Cuando la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, coordinada por Jacques Delors, entregó a la Unesco La educación encierra un tesoro (1996) estaba mostrando un compendio de ilusiones transformadoras para el mundo educativo de todo el mundo. Sus capítulos así lo demuestran: la educación o la utopía necesaria; de la comunidad de base a la sociedad mundial; de la cohesión social a la participación democrática; del crecimiento económico al desarrollo humano; los cuatro pilares de la educación; la educación a lo largo de la vida; de la educación básica a la universidad; el personal docente en busca de nuevas perspectivas; el papel del político es tomar decisiones en educación; la cooperación internacional para educar en la aldea planetaria. Argumentos todos ellos que entonces eran enunciados en forma de utopía realizable; de esperanza en cambiar el mundo mediante la educación.

Desde entonces han transcurrido 30 años; parecen siglos de retroceso en Gaza. UN News nos expresa con claridad lo que es evidente para quienes quieran mirar y escuchar. “La guerra ha devastado el sistema educativo de Gaza, dejando a unos 700.000 niños sin acceso a la escuela formal. Más del 90% de las infraestructuras escolares han sufrido daños totales o parciales, y muchas se utilizan como refugios para personas desplazadas. Ante esta crisis, la enseñanza se imparte principalmente de forma improvisada en tiendas de campaña y espacios seguros”. “El colapso de la educación en la Franja ha supuesto una pausa forzada y drástica para una sociedad que históricamente destacaba por sus altísimos índices de alfabetización”.

La sociedad internacional asiste muda a la evolución de la destrucción física y emocional de las personas que habitaban un lugar antes llamado Gaza; desconozco cómo lo podríamos citar ahora, ya que parece que no existe. En algún lugar lo he visto nombrado como campo de exterminio; en otros, como el estercolero de la ética internacional. Podrían asignársele muchos calificativos, todos penosos.

La educación supondría un tesoro para los niños y las niñas gazatíes. Para ello sería necesario, sigo con las cifras que facilita UNRWA, no Hamas, reconstruir las infraestructuras escolares dañadas; la gran mayoría requerirán reconstrucción total o rehabilitación profunda antes de poder operar de forma normal, si ocurriese esa utopía. Porque es penosa la imposibilidad de utilizar las aulas, desde Unicef y la Unesco se han empeñado en que las clases se reanuden. Eso sí, buscando los pocos sitios seguros o habilitando tiendas de campaña. En ambos casos, se prioriza el apoyo psicosocial y emocional antes que la búsqueda de acumulación de conocimientos.

Sepamos, que no lo sentimos apenas, que varios organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una generación "perdida". No solamente son años de no aprendizaje (el impacto académico); miles de estudiantes y docentes han muerto o resultado heridos durante el conflicto. Aun así, a pesar de los grandes bloqueos del invasor Israel y los desafíos logísticos que la situación implica, varias agencias humanitarias han comenzado a distribuir kits escolares con cuadernos, lápices y otros elementos básicos para mantener una rutina de aprendizaje. ¡Con qué poco se puede hacer mucho! Esos kits parecerían una miseria en nuestra rica y olvidadiza Europa.

Además, la escuela de aprendizaje sin escuelas estables ha sido, en los territorios invadidos, la nada ardiente y constantemente castigada con bombardeos y deportaciones. Por allí deambulan personas cargadas de odios y belicismo. Sin duda, será una generación poco estimulada hacia la paz; una quimera en un lugar abandonado por todos. Todo esto tiene unos responsables: los terroristas de Hamás, que encendieron la espita, y el Gobierno de Israel, que estaría esperando un detonante para animarse al genocidio. Todo esto en un idilio entre los presidentes de Israel y EEUU que muestra, al menos por lo que se ve, ruindades de todo tipo. Muy mal si se hace con todos los habitantes; un crimen de lesa humanidad si los perjudicados son los niños y las niñas. Nos queda comparar lo manifestado por el equipo de J. Delors con la educación en Gaza, también en el Líbano y en Cisjordania. Un informe internacional liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) estima que los niños y niñas de Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación debido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la covid-19 y luego por la invasión israelí.

La ilusión perdida, la desesperanza casi unánime, es ahora mismo una fractura humanitaria que apenas molesta a las llamadas democracias. Estas permiten la participación de Israel en eventos internacionales sin pedirle, por lo que se ve, nada a cambio. Al menos como contrapartida a su admisión a Eurovisiones y campeonatos deportivos, serían exigibles unos altos en la contienda. Aunque solamente fuese a título de recordatorio. Las democracias de la UE, España también, comercian a escondidas con empresas israelíes; las patatas del gran supermercado de España procedían hasta hace poco de ese país. Puestos a recordar, nos viene a la memoria cuando el mandatario americano, señor Trump, se enfadó porque no se le concedía el Nobel de la Paz tras haber estimulado tantas guerras y atropellos internacionales. Me gustaría conocer qué sintió el jurado que se lo otorgó a la opositora venezolana cuando esta regaló la concesión al incentivador de los conflictos.

"Era verde el silencio, mojada era la luz, temblaba el mes de junio como una mariposa" (Pablo Neruda). “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar, no se van a ordenar solas las cosas, digo yo” (Wislawa Szymborska). La guerra de las democracias se volverá contra las democracias. Ennegrece la ética de todos, por acción y por omisión. Porque la ceguera de quienes mandan la incentivamos todos; a ellos los colocamos los votantes. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el objetivo de ocupar el 70% de la franja de Gaza, una aspiración que contraviene frontalmente el plan de paz acordado en octubre de 2025, que establece la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Esta declaración no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de imposición de hechos consumados que también se despliega, con creciente intensidad, en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno israelí está forzando la expulsión de comunidades palestinas enteras mediante una estrategia orientada a hacer invivible la permanencia de la población originaria en su propia tierra.

El momento es de una gravedad excepcional. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia inmediata de una población sometida a violencia, desplazamiento y desposesión, sino la posibilidad misma de que el pueblo palestino siga existiendo como sujeto histórico, político y territorial. Las circunstancias actuales resultan más que sintomáticas de una ofensiva sin precedentes contra sus derechos, ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y anclados en el derecho internacional.

La profunda crisis humanitaria en la que Israel ha sumido a la población palestina durante los dos últimos años y medio ha ocupado, con razón, el centro de la atención internacional. El nivel de destrucción, muerte y violencia resulta difícil de nombrar sin caer en la insuficiencia del lenguaje. Gaza ha sido convertida en un paisaje de ruinas, duelo y hambre. La magnitud del sufrimiento desborda cualquier intento de medición: una población entera obligada a resistir aquello que ningún ser humano debería soportar.

Sin embargo, la violencia que atraviesa Palestina no se limita a la destrucción física. Conlleva también una dimensión simbólica, histórica y documental vinculada a la preservación de una memoria colectiva unida intrínsicamente a la tierra de Palestina y que se sostiene sobre el derecho al retorno reconocido mediante la Resolución 194 de Naciones Unidas. En un contexto en el que el territorio se fragmenta, los hogares son destruidos y las comunidades son desplazadas, recordar se convierte también en una forma de permanecer.

En este marco, el papel de UNRWA adquiere una trascendencia que va más allá de su función como agencia humanitaria. UNRWA es también, de manera inevitable, una depositaria de la memoria del exilio palestino. Desde su creación en 1949, tras el desplazamiento masivo provocado por la guerra árabe-israelí de 1948, la Agencia de Naciones Unidas comenzó a operar con una misión inicialmente concebida como temporal: proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a las personas refugiadas palestinas.

Para distribuir alimentos, asistencia sanitaria y educación, UNRWA necesitaba identificar a las familias desplazadas. Así nacieron las primeras fichas familiares y expedientes de registro. Documentos administrativos que incluían nombres, edades, sexo, lugar de origen en Palestina, fecha y lugar de desplazamiento, relaciones familiares, estado civil, así como nacimientos y defunciones posteriores. Lo que se inició como un procedimiento técnico se convirtió, con el tiempo, en una de las formas más íntimas de preservar una vida interrumpida.

En esas fichas aparecen nombres escritos a mano, niños nacidos en el exilio, matrimonios registrados en campamentos, muertes anotadas décadas después de la huida, pueblos de origen a los que muchas familias nunca más pudieron regresar y generaciones enteras reunidas en una misma tarjeta familiar. Cada expediente conserva el trazado de la diáspora palestina. Cada anotación habla de una casa perdida, de una genealogía herida, de una vida que se niega a desaparecer.

Así, lo que comenzó como un sistema administrativo terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en uno de los archivos históricos más importantes del pueblo palestino. Conscientes de su valor incalculable, al iniciarse la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023, el personal de UNRWA puso en marcha una operación secreta y prácticamente clandestina que se prolongó durante diez meses para trasladar el archivo hasta Jordania, preservándolo así del riesgo existente de bombardeos, incendios, saqueos o destrucción deliberada al que estaban sometidos los documentos manuscritos.

Los archivos fueron transportados al sur de Gaza bajo las bombas, almacenados temporalmente en Rafah y posteriormente trasladados discretamente dentro del equipaje de trabajadores internacionales de UNRWA hacia Egipto, para ser enviados finalmente a Amán con apoyo jordano en aviones militares que regresaban tras entregar ayuda a Gaza. La última carga salió dos semanas antes de que los tanques israelíes tomaran Rafah en mayo de 2024.

La escena posee una fuerza simbólica extraordinaria. Mientras Gaza era destruida físicamente, trabajadores de UNRWA arriesgaban sus vidas para impedir que, junto a las casas, las escuelas, los hospitales y las personas, fuera destruida también su memoria colectiva. En medio del estruendo de la guerra, rescatar un archivo supuso rescatar una prueba de existencia.

La amenaza contra el archivo no se limitaba únicamente a Gaza. En Jerusalén Este y Cisjordania, UNRWA enfrentó otra batalla paralela. Durante 2024 y 2025, Israel endureció las restricciones contra la Agencia, especialmente tras la aprobación de leyes destinadas a limitar sus operaciones en Jerusalén Este. Ante el temor de perder acceso a sus oficinas y archivos, UNRWA decidió trasladar también parte de la documentación histórica desde Jerusalén Este hacia Amán antes de que en enero de 2025 las fuerzas israelíes irrumpieran en la sede central de UNRWA en Jerusalén Este y demolieran parte del complejo.

En un conflicto en el que incluso la narrativa histórica está disputada, lo que estaba en juego no era únicamente documentación administrativa, sino el núcleo documental de la historia contemporánea palestina. Para millones de personas, este archivo constituye una prueba de existencia, origen, desplazamiento, vínculos familiares y continuidad histórica.

Actualmente, UNRWA mantiene registros de aproximadamente 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Su archivo contiene cerca de treinta millones de documentos que acreditan toda la geografía de la Palestina anterior a 1948: Haifa, Jaffa, Majdal, Beisan, Acre, Tiberíades o Beersheba sobreviven en miles de formularios escritos a mano conservados generación tras generación.

El archivo histórico de UNRWA posee un valor excepcional porque reúne tres dimensiones inseparables: humana, histórica y político-jurídica. En su dimensión humana, cada expediente familiar narra una historia de exilio. Las fichas registran familias expulsadas de sus pueblos en 1948 y, en muchos casos, constituye la única prueba documental de sus orígenes. Para las generaciones que no vivieron la Nakba, son una vía para comprender el significado del desplazamiento, del refugio y la vida en los campamentos.

El archivo posee también un valor colectivo incalculable. Historiadores y especialistas coinciden en que constituye una fuente única sobre la historia social palestina posterior a 1948. El Consejo Internacional de Archivos y la Universidad de Luxemburgo destaca que estos expedientes documentan la composición familiar, los lugares de origen, las circunstancias del desplazamiento y la evolución de la vida familiar hasta la actualidad. Ante la ausencia de un archivo nacional plenamente centralizado, los registros de UNRWA funcionan de facto como un archivo nacional palestino.

Asimismo, este fondo posee una dimensión profundamente política. Según Roger Hearn, responsable de la operación de rescate en Gaza, su pérdida habría supuesto una catástrofe para el pueblo palestino, ya que estos documentos podrían convertirse algún día en una de las principales evidencias de los lugares de origen de la población palestina antes de la Nakba. En otras palabras: constituyen una posible prueba histórica clave en futuros procesos de reparación, restitución o reconocimiento del derecho al retorno.

Este último punto ayuda a comprender la disputa en torno a UNRWA, a la que Israel acusa de perpetuar la condición de refugiado, mientras que, por el contrario, para millones de personas palestinas su existencia representa el reconocimiento internacional de que la situación sigue sin resolverse. En este contexto, el archivo ocupa un lugar central en la disputa. Cada documento conservado por UNRWA contradice el borrado histórico. Cada ficha familiar afirma que una familia palestina existió en un lugar concreto antes de 1948. Cada certificado de nacimiento demuestra la continuidad generacional del exilio. Cada expediente impide que la cuestión de las personas refugiadas de Palestina sea reducida a una mera nota al pie de la historia.

Preservar el archivo es, por tanto, preservar una prueba contra la desaparición política del pueblo palestino. Como ha reiterado en múltiples ocasiones el anterior Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, aunque la Agencia desapareciera, las personas refugiadas no dejarían de existir. Sin embargo, desaparecería una institución clave para documentar su continuidad histórica, proteger sus derechos y recordar al mundo que su situación sigue pendiente de una solución justa y duradera.

Por todo ello, la resistencia del pueblo palestino frente a las políticas impuestas por el Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, va más allá de la mera supervivencia física. Es también una afirmación del derecho a existir como pueblo en su propia tierra, a conservar su memoria, a transmitir su historia y a reclamar justicia frente a décadas de ocupación, desplazamiento y desposesión.

En ese mismo sentido, la labor de UNRWA para preservar el archivo histórico se configura como una forma de defensa ante el intento de borrado de la memoria colectiva. En un tiempo en que la violencia amenaza no solo la vida, sino también la memoria, proteger esos documentos es proteger la historia viva de un pueblo.

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Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España

Los delitos de odio clasificados como antisemitismo se han triplicado en tres años. Son los datos manejados por el Ministerio del Interior y contenidos en su último informe anual. Según las cifras oficiales, el año pasado el antisemitismo fue la sexta expresión de odio más frecuente, por encima de otras como la aporofobia, el antigitanismo o la islamofobia. La evolución de las estadísticas plantea algunas preguntas, empezando por ¿cuál es la definición de antisemitismo? y ¿cuál es el encaje de las protestas propalestinas en esa clasificación?

El propio informe confeccionado por el departamento de Fernando Grande-Marlaska describe el antisemitismo como "cualquier acto de odio, violencia, discriminación, fobia y rechazo, practicados contra los judíos o nacionales del Estado de Israel". infoLibre ha preguntado al Ministerio del Interior si esa definición abre la puerta a calificar como delito de odio el rechazo al Estado de Israel en un marco de genocidio en Palestina, por ejemplo a través de pintadas, protestas o mensajes en redes sociales. Al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.

Pero Interior sí ha explicado a este diario que la definición recogida en el informe procede de "varios informes internacionales, en especial la definición adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en 2016". La organización intergubernamental fue fundada a finales de los noventa y de ella forman parte más de una treintena de países, entre ellos España y también Israel.

La IHRA ha sido ampliamente criticada por su pretendida ambigüedad a la hora de trazar los términos en torno a los que se clasifican los actos antisemitas. Así lo expresaron en abril del 2023 –seis meses antes del comienzo del genocidio israelí en Gaza– más de un centenar de entidades que remitieron una misiva a las Naciones Unidas alertando de los riesgos que entraña asumir de forma acrítica la definición propuesta por la IHRA. Entre los firmantes se encontraban Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras plataformas de nacionalidad israelí, como B’Tselem y Breaking the Silence, así como numerosos grupos judíos, como Jewish Voice for Peace y Jewish Network for Palestine.

Meses antes de aquella carta conjunta, el Consejo de Ministros de España aprobaba el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y el fomento del modo de vida judío 2023-2030. El documento detalla que el Gobierno refrendó, en julio de 2020, la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA, no vinculante jurídicamente. Y esa misma definición es sobre la que se apoya el informe sobre delitos de odio para los específicos de antisemitismo.

Manu Pineda (IU) conoce bien las consecuencias de la definición planteada por la IHRA. Hace dos años, la Asociación Judía Europea pidió al Parlamento Europeo su suspensión como eurodiputado por mantener una posición supuestamente antisemita. Pineda había compartido en redes sociales un vídeo en el que se comparaba la política genocida de Benjamin Netanyahu con el exterminio nazi. En la carta, firmada por el presidente de la organización, se destacaba que aquel vídeo es "antisemita e incumple la definición" trazada por la IHRA.

El pasado jueves, Más Madrid pidió en el Congreso sustituir la definición de antisemitismo de la IHRA por la que propone la Declaración de Jerusalén (JDA). Esta última, señaló la diputada Tesh Sidi, "permite distinguir con mayor claridad entre el antisemitismo y la crítica legítima al sionismo o a las políticas del Estado de Israel".

Ante la imprecisión de la IHRA, un grupo de centenares de especialistas en judaísmo, Holocausto y Oriente Próximo de diferentes países promovieron una nueva definición, la que se contiene en la citada Declaración de Jerusalén (JDA). Este nuevo texto estableció que no es antisemita criticar a Israel "basándose en la evidencia". El concepto se refiere expresamente al conflicto palestino al asegurar que sí es lícito "oponerse a sus políticas prácticas", como las que lleva a cabo "en Cisjordania y Gaza". También manifestar que en Israel "existe una discriminación racial sistemática" entre palestinos e israelíes. O "comparar a Israel con otros casos históricos, incluido el colonialismo de colonos o el apartheid". 

"En España, al contrario de lo que sucede en Europa, no se ha abierto un debate sobre la definición del antisemitismo", lamenta Tesh Sidi al otro lado del teléfono, e insiste en que la opción de la Declaración de Jerusalén está "respaldada por juristas". En un contexto de genocidio, añade, países como "Francia y Alemania, a pesar de proclamarse pro derechos humanos, están parando protestas con este pretexto", sirviéndose de una definición que en última instancia "deslegitima cualquier crítica al Estado de Israel". Aunque Tesh Sidi confía en que el actual Gobierno no utilice esta definición con una lógica punitiva, ni de persecución activa del movimiento en defensa de Palestina, sí se pregunta qué sucederá con un eventual gobierno de extrema derecha.

De los 69 incidentes contabilizados en 2025 por el Ministerio del Interior vinculados a ataques antisemitas, el mismo informe reconoce que solo se han esclarecido la mitad. Uno de ellos ocupó titulares a finales del año pasado. Entonces, un juzgado de Vigo decidió archivar la causa en la que investigó al dueño de un restaurante por un supuesto delito de odio contra ciudadanos israelíes, después de que el hostelero les negara la entrada.

El juez fundamentó su decisión en la recomendación número nueve de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre la prevención y la lucha contra el antisemitismo. El magistrado recalcaba precisamente que la ECRI "insiste en el peligro de utilizar" la definición "de forma indebida con el propósito de silenciar o estigmatizar como antisemita la crítica legítima contra Israel y sus políticas, en particular respecto del pueblo palestino y en el contexto de la ocupación de los territorios palestinos, pues ello pondría en peligro los esfuerzos por luchar contra el antisemitismo y, por tanto, debería rechazarse". Es por ello, añadía el juez, que "teniendo en cuenta el contexto en que se producen los hechos, la conducta que se atribuye al investigado tiene difícil encaje en el discurso de odio penalmente punible".

"En efecto, es una definición muy amplia", reconocen fuentes del Ministerio del Interior. Por este motivo, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio ha elaborado una Guía práctica para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre judaísmo [disponible aquí], con la participación de la Federación de Comunidades Judías de España, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y el Centro Sefarad-Israel. 

La guía, añaden las mismas fuentes, "responde a la necesidad de mejorar el conocimiento policial sobre la realidad de la comunidad judía, sus prácticas, lugares de culto, simbología, festividades y necesidades específicas de protección", pero además "refuerza la capacidad de los agentes para identificar indicadores de motivación antisemita, prevenir ataques contra personas, bienes o instituciones vinculadas a la comunidad judía y prestar una atención más adecuada a las víctimas, especialmente en contextos de polarización social o ante fechas de especial sensibilidad".

Miquel Ramos, periodista e investigador, sostiene que la definición propuesta por la IHRA "forma parte de una de las estrategias de los propagandistas de Israel y del sionismo para condicionar los marcos interpretativos de lo que es el antisemitismo en varios Estados", enmarcando como "supuesto odio a los judíos" toda crítica al "sionismo como ideología política". Se trata, al fin y al cabo, de una "herramienta de coerción y persecución a toda crítica hacia el Estado de Israel y es un instrumento más de propaganda de quienes tratan de silenciar y perseguir todo cuestionamiento" de sus políticas, abunda el periodista, coautor del proyecto Crímenes de odio.

Ramos destaca que diversas organizaciones que vienen realizando un seguimiento sobre los supuestos ataques antisemitas en base a la definición de la IHRA han incluido explícitamente pintadas, lemas o carteles en favor de la emancipación del pueblo palestino, lo que evidencia la volatilidad de los márgenes propuestos. Un ejemplo es el Observatorio de Antisemitismo, entidad que en su último informe alerta sobre el uso de expresiones como "Palestina libre" o "Desde el río hasta el mar" y las tacha como acción "antisemita, excluyendo a los judíos". En su análisis, la organización critica el uso de palabras y expresiones como "genocidio, limpieza étnica, exterminio, sionismo y sionista, dando por válido el discurso difundido por las organizaciones terroristas presentes en la Franja de Gaza". El Observatorio, según deja claro en su página web, "trabaja con la definición de antisemitismo de la IHRA".

Existe, profundiza el periodista, "toda una campaña propagandística para incorporar en el marco antisemita numerosos hechos que no pasan el filtro de lo que consideraríamos antisemitismo", con el fin de "engrosar las cifras de los incidentes antisemitas para situar a Israel en la posición de víctima". Esa es, a su juicio, "la trampa en la que ha caído el Ministerio del Interior comprando un marco que no tiene credibilidad dentro del mundo académico y social", por lo que si este Gobierno "quiere ser coherente, debería abandonar urgentemente esta definición y adoptar otras mucho más concisas". 

Las fuentes de Interior consultadas reconocen que existe un "debate abierto" sobre cómo clasificar "el antisionismo y la crítica severa al Estado de Israel", un asunto que consideran de difícil resolución, para el que "todavía no hay respuestas concluyentes".

Hubo una época en la que la proclamación del alto el fuego significaba, sin ninguna ambigüedad, el cese real de las hostilidades entre los contendientes. Un cese que, es obligado reconocerlo, en algunas ocasiones tan solo servía para reponer fuerzas con la intención de volver al combate; pero que, en otras, propiciaba el inicio de un proceso de negociaciones que desembocaba incluso en un acuerdo de paz que permitía pasar página. Según nos recuerda el Institute for Economics and Peace en su último Índice Global de Paz, esto último ocurre ya en muy pocos casos, dado que, si en la década de los 70 del pasado siglo un 23% de los conflictos se cerraban con un acuerdo de paz, en esta última década tan solo han sido el 4%.

Dentro del generalizado panorama actual de violencias —con 59 conflictos activos en diferentes rincones del planeta— Israel (mejor dicho, Benjamín Netanyahu) destaca como el actor menos creíble en lo que atañe al grado de cumplimiento con los compromisos anunciados en los diferentes frentes bélicos en los que está implicado.

Así ocurre, en primer lugar, con el acuerdo alcanzado el 27 de noviembre de 2024 con la milicia chií libanesa de Hizbulah, con el que se pretendía poner fin no solo a la violencia desatada tras los atentados de Hamás y la Jihad Islámica Palestina, en octubre de 2023, sino también a la operación Flechas del Norte iniciada por las fuerzas de defensa israelíes (FDI) el 1 de octubre de 2024. Las FDI no solo nunca se han retirado del territorio libanés, como estipulaba el acuerdo, sino que desde entonces han violado centenares de veces el alto el fuego, desarrollando acciones que han supuesto la ocupación de más territorio soberano de Líbano —violando, en consecuencia, la ley internacional—, el asesinato de varios miles de civiles y la destrucción sistemática de viviendas e infraestructuras de todo tipo, al tiempo que (sin autoridad legítima para ello) han ordenado la evacuación obligatoria de múltiples localidades, expulsando a cerca de un millón de libaneses de sus hogares.

Y por si aún quedara alguna duda sobre la convicción iluminada que embarga al gabinete ministerial liderado por Netanyahu —ahí está la afirmación del ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, declarando que “la ley internacional no se aplica a los judíos”, mientras que el responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirma que las opiniones de la Corte Internacional de Justicia valen tanto como "un trozo de papel higiénico"— Netanyahu se ha encargado nuevamente de despejarla, ordenando una nueva ofensiva en Líbano. Una ofensiva que incluso pone en peligro los esfuerzos de un desesperado Donald Trump por lograr algún acuerdo con el régimen iraní, en la medida en que Teherán ha suspendido las negociaciones insistiendo en que no las reanudará hasta que las FDI no se detengan. De ese modo vuelve a quedar claro que Netanyahu no está dispuesto a subordinarse a las directrices de Washington, empeñado en aprovechar la ventana de oportunidad que se le ha abierto en estos últimos años para redibujar por la fuerza el mapa regional a su gusto.

Y lo mismo cabe decir del comportamiento del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. Desde que, el 8 de octubre de 2025, se anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las FDI se han encargado de violarlo diariamente, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y la salida de enfermos necesitados de atención urgente fuera de la Franja, asesinando a más población civil (incluyendo cooperantes y periodistas) y destruyendo aún más viviendas e infraestructuras. De hecho, ni siquiera se han contentado con imponer su dictado militar en el territorio que quedaba limitado por la denominada Línea Amarilla, sino que el propio Netanyahu ha dado a conocer que ha ordenado a las FDI que amplíen su despliegue para llegar a controlar el 70% de Gaza. Es evidente desde hace mucho tiempo que Netanyahu y los suyos están centrados en impedir que nunca pueda haber un Estado palestino viable, aunque para ello tengan que saltarse todas las líneas rojas que definen cuál debe ser el comportamiento de un Estado democrático respetuoso con el marco institucional y normativo que define nuestros días.

Por todo eso, sin olvidar sus acciones ilegales tanto en Siria e Irán como en aguas internacionales del Mediterráneo contra civiles desarmados, tiene razón Trump cuando refiriéndose a Netanyahu, le insiste en que “estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto”. Pero nada de eso exime al presidente estadounidense de su responsabilidad en respaldar diplomática, económica y militarmente a un Netanyahu que vive de la guerra, tanto para intentar escapar de la acción de la justicia como para buscar una nueva victoria electoral.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Nacido en 1956 en Haifa (Israel) y criado en un kibutz, Oren Yiftachel es profesor de geografía política en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Beersheba. A él se debe el concepto de “etnocracia”, acuñado en los 90 para describir un régimen que, detrás de una fachada democrática, privilegia en realidad a un grupo étnico en detrimento de los demás. Un concepto que ha aplicado a varios países, incluido el suyo, Israel.

Su último libro, De la etnocracia al apartheid, publicado por ahora solo en hebreo y árabe, va un paso más allá: a su juicio, Israel es ahora un Estado de apartheid. “Vivimos un momento muy grave y vergonzoso para Israel”, alerta en una entrevista con Mediapart quien fue presidente de la destacada ONG israelí B’Tselem, coautor del informe fundacional de 2021 sobre el apartheid y colaborador del informe sobre el genocidio de 2025.

Las imágenes de activistas de la flotilla rumbo a Gaza arrodillados, con las manos a la espalda, que han provocado una indignación mundial, o la entrada en vigor, el 17 de mayo, de la ley sobre la pena de muerte, aplicada exclusivamente a los palestinos, son para él “el espantoso rostro del régimen colonial israelí”: “un sistema de apartheid que recurre cada vez más a la fuerza y a la humillación, atrapado en una huida hacia adelante bárbara y sin salida”.

En 2012, Oren Yiftachel cofundó, junto con una decena de israelíes y otros tantos palestinos, el movimiento Una tierra para todos, que defiende una confederación israelo-palestina bajo el lema: “Dos Estados, una sola patria”. Convencido de que “la transformación debe venir desde dentro”, ha decidido permanecer en su país, mientras que muchos de sus colegas han optado por el exilio tras el 7 de octubre ante la represión de las voces críticas en el ámbito académico.

Mediapart. Usted acuñó el concepto de “etnocracia”. ¿Por qué era necesario inventar una palabra nueva?

Oren Yiftachel. Eran los años 90. El objetivo era cuestionar lo que entonces parecía una evidencia indiscutible: que Israel era una democracia. Yo no veía una democracia. No veía una ciudadanía igualitaria. Las instituciones del Estado no pertenecían a todos sus ciudadanos. El derecho a fundar una familia, el derecho a emigrar, a comprar tierras e incluso los símbolos del Estado pertenecía solo a un único grupo.

Había llevado a cabo un estudio comparativo en numerosos países que habían vivido conflictos étnicos similares: Estonia, Serbia, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Suiza, Canadá. Observé un patrón recurrente: el Estado se presenta como una democracia, organiza elecciones, concede formalmente la ciudadanía, pero esa ciudadanía no es igualitaria.

Existe una jerarquía étnica o racial. La fachada democrática está ahí y es importante, porque confiere legitimidad al régimen. La realidad es que un grupo étnico se hace con el control del Estado. No se trataba ni de una democracia ni de un régimen autoritario, sino de algo intermedio, que merecía ser añadido al léxico. Lo llamé “etnocracia”. El concepto tuvo una gran repercusión, especialmente en Europa del Este y en el sur de Asia.

¿Sigue siendo relevante ese concepto para Israel hoy?

Ya no del todo. Israel ha pasado de la etnocracia al apartheid. Al colonizar todo el territorio y, por tanto, integrar a más de 5 millones de palestinos en su sistema de control, ha cruzado un umbral. Ese es el título de mi último libro. El apartheid es un sistema de gobierno concebido para perpetuar un proyecto colonial.

Así, bajo el gobierno israelí, se pueden distinguir tres grandes categorías de estatus civiles: los judíos, ciudadanos de pleno derecho, comparables a los blancos de Sudáfrica; los palestinos titulares de la ciudadanía israelí, ciudadanos parciales, comparables a los coloured; y los palestinos de los territorios ocupados, no ciudadanos, comparables a los negros de Sudáfrica. Sobre el terreno, Israel busca convertir cada vez más zonas en “blancas” en términos de propiedad de la tierra, demografía y repoblación.

El bloque colonial gobierna Israel desde hace 30 años. Es elegido, pero no democráticamente, ya que millones de palestinos están excluidos de las elecciones del gobierno que los controla. Desde el 7 de octubre de 2023, nos encontramos en un nuevo capítulo del régimen de apartheid: se endurece cada vez más.

Israel intenta responder a la resistencia violenta y terrorista palestina con una fuerza cada vez mayor, cometiendo una serie de crímenes de guerra. En particular, un genocidio en Gaza y una limpieza étnica en Cisjordania y en el Néguev.

Esta nueva fase de colonización se caracteriza por una técnica inédita que Israel denomina “líneas amarillas” en Gaza, el Líbano, Siria...

Sí, son zonas de muerte: si las cruzas, te matan. En un reciente ensayo titulado Del viento amarillo a las líneas amarillas, me basé en el texto profético de David Grossman de mediados de los años 80, El viento amarillo, en el que entrevistaba a palestinos y advertía de que soplaba sobre el país un viento amarillo, utilizando el amarillo como color del peligro. Ese viento se ha convertido en líneas. El amarillo está manchado con la sangre roja de decenas de miles de vidas inocentes.

En Cisjordania, la colonización ha alcanzado su nivel más alto. Se han arrasado campos de refugiados. Se ha expulsado a decenas de aldeas beduinas, unas 50 desde el 7 de octubre. En el Néguev, donde vivo y trabajo, han sido demolidos por el Gobierno al menos seis pueblos enteros con el pretexto de la falta de permisos de construcción. Pero el Estado, sencillamente, no concede esos permisos. Estas personas viven en sus propias tierras, heredadas desde la época otomana. Las autoridades les niegan los permisos y luego derriban sus casas.

Usted es geógrafo, pero trabaja en cuestiones que se asocian más bien con la política o el derecho. ¿Qué permite ver la geografía que otras disciplinas no ven?

El espacio nunca es neutro. Siempre está moldeado por las relaciones de poder. El conflicto israelo-palestino se reduce fundamentalmente a una sola cuestión: ¿quién controla la tierra, el territorio, las ciudades? Cuando se examina el mapa, el régimen de la propiedad de la tierra, las políticas de inmigración y de colonización, se ve algo que el derecho o las ciencias políticas no pueden ver bien en su continuidad: Palestina está judaizada desde al menos 1948.

Eso había comenzado antes, con el movimiento sionista, pero a menor escala: la gente compraba tierras, se instalaba en ellas y las cultivaba. Los judíos solo poseían el 6% de las tierras en 1948. Esto ya era problemático para los palestinos, pero no tiene comparación con lo que ocurrió a partir de 1948: la limpieza étnica.

Dispongo de una serie de mapas que trazan más de un siglo de historia, desde el XIX. Aconsejo a cualquiera que visite por primera vez Israel-Palestina que empiece por ahí: en ellas se ve la expansión de los asentamientos judíos y los espacios palestinos que no dejan de reducirse.

Hay algunos periodos de estabilidad, breves episodios de retirada israelí en el Sinaí, en el Líbano, en Gaza. Pero el proceso general es de expansión continua. El mapa de los refugiados palestinos en los países vecinos forma parte de la misma historia. Todos ellos pertenecen a esta tierra.

Su carrera comenzó lejos de las universidades: ha sido agricultor, camarero, urbanista. ¿Ha moldeado eso su visión del territorio?

Esa trayectoria me ha dado una perspectiva desde abajo, desde los márgenes. Soy un geógrafo que creció en la frontera libanesa —la periferia norte— y que hoy vive en el sur de Israel, cerca de Beer-Sheva.

Esta posición periférica, tanto geográfica como social, siempre ha estructurado mi mirada. El espacio es aquí primordial, pero no el espacio abstracto de los mapas oficiales: el espacio que la gente habita realmente, con sus puestos de control, sus permisos, sus carreteras reservadas, sus tierras confiscadas.

¿Se ha alcanzado un punto de no retorno para la creación de un Estado palestino viable?

La “guerra del 8 de octubre”, como yo la llamo, es la primera guerra que Israel libra explícitamente en nombre del apartheid. Las guerras anteriores tenían otros objetivos —defender la tierra o conquistar un territorio—, pero esta vez el objetivo es matar, oprimir y negar cualquier derecho a los palestinos.

El objetivo es continuar y reforzar el apartheid. La colonización en Cisjordania y alrededor de Jerusalén Este hace que la partición sea físicamente cada vez más difícil. Pero sigo convencido de que la idea de un Estado palestino no ha muerto.

Dentro del movimiento de paz conjunto Una tierra para todos, del que soy cofundador, abogamos por una confederación. Algo que se asemejaría a los sistemas suizo, canadiense o bosnio, o tal vez a la Unión Europea: Estados soberanos con fronteras abiertas. Lo llamamos “dos Estados, una patria común”.

La idea es la siguiente: todos consideramos nuestra patria el territorio que se extiende desde el Jordán hasta el mar. Según el derecho internacional, existiría un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967; un Estado israelí en el resto del territorio.

Formarían una confederación que podría llamarse la “Unión de Jerusalén” o cualquier otro nombre que eligieran. Dos Estados, pero sin una separación tajante como la que defienden muchos en el bando de la paz. En ciertos aspectos, se asemeja a Quebec y Canadá, o a Escocia e Inglaterra: el derecho a la autodeterminación y a la independencia, pero dentro de la continuidad de un espacio, una economía y un entorno compartidos.

Un punto clave de la reconciliación es que los palestinos tendrían derecho al retorno: podrían volver, obtener la ciudadanía palestina y beneficiarse de la libertad de circulación y, progresivamente, en un plazo acordado por ambas partes, de la plena residencia en Israel.

Del mismo modo, los judíos que deseen vivir en Cisjordania o en Gaza podrían hacerlo, pero bajo la ley palestina, y no como colonos. Se trata, en esencia, de un binacionalismo en el marco de una soberanía compartida.

Una mayoría de israelíes y palestinos aspira a la paz, a la igualdad de derechos, a una vida normal. Pero un conflicto colonial y de apartheid no se resuelve sin la comunidad internacional. Lo hemos visto en Irlanda del Norte, en Sudáfrica o en Bosnia. Y es que Israel actúa hoy con total impunidad, protegido por Estados Unidos. Sin sanciones, nada cambiará. Debemos volver al derecho internacional y al comportamiento normal de las naciones.

En su último libro, introduce el concepto de “desplazabilidad”. ¿En qué se diferencia del de “desplazamiento forzoso”?

El desplazamiento siempre se ha concebido como un acto, algo que empieza y termina. Afecta generalmente a los habitantes de las favelas, a los trabajadores informales y, a veces, a las clases medias bajas que ya no tienen medios para pagarse una vivienda.

Pero en el régimen urbano que se ha impuesto en los últimos 15 años, impulsado por el capitalismo contemporáneo y por un nacionalismo urbanizador, cada vez más grupos viven bajo la amenaza permanente del desplazamiento sin ser necesariamente desplazados. Es un estado crónico: precariedad permanente, derechos desiguales, movilidad forzada. A eso lo denomino “desplazabilidad”.

En Jerusalén, alrededor del 40% de la población vive en esas condiciones, sin derechos permanentes, obligada a demostrar su residencia cada pocos años. El ejemplo más extremo es Dubái, donde quizá entre el 10 y el 15% de la población goza de derechos permanentes, mientras que la gran mayoría no puede establecerse de forma duradera, comprar una vivienda o renovar libremente su visado.

Las ciudades suelen percibirse como el hogar natural del liberalismo y la democracia. Pero tienen sus propios sistemas de apartheid. El número creciente, a menudo mayoritario, de personas sin derechos y prescindibles es la marca distintiva de la desplazabilidad en el siglo XXI.

¿Cómo se perciben sus trabajos en Israel?

En los años 80 y 90, los investigadores críticos estaban bastante aislados, sobre todo en las grandes universidades. Luego se formó un grupo de académicos críticos en torno a lo que se denominó la “escuela de Beer-Sheva”: Neve Gordon, Uri Ram, Lev Grinberg, Benny Morris, Henriette Dahan, Amnon Raz-Krakotzkin, Pnina Motzafi-Haller, Ismael Abou Saad y otros.

Teníamos voz en el mundo académico israelí, aunque seguíamos siendo una minoría muy pequeña. Nuestros trabajos tuvieron repercusión porque reflejaban la realidad. Precisamente por eso el Gobierno siempre ha estado en contra nuestra. Tres ministros de Educación diferentes han pedido mi destitución. Sin embargo, contamos con un buen sistema de titularización académica, y nuestros puestos siguen asegurados, incluso bajo una presión creciente.

Desde el 7 de octubre, la represión se ha extendido. Cualquiera que diga algo en contra del Gobierno o a favor de los derechos humanos es inmediatamente atacado, incluidos los judíos israelíes. Lo que se denomina la “máquina del veneno” contamina cualquier forma de oposición.

Muchos académicos israelíes críticos han abandonado el país. Yo me quedo, no solo porque estoy profundamente apegado a este país, sino porque debe transformarse desde dentro.

Seguimos siendo una minoría. La mayoría de la gente no quiere escuchar lo que decimos. Pero insistimos. Lo que hacemos es, creo, un análisis creíble, políticamente sólido y moralmente necesario.

Traducción de Miguel López

La Plataforma Juristas por Palestina ha emitido este martes, 26 de mayo, un comunicado en el que lamenta que España haya autorizado la participación de la Federación de Escalada de Israel (ILCA, por sus siglas en inglés) en la Copa del Mundo de escalada.

La competición, conocida internacionalmente como la World Climbing Series, se celebrará entre el 28 al 31 de mayo en Alcobendas (Madrid). Según la Plataforma, el evento supone una nueva ocasión en la que se permitirá “la continuación del lavado deportivo de Israel” o sportwashing, una práctica que, denuncian, ya se ha producido en otros certámenes deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Olímpicos.

Además, en la competición también participará Ayala Kerem, una atleta patrocinada por el grupo Shikun & Binui. Según la Juristas por Palestina, se trata de una “empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales por su implicación en la construcción de la barrera perimetral de Gaza y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania”.

“El campeonato se celebra apenas días después de que un rocódromo de Bruselas (Le Camp de Base) haya renunciado a albergar la final de la Copa de Europa juvenil por la participación israelí. La negativa de la Federación israelí a llevar una camiseta neutral supuso la cancelación del evento”, añade la Plataforma.

A pesar de que España haya reconocido al Estado de Palestina y se haya posicionado en contra de Israel en diferentes ocasiones –interviniendo formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio; aprobando el Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio en Palestina; retirando a su embajadora en Israel; o no participando en la última edición de Eurovisión–, esa oposición todavía no se ha trasladado al ámbito deportivo.

“La falta de instrucciones concretas relativas al ámbito deportivo, dejando que la federación de Israel participe en la Copa del Mundo de escalada supone una contradicción con esa postura y además, es contraria al artículo 81.2 de la Ley 39/2022 del Deporte que exige que las competiciones internacionales en España se celebren en coherencia con la política exterior”, recuerda la Plataforma.

“Excluir a las federaciones de un Estado al que organismos y mandatos de Naciones Unidas atribuyen actos de genocidio, un sistema de apartheid, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario es una obligación que vincula a España, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcobendas y a las federaciones deportivas españolas, con independencia de la postura del Comité Olímpico Internacional. La pasividad institucional equivale a complicidad”, agregan.

Juristas por Palestina sostiene que "la vulneración del Derecho internacional por parte del Estado de Israel es flagrante y manifiesta" y que las obligaciones derivadas de esa situación "incumben a todas las administraciones implicadas, sin que ninguna pueda escudarse en su falta de competencia".

"Por ello, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación de Israel en las condiciones previstas", reclama la plataforma.

"Solicitamos asimismo la creación de un mecanismo que permita valorar de forma anticipada eventos deportivos internacionales con participación de federaciones y atletas vinculados a graves vulneraciones del Derecho Internacional, como ocurre con Israel", concluyen.

Además de Juristas por Palestina, otras organizaciones y colectivos deportivos de toda España han pedido el veto a Israel en este evento. Climbers for Palestine Spain y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel lanzaron el pasado 10 de abril una campaña para que los deportistas israelíes no participen en la Copa del Mundo de escalada.

Una campaña a la que se han unido otras organizaciones, desde pequeños clubes deportivos y asociaciones vecinales y estudiantiles como la Red Universitaria por Palestina; pasando por agrupaciones deportivas como Bulder Queen, Girls on the Wall, Monkey Fingers y Rock and Rocks Pedriza; hasta el Sindicato de Inquilinas, Más Madrid, Marea Palestina, Ecologistas en Acción, CGT, Asambleas 8M y la Asociación Hispano Palestina Jerusalén.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

Los bombardeos continuos y masivos no son la única forma de matar, de aniquilar. Ucrania, Palestina, Sudán… Hay otras formas de genocidio. Provocar hambrunas, por ejemplo, o facilitar mucho armamento al poderoso. La elegida y aplicada por los Estados Unidos es boicotear a poblaciones enteras, dejarlas sin suministros básicos. Es la que hoy Donald Trump emplea para Cuba. Si el pueblo sufre, mátalo de hambre, quítale lo poco que le queda, el combustible indispensable para vivir. Los dirigentes siempre tendrán sus reservas, su poder para sobrevivir.

Liquidados unos 100.000 palestinos, unos con las bombas y otros por el hambre, ahora toca exterminar a los cubanos. De los ucranianos ni se acuerdan. Si los presidentes norteamericanos decidieron hace más de 60 años cerrar el paso a quien lleve vida a Cuba y no lograron su rendición, ahora lo pueden conseguir cerrándoles el paso a sus escasos proveedores. Y a los cubanos ya no les llega ni combustible para producir electricidad, para mover sus vehículos, para calentar su comida, para enchufar los aparatos eléctricos... En un mensaje en las redes sociales una mujer cubana decía: “Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada…”. Y añadía: “Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no…”. Y ya ningún país, bajo amenaza de sanciones políticas y económicas, lleva petróleo, combustible, a La Habana. Por lo que no hay transporte, no hay luz en las casas, en las calles, pronto no funcionará nada. Muerte a la vista de la rica Florida, de la casa de vacaciones del inquilino de la Casa Blanca, donde veranean los potentados jubilados norteamericanos y residen los cubanos escapados de la isla asediada.

Aunque la sangre no solamente se derrama de estas formas. Lo vemos en Sudán, donde los más vulnerables seres humanos huyen y mueren sin comprender la razón de los militronchos que guerrean entre sí por un poder que mantiene en la miseria a poblaciones primitivas, desheredadas de la civilización, que carecen de agua, las comodidades de occidente y oriente y cualquier adelanto de la población de la Inteligencia Artificial. Mientras la riquezas de su tierra se la llevan rusos, chinos, americanos…, los ricos del mundo que explotan a los nativos, si antes lo hacían con espejos ahora lo hacen con teléfonos “inteligentes” o imágenes de la opulencia del “primer mundo”.

Son formas de impunidad que demuestran que religiones y egoísmo gobernaron y gobiernan este Planeta. Se cumplen ahora 78 años de la Nakba, la expulsión de su tierra del pueblo palestino. Cientos de miles de familias tuvieron que dejar sus casas, sus huertos, sus posesiones porque los países ricos decidieron que allí debían establecerse los israelíes dispersos por el mundo, huidos de la barbarie nazi. Una vez más, quienes deciden son los ricos y poderosos.

Y, así, la miseria sigue en los mismos lugares. Aparece una enfermedad contagiosa, se la cerca, se aísla y se preserva al “primer mundo”, que no se propague el mal. Mientras se firman alto el fuego para seguir bombardeando, lanzando drones, cerrando paso a camiones llenos de alimentos, barcos con combustible, con medicamentos, con vida para el pobre sufridor. Ucraniano, palestino, sudanés, iraní, libanés, cubano, vulnerable sea de donde sea. 1.000.000.000 diarios cuesta la guerra hoy en el Oriente. 85 millones ganan al día las petroleras, aunque las ideas no se matan con drones, con bombas. Hay distintas formas de aniquilar.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

Los seis miembros de Euskadi participantes de la Global Sumud Flotilla han retrasado su regreso al País Vasco, inicialmente previsto para esta mañana, debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La delegación Global Sumud Euskal Herria había organizado una bienvenida esta mañana en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los activistas "tras el secuestro ilegal, las humillaciones y los malos tratos sufridos, al igual que sufren a diario los palestinos", según había anunciado inicialmente.

Con posterioridad, la organización ha informado de la suspensión del acto debido al ingreso hospitalario en Turquía de dos de sus integrantes por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

Los otro cuatro integrantes de la delegación Global Sumud Euskal Herria han decidido quedarse junto a ellos en Turquía en espera de recibir a mediodía noticias del hospital sobre el estado de sus compañeros.

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques, recoge EFE. 

La propia Flotilla denuncia en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla. 

En una nota de prensa, la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) ha confirmado que cuatro de sus barcos (Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi) están siendo atacados e interceptados por las fuerzas israelíes. Además, han denunciado que 50 minutos después del inicio de la interceptación, los militares abordaron 57 de los barcos de la flotilla.

También han sido informados de que los participantes serán trasladados a un gran buque de carga que desde la Flotilla llaman el "buque prisión", para luego ser llevados al puerto israelí de Ashdod.

"Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza", informaron en una nota en su canal de Telegram.

Y agregaron que "al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)"

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla. "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", reza un comunicado.

Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, a cuya llegada ha querido dejar claro que pronto "volverá a hacer las maletas" para reunirse con sus "compañeros" en Turquía.

Abukeshek lo ha explicado así a los medios tras su llegada al aeropuerto El Prat-Josep Taradellas, donde le esperaban familiares, amigos y compañeros de la Flotilla ondeando banderas palestinas y entonando el cántico Free, free Palestine.

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".

"Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad, que haya derechos para todo el mundo. Que los derechos humanos sean para todo el mundo", ha afirmado Abukeshek, quien ha denunciado que "2,3 millones de personas viven en un bloqueo desde hace diecisiete años".

El hispanopalestino, que ha llamado a la sociedad civil a la movilización, ha lamentado que se sigan "bombardeando escuelas y hospitales" en Gaza por parte de un Gobierno israelí "genocida" y que actúa "con la complicidad de otros gobiernos".

Tanto Abukeshek como el activista brasileño Thiago Ávila, también participante de la Flotilla, fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del pasado 30 de mayo y trasladados a Israel.

La ONU había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través del paso de Taba en Egipto. El activista ha volado a Barcelona finalmente este domingo por la tarde en un vuelo procedente de Atenas.

Saif Abukeshek, activista hispanopalestino y miembro de la Flotilla Global Sumud, regresa este domingo a España después de permanecer seis días detenido en una prisión del sur de Israel, adonde llegó tras ser arrestado por la Marina israelí en aguas internacionales el 30 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó antes de la llegada de Abukeshek de que "a priori, dentro de las terribles circunstancias que ha tenido que vivir, se encuentra bien" y reiteró que su detención en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito, informa Efe.

Antes de embarcar desde Atenas, Abukeshek publicó un vídeo en el que llamó a continuar la movilización. “Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres”, dijo. “Hay que seguir movilizándonos, no podemos olvidar a los prisioneros palestinos”. El activista insistió en que la misión “no ha acabado” y recordó que sus compañeros de la Flotilla seguían navegando hacia Gaza.

Adalah, el centro legal pro derechos humanos que representó a Abukeshek en Israel, confirmó a Efe la “liberación y deportación” de ambos activistas, y condenó el proceso como una “flagrante violación del derecho internacional”. La organización denunció el “secuestro en aguas internacionales”, la "detención ilegal en total aislamiento” y los “malos tratos” sufridos durante el arresto.

El activista brasileño Thiago Ávila, también miembro de la Flotilla e igualmente representado por Adalah, abandonó Israel por el cruce fronterizo de Taba hacia Egipto, desde donde volará a Adís Abeba con escala antes de continuar a Brasil.

Ambos habían sido arrestados en la madrugada del jueves 30 de abril durante una operación de la Marina israelí en aguas internacionales. Desde su detención, los dos permanecieron en huelga de hambre; Abukeshek la intensificó la noche del 5 de mayo al negarse también a beber agua. Ninguno de los dos enfrentaba cargos formales, pese a haber sido interrogados durante horas.

El Ministerio israelí de Exteriores los calificó de “provocadores profesionales” y aseguró que no permitirá “ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza”. La ONU había pedido su liberación “inmediata e incondicional” y subrayado que mostrar solidaridad o intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza no constituye delito.

Amnistía Internacional celebró la liberación pero la encuadró en un marco más sombrío. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, la describió como “una excepción en la política de detenciones arbitrarias de Israel”. AI exigió la investigación de las denuncias de torturas, que los responsables no queden impunes, y que la Flotilla pueda continuar “con su misión humanitaria pacífica a salvo de intimidaciones y ataques”.

“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.

La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.

El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.

Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.

Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.

La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.  

Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".

Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.

Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".

En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.

El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.

El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.

Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando. 

Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente. 

Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.

Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.

Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho. 

Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.

Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.

El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.

La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.

Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso. 

Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.

Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.

En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.

Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.

Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Amnistía Internacional ha reclamado la “liberación inmediata e incondicional” de Saif Abukeshek, activista de origen palestino con nacionalidad sueco-española, y del activista brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional de apoyo a la población palestina y de denuncia del bloqueo sobre Gaza.

La organización de derechos humanos ha denunciado que ambos permanecen privados de libertad sin cargos formales y ha alertado de las condiciones de su detención. Según ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales”. Beltrán ha afirmado además que esta situación “pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel”.

Los dos activistas comparecerán el próximo domingo 10 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara durante seis días su detención sin juicio ni imputación formal.

La defensa legal de ambos corre a cargo del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), que ha denunciado amenazas, torturas y malos tratos durante el tiempo que permanecen bajo custodia israelí. Entre las denuncias recogidas figuran intimidaciones, abusos psicológicos, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y revisiones médicas realizados con los ojos vendados.

Tanto Saif Abukeshek como Thiago Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre en protesta por su situación. En el caso del activista hispano-palestino, además, ha dejado también de ingerir líquidos, una circunstancia que incrementa la preocupación sobre su estado de salud.

En declaraciones a infoLibre, la esposa de Saif Abukeshek, Sally Issa, ha asegurado que la situación de ambos activistas está completamente ligada. “Ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final”, ha afirmado. Issa, de origen sirio y nacionalidad sueca, ha explicado que mantiene contacto con Lara, esposa de Thiago Ávila, y destaca la coordinación entre los gobiernos de España y Brasil para exigir la liberación de ambos detenidos.

Issa ha relatado además las dificultades que atraviesa su marido durante la detención. Según ha contado a infoLibre, Saif apenas tenía acceso a agua potable, una de las razones por las que ha decidido dejar de beber. “Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible”, ha denunciado. La esposa del activista asegura haber trasladado esta información directamente al equipo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La mujer del activista palestino-español también valora el respaldo recibido por parte del Ejecutivo español. “El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales”, ha sostenido en la  conversación con infoLibre.

Amnistía Internacional ha recordado el historial de abusos documentados contra personas palestinas detenidas por Israel y ha mostrado una especial preocupación por el caso de Saif Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus, en la Cisjordania ocupada. Abukeshek reside desde hace unos veinte años en España y vive actualmente en Barcelona junto a Sally Issa y sus tres hijos.

En la entrevista con infoLibre, su esposa ha descrito, además, el impacto de la detención sobre la familia. “Lo que más me duele son nuestros hijos”, ha dicho. El mayor, de ocho años, conoce ya la situación de su padre, mientras que el hijo mediano cumplió seis años el mismo día de la detención y no pudo hablar con él.

Amnistía Internacional también ha instado al Gobierno español a mantener la presión diplomática y la asistencia consular al activista. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó públicamente a Israel de “violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y reiteró su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle la “más enérgica condena” del Ejecutivo español por la detención del activista y exigir su liberación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saif Abukeshek recibe asistencia continuada y visitas diarias del consulado español.

Los hechos se remontan al pasado 30 de abril, cuando el ejército israelí interceptó al menos 22 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a unas 180 personas tripulantes en aguas internacionales cerca de Grecia. Según la información disponible, Israel bloqueó además los canales de comunicación de la flotilla, impidiendo la coordinación entre barcos y la solicitud de ayuda.

Amnistía Internacional considera que la interceptación de la flotilla y la posterior detención de decenas de activistas constituyen una violación del derecho internacional. La organización reclama además el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza y pide a la comunidad internacional “medidas concretas” para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina.

La mirada de Sally Issa impresiona por su serenidad, difícil de imaginar en medio del vértigo de estos días. De origen sirio, se casó en 2014 con Saif Abukeshek, el activista palestino nacionalizado español y miembro de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, secuestrado ilegalmente junto a Thiago Ávila por el Ejército israelí en aguas del Mediterráneo. Protegida por su inseparable kufiya palestina, nos recibe en el municipio catalán en el que reside. "Yo no estoy muy involucrada en la política. Pero ahora veo que es importante tener una idea", cuenta.

En estos días de incertidumbre y espera, Sally Issa habla sin odio ni deseos de venganza. Solo de resistencia, solidaridad y movilización civil. Convencida de que la defensa de los derechos humanos y las libertades, igual que la indignación, pueden ser un motor de la historia. 

Ahora tiene una ventaja enorme: contar con un Gobierno sensible a la situación que estás viviendo. Mucha gente vuelve a su país y no encuentra ni el apoyo de su propio Gobierno.

Es cierto, eso cambia mucho las cosas. 

¿Cómo conoció a Saif? 

Los dos colaborábamos en un movimiento internacional de jóvenes palestinos, del que él fue fundador y organizador. Yo vivía entonces en Suecia, tengo la nacionalidad sueca, y formaba parte de un grupo. Fue trabajando en ese movimiento de solidaridad con Palestina como nos conocimos. 

¿Cuándo salió él de Palestina? 

No recuerdo exactamente el año, pero tenía alrededor de 20 o 22 años. 

¿Ambos militaban desde que eran muy jóvenes? 

Cuando tu origen es palestino, naces con el conflicto, lo vives desde el minuto uno. O incluso antes. Saif luchó siempre por Palestina y yo también. No es algo que hayamos empezado ahora. 

¿Llegaron directamente a Cataluña?

Sí. Durante diez años Saif había trabajado en diferentes sitios de España y luego encontró trabajo en Barcelona. Por eso estamos aquí. 

¿Ha sentido que aquí ha tenido una buena acogida?

Sí. Siempre hago una comparación con Suecia. Y la verdad, me siento mejor aquí. Con más apoyo y con gente que me entiende. Me siento más libre para expresarme. 

A raíz de lo sucedido, ¿las autoridades catalanas se han puesto en contacto con usted para ofrecerle ayuda o soporte? 

A nivel personal, sí. Hace dos días tuve una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un cara a cara. Me ofreció el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para todo aquello en lo que pueda ayudarnos y también para movilizar. 

¿Es el único apoyo que ha tenido por parte de las autoridades catalanas?

Sí. 

¿Y del Gobierno nacional? 

Me reuní con el ministro Albares el martes pasado. Fue muy positivo. También sus declaraciones contra las acusaciones de Israel a Saif. Les dijo: “Sabemos que no hay nada. Y si tenéis algo, ponedlo sobre la mesa. Vamos a proteger a nuestros ciudadanos”. 

Me dio contacto directo con su director de gabinete. Ayer mismo, por ejemplo, les envié la información de que Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible. Cuando va al interrogatorio pide un vaso de agua y tiene que esperar hasta el siguiente interrogatorio para poder pedir otro. 

¿Le tranquiliza saber que hay un seguimiento por parte de las autoridades españolas? 

Sé que el ministro está en contacto diario con el cónsul y que el cónsul estuvo tanto en el centro de detención como en las visitas al tribunal. Fue el primer contacto con Saif cuando llegaron a Israel. Pero no hay tranquilidad posible con Israel, no hay garantías con ellos. Aun así, ese control es importante. Yo no tengo la nacionalidad española, soy sueca, y pienso que si yo fuese en la próxima Flotilla no tendría nadie que me protegiera. Por eso valoro mucho lo que está haciendo el Gobierno español. 

En medio de todo esto, ¿qué es lo que le da fuerza o esperanza? 

Siempre tenemos esperanza. Vamos a liberar toda Palestina. Esta no es solo la causa de Saif y Thiago. Es algo mucho más grande. 

Otro punto importante es que Thiago cuenta con el apoyo del Gobierno de Lula en Brasil y que ambos gobiernos estén cooperando en la misma línea… 

Sí, porque ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final.

¿Está en contacto con Lara, la esposa de Thiago? 

Sí, claro. No sé si habéis visto las noticias de que murió la madre de Thiago. Creo que esta noche. Estaba enferma. Intenté hablar con Lara, pero no respondió de momento. 

Saif iba en un barco como observador, no tenía previsto llegar hasta Palestina, ¿verdad? 

Sí, el de Saif era un barco de observación. Se trasladaba de un barco a otro para reuniones o para hablar. Había una embarcación pequeña con la que se movían entre barcos. No tengo mucha información de esa logística, pero oficialmente estaba en un barco de observación. Saif quería apoyar el viaje de la Flotilla, pero su condición de palestino lo hacía más vulnerable. Y nosotros no teníamos ningún plan sobre qué hacer si lo detenían. Esa posibilidad no estaba sobre la mesa. 

¿Cree que por eso lo interceptaron tan lejos de Palestina?

Sí, esa es mi opinión personal. 

¿Qué significa para usted que Israel haya prorrogado seis días más la detención? 

Israel no tiene acusaciones concretas. Todo son sospechas y falsedades. No tienen nada. Por eso están prorrogando. Si tuviesen algo, podrían decir: “hay una lista de acusaciones y vamos a seguir con el tribunal. El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales. 

¿Qué opinión les merece a los abogados esa prórroga?

Los abogados solo se refieren a hechos. Yo confío en Saif. Sé que tiene fuerza para aguantar. Y también tengo esperanza en la movilización civil. El problema no es Saif y Thiago. El problema es Palestina. La gente está entendiendo que esto va mucho más allá. 

¿Qué tipo de abogados llevan el caso de Saif y Thiago? 

Son abogados israelíes, pero palestinos, especializados en defensa de derechos humanos y de palestinos. Trabajan bajo el derecho israelí, pero también en base a la ley internacional. Por ejemplo, mantener a Saif y Thiago con los ojos vendados también es ilegal en Israel. 

Después de la reunión con el ministro Albares creo que puede lograrse más si es necesario. Tienen sus maneras diplomáticas y sus protocolos, pero el contacto directo con el director de gabinete me hace pensar que el Gobierno español podría ayudar más si fuera necesario. 

¿Ha podido hablar directamente con su esposo? 

No. 

¿Cómo vive el día a día en una situación así? 

Con mucha fuerza. Es una situación muy dura. Lo que más me duele son nuestros hijos. Tenemos tres niños. 

¿Saben lo que está pasando?

Sí. El mayor tiene ocho años, va a la escuela y todos hablan sobre su padre. Tuve que hablar con él, contarle, explicar. Y también darle esta fuerza que yo siento. Es un niño de ocho años que vive aquí, en un pueblo pequeño, y sabe lo que está pasando. Pero al mismo tiempo es difícil para él entenderlo como nosotros. El mediano tiene seis años, los cumplió el día del secuestro y no pudo hablar con su padre. El pequeño tiene dos años.

¿Qué mensaje le parece importante para cerrar esta entrevista? 

Hay que seguir movilizándose, no olvidar Palestina, denunciar la ocupación ilegal, el genocidio. 

La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, alabó la postura de España ante la "injusticia" que viven los palestinos y contrapuso su política a la de la Unión Europea (UE), "una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los intereses de las corporaciones por encima de las personas".

"España hoy en día está prácticamente sola frente a la abominación, no solo en Gaza", sino también en otros territorios como Líbano e Irán, dijo este miércoles Albanese a preguntas de los periodistas ante el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, ubicado en el Museo Reina Sofía de Madrid.

En una visita a la capital española, Albanese agradeció "al pueblo español, a las instituciones españolas, al Gobierno español y a las universidades españolas por hacernos sentir normales al creer que existe la posibilidad de mantener una postura firme y defender nuestros principios ante la injusticia".

Y dijo ver a España "como el comienzo de un cambio desde dentro de Europa hacia un multilateralismo descolonizado".

La visita de la relatora al Reina Sofía coincidió con la petición remitida a la Comisión Europea por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) no tengan efecto en la UE.

Preguntada sobre si espera que la Comisión Europea atienda la solicitud de Sánchez, Albanese dijo que esperanza "no es la palabra adecuada" para describir lo que siente al observar cómo obra ese organismo en torno a las sanciones impuestas por Estados Unidos ante quienes, como ella, piden "justicia" para los que han sufrido el "genocidio" de Israel.

"Esperanza no es lo que tengo en mente, pero, una vez más, lo que tengo en mente es el Estado de derecho. Y lo que el presidente Sánchez ha pedido hoy es precisamente respeto al Estado de derecho. Estados Unidos debe levantar las sanciones", abundó Albanese.

Dijo, no obstante, que sigue "confiando", quizá "ingenuamente", en el "sistema del Estado de derecho".

"Si todos lo defendemos, funcionará, pero ello empieza por las personas que se mantienen firmes y por los gobiernos que hacen su trabajo", apostilló.

Albanese también mencionó la demanda civil que su familia presentó en febrero ante un tribunal federal de Estados Unidos por las sanciones impuestas contra su persona.

"Mi hija está demandando a la administración (del presidente Donald) Trump; qué revelador es que una niña de 13 años tenga las agallas de hacer lo que toda la comunidad internacional no ha tenido el valor de hacer: llevar al presidente Trump ante la justicia", reprochó la experta italiana.

Según explicó, "las sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa" porque "no existe soberanía europea" en lo que respecta al sistema bancario.

Y resumió que "se trata de una técnica de intimidación al estilo de la mafia para", así, "silenciar a la gente" y "forzar a la gente a obedecer".

Los manuales de periodismo afirman que el hecho de que un perro muerda a una persona no es noticia. Quizá, que suceda al revés, sí. Que una persona muerda a un perro. También, buscando el 'aspecto humano' de la mordida podría alcanzar el nivel de ser un hecho informativo: que la persona mordida fuera un niño, que mordiera a la persona dueña, que el motivo aparente de la mordida fuera que se había puesto la Quinta Sinfonía de Beethoven, etc.

Nos encontramos ante un hecho repetido, varias veces repetido por los mismos sujetos. Israel ataca, secuestra y hace prisioneros a internacionalistas que iban por aguas internacionales, en barcos no militares, de forma pacífica a entregar ayuda humanitaria a la población de la palestina Gaza y a darles un abrazo de solidaridad.

Desde el ataque pirata israelí del Mavi Marmara en 2010 y la conformación de la Freedom Flotilla, donde Rumbo a Gaza es uno de los integrantes, ha habido múltiples mordidas (impunes) del régimen israelí.

Los barcos de las diferentes flotillas, los actuales atacados de la Global Sumud Flotilla, 

Aún más. ¿Dónde están los defensores de la libertad de movimientos cuando se refieren al Estrecho de Ormuz? Si se sustituyera, 'Estrecho de Ormuz' por 'Palestina, Gaza o toda Palestina' veríamos la doble vara de medir de nuestros gobiernos.

Contra esa doble vara de medir lucha Rumbo a Gaza, la Freedom Flotilla, las diferentes flotillas como la Sumud.

Sí, el ejército israelí mata en Gaza y Cisjordania, Líbano e Irán y repite secuestros a barcos solidarios e internacionalistas. Nuestros gobiernos ¿serán coherentes y sancionarán al régimen israelí o seguirán mirando a otro lado, cínicamente, como hasta ahora?

Estos días esperamos si cambia la respuesta dada hasta ahora y defienden el derecho internacional, cortan el comercio de armas y securitario, se enfrentan como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, rompiendo vínculos comerciales y de otro tipo con Israel y sancionan a las empresas cómplices de la colonización sionista.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

El detonante de la crisis que actualmente enfrenta a España e Israel fue el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español en mayo de 2024. En el contexto de la actual espiral bélica, que solo beneficia al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a sus socios extremistas, estos últimos han impuesto una narrativa en la que atribuyen a Hamás el éxito que supuso el reconocimiento del Estado palestino.

Sin embargo, un Estado palestino viable y pacífico tendría grandes beneficios para Israel. A continuación, analizo cuáles serían los aspectos positivos del escenario de los dos estados.

A pesar de las declaraciones de Netanyahu, del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y del de Finanzas, Bezalel Smotrich, el único camino viable de Israel para obtener más seguridad es la paz con los árabes.

Desde que el Tzahal –las fuerzas de Defensa israelíes– entró en el Líbano en 1978 para expulsar a los fedayines o combatientes palestinos y evitar atentados, Israel ha invadido el país del cedro hasta en cinco ocasiones. El resultado ha sido nefasto, ya que, con la única excepción de los años en los que se retiró del Líbano, Israel no ha estado más seguro.

Si nos centramos en el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá, vemos que esta tendencia no ha hecho más que aumentar, hasta alcanzar récords históricos desde el 7 de octubre de 2023.

Lo mismo ocurre con Gaza. A comienzos de siglo, Hamás lanzaba unos 650 misiles al año y, tras cinco invasiones, la destrucción de la Franja y la muerte de unos 75.000 gazatíes, Israel no ha logrado frenar esos ataques. De hecho, desde el 7 de octubre de 2023, Hamás ha sido capaz de lanzar 15.792 misiles al año, lo que lleva a pensar que la invasión no ha servido para dar más seguridad a los isralíes.

Esta situación de inseguridad creciente contrasta frontalmente con la que Israel mantiene con Jordania y Egipto: tras los acuerdos de 1978 y de 1994, los israelíes viven en paz con egipcios y jordanos. Por lo tanto, frente a lo que predica Netanyahu, la estrategia de confrontación de Israel con Hamás y con el Líbano no solo no ha traído la paz, sino más inseguridad.

Uno de los problemas más serios de un Estado es la pérdida de su reputación. A nivel internacional, Israel está sufriendo una campaña de desprestigio que tiene como epicentro la ocupación de Cisjordania y la posterior invasión de Gaza.

Si Palestina fuera un Estado y este hubiera sido reconocido por Israel, esta campaña carecería de sentido y los defensores del BDS –Boicot, Desinversión y Sanciones– no encontrarían eco. A medio plazo, Israel podría estar presente en muchos foros donde hoy no está o en los que su participación ha generado problemas: la Bienal de Venezia, la Vuelta Ciclista a España o Eurovisión.

Lo mismo ocurre con las relaciones diplomáticas de Israel. A día de hoy, mantiene abiertas crisis diplomáticas con España, Noruega, Irlanda, Baréin y Brasil. En todos estos casos se ha producido una degradación de la representación diplomática o incluso la retirada de los embajadores. Un Estado palestino reconocido por Israel evitaría estos problemas de legitimidad internacional y normalizaría sus relaciones con todo el resto del mundo.

También ocurre con los vecinos. La exitosa y acertada estrategia diplomática que llevó a la firma de los Acuerdos de Abraham ha quedado pulverizada por las bombas que han arrasado Gaza tras el 7-O.

Los casi 30 años invertidos en la normalización de relaciones diplomáticas con los países del golfo Pérsico se destruyeron en pocas semanas, lo que, en términos de reputación internacional, debe considerarse un sonoro fracaso. Descendiendo a lo concreto, Arabia Saudí ha expresado claramente la condición que pone para retomar las negociaciones: el reconocimiento del Estado palestino.

El Banco Mundial ha calculado que el coste acumulado de las colonias de Cisjordania es de unos 20.000 millones de dólares, a los que habría que añadir unos 2.000 millones anuales que Israel deber destinar a seguridad, inteligencia y control de las fronteras.

En términos económicos, estas colonias suponen una merma anual del 0,8% del PIB, que se suma al 5% que Israel se ve obligado a gastar en defensa para mantener el statu quo. Si ese dinero se invirtiera en educación, infraestructuras e I+D, produciría un efecto multiplicador en su economía de entre el 1,2% y el 1,8%. Un Estado palestino supondría , por tanto, un importante impulso para el crecimiento económico de Israel.

El momento de mayor esperanza para la paz en Oriente Medio llegó en los años 90, con la firma de los acuerdos de Madrid-Oslo.

Como se aprecia en el gráfico, en los años 90 la esperanza de convivir pacíficamente era mayoritaria (70%) entre palestinos e israelíes. Sin embargo, con la llegada al poder de Hamás y los sucesivos gobiernos de Netanyahu, esa esperanza ha descendido hasta las cuotas actuales, en las que solo un 30% de los palestinos aceptaría un Estado israelí y solo un 25 % de los israelíes aceptaría un Estado palestino.

Si Israel no acepta la creación de un Estado palestino no podrá sobrevivir, ya que 150 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas (77,7% del total) reconocen a Palestina como Estado y 157 (80% del total) apuestan por la solución de los dos Estados. Por su parte, Palestina debe asumir que tiene que convivir con un Estado judío, ya que las condiciones de vida de su población han empeorado significativamente desde la partición del territorio del mandato británico en 1947.

A corto plazo, la confrontación puede parecer que trae más seguridad, pero a largo plazo solo conducirá a la destrucción de Israel. Como dijo Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz; la paz es el camino”.

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Alberto Priego es profesor agregado de la Facultad de Derecho- ICADE, en el Departamento de Derecho Público y en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.

El Gobierno ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la Flotilla a Gaza, y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

Este viernes, Israel informó que la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales se encontraban ya en territorio griego, salvo dos que serían llevados a Israel para ser "interrogados". Saif Abukeshek, de origen palestino, ha sido señalado como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales". Israel no ha concretado los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abukeshek y Thiago Ávila", añadieron posteriormente fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.

En ese contexto, la cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado las fuentes, está en contacto con las autoridades griegas "a todos los niveles" en relación con este episodio.

El mismo jueves, el Ministerio convocó "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión, para trasladarle su "más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla.

España es uno de los países que ha expresado su condena explícita al ataque. Un total de once países lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de los activistas "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió de nuevo el jueves a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel de manera inmediata.

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una Flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X. El líder del Ejecutivo remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".

Centenares de personas, 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se concentraron el jueves en la plaza de Sants para protestar por la interceptación. El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, calificó los hechos como "un nuevo acto de piratería" y denunció que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria".

En paralelo, decenas de ciudadanos se concentraron la tarde del jueves ante las puertas del Ministerio de Exteriores para protestar por el arresto. Convocados por Global Sumud, los manifestantes portaron banderas palestinas y corearon consignas pidiendo el "boicot a Israel" y reivindicando "la lucha el pueblo palestino".

Entre los asistentes se encontraban Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, y el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez.