James Cox ‘Fergie’ Chambers Jr. lleva más de un mes encarcelado en España mientras se decide si debe ser entregado a Estados Unidos. El multimillonario y activista estadounidense fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza en virtud de una reclamación de las autoridades de su país y posteriormente ingresó en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, en Madrid, por decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Más de un mes después de su arresto, su defensa asegura a infoLibre que todavía no ha recibido “ningún tipo de documentación” procedente de Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición. “Tampoco podemos asegurar que la misma nos sea remitida en el plazo correspondiente que contempla el proceso”, señala el equipo jurídico de Chambers.

Según explica la defensa, la reclamación estadounidense atribuye al activista tres cargos: blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios. Sus abogados sostienen, sin embargo, que Washington “no ha presentado ninguna prueba de los delitos de los que se le acusa”.

Al frente de su defensa se encuentra ILOCAD, el despacho dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, que asumió a principios de agosto la estrategia jurídica de Chambers y pretende demostrar ante los tribunales españoles que las actividades cuestionadas estaban vinculadas a sus negocios o tenían fines filantrópicos y humanitarios.

Una parte de las acusaciones estaría relacionada con unos disturbios ocurridos en las instalaciones de la empresa israelí de tecnología militar Elbit Systems en New Hampshire. La defensa asegura que Chambers “no estaba presente” y cuestiona la proporcionalidad de la pena que, según afirma, reclama Estados Unidos.

“A las otras personas partícipes en los hechos se les condenó únicamente a 60 días deprisión, mientras que para Fergie Chambers solicitan cinco años, lo cual es injusto y desproporcionado”, sostiene su equipo jurídico. Los abogados consideran además que el cargo de conspiración para cometer disturbios plantea problemas de encaje en el ordenamiento español, donde, según su interpretación, no constituye un delito adicional autónomo, sino “una parte del íter criminis”.

Respecto al supuesto blanqueo de capitales, la defensa niega cualquier actividad ilícita y sostiene que no existió lucro por parte de Chambers y que toda su actividad económica se encuentra “correctamente auditada y justificada”.

Uno de los elementos sobre los que pivota la reclamación estadounidense es una transferencia de dinero realizada a Túnez, país en el que Chambers residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.

La defensa sostiene que los fondos fueron destinados a proporcionar ayuda económica al Club Africain, que atravesaba importantes dificultades económicas. Según los abogados, el apoyo de Chambers pretendía evitar la desaparición del club y puede ser acreditado tanto por la propia entidad como por la FIFA.

El equipo jurídico rechaza además que la orden de detención acuse específicamente al multimillonario de haber transferido dinero a Hamás. “La orden alega que esta transferencia de fondos al extranjero se realizó con la intención de prestar apoyo a grupos terroristas, no habla específicamente de Hamás”, explican.

A juicio de sus abogados, las autoridades estadounidenses habrían recurrido a las inversiones empresariales de Chambers como punto de partida para construir una acusación de blanqueo que consideran “de base endeble”. La defensa sostiene que no ha existido delito y vincula el procedimiento con el activismo político de su cliente: “Este proceso tiene una finalidad de persecución política”.

El equipo jurídico asegura además que Chambers ha destinado cerca de un millón de dólares a proyectos y acciones humanitarias en Gaza y que todas las donaciones pueden verificarse. Entre sus destinatarios cita la Alianza para los Niños de Oriente Medio (MECA), el Proyecto Sameer, el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM), el Fondo para la Infancia Ghassan Abu Sittah y el Proyecto Zaynab, dedicados a proporcionar alimentos, medicinas, asistencia sanitaria, apoyo económico y atención psicológica a la población gazatí.

La ausencia de documentación estadounidense adquiere especial importancia por los plazos del procedimiento. Chambers fue detenido provisionalmente a la espera de que Estados Unidos formalice la reclamación y aporte la documentación que la fundamente.

El tratado de extradición entre ambos países establece que la persona detenida provisionalmente debe ser puesta en libertad si transcurren 45 días desde la notificación diplomática de su arresto sin que se haya recibido la petición formal acompañada de la documentación exigida. No obstante, esa puesta en libertad no impediría que el procedimiento pudiera iniciarse más adelante si la solicitud llegara posteriormente. Chambers fue detenido el 10 de julio y su defensa asegura que, a fecha de este viernes, sigue sin haber recibido la documentación estadounidense.

Si finalmente llega, la Audiencia Nacional deberá decidir si la extradición es jurídicamente procedente. Entre las cuestiones que tendrá que valorar figura el principio de doble incriminación, que exige que los hechos puedan ser considerados delito tanto en España como en Estados Unidos, aunque no necesariamente tengan la misma denominación en ambos ordenamientos.

Más allá de discutir los cargos y las operaciones económicas, el equipo jurídico de Chambers enmarca la reclamación estadounidense en una “persecución política” vinculada a su apoyo a Palestina.

Para sustentar esta tesis, la defensa señala lo que considera una “ofensiva sin precedentes” contra instituciones y personas vinculadas a la defensa del derecho internacional y de Palestina. Cita las sanciones impuestas por la Administración Trump a miembros de la Corte Penal Internacional relacionados con las investigaciones sobre Israel y a la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

También alude a investigaciones, restricciones financieras y campañas contra organizaciones de derechos humanos, universidades, periodistas, estudiantes, investigadores y activistas relacionados con el movimiento internacional de solidaridad con Palestina.

“Es objetivamente evidente que existe un contexto de uso creciente de instrumentos jurídicos y administrativos contra quienes denuncian posibles violaciones del derecho internacional en Palestina o apoyan iniciativas humanitarias relacionadas con ese territorio”, sostiene el equipo jurídico.

Por ello, la defensa considera que España debe someter la reclamación estadounidense a un escrutinio especialmente riguroso. “Las autoridades españolas no pueden permanecer indiferentes ante este contexto”, advierte, y pide evitar que la extradición pueda contribuir “directa o indirectamente a una estrategia de persecución política”.

El argumento puede adquirir relevancia durante el procedimiento. La legislación española permite rechazar una extradición cuando existan razones fundadas para considerar que una petición formulada por un delito común persigue en realidad castigar a una persona por sus opiniones políticas, aunque excluye los actos de terrorismo de la consideración de delito político. El tratado bilateral con Estados Unidos contempla igualmente la posibilidad de denegar la entrega cuando concurran motivos políticos.

Por el momento, el equipo jurídico de Chambers evita adelantar qué estrategia concreta desplegará ante la Audiencia Nacional. Preguntado por infoLibre sobre los argumentos que utilizará para tratar de impedir la entrega y sobre una eventual intervención posterior del Gobierno español, responde que “no podemos adelantar nada hasta que llegue toda la documentación desde EEUU”.

De un rincón del aparcamiento sumido en la oscuridad surgen dos siluetas, con la mirada baja para evitar que la luz cegadora de los focos del puesto de control de Kalandia, a las afueras de Jerusalén, les dé de lleno en la cara. Son más de las diez de la noche; unos pocos peatones aceleran el paso por las escaleras y luego por el puente de hormigón que domina el paso para vehículos, custodiado por soldados y agentes de seguridad israelíes fuertemente armados.

Los dos hombres empujan un pesado torniquete de acero a la salida del puente. Son palestinos y regresan a sus hogares tras una jornada de trabajo al otro lado del muro. Pasan una tarjeta electrónica por un lector colgado en la pared. “Si no lo hacemos, mañana nos revocarán el permiso de trabajo”, comenta uno de ellos.

Estos trabajadores son de pocas palabras. Forman parte de los pocos palestinos que cuentan con un permiso para trabajar en Israel —el salario mínimo allí es cuatro veces superior al de Cisjordania—. Su permiso solo es válido durante su jornada laboral, y únicamente para la colonia israelí de Atarot, la mayor zona industrial de Jerusalén, ilegal para el derecho internacional.

“No tengo derecho a pasar de la segunda rotonda después del puesto de control [de Kalandia]”, precisa el más hablador de los dos. “No puedo acercarme a la Ciudad Vieja de Jerusalén ni a la mezquita de Al-Aqsa”, a media hora en coche de allí. Las siluetas pasan por un último torniquete de acero, se despiden con un gesto de la mano y desaparecen en uno de los minibuses que esperan a los pies del puesto de control.

“Antes de octubre de 2023, cerca de 200.000 palestinos trabajaban en Israel y en los asentamientos, frente a los 44.000 actuales, de los cuales solo unos 14.000 tienen permiso”, señalaba un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado en mayo. La mayoría de ellos trabajaba en la construcción; el Gobierno israelí ha puesto en marcha una amplia campaña para contratar en su lugar a trabajadores migrantes, de la India o de Camboya, entre otros.

Muchos palestinos siguen cruzando ilegalmente ante la falta de perspectivas en Cisjordania. Han sido asesinados más de 50 desde el 7 de octubre al intentar llegar al otro lado, "hacia el interior", como dicen para referirse a Israel.

El 31 de mayo, Imad Ishtayeh fue abatido por un soldado israelí en la escalera por la que bajaba para cruzar el muro, en las afueras de Jerusalén. Otros palestinos acudieron en su ayuda, pero el disparo en el muslo le resultó mortal. El joven, originario de un pueblo cercano a Nablus, en el norte de Cisjordania, regentaba una carnicería antes de la guerra, pero se había visto obligado a cerrarla debido a las dificultades económicas. Tenía 27 años.

Israel ha puesto en marcha en los últimos tres años una serie de medidas que asfixian poco a poco el territorio palestino que ocupa ilegalmente desde 1967. La apropiación ilegal de tierras por parte de Israel y la expulsión forzosa de más de 40.000 palestinos desde el 7 de octubre, ya sea a causa de la violencia de los colonos o durante operaciones militares, han privado a numerosas familias de sus medios de subsistencia, sobre todo al impedirles el acceso a sus terrenos y campos.

A esto se suma el aislamiento de las comunidades palestinas, desde las grandes ciudades de Cisjordania hasta las aldeas más pequeñas. Se han cortado las carreteras, lo que obliga a muchos trabajadores a realizar costosos desvíos y deja las calles comerciales sin clientes. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU contabilizó más de 900 obstáculos a la libre circulación de los palestinos en la primavera de 2026.

Pero, sobre todo, Israel ya no transfiere los aranceles que el Estado recauda en nombre de la Autoridad Palestina, ya que esta última no tiene control sobre las fronteras. El ministro de Hacienda palestino, Estephan Salameh, hacía balance en una entrevista en junio: “El importe acumulado de las deducciones israelíes y de la congelación de nuestros ingresos asciende ya a 5.700 millones de dólares (4.900 millones de euros), lo que representa casi el importe de nuestro presupuesto anual.”

Quien está detrás de todo esto es su homólogo israelí, el supremacista judío Bezalel Smotrich. En septiembre de 2025, afirmaba en la red social X que quería actuar “utilizando todos los medios a su disposición para impedir el peligro que representa un Estado palestino, en particular provocando el colapso de la Autoridad Palestina” mediante “un estrangulamiento económico”.

Las instituciones palestinas están muy endeudadas y ya no pueden pagar a sus proveedores. Desde principios de 2026 se han pospuesto más de 11.000 intervenciones quirúrgicas y algunos medicamentos ya no están disponibles, en particular los tratamientos contra el cáncer. Los cerca de 100.000 funcionarios de Cisjordania —y 90.000 en Gaza— solo reciben la mitad de su sueldo desde hace meses.

En el jardín de los Hassan, en Qusra, en el centro de Cisjordania, las gallinas corretean a la sombra, huyendo del calor sofocante del mediodía. “¡Menos mal que tenemos las gallinas, al menos comemos huevos frescos todos los días!”, sonríe con amargura Maysoun, la madre. Esta enfermera de 40 años cobra algo más de 180 dólares al mes (156 euros). “Pago 20 shekels por trayecto para ir al centro médico donde trabajo, en Beita [una ciudad vecina al sur de Nablus – ndr]. Ida y vuelta, 40 shekels (unos 11 euros)”, explica. Esta profesional sanitaria, madre de cuatro hijos varones, ya solo va a trabajar dos días a la semana.

Su marido, Iyad, es profesor de geografía. Desde que empezaron las vacaciones escolares se ha ido de casa a recoger frutas y verduras en el valle del Jordán. Un trabajo agotador bajo el calor sofocante de los invernaderos de esta región donde las temperaturas se disparan en verano, todo ello por poco menos de treinta euros al día. “¡Y lo peor es que muchos soñarían con poder trabajar como yo!”, nos dice al teléfono. Hace más de cinco años que su sueldo de profesor es irregular.

Desde hace un año, solo cobra el 50 %, es decir, algo más de 620 euros al mes, y ya no consigue cubrir las necesidades de la familia; su hijo mayor, que está en la universidad, trabaja al mismo tiempo para pagarse los estudios. “Nos compramos fruta cuando recibimos el sueldo o cuando hay rebajas. La carne roja es muy difícil de conseguir, solo la comemos en ocasiones especiales. Ya no salimos”, resume este padre de 46 años.

Él ya solo va al instituto tres días a la semana. El año pasado, el Gobierno incluso se vio obligado a retrasar el inicio del curso escolar. “Por desgracia, la educación se está deteriorando”, constata el profesor, cuando este ámbito era motivo de orgullo para los palestinos, cuya tasa de alfabetización es una de las más altas del mundo.

Entre 2023 y 2024, la pobreza a corto plazo en Cisjordania pasó del 12 % al 28 %, según un informe del Banco Mundial. “Estamos muriendo poco a poco”, prosigue Iyad Hassan. “Por desgracia, se trata de una política cuidadosamente estudiada: el objetivo es empujarnos a emigrar”. La familia poseía campos en Qusra, algo más de una hectárea de olivos que les reportaban entre 30.000 y 40.000 shekels al año. “Lo hemos perdido todo. Los colonos se apoderaron de ellos. Y en la primavera de 2026 me enteré de que lo habían arrancado todo y habían plantado viñedos en su lugar”, añade el profesor.

Esta pobreza galopante “no es tan visible” a primera vista, señala Joost Hiltermann, director del programa de Oriente Medio del International Crisis Group (ICG), que ha investigado el tema en Cisjordania. Los comerciantes “importaban ropa de buena calidad y ahora piden los productos más baratos porque la gente no puede permitirse” pagar el resto, dice, o “las familias posponen ciertas compras”…

Pero ante las sanciones israelíes y “mientras Smotrich esté en el poder”, constata el analista, la Autoridad Palestina apenas tiene soluciones. “La economía palestina se ha vuelto casi totalmente dependiente del shekel”, por lo que está sometida a las decisiones económicas y a las políticas israelíes.

Desde los acuerdos de Oslo, explica Taher Labadi, investigador en economía política y profesor de la Universidad de Bir Zeit, en Cisjordania, “en lugar de reconocer que nos encontramos en una situación colonial y que hay que intentar crear márgenes de autonomía” para los palestinos, “todas las políticas defendidas por el Banco Mundial, por los donantes —europeos o de otro tipo— y adoptadas por la Autoridad Palestina han ido, por el contrario, en la dirección de reforzar la integración con la economía israelí. Cuantos más trabajadores palestinos hubiera trabajando en Israel, mejor; cuanto más se importara y exportara desde y hacia Israel, mejor”.

El apogeo de estas políticas se alcanzó, en particular, durante el mandato del primer ministro Salam Fayyad, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional entre 2007 y 2013.

Sin embargo, la economía palestina resiste los ataques israelíes —por el momento—. “Hay gente acomodada en Cisjordania y esa riqueza se redistribuye entre familias extensas”, lo que permite cierta resiliencia, observa Joost Hiltermann, del ICG. Sobre todo, la Autoridad Palestina intenta presionar a sus socios internacionales —y, en particular, a la Unión Europea, su principal donante— esgrimiendo la amenaza de su posible colapso, prosigue el analista.

Nadie puede predecir las consecuencias de la desaparición del poder en Ramala, pero todos —"el aparato de seguridad israelí", Estados Unidos o Europa— “quieren mantener un poco de estabilidad en Cisjordania”, señala. Sin embargo, “por muchas palancas de que dispongan los europeos, no las utilizan”, añade.

Al margen de la Autoridad Palestina, existen en Cisjordania iniciativas que ponen en práctica propuestas para salir de la dependencia económica del ocupante israelí, recuerda Taher Labadi. Pero “los israelíes hacen todo lo posible por impedir” tales modelos, afirma el investigador, y “cada vez hay menos espacio y margen de maniobra en Cisjordania”.

Israel, por el contrario, intenta últimamente establecer relaciones económicas sin la Autoridad Palestina. Según el investigador, las autoridades israelíes han vuelto así a acercarse directamente a empresarios y a las grandes familias de Hebrón.

Traducción de Miguel López

Leo que colonos armados por el ejército de Israel, masacran a palestinos para robarles sus casas y sus tierras. La historia de la colonización de los pueblos por el mas fuerte y mejor armado se repite. La Biblia en una mano, o la Torá —mas condensado al limitarse a los cinco libros—, y el revolver en la otra. Lo vimos hasta la saciedad en los filmes del Oeste americano, al norte de Río Grande. El guion siempre era el mismo: colonos buscando nuevas tierras hostiles, engañados muchas veces con la fiebre del oro que no existía. El objetivo era la conquista. Pero esas tierras tenían ya dueño. La solución se repite a lo largo de la historia de los imperios que redactan su relato, el relato casi siempre alejado de la veracidad. La verdad se escribe con una palabra —el exterminio—. Al piel roja americano, orgulloso pero rebelde, le pegaban un tiro o se le confinaba en tierras lejanas, donde morían lentamente de tristeza, alcoholizados. Así se resume la conquista del Oeste, bien plasmada por Hollywood: matones, whisky, tahúres, putas y sheriffs corruptos.

Quizás la Biblia les prohíbe el exceso de alcohol, la borrachera y la prostitución, pero no el revolver para asesinar a palestinos, los indios que hay que exterminar, incluso a sus hijos y mujeres. El sheriff, Trump, lo permite, o se somete —no está claro—, al cowboy asesino buscado por crímenes de lesa humanidad, Netanyahu, que se mofa de una justicia que se tambalea ante el poder de la Maldad, con mayúsculas.

El genocidio que el imperio americano ha aceptado a medias, y que intentó borrar de su historia, se repite ahora en Palestina, una tierra que otro imperio —¡qué casualidad!, el británico— entregó a los judíos. Está claro: los colonos sionistas son los matones del salón; Palestina, el Far West; los palestinos, los indios a los que quieren exterminar; y Hamás es Jerónimo, que pronto morirá abandonado. Pero la tragedia también existe fuera de la pantalla: los directores, los espectadores y el mundo, que presume de defender al indio, se limitan a contemplar la masacre.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

La penúltima de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ligar un acuerdo económico, energético (y potencialmente militar) sobre energía atómica con Arabia Saudí a que este último país reconozca a Israel, siguiendo la estela de los Acuerdos de Abraham.

Los Acuerdos de Abraham, diseñados, entre otros, por el sionista y yerno de Trump, Jared Kushner, establecen el reconocimiento de Israel por parte de diferentes Estados árabes (Baréin, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) a cambio de a) normalizar los acuerdos comerciales y militares existentes y futuros que realicen; y b) dejar que el capítulo de relaciones entre israelíes y palestinos se ventile directamente, con la vigente correlación de fuerzas y la continua y profunda colonización israelí sobre lo que queda de Palestina y otros territorios árabes.

Es decir, que los palestinos ni siquiera cuenten con ese respaldo moral de esos Estados árabes aliados de Estados Unidos e Israel.

La pretensión del presidente Trump interesadamente olvida o rechaza dos hechos relevantes:

Pero Israel nunca ha reconocido a Palestina. Sí a la organización OLP, pero nunca a Palestina. Para los desmemoriados, en la Conferencia de Madrid de 1991, por imperativo israelí, los palestinos tuvieron que formar parte de una delegación conjunta jordana-palestina. Incluso en los Acuerdos de Oslo, suscritos por la OLP, Israel aceptó la creación de una denominada Autoridad Palestina, pero nunca reconoció un Estado palestino y fue aplazando su puesta en marcha, prevista para cinco años después de la firma de aquellos acuerdos en la Casa Blanca. Desde el principio, antes y después de la firma, incluso con la supuesta paloma del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, continuó la política de hechos consumados mediante la ampliación de los asentamientos, sin sanciones por parte de Occidente.

Estos dos elementos —el reconocimiento condicionado por parte de los Estados árabes y de los palestinos a cambio de un Estado palestino, y el desprecio estadounidense (e israelí) hacia esa propuesta— muestran, una vez más, la parcialidad de todas las administraciones de Washington. Nunca Estados Unidos ha presionado para que Israel reconozca a Palestina. En el mejor de los casos, sus portavoces sostienen que Israel —cuyos gobiernos rechazan cualquier Estado palestino— debe "negociar" directamente con los palestinos, mientras su ejército y los colonos siguen expulsando y matando a quienes quieren vivir dignamente en su propia tierra.

En estas circunstancias, la pelota está en el tejado de Arabia Saudí. Ya ha habido varios órdagos geoestratégicos que han afectado a esta monarquía absolutista: desde la acción de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, cuando se especulaba con un posible reconocimiento saudí de Israel siguiendo los pasos de otros Estados del Golfo; hasta su entrada en los BRICS en enero de 2025, tras varias dilaciones, lo que supone un mayor margen de autonomía frente a Estados Unidos, pese al histórico acuerdo que garantizaba la supervivencia de la monarquía a cambio del uso del dólar en las transacciones petroleras. También cabe mencionar el pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán, país con armas nucleares financiado en parte por Riad, firmado en septiembre de 2025, que considera cualquier ataque contra uno de los dos países como un ataque contra ambos; y, finalmente, el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pone en peligro la principal fuente de ingresos y la estabilidad saudí, dado que las represalias iraníes pueden dirigirse contra cualquier Estado de la región que facilite apoyo logístico a esos ataques, incluidas refinerías e infraestructuras petroleras.

El acuerdo atómico de la Administración Trump con Arabia Saudí nos parecería una vuelta a una casilla anterior en las relaciones entre ambos países. Se puede apreciar la asimetría de cláusulas con respecto a las que Irán suscribió con los Estados Unidos de Obama, y la carencia existente de control sobre el Israel atómico. Pero, presumimos que el peso del lobby pro Israel hegemónico ha sido tan relevante para Trump que, a última hora, ante el riesgo de perder una votación en las cámaras legislativas estadounidenses, ha puesto una condición que, de momento, Arabia Saudí no puede aceptar sin caer en la mayor de las contradicciones y arruinar su supuesto liderazgo, ya puesto en duda por los Emiratos, Qatar y potencias asiáticas como India.

Mientras tanto, la colonización y destrucción de Palestina a manos de Israel continúa sin sanciones occidentales, de los países firmantes de los Acuerdos de Abraham ni del resto de la comunidad internacional.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Las navidades de 1944 en Budapest permanecen intactas en Stephen Kapos: su madre, que se hacía pasar por enfermera de la Cruz Roja, fue a visitarlo al centro de detención para menores y le dijo que el padre había sido enviado al campo de Belsen (Alemania). El niño tenía siete años largos; la familia había sido separada por ser judíos. En Hungría, donde nació Stephen en 1937, la guerra llegó tarde. Los nazis invadieron en marzo de 1944 y el partido de extrema derecha Arrow Cross llegó al poder en octubre, abriendo la puerta de par en par a la persecución y deportación de judíos y comunistas, a la ilegalización de partidos y asociaciones y a las medidas de prohibición que tienden a practicar los regímenes totalitarios a través de la historia.

En un día de calor, en el Café Palestina, en el norte de Londres, Stephen recuerda episodios de su vida con una precisión envidiable a la memoria más exacta que le pasa por delante. “Mi padre era médico y tuvo que acabar la carrera en Praga, porque en Hungría las plazas universitarias para judíos eran limitadas; eso sí era antisemitismo. Él construyó una casa de arquitectura moderna en Budapest a la que llamaban 'La casa del médico loco', porque empezaba a especializarse en psicología y psiquiatría. Aunque lo peor llegó en 1944, desde 1939 unos 63.000 judíos húngaros fueron asesinados”, explica Stephen, y añade que “en Hungría los nazis lograron un acuerdo con el sionista Rezso Kasztner para que algunos judíos ricos o valedores de profesión pudieran ir a Suiza vía Belsen con los trenes de Kasztner; nosotros entrábamos en esa categoría, hasta que Hitler lo descubrió y adiós Suiza”.

Para salvar la vida, la familia de Stephen cambió de apellido: Kapos, un río que lleva años seco. Unas semanas después del final de la guerra, llegó su madre al centro de detención y ambos se dirigieron a la casa de arquitectura moderna. “De nuestra casa, quedaba el cascarón, se veían los muebles desde la calle, como en las destruidas ahora en Gaza; un día, entre las ruinas, apareció mi padre, que había sobrevivido a Belsen y a Theresienstadt”, recuerda Stephen, saltando con frecuencia de Budapest en guerra a la destrucción de Gaza y al trato a los palestinos en los Territorios Ocupados. Las comparaciones continúan con personas desaparecidas, encarceladas, masacres de inocentes en nombre de la seguridad del Estado, muertes colaterales, torturados sin cargos; restricciones en agua, comida y medicinas; periodos bajo asedio, expulsiones masivas de hogares, etc. “Mi solidaridad con los palestinos ha crecido, porque me he visto retratado en ellos durante el holocausto”, prosigue.

El término antisemitismo hace cavilar a Stephen por las distintas interpretaciones que se han hecho del vocablo en los últimos años en Reino Unido. El Partido Laborista, bajo Keir Starmer, anunció “cortar de raíz el antisemitismo del partido”. Para ello establecieron una definición que vinculaba el concepto con las críticas al Estado de Israel; así expulsaron a Jeremy Corbyn y a una sección de la rama Momentum del partido. “La llamada Declaración de Jerusalén, redactada por académicos, es la más correcta que se ha publicado hasta ahora; separa el judaísmo del sionismo y lo religioso de lo político”, explica Stephen, quien añade que “tenemos el deber y el compromiso moral con la humanidad, y los que sufrimos el holocausto todavía más, de denunciar el genocidio en Gaza”.

Al parecer de Stephen, la llegada del laborista Andy Burnham a la presidencia del Gobierno no es para tirar cohetes. Resalta que “Burnham no pronuncia la palabra genocidio, sino el sufrimiento de los palestinos; ha nombrado responsables de Exteriores, Defensa y Economía a partidarios de proveer de armas a Israel, permitir el uso de las bases británicas para atacar Palestina, reconocen el Estado palestino, pero no hacen nada para conseguirlo, etc. El cambio, si lo hay, será menor; lo hemos visto en el mensaje de buenas intenciones que ha grabado Burnham antes de ser elegido como nuevo líder y primer ministro: palabras vacías y pocos hechos; debería tomar ejemplo de Pedro Sánchez y de su defensa de los intereses de España, en lugar de doblegarse al sionismo”.

En 1956, Stephen se trasladó a Londres para proseguir sus estudios de arquitectura; se graduó, formó familia y trabajó en proyectos como la construcción de la catedral católica de Liverpool, edificio catalogado como Patrimonio Cultural. Votaba al Partido Laborista. “Admiré el Gobierno de Harold Wilson por su oposición a la guerra de Vietnam, aunque no me atrevía a manifestarme en la calle; yo defiendo el socialismo con cara humana y la democracia; me afilié al laborismo en 1997 cuando ganó Tony Blair, me opuse a la guerra en Irak; tuve un encontronazo con Keir Starmer por lo del antisemitismo en un congreso en el que yo presenté una resolución, rechazada con enmiendas que prohibían a los laboristas criticar la política de Israel. Starmer, furioso, me acusó de dividir el partido; salí del partido y ahí empezó mi activismo con grupos como Stop the War Coalition y otros por la paz y contra la guerra”.

En el sosiego que le proveyó Inglaterra, Stephen inició su travesía personal en el pasado familiar. “En un viaje a Haifa visité a una tía que justificaba la muerte de árabes por el hecho de ser árabes; a mí, me resultaba incomprensible que alguien como nosotros, que habíamos sido perseguidos para la exterminación —en mi familia ejecutaron a entre 15 y 20 tíos y primos en distintos grados—, pudiese cruzar la línea roja que habían cruzado con ella los nazis”, rememora Stephen. Jubilado, decepcionado con el laborismo e indignado por la limpieza étnica en Gaza (73.000 asesinados desde octubre 2023, la mayoría menores y mujeres), Stephen decidió salir a la calle e incorporarse a las manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino cuando ya había adquirido una cierta notoriedad como superviviente del holocausto para hablar en escuelas o en eventos y plataformas públicas.

En una manifestación vio a dos hombres que sostenían una pancarta que rezaba “Descendientes de supervivientes del holocausto contra el genocidio en Gaza”. Se unió a ellos con la autoridad que le otorgaba el ser él mismo superviviente. El grupo ha aumentado; Agnes Kory, otro miembro, sobrevivió los campos de bebé; hijos e hijas de supervivientes despliegan sus pancartas en las manifestaciones que se organizan en Londres. “Al lema Never again (nunca más), que tanto repiten, debe añadirse: para nadie”, apostilla Stephen. El embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, se colocó la estrella amarilla y aludió al Never again en octubre de 2023 durante una reunión del Consejo de Seguridad. De lo cual Stephen opina que “fue otra utilización teatral del holocausto; la forma con la que el Gobierno israelí utiliza el holocausto para justificar lo que hace en Gaza es un insulto al propio holocausto”.

En su etapa de activista, Stephen Kapos va incorporando nuevas alianzas y amistades al camino de su vida. Destaca la siguiente: “Hace unos meses me convocaron para que comparara mi experiencia como sobreviviente del Holocausto con la de Antoine Raffoul, superviviente de la Nakba (catástrofe o expulsión de casi un millón de palestinos en la creación de Israel en 1948) y también arquitecto; no me puedo deshacer de los paralelismos por más que lo intento”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un "hito importante" para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

El otro día escuché a un senador norteamericano decir que si los demócratas no recuperan el control de la Cámara de Representantes en noviembre perderán mucho más que unas elecciones, perderán el país por mucho tiempo y quién sabe si la posibilidad de volver a votar con unas mínimas garantías democráticas. Aseguraba que estas de noviembre eran, seguramente, las elecciones más importantes en la vida de quienes le estaban escuchando. Era un demócrata liberal de esos a los que, en condiciones normales, no se puede votar. En esta ocasión pensé que quizá –a falta de un candidato mejor– le votaría. Tengo una sensación parecida a la de este senador con las próximas elecciones generales cuando por fin se celebren, la de que nos jugamos mucho más que cuatro años de un gobierno de derechas.

Si pienso en lo que ocurrirá si gana la derecha iliberal que nos amenaza, lo primero en lo que pienso es en Palestina. Palestina, hoy, es el asunto central de cualquier posicionamiento político y moral sobre el mundo. Todo pasa por Palestina: el derecho internacional, un mundo sometido a reglas, la justicia, el rechazo de la crueldad, de la ley del más fuerte. Palestina es el genocidio de nuestro tiempo televisado en directo y ante el que nadie ha hecho nada. No soy ingenua y sé que el Gobierno de Sánchez no hace todo lo que podría, y hay que exigir más, pero quien niegue la importancia de la posición internacional de España es un hipócrita que no ha visto cómo reconocen esta posición los palestinos y el resto del mundo. La nuestra, con todo, es una postura muy minoritaria en el contexto mundial; es una grieta de resistencia ante el horror. Con el PP-Vox, España se alineará con Trump y esta pequeña luz se apagará.

Hoy, sábado, cuando escribo esto, en Madrid no se puede respirar. La sierra de Madrid y el valle del Tiétar, nuestro pulmón, están desapareciendo bajo las llamas. Llueve ceniza. En El Bierzo, donde tengo una casa para cuando me jubile, hay otro incendio, y ya hubo uno terrible el año pasado. El negacionismo y la inacción climática deberían ser un crimen. El pacto de Estado contra el cambio climático es inexcusable como lo es tomar de una vez medidas duras y eficaces, pero la derecha ya ha dejado claro que está dispuesta a permitir que se desate el infierno antes que ponerle algún límite al capitalismo, antes que reconocer que es necesario apostar por lo público y defender lo común. Si ganan, las exiguas políticas medioambientales que se han ido levantado, caerán. Y en un país ya martirizado por décadas de desinterés, el destrozo que se hará de las costas, del paisaje, de los bosques, del territorio, puede ser irreversible. Van por todo y con todo.

Que este Gobierno se vaya sin derogar la ley mordaza es una traición a quienes les votamos. Si ya hemos comprobado cómo están la policía y los jueces, podemos imaginar cómo va a ser cuando no se trate ya únicamente de impunidad, sino de afán de venganza y prisa por hacer contrarreformas. Tenemos raperos encarcelados, detienen a cómicos y multan a manifestantes pacíficos. Tengo amigas en los tribunales y con petición de cárcel por ir a una manifestación; tengo amigas condenadas a pagar multas enormes por acudir a concentraciones de apoyo a derechos básicos. Es sólo un aperitivo de lo que viene. Tienen la policía y los jueces; pueden juzgar a cualquiera por cualquier cosa, lo hemos comprobado. La represión no hace falta que sea violenta para ser muy efectiva, pero la represión violenta es cada vez mayor, en todo el mundo. El fascismo de Trump ha organizado una cumbre mundial que pone los pelos de punta. De estar PP-Vox en el Gobierno no sólo hubieran vuelto de allí con ETA en plena forma, sino hablando de reprimir el terrorismo de la izquierda, ese que es inexistente pero que servirá para organizar la represión a escala mundial.

El proyecto contra las mujeres, armado y preparado desde hace décadas, se pondrá en práctica. No es como antes, cuando existía cierto consenso, no es parecido a lo que pueda hacer una comunidad autónoma. Con todo el poder, con Vox haciéndose cargo de las competencias de Igualdad, se producirá la asfixia de las asociaciones de mujeres y se desmantelará toda la arquitectura levantada desde hace años para luchar por la igualdad y contra la violencia. Podemos encontrarnos con una ley, como la que se pretende aprobar en Argentina, que no sólo dificulte las denuncias por violencia machista, sino que las penalice. O sea, vamos a decirlo claramente, que se pueda perseguir a una mujer que denuncia a su maltratador. Retrocesos en todos los derechos civiles, también LGTBI, aumento de la violencia, la vuelta a los armarios, y el miedo.

Y los retrocesos en derechos laborales, sociales y económicos, en los servicios públicos, van a ser brutales. Feijóo ya lo ha anunciado. La sanidad y la educación pública están en los huesos, irán a peor. Recortes en pensiones, desempleo, bajas por enfermedad, aumento del tiempo de trabajo etc. El PP/Vox, como está haciendo la derecha reaccionaria en todo el mundo, atacará gravemente la cultura, la universidad, el periodismo libre; nos inundará de bulos y de noticias basura. Todo será como Telemadrid, y hay que ver Telemadrid un rato para entenderlo. Odian la cultura y la inteligencia, y ya no disimulan.

Y no es que no sea consciente de lo que debería haberse hecho y no se ha hecho: desmantelar el bloque reaccionario, depurar los sectores que quedaron intactos del régimen del 78, democratizar el Estado, todo lo que no se hizo en su momento; todo eso de lo que en esta legislatura hemos sido dolorosamente conscientes. Y políticas de izquierdas que hubieran blindado los servicios públicos, que hubieran impedido su venta a novios, hijos, amigos, empresas varias… No es que no sea consciente de las políticas timoratas, turnistas, social-liberales que ha aplicado tantas veces el PSOE y que, al igual que ha pasado con todos los partidos socialdemócratas europeos, nos han traído hasta aquí. Pero lo que viene no es el PP de siempre. Conformarse no es una opción, y me da miedo que haya tanta gente que no sea consciente de lo diferente de este momento. Seguro que mi edad influye en esta sensación de urgencia. No quiero vivir esta etapa de mi vida viendo cómo se desmantelan todos los derechos por los que he luchado, con tanta gente. Creo que aún estamos a tiempo, pero hay que hacerlo ya.

Sin embargo, mi urgencia no parece ser la de los partidos políticos de izquierdas, que siguen a los suyo. Leo a líderes y a militantes y veo mucho de lo de siempre: gente mirándose el propio ombligo, es decir el propio partido. Los partidos son artefactos diseñados para reproducirse, para reproducir la propia estructura. Funcionan agrandando las diferencias y fortificándose ante aquellos con los que tienen fronteras comunes. Lo sé, he estado dentro. Y comprendo muy bien todas las pasiones que laten en los pequeños y grandes odios que nos separan, que muchas veces he compartido y que en más de una ocasión pueden ser legítimos. Tengo y tenemos muchas heridas, algunas siguen sangrando cuando leo o veo algunas cosas. Podría hablar de gente con la que he compartido una parte del camino y a la que conozco bien. Y, aunque todo el mundo puede cambiar, he conocido a mujeres que se burlaban del feminismo y que hoy son las más feministas, así como a hombres que hacían chistes muy machistas.

Hoy todo el mundo habla de los cuidados, pero en los espacios que he conocido el maltrato era más que habitual. Puedo hablar de ambiciones personales desmedidas y de traiciones. Puedo hablar de lo que me hicieron y de lo que nos hicieron. Puedo hablar de cómo las cloacas destruyen los proyectos y a las personas, de la falta de solidaridad de quienes ahora están en la misma posición, de su cobardía cuando pudieron frenarlo o cambiarlo. Puedo hablar de los errores internos, de la falta de democracia real, de cómo casi siempre se prefiere el control al crecimiento, de la desconfianza enfermiza, de las paranoias, de todas las miserias que he visto en mi partido y, en la misma medida, en los otros. Pero a estas alturas reconozco que ya no me importa quién dijo qué, ni quién hizo qué cosa. No me importa nada lo que me hicieron, lo que vi hacer o lo que hicimos; no me interesa quién tuvo la culpa o quién traicionó a quién.

No me importa nada de eso. No me importan los errores, ni las miserias propias o ajenas, quiero altura de miras, generosidad y voluntad de ganar este futuro, quiero esperanza. Sé que el miedo al fascismo no hace ganar elecciones, ya lo sé, pero sin duda lo que hace que las elecciones no se ganen es no comparecer con todo a las mismas. No se trata de unir unas siglas, ni siquiera un programa, sino de unir una voluntad, un deseo real de que no gane la derecha. Eso que se llamó unidad en otras ocasiones, eso conseguido en el último minuto, con el colmillo afilado y las espadas en alto para descargarlas el día después, eso ahora ya no vale de nada. Tengo la esperanza de que por detrás de lo que nos llega esté habiendo movimientos serios para construir un bloque democrático, como quiera que se articule, como quiera que se llame, que sea generoso y que no excluya a nadie.

Siempre me ha molestado el desprecio con el que algunos llaman a otros malmenoristas. El llamado malmenorismo depende de cuál sea el mal mayor. Todos somos malmenoristas en según qué situaciones. Y las elecciones que vienen no van a ser cómo otras. Ni por el contexto mundial, ni por lo que nos jugamos. Los ciclos en política son cada vez más cortos. Trump es un payaso fascista que puede caer en cualquier momento o fortalecerse aún más, ya veremos. Sí, aunque algunos se ofendan mucho, estamos en modo resistencia y necesitamos cuatro años más para resistir o para armar lo que sea que se pueda; para demostrar que se pueden hacer otras políticas y que el capitalismo no es el oxígeno que respiramos obligatoriamente, sino un mal que sufrimos y que puede ser combatido. No soy nada optimista, no lo soy de naturaleza; pero nada está escrito.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

¿Y si, en lo que respecta al bloqueo informativo, Gaza hubiera servido de laboratorio para unas prácticas que Israel pretende ahora replicar en Cisjordania? Entre las agresiones, a menudo impunes, de colonos a periodistas, el acceso cada vez más restringido al terreno y las detenciones arbitrarias de reporteros, la cobertura periodística de la ocupación israelí en Cisjordania nunca ha estado tan obstaculizada.

“Es la culminación de un proceso que comenzó mucho antes del 7 de octubre, que se intensificó con la prohibición de entrar en Gaza y que continúa debido a la imposibilidad de acceder a determinadas zonas de Cisjordania”, coinciden en señalar una decena de periodistas, palestinos y extranjeros, así como observadores de la libertad de prensa en la región, todos ellos entrevistados por Mediapart.

La voluntad del Estado hebreo de estrechar el cerco en torno a la prensa internacional volvió a quedar patente el 11 de junio de 2026, con la expulsión por parte de las autoridades israelíes de la reportera francesa Alice Froussard, pocas horas después de su llegada al aeropuerto Ben-Gurión de Tel Aviv.

Cuando se presentó el día anterior en la aduana israelí, la periodista de Radio France Internationale (RFI) llevaba consigo todos los documentos necesarios, un visado y una orden de misión oficial de la emisora pública.

Sin embargo, las autoridades locales la detuvieron y la llevaron a un interrogatorio. Durante unos veinte minutos, apenas le hicieron preguntas; más bien le dirigieron reproches sobre su labor periodística, a la que acusaban de ser sistemáticamente desfavorable a Israel.

Hasta aquí, nada realmente inusual, piensa Claire Duhamel, corresponsal de France 24 en Jerusalén, que viaja con ella. “Ya le ha pasado varias veces; este tipo de interrogatorios suele durar mucho más. En ese momento, una piensa que una llamada a la embajada de Francia puede arreglar rápidamente la situación”, explica.

A Alice Froussard le confiscan el pasaporte y se ve obligada a pasar la noche en la terminal del aeropuerto de Tel Aviv, sin poder salir de allí. Al día siguiente, hacia las 9 de la mañana, los agentes de control israelíes le indican que debe subir a un avión de regreso a Francia.

En la notificación “destinada a impedir la entrada en Israel de Alice Froussard”, firmada por el director general del Ministerio de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, a la que Mediapart ha tenido acceso, solo se esgrimen motivos políticos para justificar la expulsión de la periodista.

Se le reprocha, en particular, haber calificado de “draconianas” las leyes aprobadas por el Parlamento israelí para autorizar la expulsión de familias palestinas acusadas de vínculos con el terrorismo, y haber afirmado que “el sistema judicial israelí era de dos velocidades y constituía un ejemplo de apartheid”. Una constatación ampliamente compartida y documentada por la prensa internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Las autoridades israelíes también reprenden a Alice Froussard por haber calificado de “masacre las operaciones llevadas a cabo en Gaza” y por hacer un llamamiento a no olvidar que la violencia en la región no comenzó el 7 de octubre de 2023.

Para respaldar estas críticas, las autoridades israelíes aportan capturas de pantalla de publicaciones de la periodista en las redes sociales o de artículos, uno de los cuales fue publicado por Mediapart en julio de 2024 —Alice Froussard colabora con nuestro periódico y ha escrito varios artículos sobre la situación en Palestina—, titulado “En la ‘carretera del apartheid’, la segregación va a toda velocidad en Cisjordania”.

En definitiva, pues, ha sido precisamente el ejercicio de un periodismo, crítico pero claramente objetivo, lo que ha servido de base legal para la expulsión de la reportera. Según nuestra información, Alice Froussard ha recurrido la decisión de prohibición de entrada en el territorio israelí y cuenta con la ayuda del abogado de RFI.

La dirección de la emisora pública ha denunciado, además, en un comunicado, “la expulsión de la periodista Alice Froussard a su llegada a Israel” que se produce “en un contexto de crecientes dificultades a las que se enfrentan los periodistas para cubrir la actualidad de la región”.

Tal como señala el Comité para la Protección de los Periodistas, al igual que la reportera francesa, durante el último año se ha prohibido la entrada en Israel o en los territorios palestinos a seis periodistas extranjeros.

En la mayoría de los casos, las autoridades israelíes han alegado motivos relacionados con su labor periodística, en particular el uso de los términos “apartheid” o “genocidio” para describir la política israelí en Gaza o en Cisjordania.

Las trabas al periodismo no se detienen en los aeropuertos israelíes. Los periodistas extranjeros a los que aún se les permite entrar en los territorios palestinos se enfrentan cada vez más a actos de violencia física, hasta ahora reservados principalmente a los periodistas palestinos.

En marzo de 2026, un equipo de la cadena estadounidense CNN fue agredido cerca de la localidad de Tayasir, en el noreste de Cisjordania, y posteriormente retenido brevemente por el ejército israelí.

Los periodistas estaban cubriendo los ataques de colonos israelíes y el establecimiento de un nuevo puesto avanzado ilegal, cuando unos soldados les apuntaron con sus fusiles y les amenazaron con confiscarles la cámara. A continuación, un soldado se acercó por detrás al reportero gráfico de la CNN Cyril Theophilos, para estrangularlo y tirarlo al suelo.

“Las dos horas que pasamos detenidos pusieron de manifiesto la ideología colonizadora que mueve a muchos de los soldados que operan en Cisjordania ocupada, así como la forma en que suelen actuar al servicio del movimiento colonizador”, comentaron los reporteros de la CNN.

El ejército israelí confirmó el 13 de julio que, tras la investigación llevada a cabo por la policía militar, no se iniciaría ningún proceso penal contra el soldado autor de la agresión al reportero gráfico de la CNN. Solo recibirá una amonestación.

“Lo que le ha ocurrido a Alice Froussard le podría pasar a cualquier periodista extranjero que lleve mucho tiempo trabajando aquí y que crean que ofrece una cobertura desfavorable para Israel”, opina Claire Duhamel. Otra periodista occidental coincide en lo mismo: “Todo el mundo acaba contando el número de artículos negativos sobre Israel que ha escrito y preguntándose si no corre además el riesgo de perder su visado.”

Y es que las trabas a la prensa internacional en Cisjordania pueden además llegar a llevar a los periodistas palestinos a la misma situación que en Gaza: cuanto más recae sobre ellos la responsabilidad de informar al mundo sobre las violaciones del derecho internacional en esos territorios, más expuestos están a la represión feroz y sin límites de las autoridades israelíes, que tienen muchos menos reparos a la hora de obstaculizar, encarcelar o matar a los reporteros si son palestinos o árabes.

Esos mismos periodistas ya han pagado un alto precio por la guerra sin cuartel que libra Israel contra la libertad de información en la región. Cabe recordar que, desde el 7 de octubre de 2023, han sido asesinados por Israel más de 250 periodistas, en su gran mayoría palestinos, pero también libaneses.

“Siempre ha sido muy difícil cubrir la actualidad en Cisjordania y Gaza, pero la situación se ha agravado notablemente desde el 7 de octubre”, afirma Shuruq As’ad, periodista palestina desde hace más de treinta años, afincada entre Jerusalén y Ramala. Y menciona, en primer lugar, las dificultades para desplazarse y acceder al terreno.

De hecho, hay más de mil puestos de control cortando y rodeando todas las ciudades y pueblos de Cisjordania, lo que alarga considerablemente los tiempos de desplazamiento. “Pasamos mucho tiempo yendo de un sitio a otro para saber qué puesto de control está abierto y cuál no", explica.

“Ahora se necesita toda una red para realizar un reportaje e informarnos sobre el estado de las carreteras”, explica otra reportera. “Ya no podemos simplemente subirnos a un coche y lanzarnos a la aventura”.

La situación se ve agravada aún más por la arbitrariedad con la que actúan las autoridades israelíes al prohibir el acceso de los periodistas a determinados territorios declarándolos “zonas militares”. Algunos campos de refugiados, como los de Jenín, Nablus o Tulkarem, se han vuelto completamente inaccesibles.

“A veces, los periodistas documentan ataques de colonos y, de la noche a la mañana, se encuentran en zonas declaradas militares. En ese caso, pueden ser detenidos y encarcelados por las autoridades israelíes, incluso si muestran una carné de prensa”, señala Jonathan Dagher, responsable de la oficina de Oriente Medio de Reporteros sin Fronteras (RSF).

Es más, lejos de garantizar su libertad de movimiento y de expresión, el carné de prensa parece haberse convertido en un pretexto para tratar aún con mayor dureza a quienes la poseen.

“Durante los controles, en cuanto les dices a los soldados israelíes que eres periodista, reaccionan con brutalidad, como si hubiera una orden de tratar a los periodistas de forma diferente, como si fuéramos para ellos un objetivo”, explica Shuruq As’ad, también miembro del Sindicato de Periodistas Palestinos.

La periodista cuenta que en varias ocasiones ha sido amenazada con ser detenida por soldados que la acusaban de difundir mentiras sobre Israel y de contribuir a la mala imagen del país en el mundo. Según RSF, hay actualmente en las cárceles israelíes unos veinte periodistas recluidos por su trabajo, a veces sin haber tenido derecho a un juicio.

“Estamos aterrorizados ante la idea de que algún día los militares llamen a la puerta y me detengan sin motivo, delante de mi hijo”, confiesa Shuruq As’ad. “Y sabemos que las cosas se van a poner más difíciles, ya que hace unos días unos colonos se acercaron a mi casa, a unos treinta metros, y colocaron bloques. Tenemos la sensación de estar en tierra de nadie. No hay ley, ni derechos humanos, ni protección, y nadie tiene que rendir cuentas”.

Para Tasnim*, el temor a ser detenida acabó haciéndose realidad. En el verano de 2024, fue puesta en prisión preventiva tras ser citada para un interrogatorio que duró setenta y dos horas en el asentamiento de Ariel. Posteriormente se enteró de que había sido condenada a seis meses de cárcel. Fue puesta en libertad a finales de ese mismo año.

El Estado israelí la acusa de “incitación al odio en las redes sociales” y de apoyar a organizaciones terroristas por haber publicado fotos de su hermano, asesinado por disparos del ejército israelí.

Durante su detención fue sometida a tratos inhumanos y degradantes. “La primera noche en la cárcel me metieron en una celda minúscula, infestada de insectos y equipada con cámaras de vigilancia. Las cucarachas andaban por todo mi cuerpo. No podía soportar el olor del lugar”, recuerda Tasnim.

También cuenta que la esposaban y la golpeaban cuando bajaban a su celda y que fue sometida en varias ocasiones a humillantes registros al desnudo. “Me amenazaban con llamar a funcionarios de prisiones varones si me negaba a ser registrada”.

Varias de sus compañeras de prisión también padecían enfermedades respiratorias crónicas y se veían gravemente afectadas cuando los funcionarios de prisiones rociaban gas lacrimógeno por las celdas. “Vivíamos en un estado constante de miedo y alerta. Las mujeres soldado comían helados y chocolate delante de nosotras para provocarnos”, detalla.

Durante su encarcelamiento, Tasnim perdió 28 kilos debido a la falta de comida y a la pobreza nutricional del rancho. Ahora que está en libertad, vive con el temor constante a ser detenida de nuevo, ya que su condena fue acompañada de una pena de cinco años de prisión condicional.

Las fuentes de los periodistas tampoco se libran. Varios reporteros y reporteras palestinos informan de que comerciantes que habían prestado testimonio ante medios locales o internacionales han recibido multas y han sido amenazados con represalias si volvían a hablar con la prensa.

“Las autoridades intentan que nos convirtamos en sinónimo de problemas para la población palestina”, afirma un periodista que ha pedido el anonimato.

“Nunca había visto a palestinos reacios a contar sus vivencias, eso fue lo que más me impactó”, afirma una periodista palestina, con treinta y cinco años de experiencia a sus espaldas y que trabaja para una importante cadena de televisión árabe. Tras dos años de ausencia, que pasó en otro país de la región, regresó a Cisjordania en diciembre de 2025.

Según ella, el poder absoluto de los colonos, respaldados por el ejército y seguros de su impunidad, hace que el trabajo de periodista sea especialmente peligroso. “No recuerdo haber tenido nunca la sensación de que mi vida dependiera de un solo gesto, de un solo colono que puede disparar en cualquier momento y que sabe que, haga lo que haga, tiene la ley de su parte.”

* Se ha modificado el nombre de pila a petición propia para preservar su anonimato y protegerla de posibles represalias por parte de las autoridades israelíes.

Traducción de Miguel López

En la sala 16 del juzgado de Londres (Old Bailey) se respira un ambiente enrarecido más allá de los formalismos en el comportamiento y las sutilezas lingüísticas que usan la docena de pulcros abogados —todos ellos blancos—, con túnica negra y peluca de pequeños tirabuzones ordenados y rizados en simetría.

La tradición, para la abogacía, se mantiene, al menos, en el aspecto y en los modales. El semblante de los letrados contrasta con el de los 12 miembros del jurado popular (seis hombres y seis mujeres de distintas procedencias; alguno con pantalón corto y sandalia playera, camisetas de algodón y calzado deportivo).

Los ocho encausados, por su catadura, podrían ser también transeúntes de la calle; una con el pañuelo musulmán, uno de aspecto africano. En la sala 16, las apariencias no engañan. Al contrario, letrados, jurado y encausados responden a los estereotipos típicos y tópicos del clasismo inglés.

La sala del juzgado, de madera marrón y color verde en los tapizados, acoge el juicio a ocho de los 25 conocidos como Filton25, miembros de Palestine Action (Acción Palestina) que irrumpieron en la fábrica israelí de armas y drones Elbit Systems en Filton, Bristol (a dos horas de Londres), el 6 de agosto de 2024.

Destrozaron varios drones que, a su parecer, estaban destinados a matar palestinos en Gaza. Este es el segundo de los cuatro juicios en los que se han repartido a los detenidos bajo la ley antiterrorista. Algunos han estado hasta 18 meses en prisión preventiva sin cargos.

Los cargos ahora no son de terrorismo, sino de robo agravado, daños o perjuicios a la propiedad y desorden o disturbios violentos. Es lo que hace rara (sin precedentes en la jurisprudencia inglesa) la vista judicial: detenidos por terroristas y acusados de ladrones y provocadores violentos. La pertenencia a una organización ilegal está castigada en el Reino Unido con penas de prisión que van de tres a 14 años.

Acción Palestina era legal hasta que se produjo una segunda acción: la entrada en la base aérea de Brize Norton el 20 de junio de 2025 para rociar con pintura de color rojo dos aviones militares de los que, según los encausados, se han utilizado o hubiesen podido ser utilizados para la destrucción de Gaza.

Esta acción, posterior a la de los drones, protagonizada por varios miembros de los Filton25, provocó la decisión del Gobierno británico de ilegalizar Acción Palestina y calificarla de terrorista. Los daños a la propiedad se han valorado en más de dos millones de libras.

La ilegalización ha provocado protestas en las que se ha acusado a 700 personas de apología del terrorismo y se han detenido a unas 3.300. ¿Serán juzgadas todas ellas también? Se preguntan algunos de ellos, como la sacerdotisa Sue Parfitt, una de las 700 acusadas.

Parfitt, de 84 años, residente en Bristol, como las armas israelíes, cuenta a infolibre que “la ilegalización de Acción Palestina no solo atañe al humanismo y a la defensa de los palestinos que están siendo masacrados impunemente, sino que deteriora nuestros derechos civiles en términos de libertad de expresión y de asociación; en lo que hace Acción Palestina no muere nadie ni hay violencia como la que se ejerce en la destrucción de Gaza de la que nuestro Gobierno es cómplice”.

En febrero de este año, un tribunal de tres jueces tumbó la ilegalización de Acción Palestina, abriendo un paréntesis de apelación por parte del Gobierno británico. El presidente del tribunal adujo lo siguiente: “Pese a que Acción Palestina promueve una causa política mediante tácticas delictivas, el alcance de las actividades no justifica la prohibición de la organización”.

En junio, cuatro meses después de la sentencia, un tribunal de cinco jueces (dos más que en el anterior) avaló la ilegalización de Acción Palestina en otra sentencia en la que la jueza Sue Carr, presidenta del tribunal, rebatía diciendo que “no es una propuesta sostenible presentar a Acción Palestina como una organización no violenta; con células encubiertas para destruir propiedad en empresas de defensa y en bases militares”. Dos pareceres distintos procedentes de la judicatura de túnicas negras y pelucas con tirabuzones simétricos.

En la sala que juzga a los ocho de la segunda tanda, los miembros del jurado dirigen sus miradas de vez en cuando a los encausados, que bien toman notas de la narrativa judicial, leen algún libro o muestran indiferencia en el supuesto banquillo que aquí tiene forma de fila de butacas de cine.

El juicio comenzó el pasado 15 de junio y está previsto que dure de seis a ocho semanas; una semana más aproximadamente. Ya empieza a cansar la rutina judicial en días de calor. En el espacio destinado al público, familiares y amigos de los encausados escuchan con atención a los abogados de la acusación y de la defensa. Se cruzan miradas inevitables en todas direcciones. El juez ha puesto restricciones a la presencia del público: solo se pueden ocupar 21 de los 32 asientos, o la segunda y tercera fila; quienes quieran presenciar el juicio deben proveer dos tipos de identificación: una con documento en vigor y foto y otra de dirección postal permanente, y manifestar su interés en el caso.

Entre el público asistente, los padres de Alexandra Herbich han asistido a la vista desde el primer día. Él toma notas con atención; ella, nacida en Polonia, dice a este medio que vino a este país en la década de 1970, "dejando un régimen autoritario, para disfrutar de los derechos y libertades que se ofrecía aquí; ahora todo está en retroceso”. La procesada es hija única, su madre solloza al manifestar: “Alexandra me dice que, comparado con los palestinos, ella tiene una buena vida”. Otra madre, Anne Farooque, defiende el pacifismo de su hija, también juzgada en este proceso.

Cinco de los ocho juzgados en el segundo turno de juicios han declarado ante la sala. Uno de ellos, William Nyerere Plastow, conocido como Will, de los que mira con rareza la sala 16, es licenciado por la Universidad de Cambridge, nieto de Julius Nyerere, activista anticolonial y primer ministro de la Tanzania independiente.

Will preguntó en voz alta: “¿Cómo se supone que te debes sentir viendo niños con el cuerpo a pedazos, y que te digan que no se puede hacer nada al respecto?”. El acusado argumentó que “el Tribunal Internacional de Justicia ha considerado...”. Fue interrumpido por el juez. Le dejaron cambiar de tema para explicar que durante la prisión preventiva, falleció su madre de cáncer. “Me perdí el último año de su vida”, añadió.

El primer juicio a seis de los Filton25, dirigido por el juez Jeremy Johnson, tuvo que repetirse por falta de veredicto unánime en algunos de los cargos. Tres cargos de ladrones y maleantes con conexiones terroristas (a determinar por el juez) a ocho encausados pronostican una sentencia tan compleja como la del primer juicio y su repetición. La judicatura británica, a diferencia de la española, tiene que compatibilizar las sentencias con la llamada natural law o jurisprudencia, lo que tensa este caso (el macrojuicio o cuatro separados a 25) todavía más, puesto que no hay precedentes. Habrán de hallar el vínculo entre terrorismo (político) y ladrones para sentar jurisprudencia para el futuro.

En su último informe, titulado La esencia de la infancia ha sido destruida, la Comisión Internacional Independiente de investigación de la ONU sobre el Territorio palestino ocupado, recapitula todas las formas en las que Israel está intentando acabar con el “futuro del pueblo palestino”: matanzas deliberadas de niños y niñas palestinos como parte del genocidio, violencia sexual contra los menores secuestrados por las fuerzas de ocupación, el uso de la tortura, las mutilaciones, el hambre y la falta de educación para lastrar sus vidas adultas, así como la privación de cualquier atisbo de esperanza de que algún día puedan tener una vida plena y en paz.

“Dejé de pintar por lo que está ocurriendo en mi país. Antes pintaba sin parar, pero ya no puedo. Es todo demasiado horrible”, explica Mohamed mientras nos enseña sus decenas de dibujos: el mapa de Palestina antes de ser ocupada por Israel, sus simbólicos olivos, los vestidos con su bordado tradicional. El niño de 15 años, con una discapacidad mental que le provoca un retraso madurativo, tiene aún el ojo enrojecido por la hemorragia que le produjo la paliza que le dieron unos soldados israelíes.

Aquel día, Mohamed decidió reunirse con su madre, que había ido a visitar a su primo enfermo en el hospital. A mitad de camino se encontró con que las fuerzas de ocupación habían cortado el camino con un checkpoint. Cuando se dispuso a cruzarlo, los hombres lo empujaron al suelo, los esposaron con unas bridas a la espalda y comenzaron a golpearle la cabeza y el resto del cuerpo con sus fusiles. “Me amenazaban con dispararme. Me preguntaban si era parte de una brigada. Les decía que no. Me tiraban del pelo, me sacudían la cabeza contra el suelo. Me quedé inconsciente por los golpes”. Lo cuenta meticulosamente, con las manos apretadas entre sí con fuerza, acompañado por su padre y con el apoyo psicológico de un trabajador de una ONG palestina dedicada a acompañar a las víctimas de la violencia sionista –omitimos el nombre de la entidad por la criminalización que sufren las organizaciones de derechos humanos palestinas por parte de Israel–.

“Cuando me desperté, vi que se habían alejado un poco y salí huyendo. Me gritaron mientras disparaban al aire. Pero yo no paré de correr”. Mohamed requirió ser hospitalizado por las heridas sufridas, aunque las más graves sean, probablemente, las que la Comisión Internacional Independiente para los Territorios palestinos ocupados ha denominado en su último informe “estrés traumático continuo”. En otros contextos violentos, los expertos suelen diagnosticar a las víctimas el síndrome postraumático. En Palestina, el "terror difuso y ambiental” que ha impuesto desde 1948 el Estado colonial sionista, “que no requiere bombardeos constantes para seguir siendo efectivo", ha provocado que los niños, niñas y adultos estén expuestos a graves violencias y vulneraciones de derechos fundamentales permanentemente, denuncia el informe. Todo ello, añade, es causante de un “trauma intergeneracional que afecta a toda la población palestina” desde hace décadas.

Además, los investigadores describen “una psique ocupada en la que se ha erosionado la libertad de jugar, imaginar, tener esperanza y desarrollar una identidad. La ocupación y el control israelíes han funcionado como mecanismos a largo plazo de dominación, subyugación y opresión, dañando así la memoria, la identidad y la esperanza a lo largo de las generaciones”. Algo que ha constatado esta periodista en sus viajes a Cisjordania y Jerusalén en los últimos tres años: ser conscientes de que pueden sufrir un genocidio sin que nadie lo impida, a la vez que padecen un agravamiento exponencial de la violencia de los ocupantes, ha provocado tal grado de desaliento que muchos niños y niñas no encuentran sentido a seguir viviendo. Hasta el punto de que algunos de ellos graban vídeos con su mensaje postmortem para que sus amigos los suban a las redes sociales cuando sean asesinados por los soldados israelíes o los colonos.

“Muchas noches no puedo dormir por los bombardeos y disparos. A menudo, los invasores nos obligan a abandonar nuestras casas en mitad de la noche. Nadie en el mundo vive así. Que se vayan de nuestro país. Ellos son europeos, que se vuelvan a Europa”, lamenta Mohamed en el salón de su casa familiar, un modesto habitáculo de dos habitaciones cerca de donde antes se levantaba el campo de refugiados de Jenin. Desde 2024, el Gobierno israelí ha demolido el de esta ciudad, así como los de Tulkarem, dejando sin hogar a más de 40.000 personas, en su mayoría, menores de edad pertenecientes a la quinta generación de refugiados palestinos. “¿Por qué no podemos vivir como los niños de España? Nuestra sangre es barata. Nos matan porque no somos importantes”, concluye Mohamed. Su padre insiste en que antes era un niño alegre y confiado. Ahora, es una aleación de dulzura y abatimiento.

El genocidio de la Franja de Gaza es la expresión más cruenta del continuum de limpiezas étnicas, masacres, desplazamientos, expolios, empobrecimiento y vejaciones con las que el proyecto colonial sionista lleva intentando acabar con el pueblo palestino desde 1947. Por ello, el jurista palestino Rabea Eghbariah sostiene que, igual que se tipificó el delito de genocidio tras el Holocausto y el de apartheid para acabar con el régimen sudafricano, se reconozca la Nakba como un delito de lesa humanidad porque solo así se podrá entender la realidad que ha impuesto Israel a Palestina en estos casi 80 años de ocupación.

Como expone Eghbariah en la entrevista publicada en el libro Genocidios (Galaxia Gutenberg, 2025), este crimen habría comenzado con la limpieza étnica y el desplazamiento masivo sobre los que se fundó en 1948 el Estado sionista, pero continuaría hasta nuestros días mediante un régimen político y jurídico creado para fragmentar al pueblo palestino e impedir así su derecho a la autodeterminación y al retorno de sus diez millones de refugiados.

En este sentido, para completar la Nakba, para sepultar el futuro del pueblo palestino, la comisión de la ONU demuestra con pruebas en el informe que “Israel ha atacado deliberadamente a niños”, contra los que está cometiendo “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”. Los especialistas concluyen que “al atacar a los niños, Israel está atentando contra la capacidad misma del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”.

La investigación, titulada La esencia de la infancia ha sido destruida, se alza como una radiografía tan rigurosa como vívida del infierno en el que la ocupación israelí ha convertido la vida de los menores palestinos. Para asesinar a, al menos, 20.179 niños y niñas de Gaza así como provocarles lesiones a otros 44.143, el Ejército israelí ha empleado dos vías: “Directamente, disparándoles a sus órganos vitales con armas de precisión como drones y francotiradores; y mediante el uso de armas de alto impacto, provocando ataques generalizados y sistemáticos contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados repletos de niños”, recoge el documento.

Además, el infanticidio incluye haber dejado a ”una nueva generación de niños palestinos que vivirán con una discapacidad de por vida”. Tal es la magnitud de esta nueva realidad que “la discapacidad entre los niños palestinos ha dejado de ser una condición médica individual para convertirse en una realidad demográfica determinante: un grupo de palestinos que crecen sin una o más extremidades, con dolor crónico y cicatrices visibles e invisibles”, apuntan los investigadores independientes.

Además, el equipo de la ONU ha indagado en el impacto que tendrá la malnutrición en el desarrollo y adultez de los menores que hayan sobrevivido al hambre empleada como arma de guerra, la destrucción del sistema sanitario en los neonatos y en los menores con enfermedades crónicas, así como la destrucción de los centros de acogida y orfanatos de la Franja.

Al mismo tiempo, la Comisión amplía el foco para abordar los pogromos que la población palestina está sufriendo e Cisjordania y Jerusalén Este, donde desde octubre de 2023, los soldados israelíes han acabado con la vida de más de 237 niños, y los colonos a, al menos, cinco. He entrevistado a varios de sus padres y madres. Todos ellos criaron a sus hijos con la conciencia de que podían matárselos en cualquier momento. Y, también, de que si ocurría, su muerte sería premiada con una total impunidad. Lo sabían porque es con el temor con el que se cría en Palestina desde el principio de la ocupación, pero que se ha vuelto asfixiante desde 2023 por el aumento exponencial de los asesinatos.

La Comisión recuerda que Israel, como potencia ocupante y como firmante de la Convención sobre los derechos del niño, es responsable de la protección de la infancia palestina. Por su parte, el Estado sionista ni siquiera respondió a los requerimientos de información de la Comisión para la elaboración del informe, que ha calificado tras su publicación de “farsa difamatoria” a la vez que a ha acusado a sus autores de parcialidad contra Israel.

Israel ha empleado los encarcelamientos arbitrarios de niños palestinos en condiciones infrahumanas desde su fundación. Antes de octubre de 2023, una media de 300 menores sobrevivían al año en las prisiones militares, sin el cumplimiento de las garantías más básicas: podían pasar meses presos sin que ellos ni sus familias supiesen de qué se les acusaba y sin comparecer ante un tribunal –y cuando ocurría, eran juzgados por un tribunal militar–. Tras el 7 de octubre de 2023, las cárceles israelíes se han convertido en centros de tortura y de desaparición y los niños de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, a menudo, son “recluidos con adultos, sometidos sistemáticamente a tortura y violencia física, sin acceso a abogados, padres ni información sobre su paradero. Esto ha generado una prolongada incertidumbre para sus familias, lo que equivale a una separación familiar forzosa. Su detención también puede constituir una desaparición forzada”, sostienen los expertos.

Además, “la Comisión también ha documentado incidentes de violencia sexual y de género contra niños y niñas palestinos, a menudo durante arrestos o detenciones, que les causaron graves daños físicos y psicológicos. En consonancia con las conclusiones previas de la Comisión sobre la violencia sexual cometida contra los palestinos, las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron la violencia sexual como táctica de guerra para castigar, infundir miedo y tratar los cuerpos de los palestinos, incluidos los niños y niñas, como instrumentos de humillación y opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes”.

Como me contó, el verano pasado, Ibrahim (nombre ficticio), un adolescente que a sus 15 años había sido encarcelado ya tres veces. La última, durante casi un año. “Pegan a los presos continuamente y por todo. Una vez, uno que estaba enfermo se desmayó. Vinieron seis médicos. Lo rodearon y empezaron a darle patadas en la cara. Era compañero de celda. Se despertó por la paliza y le dijeron: ‘Listo, ya te hemos curado’. Juro por Dios que allí no hay medicinas, solo palos y escudos para pegarnos”. Ibrahim creció yendo a los entierros de sus vecinos, niños y adultos asesinados por los soldados israelíes cuando se enfrentaban con piedras o cócteles molotov a las invasiones del Ejército sionista del campo de refugiados de Cisjordania en el que nació.

“Antes del 7 de octubre, metían a seis en cada celda. Nosotros éramos once. Dormimos en el suelo, pisándonos al caminar. No nos dan ropa para cambiarnos, así que nos duchamos y nos la tenemos que volver a poner. La suciedad atrae a los insectos. Sufrimos una especie de sarna”, me explicaba con ansiedad poco después de encontrarnos con un conocido suyo y de nuestra traductora que acababa de ser puesto en libertad. No lo reconocieron. Había perdido más de 20 kilos durante la reclusión.

“La comida está tan asquerosa que aunque te mueras de hambre, prefieres no comerla. Al mediodía, nos daban un vasito de café con arroz crudo y un trozo de pollo medio congelado y sangriento”, nos explicó Mohamed, que en los dos meses que llevaba liberado había recuperado parte de su complexión. Sin embargo, no albergaba dudas de que volvería pronto a las mazmorras. “Una vez que entras en prisión ya sabes que nunca volverás a ser libre realmente. Se inventan todo tipo de excusas para detenerte una y otra vez”, lamentaba.

Desde el principio del genocidio, los bombardeos israelíes se sucedieron contra las escuelas, los institutos y universidades de la Franja de Gaza. Y muchos de los centros educativos que se salvaron de las detonaciones, han sido quemados después, de manera intencional, por soldados sionistas. A la vez, en Cisjordania y Jerusalén Este las fuerzas de ocupación y los colonos han cerrado y demolido colegios, imposibilitado acudir a las aulas mediante confinamientos, el bloqueo de las carreteras y el cierre de las verjas con las que controlan todas las entradas y salidas de todos los pueblos y ciudades. Un escolasticidio, como lo ha catalogado la politóloga palestina, y profesora del la Universidad de Oxford, Karma Nalbulsi, que “dificultará el desarrollo económico, el trabajo y las habilidades sociales” de los habitantes de la Franja, según el informe de 2025 de la misma Comisión.

Este año, los investigadores alertan de que “el daño cognitivo causado por la interrupción de la educación va más allá de los años perdidos. Reconstruye la infancia palestina en torno a la supervivencia en lugar del aprendizaje” y advierte de que al interrumpir sistemáticamente la capacidad de aprendizaje de los niños Israel está “saboteando los fundamentos intelectuales y sociales de la propia sociedad palestina”. Una sociedad, la palestina, que siempre ha otorgado un lugar prioritario a la educación y que, pese a todo, sigue esforzándose por garantizar este derecho a sus niños, ya sea impartiendo clases entre los escombros de la Franja, o retomando el curso escolar cada vez que Israel se lo permite en los otros territorios ocupados.

Una de las grandes dificultades que encuentran las organizaciones que trabajan en temas de salud mental con la infancia palestina es darles razones para querer vivir. La psiquiatra y psicoterapeuta palestina Samah Jabr, reconocida internacionalmente por su especialización en trauma colonial, me explicó cómo trabajar con unos niños y niñas que viven en un estado de “estrés traumático permanente”, como los hicieron sus padres, madres, abuelos…

—La terapia tradicional presupone que las amenazas que han provocado el trauma han terminado, que ahora estamos a salvo y que hay un futuro esperanzador. Estas tres suposiciones no funcionan en Palestina. El trauma es repetitivo, nunca termina y trabajamos en condiciones donde no hay seguridad. A menudo, la terapia requiere mucha reestructuración cognitiva para corregir los sesgos. Pero la evaluación de la realidad de los niños en Palestina es muy precisa, saben lo que sucede y no hay nada que corregir. ¿Qué les decimos entonces? Que no están solos, los acompañamos. Se trata de centrarse en la capacidad de los niños para ayudarlos a encontrar un lenguaje con el que puedan expresar lo que les duele. Porque cuando empiezan a contar su historia, pasan de ser víctimas a testigos de su propia victimización. En este sentido, la pregunta incorrecta es qué te pasa. Lo terapéutico es preguntar cómo afrontas lo que te sucedió y cómo podemos ayudarte.

Y para quienes se preguntan qué pueden hacer por la infancia palestina, la doctora Jabr, con más de tres décadas de experiencia trabajando en los Territorios palestinos ocupados, tiene un mensaje:

—Lo que estamos sufriendo los palestinos es mucha maldad y la mejor terapia para eso no son las intervenciones psicoterapéuticas más sofisticadas. La mejor terapia para la maldad es la bondad humana. Sabemos que los gobiernos extranjeros no nos consideran humanos. Por eso no nos aplican la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sabemos que el derecho internacional es una mentira. Pero si los palestinos no nos hemos radicalizado, si no nos hemos vuelto agresivos hacia el mundo, es porque vemos la diferencia entre los gobiernos y los movimientos populares. La solidaridad es terapéutica. Y el movimiento de solidaridad global con Palestina mantiene nuestra conexión con la humanidad.

*El viaje a los Territorios palestinos ocupados citado en este análisis fue posible gracias a una beca DevReporter, de Lafede.cat, en colaboración con la ONGD Mundubat. 

La coreografía que crean en Reino Unido para la ceremonia de cambio de gobierno empieza a ser tan habitual que ha perdido brillo: siete en diez años. El horario de la visita del lunes al palacio para que Sir Keir Starmer ceda el mando a Andy Burnham ha estado sometido a los resultados del fútbol hasta el miércoles pasado. Si Inglaterra hubiese jugado la final el domingo contra España, hubiese viajado para ver el partido y la coreografía palaciega se hubiese retrasado a mediodía o tarde (suponiendo que los vuelos de los primeros ministros ni se cancelan ni se demoran). Ahora se mantiene para la mañana el trajín entre el Palacio de Buckingham, donde el rey despide a uno y recibe a otro, y Downing Street, de donde uno sale y el otro entra, de la mano de la esposa. 

Andy Burnham, exalcalde de Manchester, ha sido elegido como líder del Partido Laborista y, automáticamente, primer ministro en un proceso que, atendiendo a las reglas del partido, se ha convertido en una "coronación", un visto y no visto. La derrota electoral en las elecciones municipales del pasado mes de mayo resultó ser la gota que colmó el vaso contra Keir Starmer. El diputado laborista Josh Simons dimitió de su escaño en Makerfield (Manchester) para que Andy Burnham lo obtuviera. El 18 de junio ganó la elección parcial y con ella el acta de diputado, necesaria para liderar el partido. Obtuvo también los suficientes apoyos de diputados, asociaciones locales y organizaciones afiliadas para retar a Starmer, que dimitió al ver la fuga del grupo parlamentario hacia Burnham. Las ganas de los laboristas de deshacerse de Starmer eran tales que cinco días antes de cerrarse el plazo para otras candidaturas, Burnham tenía el aval de 349 diputados de los 403 que forman el grupo parlamentario laborista. No ha habido primarias ni se las espera.

Esta es la tercera vez que Andy Burnham se presenta para dirigir el Partido Laborista; en 2010 perdió contra Ed Miliband; en 2015 le ganó Jeremy Corbyn, quien condujo el laborismo a la izquierda política, perdiendo las elecciones de 2019. Por entonces, Andy Burnham dejó Westminster o centro político de Londres y se dedicó a la alcaldía de Manchester, en la que su perfil político ha crecido como la espuma, ganándose el calificativo de “el rey del Norte”. A la tercera ha ido la vencida y, encima, sin rivales.

El acceso de Andy Burnham a la presidencia del gobierno ha generado una larga retahíla de interrogantes sobre qué hará con la crisis de la vivienda, con el Brexit, con las pensiones, con los impuestos, etc. Él ha dicho que mantendrá el programa electoral del partido con el que Starmer ganó las elecciones de 2023. No obstante, se ha distanciado del sionismo de Starmer a través de un mensaje de tres minutos en las redes sociales en el que se disculpa por la reacción del Gobierno laborista a la ofensiva militar israelí contra Gaza y califica la muerte de palestinos (sin pronunciar la palabra genocidio) y la expansión israelí como “una herida en nuestra conciencia”. En la alocución reconoce que se han dado algunos pasos positivos, no suficientes, como “el reconocimiento del Estado palestino, las sanciones a ministros israelíes y a los colonos violentos y sus organizaciones en los Territorios Ocupados”.

Como primer ministro, antes de serlo, anunció lo siguiente: "Trabajaré con mis socios internacionales para que finalice el sufrimiento del pueblo palestino y para cerciorarme de que el gobierno israelí cumple la ley internacional y facilite la existencia de los dos Estados, para palestinos e israelíes. Están aumentando las pruebas de que se cometen crímenes de guerra en la destrucción de Gaza, y eso es intolerable". La declaración de buenas intenciones para contribuir a una solución al conflicto israelí-palestino está servida por el nuevo primer ministro. Se verá si las palabras se las lleva el viento, como ha ocurrido a menudo respecto al Oriente Medio.

El que espera que las buenas intenciones de Burnham se cumplan es el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien manifiesta a infoLibre que "Burnham es mejor que Starmer, pero tendremos que aguardar para ver qué políticas aplica; yo he tratado con él muchas veces; sin embargo, cuando se presentó a candidato para liderar el partido, le escribí para que se retratase sobre el genocidio de Gaza y denunciase la complicidad de este Gobierno en él y todavía no me ha contestado". Corbyn es ahora diputado independiente, como Diane Abbott, tras la expulsión del Partido Laborista. Otros miembros del ala izquierda, como el diputado John McDonnell, permanecen en el partido presionando para un giro a la izquierda.

En el Partido Laborista permanecen también miembros de Momentum, el movimiento de base que aupó a Jeremy Corbyn durante su liderazgo. Adam Klug, uno de los fundadores de Momentum, explica a infoLibre que "Andy Burnham, seguramente, aglutinará los diferentes sectores del laborismo para mantener la conciliación, puesto que el partido se ha derechizado mucho con Keir Starmer. Yo voté por Rebecca Long-Bailey en las primarias que eligieron a Starmer; ahora, espero, que ella u otras personas en su línea política tengan algún papel en la nueva etapa del partido y del gobierno". Klug reside actualmente en España y dirige Social Movement Coaching, una organización global de formación de activistas por la justicia social. El politólogo considera que Pedro Sánchez es a día de hoy "el modelo a seguir para Andy Burnham y otros en su posición".

Uno de los mayores retos para Andy Burnham será el de avenir a todas las familias ideológicas del laborismo; un objetivo que suelen marcarse todos los candidatos a líder del partido, tanto si acaban como no como primeros ministros. Todos se lo proponen, pero no todos lo consiguen. Ahora le toca el turno al exalcalde de Manchester.

Hospital Al-Quds. A la doctora Amal le pesaba todo. El aire cargado del quirófano. La mascarilla. El desinfectante raspando los pulmones. El calor sofocante.

Sobre la mesa de operaciones, un hombre. Anestésico profundo. Había llegado casi con muerte cerebral, tras el ataque aéreo. Cirugía a corazón abierto.

Sintió el cuerpo cubierto de sudor bajo el mono quirúrgico. Cansancio. La cabeza le daba vueltas. Los movimientos repetían la rutina de años de práctica.

Había muchos heridos esperando. La operación era su prioridad. Aisló la mente del caos que invadía el hospital. Pulso firme. Bisturí.

El tic-tac del reloj martilleaba sus sienes. Alrededor, el equipo de apoyo se hizo notar. Estaba allí, asistiéndola. Protocolos sincronizados, ecos de muchas cirugías. ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando en precario, paso a paso, para no desesperarse?

Sonaron las bombas. Amal no mostró sorpresa. Ninguno de los presentes. Continuaron. Lo único importante era salvar esa vida.

Los monitores pitaron más fuerte. La operación había sido un éxito. Amal y sus colegas cruzaron miradas de alivio.

—Buen trabajo, doctora —dijo la enfermera.

Con el mismo automatismo, Amal desinfectó. No había tiempo para más. Aguardaba un parto urgente. Se quitó los guantes manchados de sangre. El corazón del hombre latía, regular.

Siguiente paso.

Amal entró en la sala de partos. Cielos, una niña. Alaridos. Se retorcía de dolor, bañada en sudor. Carita de desesperación. Las manos infantiles aferraban la sábana tan fuerte que la desgarraban.

Amal le habló. Su voz serenaba. Volvió a funcionarle, la chiquilla respiró como le indicaba. Un parto difícil, pero no era novata. Cientos de nacimientos habían pasado por sus manos.

El bebé nació. Amal cortó el cordón. Una niña, preciosa. La puso en los brazos de la madre. Preguntó cómo iba a llamarse. La muchacha, pálida, agotada, miró a su hija. Ojos vidriosos. Sonrisa tímida. Lágrimas. Abrazó al bebé como si fuera una muñeca grande.

—Salma.

Un estruendo sacudió el hospital. Las luces se apagaron. Otra explosión. Le iban a estallar los tímpanos. Amal se sintió suspendida en el aire. Todo colapsaba. Techo. Paredes. La mente pasó fotogramas. Momentos. Rostros queridos.

El suelo se hundió. Nube de polvo. Escombros. Amal cayó. Se desvaneció.

Despertó en otra realidad. El emblemático hospital Al-Quds, que tantas vidas había salvado durante las últimas décadas, víctimas de los bombardeos y las emergencias humanitarias, en cuya maternidad habían visto la luz por primera vez infinidad de criaturas… Ya no existía.

En 2014 y 2018 también había sufrido bombardeos y fue reconstruido. Ella participó en las obras, como directora sanitaria.

Había que levantarlo desde los cimientos.

Ruinas. El antiguo emblema y santuario de esperanza, resistencia y vida era ahora una extensión de muerte y polvo.

Amal se incorporó entre los escombros. Le dolía todo. Persistía el pitido en los oídos, le costaba estar de pie. El mundo daba vueltas.

Recurrió al autocontrol y la disciplina, integrados en su rutina. Se obligó a caminar, un paso detrás de otro. El sonido de los derrumbes retumbaba en su cabeza. Cada paso era un logro. Debía caminar. Entre corredores desplomados, pisando cristales rotos. Y a veces cuerpos, sin querer.

Ver aquello le encogió el corazón.

Cadáveres. Rostros desfigurados. Una doctora amiga suya, enfermeros, celadores, pacientes. En el magma polvoriento. Todos sus colegas estaban allí. Se despedían en silencio. Habían trabajado juntos salvando vidas o haciéndolas nacer durante años.

Con la visión borrosa, Amal suspiró.

¿Por qué no había nadie más vivo? ¿Qué tenía ella de especial?

Reconoció al gerente, compañero de universidad. Recordó la frase que le había dicho días atrás: “Eres el alma de Gaza, Amal”.

Avanzó. En vano buscaba un rescoldo de vida en los cuerpos aún calientes. ¿Cómo era posible aquella aniquilación?

Se negaba a rendirse. Rastreaba aliento en cada víctima.

Preguntó si alguien necesitaba ayuda. Escupió impotencia y polvo.

No tenía voz.

Las piernas se obstinaban en trepar por trozos de pared. Los dedos tanteaban un latido de esperanza en la yugular. No se detendría mientras pudiera mantenerse en pie. No cedería. Llevaba años conteniendo las emociones. Primero su profesión. Luego, lo personal.

Oyó algo. Bajo los escombros. Llanto. Amal agachó la cabeza. Dedos temblorosos. Tocó una camilla retorcida. El llanto sonó más claro, más cercano.

Un bebé.

Desplazó una capa de escombros. El esfuerzo acabó de agotarla.

A pesar de la capa gris, la reconoció. La chiquilla que acababa de dar a luz. El rostro inmóvil. Los ojos, fijos. Muerta.

La criatura, frágil, a su lado, agitándose bajo el polvo.

Amal le limpió la carita. La acunó. El llanto se acalló. El bebé se aferraba a ella. Buscaba su calor. Le reclamaba un alimento que no podía darle. Aún.

El contacto de ese cuerpecito tierno y tibio rompió el dique. Las lágrimas quemaban. Todo lo perdido era un derrumbe aún mayor. Un abismo de incertidumbre a sus pies.

Amal abrazó a la criatura. Cerró los ojos. Ese pedacito de carne daba sentido a todo. Aunque el mundo fuera escombros y miedo.

Debía seguir. Tenía entre sus manos la razón.

Sonrió al recordar el nombre que quería ponerle la madre. Salma significaba paz.

—Te prometo que volveremos a levantar este hospital, alma mía.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

Cuando la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, coordinada por Jacques Delors, entregó a la Unesco La educación encierra un tesoro (1996) estaba mostrando un compendio de ilusiones transformadoras para el mundo educativo de todo el mundo. Sus capítulos así lo demuestran: la educación o la utopía necesaria; de la comunidad de base a la sociedad mundial; de la cohesión social a la participación democrática; del crecimiento económico al desarrollo humano; los cuatro pilares de la educación; la educación a lo largo de la vida; de la educación básica a la universidad; el personal docente en busca de nuevas perspectivas; el papel del político es tomar decisiones en educación; la cooperación internacional para educar en la aldea planetaria. Argumentos todos ellos que entonces eran enunciados en forma de utopía realizable; de esperanza en cambiar el mundo mediante la educación.

Desde entonces han transcurrido 30 años; parecen siglos de retroceso en Gaza. UN News nos expresa con claridad lo que es evidente para quienes quieran mirar y escuchar. “La guerra ha devastado el sistema educativo de Gaza, dejando a unos 700.000 niños sin acceso a la escuela formal. Más del 90% de las infraestructuras escolares han sufrido daños totales o parciales, y muchas se utilizan como refugios para personas desplazadas. Ante esta crisis, la enseñanza se imparte principalmente de forma improvisada en tiendas de campaña y espacios seguros”. “El colapso de la educación en la Franja ha supuesto una pausa forzada y drástica para una sociedad que históricamente destacaba por sus altísimos índices de alfabetización”.

La sociedad internacional asiste muda a la evolución de la destrucción física y emocional de las personas que habitaban un lugar antes llamado Gaza; desconozco cómo lo podríamos citar ahora, ya que parece que no existe. En algún lugar lo he visto nombrado como campo de exterminio; en otros, como el estercolero de la ética internacional. Podrían asignársele muchos calificativos, todos penosos.

La educación supondría un tesoro para los niños y las niñas gazatíes. Para ello sería necesario, sigo con las cifras que facilita UNRWA, no Hamas, reconstruir las infraestructuras escolares dañadas; la gran mayoría requerirán reconstrucción total o rehabilitación profunda antes de poder operar de forma normal, si ocurriese esa utopía. Porque es penosa la imposibilidad de utilizar las aulas, desde Unicef y la Unesco se han empeñado en que las clases se reanuden. Eso sí, buscando los pocos sitios seguros o habilitando tiendas de campaña. En ambos casos, se prioriza el apoyo psicosocial y emocional antes que la búsqueda de acumulación de conocimientos.

Sepamos, que no lo sentimos apenas, que varios organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una generación "perdida". No solamente son años de no aprendizaje (el impacto académico); miles de estudiantes y docentes han muerto o resultado heridos durante el conflicto. Aun así, a pesar de los grandes bloqueos del invasor Israel y los desafíos logísticos que la situación implica, varias agencias humanitarias han comenzado a distribuir kits escolares con cuadernos, lápices y otros elementos básicos para mantener una rutina de aprendizaje. ¡Con qué poco se puede hacer mucho! Esos kits parecerían una miseria en nuestra rica y olvidadiza Europa.

Además, la escuela de aprendizaje sin escuelas estables ha sido, en los territorios invadidos, la nada ardiente y constantemente castigada con bombardeos y deportaciones. Por allí deambulan personas cargadas de odios y belicismo. Sin duda, será una generación poco estimulada hacia la paz; una quimera en un lugar abandonado por todos. Todo esto tiene unos responsables: los terroristas de Hamás, que encendieron la espita, y el Gobierno de Israel, que estaría esperando un detonante para animarse al genocidio. Todo esto en un idilio entre los presidentes de Israel y EEUU que muestra, al menos por lo que se ve, ruindades de todo tipo. Muy mal si se hace con todos los habitantes; un crimen de lesa humanidad si los perjudicados son los niños y las niñas. Nos queda comparar lo manifestado por el equipo de J. Delors con la educación en Gaza, también en el Líbano y en Cisjordania. Un informe internacional liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) estima que los niños y niñas de Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación debido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la covid-19 y luego por la invasión israelí.

La ilusión perdida, la desesperanza casi unánime, es ahora mismo una fractura humanitaria que apenas molesta a las llamadas democracias. Estas permiten la participación de Israel en eventos internacionales sin pedirle, por lo que se ve, nada a cambio. Al menos como contrapartida a su admisión a Eurovisiones y campeonatos deportivos, serían exigibles unos altos en la contienda. Aunque solamente fuese a título de recordatorio. Las democracias de la UE, España también, comercian a escondidas con empresas israelíes; las patatas del gran supermercado de España procedían hasta hace poco de ese país. Puestos a recordar, nos viene a la memoria cuando el mandatario americano, señor Trump, se enfadó porque no se le concedía el Nobel de la Paz tras haber estimulado tantas guerras y atropellos internacionales. Me gustaría conocer qué sintió el jurado que se lo otorgó a la opositora venezolana cuando esta regaló la concesión al incentivador de los conflictos.

"Era verde el silencio, mojada era la luz, temblaba el mes de junio como una mariposa" (Pablo Neruda). “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar, no se van a ordenar solas las cosas, digo yo” (Wislawa Szymborska). La guerra de las democracias se volverá contra las democracias. Ennegrece la ética de todos, por acción y por omisión. Porque la ceguera de quienes mandan la incentivamos todos; a ellos los colocamos los votantes. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el objetivo de ocupar el 70% de la franja de Gaza, una aspiración que contraviene frontalmente el plan de paz acordado en octubre de 2025, que establece la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Esta declaración no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de imposición de hechos consumados que también se despliega, con creciente intensidad, en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno israelí está forzando la expulsión de comunidades palestinas enteras mediante una estrategia orientada a hacer invivible la permanencia de la población originaria en su propia tierra.

El momento es de una gravedad excepcional. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia inmediata de una población sometida a violencia, desplazamiento y desposesión, sino la posibilidad misma de que el pueblo palestino siga existiendo como sujeto histórico, político y territorial. Las circunstancias actuales resultan más que sintomáticas de una ofensiva sin precedentes contra sus derechos, ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y anclados en el derecho internacional.

La profunda crisis humanitaria en la que Israel ha sumido a la población palestina durante los dos últimos años y medio ha ocupado, con razón, el centro de la atención internacional. El nivel de destrucción, muerte y violencia resulta difícil de nombrar sin caer en la insuficiencia del lenguaje. Gaza ha sido convertida en un paisaje de ruinas, duelo y hambre. La magnitud del sufrimiento desborda cualquier intento de medición: una población entera obligada a resistir aquello que ningún ser humano debería soportar.

Sin embargo, la violencia que atraviesa Palestina no se limita a la destrucción física. Conlleva también una dimensión simbólica, histórica y documental vinculada a la preservación de una memoria colectiva unida intrínsicamente a la tierra de Palestina y que se sostiene sobre el derecho al retorno reconocido mediante la Resolución 194 de Naciones Unidas. En un contexto en el que el territorio se fragmenta, los hogares son destruidos y las comunidades son desplazadas, recordar se convierte también en una forma de permanecer.

En este marco, el papel de UNRWA adquiere una trascendencia que va más allá de su función como agencia humanitaria. UNRWA es también, de manera inevitable, una depositaria de la memoria del exilio palestino. Desde su creación en 1949, tras el desplazamiento masivo provocado por la guerra árabe-israelí de 1948, la Agencia de Naciones Unidas comenzó a operar con una misión inicialmente concebida como temporal: proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a las personas refugiadas palestinas.

Para distribuir alimentos, asistencia sanitaria y educación, UNRWA necesitaba identificar a las familias desplazadas. Así nacieron las primeras fichas familiares y expedientes de registro. Documentos administrativos que incluían nombres, edades, sexo, lugar de origen en Palestina, fecha y lugar de desplazamiento, relaciones familiares, estado civil, así como nacimientos y defunciones posteriores. Lo que se inició como un procedimiento técnico se convirtió, con el tiempo, en una de las formas más íntimas de preservar una vida interrumpida.

En esas fichas aparecen nombres escritos a mano, niños nacidos en el exilio, matrimonios registrados en campamentos, muertes anotadas décadas después de la huida, pueblos de origen a los que muchas familias nunca más pudieron regresar y generaciones enteras reunidas en una misma tarjeta familiar. Cada expediente conserva el trazado de la diáspora palestina. Cada anotación habla de una casa perdida, de una genealogía herida, de una vida que se niega a desaparecer.

Así, lo que comenzó como un sistema administrativo terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en uno de los archivos históricos más importantes del pueblo palestino. Conscientes de su valor incalculable, al iniciarse la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023, el personal de UNRWA puso en marcha una operación secreta y prácticamente clandestina que se prolongó durante diez meses para trasladar el archivo hasta Jordania, preservándolo así del riesgo existente de bombardeos, incendios, saqueos o destrucción deliberada al que estaban sometidos los documentos manuscritos.

Los archivos fueron transportados al sur de Gaza bajo las bombas, almacenados temporalmente en Rafah y posteriormente trasladados discretamente dentro del equipaje de trabajadores internacionales de UNRWA hacia Egipto, para ser enviados finalmente a Amán con apoyo jordano en aviones militares que regresaban tras entregar ayuda a Gaza. La última carga salió dos semanas antes de que los tanques israelíes tomaran Rafah en mayo de 2024.

La escena posee una fuerza simbólica extraordinaria. Mientras Gaza era destruida físicamente, trabajadores de UNRWA arriesgaban sus vidas para impedir que, junto a las casas, las escuelas, los hospitales y las personas, fuera destruida también su memoria colectiva. En medio del estruendo de la guerra, rescatar un archivo supuso rescatar una prueba de existencia.

La amenaza contra el archivo no se limitaba únicamente a Gaza. En Jerusalén Este y Cisjordania, UNRWA enfrentó otra batalla paralela. Durante 2024 y 2025, Israel endureció las restricciones contra la Agencia, especialmente tras la aprobación de leyes destinadas a limitar sus operaciones en Jerusalén Este. Ante el temor de perder acceso a sus oficinas y archivos, UNRWA decidió trasladar también parte de la documentación histórica desde Jerusalén Este hacia Amán antes de que en enero de 2025 las fuerzas israelíes irrumpieran en la sede central de UNRWA en Jerusalén Este y demolieran parte del complejo.

En un conflicto en el que incluso la narrativa histórica está disputada, lo que estaba en juego no era únicamente documentación administrativa, sino el núcleo documental de la historia contemporánea palestina. Para millones de personas, este archivo constituye una prueba de existencia, origen, desplazamiento, vínculos familiares y continuidad histórica.

Actualmente, UNRWA mantiene registros de aproximadamente 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Su archivo contiene cerca de treinta millones de documentos que acreditan toda la geografía de la Palestina anterior a 1948: Haifa, Jaffa, Majdal, Beisan, Acre, Tiberíades o Beersheba sobreviven en miles de formularios escritos a mano conservados generación tras generación.

El archivo histórico de UNRWA posee un valor excepcional porque reúne tres dimensiones inseparables: humana, histórica y político-jurídica. En su dimensión humana, cada expediente familiar narra una historia de exilio. Las fichas registran familias expulsadas de sus pueblos en 1948 y, en muchos casos, constituye la única prueba documental de sus orígenes. Para las generaciones que no vivieron la Nakba, son una vía para comprender el significado del desplazamiento, del refugio y la vida en los campamentos.

El archivo posee también un valor colectivo incalculable. Historiadores y especialistas coinciden en que constituye una fuente única sobre la historia social palestina posterior a 1948. El Consejo Internacional de Archivos y la Universidad de Luxemburgo destaca que estos expedientes documentan la composición familiar, los lugares de origen, las circunstancias del desplazamiento y la evolución de la vida familiar hasta la actualidad. Ante la ausencia de un archivo nacional plenamente centralizado, los registros de UNRWA funcionan de facto como un archivo nacional palestino.

Asimismo, este fondo posee una dimensión profundamente política. Según Roger Hearn, responsable de la operación de rescate en Gaza, su pérdida habría supuesto una catástrofe para el pueblo palestino, ya que estos documentos podrían convertirse algún día en una de las principales evidencias de los lugares de origen de la población palestina antes de la Nakba. En otras palabras: constituyen una posible prueba histórica clave en futuros procesos de reparación, restitución o reconocimiento del derecho al retorno.

Este último punto ayuda a comprender la disputa en torno a UNRWA, a la que Israel acusa de perpetuar la condición de refugiado, mientras que, por el contrario, para millones de personas palestinas su existencia representa el reconocimiento internacional de que la situación sigue sin resolverse. En este contexto, el archivo ocupa un lugar central en la disputa. Cada documento conservado por UNRWA contradice el borrado histórico. Cada ficha familiar afirma que una familia palestina existió en un lugar concreto antes de 1948. Cada certificado de nacimiento demuestra la continuidad generacional del exilio. Cada expediente impide que la cuestión de las personas refugiadas de Palestina sea reducida a una mera nota al pie de la historia.

Preservar el archivo es, por tanto, preservar una prueba contra la desaparición política del pueblo palestino. Como ha reiterado en múltiples ocasiones el anterior Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, aunque la Agencia desapareciera, las personas refugiadas no dejarían de existir. Sin embargo, desaparecería una institución clave para documentar su continuidad histórica, proteger sus derechos y recordar al mundo que su situación sigue pendiente de una solución justa y duradera.

Por todo ello, la resistencia del pueblo palestino frente a las políticas impuestas por el Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, va más allá de la mera supervivencia física. Es también una afirmación del derecho a existir como pueblo en su propia tierra, a conservar su memoria, a transmitir su historia y a reclamar justicia frente a décadas de ocupación, desplazamiento y desposesión.

En ese mismo sentido, la labor de UNRWA para preservar el archivo histórico se configura como una forma de defensa ante el intento de borrado de la memoria colectiva. En un tiempo en que la violencia amenaza no solo la vida, sino también la memoria, proteger esos documentos es proteger la historia viva de un pueblo.

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Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España

Los delitos de odio clasificados como antisemitismo se han triplicado en tres años. Son los datos manejados por el Ministerio del Interior y contenidos en su último informe anual. Según las cifras oficiales, el año pasado el antisemitismo fue la sexta expresión de odio más frecuente, por encima de otras como la aporofobia, el antigitanismo o la islamofobia. La evolución de las estadísticas plantea algunas preguntas, empezando por ¿cuál es la definición de antisemitismo? y ¿cuál es el encaje de las protestas propalestinas en esa clasificación?

El propio informe confeccionado por el departamento de Fernando Grande-Marlaska describe el antisemitismo como "cualquier acto de odio, violencia, discriminación, fobia y rechazo, practicados contra los judíos o nacionales del Estado de Israel". infoLibre ha preguntado al Ministerio del Interior si esa definición abre la puerta a calificar como delito de odio el rechazo al Estado de Israel en un marco de genocidio en Palestina, por ejemplo a través de pintadas, protestas o mensajes en redes sociales. Al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.

Pero Interior sí ha explicado a este diario que la definición recogida en el informe procede de "varios informes internacionales, en especial la definición adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en 2016". La organización intergubernamental fue fundada a finales de los noventa y de ella forman parte más de una treintena de países, entre ellos España y también Israel.

La IHRA ha sido ampliamente criticada por su pretendida ambigüedad a la hora de trazar los términos en torno a los que se clasifican los actos antisemitas. Así lo expresaron en abril del 2023 –seis meses antes del comienzo del genocidio israelí en Gaza– más de un centenar de entidades que remitieron una misiva a las Naciones Unidas alertando de los riesgos que entraña asumir de forma acrítica la definición propuesta por la IHRA. Entre los firmantes se encontraban Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras plataformas de nacionalidad israelí, como B’Tselem y Breaking the Silence, así como numerosos grupos judíos, como Jewish Voice for Peace y Jewish Network for Palestine.

Meses antes de aquella carta conjunta, el Consejo de Ministros de España aprobaba el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y el fomento del modo de vida judío 2023-2030. El documento detalla que el Gobierno refrendó, en julio de 2020, la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA, no vinculante jurídicamente. Y esa misma definición es sobre la que se apoya el informe sobre delitos de odio para los específicos de antisemitismo.

Manu Pineda (IU) conoce bien las consecuencias de la definición planteada por la IHRA. Hace dos años, la Asociación Judía Europea pidió al Parlamento Europeo su suspensión como eurodiputado por mantener una posición supuestamente antisemita. Pineda había compartido en redes sociales un vídeo en el que se comparaba la política genocida de Benjamin Netanyahu con el exterminio nazi. En la carta, firmada por el presidente de la organización, se destacaba que aquel vídeo es "antisemita e incumple la definición" trazada por la IHRA.

El pasado jueves, Más Madrid pidió en el Congreso sustituir la definición de antisemitismo de la IHRA por la que propone la Declaración de Jerusalén (JDA). Esta última, señaló la diputada Tesh Sidi, "permite distinguir con mayor claridad entre el antisemitismo y la crítica legítima al sionismo o a las políticas del Estado de Israel".

Ante la imprecisión de la IHRA, un grupo de centenares de especialistas en judaísmo, Holocausto y Oriente Próximo de diferentes países promovieron una nueva definición, la que se contiene en la citada Declaración de Jerusalén (JDA). Este nuevo texto estableció que no es antisemita criticar a Israel "basándose en la evidencia". El concepto se refiere expresamente al conflicto palestino al asegurar que sí es lícito "oponerse a sus políticas prácticas", como las que lleva a cabo "en Cisjordania y Gaza". También manifestar que en Israel "existe una discriminación racial sistemática" entre palestinos e israelíes. O "comparar a Israel con otros casos históricos, incluido el colonialismo de colonos o el apartheid". 

"En España, al contrario de lo que sucede en Europa, no se ha abierto un debate sobre la definición del antisemitismo", lamenta Tesh Sidi al otro lado del teléfono, e insiste en que la opción de la Declaración de Jerusalén está "respaldada por juristas". En un contexto de genocidio, añade, países como "Francia y Alemania, a pesar de proclamarse pro derechos humanos, están parando protestas con este pretexto", sirviéndose de una definición que en última instancia "deslegitima cualquier crítica al Estado de Israel". Aunque Tesh Sidi confía en que el actual Gobierno no utilice esta definición con una lógica punitiva, ni de persecución activa del movimiento en defensa de Palestina, sí se pregunta qué sucederá con un eventual gobierno de extrema derecha.

De los 69 incidentes contabilizados en 2025 por el Ministerio del Interior vinculados a ataques antisemitas, el mismo informe reconoce que solo se han esclarecido la mitad. Uno de ellos ocupó titulares a finales del año pasado. Entonces, un juzgado de Vigo decidió archivar la causa en la que investigó al dueño de un restaurante por un supuesto delito de odio contra ciudadanos israelíes, después de que el hostelero les negara la entrada.

El juez fundamentó su decisión en la recomendación número nueve de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre la prevención y la lucha contra el antisemitismo. El magistrado recalcaba precisamente que la ECRI "insiste en el peligro de utilizar" la definición "de forma indebida con el propósito de silenciar o estigmatizar como antisemita la crítica legítima contra Israel y sus políticas, en particular respecto del pueblo palestino y en el contexto de la ocupación de los territorios palestinos, pues ello pondría en peligro los esfuerzos por luchar contra el antisemitismo y, por tanto, debería rechazarse". Es por ello, añadía el juez, que "teniendo en cuenta el contexto en que se producen los hechos, la conducta que se atribuye al investigado tiene difícil encaje en el discurso de odio penalmente punible".

"En efecto, es una definición muy amplia", reconocen fuentes del Ministerio del Interior. Por este motivo, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio ha elaborado una Guía práctica para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre judaísmo [disponible aquí], con la participación de la Federación de Comunidades Judías de España, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y el Centro Sefarad-Israel. 

La guía, añaden las mismas fuentes, "responde a la necesidad de mejorar el conocimiento policial sobre la realidad de la comunidad judía, sus prácticas, lugares de culto, simbología, festividades y necesidades específicas de protección", pero además "refuerza la capacidad de los agentes para identificar indicadores de motivación antisemita, prevenir ataques contra personas, bienes o instituciones vinculadas a la comunidad judía y prestar una atención más adecuada a las víctimas, especialmente en contextos de polarización social o ante fechas de especial sensibilidad".

Miquel Ramos, periodista e investigador, sostiene que la definición propuesta por la IHRA "forma parte de una de las estrategias de los propagandistas de Israel y del sionismo para condicionar los marcos interpretativos de lo que es el antisemitismo en varios Estados", enmarcando como "supuesto odio a los judíos" toda crítica al "sionismo como ideología política". Se trata, al fin y al cabo, de una "herramienta de coerción y persecución a toda crítica hacia el Estado de Israel y es un instrumento más de propaganda de quienes tratan de silenciar y perseguir todo cuestionamiento" de sus políticas, abunda el periodista, coautor del proyecto Crímenes de odio.

Ramos destaca que diversas organizaciones que vienen realizando un seguimiento sobre los supuestos ataques antisemitas en base a la definición de la IHRA han incluido explícitamente pintadas, lemas o carteles en favor de la emancipación del pueblo palestino, lo que evidencia la volatilidad de los márgenes propuestos. Un ejemplo es el Observatorio de Antisemitismo, entidad que en su último informe alerta sobre el uso de expresiones como "Palestina libre" o "Desde el río hasta el mar" y las tacha como acción "antisemita, excluyendo a los judíos". En su análisis, la organización critica el uso de palabras y expresiones como "genocidio, limpieza étnica, exterminio, sionismo y sionista, dando por válido el discurso difundido por las organizaciones terroristas presentes en la Franja de Gaza". El Observatorio, según deja claro en su página web, "trabaja con la definición de antisemitismo de la IHRA".

Existe, profundiza el periodista, "toda una campaña propagandística para incorporar en el marco antisemita numerosos hechos que no pasan el filtro de lo que consideraríamos antisemitismo", con el fin de "engrosar las cifras de los incidentes antisemitas para situar a Israel en la posición de víctima". Esa es, a su juicio, "la trampa en la que ha caído el Ministerio del Interior comprando un marco que no tiene credibilidad dentro del mundo académico y social", por lo que si este Gobierno "quiere ser coherente, debería abandonar urgentemente esta definición y adoptar otras mucho más concisas". 

Las fuentes de Interior consultadas reconocen que existe un "debate abierto" sobre cómo clasificar "el antisionismo y la crítica severa al Estado de Israel", un asunto que consideran de difícil resolución, para el que "todavía no hay respuestas concluyentes".

Hubo una época en la que la proclamación del alto el fuego significaba, sin ninguna ambigüedad, el cese real de las hostilidades entre los contendientes. Un cese que, es obligado reconocerlo, en algunas ocasiones tan solo servía para reponer fuerzas con la intención de volver al combate; pero que, en otras, propiciaba el inicio de un proceso de negociaciones que desembocaba incluso en un acuerdo de paz que permitía pasar página. Según nos recuerda el Institute for Economics and Peace en su último Índice Global de Paz, esto último ocurre ya en muy pocos casos, dado que, si en la década de los 70 del pasado siglo un 23% de los conflictos se cerraban con un acuerdo de paz, en esta última década tan solo han sido el 4%.

Dentro del generalizado panorama actual de violencias —con 59 conflictos activos en diferentes rincones del planeta— Israel (mejor dicho, Benjamín Netanyahu) destaca como el actor menos creíble en lo que atañe al grado de cumplimiento con los compromisos anunciados en los diferentes frentes bélicos en los que está implicado.

Así ocurre, en primer lugar, con el acuerdo alcanzado el 27 de noviembre de 2024 con la milicia chií libanesa de Hizbulah, con el que se pretendía poner fin no solo a la violencia desatada tras los atentados de Hamás y la Jihad Islámica Palestina, en octubre de 2023, sino también a la operación Flechas del Norte iniciada por las fuerzas de defensa israelíes (FDI) el 1 de octubre de 2024. Las FDI no solo nunca se han retirado del territorio libanés, como estipulaba el acuerdo, sino que desde entonces han violado centenares de veces el alto el fuego, desarrollando acciones que han supuesto la ocupación de más territorio soberano de Líbano —violando, en consecuencia, la ley internacional—, el asesinato de varios miles de civiles y la destrucción sistemática de viviendas e infraestructuras de todo tipo, al tiempo que (sin autoridad legítima para ello) han ordenado la evacuación obligatoria de múltiples localidades, expulsando a cerca de un millón de libaneses de sus hogares.

Y por si aún quedara alguna duda sobre la convicción iluminada que embarga al gabinete ministerial liderado por Netanyahu —ahí está la afirmación del ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, declarando que “la ley internacional no se aplica a los judíos”, mientras que el responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirma que las opiniones de la Corte Internacional de Justicia valen tanto como "un trozo de papel higiénico"— Netanyahu se ha encargado nuevamente de despejarla, ordenando una nueva ofensiva en Líbano. Una ofensiva que incluso pone en peligro los esfuerzos de un desesperado Donald Trump por lograr algún acuerdo con el régimen iraní, en la medida en que Teherán ha suspendido las negociaciones insistiendo en que no las reanudará hasta que las FDI no se detengan. De ese modo vuelve a quedar claro que Netanyahu no está dispuesto a subordinarse a las directrices de Washington, empeñado en aprovechar la ventana de oportunidad que se le ha abierto en estos últimos años para redibujar por la fuerza el mapa regional a su gusto.

Y lo mismo cabe decir del comportamiento del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. Desde que, el 8 de octubre de 2025, se anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las FDI se han encargado de violarlo diariamente, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y la salida de enfermos necesitados de atención urgente fuera de la Franja, asesinando a más población civil (incluyendo cooperantes y periodistas) y destruyendo aún más viviendas e infraestructuras. De hecho, ni siquiera se han contentado con imponer su dictado militar en el territorio que quedaba limitado por la denominada Línea Amarilla, sino que el propio Netanyahu ha dado a conocer que ha ordenado a las FDI que amplíen su despliegue para llegar a controlar el 70% de Gaza. Es evidente desde hace mucho tiempo que Netanyahu y los suyos están centrados en impedir que nunca pueda haber un Estado palestino viable, aunque para ello tengan que saltarse todas las líneas rojas que definen cuál debe ser el comportamiento de un Estado democrático respetuoso con el marco institucional y normativo que define nuestros días.

Por todo eso, sin olvidar sus acciones ilegales tanto en Siria e Irán como en aguas internacionales del Mediterráneo contra civiles desarmados, tiene razón Trump cuando refiriéndose a Netanyahu, le insiste en que “estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto”. Pero nada de eso exime al presidente estadounidense de su responsabilidad en respaldar diplomática, económica y militarmente a un Netanyahu que vive de la guerra, tanto para intentar escapar de la acción de la justicia como para buscar una nueva victoria electoral.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Nacido en 1956 en Haifa (Israel) y criado en un kibutz, Oren Yiftachel es profesor de geografía política en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Beersheba. A él se debe el concepto de “etnocracia”, acuñado en los 90 para describir un régimen que, detrás de una fachada democrática, privilegia en realidad a un grupo étnico en detrimento de los demás. Un concepto que ha aplicado a varios países, incluido el suyo, Israel.

Su último libro, De la etnocracia al apartheid, publicado por ahora solo en hebreo y árabe, va un paso más allá: a su juicio, Israel es ahora un Estado de apartheid. “Vivimos un momento muy grave y vergonzoso para Israel”, alerta en una entrevista con Mediapart quien fue presidente de la destacada ONG israelí B’Tselem, coautor del informe fundacional de 2021 sobre el apartheid y colaborador del informe sobre el genocidio de 2025.

Las imágenes de activistas de la flotilla rumbo a Gaza arrodillados, con las manos a la espalda, que han provocado una indignación mundial, o la entrada en vigor, el 17 de mayo, de la ley sobre la pena de muerte, aplicada exclusivamente a los palestinos, son para él “el espantoso rostro del régimen colonial israelí”: “un sistema de apartheid que recurre cada vez más a la fuerza y a la humillación, atrapado en una huida hacia adelante bárbara y sin salida”.

En 2012, Oren Yiftachel cofundó, junto con una decena de israelíes y otros tantos palestinos, el movimiento Una tierra para todos, que defiende una confederación israelo-palestina bajo el lema: “Dos Estados, una sola patria”. Convencido de que “la transformación debe venir desde dentro”, ha decidido permanecer en su país, mientras que muchos de sus colegas han optado por el exilio tras el 7 de octubre ante la represión de las voces críticas en el ámbito académico.

Mediapart. Usted acuñó el concepto de “etnocracia”. ¿Por qué era necesario inventar una palabra nueva?

Oren Yiftachel. Eran los años 90. El objetivo era cuestionar lo que entonces parecía una evidencia indiscutible: que Israel era una democracia. Yo no veía una democracia. No veía una ciudadanía igualitaria. Las instituciones del Estado no pertenecían a todos sus ciudadanos. El derecho a fundar una familia, el derecho a emigrar, a comprar tierras e incluso los símbolos del Estado pertenecía solo a un único grupo.

Había llevado a cabo un estudio comparativo en numerosos países que habían vivido conflictos étnicos similares: Estonia, Serbia, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Suiza, Canadá. Observé un patrón recurrente: el Estado se presenta como una democracia, organiza elecciones, concede formalmente la ciudadanía, pero esa ciudadanía no es igualitaria.

Existe una jerarquía étnica o racial. La fachada democrática está ahí y es importante, porque confiere legitimidad al régimen. La realidad es que un grupo étnico se hace con el control del Estado. No se trataba ni de una democracia ni de un régimen autoritario, sino de algo intermedio, que merecía ser añadido al léxico. Lo llamé “etnocracia”. El concepto tuvo una gran repercusión, especialmente en Europa del Este y en el sur de Asia.

¿Sigue siendo relevante ese concepto para Israel hoy?

Ya no del todo. Israel ha pasado de la etnocracia al apartheid. Al colonizar todo el territorio y, por tanto, integrar a más de 5 millones de palestinos en su sistema de control, ha cruzado un umbral. Ese es el título de mi último libro. El apartheid es un sistema de gobierno concebido para perpetuar un proyecto colonial.

Así, bajo el gobierno israelí, se pueden distinguir tres grandes categorías de estatus civiles: los judíos, ciudadanos de pleno derecho, comparables a los blancos de Sudáfrica; los palestinos titulares de la ciudadanía israelí, ciudadanos parciales, comparables a los coloured; y los palestinos de los territorios ocupados, no ciudadanos, comparables a los negros de Sudáfrica. Sobre el terreno, Israel busca convertir cada vez más zonas en “blancas” en términos de propiedad de la tierra, demografía y repoblación.

El bloque colonial gobierna Israel desde hace 30 años. Es elegido, pero no democráticamente, ya que millones de palestinos están excluidos de las elecciones del gobierno que los controla. Desde el 7 de octubre de 2023, nos encontramos en un nuevo capítulo del régimen de apartheid: se endurece cada vez más.

Israel intenta responder a la resistencia violenta y terrorista palestina con una fuerza cada vez mayor, cometiendo una serie de crímenes de guerra. En particular, un genocidio en Gaza y una limpieza étnica en Cisjordania y en el Néguev.

Esta nueva fase de colonización se caracteriza por una técnica inédita que Israel denomina “líneas amarillas” en Gaza, el Líbano, Siria...

Sí, son zonas de muerte: si las cruzas, te matan. En un reciente ensayo titulado Del viento amarillo a las líneas amarillas, me basé en el texto profético de David Grossman de mediados de los años 80, El viento amarillo, en el que entrevistaba a palestinos y advertía de que soplaba sobre el país un viento amarillo, utilizando el amarillo como color del peligro. Ese viento se ha convertido en líneas. El amarillo está manchado con la sangre roja de decenas de miles de vidas inocentes.

En Cisjordania, la colonización ha alcanzado su nivel más alto. Se han arrasado campos de refugiados. Se ha expulsado a decenas de aldeas beduinas, unas 50 desde el 7 de octubre. En el Néguev, donde vivo y trabajo, han sido demolidos por el Gobierno al menos seis pueblos enteros con el pretexto de la falta de permisos de construcción. Pero el Estado, sencillamente, no concede esos permisos. Estas personas viven en sus propias tierras, heredadas desde la época otomana. Las autoridades les niegan los permisos y luego derriban sus casas.

Usted es geógrafo, pero trabaja en cuestiones que se asocian más bien con la política o el derecho. ¿Qué permite ver la geografía que otras disciplinas no ven?

El espacio nunca es neutro. Siempre está moldeado por las relaciones de poder. El conflicto israelo-palestino se reduce fundamentalmente a una sola cuestión: ¿quién controla la tierra, el territorio, las ciudades? Cuando se examina el mapa, el régimen de la propiedad de la tierra, las políticas de inmigración y de colonización, se ve algo que el derecho o las ciencias políticas no pueden ver bien en su continuidad: Palestina está judaizada desde al menos 1948.

Eso había comenzado antes, con el movimiento sionista, pero a menor escala: la gente compraba tierras, se instalaba en ellas y las cultivaba. Los judíos solo poseían el 6% de las tierras en 1948. Esto ya era problemático para los palestinos, pero no tiene comparación con lo que ocurrió a partir de 1948: la limpieza étnica.

Dispongo de una serie de mapas que trazan más de un siglo de historia, desde el XIX. Aconsejo a cualquiera que visite por primera vez Israel-Palestina que empiece por ahí: en ellas se ve la expansión de los asentamientos judíos y los espacios palestinos que no dejan de reducirse.

Hay algunos periodos de estabilidad, breves episodios de retirada israelí en el Sinaí, en el Líbano, en Gaza. Pero el proceso general es de expansión continua. El mapa de los refugiados palestinos en los países vecinos forma parte de la misma historia. Todos ellos pertenecen a esta tierra.

Su carrera comenzó lejos de las universidades: ha sido agricultor, camarero, urbanista. ¿Ha moldeado eso su visión del territorio?

Esa trayectoria me ha dado una perspectiva desde abajo, desde los márgenes. Soy un geógrafo que creció en la frontera libanesa —la periferia norte— y que hoy vive en el sur de Israel, cerca de Beer-Sheva.

Esta posición periférica, tanto geográfica como social, siempre ha estructurado mi mirada. El espacio es aquí primordial, pero no el espacio abstracto de los mapas oficiales: el espacio que la gente habita realmente, con sus puestos de control, sus permisos, sus carreteras reservadas, sus tierras confiscadas.

¿Se ha alcanzado un punto de no retorno para la creación de un Estado palestino viable?

La “guerra del 8 de octubre”, como yo la llamo, es la primera guerra que Israel libra explícitamente en nombre del apartheid. Las guerras anteriores tenían otros objetivos —defender la tierra o conquistar un territorio—, pero esta vez el objetivo es matar, oprimir y negar cualquier derecho a los palestinos.

El objetivo es continuar y reforzar el apartheid. La colonización en Cisjordania y alrededor de Jerusalén Este hace que la partición sea físicamente cada vez más difícil. Pero sigo convencido de que la idea de un Estado palestino no ha muerto.

Dentro del movimiento de paz conjunto Una tierra para todos, del que soy cofundador, abogamos por una confederación. Algo que se asemejaría a los sistemas suizo, canadiense o bosnio, o tal vez a la Unión Europea: Estados soberanos con fronteras abiertas. Lo llamamos “dos Estados, una patria común”.

La idea es la siguiente: todos consideramos nuestra patria el territorio que se extiende desde el Jordán hasta el mar. Según el derecho internacional, existiría un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967; un Estado israelí en el resto del territorio.

Formarían una confederación que podría llamarse la “Unión de Jerusalén” o cualquier otro nombre que eligieran. Dos Estados, pero sin una separación tajante como la que defienden muchos en el bando de la paz. En ciertos aspectos, se asemeja a Quebec y Canadá, o a Escocia e Inglaterra: el derecho a la autodeterminación y a la independencia, pero dentro de la continuidad de un espacio, una economía y un entorno compartidos.

Un punto clave de la reconciliación es que los palestinos tendrían derecho al retorno: podrían volver, obtener la ciudadanía palestina y beneficiarse de la libertad de circulación y, progresivamente, en un plazo acordado por ambas partes, de la plena residencia en Israel.

Del mismo modo, los judíos que deseen vivir en Cisjordania o en Gaza podrían hacerlo, pero bajo la ley palestina, y no como colonos. Se trata, en esencia, de un binacionalismo en el marco de una soberanía compartida.

Una mayoría de israelíes y palestinos aspira a la paz, a la igualdad de derechos, a una vida normal. Pero un conflicto colonial y de apartheid no se resuelve sin la comunidad internacional. Lo hemos visto en Irlanda del Norte, en Sudáfrica o en Bosnia. Y es que Israel actúa hoy con total impunidad, protegido por Estados Unidos. Sin sanciones, nada cambiará. Debemos volver al derecho internacional y al comportamiento normal de las naciones.

En su último libro, introduce el concepto de “desplazabilidad”. ¿En qué se diferencia del de “desplazamiento forzoso”?

El desplazamiento siempre se ha concebido como un acto, algo que empieza y termina. Afecta generalmente a los habitantes de las favelas, a los trabajadores informales y, a veces, a las clases medias bajas que ya no tienen medios para pagarse una vivienda.

Pero en el régimen urbano que se ha impuesto en los últimos 15 años, impulsado por el capitalismo contemporáneo y por un nacionalismo urbanizador, cada vez más grupos viven bajo la amenaza permanente del desplazamiento sin ser necesariamente desplazados. Es un estado crónico: precariedad permanente, derechos desiguales, movilidad forzada. A eso lo denomino “desplazabilidad”.

En Jerusalén, alrededor del 40% de la población vive en esas condiciones, sin derechos permanentes, obligada a demostrar su residencia cada pocos años. El ejemplo más extremo es Dubái, donde quizá entre el 10 y el 15% de la población goza de derechos permanentes, mientras que la gran mayoría no puede establecerse de forma duradera, comprar una vivienda o renovar libremente su visado.

Las ciudades suelen percibirse como el hogar natural del liberalismo y la democracia. Pero tienen sus propios sistemas de apartheid. El número creciente, a menudo mayoritario, de personas sin derechos y prescindibles es la marca distintiva de la desplazabilidad en el siglo XXI.

¿Cómo se perciben sus trabajos en Israel?

En los años 80 y 90, los investigadores críticos estaban bastante aislados, sobre todo en las grandes universidades. Luego se formó un grupo de académicos críticos en torno a lo que se denominó la “escuela de Beer-Sheva”: Neve Gordon, Uri Ram, Lev Grinberg, Benny Morris, Henriette Dahan, Amnon Raz-Krakotzkin, Pnina Motzafi-Haller, Ismael Abou Saad y otros.

Teníamos voz en el mundo académico israelí, aunque seguíamos siendo una minoría muy pequeña. Nuestros trabajos tuvieron repercusión porque reflejaban la realidad. Precisamente por eso el Gobierno siempre ha estado en contra nuestra. Tres ministros de Educación diferentes han pedido mi destitución. Sin embargo, contamos con un buen sistema de titularización académica, y nuestros puestos siguen asegurados, incluso bajo una presión creciente.

Desde el 7 de octubre, la represión se ha extendido. Cualquiera que diga algo en contra del Gobierno o a favor de los derechos humanos es inmediatamente atacado, incluidos los judíos israelíes. Lo que se denomina la “máquina del veneno” contamina cualquier forma de oposición.

Muchos académicos israelíes críticos han abandonado el país. Yo me quedo, no solo porque estoy profundamente apegado a este país, sino porque debe transformarse desde dentro.

Seguimos siendo una minoría. La mayoría de la gente no quiere escuchar lo que decimos. Pero insistimos. Lo que hacemos es, creo, un análisis creíble, políticamente sólido y moralmente necesario.

Traducción de Miguel López

La Plataforma Juristas por Palestina ha emitido este martes, 26 de mayo, un comunicado en el que lamenta que España haya autorizado la participación de la Federación de Escalada de Israel (ILCA, por sus siglas en inglés) en la Copa del Mundo de escalada.

La competición, conocida internacionalmente como la World Climbing Series, se celebrará entre el 28 al 31 de mayo en Alcobendas (Madrid). Según la Plataforma, el evento supone una nueva ocasión en la que se permitirá “la continuación del lavado deportivo de Israel” o sportwashing, una práctica que, denuncian, ya se ha producido en otros certámenes deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Olímpicos.

Además, en la competición también participará Ayala Kerem, una atleta patrocinada por el grupo Shikun & Binui. Según la Juristas por Palestina, se trata de una “empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales por su implicación en la construcción de la barrera perimetral de Gaza y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania”.

“El campeonato se celebra apenas días después de que un rocódromo de Bruselas (Le Camp de Base) haya renunciado a albergar la final de la Copa de Europa juvenil por la participación israelí. La negativa de la Federación israelí a llevar una camiseta neutral supuso la cancelación del evento”, añade la Plataforma.

A pesar de que España haya reconocido al Estado de Palestina y se haya posicionado en contra de Israel en diferentes ocasiones –interviniendo formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio; aprobando el Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio en Palestina; retirando a su embajadora en Israel; o no participando en la última edición de Eurovisión–, esa oposición todavía no se ha trasladado al ámbito deportivo.

“La falta de instrucciones concretas relativas al ámbito deportivo, dejando que la federación de Israel participe en la Copa del Mundo de escalada supone una contradicción con esa postura y además, es contraria al artículo 81.2 de la Ley 39/2022 del Deporte que exige que las competiciones internacionales en España se celebren en coherencia con la política exterior”, recuerda la Plataforma.

“Excluir a las federaciones de un Estado al que organismos y mandatos de Naciones Unidas atribuyen actos de genocidio, un sistema de apartheid, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario es una obligación que vincula a España, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcobendas y a las federaciones deportivas españolas, con independencia de la postura del Comité Olímpico Internacional. La pasividad institucional equivale a complicidad”, agregan.

Juristas por Palestina sostiene que "la vulneración del Derecho internacional por parte del Estado de Israel es flagrante y manifiesta" y que las obligaciones derivadas de esa situación "incumben a todas las administraciones implicadas, sin que ninguna pueda escudarse en su falta de competencia".

"Por ello, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación de Israel en las condiciones previstas", reclama la plataforma.

"Solicitamos asimismo la creación de un mecanismo que permita valorar de forma anticipada eventos deportivos internacionales con participación de federaciones y atletas vinculados a graves vulneraciones del Derecho Internacional, como ocurre con Israel", concluyen.

Además de Juristas por Palestina, otras organizaciones y colectivos deportivos de toda España han pedido el veto a Israel en este evento. Climbers for Palestine Spain y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel lanzaron el pasado 10 de abril una campaña para que los deportistas israelíes no participen en la Copa del Mundo de escalada.

Una campaña a la que se han unido otras organizaciones, desde pequeños clubes deportivos y asociaciones vecinales y estudiantiles como la Red Universitaria por Palestina; pasando por agrupaciones deportivas como Bulder Queen, Girls on the Wall, Monkey Fingers y Rock and Rocks Pedriza; hasta el Sindicato de Inquilinas, Más Madrid, Marea Palestina, Ecologistas en Acción, CGT, Asambleas 8M y la Asociación Hispano Palestina Jerusalén.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

Los bombardeos continuos y masivos no son la única forma de matar, de aniquilar. Ucrania, Palestina, Sudán… Hay otras formas de genocidio. Provocar hambrunas, por ejemplo, o facilitar mucho armamento al poderoso. La elegida y aplicada por los Estados Unidos es boicotear a poblaciones enteras, dejarlas sin suministros básicos. Es la que hoy Donald Trump emplea para Cuba. Si el pueblo sufre, mátalo de hambre, quítale lo poco que le queda, el combustible indispensable para vivir. Los dirigentes siempre tendrán sus reservas, su poder para sobrevivir.

Liquidados unos 100.000 palestinos, unos con las bombas y otros por el hambre, ahora toca exterminar a los cubanos. De los ucranianos ni se acuerdan. Si los presidentes norteamericanos decidieron hace más de 60 años cerrar el paso a quien lleve vida a Cuba y no lograron su rendición, ahora lo pueden conseguir cerrándoles el paso a sus escasos proveedores. Y a los cubanos ya no les llega ni combustible para producir electricidad, para mover sus vehículos, para calentar su comida, para enchufar los aparatos eléctricos... En un mensaje en las redes sociales una mujer cubana decía: “Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada…”. Y añadía: “Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no…”. Y ya ningún país, bajo amenaza de sanciones políticas y económicas, lleva petróleo, combustible, a La Habana. Por lo que no hay transporte, no hay luz en las casas, en las calles, pronto no funcionará nada. Muerte a la vista de la rica Florida, de la casa de vacaciones del inquilino de la Casa Blanca, donde veranean los potentados jubilados norteamericanos y residen los cubanos escapados de la isla asediada.

Aunque la sangre no solamente se derrama de estas formas. Lo vemos en Sudán, donde los más vulnerables seres humanos huyen y mueren sin comprender la razón de los militronchos que guerrean entre sí por un poder que mantiene en la miseria a poblaciones primitivas, desheredadas de la civilización, que carecen de agua, las comodidades de occidente y oriente y cualquier adelanto de la población de la Inteligencia Artificial. Mientras la riquezas de su tierra se la llevan rusos, chinos, americanos…, los ricos del mundo que explotan a los nativos, si antes lo hacían con espejos ahora lo hacen con teléfonos “inteligentes” o imágenes de la opulencia del “primer mundo”.

Son formas de impunidad que demuestran que religiones y egoísmo gobernaron y gobiernan este Planeta. Se cumplen ahora 78 años de la Nakba, la expulsión de su tierra del pueblo palestino. Cientos de miles de familias tuvieron que dejar sus casas, sus huertos, sus posesiones porque los países ricos decidieron que allí debían establecerse los israelíes dispersos por el mundo, huidos de la barbarie nazi. Una vez más, quienes deciden son los ricos y poderosos.

Y, así, la miseria sigue en los mismos lugares. Aparece una enfermedad contagiosa, se la cerca, se aísla y se preserva al “primer mundo”, que no se propague el mal. Mientras se firman alto el fuego para seguir bombardeando, lanzando drones, cerrando paso a camiones llenos de alimentos, barcos con combustible, con medicamentos, con vida para el pobre sufridor. Ucraniano, palestino, sudanés, iraní, libanés, cubano, vulnerable sea de donde sea. 1.000.000.000 diarios cuesta la guerra hoy en el Oriente. 85 millones ganan al día las petroleras, aunque las ideas no se matan con drones, con bombas. Hay distintas formas de aniquilar.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.