A pie de acera, los albañiles ultiman la colocación de algunos adoquines junto al escueto parque infantil que linda con el teatro Nuevo Apolo. Usuarios de pisos turísticos y personas con carros de la compra zigzaguean entre los utensilios. El alivio visible de algunas caras denota que está próxima a finalizar la reforma de este enclave del centro de Madrid, impulsada por el Ayuntamiento de Martínez-Almeida hace un año.

La sobria estatua pétrea del mercedario fray Gabriel Téllez –más conocido por su seudónimo como dramaturgo de Tirso de Molina– seguirá presidiendo la plaza que lleva su nombre desde 1943. Nada más tomar Madrid con sus tropas, el franquismo demolió el monumento de bronce allí erigido al político liberal Juan Álvarez Mendizábal, suprimiendo la denominación original de este enclave como plaza del Progreso.

La génesis de este espacio urbano se inició precisamente durante la desamortización de bienes eclesiásticos acometida por Mendizábal en 1838. Durante ese proceso fue derribado el convento de la orden mercedaria allí existente. Un siglo después, al inicio de la posguerra, el régimen dictatorial levantó la estatua a Tirso de Molina, monje mercedario y célebre autor del siglo de Oro, rebautizando a la plaza del Progreso con su alias literario.

Situada a tiro de piedra de la Puerta del Sol por un lado y de la plaza de Lavapiés por otro, confluyen en esta encrucijada urbana una decena de calles. Arterias animadas por las que suele discurrir gente joven, que se confunden con camareros, vendedores de flores e inmigrantes africanos recién llegados a Madrid. Su ubicación estratégica ha marcado la existencia de gentes de letras, artistas y músicos en el último cuarto de milenio.

Motivo de inspiración para los compositores, la cantante malagueña Vanesa Martín eligió como broche final de su notable bachata Objetos perdidos una alusión nostálgica a la plaza: “Y un amigo en común me invitó a una fiesta contigo… cuando ya estaba en Tirso, ¿de qué sirve ya?”.

Una estela lírica iniciada por el creador jienense Joaquín Sabina, que como vecino popularizó el actual nombre de la plaza, destilando otra referencia romántica al lugar en Caballos de cartón, en una de cuyas estrofas evoca el itinerario de la línea 1 del Metro: “Tirso de Molina-Sol-Gran Vía-Tribunal, ¿donde queda tu oficina para irte a buscar?”.

Dédalo de calles, enlace natural entre la calle Atocha y el Rastro también eligió aquí morada un bailarín y coreógrafo de Córdoba llamado Joaquín Cortés. Instintivamente o no, la predilección de los creadores andaluces por este entorno tiene ilustres precedentes, ya que sirvió como residencia inicial a los hermanos Gustavo y Valeriano D. Bécquer, poeta y pintor sevillanos cuando se trasladaron a Madrid.

Y aunque no corona una colina, como el Montmartre parisino, la plaza dio refugio a otros literatos y artistas bohemios que vivían en el barrio de Lavapiés, cuyas calles se desparraman ladera abajo hacia la ronda meridional de Madrid. 

Tras los hermanos Bécquer, dos genios de la pintura universal apostaron por buscar alojamiento en los alrededores de esta misma plaza. Joaquín Sorolla Bastida abrió su primer estudio en la capital de España en el número 9 de la plaza del Progreso. Una iniciativa que tomó recién casado con Clotilde, su modelo eterna. Convivieron ambos en un piso-taller de esa finca entre 1889 y 1894. Luego habitarían distintos inmuebles en otras zonas de la capital, con estancias intercaladas en diversas poblaciones españolas y extranjeras.

Si Sorolla y su mujer hubiesen permanecido tres años más en su estudio de la plaza del Progreso, habrían cruzado sus pasos con un vecino adolescente de dieciséis años recién llegado al barrio. Se trataba de Pablo Ruiz Picasso, quien se mudó con pinceles y caballete a unas decenas de metros de la casa de Sorolla, alquilando habitación en la calle San Pedro Mártir número 5 en septiembre de 1897.Otro chaval de doce años de edad llamado José Ysbert Alvarruiz, luego conocido como Pepe Isbert, intérprete genuino de tantos personajes del cine español, vivía por entonces en otro piso del mismo inmueble.

Picasso iniciaba por aquella época sus estudios en la Academia de Bellas Artes, desplegando su creatividad fuera de las aulas con apuntes del natural, que perpetuó con ayuda de pequeños cuadernos. Su maestro en esas lides era José Moreno Carbonero, pintor malagueño y amigo de su padre. (Casualmente, dos óleos de este profesor de Picasso y otra obra de Joaquín Sorolla, que fueron dados por desaparecidos, han sido recuperados por la policía tras su hallazgo e identificación en los almacenes del palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba).

Al alborear el siglo XX, un cantero le grabó de forma espontánea una placa de agradecimiento al desamortizador Mendizábal en la base de su monumento. A esas alturas el café Progreso, situado en el número 1 de la plaza así llamada, constituía lugar de encuentro habitual para intelectuales y artistas. Corriendo el año 1917, vino al mundo la poeta Gloria Fuertes en el número 3 de la cercana calle de La Espada.

Para redondear el cuadro, un empresario llamado Vicente Patuel –cuyo hijo casaría en segundas nupcias con la actriz Carmen Sevilla– puso en marcha en la década de los treinta del siglo pasado el “Teatro Cinema del Progreso” ahora denominado “Nuevo Apolo”.

Con la Segunda República en marcha, el dramaturgo español por excelencia del siglo XX Ramón del Valle-Inclán Peña también se instaló en 1932 junto a su familia en el número 5 de esta plaza. Convecino de Valle era el político Álvaro de Albornoz Liminiana, según he descubierto en el Padrón Municipal de Habitantes de Madrid de 1930.

En su calidad de ministro de Justicia republicano, Albornoz promovió la ley del Divorcio que fue aprobada el 11 de marzo de 1932. Un dato relevante porque la actriz Josefina Blanco Tejerina inició precisamente ese mismo año su separación del dramaturgo gallego. Como asesora jurídica en este proceso judicial actuó la abogada Clara Campoamor, correligionaria política de Albornoz, quien había sido elegida diputada por el Partido Radical en las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas en junio de 1931.

Unos años difíciles para la pareja formada por el autor gallego y la protagonista de algunas de sus obras, que se repartirán el cuidado de sus hijos. Valle-Inclán sería nombrado después por la segunda República conservador general del Patrimonio Artístico y más tarde, director de la Academia de España en Roma, regresando desde la capital italiana a Santiago de Compostela, donde murió el el 5 de enero de 1936.

Desconocemos por lo tanto qué habría opinado tres años después el creador del esperpento sobre el derribo del monumento a Mendizábal. Para ello tendríamos que haber viajado de regreso a la plaza del Progreso.

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Raimundo García Paz es periodista e investigador.

En Oriente Medio y el Norte de África, la calle ha sido históricamente el principal espacio de vida y expresión política. En 2011, durante la oleada de levantamientos populares que sacudieron la región, plazas como la de Tahrir, en El Cairo, se convirtieron en el epicentro de la acción política de unas sociedades que dijeron “basta” a décadas de represión, estancamiento económico y corrupción. Hoy, estas plazas muestran un rostro distinto.

En Egipto, durante los 18 días de protestas que culminaron con la caída del régimen de Hosni Mubarak ―tras tres décadas en el poder―, los manifestantes ocuparon en masa la plaza Tahrir, que se convirtió entonces en un bastión revolucionario. Una década después, sin embargo, el paisaje urbano cairota cuenta otra historia, y en Tahrir los policías se imponen en número a los transeúntes.

La plaza fue rediseñada en 2020, y en su centro se erige ahora un obelisco faraónico de 19 metros custodiado por cuatro esfinges procedentes del templo de Karnak, en Luxor. Ya no es lo que era, y de ser un espacio de reunión y protesta ha pasado a ser un enclave frío y monumental. El poder ―representado en este caso en la figura de al-Sisi, que se mantiene en el cargo desde que en 2013 un golpe de Estado militar acabase con el efímero gobierno de los Hermanos Musulmanes― ha securitizado el corazón simbólico de la ciudad, convirtiéndolo en un escenario controlado y sin apenas presencia ciudadana.

Como Egipto, Túnez conoció el mismo destino de la contrarrevolución urbanística, y las plazas de la revolución fueron militarizadas y cercadas para limitar su acceso. Estas intervenciones, circunscritas al periodo posterior a los levantamientos populares de 2011, son en realidad parte de una tendencia regional más amplia. Por eso, más allá de los casos en los que el Estado interviene de forma directa en la disposición de los lugares, existen otros antecedentes históricos y escenarios en los que el control del espacio público se ejerce de forma más sutil: modificando, por ejemplo, su apariencia y función.

Las grandes urbes del Golfo ejemplifican esta lógica, cuyos planes urbanísticos ―aunque producto del urbanismo neoliberal― beben de las experiencias de sus vecinos regionales. En estas ciudades la vida privada sustituye la pública, y en lugar de plazas y parques encontramos centros comerciales, complejos residenciales y estructuras poco amigables para el peatón.

En esa misma línea, el downtown de Beirut, antiguo zoco y corazón histórico de la ciudad, fue objeto de una profunda transformación tras la guerra civil libanesa. El proyecto prometía revitalización social y económica, pero acabó desplazando a familias y comerciantes locales, que fueron reemplazados por edificios de mármol y fachadas de lujo.

Este modelo elitizado, por cierto, nunca logró arraigar, y pasear hoy por el downtown es lo más parecido a estar dentro de una postal postapocalíptica: el área permanece casi deshabitada y fuertemente controlada, lo que plantea la pregunta de si la reconstrucción perseguía también la creación de un espacio público dócil en el frágil periodo de posguerra. Sea cual sea la intención, el resultado es un centro histórico desactivado y sin tejido urbano. 

En todos los casos, ya sea de manera directa —a través de la militarización— o indirecta —mediante proyectos urbanos que alteran el entorno—, la gestión del espacio público se ha convertido en una extensión de los intereses de quienes ejercen el control. Pero la calle nunca es completamente dócil, y ante esa resistencia, el poder recurre a otra estrategia: saturar el espacio público con su propia iconografía. Es decir, “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. 

Un ejemplo paradigmático de este fenómeno es Erdoğan, en Turquía. El líder turco ha desplegado una estrategia de monumentalización religiosa con la que busca inscribir su proyecto político en el paisaje urbano. Así, en uno de los costados de la plaza Taksim —espacio central de las protestas de 2013 y lugar profundamente asociado a la historia de la resistencia en Turquía— se erige desde 2021 la mezquita Taksim. Su construcción no responde únicamente al deseo del presidente de controlar el que fuera el principal punto de encuentro de los manifestantes, sino que obedece también a su ya conocido empeño por reforzar la identidad islámica de Turquía. También la mezquita de Çamlıca, inaugurada en 2016, se alza sobre una de las más altas colinas de Estambul, desde donde observa y vigila toda la ciudad.

Pero el antecedente más claro de la apropiación simbólica del espacio público se encuentra en Irán. Un año después de su proclamación, la República Islámica se vio envuelta en una cruenta guerra con su vecina Iraq. El proyecto político era muy prematuro, y eran muchas las voces críticas y detractores. En un momento donde la identidad nacional iraní estaba aún definiéndose, Jomeini entendió que una manera efectiva de generar cohesión social era inundando el espacio público con retratos oficiales y mensajes nacionalistas. De hecho, con la exaltación de los mártires de la guerra, cuyos rostros asomaban por las calles de Teherán, el régimen logró movilizar a la población y alentar a muchos jóvenes a alistarse en el ejército.

En definitiva, quien controla el paisaje y su simbolismo ejerce un gran poder sobre las dinámicas sociopolíticas en Oriente Medio y el Norte de África. Por eso, y aunque las formas varíen en función del lugar —ya sea mediante la securitización, el rediseño o la saturación simbólica—, el espacio público constituye un campo de batalla donde se negocian la identidad, el poder y el orden.

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Nahia Varela Molina es especialista en el mundo árabe-musulmán y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El color de 2026 es el blanco. Así lo ha decidido la famosa compañía de color para las artes gráficas Pantone, que cada año toma esta decisión. El del año que acaba fue el Mocha Mousse, un marrón cálido, y el del 2024 un melocotón vibrante que bautizaron como Peach Fuzz. Puede parecer irrelevante, hasta anecdótico, pero la elección de este año, bajo el nombre de Cloud Dancer, destaca por encima de los años anteriores, no por su innovación o riesgo, sino por justo lo contrario. Es neutro, adaptable y parece funcionar casi como anestesia, según insinúa la propia compañía. “Presentamos Cloud Dancer, un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada”, declaran en su web.

“Vivimos en una época de transición en la que las personas buscan la verdad, nuevas posibilidades y nuevas formas de vida”, ha asegurado Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute al justificar la elección del color. “Sobrecargados y sobreestimulados por nuestra cultura del ajetreo constante, buscamos un respiro y un alivio de la estimulación emocional y física desconectándonos y alejándonos de las incesantes exigencias de la vida cotidiana para rejuvenecernos profundamente a nivel mental, físico y emocional”, ha añadido. Después de revelar la decisión, las redes sociales (como casi siempre) han sido rápidas en dictar sentencia. 

Los temas de los que hablamos habitualmente evidencian que vivimos al límite de nuestro aguante: las subidas de los precios de la vivienda, la imposibilidad de emancipación –solo un 15,2% de los jóvenes viven independizados–, la continuidad de los trabajos precarios y la sensación de inestabilidad constante ante (también) el contexto internacional, con líderes tan volátiles como Donald Trump o Javier Milei... Y las estéticas lo reflejan. 

Desde la compañía hablan de calma, pausa y reflexión, ingredientes que se demandan ante esta inestabilidad. Aunque a primera vista puede parecer que no es algo que se vea en el discurso mayoritario, ante la rapidez de los nuevos tiempos y el auge de las tecnologías que permiten realizar casi cualquier acción en solo un clic, la pausa es algo que atraviesa los fenómenos virales que ya llevamos meses observando en las redes sociales. 

En un artículo de The Guardian, la periodista Eva Wiseman habla del auge de las tradwives y de cómo su éxito se relaciona con toda una generación de mujeres feministas que, aunque han conseguido una supuesta liberación, se encuentran con que no solo tienen que rendir en el trabajo a los ritmos de la maquinaria capitalista, sino que también tienen que llevar la casa y encargarse de los niños, aunque sus maridos autodeclarados feministas también ayuden. Trabajo y cuidados, todo a la vez. Mientras que la mujer trabajadora moderna tiene que tirar de precocinados, la tradwife tiene tiempo de todo, incluyendo hacer la cena desde cero. Ellas tienen, ante todo, calma y pausa, y por eso no podemos dejar de mirarlas, según la periodista. 

En esta misma línea se sitúa la elección del color blanco como color del año. “El auge del blanco y de todas estas estéticas más minimalistas pueden entenderse como una forma de refugio simbólico ante el contexto también de saturación que estamos viviendo ahora mismo: la crisis económica, política, las guerras, la hiperconectividad y el exceso de todos los estímulos visuales que estamos absorbiendo”, argumenta Lara López Millán, doctora en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universitat de València. 

Patricia Soley, socióloga cultural y autora de ¡Divinas, modelos, poder y mentiras!, premio Anagrama de ensayo del 2015, coincide: “Es una reacción al horror que estamos viviendo. Vivimos guerras muy cercanas, una violencia constante, una sensación de colapso global. En ese contexto, el blanco aparece como un lugar simbólico donde preservar la inocencia, descansar, mantener la esperanza. El blanco no emite, no grita. Está asociado a la luz, a la pureza, al descanso”, matiza. 

Después de que Pantone dictara sentencia, las revistas de moda han sido rápidas en sacar sus predicciones sobre las tendencias de moda que veremos el año que viene. Entre ellas está, por supuesto, el color Cloud Dancer. Esto –como todo– habla de política. En su libro Códigos de vestimenta: cómo las leyes de la moda hicieron historia, el profesor de derecho de Stanford Richard Thompson Ford asegura que la moda ha servido siempre tanto para mantener las jerarquías sociales y el control político como para desafiarlos y promover nuevos ideales. Parece que, en este caso, la situación representa la primera de las opciones. 

El color blanco tiene significados que recuerdan a un ideal de mujer que ya pensábamos superado. Según el grupo CAPIRE (Colectivo para el Análisis Pluridisciplinar de la Iconografía Religiosa Europea) de la Universidad Complutense de Madrid, este color se asocia directamente con la pureza o la santidad, dos valores que ya atraviesan sutilmente algunos de los contenidos que consumimos.

En los últimos meses, las redes se han convertido en un escaparate para las nuevas estéticas que imperan entre las mujeres, desde los colores más neutros en la moda, como el blanco, el beige o el marrón, hasta el clean look, un moño apretado y tirante con la raya en medio del que no puede escaparse ni un solo mechón. También en el maquillaje, se popularizan más las rutinas sencillas (solo en apariencia) y limpias antes que la sobrecarga de colores, por ejemplo. 

Más allá de la estética, todo ello se basa en unos productos y cuidados que solo unas pocas pueden permitirse. “Después de la pandemia se ha implantado mucho este minimalismo en la estética femenina. Se presenta como algo natural y sencillo, pero en realidad exige tiempo, recursos económicos y disciplina. Transmite a las mujeres una sensación de control, autocontención y orden”, razona López Millán. 

Hace ya unos años, la empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian, una de las mujeres más ricas en el mundo según la revista Forbes, enseñó la casa en Los Ángeles que compartía con su entonces marido, el rapero Kanye West. La mansión era completamente blanca, sin color, sin casi muebles y sin nada que no fuera a medida. Toda una muestra de la riqueza y estatus de la pareja. 

“Kim Kardashian convierte el minimalismo blanco en un ideal aspiracional, pero a nivel global. No se presenta solamente como una vivienda, sino también como una experiencia estética asociada a la calma, a la pureza y, en su caso, lo que quiere también reflejar es un éxito extremo. Su espacio no comunica austeridad, sino lujo. Poder tener una casa así implica no necesitar acumular nada, no tener urgencias materiales y poder también delegar el trabajo doméstico y el mantenimiento”, explica López Millán. 

Ahora parece que este tipo de estética de minimalismo absoluto se ha traspasado a las clases más humildes. Los bloques cebra –como han sido bautizados en las redes sociales– inundan los paisajes de la periferia con nuevas construcciones que dejan calles y calles de edificios blancos y negros. 

Su estilo es un intento de modernidad, de pasar de los años ochenta a algo nuevo y atractivo. Sin embargo, esta supuesta modernidad no se traduce en sus construcciones ya que sus materiales permiten construir mucho y con muy bajo coste. “Hay una dimensión aspiracional. Pero también hay algo muy práctico: el blanco con materiales “naturales” es relativamente barato y da apariencia de clase alta con poco dinero. Es una estética que se puede escalar a distintos niveles económicos. Además, interesa al mercado porque los materiales baratos se desgastan rápido y hay que volver a consumir”, asegura Soley. 

Pero entonces, ¿por qué el blanco y el negro? Son un símbolo, ante todo, de estatus y de una clase social determinada. “En muchos casos estas estéticas neutralizan la identidad estética de los barrios trabajadores. Borran visualmente las huellas de la vida cotidiana, del trabajo y de la historia social del barrio", zanja López Millán. 

A estas alturas, casi todo el mundo ha oído hablar de la megainversión que los Estados del mundo árabe-musulmán ―especialmente los del Golfo― están destinando a proyectos de enorme envergadura. Desde ciudades futuristas surgidas de la nada hasta estadios y mundiales de fútbol, esta apuesta por los megaproyectos ―entendidos como iniciativas de gran escala y elevada inversión que transforman paisajes urbanos, economías y sociedades― responde a la necesidad de diversificar unas economías altamente dependientes del petróleo. 

Las monarquías y gobiernos regionales buscan, además, atraer inversión extranjera y ganar legitimidad internacional. Y, en buena medida, lo están consiguiendo. A través de la monumentalidad arquitectónica, estos Estados pretenden redefinir su lugar en el sistema internacional. Ya no se presentan como meros exportadores de petróleo, sino como exportadores de modernidad e innovación. 

Arabia Saudí es quizá el ejemplo más paradigmático de esta tendencia regional. El reino lanzó en 2016 la estrategia Visión 2030, un plan que buscaba diversificar su economía ―en 2024, el petróleo representó alrededor del 62% de los ingresos estatales― y reforzar su legitimidad internacional. El megaproyecto urbano NEOM es uno de sus ejemplos más ambiciosos, un complejo futurista donde se encuentran modernidad, lujo y energías renovables. Dentro de NEOM, The Line ―una ciudad lineal de hasta 170 kilómetros sin calles ni coches― concentra la mayor atención mediática, aunque también está Trojena, un complejo de montaña con treinta kilómetros de pistas de esquí, lagos artificiales y residencias exclusivas.

Trojena fue anunciada oficialmente en marzo de 2022, y apenas unos meses después, en octubre, Arabia Saudí ―donde cerca del 95% del territorio es desértico― obtuvo la adjudicación de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. El proyecto y su elección como sede no solo transforman la geografía, sino también la narrativa en torno al papel de Arabia Saudí en el escenario internacional: de ser un país percibido como aislado y socialmente restrictivo, a uno que busca situarse en la vanguardia de la innovación, atrayendo inversión extranjera y posicionándose como un actor internacional confiable. 

No obstante, algunos de estos megaproyectos han comenzado a mostrar signos de agotamiento. El Fondo de Inversión Pública saudí registró en 2024 una depreciación de 8.000 millones de dólares en este tipo de desarrollos, mientras que un informe interno de NEOM revela que el coste estimado del proyecto podría elevarse hasta los casi nueve billones de dólares y su finalización prolongarse más de medio siglo. En Trojena, los costes se habrían duplicado en dos años.

Aun así, la fiebre de los megaproyectos no ha dejado de extenderse por el Golfo, donde Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros, siguen los pasos del gigante wahabí. En los Emiratos, el Louvre Abu Dhabi —inaugurado en 2017 junto a otros proyectos culturales como el Guggenheim Abu Dhabi— se ha consolidado como símbolo de la apuesta del país por el sector cultural y turístico. Su acuerdo de colaboración con Francia, de treinta años, refuerza una estrategia diplomática orientada a proyectar modernidad, tolerancia y apertura al mundo.

Catar, por su parte, destinó cerca de 200.000 millones de dólares a las obras vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2022​, el torneo más costoso de la historia. La inversión incluyó la construcción de estadios, un sistema de metro, una nueva terminal aeroportuaria y el desarrollo íntegro de la ciudad de Lusail, sede de la final. El evento se concibió como eje de la Qatar National Vision 2030, una estrategia orientada a reducir la dependencia del gas y a reforzar la posición del país como polo regional de innovación y diplomacia deportiva.

Sin embargo, Doha fue objeto de intensas críticas internacionales que revelaron la cara B de los megaproyectos. Informes de Amnesty International, Human Rights Watch y la Organización Internacional del Trabajo documentaron las duras condiciones y la falta de derechos de los trabajadores migrantes encargados de levantar estadios, hoteles y grandes avenidas de mármol. Y aunque las críticas al modelo persisten, el retorno positivo ha sido mayor: contratos millonarios, grandes eventos deportivos y una proyección internacional sin precedentes, razones por las que otros países han decidido seguir el mismo camino. 

En Jordania, el National Water Carrier Project —que incluye una planta para desalinizar agua del Mar Rojo en Aqaba y un acueducto de 450 kilómetros hasta Ammán— producirá cerca de 300 millones de metros cúbicos anuales, con un coste estimado de 3.500 millones de dólares. Irak, por su parte, aspira a consolidarse como corredor estratégico entre Oriente Próximo y Europa con el Gran Puerto de Al-Faw, valorado en unos 17.000 millones de dólares, mientras que Argelia ha anunciado un plan energético y minero de 60.000 millones de dólares hasta 2029 para modernizar su infraestructura y expandir su capacidad de energías renovables.

También en Egipto, la Nueva Capital Administrativa (NAC) está en construcción. Se trata de un megaproyecto urbano que aspira a descongestionar El Cairo. Con torres que rememoran obeliscos y avenidas monumentales, se erige también como la manifestación contemporánea de las ambiciones faraónicas del presidente al-Sisi. Sin embargo, desde el inicio de las obras, la deuda externa de Egipto se ha triplicado, diezmando aún más la ya aquejada economía egipcia. Se estima que el coste de la NAC ronda los más de 58.000 millones de dólares.

Pero si hay un país donde comienzan a verse las grietas en el plan de diversificación y desarrollo económico basado en megaproyectos, ese es Marruecos. Allí, la línea de alta velocidad Al Boraq ha hecho de Marruecos el único país del continente africano con un tren de alta velocidad. A esto se suma la expansión del puerto de Tánger Med, ya consolidado como uno de los mayores núcleos logísticos de África y del Mediterráneo. Además, con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2030, avanzan las obras de renovación de infraestructuras y la construcción de estadios en Casablanca, Rabat, Tánger, Agadir, Fez y Marrakech.

Estas iniciativas reflejan el impulso modernizador que Mohamed VI ha querido imprimir al país, pero también evidencian el contraste con la realidad social de la mayoría. Mientras se renuevan aeropuertos y se construyen estadios, crece el malestar ciudadano ante el deterioro de los servicios públicos, la desigualdad y el desempleo juvenil, que roza el 36%. Como resultado, en los últimos meses miles de jóvenes han salido a las calles de Casablanca, Rabat, Tetuán o Agadir bajo el movimiento Gen Z 212, que denuncia la falta de oportunidades, el aumento del coste de vida y la brecha entre la prosperidad que prometen los grandes proyectos y la precariedad del día a día.

En definitiva, los megaproyectos se han convertido en apuestas para diversificar economías agotadas por la dependencia del petróleo y el gas, pero también en escenarios donde se refuerzan narrativas de modernización, se legitiman los regímenes en el poder y se proyecta una imagen de fuerza hacia el exterior. Países como Catar o Emiratos Árabes Unidos los utilizan como instrumentos diplomáticos, ejerciendo como mediadores en conflictos internacionales, anfitriones de cumbres globales y patrocinadores de iniciativas culturales y deportivas que buscan presentarlos como referentes de un “nuevo Oriente Próximo” moderno, sostenible y confiable.

En buena parte del mundo árabe-musulmán, esa ecuación —grandes obras a cambio de legitimidad— se ha extendido con fuerza, y en este contexto, los megaproyectos ya no son solo inversiones económicas, sino también laboratorios políticos donde se ensaya un nuevo contrato social. El desarrollo urbano y la narrativa visual del progreso se convierten en estrategias para proyectar estabilidad y cohesión, sustituyendo la participación política.

Pero ese nuevo contrato social se sostiene sobre bases frágiles. Tras la monumentalidad persisten desigualdades profundas, modelos laborales precarios y sistemas de gobernanza centralizados que dificultan la redistribución económica. Casos como los de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, los sobrecostes en Arabia Saudí o las recientes protestas en Marruecos han puesto de relieve los límites financieros y humanos de este modelo, que enfrenta desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad.

Los megaproyectos condensan, en última instancia, el paso de la economía del recurso a la del espectáculo. Y aunque aún es pronto para medir su alcance real, algo ya está ocurriendo. La pregunta ahora es qué papel desempeñarán en el futuro económico y político de la región: ¿lograrán sostener las expectativas que han despertado o terminarán revelando sus propias limitaciones? ¿Serán capaces de generar cohesión social o profundizarán las desigualdades que pretenden superar? El tiempo dirá si se consiguen consolidar como motores reales de transformación o si, por el contrario, terminan siendo símbolos de una modernidad tan espectacular como efímera.

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Nahia Varela Molina es especialista en el mundo árabe-musulmán y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El Índice de Diseño Urbano Saludable (IDUS) diseñado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) se presenta como una nueva herramienta para comparar ciudades. Este ha evaluado 917 ciudades europeas a partir de 13 indicadores relacionados con la salud y el bienestar de las personas y divididos en cuatro ámbitos: diseño urbano, transporte sostenible, calidad medioambiental y accesibilidad a espacios verdes.

Los 13 indicadores estudiados incluyen la compacidad urbana, la densidad de viviendas, las infraestructuras para desplazarse a pie, en bicicleta y en transporte público, los niveles de contaminación atmosférica, la capacidad para mitigar y gestionar el calor y la accesibilidad de los espacios verdes.

El IDUS es el resultado de un trabajo científico publicado en The Lancet Planetary Health y los datos de todas las ciudades están a disposición del público. Para que las ciudades sean comparables, se han agrupado en cinco categorías según el número de habitantes: grandes áreas metropolitanas, áreas metropolitanas, áreas urbanas de tamaño medio, áreas urbanas pequeñas y ciudades pequeñas.

De esta manera, una vez separadas por categorías, el índice asigna una puntuación entre 0 y 10 a cada uno de los indicadores analizados y establece una puntuación IDUS combinada.

En general, la categoría con las puntuaciones IDUS más altas es la de áreas urbanas de tamaño pequeño, que incluye todas las ciudades europeas con una población de entre 50 000 y 200 000 habitantes. Pamplona, Ginebra (Suiza) y Harlow (Reino Unido) encabezan el IDUS, con puntuaciones de 6,80, 6,65 y 6,64, respectivamente.

“Las diferencias de puntuación en el IDUS son muy pequeñas. Sin embargo, el índice muestra tendencias y ninguna de las 917 ciudades alcanza una puntuación de 7 o más sobre 10. Este resultado nos da una idea del margen de mejora en la promoción de la salud y el bienestar a través del diseño urbano en Europa”, explica Federica Montana, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

Por lo general, las grandes ciudades metropolitanas obtienen mejores puntuaciones en los indicadores de diseño urbano y transporte sostenible, sobre todo las del norte de Europa y algunas de España. Por el contrario, las ciudades más pequeñas muestran una mejor calidad medioambiental, con puntuaciones más altas en los indicadores de calidad del aire y mitigación del calor, sobre todo en el norte de Europa.

Las ciudades con mejor puntuación IDUS en cada categoría son Madrid, con una puntuación de 6,04 en grandes áreas metropolitanas; Lisboa (Portugal), con una puntuación de 6,09 en áreas metropolitanas; Bilbao, con una puntuación de 6,35, en áreas urbanas de tamaño medio; Pamplona, con una puntuación de 6,8, en áreas urbanas pequeñas; y Campobasso (Italia), con una puntuación de 6,02, en el grupo de ciudades pequeñas.

Una de las tendencias es que las puntuaciones IDUS más bajas tienden a concentrarse en países de Europa del Este como Rumanía, Bulgaria y Polonia. Por el contrario, es en las ciudades de Europa Occidental, con concentraciones notables en el Reino Unido, España y Suecia, las ciudades cuentan con puntuaciones más altas, según Natalie Mueller, investigadora de ISGlobal y coautora del estudio.

“El IDUS no es una clasificación definitiva, sino una primera aproximación basada en datos abiertos para comparar cómo las ciudades europeas promueven un diseño urbano saludable”, señala Mark Nieuwenhuijsen, ector del programa de Clima, Contaminación del Aire, Naturaleza y Salud Urbana de ISGlobal.

En ese sentido Nieuwenhuijsen añade que “las ciudades de tamaño similar a menudo se enfrentan a retos y oportunidades similares. Proporcionar una alta resolución espacial de los indicadores y las puntuaciones combinadas del IDUS puede ayudar a localizar problemas y desarrollar estrategias de intervención específicas”.

“El IDUS es una herramienta útil y también una llamada a la acción para que las ciudades examinen los datos y las distribuciones, y utilicen sus propios datos para validar las conclusiones. Así podrían definir estrategias de intervención específicas y contribuir con mejores datos a mejorar los indicadores y la cartografía en un futuro próximo”, concluye Natalie Mueller.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de Agrocamping S.L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó un decreto del Ayuntamiento de Tarragona por el que se denegaba la legalización de la colocación de 'mobile homes' en el camping que regentaba dicha sociedad. El Tribunal Supremo ha establecido que las ‘mobile homes’ o casas móviles exigen de una licencia urbanística por ser asimilables a una casa prefabricada y no a un remolque.

La empresa las consideraba asimilables a los remolques o a las autocaravanas, pero para el tribunal no es correcta su asimilación pues el diseño es incompatible con su utilización habitual como vehículo remolcable, por lo que "su asimilación debe hacerse con la casa prefabricada y no con el remolque". La Sala que la exigencia de licencia urbanística se justifica en la defensa del medio ambiente y el entorno urbano.

Así, serán las normas urbanísticas aplicables en cada caso las que legitimen la instalación de las casas móviles en un camping, "sin que pueda quedar amparada dicha instalación en la licencia de actividad que se haya podido obtener previamente ya que esta licencia, como certeramente señala el Ayuntamiento de Tarragona, no tiene por función realizar el control urbanístico de los usos del suelo, sino procurar que la actividad se desarrolle sin causar molestias".

Por otro lado, el Supremo señala que la voluntad de la empresa era transformar su negocio de camping en una instalación tipo 'resort' dotando a las parcelas de los servicios de agua, electricidad y desagüe para colocar sobre ellas, 'mobile homes' y 'bungalows'.

La sentencia contesta que 'resort' significa complejo hotelero, de manera que la transformación pretendida con la colocación de las 'mobile homes' en unos terrenos existentes en suelo no urbanizable implica un uso del suelo que exige autorización urbanística, sin que "en ningún caso", precisa, dicha transformación pueda quedar amparada en la licencia de actividad obtenida para un camping.

“El proyecto urbanístico Valgrande de Alcobendas avanza con nuevos objetivos en materia de sostenibilidad”, dicen en la promoción. Recojo un fragmento de prensa ya publicado: “De los 8.600 hogares contemplados, se construirán 860 chalés y algo más de 3.000 pisos con precios libres. Unas 4.730 viviendas tendrán algún grado de protección pública. La Junta de Compensación, promotora del desarrollo, calcula que Valgrande acogerá a 25.800 nuevos vecinos [compárese con su población actual] y su construcción generará 4.000 empleos. Habrá casi 600.000 m2 de zonas verdes”. Todo parece otro milagro de los panes y los peces. En este caso de los árboles y los pisos. Muchas viviendas donde había muchos árboles pero aumentan los árboles. Dice la promotora: “Los árboles que se vean afectados por las obras serán repuestos, de modo que la zona pasará de tener 2.555 árboles a más de 6.700. Según contempla el protocolo, se van a crear dos nuevos parques…”.

Alcobendas está considerada como la tercera ciudad de España en volumen de facturación empresarial, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Su alcaldesa, la popular Rocía García, acaba de informar en los micrófonos de la Cadena Ser de la firma del protocolo que establece la sostenibilidad como pilar estratégico del futuro desarrollo urbanístico, en un municipio cuyo proyecto ha sido cuestionado por sus posibles implicaciones a nivel medioambiental, llegando incluso a ser paralizado por la Justicia por falta de estudio ambiental, tras la denuncia de los colectivos ecologistas.

El “Plan Parcial de Los Carriles”, denominado desarrollo urbanístico Valgrande, “es una barbaridad contraria al equilibrio entre naturaleza y salud en tiempos de máxima sensibilidad ante el cambio climático y calentamiento global que estamos sufriendo”, señalan en una carta dirigida a la primera edil tres eurodiputados de The Left, grupo de la izquierda en el Parlamento europeo. La carta alude a que el proyecto Valgrande/Los Carriles fue “paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)” y propone tomar en consideración que el espacio es “según diversos informes científicos, un lugar de extraordinaria biodiversidad de flora y fauna, reserva mundial de mariposas y zona de caza y alimentación de aves rapaces” (apuntan que el terreno albergaría casi tantos tipos de lepidópteros, necesarios para la polinización de las plantas, como el Reino Unido). 

Por su parte, la Plataforma Salvemos los Carriles, resalta “su función como pulmón y refrigerante natural para el municipio y sumidero de contaminación. Un espacio que aporta, por tanto, enormes beneficios a la ciudad, mitigando las causas y consecuencias del cambio climático y proporcionando un entorno saludable para el deporte, el ocio y un contacto cercano con la naturaleza para sus habitantes”. La construcción de esa enorme urbanización (además de un gran bloque de cemento que rompería un bello paisaje boscoso), indican, “supondría la destrucción irreversible de este espacio natural y un serio impacto para el medio ambiente y la salud y el bienestar de las personas debido a: incremento de la contaminación del aire, ruido, aumento de la temperatura (`isla de calor´ urbana), atascos, colapso de la ciudad, desaparición de especies de flora y fauna y un grave deterioro para el Monte Valdelatas por la presión a la que se vería sometido” el apreciado paraje “fuente de aire limpio, sumidero de carbono, regulador de temperaturas… hábitat regulador hídrico (recarga de acuíferos, mitigador de los efectos de las sequías e inundaciones). Por no hablar de lo que supondrían 25.800 nuevos vecinos en una población con 116.895 habitantes.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

Las Ramblas de Barcelona encaran su futuro con el reto de luchar contra la gentrificación y el impacto turístico y recuperar el terreno perdido para los vecinos y vecinas. La avenida más conocida de la ciudad ha sido en muchas ocasiones también un reflejo del momento vital de la capital catalana. Por eso bajo sus adoquines no sólo hay la playa, como rezaba el lema de mayo de 1968. Hay los sedimentos de un espacio usado por siglos por la ciudadanía residente en Barcelona.

La sociedad ha tomado allí el espacio público en algunas de las movilizaciones más importantes del último siglo. Desde cuando en 1936 las milicias obreras de la CNT, POUM y PSUC ocuparon gran parte de los principales edificios de la calle, pasando por la primera manifestación LGTBIQ de España, las protestas del 15M o del procés independentista.

No obstante, desde hace años, la arteria más pisada de la ciudad condal no pertenece a los barceloneses y barcelonesas. La calle no es capaz de digerir los 15,6 millones de turistas al año que pasan por la ciudad, una cifra que multiplica por diez su población local. Ahora, el ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha las obras para remodelar Las Ramblas, que prevén finalizar en 2027. Por eso si hay algún momento para cambiar el rumbo de ese espacio público y devolver parte de la calle a sus vecinos y vecinas, ese momento es ahora.

El Ayuntamiento de Barcelona lleva dos años de obras, pero unos cuantos más pensando cómo abordar el reordenamiento urbanístico. El anterior consistorio de Ada Colau otorgó a un equipo pluridisciplinar de arquitectas, antropólogos y personas expertas en turismo, entre otros, el encargo de idear la transformación global. Tras ganar el concurso internacional, el equipo de 18 personas de kmZERO desarrolló 53 propuestas en las que la participación ciudadana tenía un eje importante. Las obras se ralentizaron al final del anterior mandato pero el actual Ayuntamiento de Barcelona ha pisado el acelerador y quiere terminar las obras antes de la siguiente convocatoria electoral. A lo largo de los tres años que durarán las obras, el actual consistorio deberá decidir en qué medida se llevan a cabo acciones que acompañen a la construcción de Las Ramblas para frenar el impacto turístico en la calle y si sigue la senda del trabajo iniciado por el equipo kmZERO.

Hasta la fecha las propuestas que se conocen para llevar a cabo la transformación global son las que hizo kmZERO. Medidas que pasaban por la lucha contra la gentrificación y acciones para un turismo sostenible. 

El equipo propuso la movilización de pisos vacíos y la declaración de la zona como ámbito de rehabilitación y conservación. Medidas destinadas a preservar los derechos de inquilinos de larga duración y reducir el riesgo de la descohesión social y una ordenación urbanística singular que preserve el uso de vivienda habitual por encima de otros. También delimitar espacios públicos temporales para usos vecinales y un nuevo plan de usos para La Rambla.

De momento el ayuntamiento ha suspendido el otorgamiento de nuevas licencias comerciales en la calle hasta que el plan de usos esté hecho. Uno de los objetivos es frenar la proliferación de tiendas growshops, de accesorios de móviles y salones de pedicura y manicura para proteger el comercio de proximidad. 

El comisario del Pacto para Ciutat Vella, Iván Pera, afirma que en los próximos días el ayuntamiento presentará el nuevo plan de usos de Les Rambles y de Ciutat Vella junto a una comisión de seguimiento del plan. Iván afirma que lo que aportó kmZERO ha entrado en el debate, pero que es un debate “en el que ahora se está poniendo todo sobre la mesa” con “hoteleros, restauradores, comerciantes o vecinos de asociaciones culturales”. Un plan de usos que será decisivo para “definir qué queremos que pase en Las Ramblas y qué políticas hacemos para incentivar que pase”, remarca Iván Pera.

El consistorio anterior también aprobó un decreto para limitar los grupos turísticos a 20 personas que Collboni mantendrá hasta 2028, fecha para la cual el alcalde se ha comprometido también a no renovar las licencias de pisos turísticos de la ciudad, lo que eliminaría 709 pisos turísticos del distrito Ciutat Vella.

Una de las personas que más tiempo lleva pensando cómo transformar Las Ramblas es Itziar González, exregidora de Ciutat Vella e impulsora de kmZERO. La arquitecta se muestra contenta con el esfuerzo del ayuntamiento para agilizar las obras pero critica que no se esté dando continuidad al proceso participativo Comunidad Rambla, que reunía a 500 personas entre entidades, vecinos y personas vinculadas con la arteria de la ciudad para participar de su proceso de transformación. La arquitecta opina que ahora la interlocución del ayuntamiento con la ciudadanía se limita a la asociación Amics de Les Rambles y pide que se respete el codiseño producido por la Comunidad Rambla.

Precisamente esta semana, la asociación ha presentado el Observatorio Rambla, un organismo que se encargará de aportar datos cuantitativos sobre el perfil de personas que consumen y transitan por Las Ramblas. “Hay datos que son muy interesantes de qué es lo que se vende”, explica Ángel Díaz, vicepresidente de Amics de Les Rambles. El Observatorio permite “conocer qué es lo que prefieren los franceses, qué prefieren los norteamericanos, los italianos o los españoles a la hora de hacer una actividad”, resalta Díaz. “No le puedes estar vendiendo lo mismo a todos”, concluye.

Una de las conclusiones que expuso el observatorio durante su presentación pública fue que en Las Ramblas viven más personas extranjeras que locales. Según los datos que manejan, un 52% de la población es de fuera, la mayor parte de ella europea, asiática y americana.

Para el análisis de las personas que transitan en Las Ramblas la asociación ha puesto en marcha cinco sensores que contabilizan las personas que pasan por la calle y prevén hacer informes periódicos que recojan las actividades económicas que hay en ella y en sus cercanías. Con estos datos en la mano, el reto siguiente para el ayuntamiento será decidir la gestión de los espacios de gran afluencia como Las Ramblas, que concentran 120 millones de transeúntes al año, pero también para otros espacios de Ciutat Vella como el mercado de La Boquería.

Con la segunda fase de las obras empezada de las tres proyectadas, esta semana se han empezado a conocer los espacios de reflexión con los que cuenta el ayuntamiento para transformar Las Ramblas. Collboni tendrá un consejo asesor llamado ‘Rambla i Ciutat’ presidido por el joyero y director del MNAC Joan Oliveras, que presentará entre finales de noviembre y diciembre los veinte nombres que formarán parte del consejo. El órgano “trabajará para hacer propuestas sobre la oferta cultural o comercial” pero también para “la gestión del turismo”, explica Iván Pera, comisario del Pacto para Ciutat Vella. 

El comisario también explicó que algunos de los referentes la transformación actual son los actores con los que han hablado para el desarrollo del plan de usos de Ciutat Vella y Les Rambles y la comisión del seguimiento del plan que será presentada en breve.

Finalmente el recientemente constituido consejo asesor del Pacto por Ciutat Vella también será un órgano consultor relevante para el comisario del Pacto, Iván Pera. El Pacto tiene el encargo de planear una transformación del distrito para la próxima década y contará con un consejo presidido por Beatriu Carbonell, expresidenta de la asociación de comerciantes y vecinos de Santa Catarina. Iván Pera respondió a la queja de 30 entidades que en julio dijeron que el Pacto era una “imposición” a que algunas de ellas ya están integradas en el Pacto y el ayuntamiento tiene reuniones con ellas.

Pinchos, barrotes, bolas de hormigón, bancos individuales, curvos o con relieves… El diseño urbanístico incorpora cada vez más elementos para controlar el uso y la distribución de calles, plazas y mobiliario público. Por detrás de un aparente ímpetu de modernización, los colectivos sociales denuncian el borrado y desplazamiento sistemático de las personas sin hogar de la vida pública. En otras palabras, que la pobreza sea cada vez menos visible en el corazón de las grandes ciudades.

"Cuando estás en la calle, te sientes tan invisible, tan poca cosa, que llega un momento que no esperas nada de los demás", recuerda Guillermo, un madrileño de apenas 25 años que tuvo que pasar casi un año viviendo en la calle. "No hablas con nadie. Vives aislado del mundo", continua. "Y cada vez que te echan, no hacen más que reforzar esa sensación de abandono absoluto".

En este punto insiste Rafa Maellas, director de comunicación de la Asociación Realidades, que lleva años asistiendo a personas sin hogar en la capital. "Este tipo de medidas tienen un peso psicológico importante en las personas que viven en la calle, que se suma al ya de por sí costoso proceso mental del sinhogarismo. Se les niega incluso la posibilidad de descansar, de estar, casi de existir, profundizando su sensación de desarraigo y marginalidad".

El pasado lunes 7 de octubre daban comienzo los trabajos de remodelación de la céntrica Plaza Nueva de Sevilla. En los bocetos presentados por el ayuntamiento, los bancos adoptarán una nueva fisionomía, con la instalación de respaldos de hierro forjado y reposabrazos centrales. “Para que se utilicen para sentarse y no para tumbarse”, aclaraban fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

El nuevo diseño se propone a todas luces evitar el descanso y la pernoctación de personas sin hogar, las “estancias indeseadas” a las que se refería durante la presentación el gerente de urbanismo, Fernando Vázquez. “Pretendemos revitalizar el espacio y convertirlo en el escaparate ideal de la ciudad. El objetivo es cuidar el paisaje urbano tras años abandonado”, completaba el alcalde hispalense del PP, José Luis Sanz. Un escaparate "ensuciado" por la imagen del sinhogarismo.

No solo pasa en Sevilla. Alicante, Huesca, Zaragoza, Tenerife... Los ejemplos de mobiliario hostil se encuentran repartidos por ciudades de toda la geografía española. Barcelona es una de las más afectadas. Tanto es así, que el año pasado, la Fundació Arrels elaboró un mapa con hasta 334 elementos arquitectónicos hostiles distribuidos por la capital autonómica.

Los ayuntamientos tampoco son los únicos implicados. Locales, comercios y vecinos se suman habitualmente a estas prácticas. "Rejas en los portales, pinchos en escaparates y poyetes, bolardos a lo largo de las fachadas...", enumera Lucía Fernández, estudiante de trabajo social que colabora como voluntaria en Cáritas.

Basta con un paseo por el corazón de Madrid para darse cuenta de que la arquitectura hostil está cada vez más presente en las ciudades. Salimos del metro en la céntrica plaza de Callao, que parece, más bien, un enorme paso de cebra de cemento, generado por el cruce de calles. ¿Su uso? La colocación de stands comerciales. Al fondo, junto a la calzada, dos bloques de granito a modo de bolardos, ¡ah!, y también para sentarse. Por lo demás, un par de bancos individuales, en una plaza por la que pasan al año unas 113 millones de personas.

Seguimos por la calle Preciados en dirección a Sol. A un lado y otro de la calle se suceden las tiendas. Bershka, Zara, Primor, Stradivarius... Todas con sus correspondientes pinchos y barrotes protegiendo el ansiado asiento de sus escaparates. Ahora sí, llegamos al famoso kilómetro 0, símbolo madrileño por excelencia: la Puerta del Sol. Nos recibe otra explanada de cemento. Ni árboles –ni sombra–, ni fuentes, ni bancos convencionales. Tan solo los mismos bloques de piedra, esta vez adornados con incómodos relieves que obligan al asiento individual.

Bajando por la calle Mayor, tras una breve parada en la plaza del mismo nombre, una tercera "plaza dura" devorada por las terrazas, llegamos a nuestro destino final: la plaza de Tirso de Molina. Bancos individuales, taburetillos de piedra, bordillos de piedra con relieves... La salvan una fuente y algunos árboles.

Por el camino, las marquesinas de la EMT, herencia de la exalcaldesa Ana Botella, que dio el visto bueno a un nuevo modelo de bancos con una sobresaliente pieza rectangular en el centro. Desde el consistorio, en su momento, justificaron el diseño como un asidero para facilitar el apoyo de las personas mayores, lo que no evitó el estallido de todo un debate político, social y urbanístico. Hasta hoy.

¿Conclusión de nuestro recorrido? El centro de Madrid está pensado para las compras, las cañas y las visitas turísticas, no para el disfrute y aprovechamiento de sus zonas comunes. Mucho menos por aquellos sin el suficiente nivel económico como para sumarse a la vorágine de consumo y negocio. Madrid no es para sus vecinos.

"Las políticas de urbanismo hostil son el golpe definitivo para las personas que viven en la calle. Son el culmen de la aporofobia y la deshumanización", denuncia Maellas. Los colectivos sociales se muestran tajantes: se trata de un caso de persecución y violencia estructural. "El espacio público es de todos, para todos. Las medidas que buscan limitar el uso del mobiliario urbano de las personas sin hogar refuerzan su estigmatización y criminalización. Les arrebatan derechos básicos", añade Fernández.

El desplazamiento forzoso de sus lugares habituales desvincula a las personas sin hogar de los equipos de apoyo social de la zona. "La clave del sinhogarismo es la pérdida de una red social y de apoyos. Tener aunque sea a un vecino pendiente puede marcar la diferencia. Aporta un pequeño sentido de pertenencia y de relación con el entorno. Desplazarlos les hace perder sus vínculos y les obliga a volver a empezar una y otra vez", explica Maellas.

Y lo que es aún más importante, no ofrece soluciones reales al sinhogarismo, invisibilizando una problemática social que afecta cada vez a más personas. "¿No quieres que haya personas sin hogar en tu distrito? Me parece bien. Soluciona el problema dándoles un hogar. Que se les trate como personas y se les dé la oportunidad y el apoyo para demostrar sus capacidades, que las tienen", sostiene.

Las personas sin hogar son las víctimas más evidentes de un urbanismo cada vez más deshumanizado. Pero no son las únicas. Ancianos, niños o personas con movilidad reducida resultan también especialmente perjudicados. "Afecta a la calidad de vida de todos los vecinos", señala Maellas. "Las ciudades se están convirtiendo en espacios cada día más áridos para el desarrollo de la vida pública y vecinal".

El sinhogarismo es, de por sí, el caso extremo de una situación más generalizada. La actual crisis de vivienda dificulta enormemente el acceso de los ciudadanos menos pudientes a un hogar digno y estable, expulsándolos a un extrarradio cada vez más lejano o condenándolos a condiciones de vivienda precarias. "La amenaza del sinhogarismo no es tan ajena como parece", incide Guillermo.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, el año pasado, un 16,6% de las personas ocupadas, es decir, con empleo, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Cifra que sube hasta casi el 60% en el caso de los desempleados. "No somos conscientes de esto. Es nuestra lucha, del colectivo y del tercer sector", declara Maellas. "No somos mendigos ni criminales, somos personas con los mismos derechos y dignidad que el resto", concluye Guillermo.

Hace muchos años, diría que desde que me llegó el momento de ser madre, me declaro abiertamente feminista. Antes de ese momento vital no fui consciente, probablemente por no sufrir siendo una niña, luego adolescente y luego mujer privilegiada en muchos sentidos, las desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres por el mero hecho de serlo. Más grandes son las desigualdades si a la condición de mujer se unen o interseccionan otras muchas como la pobreza, el lugar de nacimiento o el tono de la piel, por mencionar algunas, que por azares de la vida no me condicionan. 

El feminismo es un movimiento social imprescindible que defiende la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Uno de esos ámbitos es el entorno en el que vivimos, en el que trabajamos, nos movemos, compramos, estudiamos, socializamos, nos divertimos y realizamos las actividades de la vida diaria, entre las que se encuentran de forma muy destacada los cuidados. Cuidar de otras personas y ser cuidadas por otras personas. Cuidados que son una responsabilidad y tarea irrenunciable que, a pesar de los avances y las medidas regulatorias, siguen recayendo desproporcionadamente en las mujeres. 

Le he dado muchas vueltas muchas veces a situaciones en las que no he estado rápida respondiendo desfachateces en torno al feminismo, que lo único que acreditan es menosprecio y en el mejor de los casos, osada ignorancia. Tendría que haber respondido esto o lo otro —me digo—, y se me agolpan atropelladamente respuestas elegantes y también macarras cuando la conversación ya no es posible, cuando ya pasó. Achaco esa parálisis argumental a los entornos en los que se han producido esas conversaciones. 

De las más incómodas destaco las que giran en torno al urbanismo feminista, concepto que despierta burlas y forzadas risas aún en gentes formadas, profesionalmente respetadas y de trato genuinamente amable y respetuoso. 

El urbanismo, cuando es feminista, pone a las personas en el centro. A todas las personas. Nada distinto de lo que dicta el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Tiene en cuenta la diversidad que nos caracteriza a las personas y en los distintos momentos de nuestro ciclo vital, y no asume que somos, que nos comportamos, que nos gustan y que necesitamos lo mismo que los señores en edad de trabajar que históricamente han diseñado el mundo para sí. Con “el mundo” me refiero a todo aquello fuera del hogar, ese lugar al que se refieren quienes gustan decir que “en casa manda mi mujer”, eufemismo de ser responsable del trabajo no remunerado que supone su gestión y la de sus ocupantes. 

El reparto de tareas —las elegidas, pero sobre todo las que no lo son— sigue siendo muy desequilibrado. Tareas que por muy domésticas que sean condicionan el empleo del tiempo, los trayectos que se realizan, los lugares que se visitan y el uso que se hace del espacio público. 

Los datos públicos de las Encuestas de Movilidad que elaboran los ayuntamientos y comunidades autónomas, las del Empleo del Tiempo que elabora el INE, y lo que se ve a poco que se mire con atención, desvelan que los hombres, en promedio, son más lineales; las mujeres dan más vueltas antes de llegar a su destino final, y lo suelen hacer más en transporte público que en vehículo particular. Ellos, en promedio, se mueven más solos, mientras que en ellas prevalece ir acompañando a personas que necesitan moverse acompañadas o asistidas. Empujar carros, cochecitos y sillas de ruedas es una actividad física en la que ella destacan, no por hacerlo mejor, sino por hacerlo más. Y esa mayor asiduidad pedestre permite observar a diario el estado y accesibilidad de nuestras calles, de los medios de transporte, de los portales de las viviendas, los desproporcionadamente limitados tiempos habilitados en los semáforos de peatones, los obstáculos insalvables que suponen las absurdas interrupciones, la carencia de rampas o los vehículos aparcados sobre las aceras, generalmente excesivamente estrechas y de valor subsidiario a la calzada, por donde transitan los vehículos motorizados. 

Por todo ello es imprescindible que en la planificación y gestión urbanas participen las personas que la han de disfrutar o sufrir, y que ya de paso cumpla siempre con la normativa de Accesibilidad Universal que, como la sostenibilidad, pareciera que es un asunto secundario y adyacente, cuando es central.  

Zonas verdes, parques, bancos, sombras e iluminación. Ruidos, emisiones y olores. Bicis y andadores. Barrios más compactados y menos dispersos, que permitan la autonomía en la infancia y en la vejez. Calles con ojos, como bien dijo Jane Jacobs en los EEUU del desparrame y segregación urbanística que hemos importado junto con la dependencia sobrevenida del vehículo privado. 

Todo esto tan radical y revolucionario es lo que defiende el urbanismo feminista. Y también, ya puestas, que las calles tengan nombres de mujeres. No todas, solo la mitad de las que rinden homenaje a personas.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Más de la mitad de la población global reside en ciudades, una cifra que se prevé alcance el 70 % en 2050, según los datos de Naciones Unidas. Estos enclaves, que a priori representan un espacio seguro y habitable, esconden en su diseño profundas desigualdades y problemáticas que afectan directamente a la calidad de vida de sus residentes, especialmente a la de los más vulnerables. "Tenemos la sensación de que, hoy en día, algunas ciudades se están volviendo progresivamente más hostiles”, asegura José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí. “Elementos arquitectónicos que antes eran poco frecuentes, o una excepción, cada vez son más habituales en ciudades y pueblos”. La arquitectura funciona a veces como “una herramienta que pretende impedir el establecimiento de personas en espacios públicos a través de la instalación de elementos arquitectónicos hostiles”, añade. Bancos divididos, objetos punzantes en suelos lisos o elementos de todo tipo que impiden la pernocta son ejemplos comunes, que impiden “estar en la calle y generar comunidad para la ciudadanía”.

Sara Ortiz, de Col·lectiu Punt 6, destaca que “la manera en la que se han diseñado los espacios también reproduce desigualdades de género y otras desigualdades y opresiones estructurales”. Vivimos en espacios pensados desde una visión androcéntrica, vinculada a un hombre blanco de clase media, con trabajo a tiempo completo y que cuenta con todas sus capacidades físicas, sociales y cognitivas. Esta perspectiva ha invisibilizado a la mayoría de la población, según Ortiz, para quien el urbanismo, lejos de ser neutral, responde a un modelo de sociedad patriarcal y capitalista, donde cada metro cuadrado “se explota para el beneficio de unos pocos, aprovechándose de la explotación de muchas”.

El diseño actual de nuestras ciudades contribuye a exponer especialmente a aquellas personas que viven en situación de sinhogarismo a una situación de extrema inseguridad, “siendo una respuesta que lejos de resolver el problema, lo agrava", recuerda Caballo. "La calle no es un lugar seguro, y las personas que se ven obligadas a vivir en ella conviven con esa inseguridad de manera permanente".

Según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023, las áreas urbanas abarcan solo el 3% de la superficie terrestre, al tiempo que representan entre el 60% y el 80% del consumo energético, así como el 75 % de las emisiones de carbono. Además, debido a la concentración de población y a la ubicación de muchas ciudades, son más susceptibles a los impactos del cambio climático y a los desastres naturales.

De esta manera, la hostilidad no solo impacta a aquellos que se ven obligados a utilizar la calle como refugio. Según señala Jesús Martín, vocal del Área de Naturaleza de Ecologistas en Acción, "el modelo urbano predominante intensifica la desconexión de las personas con la naturaleza, generando una deriva social que desvincula a la especie de su hábitat original". Por eso la eliminación de áreas verdes en entornos urbanos representa uno de los grandes desafíos. Martín advierte de que "esta acción va directamente en contra de los procesos de renaturalización urbana, los cuales deberían estar en el centro de la agenda de las administraciones públicas, sobre todo en un contexto de emergencia global debido a la crisis ecológica".

El aumento de las temperaturas, exacerbado por la falta de espacios naturales, contribuye a un entorno urbano aún menos habitable. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en 2023 fueron frecuentes los episodios de altas temperaturas, observándose hasta cuatro olas de calor en la Península iIbérica y Baleares y tres en Canarias. El año 2023 fue, además, extremadamente cálido y seco, tal y como se desprende del informe realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El ejemplo más evidente en materia de políticas urbanísticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente en España es Vitoria, la ciudad con más superficie verde per cápita, con 42 metros cuadrados por habitante. "El anillo verde o el parque de Salburua son ya referencia internacional en materia de renaturalización urbana", explica Martín. Sin embargo, esta no es la realidad generalizada en el resto del territorio ni a nivel internacional.

"Las áreas naturalizadas proporcionan refugios climáticos, amortiguan los efectos de olas de calor y minimizan inundaciones, contribuyendo a crear condiciones ambientales adecuadas en los espacios urbanos, mejorando la calidad del aire, el confort térmico y reduciendo el ruido", asegura Martín. Además, “son espacios de convivencia, lugares de encuentro e historia de nuestras vidas de gran importancia en nuestro desarrollo. Son los escenarios de nuestro crecimiento y cotidianidad”. 

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2022 solo la mitad de la población urbana mundial tenía acceso al transporte público. Aquí la planificación de la movilidad también juega un papel crucial. Según Ortiz, se "excluye a la mayoría de las personas que se mueven en la ciudad", poniendo “lo productivo, el capital y el consumo en el centro”. Además, recuerda que esta problemática afecta especialmente las mujeres, que “tienden a tener una movilidad más sostenible, utilizando más el transporte público”.

Detrás de toda esta problemática se encuentra un interés claro: dar prioridad a las actividades productivas que se desarrollan en el ámbito urbano. En lugar de esto Ortiz propone poner la vida cotidiana en el foco de la planificación, incluyendo todas las tareas de cuidados a nivel familiar, comunitario y personal –que generalmente recaen sobre las mujeres– y “convertirlas en responsabilidades  públicas y comunitarias”.

Sin embargo, según Ortiz, este enfoque aún “no existe en un país como el nuestro". A pesar de tener legislaciones normativas a nivel autonómico, estatal y europeo, asegura que estas no cumplen completamente las necesidades y deseos de los más vulnerables en la planificación urbana. Para ella, muchos en el ámbito de la planificación, tanto político como técnico, “no incorporan esta mirada ni valoran la diversidad de personas en nuestro territorio”.

De cara a abordar estos problemas, Ortiz sugiere la formación para “desaprender conceptos que reproducen las estructuras patriarcales y capitalistas” y destaca la necesidad de proyectos que incorporen una perspectiva feminista e intersecciones de manera intencional. Aunque existen modelos exitosos en lo relativo a urbanismo responsable y feminista, como la ciudad de Viena –que se ha convertido en uno de los grandes ejemplos de diseño urbanístico con perspectiva de género–, la implementación a menudo se enfrenta a desafíos políticos que derivan en la invisibilización de estos esfuerzos.

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

Nos acercamos a unas reñidas elecciones municipales y por transparencia democrática cada candidatura a las alcaldías deberá enseñar sus cartas a la ciudadanía. Entre los compromisos necesarios se encuentran los referidos a la defensa del patrimonio local, la calidad del paisaje urbano, el apoyo al pequeño comercio tradicional y la sensibilidad hacia el tratamiento y buen uso de los espacios públicos.

En resumen, se deben ofrecer compromisos claros sobre estrategias en defensa de los valores y las señas de identidad local para frenar el avance de las ciudades franquicia y la despoblación de los cascos históricos convertidos en parques temáticos para el turismo.

De vuelta a casa, tras dimitir en enero como diputado del PSOE por Gipuzkoa después de once años de vivir a caballo entre San Sebastián y Madrid, me tropiezo aquí con esa epidemia, mezcla de vulgaridad y especulación urbanística, muy presente en nuestras ciudades. Esta reflexión es consecuencia de una decisión insostenible que ha tomado el Ayuntamiento donostiarra.

Van a levantar, vaciando una ladera, un artefacto comercial de nueve plantas y 23.000 m2 para abrir otro gran supermercado —aunque ya existen dos al lado—, un restaurante, locales para franquicias y cuatro plantas de parking. Tendrán que excavar 46 metros en roca para una obra de tres años y fuertes afecciones a las casas y calles del entorno. Por otra parte, el nuevo aparcamiento de rotación, en contra de la filosofía medioambiental de crear un área central de bajas emisiones, provocará una mayor atracción y circulación de vehículos.

Lo más grave es que este centro comercial lo harán en un espacio tan simbólico como la actual ladera verde de la colina de San Bartolomé. Un sitio significado en la memoria de la historia de San Sebastián y que representa un paisaje urbano singular. Se trata de un “conjunto protegido” por el Plan General de Urbanismo, aunque el Ayuntamiento se salte sus propias normas, formado por el convento, iglesia, muro y ladera del cerro de San Bartolomé. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y a tres manzanas de la playa.

Sufrimos la despersonalización de las ciudades con pérdida de elementos de su memoria e identidad, los procesos de expulsión de vecinos del casco con la gentrificación y una oferta comercial homogénea y colonizadora. Fenómenos que han producido las ciudades franquicia. Ciudades clonadas, con pérdida de valores cívicos e indefensas ante la compra de edificios enteros por millonarios rusos o árabes, multinacionales, fondos de inversión y especuladores. Lo extraño es que se habla poco de los efectos de esta contaminación que viene de la mano de la globalización y se acompaña de la proliferación de enormes bazares chinos low cost; otro fenómeno a analizar.

No puedo contener mi rabia al comprobar que el Ayuntamiento se presta a ello solo para obtener más plusvalías. Recalco que buscan más aprovechamientos urbanísticos en el área de San Bartolomé, una zona que se encuentra al límite de su densidad y exprimidas sus plusvalías.

Esta actuación la pusimos en marcha en 2009 y ha permitido 160 realojos de vecinos, el traslado de las instalaciones de la Policía Nacional, reubicar un colegio privado, mejoras varias y 534 nuevas viviendas de precio libre. El beneficio económico obtenido por la sociedad mixta, en la que participa el Ayuntamiento con un 37%, es óptimo. No se justifica incrementar el volumen construido ni culminar la rehabilitación urbanística y social del barrio con este esperpento, ejemplo de avaricia y nula creatividad.

Sin embargo, el Centro Comercial lo propuso y tramitó en 2013 el entonces alcalde de Bildu. El PNV continuó en 2015 las modificaciones de normas de planeamiento y quiere desarrollarlo a toda costa, sin debate público ni una consulta ciudadana. Demuestra así que sin una idea clara sobre el modelo de ciudad se deja llevar por las tendencias colonizadoras y las conveniencias de los poderes económicos locales. El interés general y la transparencia no cuentan.

Frente a la intervención que se pretende y denuncio, la alternativa lógica consiste en rediseñar la ladera como un jardín inclinado para realzar con un mar florido esa parcela en el Ensanche Romántico de San Sebastián. Un jardín inclinado no rompería la visión integral del conjunto de elementos protegidos y sería una actuación ejemplar en favor de la calidad del paisaje urbano.

Es cierto que la ciudadanía está sometida a un clima político de crispación, a muchas incertidumbres que nos quitan el sueño y a graves problemas que afectan a la vida cotidiana. Esa realidad hace que mucha gente se distancie de la política. Por eso, debemos aprovechar este periodo preelectoral para interesar a la ciudadanía y abrir el debate sobre el modelo de ciudad que queremos. Un debate que va mucho más allá de las luces de navidad.

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Odón Elorza es ex diputado del PSOE y licenciado en Derecho.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha superado este jueves con la ayuda de Vox su primera prueba de fuego en la tramitación de la conocida como Ley Ómnibus, la macrorreforma que actúa sobre medio centenar de textos normativos. Sobre la mesa, tres enmiendas a la totalidad de la oposición para devolver el texto al Gobierno madrileño. El debate ha sido intenso. Mientras la derecha ha defendido a ultranza el proyecto al entender que es necesario para "impulsar" la economía regional, el bloque de izquierdas no ha dudado en calificarlo de "atentado democrático". Es más, desde Unidas Podemos se ha amenazado incluso con llevarlo ante el Tribunal Constitucional.

El debate ha arrancado a mediodía. Frente a la Cámara Regional, colectivos ecologistas, vecinales y sindicatos protestaban contra la tramitación del texto con gritos como "¡Privatizar para robar!". En su interior, el consejero de Presidencia, Enrique López, tomaba la palabra. "Es un eficaz instrumento para el impulso de la economía y la modernización de la Administración", señaló durante su intervención el dirigente conservador, quien reprochó al bloque progresista que hace meses les criticasen por tener "poca actividad" y ahora por tener "mucha". "Estamos en una coyuntura que exige un Gobierno audaz y legislaciones corresponsables", aseveró.

Toda la oposición, incluido Vox, coincidió en afear al Ejecutivo regional las "formas" a la hora de tramitar la macrorreforma. "Un texto legal de esta envergadura no se puede presentar ni tramitar como se ha pretendido", afirmó el diputado de la formación ultra Pablo Gutiérrez de Cabiedes. Al fin y al cabo, el anteproyecto fue presentado a las puertas de Navidad y con una "urgencia" que solo daba siete días en plenas fiestas para presentar alegaciones. "Esto empezó con premeditación y alevosía, hurtando la posibilidad de participación", insistió la parlamentaria de Unidas Podemos Sol Sánchez.

Durante todo el debate, López trató de defenderse por esta cuestión. Dijo que se está ante una "minilegislatura" y que tienen un tiempo "muy limitado" para llevar a cabo los cambios normativos que pretende el Ejecutivo madrileño. "Lo sentimos, la vida es así. El anteproyecto se acabó en diciembre y teníamos que presentarlo entonces. Somos un Gobierno que trabaja en Navidades", espetó con ironía desde la tribuna de oradores. Una explicación que no convenció a la oposición. Pablo Gómez Perpinyà diputado de Más Madrid, llegó a tildar el texto de "atentado legislativo" o "una de las mayores estafas democráticas" de la historia de la Comunidad de Madrid.

La Ley Ómnibus es una ambiciosa reforma legal de casi dos centenares de páginas en la que se mete mano a nada menos que 50 textos normativos diferentes: 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Incluye cambios en todo tipo de ámbitos. En materia urbanística, medioambiental, deportiva, de transparencia o de juegos de azar. También aborda modificaciones en el principal órgano fiscalizador regional, aquel que se encarga de poner la lupa sobre el uso que hace la Administración madrileña de los recursos públicos. Una macrorreforma que elimina tasas y trámites burocráticos con la que el Gobierno cifra en un millón de euros anual el ahorro a los contribuyentes.

La norma que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria da otra vuelta de tuerca más a una liberalización del suelo que se ha convertido en una de las señas de identidad de los conservadores en la región. Se introducen retoques en lo relativo a los denominados proyectos de alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas. Además, se legitima que los ayuntamientos puedan autorizar en suelos rurales la "rehabilitación", incluso con "destino residencial y hostelero", de "edificios existentes" aun cuando "se encontrarán en situación de fuera de ordenación" o se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria.

Desde la izquierda centraron buena parte de sus críticas justo en los cambios en materia urbanística y medioambiental. "Vuelven ustedes a lo mismo que hacían Esperanza Aguirre e Ignacio González. Son ustedes un remake", aseveró la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera. Algo en lo que insistieron Unidas Podemos y Más Madrid, desde donde señalaron que lo que se pretende hacer dando otra vuelta de tuerca a la liberalización del suelo es resucitar el espíritu de Eurovegas bajo el pretexto del impulso económico. "Son un Gobierno inflamable para el medio ambiente", apuntó Perpinyá.

Desde la ultraderecha no ven con malos ojos reducir o eliminar las "trabas burocráticas". Pero otra cosa es disminuir los controles al Ejecutivo de turno. En esas cuestiones, aseguraron, que no cuenten con su voto. Hicieron referencia en este punto tanto a las modificaciones vinculadas a la Cámara de Cuentas como a los cambios en materia de transparencia. Sobre lo primero, la Ley Ómnibus plantea rebajar la barrera parlamentaria para designar a los consejeros del ente que se encarga de controlar el uso que la Administración madrileña hace de los fondos públicos –pasa de los dos tercios actuales a que puedan ser elegidos en último término por mayor número de votos–.

En cuanto a lo segundo, se deja fuera del escrutinio público ciertos encuentros del Ejecutivo madrileño, cuyos altos cargos no estarían obligados, según el texto, a publicar en sus agendas "la actividad de mera cortesía institucional" –la norma ni siquiera pone negro sobre blanco las características que deberían de tener los encuentros para que se entiendan como tal–. Cuestiones que se abordarán en profundidad durante el resto de la tramitación parlamentaria del texto. Un proyecto de Ley que desde Unidos Podemos han amenazado con poner sobre la mesa del Tribunal Constitucional.

Pistoletazo de salida de la Ley Ómnibus de Isabel Díaz Ayuso. Tres meses después de que se hiciese público el borrador, el proyecto definitivo inicia este jueves la tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad. Es la primera prueba de fuego de una ambiciosa reforma legal de casi dos centenares de páginas en la que se mete mano a nada menos que 50 textos normativos diferentes. Incluye cambios en todo tipo de ámbitos. En materia urbanística, por ejemplo, se da un nuevo impulso a una liberalización del suelo convertida en seña de identidad de los conservadores. Pero no solo eso. También aumenta la opacidad alrededor de las actuaciones de altos cargos. O facilita el control del organismo encargado de fiscalizar los contratos y gastos del Ejecutivo regional fulminando la necesidad de mayorías reforzadas.

Desde el PP defienden que "el objetivo principal" de la norma es impulsar "la economía regional" y eliminar las "trabas burocráticas". Pero el texto no gusta ni a la izquierda parlamentaria ni a las organizaciones ecologistas, sindicatos o colectivos vecinales, que se concentrarán el próximo jueves a mediodía frente a la Cámara regional. Consideran que el texto es un "atropello". Tanto en las "formas" –fue publicado a las puertas de Nochebuena, dando solo diez días en plenas fiestas navideñas para presentar alegaciones– como en el "fondo". Es más, desde Unidas Podemos están estudiando llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Principalmente, por la ocultación de los informes técnicos asociados a la reforma hasta que el proyecto definitivo recibió luz verde en el Consejo de Gobierno.

Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y lo hizo Isabel Díaz Ayuso en su primera etapa en la Puerta del Sol. Sin embargo, la hormigonera volverá a girar otra vez más con la Ómnibus.

Con la nueva norma se pretende meter mano a decenas de artículos diferentes de la Ley del Suelo y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Así, por ejemplo, se introducen retoques en lo relativo a los denominados proyectos de alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas y que incluye alguna figura legal creada a medida hace justo una década para despejar el camino al proyecto Eurovegas. Entre los detractores de la norma preocupa, especialmente, que se otorgue al Consejo de Gobierno la capacidad de "determinar qué proyectos tienen este alcance, sin necesidad de fundamentar su utilidad pública o interés social".

Además, se legitima que los ayuntamientos puedan autorizar en los suelos rurales dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o "cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales" la "rehabilitación", incluso con "destino residencial y hostelero", de "edificios existentes" aun cuando "se encontrarán en situación de fuera de ordenación". O se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria, algo que la ley actual solo permite cuando éste no tuviera terrenos que pudiera aportar al consistorio.

A través de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo madrileño también maniobra para continuar fulminando los consensos políticos, algo que ya anticipó con la reforma de Telemadrid. Así, la norma plantea, entre otras cosas, reformular nuevamente el sistema de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, el órgano al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid, fiscalizando, entre otras cosas, sus contratos. Y que, en base a este nuevo modelo, sean renovados de inmediato –en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma– todos los miembros del ente, cuyo mandato se encuentra caducado desde hace tres años.

La ley actual, a la que se dio luz verde por unanimidad y a propuesta de Podemos, establece que la cúpula del organismo fiscalizador la compongan tres personas: el presidente y dos consejeros. Todos ellos elegidos por mayoría de dos tercios –91 diputados con la presente composición de la Cámara–, lo que obliga a buscar consensos entre varios grupos. Ahora, sin embargo, los conservadores pretenden introducir una modificación para rebajar la barrera de elección hasta los tres quintos, lo que actualmente equivaldría a 82 diputados. De no conseguirse dicha cifra, el texto establece que en tres votaciones diferentes sean elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

Además, se rebaja la duración del mandato –de nueve a seis años– y se acaban con los exámenes previos a la elección en la Cámara regional. Actualmente, el artículo 32 de la Ley de la Cámara de Cuentas establece que los aspirantes "deberán comparecer previamente ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid en materia de presupuestos, a los efectos de que dicha Comisión pueda evaluar su idoneidad". Algo que desaparece en la redacción del mismo artículo que ahora pone sobre la mesa el Ejecutivo conservador con su macrorreforma normativa.

La Ley Ómnibus también introduce cambios importantes en materia de transparencia. Uno de los más polémicos, dejar fuera del escrutinio público ciertos encuentros del Ejecutivo madrileño. Así, la norma que se debatirá este jueves por primera vez en la Cámara regional mantiene la obligación de publicar "las agendas completas de trabajo y de reuniones" de los responsables públicos. Pero lo hace introduciendo una excepción que no se contempla en la actual Ley de Transparencia: "la actividad de mera cortesía institucional".

En el bloque progresista se teme que la inclusión de esta exención cree todo un agujero de opacidad alrededor de los encuentros que mantengan los altos cargos del Gobierno madrileño. Al fin y al cabo, la reforma impulsada no detalla en ningún momento las características de este tipo de citas. Lo único que se señala es que serán aquellas "no tendentes a influir en el proceso de elaboración o diseño de normas jurídicas o de elaboración y aplicación de políticas públicas". Pero nada más. ¿Estarían obligados a publicar, por ejemplo, su participación en charlas o eventos organizados por entidades privadas? ¿O que han participado en una recepción? ¿Quién determina si en esos segundos de encuentro no se han puesto sobre la mesa cuestiones vinculadas a su actividad política?

Pero no son las únicas modificaciones que sufrirá el texto normativo que en 2019 aprobaron Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Sobre la información relativa a los altos cargos –declaraciones de bienes, gastos protocolarios o retribuciones–, por ejemplo, la Ley Ómnibus establece que se mantendrá publicada dos años tras finalizar el desempeño de sus funciones.

El proyecto, incluso, toca aspectos vinculados a la política sanitaria. Destaca, sobre todo, la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, adscrita al Servicio Madrileño de Salud y que actuará "en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario". El ente público en cuestión tendrá "personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión patrimonio y tesorería propios". Y se financiará no solo a través de las aportaciones consignadas en los Presupuestos regionales, sino también a través de "subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares", "conciertos o convenios" o "tasas".

Al bloque progresista le preocupa que este organismo pueda ser utilizado para impulsar "privatizaciones" en materia sanitaria al considerar que las funciones que se le atribuyen son demasiado amplias. Pero también, que "sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional", señalan desde Más Madrid, que exigen una ley ex profeso para la puesta en marcha de una agencia de estas características. Al fin y al cabo, recuerdan los diferentes grupos, la dirección de este órgano será nombrada directamente por el Gobierno de turno. Y temen que por su carácter pueda escaparse del control parlamentario.

Algunos de los cambios normativos llevan asociado un impacto en materia económica y de personal. De ahí, que junto al proyecto se incluyan, entre otros, informes de las direcciones generales de Presupuestos, Tributos, Recursos Humanos o Función Pública. Unos análisis detallados en los que se especifican los costes de algunas de las reformas incluidas en la Ley Ómnibus. Entre ellos, un aumento asociado a los gastos en altos cargos, puestos de máxima responsabilidad que Vox, principal apoyo de Ayuso a nivel parlamentario, siempre ha exigido reducir al Ejecutivo madrileño. En concreto, más de medio millón de euros anuales por la creación de nuevos puestos.

Por un lado, están las modificaciones que el proyecto normativo incluye para la Cámara de Cuentas. Actualmente, la ley establece que el máximo órgano del ente fiscalizador esté compuesto por tres consejeros. Una cifra que ahora el Gobierno autonómico pretende que se vuelva a elevar a siete. ¿Y cuánto costará dicho incremento? "Según los cálculos en función de las retribuciones previstas para un consejero, el coste total de la creación de cuatro consejeros en la Cámara de Cuentas, incluyendo homologación y costes sociales, asciende a 502.782,60 euros", recoge el informe elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Del mismo modo, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria lleva aparejada la creación de nuevos puestos de trabajo. En concreto, recoge la Memoria de Impacto Normativo, de uno de directivo con rango de director general, otro con rango de subdirector general, un tercero de jefe de secretaría de alto cargo y un cuarto de secretario de dirección. "El puesto de personal directivo con rango de director general supone un coste de 117.318,75 euros, el puesto con rango de subdirector general supone un coste de 82.862,33 euros, el puesto de jefe/a de secretaría de alto cargo supone un coste de 37.967,23 euros y el puesto de secretario/a de dirección supone un coste de 35.927,78 euros, lo que supone un importe total en el Capítulo 1 de 274.076,09 euros", completa el estudio.

La macrorreforma legal de Ayuso también incluye cambios en el sector del juego. Así, amplía el artículo dedicado a la publicidad y patrocinio de este tipo de actividades en el que se incluye, por ejemplo, que no estará permitida la oferta de "juego gratuito o a un precio inferior" o de consumiciones "gratuitas o a un precio inferior" en los establecimientos de juego. Tampoco, se podrá publicitar en centros sanitarios o sociosanitarios, de enseñanza o en aquellos emplazamientos en los que "se lleven a cabo actividades dirigidas específica o principalmente a menores de edad".

Y, además, se amplía el régimen sancionador. Así, por ejemplo, se considerarán como infracciones muy graves "la inexistencia de un sistema informático de acceso destinado al control de los asistentes" o "permitir a los menores de edad el acceso al juego de máquinas con premio en establecimientos de hostelería". Además, se recoge la obligación de estos locales de "tener a disposición de los usuarios folletos informativos facilitados por asociaciones que traten sobre la prevención, tratamiento de la ludopatía y sus centros de rehabilitación".

Fuera queda de la Ley Ómnibus, sin embargo, el transporte urbano. Aunque el anteproyecto incluía también cambios normativos en este sentido, orientados fundamentalmente a la regulación de las VTC, el Ejecutivo regional decidió finalmente sacar este asunto del texto, que encendió al sector del taxi, para tramitarlo aparte.

Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y ahora le toca el turno a Isabel Díaz Ayuso. Mientras, la región es cada vez menos verde a costa del incremento de superficies artificiales. Y los precios, a pesar de ello, no dan tregua.

"Llevamos años viendo cómo desmantelan la regulación urbanística, encaminándonos hacia una situación de caos total, sin normas", reflexiona en conversación con infoLibre Ángeles Nieto, responsable de Ecologistas en Acción en la región. La activista echa la vista atrás. El último movimiento de Ayuso a través de la conocida como Ley Ómnibus es solo otra vuelta de tuerca. Pero esto viene de lejos. En concreto, de hace dos décadas. En julio de 2001, pocos días después de que el Tribunal Constitucional tumbase buena parte de la Ley del Suelo Estatal de José María Aznar, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aprobaba su propia normativa autonómica. Un texto que abundaba y perfeccionaba esa liberalización masiva con la que soñaban los conservadores.

Aquella norma horrorizaba a organizaciones ecologistas y agentes sociales, en tanto abría la mano con las hormigoneras: el suelo no urbanizable quedó reservado solo para aquellos casos de especial protección. Sin embargo, dos décadas después, Nieto reconoce que "pagaría dinero" por volver al texto original. Porque si ya consideraban grave lo que se hizo en aquel momento, el tsunami legislativo que vino después fue todavía peor. En las últimas dos décadas, la Ley del Suelo autonómica acumula nada menos que 17 reformas, casi una al año. Y cada una de ellas va un paso más allá que la anterior. "Ha sido un destripamiento constante de la regulación", dice la portavoz del colectivo ecologista.

Un "desmantelamiento", continúa, que se intensificó en la segunda legislatura de Esperanza Aguirre. Por si la liberalización del suelo llevada a cabo hasta el momento no fuese suficiente, el Ejecutivo regional fue introduciendo nuevos cambios que afectaban, incluso, a zonas protegidas. "La mayoría de aquellas modificaciones se realizaban por la puerta de atrás, sin apenas debate, a través de leyes urgentes o de textos de acompañamiento a los Presupuestos Generales", explica Nieto. Por eso no sorprende que Ayuso llevase a cabo su primera reforma de la Ley del Suelo por el procedimiento de lectura única –impidiendo así la presentación de enmiendas– y que ahora haya recurrido a la tramitación de urgencia con su Ley Ómnibus.

Algunos de estos cambios normativos parecían trajes hechos a medida para el desarrollo de determinados proyectos urbanísticos. En 2007, la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid retocaba la Ley del Suelo para que "los ayuntamientos" pudieran "autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas", lo que allanaba en Alcalá de Henares la construcción de un campo de golf –luego se uniría un hotel de lujo– en la finca El Encín, terreno entonces clasificado como "no urbanizable de especial protección agropecuaria".

El Supremo terminó declarando ilegal la construcción del complejo. Lo hizo un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenciase que los terrenos escogidos en el municipio madrileño de Alcorcón para levantar Eurovegas no eran urbanizables. ¿Y cuál fue la respuesta del Ejecutivo madrileño? Confeccionar, de nuevo, un traje a medida. A final de año, y a través de la Ley de Medidas Fiscales, el entonces Gobierno de Ignacio González crea una nueva categoría dentro de los Proyectos de Alcance Regional: los denominados Centros Integrados de Desarrollo. Con este movimiento, el problema quedaba resuelto.

Unos meses antes, Aguirre había vuelto a retocar la Ley del Suelo autonómica. Lo hizo para adaptar una norma estatal. Eso sí, borrando de un plumazo el límite de superficie que la legislación nacional fijaba para la apertura de comercios solamente con una declaración responsable. Unos años más tarde, una promotora francesa se agarraba a ese cambio normativo para poner sobre la mesa solamente una declaración responsable a la hora de levantar en la ribera del Manzanares, junto a Madrid Río, un centro comercial de decenas de miles de metros cuadrados de superficie.

Algo en lo que, durante su primera etapa en la Puerta del Sol, abundó Ayuso. En octubre de 2020, la presidenta madrileña aprobaba su primer proyecto de Ley –y único hasta el adelanto electoral–, una nueva modificación de la normativa urbanística regional con la que, entre otras cuestiones, sustituía parte de las licencias urbanísticas por este tipo de documentos de responsabilidad. Pero los cambios impulsados entonces parecen no ser suficientes. De ahí que la líder del Ejecutivo autonómico haya decidido introducir más retoques en materia urbanística a través de la Ómnibus, un anteproyecto presentado por sorpresa en la víspera de Nochebuena que sirve como vehículo para introducir cambios en cuarenta normas diferentes.

Se mete mano a decenas de artículos diferentes de la Ley del Suelo y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. "Se recuperan cuestiones que ya habían sido rechazadas", denuncian los ecologistas. Así, critican que quede en manos del Consejo de Gobierno determinar qué proyectos tienen alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas. Además, se legitiman los establecimientos hosteleros en vías pecuarias o se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria, algo que la ley actual solo permite cuando éste no tuviera terrenos que pudiera aportar al consistorio.

"En lugar de dar una parcela para que haya una zona verde, por ejemplo, hago cuentas y te abono una cantidad de dinero. Pero los vecinos no necesitan eso. ¿De qué sirve que paguen al ayuntamiento si luego los chavales no tienen un sitio en el que poder pegar patadas a una pelota?", reflexiona Nieto en conversación con este diario, al tiempo que sostiene que con esta política de urbanizar cada centímetro la región se está encamina hacia una "macización" de los pocos solares que quedan libres.

La consecuencia directa de las dos décadas de liberalización masiva puede apreciarse en la evolución del tipo de suelo. En 2018 había en la Comunidad de Madrid alrededor de 120.000 hectáreas de superficie artificializada, el 15% de todo el territorio, según las cifras del Corine Land Cover. Mientras, las zonas agrícolas se habían reducido de 340.000 hectáreas a algo menos de 296.000. "El suelo agrícola está pasando a ser urbano", señala la portavoz ecologista.

Más datos. De la superficie construida en la región hasta hace una década, casi el 47% se había levantado solo entre 1987 y 2011, mientras que el 53% restante pertenece a todo el periodo previo de la historia de la región, según se recoge en el informe 25 años urbanizando Madrid, la generación que duplicó la superficie urbana, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional y el Observatorio de la Sostenibilidad.

"Y les da igual la repercusión nefasta que esto tiene sobre el territorio", sostiene la portavoz de Ecologistas en Acción. Nieto pone, por ejemplo, el foco en los centros de celebración de eventos en suelo rústico. "Cientos de personas, fiestas, vehículos, aguas residuales, ruidos... Todo sin control", critica.

El desorden. Esto es lo que proponen el sociólogo estadounidense Richard Sennett y el arquitecto español Pablo Sendra para responder a la privatización, el urbanismo hipercontrolador y, en general, a la ciudad “rígida” que domina el mundo occidental desde el siglo XX. La propuesta del libro Diseñar el desorden, que acaban de publicar con Alianza, puede resultar contraintuitiva: el desorden es negativo, el orden urbano es positivo, ¿no? No necesariamente. “Uno de los papeles del urbanismo”, concede Sendra, “es poner límites a los especuladores inmobiliarios, asegurarse de que las ciudades se desarrollan de manera justa. Obviamente, no nos oponemos a eso”. Pero sí advierten de que un sistema inflexible, regido hasta el extremo por la burocracia, “parece creado para los poderosos, porque se pueden permitir adentrarse en él”. La gente de a pie, las comunidades que forman los distintos barrios, quedan al margen de la planificación urbana. No pueden influir en ella ni decidir sus usos. “El desorden que promovemos no significa permitir a los poderosos hacer lo que quieran”, apunta el arquitecto español, “sino usar un tipo de urbanismo que no esté ya determinado, donde no todos los usos y actividades estén fijos, y que permita espontaneidad y cambio”. Un desorden que tiene que ver con la flexibilidad y con la participación.

Pero esta tesis no es nueva. De hecho, Sennett advirtió ya en Los usos del desorden, publicado en 1970, los efectos que los desarrollos urbanísticos rígidos tenían sobre la vida en las ciudades y sobre los vecinos. Desde entonces, sociólogos y arquitectos —pero no solo— vuelven sobre esa idea. Y Diseñar el desorden funciona como desarrollo y complemento de aquel libro: a las ideas del sociólogo, que lleva décadas reflexionando sobre cómo sería un espacio urbano democrático y diverso, se suman las de Sendra, que da cuenta desde un punto de vista urbanístico de los proyectos que podrían acercarnos —o no— a ese ideal de flexibilidad y que aporta sus propias propuestas, el tipo de infraestructuras que podrían incentivar ese desorden participativo. Del libro, y de la conversación con este periódico, extraemos cinco ideas para liberar a las ciudades de la rigidez y hacerlas más adaptables a las necesidades de los vecinos.

1. Participar es más que votar

En 2017, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha una consulta ciudadana para decidir de qué manera se reformaría la Plaza de España, un enorme espacio verde en uno de los extremos de Gran Vía. El proceso, que en consistorio de Manuela Carmena definió como un ejemplo de participación ciudadana, comenzó con reuniones con comerciantes y vecinos, siguió con un cuestionario abierto, contó con un jurado que calificó la calidad técnica de los proyectos presentados y terminó con una votación entre dos opciones cerradas. Aunque Sennett y Sendra aprecian el interés del Ayuntamiento en fomentar la participación ciudadana, la que ellos tienen en mente no tiene mucho que ver con votaciones de proyectos terminados. “No es mi idea de cómo funciona el sistema. El sentido de todo esto es que se implique a los ciudadanos en la creación de su espacio”, dice el sociólogo estadounidense. “Y eso no se puede llevar a cabo en una sola votación de procesos ya finalizados”, añade su compañero, “pensamos en otro tipo de implicación que va más allá del voto”.

¿En qué tipo de implicación están pensando? En una inspirada en las cooperativas de vivienda y los movimientos anarquistas, explican, en las que priman el autogobierno y la descentralización. Los ciudadanos se organizarían en nodos de tomas de decisiones que a su vez estarían relacionados entre sí, en un sistema que llaman “de red”. Paralelamente, estaría el “municipalismo”, la estructura del ayuntamiento, que estaría abierta a estos nodos, ya fueran asociaciones de vecinos, familias usuarias de un parque o movimientos sociales, para atender a sus necesidades y propuestas. Además, sería responsable de que “ todo el mundo tuviera sus necesidades básicas —salud, vivienda, educación— cubiertas”. Richard Sennett pone como ejemplo el modelo de vivienda pública de Viena, donde la propiedad pública del suelo —o el control de la propiedad cuando no es el caso— y la regulación de los alquileres ha creado comunidades de vecinos heterogéneas. Además, los bloques de viviendas cuentan con un espacio común cuyos usos quedan definidos por las necesidades de sus habitantes. “Esos edificios estaban auto-organizados, no había planes municipales para un mejor uso del espacio, sino que se les daba un envoltorio en el que la gente podía decidir cómo iban a organizarse. Eran vehículos de democracia directa, y ese me parece el gran desafío”, dice el sociólogo.

2. Dejar de poner la circulación en el centro

Como consultor de la ONU, Richard Sennett se ha enfrentado en varias ocasiones a un problema que atañe a numerosas ciudades: qué hacer con las carreteras o autopistas que la atraviesan, una vez que la ciudad desborda sus límites. La solución no es sencilla, pero solo parece haber dos opciones: “Puedes soterrar la carretera, que cuesta muchísimo, es una solución para países ricos, para países muy ricos. O puedes comprimir la carretera”. Por esto último, que consiste en reducir el tráfico de las carreteras reduciendo los carriles —pasando de ocho a cuatro, por ejemplo—, están apostando las Naciones Unidas en la India, cuenta, en Dehli. “El mantra de la planificación urbana en el siglo XX era que la circulación era lo más importante en la ciudad, y esto ha llevado a la segregación urbana”, denuncia Sennett. Era un mantra, además, “para la derecha y para la izquierda”: sucede en Nueva York y sucede en la Caracas chavista. “Pero en mi opinión y en la de mis colegas”, continúa “la respuesta es menos carretera y más transporte público. Esa idea de que la circulación es lo principal se ha acabado”.

A algo así se enfrentan los vecinos del barrio de Vallecas, en Madrid: el Ayuntamiento anunció hace unos meses que demolería el puente de la M-30, la autopista de circunvalación, que separa el barrio adinerado de Retiro y el barrio obrero de Vallecas. La decisión se recibió positivamente, pero eso no impide que los vecinos de Vallecas teman a la gentrificación y a los especuladores inmobiliarios que pueden estar relamiéndose ante la perspectiva de la revalorización del barrio. Para evitar que el proceso acabe yendo contra las comunidades que pretende proteger, Sennett recomienda “preguntar a las comunidades en esas áreas cómo quieren usar ese espacio”. El mejor ejemplo se encuentra en Bogotá, que estaba atestada de autopistas que dividía a barrios ricos y pobres, y que tuvo éxito. Llevó 20 años. “Y mientras”, apunta Sendra, pensando en las probables largas obras, “imaginar infraestructuras que puedan atravesar la autopista y crear espacios en común”. Más allá del puente peatonal, espacios de encuentro entre los dos barrios donde ya empiece a saturarse esa herida. Richard Sennett incide en la complejidad del proceso, pero también da un caso de éxito: Bogotá. “Tardamos 20 años, pero lo conseguimos”.

3. Empezar por la calle

Pablo Sendra está muy interesado en el proyecto superilles (o supermanzanas) puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona. Lanzado como un programa piloto en 2016, hoy se expande en distintos puntos de la ciudad. ¿La idea? Agrupar calles en una organización mayor que la manzana pero menor que el barrio, de manera que el tráfico se limite en las calles internas de la supermanzana, concentrándose en las calles que la delimitan. “Incluso si mucha gente fue escéptica hace cuatro o cinco años, la pandemia ha demostrado que es el camino a seguir”, reivindica Sendra. El objetivo, dice, es que la gente “tenga acceso a un espacio público de mayor calidad”, y que “este espacio favorezca a los peatones más que a los coches”. Estos dos elementos favorecen la aparición de un “espacio comunitario” en el que los vecinos de desarrollan entre sí. El consistorio se propone, en la web del proyecto, “pasar de calles pensadas para los coches a calles pensadas para las personas”, promoviendo l”a apropiación de la calle” por los ciudadanos.

Y sobre esto Richard Sennett tiene una advertencia: “Estoy muy a favor de este tipo de propuestas si permiten que la gente use el espacio de manera más flexible. Si lo único que hacen es combinar diferentes edificios para alcanzar una mayor eficiencia en el transporte o a la hora de definir un distrito, no me interesa tanto”. Es decir, que tendría que tratarse de algo más que de organizar el tráfico. Tendría que ser una experiencia comunitaria. Y Pablo Sendra cree que se avanza en esa dirección con el nuevo planteamiento de las superilles, más centrado en la transformación calle por calle —que llaman “ejes verdes”— que en los bloques de edificios en sí. “Este cambio de aproximación permite que los residentes se adueñen de la calle y se pregunten cómo transformamos el espacio entre edificios, cómo creamos infraestructuras flexibles y que se relacionen entre ellas”, celebra el arquitecto.

4. Perderle el miedo al conflicto

Sennett y Sendra señalan cómo a menudo hay cierto miedo a lo que pueda suceder en un espacio público flexible, de interacción entre los vecinos. En una sociedad parcelada, el encuentro con el otro parece ser más bien un encontronazo. Y en ocasiones lo es. Pero Pablo Sendra reivindica la necesidad de perderle el miedo al conflicto, que no tiene por qué ser negativo, sino un elemento más de la vida en comunidad. Para ejemplificarlo, habla de su participación en proyectos de huertos urbanos administrados por los vecinos o en la instalación de paneles solares en bloques de viviendas. “Una de las cosas que he observado al tratar con ellos es que, al compartir las infraestructuras, empiezan a tener buenas interacciones entre sí”, cuenta. Tendrán que discutir qué se planta y cuándo en el huerto, cómo se organizan las tareas en él, a qué se destinará energía de los paneles... Eso conlleva desacuerdo y negociación, algo que en las ciudades de la rigidez y el aislamiento produce verdadero terror. Pero él defiende que es hora de perdérselo: “Estos encuentros hacen que se desarrollen relaciones entre la gente que no existían antes”. Otra forma de construir ciudad.

5. Destruir la ilusión de control

Puede parecer contradictorio defender el desorden cuando muchas personas, sobre todo en la periferia, en las fronteras alejadas del centro, sienten que la ordenación urbana brilla por su ausencia y que el único agente es el caos. “Esas son cosas que están desorganizadas porque están descuidadas, porque nadie se ocupa de ellas”, indica Richard Sennett. Y el caos no es, ni mucho menos, el desorden flexible del que ellos hablan. No se trata de que cada cual haga lo que quiera, sino de la posibilidad de construir cosas juntos. Y el sociólogo advierte contra un enemigo enmascarado: la ilusión de control. “En mi experiencia”, dice, “cuando tienes una situación de poder, también tienes una situación en la que la transparencia está amenazada. La comunicación del poder con el público busca no presentar contradicciones. Lo que a menudo pasa con estas situaciones es que hay una ilusión de orden creada para permitir a los poderosos hacer lo que quieran”. Es decir, el control no es real, sino un espejismo utilizado para generar una apariencia de buen gobierno e incluso una identificación del ciudadanos con las normas, incluso cuando estas van en su contra. Lo ve en la negociación internacional contra el cambio climático: “Los países que se lo toman más en serio son más transparentes sobre los problemas que están teniendo al hacerlo. Quienes no se lo toman en serio, aparentan tenerlo controlado. Cuando veo a alguien que tiene la solución a un problema, siempre creo que están escondiendo algo”.

En la anterior entrega de Salvando a la ciudad hablábamos de un proyecto de peatonalización masiva que levanta el aplauso casi unánime de vecinos y oposición política: el de Pontevedra. En el caso de Valladolid el consenso no está tan claro: el reciente impulso del Gobierno municipal, liderado por Óscar Puente (PSOE), a la movilidad sostenible y a la buena calidad del aire aún levanta ampollas, quejas y oposición en la ciudad del Pisuerga. Sin embargo, los datos están a favor del proyecto: cada vez más vallisoletanos cogen la bici y los autobuses van cada vez más rápido.

"No es que no queramos dialogar, es que estamos persuadidos de que estamos haciendo lo correcto", aseguró en un pleno de octubre de 2020 Puente sobre su nuevo plan de movilidad, que empezó a ejecutar durante la primera desescalada y la llegada de la "nueva normalidad". "En los últimos años, el Ayuntamiento de Valladolid viene desarrollando diversas actuaciones que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en lo que tiene que ver con la salud, accesibilidad y movilidad", comienza el documento, que llama a aprovechar el impulso del primer confinamiento para transformar para siempre la urbe. Tres son los ejes: infraestructura ciclista, carriles bus y peatonalizaciones. 

El análisis de la situación que elaboró el Consistorio es bastante claro: el problema está en que hay demasiados coches contaminantes y privados en el centro. Y no son estrictamente necesarios, apuntan: hay párkings públicos de sobra a solo cinco minutos andando del núcleo de la capital castellana, donde se puede dejar el utilitario sin una merma en el tiempo empleado en el desplazamiento. La solución está pasando por once peatonalizaciones de calles (divididas en dos fases), casi 26 kilómetros de nuevos carriles bici segregados del resto del tráfico y 11 kilómetros de nuevos carriles bus, un crecimiento del 332%, que han conseguido aumentar en un 16% la velocidad de los autobuses –para mayor comodidad de los usuarios–. Los viajes se reducen entre 3 y 5 minutos por pasajero. 

Álvaro Heredia, gerente de Auvasa (Autobuses Urbanos de Valladolid SA) y exgerente de la Empresa Madrileña de Transportes bajo el mandato de Manuela Carmena, da más datos. "En el centro hay 15.000 coches menos, un 20%, y en términos ciclistas, hay un incremento del 30% en el uso de la bici, que aumenta en las vías más emblemáticas". 

Esas son las tres principales líneas de actuación. Pero hay más, algunas de ellas especialmente originales: la instalación de ascensores en zonas de la ciudad especialmente empinadas, que las hacen más accesibles para personas mayores o con problemas de movilidad, o la de aparcabicis techados a los que solo pueden acceder los propios usuarios, para mayor seguridad y tranquilidad, ubicados en los párkings disuasorios. El plan es claro: ir de la periferia al centro en bici, aparcarla en el espacio destinado a tal uso con una garantía total antirrobo, y disfrutar del núcleo urbano paseando. 

El Ayuntamiento de Valladolid sabe que son muchos cambios en muy poco tiempo y pide paciencia para que los ciudadanos asimilen los cambios y adopten nuevos hábitos de movilidad. La oposición no tiene ni quiere tener esa paciencia. "El señor atascos", es apodado el regidor, Óscar Puente, por el PP de Valladolid: aseguran que las tres actuaciones –peatonalizaciones, carriles bici y carriles bus– han quitado un espacio al coche que necesita y que ahora se producen embotellamientos que antes no existían. 

Heredia lo niega. "De manera objetiva se puede ver. Un índice de congestión de TomTom muestra que ha habido los mismos atascos. No le ha afectado. La oposición ha sacado el repertorio de todas las ciudades españolas, son siempre las mismas críticas que se demuestran que son infundadas. Es una especie de querer luchar contra el progreso. Cuando llegan al Gobierno nunca revierten las medidas". A pesar de lo que asegura el PP, la interlocución con los vecinos ha sido continua, defiende el gerente de Auvasa: incluso, las asociaciones les piden que vayan más rápido. 

A largo plazo, el Ayuntamiento de Valladolid ya prepara la creación de la zona de bajas emisiones que le exige la Ley de Cambio Climático: impidiendo la entrada a la almendra central de los vehículos sin etiqueta ambiental a partir de 2023. También planean la instalación de un funicular para hacer más accesible el barrio de Parquesol, más elevado; así como completar definitivamente la instalación de nuevas infraestructuras ciclistas, para autobuses y para peatones. La ambición del Consistorio, pese a las críticas, sigue inalterada: el objetivo, en definitiva, es que en la ciudad del Pisuerga se viva mejor. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la anulación al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) de Barcelona de 2017 al no admitir a trámite el recurso de casación que el consistorio interpuso contra la sentencia que lo anulaba por inexistencia de evaluación económica y financiera, y recoge Europa Press. Según ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo Janet Sanz, y según recoge Europa Press, el plan sigue vigente porque el consistorio aprobó inicialmente una actualización del Peuat, incorporando las modificaciones que alegaba la sentencia, por lo que ha insistido en que "las prohibiciones y limitaciones que fijaba el Peuat de 2017 siguen vigentes" en base a la nueva aprobación.

El plan marca que no se podrán ampliar ni abrir nuevos establecimientos turísticos en el centro de la ciudad y que no se podrá aumentar el número de viviendas de uso turístico, y Sanz ha defendido que el Peuat ha cumplido con los objetivos previstos porque se ha "conseguido evitar el colapso turístico".

Según el Ayuntamiento, la actualización aprobada inicialmente y la correspondiente suspensión de licencias impiden que se tramite ningún proyecto contrario a su normativa, de manera que "en ningún caso se pone en duda la columna vertebral ni los principios básicos que rigen el plan".

Sanz ha valorado que es una "sentencia discutible" porque ha asegurado que tiene contradicciones jurídicas, pero ha reconocido que era un riesgo que contemplaban porque los recursos de casación se admiten pocas veces, en sus palabras. "Cuando innovas y cambias las reglas del juego y planteas propuestas para ganar autonomía municipal sabes que habrá un riesgo y que habrá debate jurídico", ha apuntado.

A pesar de eso, ha defendido que el Peuat ha cumplido con los objetivos previstos: "Nos ha salvado del colapso turístico", porque se ha limitado el crecimiento hotelero en ámbitos saturados -como Ciutat Vella, Gràcia y Eixample- y se han extendido a otras zonas como Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts o el 22@, ha explicado. "Ninguna sentencia nos dice que no podemos hacer un Peuat. Ni que no tenemos competencia para hacerlo. Ni que tenemos que pagar nada", ha señalado Sanz, que ha insistido en que el Ayuntamiento tiene competencia para realizar estos planes.

En este sentido, ha remarcado que el plan cuenta con una mayoría política que lo aprobó, por lo que ha asegurado que la ciudad tiene un Peuat "que no está en duda", y ha explicado que la nueva actualización se encuentra en fase de exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva en el plenario.

ERC y Ciudadanos piden un plan "firme"

Para el grupo municipal de ERC, la situación con el Peuat representa "un nuevo ejemplo de la incapacidad del Gobierno de los comuns y el PSC de ofrecer respuestas adecuadas y bien hechas para la ciudad", a los que les ha reprochado quedarse en el terreno superficial en sus propuestas.

Por su parte, la líder de Ciudadanos en el consistorio, Luz Guilarte, ha reclamado al Gobierno municipal "que no sigan perdiendo más tiempo en proyectos sectarios e ideológicos" y les ha instado a aprobar un nuevo Peuat en criterios técnicos para que dé respuesta a la nueva situación socioeconómica.

"A Maro la quieren convertir en otra Marbella". La oposición a un campo de golf en el paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, enclave privilegiado entre la montaña y el Mediterráneo situado en Nerja (Málaga), va más allá de la clásica reivindicación ecologista por la preservación de un ecosistema: va de un modo de vida centenario y con visos de desaparecer, una resistencia que encuentra sus raíces en siglos de lucha contra el terrateniente, unas palabras que resuenan y que aún están lejos de extinguirse: la tierra, de quien la trabaja. El último vergel es el primer capítulo de Se vende, serie documental que busca apoyo mediante crowdfunding para financiar más entregas sobre la depredación urbanística en la Costa del Sol; sobre "la relevancia de los valores medioambientales, paisajísticos, históricos y comunitarios de zonas en riesgo por proyectos de desarrollo de dudosa sostenibilidad". 

Se vende / 1x01 - El último vergel from Peripheria Films on Vimeo.

"Es el último territorio que se puede decir que es virgen... es un vergel, el último vergel". Maro tiene el honor de haberse mantenido, hasta ahora, al margen del ladrillazo que inundó la Costa del Sol durante las últimas décadas. Aquí no hay apartamentos a pie de playa: sí que se mantienen calas solo accesibles a nado, aguas transparentes y fauna y flora acuáticas a su libre albedrío, impresionantes cascadas... el poco espacio que le deja a la playa el avance de las montañas no permitió el avance del sector turístico. Sí pervive el primario, la agricultura que aprovecha a golpe de invernadero las excepcionales condiciones climáticas de la zona. Desde hace siglos dependen de los terratenientes, la familia Larios, cuyo segundo marqués preside la calle que lleva su nombre con una estatua en el centro de la capital. Han rechazado en varias ocasiones vender la tierra, solo se abren a contratos de corta duración y ahora quieren, a través de la compañía Salsa Inmobiliaria, acabar con los huertos para instalar un complejo con un campo de golf, un hotel y viviendas de lujo. 

Daniel Natoli es el director de El último vergel, el primer capítulo de Se vende. Las productoras Peripheria Films y Criocrea están detrás de la serie documental, que cuenta con el apoyo de Rizoma Fundación y de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia. Confirma que no se trata, al menos únicamente, del impacto medioambiental o paisajístico en la última aldea gala frente al avance del imperio. Se trata de la lucha contra el cacique que ha impregnado la historia de Andalucía, que en su propio himno canta aquello de "pedid tierra y libertad". "Esto nos puede sonar como a un problema del siglo XIX, pero en el siglo XXI todavía existen este tipo de latifundistas. Es un problema real, es necesario que se cuente. El debate y el dilema y es ese: la propiedad es privada pero el destino y el futuro afecta a todos. ¿Quién decide ese futuro?", se pregunta el director. 

Cartel de El último vergel.

"El vínculo de 400 años con la tierra". El último vergel está trufado de testimonios. A muchos se les pone cara, a ninguno se les pone nombre. "Hemos intentado sacar una voz colectiva, del pueblo", explica Natoli, que asegura que le ha costado más de lo que parece encontrar voces en contra de la familia Larios. "Los terrenos dependen de ellos. Existe un cierto pavor a hablar delante de la cámara". Les pueden rechazar la prórroga del contrato. Hacerles la vida imposible. Muchas familias de Maro y de Nerja dependen de sus cultivos.

También fue complicado encontrar voces a favor, aunque tampoco planeó la equidistancia. "El pueblo está dividido, realmente". Las promesas de empleo y de estabilidad, frente a una agricultura dependiente de los designios del terrateniente, seducen. "Nos hemos centrado en las voces en defensa de sus valores, porque nos lo encontramos así y porque la familia Larios tiene canales de difusión mucho más potentes", narra Natoli, que hace referencia a una "dicotomía perversa": el campo de golf, las viviendas de lujo y el hotel suponen un futuro al menos tangible frente a un sector primario que, en Maro, se ahoga entre el mar y la montaña. "La gente del pueblo que se enfrenta a este dilema nunca encuentra una alternativa". 

El germen: una deuda "ilegítima"

"No puedes apostar todo a la misma baza", narra una de las entrevistadas en el documental, en referencia al turismo que ha funcionado como palanca productiva en la Costa del Sol y que ha mostrado sus debilidades con el covid. El reportaje intercala intervenciones de los protagonistas con planos de enorme belleza de los huertos, de la costa, de las casas blancas. Jorge Alaminos, portavoz de la plataforma Otro Maro y Nerja es Posible, es una de esas voces. Explica que el germen de la intervención que pretende la familia Larios está en una deuda que el Ayuntamiento de Nerja contrajo con ellos. Son propietarios de decenas de hectáreas en la zona y el Consistorio les pidió la cesión de terrenos para instalaciones de interés público, como colegios o un parque de bomberos. Ahora quieren cobrársela. Está en trámites de aprobación un convenio entre la corporación municipal y los Larios, mediante la cual la compañía condona parte de esa deuda... a cambio de que inicien los trámites para el cambio de uso de suelo, primer paso para el megaproyecto que tienen entre manos. 

Alaminos habla de una deuda "ilegítima" que no debe ser pagada por todos los nerjeños. Apunta y dispara: "El convenio es un ajuste de cuentas de la casa Larios con los políticos". Los esfuerzos de la oposición al proyecto urbanístico están centrados en denunciar ese acuerdo, si finalmente sale adelante: posteriormente tendrá que pasar por el visto bueno y por la evaluación ambiental de la Junta de Andalucía, favorable a este tipo de iniciativas tras el decretazo que simplifica trámites administrativos y que está elevado al Tribunal Supremo por la oposición. 

No es un proyecto a corto plazo. Probablemente pasarán años, si no décadas, antes de ver un campo de golf en Maro, si es que alguna vez lo vemos. Pero el conflicto por la tierra tiene consecuencias ahora. Ya en los noventa, un grupo de colonos –así llaman los nerjeños a los trabajadores de estas tierras– se encerraron en la Cueva de Nerja para exigir la propiedad de los terrenos. Ahora, el relevo generacional de los agricultores está parado: los jóvenes no saben si dedicarse al campo ante la "incertidumbre, que bien refleja Dani y su equipo" de no saber cómo se resolverá la disputa. Y las condiciones que imponen los Larios.

"Estas tierras están vinculadas a la gente de Maro desde hace más de 400 años", asegura Alaminos. Desde hace siglos, los terrenos pertenecen a un único propietario. Pero se podía vivir. "Los contratos eran históricos y estables. Ahora se hace prácticamente imposible. Los contratos son de nueve meses, renovables o no. Dependiendo de cómo te portes, de lo que protestes". Los llamados neocolonos, muchos extranjeros que vienen a la Costa del Sol a desarrollar proyectos de agricultura ecológica, desisten. A los Larios les interesa, argumenta el activista, mantener la zona cuanto más abandonada mejor, y con los menos compromisos contractuales posibles, para ejecutar sus planes. El campo de golf es el futuro, la precariedad, el miedo y la ausencia de futuro son presente. 

Este miércoles se lanza el crowdfunding a través de la plataforma Goteo para financiar el resto de capítulos de Se vende. La serie documental pretende enmendar la totalidad de los conceptos de desarrollo y progreso en la Costa del SolSe vendedesarrolloprogreso, íntimamente ligados en los últimos años al turismo sin control, a la infraestructura por encima de la vida. Los capítulos proyectados abordarán la reivindicación de un bosque urbano en uno de los distritos más masificados de la capital, la polémica construcción de un rascacielos en el puerto, la gentrificación, los impactos ambientales de la industria a pie de playa y la historia de una ciudad "configurada a través de la corrupción": Marbella. Pero necesitan dinero para ello. "Es una serie que tampoco tiene una intención comercial. No queremos venderla a ninguna plataforma, sino dar a conocer estas problemáticas", asegura su director.