Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, a cuya llegada ha querido dejar claro que pronto "volverá a hacer las maletas" para reunirse con sus "compañeros" en Turquía.

Abukeshek lo ha explicado así a los medios tras su llegada al aeropuerto El Prat-Josep Taradellas, donde le esperaban familiares, amigos y compañeros de la Flotilla ondeando banderas palestinas y entonando el cántico Free, free Palestine.

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".

"Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad, que haya derechos para todo el mundo. Que los derechos humanos sean para todo el mundo", ha afirmado Abukeshek, quien ha denunciado que "2,3 millones de personas viven en un bloqueo desde hace diecisiete años".

El hispanopalestino, que ha llamado a la sociedad civil a la movilización, ha lamentado que se sigan "bombardeando escuelas y hospitales" en Gaza por parte de un Gobierno israelí "genocida" y que actúa "con la complicidad de otros gobiernos".

Tanto Abukeshek como el activista brasileño Thiago Ávila, también participante de la Flotilla, fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del pasado 30 de mayo y trasladados a Israel.

La ONU había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través del paso de Taba en Egipto. El activista ha volado a Barcelona finalmente este domingo por la tarde en un vuelo procedente de Atenas.

Saif Abukeshek, activista hispanopalestino y miembro de la Flotilla Global Sumud, regresa este domingo a España después de permanecer seis días detenido en una prisión del sur de Israel, adonde llegó tras ser arrestado por la Marina israelí en aguas internacionales el 30 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó antes de la llegada de Abukeshek de que "a priori, dentro de las terribles circunstancias que ha tenido que vivir, se encuentra bien" y reiteró que su detención en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito, informa Efe.

Antes de embarcar desde Atenas, Abukeshek publicó un vídeo en el que llamó a continuar la movilización. “Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres”, dijo. “Hay que seguir movilizándonos, no podemos olvidar a los prisioneros palestinos”. El activista insistió en que la misión “no ha acabado” y recordó que sus compañeros de la Flotilla seguían navegando hacia Gaza.

Adalah, el centro legal pro derechos humanos que representó a Abukeshek en Israel, confirmó a Efe la “liberación y deportación” de ambos activistas, y condenó el proceso como una “flagrante violación del derecho internacional”. La organización denunció el “secuestro en aguas internacionales”, la "detención ilegal en total aislamiento” y los “malos tratos” sufridos durante el arresto.

El activista brasileño Thiago Ávila, también miembro de la Flotilla e igualmente representado por Adalah, abandonó Israel por el cruce fronterizo de Taba hacia Egipto, desde donde volará a Adís Abeba con escala antes de continuar a Brasil.

Ambos habían sido arrestados en la madrugada del jueves 30 de abril durante una operación de la Marina israelí en aguas internacionales. Desde su detención, los dos permanecieron en huelga de hambre; Abukeshek la intensificó la noche del 5 de mayo al negarse también a beber agua. Ninguno de los dos enfrentaba cargos formales, pese a haber sido interrogados durante horas.

El Ministerio israelí de Exteriores los calificó de “provocadores profesionales” y aseguró que no permitirá “ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza”. La ONU había pedido su liberación “inmediata e incondicional” y subrayado que mostrar solidaridad o intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza no constituye delito.

Amnistía Internacional celebró la liberación pero la encuadró en un marco más sombrío. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, la describió como “una excepción en la política de detenciones arbitrarias de Israel”. AI exigió la investigación de las denuncias de torturas, que los responsables no queden impunes, y que la Flotilla pueda continuar “con su misión humanitaria pacífica a salvo de intimidaciones y ataques”.

“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.

La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.

El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.

Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.

Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.

La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.  

Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".

Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.

Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".

En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.

El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.

El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.

Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando. 

Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente. 

Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.

Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.

Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho. 

Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.

Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.

El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.

La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.

Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso. 

Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.

Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.

En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.

Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.

Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Amnistía Internacional ha reclamado la “liberación inmediata e incondicional” de Saif Abukeshek, activista de origen palestino con nacionalidad sueco-española, y del activista brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional de apoyo a la población palestina y de denuncia del bloqueo sobre Gaza.

La organización de derechos humanos ha denunciado que ambos permanecen privados de libertad sin cargos formales y ha alertado de las condiciones de su detención. Según ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales”. Beltrán ha afirmado además que esta situación “pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel”.

Los dos activistas comparecerán el próximo domingo 10 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara durante seis días su detención sin juicio ni imputación formal.

La defensa legal de ambos corre a cargo del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), que ha denunciado amenazas, torturas y malos tratos durante el tiempo que permanecen bajo custodia israelí. Entre las denuncias recogidas figuran intimidaciones, abusos psicológicos, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y revisiones médicas realizados con los ojos vendados.

Tanto Saif Abukeshek como Thiago Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre en protesta por su situación. En el caso del activista hispano-palestino, además, ha dejado también de ingerir líquidos, una circunstancia que incrementa la preocupación sobre su estado de salud.

En declaraciones a infoLibre, la esposa de Saif Abukeshek, Sally Issa, ha asegurado que la situación de ambos activistas está completamente ligada. “Ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final”, ha afirmado. Issa, de origen sirio y nacionalidad sueca, ha explicado que mantiene contacto con Lara, esposa de Thiago Ávila, y destaca la coordinación entre los gobiernos de España y Brasil para exigir la liberación de ambos detenidos.

Issa ha relatado además las dificultades que atraviesa su marido durante la detención. Según ha contado a infoLibre, Saif apenas tenía acceso a agua potable, una de las razones por las que ha decidido dejar de beber. “Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible”, ha denunciado. La esposa del activista asegura haber trasladado esta información directamente al equipo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La mujer del activista palestino-español también valora el respaldo recibido por parte del Ejecutivo español. “El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales”, ha sostenido en la  conversación con infoLibre.

Amnistía Internacional ha recordado el historial de abusos documentados contra personas palestinas detenidas por Israel y ha mostrado una especial preocupación por el caso de Saif Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus, en la Cisjordania ocupada. Abukeshek reside desde hace unos veinte años en España y vive actualmente en Barcelona junto a Sally Issa y sus tres hijos.

En la entrevista con infoLibre, su esposa ha descrito, además, el impacto de la detención sobre la familia. “Lo que más me duele son nuestros hijos”, ha dicho. El mayor, de ocho años, conoce ya la situación de su padre, mientras que el hijo mediano cumplió seis años el mismo día de la detención y no pudo hablar con él.

Amnistía Internacional también ha instado al Gobierno español a mantener la presión diplomática y la asistencia consular al activista. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó públicamente a Israel de “violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y reiteró su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle la “más enérgica condena” del Ejecutivo español por la detención del activista y exigir su liberación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saif Abukeshek recibe asistencia continuada y visitas diarias del consulado español.

Los hechos se remontan al pasado 30 de abril, cuando el ejército israelí interceptó al menos 22 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a unas 180 personas tripulantes en aguas internacionales cerca de Grecia. Según la información disponible, Israel bloqueó además los canales de comunicación de la flotilla, impidiendo la coordinación entre barcos y la solicitud de ayuda.

Amnistía Internacional considera que la interceptación de la flotilla y la posterior detención de decenas de activistas constituyen una violación del derecho internacional. La organización reclama además el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza y pide a la comunidad internacional “medidas concretas” para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina.

La mirada de Sally Issa impresiona por su serenidad, difícil de imaginar en medio del vértigo de estos días. De origen sirio, se casó en 2014 con Saif Abukeshek, el activista palestino nacionalizado español y miembro de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, secuestrado ilegalmente junto a Thiago Ávila por el Ejército israelí en aguas del Mediterráneo. Protegida por su inseparable kufiya palestina, nos recibe en el municipio catalán en el que reside. "Yo no estoy muy involucrada en la política. Pero ahora veo que es importante tener una idea", cuenta.

En estos días de incertidumbre y espera, Sally Issa habla sin odio ni deseos de venganza. Solo de resistencia, solidaridad y movilización civil. Convencida de que la defensa de los derechos humanos y las libertades, igual que la indignación, pueden ser un motor de la historia. 

Ahora tiene una ventaja enorme: contar con un Gobierno sensible a la situación que estás viviendo. Mucha gente vuelve a su país y no encuentra ni el apoyo de su propio Gobierno.

Es cierto, eso cambia mucho las cosas. 

¿Cómo conoció a Saif? 

Los dos colaborábamos en un movimiento internacional de jóvenes palestinos, del que él fue fundador y organizador. Yo vivía entonces en Suecia, tengo la nacionalidad sueca, y formaba parte de un grupo. Fue trabajando en ese movimiento de solidaridad con Palestina como nos conocimos. 

¿Cuándo salió él de Palestina? 

No recuerdo exactamente el año, pero tenía alrededor de 20 o 22 años. 

¿Ambos militaban desde que eran muy jóvenes? 

Cuando tu origen es palestino, naces con el conflicto, lo vives desde el minuto uno. O incluso antes. Saif luchó siempre por Palestina y yo también. No es algo que hayamos empezado ahora. 

¿Llegaron directamente a Cataluña?

Sí. Durante diez años Saif había trabajado en diferentes sitios de España y luego encontró trabajo en Barcelona. Por eso estamos aquí. 

¿Ha sentido que aquí ha tenido una buena acogida?

Sí. Siempre hago una comparación con Suecia. Y la verdad, me siento mejor aquí. Con más apoyo y con gente que me entiende. Me siento más libre para expresarme. 

A raíz de lo sucedido, ¿las autoridades catalanas se han puesto en contacto con usted para ofrecerle ayuda o soporte? 

A nivel personal, sí. Hace dos días tuve una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Un cara a cara. Me ofreció el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para todo aquello en lo que pueda ayudarnos y también para movilizar. 

¿Es el único apoyo que ha tenido por parte de las autoridades catalanas?

Sí. 

¿Y del Gobierno nacional? 

Me reuní con el ministro Albares el martes pasado. Fue muy positivo. También sus declaraciones contra las acusaciones de Israel a Saif. Les dijo: “Sabemos que no hay nada. Y si tenéis algo, ponedlo sobre la mesa. Vamos a proteger a nuestros ciudadanos”. 

Me dio contacto directo con su director de gabinete. Ayer mismo, por ejemplo, les envié la información de que Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible. Cuando va al interrogatorio pide un vaso de agua y tiene que esperar hasta el siguiente interrogatorio para poder pedir otro. 

¿Le tranquiliza saber que hay un seguimiento por parte de las autoridades españolas? 

Sé que el ministro está en contacto diario con el cónsul y que el cónsul estuvo tanto en el centro de detención como en las visitas al tribunal. Fue el primer contacto con Saif cuando llegaron a Israel. Pero no hay tranquilidad posible con Israel, no hay garantías con ellos. Aun así, ese control es importante. Yo no tengo la nacionalidad española, soy sueca, y pienso que si yo fuese en la próxima Flotilla no tendría nadie que me protegiera. Por eso valoro mucho lo que está haciendo el Gobierno español. 

En medio de todo esto, ¿qué es lo que le da fuerza o esperanza? 

Siempre tenemos esperanza. Vamos a liberar toda Palestina. Esta no es solo la causa de Saif y Thiago. Es algo mucho más grande. 

Otro punto importante es que Thiago cuenta con el apoyo del Gobierno de Lula en Brasil y que ambos gobiernos estén cooperando en la misma línea… 

Sí, porque ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final.

¿Está en contacto con Lara, la esposa de Thiago? 

Sí, claro. No sé si habéis visto las noticias de que murió la madre de Thiago. Creo que esta noche. Estaba enferma. Intenté hablar con Lara, pero no respondió de momento. 

Saif iba en un barco como observador, no tenía previsto llegar hasta Palestina, ¿verdad? 

Sí, el de Saif era un barco de observación. Se trasladaba de un barco a otro para reuniones o para hablar. Había una embarcación pequeña con la que se movían entre barcos. No tengo mucha información de esa logística, pero oficialmente estaba en un barco de observación. Saif quería apoyar el viaje de la Flotilla, pero su condición de palestino lo hacía más vulnerable. Y nosotros no teníamos ningún plan sobre qué hacer si lo detenían. Esa posibilidad no estaba sobre la mesa. 

¿Cree que por eso lo interceptaron tan lejos de Palestina?

Sí, esa es mi opinión personal. 

¿Qué significa para usted que Israel haya prorrogado seis días más la detención? 

Israel no tiene acusaciones concretas. Todo son sospechas y falsedades. No tienen nada. Por eso están prorrogando. Si tuviesen algo, podrían decir: “hay una lista de acusaciones y vamos a seguir con el tribunal. El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales. 

¿Qué opinión les merece a los abogados esa prórroga?

Los abogados solo se refieren a hechos. Yo confío en Saif. Sé que tiene fuerza para aguantar. Y también tengo esperanza en la movilización civil. El problema no es Saif y Thiago. El problema es Palestina. La gente está entendiendo que esto va mucho más allá. 

¿Qué tipo de abogados llevan el caso de Saif y Thiago? 

Son abogados israelíes, pero palestinos, especializados en defensa de derechos humanos y de palestinos. Trabajan bajo el derecho israelí, pero también en base a la ley internacional. Por ejemplo, mantener a Saif y Thiago con los ojos vendados también es ilegal en Israel. 

Después de la reunión con el ministro Albares creo que puede lograrse más si es necesario. Tienen sus maneras diplomáticas y sus protocolos, pero el contacto directo con el director de gabinete me hace pensar que el Gobierno español podría ayudar más si fuera necesario. 

¿Ha podido hablar directamente con su esposo? 

No. 

¿Cómo vive el día a día en una situación así? 

Con mucha fuerza. Es una situación muy dura. Lo que más me duele son nuestros hijos. Tenemos tres niños. 

¿Saben lo que está pasando?

Sí. El mayor tiene ocho años, va a la escuela y todos hablan sobre su padre. Tuve que hablar con él, contarle, explicar. Y también darle esta fuerza que yo siento. Es un niño de ocho años que vive aquí, en un pueblo pequeño, y sabe lo que está pasando. Pero al mismo tiempo es difícil para él entenderlo como nosotros. El mediano tiene seis años, los cumplió el día del secuestro y no pudo hablar con su padre. El pequeño tiene dos años.

¿Qué mensaje le parece importante para cerrar esta entrevista? 

Hay que seguir movilizándose, no olvidar Palestina, denunciar la ocupación ilegal, el genocidio. 

La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, alabó la postura de España ante la "injusticia" que viven los palestinos y contrapuso su política a la de la Unión Europea (UE), "una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los intereses de las corporaciones por encima de las personas".

"España hoy en día está prácticamente sola frente a la abominación, no solo en Gaza", sino también en otros territorios como Líbano e Irán, dijo este miércoles Albanese a preguntas de los periodistas ante el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, ubicado en el Museo Reina Sofía de Madrid.

En una visita a la capital española, Albanese agradeció "al pueblo español, a las instituciones españolas, al Gobierno español y a las universidades españolas por hacernos sentir normales al creer que existe la posibilidad de mantener una postura firme y defender nuestros principios ante la injusticia".

Y dijo ver a España "como el comienzo de un cambio desde dentro de Europa hacia un multilateralismo descolonizado".

La visita de la relatora al Reina Sofía coincidió con la petición remitida a la Comisión Europea por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) no tengan efecto en la UE.

Preguntada sobre si espera que la Comisión Europea atienda la solicitud de Sánchez, Albanese dijo que esperanza "no es la palabra adecuada" para describir lo que siente al observar cómo obra ese organismo en torno a las sanciones impuestas por Estados Unidos ante quienes, como ella, piden "justicia" para los que han sufrido el "genocidio" de Israel.

"Esperanza no es lo que tengo en mente, pero, una vez más, lo que tengo en mente es el Estado de derecho. Y lo que el presidente Sánchez ha pedido hoy es precisamente respeto al Estado de derecho. Estados Unidos debe levantar las sanciones", abundó Albanese.

Dijo, no obstante, que sigue "confiando", quizá "ingenuamente", en el "sistema del Estado de derecho".

"Si todos lo defendemos, funcionará, pero ello empieza por las personas que se mantienen firmes y por los gobiernos que hacen su trabajo", apostilló.

Albanese también mencionó la demanda civil que su familia presentó en febrero ante un tribunal federal de Estados Unidos por las sanciones impuestas contra su persona.

"Mi hija está demandando a la administración (del presidente Donald) Trump; qué revelador es que una niña de 13 años tenga las agallas de hacer lo que toda la comunidad internacional no ha tenido el valor de hacer: llevar al presidente Trump ante la justicia", reprochó la experta italiana.

Según explicó, "las sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa" porque "no existe soberanía europea" en lo que respecta al sistema bancario.

Y resumió que "se trata de una técnica de intimidación al estilo de la mafia para", así, "silenciar a la gente" y "forzar a la gente a obedecer".

Los manuales de periodismo afirman que el hecho de que un perro muerda a una persona no es noticia. Quizá, que suceda al revés, sí. Que una persona muerda a un perro. También, buscando el 'aspecto humano' de la mordida podría alcanzar el nivel de ser un hecho informativo: que la persona mordida fuera un niño, que mordiera a la persona dueña, que el motivo aparente de la mordida fuera que se había puesto la Quinta Sinfonía de Beethoven, etc.

Nos encontramos ante un hecho repetido, varias veces repetido por los mismos sujetos. Israel ataca, secuestra y hace prisioneros a internacionalistas que iban por aguas internacionales, en barcos no militares, de forma pacífica a entregar ayuda humanitaria a la población de la palestina Gaza y a darles un abrazo de solidaridad.

Desde el ataque pirata israelí del Mavi Marmara en 2010 y la conformación de la Freedom Flotilla, donde Rumbo a Gaza es uno de los integrantes, ha habido múltiples mordidas (impunes) del régimen israelí.

Los barcos de las diferentes flotillas, los actuales atacados de la Global Sumud Flotilla, 

Aún más. ¿Dónde están los defensores de la libertad de movimientos cuando se refieren al Estrecho de Ormuz? Si se sustituyera, 'Estrecho de Ormuz' por 'Palestina, Gaza o toda Palestina' veríamos la doble vara de medir de nuestros gobiernos.

Contra esa doble vara de medir lucha Rumbo a Gaza, la Freedom Flotilla, las diferentes flotillas como la Sumud.

Sí, el ejército israelí mata en Gaza y Cisjordania, Líbano e Irán y repite secuestros a barcos solidarios e internacionalistas. Nuestros gobiernos ¿serán coherentes y sancionarán al régimen israelí o seguirán mirando a otro lado, cínicamente, como hasta ahora?

Estos días esperamos si cambia la respuesta dada hasta ahora y defienden el derecho internacional, cortan el comercio de armas y securitario, se enfrentan como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, rompiendo vínculos comerciales y de otro tipo con Israel y sancionan a las empresas cómplices de la colonización sionista.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

El detonante de la crisis que actualmente enfrenta a España e Israel fue el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español en mayo de 2024. En el contexto de la actual espiral bélica, que solo beneficia al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a sus socios extremistas, estos últimos han impuesto una narrativa en la que atribuyen a Hamás el éxito que supuso el reconocimiento del Estado palestino.

Sin embargo, un Estado palestino viable y pacífico tendría grandes beneficios para Israel. A continuación, analizo cuáles serían los aspectos positivos del escenario de los dos estados.

A pesar de las declaraciones de Netanyahu, del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y del de Finanzas, Bezalel Smotrich, el único camino viable de Israel para obtener más seguridad es la paz con los árabes.

Desde que el Tzahal –las fuerzas de Defensa israelíes– entró en el Líbano en 1978 para expulsar a los fedayines o combatientes palestinos y evitar atentados, Israel ha invadido el país del cedro hasta en cinco ocasiones. El resultado ha sido nefasto, ya que, con la única excepción de los años en los que se retiró del Líbano, Israel no ha estado más seguro.

Si nos centramos en el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá, vemos que esta tendencia no ha hecho más que aumentar, hasta alcanzar récords históricos desde el 7 de octubre de 2023.

Lo mismo ocurre con Gaza. A comienzos de siglo, Hamás lanzaba unos 650 misiles al año y, tras cinco invasiones, la destrucción de la Franja y la muerte de unos 75.000 gazatíes, Israel no ha logrado frenar esos ataques. De hecho, desde el 7 de octubre de 2023, Hamás ha sido capaz de lanzar 15.792 misiles al año, lo que lleva a pensar que la invasión no ha servido para dar más seguridad a los isralíes.

Esta situación de inseguridad creciente contrasta frontalmente con la que Israel mantiene con Jordania y Egipto: tras los acuerdos de 1978 y de 1994, los israelíes viven en paz con egipcios y jordanos. Por lo tanto, frente a lo que predica Netanyahu, la estrategia de confrontación de Israel con Hamás y con el Líbano no solo no ha traído la paz, sino más inseguridad.

Uno de los problemas más serios de un Estado es la pérdida de su reputación. A nivel internacional, Israel está sufriendo una campaña de desprestigio que tiene como epicentro la ocupación de Cisjordania y la posterior invasión de Gaza.

Si Palestina fuera un Estado y este hubiera sido reconocido por Israel, esta campaña carecería de sentido y los defensores del BDS –Boicot, Desinversión y Sanciones– no encontrarían eco. A medio plazo, Israel podría estar presente en muchos foros donde hoy no está o en los que su participación ha generado problemas: la Bienal de Venezia, la Vuelta Ciclista a España o Eurovisión.

Lo mismo ocurre con las relaciones diplomáticas de Israel. A día de hoy, mantiene abiertas crisis diplomáticas con España, Noruega, Irlanda, Baréin y Brasil. En todos estos casos se ha producido una degradación de la representación diplomática o incluso la retirada de los embajadores. Un Estado palestino reconocido por Israel evitaría estos problemas de legitimidad internacional y normalizaría sus relaciones con todo el resto del mundo.

También ocurre con los vecinos. La exitosa y acertada estrategia diplomática que llevó a la firma de los Acuerdos de Abraham ha quedado pulverizada por las bombas que han arrasado Gaza tras el 7-O.

Los casi 30 años invertidos en la normalización de relaciones diplomáticas con los países del golfo Pérsico se destruyeron en pocas semanas, lo que, en términos de reputación internacional, debe considerarse un sonoro fracaso. Descendiendo a lo concreto, Arabia Saudí ha expresado claramente la condición que pone para retomar las negociaciones: el reconocimiento del Estado palestino.

El Banco Mundial ha calculado que el coste acumulado de las colonias de Cisjordania es de unos 20.000 millones de dólares, a los que habría que añadir unos 2.000 millones anuales que Israel deber destinar a seguridad, inteligencia y control de las fronteras.

En términos económicos, estas colonias suponen una merma anual del 0,8% del PIB, que se suma al 5% que Israel se ve obligado a gastar en defensa para mantener el statu quo. Si ese dinero se invirtiera en educación, infraestructuras e I+D, produciría un efecto multiplicador en su economía de entre el 1,2% y el 1,8%. Un Estado palestino supondría , por tanto, un importante impulso para el crecimiento económico de Israel.

El momento de mayor esperanza para la paz en Oriente Medio llegó en los años 90, con la firma de los acuerdos de Madrid-Oslo.

Como se aprecia en el gráfico, en los años 90 la esperanza de convivir pacíficamente era mayoritaria (70%) entre palestinos e israelíes. Sin embargo, con la llegada al poder de Hamás y los sucesivos gobiernos de Netanyahu, esa esperanza ha descendido hasta las cuotas actuales, en las que solo un 30% de los palestinos aceptaría un Estado israelí y solo un 25 % de los israelíes aceptaría un Estado palestino.

Si Israel no acepta la creación de un Estado palestino no podrá sobrevivir, ya que 150 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas (77,7% del total) reconocen a Palestina como Estado y 157 (80% del total) apuestan por la solución de los dos Estados. Por su parte, Palestina debe asumir que tiene que convivir con un Estado judío, ya que las condiciones de vida de su población han empeorado significativamente desde la partición del territorio del mandato británico en 1947.

A corto plazo, la confrontación puede parecer que trae más seguridad, pero a largo plazo solo conducirá a la destrucción de Israel. Como dijo Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz; la paz es el camino”.

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Alberto Priego es profesor agregado de la Facultad de Derecho- ICADE, en el Departamento de Derecho Público y en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.

El Gobierno ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la Flotilla a Gaza, y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

Este viernes, Israel informó que la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales se encontraban ya en territorio griego, salvo dos que serían llevados a Israel para ser "interrogados". Saif Abukeshek, de origen palestino, ha sido señalado como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales". Israel no ha concretado los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abukeshek y Thiago Ávila", añadieron posteriormente fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.

En ese contexto, la cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado las fuentes, está en contacto con las autoridades griegas "a todos los niveles" en relación con este episodio.

El mismo jueves, el Ministerio convocó "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión, para trasladarle su "más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla.

España es uno de los países que ha expresado su condena explícita al ataque. Un total de once países lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de los activistas "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió de nuevo el jueves a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel de manera inmediata.

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una Flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X. El líder del Ejecutivo remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".

Centenares de personas, 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se concentraron el jueves en la plaza de Sants para protestar por la interceptación. El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, calificó los hechos como "un nuevo acto de piratería" y denunció que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria".

En paralelo, decenas de ciudadanos se concentraron la tarde del jueves ante las puertas del Ministerio de Exteriores para protestar por el arresto. Convocados por Global Sumud, los manifestantes portaron banderas palestinas y corearon consignas pidiendo el "boicot a Israel" y reivindicando "la lucha el pueblo palestino".

Entre los asistentes se encontraban Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, y el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez.

El distanciamiento entre Israel y los países de la Unión Europea es lento pero progresivo desde que España, Irlanda y Noruega —este último país aliado no comunitario— reconocieron a Palestina como Estado en mayo de 2024. Entonces, aquella era aún una postura minoritaria y controvertida entre los Veintisiete que levantó críticas, pero pronto otros países como Eslovenia, y posteriormente Francia, Bélgica, Luxemburgo y Malta, la imitaron.

Ahora, Italia ha decidido suspender el acuerdo de cooperación militar con Tel Aviv, vigente desde 2025 y que debe renovarse cada cinco años. Guido Crosetto, ministro de Defensa, notificó en una carta formal a su homólogo israelí que el pacto se pondrá en cuarentena, afectando a 11 artículos de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en defensa, investigación militar o desarrollo de capacidades conjuntas.

La realpolitik, en un contexto internacional cada vez más tensionado donde los conflictos bélicos van en aumento desde hace un lustro, está trastocando las posturas tradicionales de países y partidos políticos europeos. Tras las críticas de gobiernos progresistas o liberales, como el español, el esloveno o el irlandés, ahora es Italia, con un Ejecutivo de extrema derecha, o son formaciones y políticos ultras quienes empiezan a distanciarse de Israel.

Giorgia Meloni ha asumido personalmente la decisión de cortar amarras con Israel. “En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, anunció la primera ministra italiana. La semana pasada, Roma convocó al embajador israelí después de que las fuerzas armadas hebreas dispararan contra un convoy de cascos azules trasalpinos en Líbano. A ello se sumaron los “ataques inaceptables” contra civiles libaneses denunciados por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que provocaron una protesta formal de Tel Aviv.

Italia podría modificar ahora su postura sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, algo que ha solicitado formalmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso una suspensión parcial de sus disposiciones tras concluir que las fuerzas armadas israelíes habían vulnerado los derechos humanos en Gaza. Desde entonces, la iniciativa sigue bloqueada, pero si Italia cambia el sentido de su voto alteraría las mayorías dentro del Consejo al ser uno de los países más poblados de la Unión.

El próximo martes, los ministros de Exteriores de los 27 estudiarán imponer nuevas sanciones al Gobierno de Benjamin Netanyahu por la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, los ataques indiscriminados en el sur del Líbano y la posibilidad de adoptar también sanciones comerciales. La Comisión tiene además desde este semana una petición ciudadana firmada por más de un millón de europeos para suspender ese acuerdo bilateral, y no sólo las partes comerciales o de colaboración en proyectos de I+D.

La suspensión del acuerdo de defensa por parte de Italia afecta al tercer proveedor de armas a Israel, por detrás de Estados Unidos y Alemania, aunque este negocio sólo supone un 1,3% de las importaciones de armas de ese país. En agosto de 2025, Eslovenia se convirtió en el primer país europeo en formalizar un embargo total de armas a Israel. Un mes después lo hizo España, Bélgica lo aplicó para las exportaciones desde la región de Valonia y, posteriormente, prohibió cualquier movimiento de material militar con dirección Israel desde el puerto de Amberes.

El pasado fascista de la extrema derecha trasalpina, —ya sea en Fratelli d'Italia, heredero del Movimiento Social Italiano, o de forma menos explícita en La Lega—, así como el colaboracionismo nazi del lepenismo francés, distancian a estos movimientos de un apoyo cerrado a Israel, más habitual en la democracia cristiana y en el conservadurismo europeos. Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano explica a infoLibre “que es bastante ambiguo” sostener que la extrema derecha haya sido más proisraelí. “Muchas veces lo han sido precisamente por apoyar a la Administración Trump”. García Encina añade además que ese distanciamiento, o al menos esas dudas respecto a Israel, “es incluso anterior al Gobierno de Netanyahu” y a la guerra abierta en Oriente Medio.

La reorientación que Marine Le Pen realizó del Front National para convertirlo en el Rassemblement National posibilitó al partido abandonar sus posturas antisemitas para presentarse como defensor del Estado de Israel. Su delfín, Jordan Bardella, llegó a visitar ese país hace un año. Pero recientemente la líder ultra francesa ha exigido a Tel Aviv que “respete las reglas del derecho internacional, especialmente en los conflictos armados”, en un reproche claro a su actuación en Gaza y Líbano, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Macron que proteja a Israel, “a su población y su soberanía”.

En Polonia, el distanciamiento entre elementos de su extrema derecha e Israel también es visible. El diputado Konrad Berkowicz, uno de los líderes de la formación ultra KORWiN, Nueva Esperanza, ha mostrado en su Parlamento una bandera del Estado judío con la Estrella de David reemplazada por la esvástica mientras acusaba a ese país de ser un “nuevo tercer Reich” por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos en Gaza. En Hungría, el cambio de Gobierno sustituirá un aliado incondicional como era Viktor Orbán por un nuevo primer ministro también de derechas, que deberá posicionarse en el debate europeo.

A preguntas de infoLibre, el también investigador de Elcano, Federico Molina, señala la división ideológica entre formaciones de extrema derecha en la UE, “una paradoja interesante, porque además es muy difícil juntar el agua y el aceite de derechas nacionalistas húngaras, eslovacas o francesas” al explicar la diferente posición sobre Israel o la Administración Trump y cómo, ante la actual coyuntura internacional, estos partidos vuelven a enfocarse en los problemas internos domésticos y mismo europeos ya que “vender a tu electorado una globalización o cosas que son completamente ajenas a su agenda tiene, a mi juicio, muchas limitaciones y creo que la europeización de estos grupos va a seguir avanzando”.

“Hay quien interpreta la elección del domingo en Hungría como la prueba de que Orbán se había vuelto demasiado globalista y había abandonado el discurso conservador húngaro tradicional para abrazar agendas llegadas de Estados Unidos o de Israel”, dice Molina, que enmarca también en esa lógica “la reacción de las últimas horas en Italia, con un Gobierno cerrando filas” frente a Trump o Israel. Esa renacionalización de los ultras europeos los está alejando del belicismo y de las ambiciones territoriales de Tel Aviv en Oriente Medio y, por tanto, de un apoyo sin fisuras.

Este domingo, el Moll de la Fusta de Barcelona volvía a ser el epicentro de la acción humanitaria. La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpaba con destino Gaza, pero las condiciones meteorológicas impedirán que la misión se adentre en aguas internacionales como ha explicado Thiago Ávila. "Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia", decía Ávila, pero los planes harán que la misión humanitaria parta del Moll de la Fusta y amarre en otro puerto barcelonés.

La previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, con una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de un centenar de países, entre los que se encuentran médicos, educadores, voluntarios e investigadores.

Esta nueva misión supera ampliamente la del año pasado. Desde la organización reconocen que navegan “no a pesar de la guerra, las escaladas, las amenazas y los frágiles y quebrantados alto el fuego, sino debido a ellos” porque para los organizadores “esperar cuesta vidas".

Como novedad con respecto a la misión del pasado septiembre, en esta se incluye un convoy terrestre que salió de Mauritania este viernes. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla está previsto que llegue a Gaza hacia el 20 de abril, con una escala de una semana en el sur de Italia.

La Global Sumud Flotilla surgió en 2025 como una alianza de diferentes ONG como Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, la Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara. La palabra que vertebra todo procede del árabe, Sumud, que significa “firmeza” o “perseverancia constante”.

La propia flotilla se define como un movimiento global integrado por ONG, trabajadores humanitarios, médicos o estudiantes “unidos para defender la dignidad humana y el derecho internacional, independiente de cualquier gobierno y sin afiliación política”, asegura la propia organización. 

Compuesta por un crisol de profesionales que tienen el objetivo de ayudar al pueblo palestino, su Comité Directivo internacional está integrado por figuras como Thiago Ávila, que fue detenido tras la interceptación de la flotilla en 2025; Saif Abukeshek, activista palestino-catalán afincado en Barcelona con más de veinte años de trabajo en la ONG Palestina en Europa; Susan Abdallah, concejala noruego-palestina; la italiana Maria Elena Delia, física y coordinadora de la delegación italiana; y la activista alemano-turca Sümeyra Akdeniz Ordu.

Entre las entidades que participarán en la botadura se encuentran Greenpeace, Open Arms, Urgence Palestine, Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, la Comunitat Palestina de Catalunya, Pallasos en Rebeldía, el Sindicat de Llogateres, la CGT, el USTEC y el Centre Delàs. 

Para esta nueva misión, Greenpeace pone a disposición de la organización como apoyo marítimo, técnico y logístico su Arctic Sunrise, un rompehielos de 50,5 metros de eslora con capacidad para 30 personas que forma parte de la organización desde 1995.

A la flotilla también se suma Open Arms. Gerard Canals, jefe de operaciones de la ONG española de rescate en el mar, explicó en la rueda de prensa celebrada en el Parlament de Catalunya que la organización aportará su buque homónimo como "apoyo técnico, logístico y sanitario". 

No es la primera vez que la ONG intenta romper el bloqueo a Gaza. Ya hubo un primer intento junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios. 

Canals justificó la decisión de la ONG de Camps de participar con un barco en que “no posicionarse es permisividad. Nos sumamos para actuar y no solo para mirar". Pero el jefe de operaciones advierte de que “no sería la primera vez que se nos ha imposibilitado” la navegación sin limitaciones y ha pedido a la Dirección General de la Marina Mercante permiso para navegar libremente.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, aseguró que “el consistorio apoya esta misión colaborando tanto en su viabilidad económica como en el acompañamiento institucional y logístico necesario para hacer posible el evento" y, para esta salida hacia Gaza la aportación municipal se incrementará un 60% respecto a la iniciativa del pasado año.

La rama española de la flotilla ha logrado recaudar para esta singladura cerca de 30.000 euros en la plataforma de crowdfunding Chuffed, muy cerca de los 35.000 que ha conseguido la agrupación Global Sumud Arabian Gulf, la delegación que más aporta. El conjunto del proyecto ha conseguido sobrepasar los 450.000 euros.

Ariadna Masmitjà, una de las responsables de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, celebró que Barcelona vuelva a ser el epicentro de la misión, pero denunció el impacto directo en Cataluña de lo que ocurre en Palestina. Cargó contra el aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales. Señaló al Banco Santander, BBVA y CaixaBank por "financiar la industria militar mientras especulan con la vivienda", y a la multinacional ICL por "proveer el fósforo blanco para las bombas sionistas del genocidio en Gaza mientras contamina las aguas catalanas".

Desde la organización defienden que no se trata de una iniciativa externa de solidaridad, sino de una respuesta a un mandato: "La sociedad civil palestina ha instado a los movimientos de solidaridad internacional a movilizarse. Su voz guía cada decisión que tomamos".

La GSF denuncia que el contexto regional ha empeorado: "A medida que la atención mundial se ha ido desplazando hacia el conflicto regional más amplio, el régimen israelí ha intensificado su agenda genocida, endureciendo el bloqueo, estrangulando la ayuda, ampliando los asentamientos, acelerando el robo de tierras y enterrando sus crímenes de guerra bajo el caos".

La directora ejecutiva de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, Ghiwa Nakat, destaca el posicionamiento de su organización y el apoyo a la flotilla contra “los crímenes de guerra, la hambruna intencionada, la limpieza étnica, el genocidio y el ecocidio. Esta flotilla es un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a su silencio, protejan la acción humanitaria y actúen con urgencia”.

Además, no se ha querido olvidar de “la devastación que ahora se extiende a Líbano y que ya ha sufrido Gaza a través de una destrucción implacable y un sufrimiento humano cada vez mayor”.

La misión busca establecer una presencia permanente y especializada. A bordo irán personal sanitario, constructores, investigadores y otros miembros de la sociedad civil preparados para trabajar junto al pueblo palestino en la reconstrucción de la Franja.

Las exigencias políticas de la flotilla están fundamentadas en el derecho internacional. Las peticiones van desde la “apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente hacia Gaza”, como se pidió en la primera misión, hasta que la reconstrucción de la Franja sea “liderada por palestinos, libre de control extranjero, condiciones políticas y desplazamientos”. 

Tambíen exigen la “rendición de cuentas por genocidio mediante la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)”, contra Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno.

La primera expedición de la flotilla arrancó el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Entre los pasajeros figuraban la activista medioambiental Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. Las embarcaciones transportaban –al igual que ahora– agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos.

Una semana más tarde, en Túnez, los barcos Family y Alma fueron abordados mientras estaban fondeados, pero a medida que la flota avanzaba, más de 15 drones llegaron a atacar las embarcaciones.

España e Italia despacharon buques de guerra como gesto de protección: la fragata italiana Virginio Fasan y la española Furor pusieron rumbo a la flotilla hasta que se tuvieron que retirar a escasas millas de la zona de exclusión israelí.

La noche del 1 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron la flotilla a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Usaron cañones de agua, cortaron comunicaciones, abordaron los barcos a punta de pistola y confiscaron la mayor parte de la flota al amanecer. Israel detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. 

La respuesta de la organización fue entonces la misma que ahora: "Vamos con más personas, más barcos y más fuerza frente a la represión", dijo Abukeshek al ser preguntado por una posible detención.

El Ejército israelí mató este domingo al menos a cinco personas en dos ataques en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado octubre, mientras intensificaba también sus bombardeos sobre el Líbano, donde se registraron varios muertos, heridos y cientos de zonas destruidas en Beirut y el sur del país.

En Gaza, cuatro hombres murieron de madrugada en un ataque con dron contra un grupo reunido cerca de la plaza Shawa, en el este de la ciudad. Horas después, un joven palestino con discapacidad falleció por disparos en Jan Yunis, donde además fue recuperado otro cadáver por los equipos de rescate. A estas víctimas se suma un muerto y cinco heridos registrados el día anterior tras un bombardeo contra un vehículo en el campamento de Al Maghazi.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 720 gazatíes han muerto en ataques casi diarios, según el Ministerio de Sanidad local. Más de 200 de esas víctimas se produjeron cerca de la denominada “línea amarilla”, donde Israel mantiene el control de amplias zonas del enclave. En total, la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023 ha dejado cerca de 72.300 palestinos muertos, entre ellos más de 20.000 niños, en un contexto denunciado como genocidio por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

En paralelo, la aviación israelí lanzó este domingo intensos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, donde al menos un edificio residencial fue completamente destruido en el barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando un número indeterminado de víctimas. Los ataques, que se produjeron en varias oleadas, generaron columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital libanesa.

Las autoridades israelíes habían emitido previamente órdenes de evacuación para zonas del sur de Beirut, especialmente en el barrio de Ghbeiri, alegando la presencia de infraestructuras del grupo chií Hezbolá. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, entre ellos el Hospital Universitario Rafik Hariri.

Por otro lado, el Ejército libanés anunció este domingo la muerte de uno de sus militares en un ataques israelí contra la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital libanesa.

"El Comando del Ejército lamenta la pérdida del cabo Husein Ali Nahle, quien murió en acto de servicio el 5 de abril de 2026, como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Kfar Hatta", dijo un comunicado de la institución castrense.

Se desconoce si el militar muerto forma parte de las siete personas, incluida una niña de cuatro años, que el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó este domingo que han perdido la vida en un bombardeo israelí en Kfar Hatta.

Al menos 1.422 personas murieron y otras 4.294 resultaron heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según informó este sábado el Ministerio de Salud del país árabe. EFE

Nuestro año occidental se para por primera vez en la Semana Santa. Ahora no parece tiempo de mirar hacia atrás, y nos vamos si podemos, a asomarse al mar o a la montaña, porque son tres días la vida y la frenada. Qué otra cosa podemos hacer. Pero cómo hemos llegado hasta aquí. Arrancó el año y en la madrugada del día tercero, Donald Trump atacó Venezuela. Se capturó a Maduro. Murieron decenas de militares y civiles. Cambió el régimen. Hace tanto de eso y no hace nada. Es la invasión del ayer. El día 28 de febrero de este mismo año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, se abrió el conflicto en Oriente Medio, miles de muertos y desplazados. Continúa. No termina la violencia sobre el pueblo palestino. Centenares de personas han muerto desde el alto el fuego. Más de setenta mil personas desde el inicio del genocidio. Cuántos son niños y niñas. Y aquí estamos, haciendo un recuento alejado y midiendo de qué forma las consecuencias pueden tocarnos en los días de libranza. Es que la gasolina está por las nubes. 

Una nueva verborrea soltó entonces, era mediados de marzo: “Toda mi vida he oído hablar sobre EEUU y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Realmente creo que tendré el honor, sí, el honor, de tomar Cuba. Eso sería algo bueno. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”. Puede hacer lo que quiera. La palabrería fanfarrona y simplona no es inocua, si vemos que cada mes de este año se prende fuego a un nuevo conflicto.

Fue entonces, el día 20 de marzo, cuando la banda sonora de la revolución para los que no hemos participado ni después padecido revolución ninguna, el cantautor Silvio Rodríguez escribió un post en su blog del que contó después que no esperaba las consecuencias que tuvo: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy serio”. Y el kalashnikov le fue concedido de forma inmediata en el Día Nacional de la Defensa. Se lo entregó el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba delante del presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel. Y Silvio, el autor de El necio, el que canta que lo arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que ronda los ochenta años, quizá dejó de pensar que “la guitarra del joven soldado” era su mejor fusil para agarrar el arma de asalto soviética y hacerse una fotografía que dio la vuelta al mundo en medio de la crisis entre La Habana y Washington. A mí me cuesta pensarlo más allá del símbolo, porque aquella revolución ya no puede ser más esta, se ha venido abajo para la gente. Pero cuál es. Hace unos días, Cuba indultó a dos mil presos. 

Es sábado previo al domingo de resurrección, no se sabe a veces ya de quién, pero aquí estamos, organizando nuestras vacaciones en torno a las fechas de los cristianos. Cuesta romper con lo heredado, sean los días que vertebran nuestras fiestas o sea una revolución ya lejana, y hoy fallida. Qué difícil es desnudarse y exponer las contradicciones en un espejo. Ayer salió una procesión en San Sebastián, desde donde escribo, después de cincuenta años sin sacar ningún paso por la ciudad. No tiene nada que ver, pero también cuesta el encaje del presente. Si has llegado hasta esta línea, nos hemos detenido, hemos mirado algo hacia atrás, la incertidumbre que nos deja este primer cuarto del año. Y quizá seamos conscientes de que no lo hemos hecho de forma global y total. Porque solo miramos donde nos dejan mirar. Y a veces, aun así, tampoco vemos. 

La eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido de La Francia Insumisa, ha sido convocada este viernes por la policía judicial por un caso diferente al que motivó ayer su detención y por el que será juzgada el próximo 7 de julio por presunta apología del terrorismo por una publicación en sus redes sociales, según fuentes judiciales. La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, han pedido la liberación inmediata de Hassan y denuncian la "criminalización de quienes denuncian el genocidio en Oriente Medio".

En esta ocasión, Hassan, de 33 años, ha sido convocada por la Brigada de Represión de la Delincuencia contra Personas (BRDP, en sus siglas en francés), precisaron fuentes judiciales citadas por la prensa local; mientras que la víspera había sido detenida en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Lucha contra el Odio en Internet (PNLH).

Durante su detención de la víspera, los agentes encontraron "sustancias parecidas al CBD (cannabidiol, un compuesto químico que se encuentra en la planta del cannabis) y al 3MMC (una droga sintética estimulante), sobre las que fue interrogada", señaló la Fiscalía de París, al precisar que se trata de asuntos "independientes y serán objeto de un procedimiento distinto" al caso por el que será juzgada en julio próximo.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, aseguró en la emisora Sud Radio que Hassan no llevaba "ninguna droga encima" y denunció, al igual que otros miembros del partido, "informaciones mentirosas" para "ensuciar" su imagen.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, al origen de la denuncia que motivó el arresto de ayer de la eurodiputada, calificó hoy en declaraciones a la televisión BMFTV de "grave" el tuit de Hassan en sus redes sociales del pasado 26 de marzo por el que será juzgada por apología del terrorismo y rechazó que se trate de una "caza de brujas", ya que "nada -dijo- debe quedar impune" y "la acción política debe mantenerse dentro del marco del Estado de derecho".

En ese tuit, Hassan, jurista de 33 años, hacía referencia en X a Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que causó 26 muertos.

En su tuit, que iba acompañado de banderas japonesas y palestinas, Hassan recuperaba una frase de Okamoto: "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber".

La eurodiputada también compartió un texto en inglés sobre Okamoto, recordando que había participado en este ataque y una foto en la que era llevado a hombros por hombres vestidos con uniformes militares y kufiyas, según declaró la Fiscalía.

La publicación fue denunciada ante la Fiscalía por el ministro del Interior y posteriormente por la Organización Judía Europea (EJO) y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo).

La eurodiputada está implicada en otros seis casos, sobre los que la Fiscalía declinó pronunciarse por estar "aún en curso". La mayoría se refieren también a mensajes en redes sociales u otros comentarios denunciados por el Observatorio de Igualdad Judicial, otras organizaciones o diputados.

Belarra ha escrito en un mensaje en X pidiendo la liberación de Hassan en el que se podía leer que "terrorismo es lo que hace Israel con la connivencia de Europa" y ha zanjado: "Basta ya de tanta criminalización a quienes denuncian el genocidio". Ha expresado su apoyo a la eurodiputada de Francia Insumisa y ha remarcado que Podemos exige "su puesta en libertad inmediata".

Montero, compañera en el Europarlamento, ha denunciado que se reprima "la solidaridad" con Palestina, porque es otra "forma de complicidad" con un "Estado terrorista" como Israel, y ha opinado que "los gobiernos europeos deben terminar en el banquillo por ello".

"Terrorista es el Estado de Israel, a quien Europa mantiene como gran socio comercial y militar", ha escrito.

Hassan es muy activa en redes y crítica con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.

Desde su creación en 1948, el Estado de Israel carece de un texto constitucional estructurado de forma análoga a la de la mayoría de los Estados que conforman la comunidad democrática internacional. Se justifica porque la Knesset (el Parlamento) no fue capaz de conseguir una norma que satisficiese las aspiraciones de los diferentes grupos que se instalaron por la fuerza en parte del territorio conocido, desde la época de los romanos, como Palestina. Según Hanna Lerner (directora de la Escuela de Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad de Tel Aviv) todo tiene su origen en los intereses contrapuestos de su base judía ortodoxa, los sionistas acérrimos y los llamados secularistas. Triunfaron las tesis de los ortodoxos que sostenían que la Torá, el libro sagrado judío, define lo que es Israel, es decir la Tierra prometida (Judea y Samaria) cuyos límites territoriales autorizan e incluso santifican, cualquier política expansionista.

Desde su creación se han sucedido diversos líderes políticos, guerras con los países vecinos, conferencias de paz y condenas de Naciones Unidas, pero la idea expansionista ha permanecido como objetivo irrenunciable de la mayoría de los ciudadanos israelitas. 

Dispone de un arsenal de leyes fundamentales, también llamadas básicas, con un barniz democrático que no consigue enmascarar la realidad. Una muestra: la Décima Ley Fundamental de Israel de 17 de marzo de 1992 proclama que “se basa en el reconocimiento del valor del hombre, la santidad de la vida y el hecho de que es libre defiende la dignidad y la libertad humana, con el fin de establecer los valores del Estado de Israel como un Estado judío y democrático”. Por si alguien se había desorientado o engañado, añade que: "Las violaciones de la dignidad o la libertad del hombre sólo se permiten de conformidad con la ley mediante normas de emergencia".

En el momento presente, mientras miramos al cielo, viendo cómo cruzan los artefactos mortíferos que ha diseñado la inteligencia humana, la política expansionista ha adquirido unas dimensiones hasta ahora desconocidas. Sabíamos que se estaban utilizando medidas amparadas en decisiones arbitrarias e ilegales que justificaban la ocupación como represalia a actividades terroristas, por la proximidad de viviendas a zonas consideradas como estratégicas militarmente o con la cobertura de decisiones judiciales ilegales y abusivas. Este último procedimiento se ha utilizado para desalojar de sus viviendas en la ciudad vieja de Jerusalén a los que vivían en sus propiedades amparados en la cobertura del Registro de la propiedad de la época otomana que la justicia israelí considera sin validez.  

La Decimocuarta Ley Básica (9 de julio de 2018)  proclama el carácter judío del Estado y “el asentamiento judío como valor nacional”, reafirmando “la inmigración judía y la reunión de exiliados” para integrarse en el Estado de Israel. Los asentamientos, también llamados colonias, han proliferado hasta alcanzar, según los datos disponibles, el 22% del territorio que originariamente pertenecía a la Autoridad Palestina.

La reacción del Estado “democrático” de Israel frente a los brutales ataques de las milicias de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza a las zonas fronterizas de la parte sur israelita con miles de muertos y 250 rehenes capturados, desencadenó la operación militar bautizada, sarcásticamente, como Furor épico. Saltándose todas la reglas y convenciones internacionales sobre el uso proporcionado y legítimo de la fuerza frente a agresiones criminales, no tuvieron reparo en bombardear escuelas, hospitales, convoyes humanitarios, sedes de organizaciones internacionales humanitarias y vehículos notoriamente identificados como transporte de reporteros de prensa, han causado miles de muertes en la población civil, justificados como “asesinatos selectivos”.

Cuando muchos pensábamos que el genocidio había terminado con la anexión de la mitad de la Franja de Gaza para construir balnearios sobre la sangre derramada, ha estallado una conflagración de dimensiones inciertas y altamente peligrosas. Es evidente que la única barrera contra el expansionismo sionista puede proceder del régimen teocrático iraní. El Presidente de los Estados Unidos aprovecha la situación para controlar el mercado del petróleo y cambiar el régimen sustituyéndolo por la antigua monarquía persa. Sin aviso previo ordena asesinar selectivamente a las cabezas visibles del régimen iraní, entre ellas a su líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei. Sus consecuencias tendrán un impacto inevitable sobre la estabilidad mundial. 

Los instrumentos jurídicos de que dispone la comunidad internacional para hacer frente a estas vulneraciones flagrantes del orden jurídico mundial (el Tribunal Internacional de La Haya y el Tribunal Penal Internacional) han puesto en marcha sus mecanismos reguladores. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden internacional de captura contra Benjamín Netanyahu como autor de un delito de genocidio. Por su parte el Tribunal Internacional de la Haya está tramitando la demanda de Sudáfrica contra Israel por la práctica de una política de apartheid que ya había sido denunciada por el Tribunal Russell. Cuando estuve sobre el terreno, en el año 2005, pude leer en el muro construido a la entrada de Belén una pintada que nos recordaba que entrábamos en “un gueto construido por los que murieron en el gueto de Varsovia”. 

La vulneración de las reglas del Derecho internacional y la violación de los derechos humanos se han justificado por motivos que no pueden ser admitidos en una sociedad civilizada. El Parlamento israelí acaba de confirmar esta deriva aprobando la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento solamente para los palestinos que cometan delitos que arbitrariamente califiquen como terrorismo. Los colonos que viven en los asentamientos son verdaderos forajidos, al margen de la ley, que ejercen una violencia sistemática contra los palestinos, cometiendo asesinatos que gozan de total impunidad.

Por si la situación no era suficientemente explosiva, entran en escena los Estados Unidos con un presidente que me recuerda a los personajes cinematográficos que encarnaban al emperador Nerón. El despacho oval de la Casa Blanca se ha convertido en una especie de palco imperial como el que existía en el Coliseo. Quizá la CIA valoró equivocadamente las posibilidades de la oposición iraní de derribar al régimen teocrático, impulsando a Donald Trump, perteneciente a la casta de los supermillonarios, a pescar en el mar revuelto de los combustibles fósiles. De momento se están produciendo los efectos lógicos y esperados sobre la economía y al mismo tiempo ha dejado las manos libres a Israel para apoderarse de una parte importante del Líbano.

Estamos en manos de un iluminado que considera una unción divina su fallido atentado. Mientras esperamos que los ciudadanos norteamericanos fuercen un cambio de rumbo en las elecciones de noviembre y la política internacional le obligue a modificar sus políticas, no podemos conformarnos con un '¡No a la Guerra!', tenemos que movilizarnos.

No podemos contemplar impasibles el eclipse de los derechos humanos y el derecho internacional. Disponemos de un arma poderosa: el boicot a las relaciones comerciales con Israel y el rechazo activo a cualquier actividad cultural o deportiva que pretenda blanquear sus políticas de exterminio. Me siento orgulloso de la actitud política de rechazo a la guerra que lleva a cabo nuestro Gobierno.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas', 'La Guerra de los jueces' y en febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

La extrema derecha israelí puede saltar de alegría. Ha salido victoriosa. El Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el lunes 30 de marzo por la tarde una ley que establece la pena de muerte para los palestinos y palestinas declarados culpables de haber matado a israelíes en el marco de actos “terroristas”.

El texto, impulsado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit del ministro del Interior y supremacista judío, Itamar Ben Gvir, fue aprobado en tercera lectura por 62 diputados frente a 48, a pesar de la fuerte indignación que suscita, ya que consagra de hecho una nueva discriminación flagrante entre palestinos que viven bajo ocupación e israelíes.

De esta forma, palestinos e israelíes no recibirán el mismo trato por delitos similares relacionados con el terrorismo. Los primeros, que se enfrentan de manera desproporcionada a acusaciones de “terrorismo”, arriesgarán la vida, mientras que a los segundos solo se les aplicará penas de prisión. Y eso si es que llegan a ser procesados, ya que, como señalan en un comunicado conjunto las ONG HaMoked, Adalah, el Comité contra la Tortura de Israel y Physicians for Human Rights: “Los partidarios del proyecto de ley subrayan explícitamente que no existe ningún terrorista judío”.

La ley, concebida para aplicarse exclusivamente a los palestinos, estén en Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este o residan en Israel, augura “un régimen de pena capital racista”, alertan estas cuatro asociaciones de defensa de los derechos humanos.

El texto aprobado establece que toda persona “que cause intencionadamente la muerte de otra con el fin de atentar contra un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, será condenada a muerte o a cadena perpetua”. Excluye de facto a los autores judíos, empezando por los colonos israelíes que siembran el terror y la muerte en la Cisjordania ocupada en un clima de impunidad casi total. Según The Guardian, más del 96 % de las investigaciones contra estos últimos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras que han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte eran menores.

La versión inicial del texto imponía la pena capital, pero ha sido modificada e incluye la opción de la cadena perpetua, si el tribunal considera que lo justifican “circunstancias excepcionales”, sin precisar cuáles. El destino de los acusados lo decidirán los tribunales civiles israelíes, competentes para juzgar a los ciudadanos palestinos y los residentes en Israel, incluidos los habitantes de Jerusalén Este.

Para los palestinos de Cisjordania, que son juzgados por tribunales militares mientras que los israelíes son juzgados según el derecho común, esta ley prevé que la pena de muerte se convierta en la sanción por defecto, si el homicidio se califica como acto de terrorismo. La decisión no requerirá unanimidad, sino mayoría simple, y los jueces no estarán obligados a tener el grado de teniente coronel o superior. El comandante militar se verá privado de la facultad de indultar. En ambos casos, la ejecución en la horca deberá tener lugar en los noventa días siguientes al veredicto definitivo.

Esta ley discriminatoria marca un punto de inflexión histórico: Israel no ha ejecutado la pena capital desde 1962, cuando fue ahorcado el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Era la segunda vez que el Estado israelí recurría a ella, tras una primera ocasión en 1948, poco después de su creación, contra un capitán del ejército acusado de alta traición.

“Es una nueva y emblemática muestra del tipo de régimen impuesto por Israel a los palestinos de Cisjordania, de la Franja de Gaza y de Israel: un régimen de apartheid”, denuncia ante Mediapart la diputada comunista de la oposición Aida Touma-Sliman, una de las pocas voces palestino-israelíes en el Knesset. No se hacía ilusiones sobre la aprobación de la ley, ya que, según ella, esta responde “perfectamente al proyecto ideológico del Gobierno israelí de eliminar, ni más ni menos, a los palestinos”.”El mundo finge no saber que Israel lleva a cabo una política destinada a destruir a los palestinos y a destruir todo lo que les pertenece”, critica la diputada.

Dice sentirse “consternada” por la declaración conjunta, el domingo 29 de marzo, de los ministros de Asuntos Exteriores de cuatro países aliados de Israel —Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido—, en la que expresaban su preocupación por el “carácter discriminatorio de facto” de una medida que “podría ampliar considerablemente las posibilidades de aplicar la pena de muerte”. “La aprobación de este proyecto de ley podría comprometer los compromisos de Israel con los principios democráticos”, lamentaron tímidamente los cuatro ministros.

“¿Dónde estaban estos últimos meses, cuando la ley avanzaba en el proceso legislativo?”, pregunta la diputada. “¿Qué hacen para detener a Israel en su deriva e impedir el genocidio de mi pueblo?”

Los debates parlamentarios han puesto de manifiesto las motivaciones de los partidarios de esta ley. El diputado Nissim Vaturi, del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, que votó a favor de la ley, las resumió en tres palabras: “Disuasión, castigo y venganza.” El ministro de extrema derecha Yitzhak Wasserlauf añadió: “La palabra venganza no me da miedo […] los mataremos.”

Ante los parlamentarios, Ram Ben Barak, diputado de la oposición y exsubdirector de los servicios de inteligencia exterior israelíes, expresó su indignación. “¿Entienden”, preguntó, “lo que significa que haya una ley para los árabes de Judea-Samaria [Cisjordania – ndr] y una ley diferente” para los ciudadanos y ciudadanas israelíes? “Significa que Hamás nos ha derrotado. Nos ha derrotado porque hemos perdido todos nuestros valores.”

La diputada de izquierdas Aida Touma-Sliman, por su parte, se refirió a la campaña de 2022 de Itamar Ben Gvir: “Él equipara a árabes con terroristas y hoy consigue lo que quería: una ley que condena a muerte a los árabes.” Recientemente, el ministro supremacista, con un pin de una soga en la solapa, había declarado en un vídeo, grabado en un museo dedicado a los combatientes de la resistencia judía ahorcados por los británicos y posteriormente retirado: “Me muero de ganas de ejecutar a terroristas.”

Para él, esta ley, contraria a la tendencia mundial a favor de la abolición de la pena capital, es el medio para impedir ataques similares al del 7 de octubre. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), por su parte, ve en ella “la expresión más brutal del ataque llevado a cabo por este Gobierno contra los fundamentos democráticos de Israel”.

Tan pronto como se aprobó la ley, la asociación presentó un recurso de urgencia solicitando su anulación ante el Tribunal Supremo, una institución que, hasta ahora, ha encubierto numerosas transgresiones. Se espera que otras organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos sigan su ejemplo.

Condenan una ley “inconstitucional” que vulnera “el derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho a un proceso justo y el derecho a la igualdad”. Una ley contraria al derecho internacional. “La Knesset no tiene competencia para legislar sobre Cisjordania. Israel no ejerce allí ninguna soberanía”, sostiene Acri. “La ley no se basa en ningún fundamento probatorio: ningún organismo —incluido el Shin Bet— ha podido demostrar que la pena capital disuada la violencia de motivación ideológica.”

Esta ley constituye “un crimen y una peligrosa escalada en las políticas de la ocupación [por parte de Israel, que] no tiene soberanía alguna sobre la tierra de Palestina”, escribe en la red social X el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, para quien esta norma “revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí”, al intentar “legitimar las ejecuciones extrajudiciales dándoles una apariencia legal”.

Para la ONG Club de Prisioneros Palestinos, esta ley ha sido “posible gracias a un estado de impotencia, complicidad y abandono perpetuado por el sistema internacional desde hace décadas”. Los presos palestinos, que ya están sometidos a prácticas calificadas de “muerte lenta” y que han provocado la muerte de más de cien presos desde octubre de 2023, viven un infierno en las cárceles israelíes. Algo que Israel niega a pesar de los numerosos informes y investigaciones abrumadoras de asociaciones o de periodistas.

Uno de los últimos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, demuestra el papel de la tortura en la maquinaria genocida en Palestina.

El Parlamento israelí aprobó el lunes 30 de marzo el presupuesto para 2026 por 62 votos a favor y 55 en contra. Este asciende a unos 850.000 millones de shekels israelíes, unos 235.000 millones de euros. Sin esta aprobación, el Gobierno de Netanyahu habría implosionado y habría sido necesario convocar nuevas elecciones.

Los más extremistas de su coalición vuelven a salirse con la suya con un aumento de más de 30.000 millones de shekels (unos 8.300 millones de euros) en el presupuesto del Ministerio de Defensa, lo que lo eleva a más de 142.000 millones de shekels.

“Tenemos la capacidad de remodelar Oriente Medio. Este presupuesto coloca a la nación en posición de ganar”, se felicitó el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, en un momento en que Israel está involucrado en varios frentes de guerra. Para el principal líder de la oposición, Yair Lapid, este presupuesto constituye el “mayor robo de la historia del Estado”.

Denuncia, en particular, los retrasos en la aprobación de una ley que permitiría movilizar a los judíos ultraortodoxos, hoy en día en gran medida exentos del servicio militar. Benjamín Netanyahu tiene todo el interés en ello si quiere conservar el apoyo de los partidos ultraortodoxos para mantenerse en el poder.

De hecho, su Gobierno ha aprobado un aumento significativo de los fondos destinados a los ultraortodoxos y a los colonos, con el fin de asegurarse su apoyo. Los partidos ultraortodoxos recibirán así más de 652 millones de euros adicionales para las escuelas privadas que controlan.

Traducción de Miguel López

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos en Cisjordania que maten a un israelí, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos de Israel.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.

Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv. "La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor 'Yesh Atid' (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".

“Hay que explicar a Roosevelt y a todos los jefes de Estado amigos que la tierra de Israel no sería demasiado pequeña si se van todos los árabes y si las fronteras son empujadas un poco hacia el norte, a lo largo del río Litani y hacia el este hasta los Altos del Golán”. 

La frase está fechada el 22 de junio de 1941 y figura en el Diario de Yossef Weitz, director del Fondo Nacional Judío y figura determinante de la colonización sionista de Palestina en los años del mandato británico. 

Weitz pertenecía al ala más moderada del sionismo, más comedido, si no en los objetivos, sí en las formas y en los medios para llevarlos a cabo. Por eso escribe  “si se van todos los árabes” y no “si echamos a todos los árabes”, que era la expresión habitual de otros dirigentes sionistas del momento, especialmente los del llamado sector revisionista que no tenían escrúpulos en hablar abiertamente del uso de la fuerza para “vaciar de árabes” el territorio de su soñado Estado judío. Por cierto, el actual gobierno israelí es heredero directo de aquellos miembros del revisionismo sionista.   

Aun así, en otras partes del diario del moderado Yossef Weitz Weitz encontramos frases como esta: “Quizás con la sola excepción de Belén, Nazareth y la ciudad vieja de Jerusalén, no debemos dejar ni un solo poblado, ni una sola tribu. Todos deben poner rumbo a Siria, a Irak, incluso a Transjordania”. La supuesta moderación de una parte del sionismo nunca afectó a la unidad de acción de todos, palomas y halcones, a la hora de conquistar, ocupar y vaciar de población los territorios que ansiaban para su Estado. En las operaciones de limpieza –así se llamaban en el lenguaje militar israelí–, en las que más de dos tercios de la población palestina de entonces, más de 700.000  personas, fueron expulsadas de sus casas y tierras, participaron todas las milicias sionistas, desde el Irgun y el Stern del sector más extremo, los revisionistas, hasta el Haganah y el Palmach, las más potentes, que fueron embrión del ejército israelí. El objetivo explícito era “conquistar el máximo de territorio con el mínimo de habitantes”. Ahora lo llamamos “limpieza étnica”. 

Desde su proclamación como Estado, el 15 de mayo de 1948, Israel nunca ha definido sus fronteras, se podría decir que sus fronteras son las que establece su ejército cuando ataca, invade, ocupa o se anexiona nuevos territorios. 

El expansionismo es un factor clave de la política israelí. Expansionismo e impunidad. 

Para desgracia de su población, Líbano, cuando menos el sur de Líbano, siempre ha formado parte de las aspiraciones de expansión del Estado de Israel. Lo que está ocurriendo ahora ya ocurrió antes. Cuando no existía Hezbolá. Ni Hamás. 

El 6 de junio de 1982, el ejército israelí invadió Líbano. La excusa, un atentado fallido contra el embajador israelí en Londres que, cuando se demostró que nada tenía que ver la OLP en ello, dejó de esgrimirse como excusa y el objetivo auténtico, acabar con la presencia de la OLP e imponer un gobierno afín en Líbano, se hizo explícito. Dos semanas después, los tanques israelíes cercaron Beirut. Era la primera vez que el ejército de Israel atacaba una capital árabe. Entre las armas que Israel utilizó, estaban las bombas de fósforo blanco cuyo uso está prohibido en zonas urbanas. Yo vi aquellos heridos que en palabras del médico palestino que los atendía no tenían cura “porque el fósforo sigue quemando la carne por dentro hasta llegar al hueso”. Fue la primera vez que oí hablar de ese tipo de armas, pero no sería la última: el ejército estadounidense las usó en la ciudad iraquí de Faluya durante la invasión de 2003 y el Pentágono tuvo que reconocerlo tras el demoledor documental Faluya: La masacre escondida, de dos periodistas italianos que visitaron la ciudad tras el asalto estadounidense. Y en Gaza… en Gaza el ejército israelí las lleva usando desde hace años. 

El cerco de Beirut duró más de dos meses, y fue devastador. Se le puso fin gracias a la mediación internacional, especialmente la del presidente estadounidense Ronald Reagan, que logró un pacto por el que Israel permitía la salida de la OLP de Beirut con protección internacional, y se comprometía a no entrar en la zona oeste de la ciudad, el Beirut cercado, donde se encuentran los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatilla. Dos semanas después, un atentado, nunca reivindicado, causó la muerte de más de 20 personas, entre ellas el presidente libanés Bachir Gemayel: el ejército israelí entró en Beirut Oeste, cercó los campamentos de Sabra y Shatilla y dio la orden a sus aliados, las falanges libanesas, de “entrar a los campamentos y limpiarlos de terroristas”. La matanza duró dos días con sus noches, desde la tarde del jueves 16 de septiembre hasta el mediodía del sábado 18 de septiembre. Durante ese tiempo el ejército israelí no dejó entrar ni salir a nadie y por la noche mantuvo iluminadas con bengalas las callejuelas de los campamentos para facilitar la tarea de sus aliados. Todas las víctimas, en torno a 3.000, eran civiles. Nadie ha sido juzgado por los crímenes cometidos en  Sabra y Shatilla. 

El cerco de Beirut terminó, pero el ejército israelí se mantuvo en el territorio del sur de Líbano, desde la frontera hasta el río Litani. En ese contexto nació Hezbolá, como fuerza de resistencia contra la ocupación israelí que duró desde 1982 hasta el año 2000, cuando el laborista Ehud Barak decidió la retirada de su ejército. 

No fue un final sino un “hasta la siguiente”: siguiente incursión, siguiente bombardeo, siguiente violación del alto el fuego, siguiente invasión, siguiente expulsión masiva de población… La nueva frontera de Israel –lo anuncia su gobierno, lo lleva a cabo su ejército– se está estableciendo en territorio libanés, “a lo largo del río Litani”, tal como hace más de 80 años proponía un tal Yossef Weitz. Y muchos otros.

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Teresa Aranguren es periodista y escritora. Su ensayo más reciente es ‘Palestina. La existencia negada’ (Editoriales del Oriente y Mediterráneo).

La flotilla más grande de la historia para romper el bloqueo israelí sobre Gaza saldrá de Barcelona el próximo 12 de abril, y contará con más de 100 barcos y cerca de 3.000 participantes, con médicos, educadores, profesionales de la construcción o especialistas para documentar los crímenes cometidos en la zona.

La Flotilla Global Sumud, que ya organizó la expedición del año pasado, también salió de la capital catalana y en la que una cuarentena de embarcaciones fueron interceptadas por Israel antes de llegar a Gaza, ha presentado este miércoles la nueva misión, que contará con el apoyo técnico y logístico de Open Arms.

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, el jefe de operaciones de Open Arms, Gerard Canals, y la tripulante de la misión del año pasado Ariadna Masmitjà han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya, acompañados de representantes del PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Abukeshek ha subrayado que tras la experiencia del año pasado regresarán "más fuertes" y con más determinación y ha señalado que la flotilla volverá a contar con caras conocidas entre su tripulación, aunque todavía no han desvelado ningún nombre.

Barcelona será el puerto de salida de la flotilla y gran parte de los barcos zarparán desde la capital catalana, aunque se irán sumando otras embarcaciones desde diferentes puntos del mediterráneo.

Además de la expedición marítima, que llevará ayuda humanitaria y contará con médicos, representantes legales o profesionales de la construcción, en esta misión se incluirá un convoy terrestre que está previsto que salga de Mauritania el día 10 de abril. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Abukeshek.

El coordinador de la flotilla ha denunciado que, a pesar del "apagón informativo" sobre Palestina, desde la firma en octubre del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido habiendo operaciones militares, ataques y bombardeos en la zona que han causado más de 600 muertos.

En esta ocasión, la flotilla contará con el apoyo de Open Arms, que movilizará su buque homónimo, que brindará asistencia técnica y mecánica al resto de la flota, así como proveerá de comida fresca, podrá remolcar varias embarcaciones y además ofrecerá atención médica. "Open Arms no es solo un barco, es una herramienta al servicio de un principio básico, proteger la vida humana", ha subrayado Canals, que ha recordado que la ONG ya intentó romper el bloqueo a Gaza y abrir un corredor humanitario junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios.

Tras subrayar que "no posicionarse no es neutralidad, sino permisividad", Canals ha explicado que su buque necesita una autorización de la Marina Mercante y ha instado a la administración a no impedir su salida.

Por otro lado, Masmitjà ha animado a la sociedad civil catalana a apoyar la iniciativa, colaborando económicamente o participando en los actos que se celebrarán en Barcelona el 11 y el 12 de abril antes de la salida de la flotilla.