos expuestos en el recurso que implicaría entrar ya en el fondo del asunto.

Recusación de los magistrados

El Tribunal Constitucional ya rechazó el pasado mes de junio dejar en suspenso el cumplimiento de las condenas del resto de líderes independentistas condenados por el Supremo por el procés, tal y como solicitaron sus defensas, pero la petición de Forcadell se paralizó hasta que se resolviera la recusación que presentó contra los magistrados del tribunal de garantías.

Una vez resuelta dicha recusación, el Pleno ha mantenido la posición adoptada anteriormente. Así, en el auto que se ha dado a conocer este lunes, el TC explica que la adopción de esta medida "supondría una perturbación grave de un interés protegido constitucionalmente, como es el de la garantía de la efectividad de la actuación de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial".

Además, recuerda que la condena de prisión fue impuesta por la comisión de un delito que afecta al orden público, el de sedición, y que ostentaba un alto cargo público, el de presidenta del Parlamento de Cataluña. Añade que los hechos por los que fue condenada "tuvieron lugar en un contexto de inobservancia manifiesta del orden jurídico e institucional, y con una indudable trascendencia social que no exige un mayor desarrollo argumental".

El auto, que repasa la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de condena, incide en que la evaluación de la "gravedad de la perturbación que para el interés general tiene la suspensión de la ejecución de una pena" constituye un "juicio complejo" de la "gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la acción de la Justicia y la posible desprotección de las víctimas".

"Frontera" para distinguir penas

Así, sobre la gravedad de la pena, el tribunal recuerda que el legislador estableció una "frontera" de cinco años de prisión para diferenciar las penas graves y las menos graves y que, salvo excepciones que demuestran que este límite no es siempre una "barrera infranqueable", en el caso de Forcadell es "superior al doble del límite de gravedad establecido por la doctrina" constitucional.

El auto también hace mención a la alegación expuesta por la defensa de Forcadell sobre las consecuencias que podría tener mantener el cumplimiento de la condena en prisión debido a la pandemia del coronavirus. El tribunal asegura que es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria pero indica que "es notorio que el perjuicio a que alude la demandante no está conectado a las resoluciones objeto de impugnación en la demanda principal".

En este sentido, subraya que la "compatibilidad entre el cumplimiento de la pena y la salud de quien permanece internado" corresponde valorarla a las "autoridades penitenciarias, bajo el control del órgano judicial competente, que no es este tribunal".

Forcadell, al igual que el resto de condenados a penas de prisión por el proceso independentista disfruta del tercer grado concedido por la Generalitat de Cataluña. No obstante, la del TC es la segunda respuesta judicial negativa que recibe Forcadell en menos de una semana, después de que el pasado jueves el Tribunal Supremo tumbara la concesión del régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El tribunal que juzgó el proceso independentista en Cataluña ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía y ha revocado el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lleida que aprobó la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición, ha informado Europa Press. El Supremo ha tumbado, de este modo, el régimen de semilibertad.

Los magistrados alegan "falta de justificación y desconexión con la reinserción" en el auto en el que se le concedió el 100.2. Sin embargo, esta resolución no tiene efectos prácticos para Forcadell, ya que recientemente le fue concedido el tercer grado.

El Tribunal Supremo deniega la aplicación a la expresidenta de dicho régimen flexible, propuesto en febrero por la Junta de Tratamiento de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona), al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción de la penada relacionado con el delito cometido, lo que hace "injustificable" ese régimen de semilibertad del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena.

"La Sala no pone en duda el buen comportamiento de la señora Forcadell en prisión y la influencia positiva que haya podido ejercer sobre las demás internas —hechos destacados en los informes que acompañan la propuesta de la Junta de Tratamiento—. Tampoco cuestiona su capacidad de liderazgo y las habilidades sociales que se describen. Pero nada permite salvar esa ausencia absoluta de enlace entre el programa que se propone y el proceso de reinserción social que, como es obvio, no puede ser ajeno al delito por el que fue condenada", explica la resolución.

No dieron el aval para flexibilizar la condena

Los magistrados rechazan que su negativa a incluir en la sentencia del procés el artículo 36.2 del Código Penal, que supondría que los condenados tuvieran que cumplir la mitad de la pena para poder acceder a terceros grados, pueda ser interpretada como un aval para la aprobación de programas de flexibilización que, por la vía del 100.2, escondan excarcelaciones propias del tercer grado para la aplicación de un régimen de semilibertad que nada tiene que ver con la función resocializadora que es propia de las penas privativas de libertad.

"La no aplicación del artículo 36.2 del Código Penal supuso que esta Sala no creyó necesario imponer el denominado 'período de seguridad' que prevé el precepto. Esa decisión no impide que la duración de la pena sea un elemento a ponderar en el devenir de la ejecución, como tampoco supone un plácet para anticipar, cuando no procede, la aplicación del tercer grado o de las previsiones del artículo 100.2", explican.

Así, el auto advierte de que a la hora de acomodar el cumplimiento de la pena impuesta a Forcadell a los fines constitucionales que inspiran la ejecución de las penas privativas de libertad, la sentencia del Supremo "no tiene que ser permanentemente reinterpretada".

La Sala "se ve obligada a reiterar una obviedad", y es que algunas de las alegaciones realizadas por la defensa de Forcadell y las valoraciones incluidas en la documentación remitida con la propuesta del centro penitenciario, dependiente de la Generalitat, "no toman en cuenta que los hechos objeto de condena son los declarados probados" en la sentencia y "una vez alcanzada su firmeza ya no pueden ser objeto de reinterpretación ni por el penado ni por terceros".

"Esta resolución es el incontrovertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado, no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta", subrayan los magistrados.

Forcadell no fue condenada por perseguir la independencia

Por un lado, la Sala afirma que "en los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática", por lo que creen que con ello se "descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad".

Y, por otra parte, explica que la sentencia puso de manifiesto "una idea clave de la que no puede prescindirse": Forcadell "no fue condenada por perseguir la independencia de Cataluña", pues las "ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son delictivas" y su "legitimidad es incuestionable".

"La señora Forcadell no fue condenada por su ideología independentista. Fue declarada autora de un delito de sedición por los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia, donde se explica su decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por los demás acusados y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, con actos y decisiones plenamente integrados en una estrategia delictiva, en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo", remarca.

Con este auto, el alto tribunal también zanja la controversia acerca de cuál es el órgano competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria que impliquen la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.

Así, la Sala reconoce que su decisión implica un "doble efecto": por un lado, "decide con carácter definitivo qué órgano jurisdiccional ha de asumir la competencia funcional para resolver los recursos que se susciten respecto de la aplicación del artículo 100.2"; mientras que, por otra parte, "provoca la aplicación del efecto suspensivo" establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Según argumenta el auto, el artículo 100.2 afecta al modelo de ejecución de la pena —como lo hacen las clasificaciones en grado— "y, en consecuencia, los recursos de apelación contra las resoluciones que a él se refieran, al tratarse de una materia atinente a la ejecución de la pena, deben ser examinados por el órgano sentenciador".

Afecta a la clasificación

En su opinión, el 100.2 "va más allá de la aprobación de un programa individualizado de tratamiento y afecta, aunque se considerase que esa afectación es indirecta, a la clasificación del penado, quien inicia a través de su aplicación una cierta progresión tras valorar que la evolución de su tratamiento le hace merecedor de ello".

Al entrar a valorar el 100.2 concedido a Forcadell, la Sala explica que el principio de flexibilidad que proclama dicho artículo "no convierte a las juntas de tratamiento en una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso", y tampoco permite "el traslado injustificado de un penado a otro centro penitenciario si esa decisión está estratégicamente dirigida a rectificar la competencia del juez de Vigilancia Penitenciaria".

"La propuesta correspondiente y su aprobación por el juez de Vigilancia Penitenciaria —añade la resolución— deben reflejar una necesidad que ha de estar vinculada directamente con el proceso de reinserción del penado. Es este proceso de reinserción el que exige un programa específico de tratamiento, que no podría llevarse a cabo sin aplicar la flexibilización que prevé el 100.2. El programa de tratamiento ha de identificar, precisamente para su debido control judicial, la necesidad de la medida, la imposibilidad de su ejecución en el interior del centro penitenciario, su relevancia frente a otras alternativas y, en definitiva, su provisionalidad o permanencia en el tiempo".

"No me sorprende, de este tribunal no espero justicia, sé que es venganza". Así ha reaccionado la propia Forcadell a través de un apunte en Twitter en el que ha recalcado que la competencia sobre la aplicación de este artículo del Reglamento Penitenciario que permite salidas para trabajar o hacer voluntariado "es competencia" de la Audiencia Provincial y no del Supremo.

Torra llama a la unidad del independentismo 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un llamamiento al "salto colectivo conjunto de todo el independentismo (insituciones y sociedad civil)" después de que este jueves la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya tumbado la concesión de semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, otorgada por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

"Que en el Estado español ningún independentista puede encontrar justicia, ya lo sabíamos. Que España no reconocerá el derecho a la autodeterminación, también. ¿Y entonces? Entonces todo depende del salto colectivo conjunto de todo el independentismo (instituciones + sociedad civil)", ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press este jueves.

La Fiscalía ha remitido este martes un informe al Tribunal Supremo (TS) en el que señala que el alto tribunal debe declararse competente para revisar la semilibertad de los presos del 'procés' independentista catalán otorgada por el 100.2 del reglamento penitenciario,al tratarse de decisiones que "asemejan a la concesión a todos ellos de un tercer grado encubierto", según ha informado Europa Press. 

Responde así a la petición realizada por la Sala de lo Penal del Supremo, que la semana pasada solicitó al Ministerio Público que se postulara antes de estudiar el recurso que le fue remitido por el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lleida contra la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que cumple condena por sedición, lo que le permite hacer salidas de la cárcel.

En su escrito, de 9 páginas, la Fiscalía va más allá del caso de Forcadell y alude al "goteo cronológicamente medido" de este tipo de decisiones de semilibertad adoptadas con respecto a todos los condenados desde el 13 de febrero al 5 de marzo pasados; así como el haberse adoptado con el cumplimiento efectivo de una parte poco significativa de las penas impuestas –en muchos de los casos ni siquiera cumplida la cuarta parte–; la gravedad de los delitos cometidos y al hecho de que "la mayoría no reconoce la comisión delictiva y no asume su responsabilidad".

"A los pocos meses de la firmeza de la citada sentencia, que condenó por sedición y malversación a penas graves de prisión que oscilan entre 9 y 13 años, y pocos días después de ser clasificados en segundo grado, a todos ellos, sin excepción, se les ha aplicado el art. 100.2 por la Administración penitenciaria catalana, lamenta la Fiscalía".

Añaden incluso que "el margen de discrecionalidad administrativa que implica el principio de flexibilidad en su regulación actual es patente, y puede convertirse en un peligroso cauce para eludir el cumplimiento de las decisiones judiciales".

Buscan alterar el cumplimiento

También aluden en su escrito a la la pública manifestación de alguno de los penados de su voluntad de volverlo a hacer, según la fiscalía, que añade que estas circunstancias "permiten inferir una política penitenciaria dirigida no tanto a su rehabilitación sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento".

En tono contundente, los fiscales agregan que dicha conclusión "no puede calificarse de aventurada" en la medida en que viene expresamente corroborada por las propias manifestaciones públicas de la Consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, al declarar a los medios que el artículo 100.2 se aplicará a todos los líderes soberanistas, recordando que es una anomalía que los "presos y presas políticas" estén en prisión.

Por ello, concluyen que el conjunto de estas decisiones de aplicación del art. 100.2 "se asemeja a la concesión a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado", que permite que los presos acudan sólo a pernoctar al centro penitenciario de domingo a jueves.

Con esta política penitenciaria, insisten, "se persigue la salida diaria salvo para pernocta de todos los penados en la misma causa", lo que no situaría "en la órbita del fraude de ley".

Por ello, y en la la medida en que la concesión de un tercer grado sería revisable en apelación por el Tribunal sentenciador, los cuatro fiscales del procés –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena– señalan que lo que procede es que la Sala Segunda del Supremo, en su condición de Tribunal sentenciador, y dada la función de unificación en la aplicación de las leyes que le corresponde como órgano supremo de la justicia ordinaria, conozca de la decisión de apelación presentada en el caso de Forcadell. De este modo, en vez de la juez de vigilancia de Lleida, la decisión recae en el Supremo.

Sobre el fondo del asunto en el caso de Forcadell, los cuatro fiscales del Supremo dan por reproducidos los argumentos de la fiscalía en Cataluña, contrarios al permiso de salidas que se concedió a la expresidenta del Parlament.

No cumplen verdaderos programas de reinserción

En relación con los recursos ya presentados ante los jueces de vigilancia en Cataluña contra los distintos permisos, los fiscales del Supremo recuerdan que la Fiscalía Provincial de Cataluña ha informado en contra de dichas decisiones al estimar que no se sustentan en verdaderos programas de tratamiento.

La reinserción de los delitos cometidos, a juicio de esos recursos, "no pasa por cuidar a familiares, acudir a voluntariado, llevar la anterior vida laboral o difundir en clase las propias ideas, sino en programas que reinserten al interno, paliando aquellas carencias que le llevaron a la comisión del delito".

Y estos internos no han cometido el delito por sus relaciones familiares, por carencias de hábitos laborales o ausencia de consciencia de ayuda social, sino por abusar de la situación de poder que ostentaban convirtiendo su propia voluntad en ley, recuerdan.

Por ello, los programas de reinserción en tales casos serían "aquellos tendentes a inculcar el respeto a la Constitución y a las leyes, como principio básico e inderogable de un Estado democrático y de Derecho", sugieren los fiscales del 'procés'.

Se refieren con ello a los permisos concedidos por el momento que son para cuidar a su madre (Forcadell), por igual razón y por tomar vacaciones la cuidadora, pese a existir otros familiares (Dorlos Bassa); para trabajar en su propia empresa (Jordi Cuixart); para impartir clases en una Universidad (Oriol Junqueras), para trabajar (Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull, con salida de 12 horas de lunes a viernes); para labores de voluntariado y trabajo (Raül Romeva y Jordi Sánchez).

Además, y en términos generales, los fiscales admiten que existen dudas doctrinales respecto a quien debe revisar los permisos, porque frente a resoluciones que estiman competente a la Audiencia Provincial del lugar del Centro penitenciario por considerar que se trata de una materia de tratamiento, otras resoluciones estiman que ha de ser competente el sentenciador al hallarnos ante materia propia de ejecución o clasificación. En todo caso, piden al Supremo que se pronuncie al respecto, declarándose competente para resolver la cuestión.

Los abogados de los políticos independentistas condenados por impulsar el 1-O Andreu Van den Eynde, Olga Arderiu y Benet Salellas han criticado la dilación del Tribunal Constitucional (TC) para resolver los recursos que han presentado: "Ha perdido la vergüenza jurídica", ha lamentado Salellas.

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, Van den Eynde ha acusado al TC de falta de imparcialidad y de haber "un cierto interés en prejuzgar los hechos", tras lo que ha reprochado que dilate pronunciarse sobre los recursos para que el calendario impida que se hagan efectivos.

El TC retoma su actividad presencial este martes con un Pleno en el que abordará las recusaciones presentadas por el exvicepresidente del la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra los miembros de este órgano. Salellas ha asegurado que el TC "comienza a ser un tribunal no permeable a las decisiones" de otros tribunales internacionales, y ha sostenido que cada vez le importa menos su imagen, lo que ha calificado de preocupante.

Van den Eynde ha insistido en que la dilación para resolver los recursos provoca que no pueda aplicarse porque ya no es efectiva: "Si se resuelve sobre la prisión provisional cuando ya han pasado dos años, ya no es aplicable", y ha acusado al TC de protegerse a sí mismo.

Cambio de prisión de Forcadell

Sobre el traslado de Forcadell desde la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), hasta la Prisión de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras), su abogada Olga Arderiu ha explicado que ha sido por un motivo "estrictamente familiar". Ha concretado que inicialmente a Forcadell le correspondía la cárcel de Wad-Ras, porque está empadronada en Sabadell (Barcelona), pero que pidió ir a Mas d'Enric por proximidad a su madre, pero ha añadido que pese a que le han concedido el 100.2 y tiene permiso para salir, "a su madre no la ha visto ni una hora".

Además, relata que debido a la crisis del coronavirus aún la ha visto menos, ya que es una persona mayor y por tanto población de riesgo, por eso ha decidido cambiar de prisión para "estar mas cerca de su familia más inmediata".

Reforma de la sedición

Preguntados por una posible reforma en el Código Penal del delito de sedición, Van den Eynde ha dicho que no solo pueden trabajar con la ley vigente y ha apuntado: "El problema que tenemos es que, cuando es el poder judicial el que aplica la ley, no tenemos la seguridad de que si cambia la ley la aplicará", y ha pedido que el poder judicial tenga un contrapeso. Arderiu ha afirmado que si el nuevo delito de sedición fuese más beneficioso se tendrían que revisar los casos de las personas a las que afecta y Salellas ha sostenido que la sedición es "un fósil jurídico" y han pedido al TC que lo anule.

El abogado de Cuixart también ha destacado que si hay voluntad política hay muchas herramientas para poner en libertad a los presos y ha deseado que, "ante este poder judicial con perspectiva tan conservadora", haya un poder político que lo contrapese.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha salido este lunes por primera vez de la cárcel de Mas d'Enric, situada en El Catllar (Tarragona), para hacer tareas de voluntariado y cuidar a su madre.

Fuentes de ERC consultadas por Europa Press han explicado que Forcadell ha salido de la cárcel en torno a las 8.30 horas de este lunes, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen penitenciario.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Mas d'Enric acordó el pasado miércoles que Forcadell puede salir tres días a la semana, entre semana, durante nueve horas; y este lunes la expresidenta de la Cámara catalana ha publicado un apunte en Twitter recogido por Europa Press con su foto saliendo de la cárcel y el mensaje: "Persistimos".

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha acordado este miércoles que la expresidenta del Parlament Carme Forcadellpueda salir tres días a la semana, entre semana, durante nueve horas.

Según han informado desde la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia a Europa Press, la Junta le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen penitenciario, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario.

Forcadell, condenada a 11 años y medio por el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista, podrá salir para hacer labores de voluntariado y para cuidar de un familiar de edad avanzada. La decisión es de aplicación inmediata pero se tiene que comunicar al juzgado de vigilancia penitenciaria que, tras consultar el posicionamiento de la Fiscalía, puede ratificar o anular la aplicación del 100.2.

La resolución que el juzgado de vigilancia penitenciaria eventualmente dictara sobre Forcadell se podría recurrir en última instancia ante la Audiencia de Tarragona. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia ratificó a principios de enero el segundo grado penitenciario para Forcadell, así como para el resto de presos condenados por el TS por el 1-O.

Sànchez y Cuixart

La Junta de Tratamiento de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), también aprobó la semana pasada que el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, puedan salir por trabajo y voluntariado en aplicación del artículo 100.2.

En el caso de Sànchez, la Junta de Tratamiento le permitió 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, mientras que Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos ya han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas al cumplir a mediados de enero una cuarta parte de la condena a nueve años de cárcel por sedición que les impuso el TS por el proceso soberanista. Además, de ellos, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condenado por el TS a 10 años y medio, solicitó a Lledoners la aplicación del 100.2, que le permitiría flexibilizar su régimen penitenciario, sin que ello suponga modificar su segundo grado.

La expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell ha admitido que quizá los políticos independentistas catalanes no tuvieron "empatía" con los catalanes no separatistas y que por ello estos sintieron que se les trató injustamente, según informa Europa Press.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio el viernes pasado en la prisión de Mas d'Enric, en Catllar (Barcelona), donde cumple una condena de 11 años y seis meses de prisión por sedición, por el papel "decisivo" que el Tribunal Supremo le atribuye en el proceso independentista catalán de 2017.

"Puede ser que hiciéramos una lectura precipitada (...). Si entonces hubiésemos hecho una buena lectura, no nos habríamos puesto un calendario", ha dicho cuando le han preguntado por los objetivos que se fijaron los políticos en el procés y por el incumplimiento de su propio calendario.

La exdiputada de Junts pel Sí considera que el calendario no debía ser "lo más importante". "No tuvimos empatía con la gente que no es independentista y que quizá no se sintió tratada de manera justa. Hay mucha gente que no es independentista que defiende las libertades y los derechos fundamentales y que si le das a elegir entre España y Cataluña elige España", ha señalado.

En cuanto a qué debería hacer ahora el independentismo catalán, ha dicho que le gustaría que "se calmasen" porque todos —y se incluye ella misma— están "tocados emocionalmente". Después, "tenemos que hacer una reflexión profunda y diseñar un futuro", ha añadido.

Los presos no deben ser "moneda de cambio"

Respecto a la reivindicación de los partidos independentistas de que los presos del procés recuperen la libertad, Forcadell ha afirmado que los condenados no pueden "estar en el centro" ni ser "la excusa o la moneda de cambio de nadie".

"Hay que mirar por el bien del país, de todo el país y de toda la gente que vive en él. Y eso será bueno para nosotros", ha manifestado, advirtiendo de que ahora hay que "pensar racionalmente" y que "las emociones no dejan razonar bien".

La expresidenta del Parlament ha apostado por que el independentismo siga hacia adelante y recurra a la "desobediencia civil no violenta". Asimismo, ha expresado su esperanza de que las fuerzas políticas separatistas dejen a un lado sus desacuerdos —que le dan "mucha rabia"— y que "en un momento tan, tan grave", se pongan de acuerdo.

"La gente tiene derecho a que no le quemen el coche"

Forcadell ha pedido condenar "enérgica e inmediatamente" la violencia durante los disturbios que se han producido en Barcelona y Cataluña después de que el Tribunal Supremo condenara a los líderes del procés. "La no violencia no es solo por convicción, que también, sino por eficacia", ha agregado.

De hecho, ha asegurado que lloró cuando vio las imágenes los altercados en las calles: "No lloré cuando recibí la sentencia, lloré cuando vi escenas de violencia en nuestras ciudades: esto no somos nosotros, no sé qué pasa, pensé".

"No reconocía Barcelona cuando lo veía... Hay que condenarlo sin paliativos y rápido, ¡ya! Me desesperaba viéndolo. ¿Qué no entendemos? La gente, piense lo que piense, tiene derecho a salir de casa sin que le quemen el coche o sin tener miedo cuando lleva a los niños al colegio", ha señalado.

Derecho a la autodeterminación

Por otro lado, la ex diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana ha afirmado que la han condenado por haber sido presidenta de esta organización, y no por amparar la creación de una legalidad paralela carente de validez con la ley de Transitoriedad y la ley de Referéndum aprobadas en el otoño de 2017, como concluyó el Supremo.

"Yo era la presidenta del Parlament y lo único que hice fue admitir a trámite las leyes por mayoría de la Mesa", ha indicado, defendiendo "el derecho del Parlament a hablar de todo", incluido el derecho de autodeterminación, y apuntando que quien aprobó esas leyes fue la mayoría parlamentaria independentista.

Además, cree que la Cámara catalana deberá volver a tratar la cuestión del derecho de autodeterminación, incluso aunque eso tenga consecuencias judiciales para los diputados. "Ni ahora ni nunca podemos renunciar a la libertad de expresión de nuestro Parlament", ha subrayado.

Por último, Forcadell ha declarado que los presos soberanistas podrían "tener un liderazgo ético, moral" en el independentismo, pero no ocupar cargos representativos "desde la cárcel o desde el exilio".

La Sala que juzga el procés indepedentistaprocés  en el Tribunal Supremo ha rechazado la puesta en libertad mientras esperan sentencia, de los líderes independentistas juzgados por rebelión en Cataluña Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Carmen Forcadell y Dolors Bassa, como recoge Europa Press.

Los magistrados no aprecian razones sobrevenidas para levantar la medida cautelar una vez finalizado el juicio y también alertan en su auto de la necesidad de salvaguardar "los fines del proceso", que está ya en el último tramo y con la deliberación que definirá su desenlace iniciada.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado este lunes en contra de la puesta en libertad, mientras esperan sentencia, de los líderes independentistas juzgados por rebelión en la causa del procés en Cataluña Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell. Alega entre otras razones que persiste el riesgo de fuga, mientras esperan que el alto tribunal dicte sentencia.

En escrito, de seis páginas, señala que también subsiste el riesgo de reiteración delictiva en todos ellos lo que "podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia". "La apariencia de buen derecho se ha incrementado tras el juicio oral" que concluyó el pasado 12 de junio, por lo que el "ambivalente dato del transcurso del tiempo" que llevan en prisión preventiva debe valorarse, a juicio de la Fiscalía, "como aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena".

Las defensas de los exconsejeros, de la expresidenta del Parlament y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) alegaban que una vez el juicio ha quedado visto para sentencia ya no es necesario asegurar la presencia de los encausados en la vista, no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar y es posible aplicarles medidas menos gravosas.

A lo largo de su informe, firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, se defiende que los presupuestos de mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva descansan sobre "la extraordinaria gravedad de los hechos", así como en el hecho de que otros siete procesados que se organizaron para el mismo fin hayan demostrado "su capacidad para huir de la acción de la justicia" escapándose "a diferentes países de Europa".

Existe a juicio del Ministerio Público peligro de "conexión" de los juzgados con los procesados huidos "cuyos pasos podrían seguir".

A ello se une la "posibilidad de contar con una estructura organizada con reconocida capacidad económica para soportar el coste por extendido que en el tiempo fuera de la aventura fugitiva", así como el riesgo de reiteración delictiva "que se concreta en la actitud permanente de resistencia civil e institucional frente al orden constitucional" acreditada según el Ministerio Público de forma especial "con la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última palabra.

"Los acusados, lejos de cualquier sentimiento de contrición o de arrepentimiento por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron, han insistido hasta el final (*) en el rechazo frontal a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento".

Recuerdan también los fiscales que, "una vez dictada sentencia condenatoria" la prisión preventiva puede ser prorrogada "hasta la mitad de la pena" que efectivamente se imponga, dada cuenta de que la sentencia "en los albores de su gestación o redacción".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este martes el recurso que presentaron la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell y otros 75 exdiputados autonómicos, entre ellos algunos de los procesados en el juicio del procés, por supuesta vulneración de derechos fundamentales tras la suspensión del Pleno en el que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Entre otras razones, el tribunal con sede en Estrasburgo comparte la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de suspender dicho Pleno, convocado para el 9 de octubre de 2017, ya que se trataba de "garantizar la protección de derechos y libertades de los parlamentarios en minoría" en el Parlamento catalán "ante posibles abusos de la mayoría", ya que la solicitud de convocatoria fue registrada por los grupos de Junts pel Sí y la CUP, que representaban a más del 50 por ciento de la Cámara.

Según el TEDH, el objetivo del Tribunal Constitucional era "permitir a los demandantes de amparo", es decir, el PSC, que fue el que presentó el recurso pidiendo la suspensión de ese Pleno, "ejercer legítimamente sus funciones" en conformidad con el artículo 23 de la Constitución.

Además, el tribunal considera que los demandantes no han sido víctimas de indefensión, ya que recuerda en su sentencia que el Parlamento catalán fue, a través de sus servicios jurídicos, "parte en el procedimiento de amparo" que dio lugar a la sentencia del Constitucional que confirmó la suspensión del Pleno.

Iñaki Urdangarin, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los nueve líderes independentistas son algunos de los 4.480 presos que han votado por correo desde prisión en las elecciones generales del 28 de abril, según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de estos trámites. Por su parte, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha decidido abstenerse.

De un total de 38.224 presos de nacionalidad española en cárceles dependientes del Ministerio del Interior -sin contabilizar Cataluña-, 4.880 han pedido participar en la cita electoral, lo que representa un 12,76%. El último dato histórico que se tiene es de 2011, año en el que solicitaron votar 2.225 internos. Todos los internos tienen derecho a votar -la abstención suele ser históricamente elevada- salvo aquellos a quienes el sufragio les haya sido retirado en sentencia judicial. También reciben información electoral a través de los medios de comunicación. 

En la cárcel de Soto del Real están ingresados los siete políticos catalanes varones juzgados en el Supremo por el procés independentista y también otros internos con relevancia pública por sus anteriores responsabilidades políticas como Luis Bárcenas y Rodrigo Rato. Fuentes conocedoras del trámite del voto por correo confirman que han participado todos ellos, así como otros condenados por el caso Gürtel como Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, y Alberto López Viejo, exconsejero de la Comunidad de Madrid. También ha cumplido con este trámite el exsecretario de Estado de Hacienda con el PP Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid, entre otros.

Desde la cárcel de Brieva, en Ávila, también ha ejercicio su derecho al voto Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina se encuentra en un módulo aislado de esta prisión de mujeres, que eligió en junio de 2018 para cumplir su condena de 5 años y 10 meses por el caso Nóos.

José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017 por liderar una organización criminal que salpicó a otros mandos de la Policía Nacional, no ha tramitado el voto por correo desde el módulo para policías de la madrileña cárcel de Estremera.

Los líderes independentistas

Además del derecho al voto, Instituciones Penitenciarias ha velado durante esta campaña electoral por cumplir con el mandato de la Junta Electoral Central en lo referente a los derechos como candidatos de seis de los nueve presos independentistas, cinco de ellos en las listas de la cita del domingo. La cárcel de Soto del Real ha celebrado una docena de actos políticos protagonizados por estos presos independentistas juzgados en el Tribunal Supremo. El director general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, se desplazó el sábado de Semana Santa al centro penitenciario para supervisar y reorganizar el orden de las intervenciones.

Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull concurren como cabezas de lista de JxCAT de Barcelona, Tarragona y Lleida, respectivamente. Oriol Junqueras es cabeza de lista de ERC al Congreso y Raül Romeva candidato al Senado por este mismo partido.

El sexto candidato es el exconsejero de Interior Joaquim Forn, que será el cabeza de lista de JxCAT a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales del 26 de mayo. A ellos hay que sumar Carme Forcadell y Dolors Bassa, que están en la prisión de mujeres de Alcalá-Meco y que, como los políticos varones, han tramitado su voto por correo.

Reparto por comunidades

Por centros penitenciarios, Asturias y Granada son los que cuentan con mayor número de solicitudes. Por el contrario, Melilla, Pamplona y Ceuta son las cárceles donde menor intención de voto existe, según los datos difundidos este miércoles por Instituciones Penitenciarias.

Por comunidades autónomas -sin incluir Cataluña, con competencias transferidas-, Andalucía encabeza el número de peticiones con un total de 1.372, seguida por Madrid con 743 y Valencia con 680.

Aquellos internos clasificados en tercer grado o régimen de semilibertad y que disfruten de permiso este fin de semana podrán ejercer su derecho al voto directamente en las urnas de sus colegios electorales.