Cataluña ante el 1-O

Quiere acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de 4,1 millones de euros, cantidad que el Tribunal de Cuentas estima que fue desviada para organizar el referéndum.

Una cosa es que rechacemos la arbitrariedad y el capricho en las concesiones de estas gracias, y otra que haya casos donde por razones "de justicia, equidad o utilidad social", según reza la ley actual, puedan otorgarse.

Los exabruptos públicos en redes sociales por parte de determinados responsables políticos independentistas no tienen nada que envidiar a los del expresidente estadounidense (de hecho, a alguno han tenido que terminar retirándolo de las listas electorales para las próximas autonómicas por la desmesura de sus insultos).

A su salida de la cárcel, ha llamado a votar el 14 de febrero para que "ningún voto independentista se quede en casa".

Franscisco Pardo, y el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, han sido citados a declarar por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores al establecer el operativo policial tras las protestas de la sentencia del 1-O de 2019

El manifiesto sostiene que "una gran mayoría de catalanes ha expresado repetidamente la voluntad de ejercer democráticamente el derecho a decidir de su futuro político".

Señala que el mayor de los mossos sumó sus esfuerzos al propósito de que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017

La Cámara aprueba las conclusiones de la comisión de investigación del 155.

Los acusados hacen frente a una pena de un año y ocho meses de inhabilitación, además de una multa de 30.000€ cada uno.

En su ensayo Decir no, el jurista Javier de Lucas analiza la desobediencia civil como elemento indispensable de las democracias maduras. 

La comisión de investigación tendrá como objetivo conocer la verdad de lo ocurrido, identificar responsables y buscar posibles fórmulas de reparación de los daños.

El Ministerio Público se ha opuesto al permiso y remarca que en su turno de última palabra ante el TS Cuixart manifestó que "lo volvería a hacer" y que no se arrepentía.

El tribunal reitera que no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión y hace hincapié en que los condenados buscaban implementar "una normativa antidemocrática e inconstitucional".

El órgano fiscalizador cree que el exvicepresidente tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros mientras que considera que Puigdemont participó de partidas que suman 2,1 millones

José Luis Trapero declara que "negarse de esa manera a la orden de la autoridad" y que "con un carácter tan general la gente desobedeciese" le sorprendió y los mandos del cuerpo no se lo podían creer.

También se sentarán en el banquillo de los acusados los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, y la intendente Teresa Laplana.