Cataluña ante el 1-O

Este artículo recoge que cuando concurran simultáneamente la policía estatal y autonómica, "serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

La Fiscalía ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia por sedición por los incidentes en Cataluña de los pasados 20 y 21 de septiembre.

El Govern de la Generalitat disuelve la Sindicatura Electoral, que su propia legislación había puesto al frente de la organización y control del referéndum del 1 de octubre, horas antes de la entrada en vigor de las multas de entre 12,000 y 6.000 euros diarios impuestas por el Tribunal Constitucional.

Distintas cuentas del Partido Popular en las redes sociales han señalado con rótulos y emoticonos a los políticos de Podemos y Compormís que se manifestaron contra las detenciones de los miembros de la Generalitat. 

"Nuestro compromiso con el derecho a la autodeterminación y a la voluntad del pueblo catalán de decidir su propio futuro permanece intacto", precisa el president.

En su queja citan la ausencia de planos generales de las concentraciones y la insistencia en ofrecer incidentes con la guardia civil, que califican de minoritarios. Han trasladado la situación al Consejo de Informativos que estudiará los extremos de la denuncia antes de emitir informe.

"La convocatoria del referéndum en Cataluña no es transparente porque está creada con una ley elaborada por el Parlament pero a espaldas de los demás miembros del Parlament", ha manifestado el músico.

El Govern ha cesado al número dos de Junqueras para evitar pagar la multa, pero el TC ha avisado de que no suspende las sanciones. La Fiscalía ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia por sedición dirigida a aquellas personas o entidades que impulsan "movimientos populares" para imponer el 1-O.

Varios periódicos extranjeros llevaron a sus portadas de este jueves información sobre los últimos acontecimientos de Cataluña. El ministro de Exteriores mantendrá este lunes un encuentro con corresponsales extranjeros en el que la cuestión catalana tendrá un papel protagonista. 

"El pacto constitucional", razonan, "estableció un modelo de resolución de controversias" en materia de problemas territoriales basado en la idea de que "el conflicto ha de ser resuelto por instancias políticas". Y resulta "evidente", añaden, que las multas son inadecuadas para "resolver conflictos de base política".

Los expertos afirman que la estrategia puesta en práctica por el partido morado y sus aliados puede perjudicarles en el resto de España, ya que los sitúa en el mismo flanco que PDeCAT y ERC.

La formación de Albert Rivera insiste en su postura contraria a la apertura de diálogo con los partidos que han puesto en marca el referéndum del 1 de octubre. Ciudadanos y ERC, desde posiciones antagónicas, son los úlnicos partidos contrarios a la iniciativa, pormovida por el PSOE:

La decisión ha sido aprobada por unanimidad, pero tres magistrados han hecho constar que puede “situar al Tribunal Constitucional en la representación de un papel que desdibuja su naturaleza”. Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer entienden que las multas coercitivas son de dudosa efectividad como medida para obligar al cumplimiento de la suspensión.

"Se han traspasado unas líneas rojas, no creíamos que esto pudiera ocurrir en una sociedad democrática", denuncia Joan Tardà, mientras el PDeCAT señala que "el diálogo y el acuerdo político es la única vía".

La federación aprobará este sábado, salvo sorpresa, una resolución elaborada por Alberto Garzón defendiendo un referéndum pactado y un Estado federal.

El Gobierno pretende alojar a unos 600 policías y guardias civiles en un ferry de una naviera italiana que atracará en el puerto de Barcelona.

Alrededor de 20.000 personas se han concentrado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir la libertad de los detenidos este miércoles. 

Con las detenciones y registros encaminados a acabar con la logística del 1-O, los conservadores mantienen que queda claro que no va a haber consulta y que se ha demostrado que el Gobierno y los jueces no han estado de brazos cruzados. Temen, no obstante, algo que hace fuertes a los independentistas: la reacción en la calle, que traspasa ya las fronteras de Cataluña.

Catalunya en Comú y Unidos Podemos denuncian el "mayor ataque perpetrado contra las instituciones catalanas en democracia" y se manifiestan por la defensa de los derechos civiles.