La Fiscalía de Memoria Democrática ha abierto por primera vez una investigación para esclarecer las responsabilidades y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura de Francisco Franco y el régimen nazi en la detención y traslado de miles de españoles a campos de exterminio nazis, según informa EFE.

En el 80 aniversario de la liberación de los campos de Mauthausen y Gusen, situados en Austria, el 5 de mayo de 1945, la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha incoado estas diligencias de investigación, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Según explica el Ministerio Público este lunes, día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en los campos de concentración nazis y a todas las víctimas del nazismo de España, la investigación abarcará el arresto y traslado de miles de españoles exiliados en Francia a los campos de Mauthausen y Gusen, donde fueron sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato.

Las pesquisas buscan esclarecer estas "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto de crímenes contra la humanidad" y también indagar en una posible estrategia entre la dictadura encabezada por Francisco Franco en España y el régimen nazi.

La fiscal Dolores Delgado solicitó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, liderar esta investigación tras tomar conocimiento del expediente tramitado por la magistrada del Registro Civil Central para la inscripción de la defunción de 4.435 españoles, principalmente en aquellos campos, muchos de los cuales no se han podido identificar aún.

El próximo domingo, 11 de mayo, tendrá lugar el acto de conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Mauthausen, en el que entre 90.000 y 100.000 personas fueron asesinadas y al que fueron deportados más de 7.000 republicanos españoles. Está previsto que la ceremonia cuente con la presencia de los reyes.

Tras la Guerra Civil, miles de españoles huyeron a Francia, donde luego fueron calificados por las fuerzas nazis de ocupación de 'rotspanier' (españoles rojos), y entre 1940 y 1945 más de 7.000 fueron deportados a Mauthausen-Gusen, una gran parte del total de 10.000 españoles que estuvieron en todos los campos de concentración nazis. Catalogados como enemigos políticos y apátridas, ya que el régimen franquista se desentendió de ellos, gran parte de ellos murió en campos de exterminio.

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes revisar el recurso de la ex fiscal general Dolores Delgado contra la sentencia del Supremo que anuló su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. Fuentes jurídicas informan a EFE de que el pleno del tribunal de garantías ha admitido a trámite el recurso de Delgado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco de la minoría conservadora, algo poco habitual en las admisiones a trámite, que se suelen descartar o aprobar por unanimidad.

Precisamente, han anunciado la formulación de voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y José María Macias, además de la magistrada Concepción Espejel.

El tribunal considera que el recurso de Delgado debe ser admitido porque concurre una especial trascendencia constitucional, en contra de la opinión de la ponente, Concepción Espejel. Además, destaca que el amparo plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal y el asunto trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y general repercusión social y económica.

El Supremo anuló en noviembre de 2023 la designación de Delgado para la Fiscalía togada, que supuso su ascenso a fiscal de sala, al apreciar "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto de su antecesora en el cargo. Y más tarde hizo lo mismo para su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática, si bien después el Consejo volvió a elegir a la exministra para este cargo, que ostenta en la actualidad.

Su caso se suma así al del fiscal Eduardo Esteban. Hace dos semanas el pleno admitió su recurso contra las decisiones del Supremo de revocar en dos ocasiones su nombramiento como fiscal de sala de Menores, a propuesta de Dolores Delgado cuando era fiscal general.

De todos los diputados del PP que han sido o son, el más sincero, el que fue capaz de hablar con verdad en el Congreso, es Ignacio Cosidó. En noviembre de 2018, su señoría envió una explicación contundente al grupo de 146 senadores del partido, congratulándose del acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ que pondría al magistrado Manuel Marchena al frente del gobierno de los jueces y, por ende, del Tribunal Supremo. Y para mayor gloria del pacto alcanzado, se ufanaba: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás”.

Aquello trascendió y todo se fue al garete.  Después de eso, pasamos cinco años de rechazo permanente a la renovación del Consejo con argumentos tan peregrinos por parte de la derecha que, al recordarlos, dan vergüenza ajena: que si tal juez no me gusta; que si los de Podemos son malvados; que si van a indultar a los del procés... Excusa sobre excusa. 

El fondo del asunto se encontraba en el mismo mensaje de Cosidó: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España". Y ahí estaba la clave de la negativa, el temor a que si el Consejo salía adelante el PP no controlaría ni los nombramientos del TS, Sala III de lo contencioso, con la competencia sobre todos los nombramientos del Ejecutivo y del Judicial, Sala II, con competencia sobre todos los aforados y en casación (recuerden los casos de corrupción populares pendientes) y la ubicación de jueces “amigos” en diferentes instancias “menores”. 

Todo ello podía abocar al desastre. No digo nada —Dios no lo quiera— de la posibilidad de que se pudiera producir la presencia en la cúpula judicial de algún juez progresista y partidario de aplicar el derecho sin miramientos. Pero, como todos sabemos, esto no es lawfare porque, en España, el lawfare no existe.

Bueno, pues aun sin haber conseguido ese objetivo de control confesado por Cosidó, estos cinco largos años de travesía del desierto de la judicatura han dado mucho de sí. Sólo que, en vez de trabajar como hasta entonces de manera sutil, poniendo y quitando, intercambiando cromos y colocando a afines, ha sido necesario acudir a métodos más burdos pero que se han demostrado eficaces. 

Así, adonde el CGPJ no llegaba por su precaria situación, algunas asociaciones de jueces de talante conservador (y, por supuesto, las de fiscales del mismo signo) cogían la antorcha criticando leyes o convocando manifestaciones togadas aun sin conocer todavía el texto que no se había aprobado de la inexistente todavía norma sobre la amnistía a batir. Pasito a pasito, jueces y fiscales iban plasmando su impronta ante el Gobierno que se resume en esta idea: Podéis legislar lo que sea, que nosotros diremos la última palabra. 

La postura —chulesca— venía de atrás. Con los ataques a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sin tener en cuenta los grandes logros que consiguió durante su mandato y que alguna vez, cuando todo esto pase, se valorarán en su justa medida. Las embestidas fueron de inmediato dirigidas a su sucesor. Lo de que a los puestos de decisión se hubieran incorporado fiscales progresistas y –lo último– ¡mujeres!, no era de recibo. Que por el camino se hubieran quedado sin mando en plaza fiscales de la cuerda conservadora que sabían perfectamente lo que necesita, no ya la justicia, sino el país, era inaceptable. Pero eso es algo que aconseja el sentido común, en absoluto achacable a un sesgo de politización, dado que nuestros jueces y fiscales, como todos sabemos, no están politizados.

"El que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos", había arengado el expresidente José María Aznar, auténtico paladín del partido que preside Alberto Núñez Feijóo y que goza del respeto de la ultraderecha. (Y que, por cierto, aún no ha pedido perdón por habernos metido en la guerra de Irak ¿se acuerdan?). Parece que algunos jueces tomaron al pie de la letra las indicaciones, y se pusieron manos a la obra.

La estrategia iba dirigida a terminar con el mandato de Sánchez de todas las maneras posibles. Una de ellas, poniendo en el punto de mira a su cónyuge. Como herramienta indispensable, que ya se había demostrado operativa, se absolvió a la carrera al líder de Manos Limpias condenado a prisión por extorsión y que, sin solución de continuidad, presentó denuncias varias, dando –casualidades de la vida– con un juez bien peinado presto a admitirlas aun cuando estuvieran basadas en artículos de prensa de dudosa veracidad o con afirmaciones falsas de toda falsedad. A esta organización de extrema derecha se sumaron otras como Hazte Oír y demás entidades ultras de parecida cuerda que estén dispuestas a pagar la fianza que exige la ley. 

Mientras escribo estas líneas, leo que el juez en cuestión ha devuelto a cada una de las cinco organizaciones querellantes siete mil euros de los diez mil que depositaron de inicio para constituirse como parte procesal a los efectos de afianzar las posibles indemnizaciones derivadas de una hipotética actuación temeraria. En un auto fechado el 3 de julio, informa El Plural, el juez considera que debe ponderarse el importe de dicha fianza y reducirse, estimando parcialmente el recurso presentado por los ultraderechistas. ¡Claro que sí! ¡Es de justicia! Son sin duda gente de ley, no como esas asociaciones de memoria a las que, en Alicante, sin ir más lejos, se les exigen elevadas garantías económicas para querellarse por crímenes franquistas, cantidades que no son sino el escaso dinero con el que cuentan para continuar con los trabajos de exhumación.

Con estos mimbres se ha gestado el caso de la esposa del presidente, al que se unió el del hermano del presidente: monte usted un bulo, extiéndalo con sus medios informativos favoritos, organice jaleo en el Congreso y busque una sala de juicios donde dar sensación de máxima gravedad. Los hechos son lo de menos, o es superfluo que queden en nada, porque lo importante es “el mientras tanto”, destrozar la imagen, la fama y el honor de la afectada hasta convertirlos en puros desechos. Véase si no el circo mediático que este viernes pasado se gestó en el entorno de los juzgados de la Plaza de Castilla y el sorprendente anuncio del juez notificando una querella nueva a la investigada en el momento en que se iniciaba la declaración. ¡Toma ya!

Curiosamente a nadie se le ha ocurrido exigir algún tipo de responsabilidad a este juez o a aquel otro que ve delitos de traición en Puigdemont. Pero es que todos sabemos que estos jueces son “irresponsables.”

Ahora bien, cuando el Gobierno señaló cualquier contradicción sobre la realidad y las acciones judiciales sin fundamento, todos los operadores incursos en el asunto gritaron alto y claro que se trataba un atentado contra la independencia de los profesionales de la Justicia. Un Consejo General del Poder Judicial caducado protestó con vehemencia contra la intromisión, y las asociaciones más rancias del sector organizaron un coro indignado. Los medios informativos ad hoc, por su parte, editorializaron sobre la manera en que la izquierda pretende acogotar a los jueces y cargarse la libertad de expresión. En las tertulias, por supuesto, se implantó la barra libre para descalificar al ilegítimo Ejecutivo.

Pura estrategia, amigos, esto es estrategia a corto, medio y largo plazo. Ya lo verán, el partido judicial estará cada vez más presente, pero no se preocupen, no hay ningún riesgo, porque en España las élites judiciales no hacen política ni se dejan instrumentar por los actores políticos.

La aprobación de la Ley de Amnistía ha sido uno de los mejores campos de batalla. Todos los que podían hacer, han hecho. La Sala II del Tribunal Supremo, salvo la magistrada Ana Ferrer que ha salvado su voto, se ha esmerado en negar la medida de gracia con argumentos que incluso a un profano le suenan sorprendentes, como el de la malversación, centrada en el “enriquecimiento” personal de algunos líderes independentistas. Pero, atención: en los términos, no de que hubieran acrecentado su patrimonio, sino de que, al utilizar erario público para sus fines, se habían ahorrado el gasto que habría tenido lugar de haber sacado el dinero de su propio bolsillo, ergo… se habían enriquecido. 

Todavía estoy dando vueltas al concepto porque reconozco que no consigo entender cómo se ha gestado esta cuadratura del círculo. El Alto Tribunal en su buen hacer y entender alguna razón tendrá, pues no olvidemos que sus actos obedecen solo al derecho puro, por más que los rojos, entre los que me incluyen de siempre, murmuremos, sin fundamento 😉, sobre ideologías próximas al partido de la oposición.

Por si éramos pocos, el Constitucional admitió recursos de amparo variados, en el caso de los ERES de Andalucía, anulando parcialmente conceptos de malversación en cuanto a diferentes condenados por este asunto. Aquí sí que se han desatado las furias de la derecha contra los magistrados del órgano que vela por que se respete la letra y el espíritu de la Carta Magna. Bueno, contra todos menos contra aquellos que el PP considera hombres y mujeres de rectos valores y profesionalidad, que son los nombrados a propuesta de la formación conservadora. Pero en los demás casos no hay independencia que valga, sino un partidismo descarado hacia la postura progubernamental y socio-comunista de estos magistrados, empezando por su presidente.

Los magistrados afectos ya se han ocupado de extender sendos votos particulares en contra –el que pueda hablar que hable– mientras el PP avanza en su estrategia de desprestigio sembrando dudas sobre el presidente y otros dos magistrados. Sin cortarse un pelo, la portavoz popular ha acusado a los magistrados no afines de “hacer revisionismo” de las sentencias del Supremo y, por supuesto, lanzado sendas críticas al Gobierno por “atacar a los jueces”. ¿Qué decir del portavoz del grupo Popular, señor Tellado, y sus acusaciones de sometimiento político del Tribunal Constitucional al Gobierno? ¡Ahí queda eso! Sin ningún recato.

Todo ello pese a haber renovado el Consejo General del Poder Judicial como tiene que ser, con diez jueces para cada formación (PSOE y PP), obviando, por supuesto, aquellos juristas que al PP le rechinan e incluyendo –porque ya era hora– a la señora del juez Llarena, instructor del procés. (En estos casos, la relación familiar no es óbice para ocupar cargos). Sobre todo, con la guinda incluida en el paquete que buscaba el Partido Popular, que tantos años se ha pasado ninguneando la Constitución y negándose a la renovación del órgano: el nombramiento del juez Macías para el Tribunal Constitucional. Un hombre buen conocedor de FAES, bien visto por José María Aznar, que ha sido vocal del CGPJ durante años, compatibilizando el puesto con el de abogado en un importante bufete (en esta ocasión tampoco hay incompatibilidades ni relaciones mercantiles que valgan). 

Es conocido que la aspiración del PP apunta a que Macías acabe presidiendo el Constitucional cuando los hados sean favorables y todos tienen claro que el juez-abogado aportará lo que haya que aportar y hará lo que convenga a aquellos que tanto han bregado para que llegase a buen puerto.

Mientras tanto, con unas dotes de adivinación que sorprenden por la buena puntería, el PP y sus representantes van anunciando hechos que pasarán en las salas de los tribunales sí o sí, con gran aplomo. Por ejemplo, llevan varios días anunciando que el Fiscal General del Estado acabará en el Supremo dando explicaciones por haber permitido una nota de prensa, en la que defendía a la fiscalía de los bulos lanzados por el gabinete de Díaz Ayuso en relación a su novio, presunto defraudador confeso. 

Pero no hay que pensar mal. Lo más probable es que Feijóo, que es gallego, haya recibido de alguna meiga amiga, probablemente especializada en Derecho, una bola de cristal con poderes que van más allá de lo que los ciudadanos podemos intuir. Dejémoslo ahí porque ya sabemos que la justicia en España no está politizada, salvo que sea en relación con aquellos jueces que, según los conservadores, se aproximan a las posiciones del Gobierno, que entonces sí.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

En 2013, el nuevo embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James "Wally" Brewster, dijo una frase que hizo saltar las alarmas a algunos representantes de la religión cristiana en la isla caribeña y a no menos sectores conservadores: "Nos encanta el béisbol". El problema no era la afición del diplomático por este deporte que allá es de auténtico culto, sino, como bien reflejó por aquel entonces la BBC, el plural “nos”. Más aún. En un vídeo alojado en la web de la legación norteamericana, remachaba: "Los dos estamos muy contentos de poder regresar a nuestro segundo hogar en la República Dominicana". En el vídeo, el embajador aparecía junto a su marido, Bob Satawake, y hablaba en primera persona del plural.

Católicos y evangelistas se disgustaron entonces por la presencia de la pareja en actos oficiales y eventos, hasta el punto de que, tres años después, pidieron al presidente Barak Obama que retirase a su embajador. Pero apenas consiguieron 33.000 apoyos. También el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez mostró su desacuerdo refiriéndose a Bob Satawake: "Como esposa que es de un señor, que se ocupe de la casa. Eso es lo que tiene que hacer”. En los propios términos de la expresión estaba el desprecio por la persona y su condición.

El uno de junio, los autores de este artículo, recién casados también, tuvimos el honor de oficiar una ceremonia de celebración de boda en un lugar paradisíaco del pirineo oscense, en Ligüerre de Cinca. Previamente, el casamiento en sí mismo, se había celebrado unos meses antes ante un notario madrileño, de acuerdo con la ley 13/2005 de 1 de julio por la que se modificaron varios artículos del Código Civil (arts.44,66,67, entre otros) que autoriza el enlace entre personas del mismo sexo y en cuyo preámbulo se dice “…la ley permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo sexo, con plenitud de derechos y obligaciones cualquiera que sea su composición...”

La boda fue de dos excelentes amigos dominicanos y, ahora, también españoles: el cirujano plástico Jesús Abreu y el productor de teatro José Llano. Se casaron, por fin, tras 19 años de relación y dos hijos de Jesús (Katlheen y Richard), y dos (María José y Jesús María) de ambos, en armonía con las respectivas familias, respondiendo al lema acuñado por ellos: “Donde hay amor hay familia”. Fue una celebración entrañable y emotiva, que tuvo su reseña en El Listín diario que recoge bien las palabras de los contrayentes:

“… Sabes que eres mi lado derecho de la cama y la mitad izquierda de mi corazón", (Jesús Abreu).

"… Jesús, expresar lo que sentimos a quien amamos es un ejercicio de todos los días,.. ", (José Llano).

¿Le puede parecer mal a alguien que, en 2024, tras casi dos décadas de vida en común, dos personas se comprometan a continuar juntos toda la vida y a cuidar de su familia, celebrando y demostrando el verdadero amor? Pues sí. El odio y la homofobia camparon después por sus respetos, cuestionando su derecho al matrimonio. 

Pero lo que vimos allí fue el amor de dos personas con ansias de vivir y gritar con valentía que se quieren con amor serio y maduro, en igualdad y con verdad, y, sobre todo, una unión construida en libertad, de acuerdo con una ley para todos, sin discriminación por razón de sexo.

Nunca hemos entendido ni jamás lo haremos ese afán de rechazar al otro, gobernar su vida y cuestionarla. Pero aún es más difícil comprender, como fue el caso citado del representante de la Embajada norteamericana, que nos acompañó en la ceremonia, el papel ferozmente contrario de los representantes de la iglesia. 

Con auténtica indignación hemos asistido a los comentarios de quienes creen representar las esencias del pensamiento cristiano. Valgan los ejemplos del pastor evangelista Ezequiel Molina Rosario a través de su cuenta X o el pastor Euri Cabral. La náusea del primero ante el matrimonio y la benevolencia del segundo “perdonando” la vida de los contrayentes da una imagen clara de la posición de los hombres que se ocupan en República Dominicana del alma de sus feligreses. Portadores de una moral terrible, basada en la hipocresía como martillo mortífero contra el “transgresor”, estos pastores no salvan almas, sino que las condenan previamente sin solución.

Nos recuerdan a los falsos profetas, auténticos sepulcros blanqueados, que se indignaban porque Jesús trataba a todos por igual. ¿Con qué derecho se creen para impartir bendiciones en una sociedad regida por la igualdad de derechos? ¿O es que, acaso, siguen pensando que vivimos en una sociedad patriarcal y machista en la que las personas LGTBI+ no cuentan para ser felices?

Sin embargo, con racionalidad, el experto en Derecho constitucional Eduardo Jorge Prats ha destacado que la Constitución de la República Dominicana no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo: “Conforme al derecho internacional privado, un matrimonio o unión igualitaria celebrado en el extranjero es válido, pues la Constitución dominicana no los prohíbe, sino que apenas promueve los matrimonios y uniones heterosexuales, por lo que no violan el orden público interno.”

Para vergüenza del género humano, en el mundo amar a quien uno quiera no es fácil, y así lo señala el Informe de 2020 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en inglés), donde se explica que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad en, al menos, 30 países de los 193 Estados miembros de la ONU. Como ven, no es una cifra espectacular.

El amor debería ser el motor que mueve el mundo, aunque vivimos tiempos difíciles para que esto sea así. Demasiado odio e incomprensión se destila en muchos escenarios. Y pese a los maledicentes y a quienes quieren implantar un juicio de valor que sentencia a miles y miles de seres humanos a la desesperación, nos sentimos muy satisfechos de haber sido testigos del triunfo del amor de nuestros amigos. Ellos, son paradigma de valentía y de amor sano, sin tapujos; son luchadores natos que saben que ser paladines en esta lucha les traerá complicaciones, pero resultan un ejemplo para muchos. La lucha por la igualdad de derechos en este ámbito, como en tantos otros, debe continuar frente al negacionismo y el fundamentalismo de santones que, haciendo gala de su falsa moral, desprestigian los mismos valores de amor y comprensión que dicen defender.

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Dolores Delgado es fiscal de sala del Tribunal Supremo.

Baltasar Garzón es jurista y autor entre otros libros de "Los disfraces del fascismo".

La derecha política, mediática y judicial ha puesto sus ojos en el número 17 del madrileño Paseo de la Castellana. Y el objetivo es claro: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los focos pasan por él después de que el PP haya empleado su mayoría absoluta en el Senado para reprobarlo, el Tribunal Supremo haya anulado su decisión de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la nota de prensa de la Fiscalía desmintiendo noticias tergiversadas.

Esto deriva en situaciones inéditas como el hecho de que se haya reprobado por primera vez en la historia por parte del Senado a un fiscal general, que se esté produciendo un duro choque entre el Supremo y la Fiscalía o que incluso García Ortiz pueda acabar imputado por una nota de prensa. Resuenan ahora con fuerza las palabras que lanzó contra él el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en un mensaje en la red social X del 23 de abril: “Tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela”.

El fiscal general del Estado no se plantea dejar su cargo a pesar de estos frentes. Fuentes próximas a él señalan que estos movimientos buscan amedrentarlo y ponen el foco en qué mensaje se mandaría ante la sociedad si el FGE abandona ante presiones como la reprobación del PP y de Vox. No sólo por el flanco político, sino que sería, entienden, una mala señal ante posibles presiones de mafias, narcotraficantes o poderes económicos por investigaciones abiertas.

Pero no se trata de un momento puntual, sino que las fuentes indican que son conscientes en la Fiscalía General del Estado de que esa operación y esos ataques que vienen de sectores políticos, mediáticos y judiciales no van a cejar. Además, muestran su incredulidad sobre el papel que hace el PP jugar al Senado como si fuera un tribunal de honor para reprobar al Fiscal General haciendo como si fuera un actor político y sin reparar en su trabajo autónomo sin ni siquiera escucharlo.

El PP lleva tiempo detrás de la figura de García Ortiz y llegó a presentar una querella contra él que el Tribunal Supremo archivó el pasado 15 de abril. La sala entendió que no concurrían elementos de los delitos de prevaricación administrativa ni de nombramiento ilegal por la elección de Dolores Delgado como fiscal de la Sala Togada, aunque cinco meses antes la sala de lo Contencioso Administrativo sí consideró por unanimidad que esa designación había supuesto un ejercicio de “desviación de poder”.

En estos momentos se da precisamente un choque entre García Ortiz y el Tribunal Supremo porque ahora hay en la plaza de las Salesas un recurso contra el fiscal general presentado por una asociación judicial contra su renovación en el cargo. Se da la circunstancia de que su futuro lo tienen que decidir los magistrados que sentenciaron esa “desviación de poder”.

Por eso, García Ortiz ha recusado a cuatro de los cinco magistrados que tienen en sus manos su futuro. Fuentes próximas al fiscal defienden que esto se ha hecho de manera absolutamente respetuosa con el Supremo y que su estrategia de defensa es tan respetable como la de cualquier persona. En caso de aceptarse esa recusación, pasará a la sala 61. La base de su petición es que no pueden decidir aquellos que precisamente antes ya han dicho que hubo una “desviación de poder”. Por lo tanto, lo normal, entienden las fuentes, es que sean otros magistrados los que vean ese caso abierto la APIF, una asociación minoritaria cuyo portavoz, Salvador Viada, ha llegado a declarar que hay un “155 encubierto” entres los fiscales para mantener la línea que conviene al Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de los jueces que atribuyó esa “desviación de poder” a García Ortiz es José Luis Requero, que llegó a publicar un artículo en el que culpa a la izquierda de “haber propiciado la guerra civil” y señalaba precisamente a la Fiscalía General del Estado, junto al Tribunal Constitucional, por estar “apesebrados”. Por lo tanto, en el entorno de García Ortiz sostienen que este magistrado no puede decidir el futuro del fiscal. Además, defienden que la recusación es anterior a la última decisión del Tribunal Supremo sobre Dolores Delgado, por lo que no se debe interpretar como una reacción de enfrentamiento por esta cuestión. En todo momento en el número 17 del Paseo de la Castellana se sigue defendiendo que la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia reunía todas las condiciones y era la candidata más idónea. Además, se señala que ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha fallado en dirección contraria a su propia jurisprudencia.

También en la Fiscalía hay impacto por el recorrido que ha tomado la querella de la pareja de Ayuso, que ha sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y va en relación a la nota de prensa que emitió la FGE para desmentir las informaciones tergiversadas que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba lanzando contra el ministerio público. En el entorno de García Ortiz se reafirman en su decisión de emitir ese comunicado para atajar un “bulo”.

El propio García Ortiz asumió la responsabilidad total de esa nota en su día: “Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución. La ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia. no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”.

Desde el entorno de García Ortiz hacen la reflexión de que puede acabar imputado precisamente por perseguir delitos y esto es un mal mensaje para corruptos, narcotraficantes y grandes mafias. Por eso, advierten de que tiene mucho peligro lo que está pasando con esta cuestión. Además, se lamentan las fuentes de que se pone el foco en el que persigue los delitos y no en los delincuentes y que se intente poner el foco por sectores mediáticos en que el problema está en la Fiscalía.

La situación también se han agravado dentro de la clase fiscal, donde los conservadores no han salido a defender a García Ortiz ante la reprobación política del PP en el Senado. En cambio, desde la Unión Progresista de Fiscales calificó de “gravísimo e intolerable ataque” esa votación: “Además del más execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones, degradando a la Cámara Territorial a mero instrumento al servicio del principal partido de la oposición con evidentes fines propagandísticos y electoralistas”. 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha cambiado "ahora" su jurisprudencia introduciendo "otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto" tras anular este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, después de que el pasado noviembre el mismo tribunal apreciara "desviación de poder" por su parte en el nombramiento previo de su antecesora como fiscal togada.

A su juicio, la exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos del fiscal general "ha subido a la disputa jurídica". "Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Eso sí, García Ortiz ha apuntado que la sentencia del TS se ejecutará, se asumirá y se leerá lo que quiere decir, aunque previsiblemente, ha augurado, se tendrá que "volver al lugar de origen", es decir, al inicio del Consejo Fiscal para "examinar si esa incompatibilidad existe o no".

En este sentido, el fiscal general ha defendido su posición sobre el nombramiento de Delgado para el cargo asegurando que tomó esta decisión ya que la "incompatibilidad era tan evidente que no existía". Según ha dicho después, plantearla al Consejo Fiscal "no era más que una táctica dilatoria" para impedir que fuera nombrada en la legislatura. "Esa es la base de toda discusión", ha argumentado.

Por otro lado, García Ortiz también ha insistido en su defensa de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto G.A, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera a trámite la querella contra dos fiscales por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.

"No podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo nosotros que esa información es falsa", ha asegurado el fiscal general, que ha vuelto a asumir en primera persona el comunicado, recalcando además que "no se puede intimidar" a dos fiscales -en referencia a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres- "en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos".

García Ortiz ha relatado que la Fiscalía de Madrid optó por lanzar una nota de prensa tras una "información intencionadamente falaz" emitida por un medio de comunicación que recoge un mail de un fiscal al abogado de la pareja de Ayuso y además, según su versión, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, "dice que la Fiscalía ha ofrecido el pacto que decía esa noticia" y "que sus superiores están impidiendo" que ese acuerdo "se produzca".

Así, ha defendido que la Fiscalía también tiene "una función legal" establecida en el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que es la de "informar a la opinión pública, los ciudadanos y los periodistas" una "información veraz". "Es un derecho básico (...) para que estas informaciones, intencionalmente falaces, no prosperen", ha dicho García Ortiz.

El fiscal general ha reiterado que la nota fue "proporcionada y moderada" pues, en su opinión, en el documento que acompañaba ese correo "sí había múltiples datos fiscales" que de haberlos hecho público se hubieran excedido. "Pero no lo hicimos, simplemente dijimos lo que nos decían que ocurría, nada más", ha zanjado.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez -candidato al cargo- contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática, según informa Europa Press.

Los tres recursos reclamaban al Supremo que declarase la nulidad de este nombramiento y retrotrayera las actuaciones al momento anterior de la designación de Delgado. Los firmantes alegaban que la decisión no fue válida porque García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja -el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón- dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

El jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecieron tanto él como ella- y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. Cabe recordar, no obstante, que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra. Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado el 13 de junio.

El Supremo ha anulado este nombramiento casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara la sentencia por la que el propio tribunal -el pasado noviembre- ordenó anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del TS al entender que se produjo con "desviación de poder" por parte del fiscal general.

El Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad presentado por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado contra la sentencia que anuló el Real Decreto 807/2022, de 4 de octubre, por el que fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y se la nombró fiscal de Sala de la Fiscalía togada del Tribunal Supremo, según ha informado Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal señala en un auto, recogido por Europa Press, que "dejando al margen el carácter francamente irrespetuoso de algunas de las expresiones empleadas en el escrito por el que se promueve este incidente de nulidad de actuaciones, la verdad es que ninguna de las alegadas vulneraciones de derechos fundamentales puede sostenerse".

Cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre de 2023 cuando el Supremo anuló el ascenso de Delgado al considerar que se había producido una "desviación de poder" por parte de su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El tribunal entendió que la promocionó únicamente por haber ostentado la jefatura del Ministerio Público.

Ahora, esta nueva resolución, de la que como en la sentencia ha sido ponente el magistrado Luis María Díez-Picazo Giménez, indica que no ha habido en su decisión una vulneración de la igualdad de trato —del artículo 14 de la Constitución— porque Delgado no explica qué similitud tiene su caso con el del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que cita en su incidente de nulidad. En ese caso, hubo sentencias del Supremo que le respaldaron ante su reivindicación contra la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no ascenderle a general de brigada. En su caso, el alto tribunal no vio desviación de poder como sí ocurrió en el caso de Delgado.

"Conviene no olvidar —dice el auto— que, cuando de desviación de poder se trata, es absolutamente crucial el dato probatorio; es decir, que resulte claramente establecido que la finalidad buscada por la Administración fue una distinta de la que el ordenamiento atribuye a la potestad administrativa ejercida. Y esto, que era absolutamente diáfano e incontestable en el presente caso a la vista del material probatorio existente, no lo era en el del señor Pérez de los Cobos Orihuel", subraya el Supremo.

El Supremo explica a Delgado que tampoco aprecia que se haya dado en su caso una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución -derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes- "porque, aun admitiendo a efectos argumentativos que el acto administrativo cumpliera todos los requisitos legalmente exigidos y que la señora Delgado tuviera méritos sobrados, no debe olvidarse que la desviación de poder es un vicio autónomo y diferenciado de los actos administrativos".

"Tan es así que consiste en que, si bien la apariencia externa del acto es ajustada a Derecho, se busca una finalidad diferente de la legalmente prevista. En otras palabras, contrariamente a lo que sostiene la parte promotora de este incidente de nulidad de actuaciones, que un acto administrativo cumpla todos los requisitos legalmente exigidos no lo inmuniza de posible desviación de poder", asevera.

En este punto, el Supremo pone el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez para recriminarle que aceptara la propuesta del fiscal general para ascender a Delgado en la carrera fiscal. Así, explica que "la sugerencia de que el vicio en ningún caso sería imputable al Consejo de Ministros no puede acogerse" porque el Ejecutivo solo puede en esta materia "aceptar o rechazar la propuesta del fiscal general (...) y si la acepta, hace suya la finalidad realmente perseguida por el proponente".

Por último, también desestima una vulneración del artículo 24 de la Constitución "porque la sentencia explica claramente que el nombramiento para la plaza convocada y la promoción a la categoría de fiscal de Sala van inextricablemente unidas, hasta el punto de que no cabe legalmente la promoción como acto administrativo independiente". Y señala que esa es la razón por la que no cabía apreciar "ni falta de legitimación del recurrente ni exceso en el fallo de la sentencia".

De esta forma, el Supremo aclara que al anular el destino se pierde también el ascenso a fiscal de sala, algo que no hizo en la sentencia impugnada por Delgado. Sin embargo, sigue sin fijar las consecuencias. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que, tras la revocación de su nombramiento para la Sala de lo Militar, debería abandonar su actual cargo como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. En cambio, en Fiscalía hacen una interpretación distinta, si bien siguen estudiando el asunto, según fuentes fiscales.

Cabe recordar que la sentencia estimó el recurso de otro candidato a fiscal de Sala de lo Militar, Luis Rueda, anuló el Real Decreto y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la propuesta de García Ortiz al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza. El Supremo apreció desviación de poder en la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros, ya que tuvo por finalidad asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal.

Además, puso de relieve que, durante la sesión del Consejo Fiscal donde se debatió esa plaza para la Sala de lo Militar, celebrada el 22 de septiembre de 2022, García Ortiz "insistió en que quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta, es decir la de fiscal de Sala".

El Supremo añadió que el propio fiscal general indicó en ese momento que "si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé una promoción automática en ese sentido, él como fiscal general del Estado estaba dispuesto a remediar esa situación, que consideró como una laguna en la ley". "Además, dijo que se trataba de una prioridad en su gestión", enfatizó la Sala Tercera del Supremo.

El auto que rechaza el incidente de nulidad contempla que Delgado debe hacer frente a las costas porque todas sus pretensiones han sido íntegramente desestimadas. Así, fija la cuantía a abonar por la ex fiscal general en un máximo de 1.000 euros.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ha criticado este jueves que desde la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se haya apuntado a que Dolores Delgado, nombrada fiscal de Memoria Democrática, pudiera incurrir en causa de incompatibilidad para ese cargo por su relación sentimental con el exjuez que dirige la fundación que lleva su nombre, y señala que sostener eso es "patriarcal", informa Europa Press.

"Reducir el trabajo de la fundación a la figura de su presidente --Baltasar Garzón--, hombre, y aún peor, sugerir que la imparcialidad de una persona, mujer, está comprometida por una relación personal, es patriarcal, y no podemos sino rechazarlo públicamente", señala la fundación en un comunicado recogido por Europa Press.

Responde así a lo mantenido por los vocales de la AF durante el último Consejo Fiscal, en el que mantuvieron que era necesario estudiar si la ex fiscal general Delgado incurría en una "causa de incompatibilidad" por su relación con Garzón, dado que éste dirige esa fundación dedicada a los Derechos Humanos.

La fundación, que señala en su portal web que su misión es combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, apunta en su nota que continuará invitando a sus actividades "a todas las personas que por su trayectoria tengan algo que aportar en favor de las víctimas (...) teniendo en cuenta para ello únicamente criterios profesionales".

"Así lo hemos hecho con expertos y expertas de múltiples ideologías y en cargos, tanto institucionales como del sector privado, que han contribuido a la consecución de un marco internacional más justo, igualitario y solidario, en el que la impunidad no sea la regla general", añade.

Además, destaca la FIBGAR que el origen de la fundación está en "la observación del trabajo" de Garzón, y que en su día a día implementa unos objetivos cuya ejecución "corre a cargo de profesionales y colaboradores externos". Recuerda, al hilo, que emite de manera periódica dictámenes y recomendaciones a organismos nacionales e internacionales, "no sólo en el ámbito de la Memoria Democrática, sino también en otros ámbitos como la protección de alertadores de corrupción o la lucha contra los crímenes medioambientales".

Y recuerda que este tipo de acciones es habitual en todas las organizaciones con objetivos similares, por lo que "sugerir cualquier tipo de connotación negativa es un intento de manipulación que demuestra, bien un desconocimiento absoluto de cómo funciona el tercer sector, o bien, un intento deliberado de atacar a una organización y a quienes trabajan en el desarrollo de sus fines".

En la nota difundida este jueves, la FIBGAR destaca además que entre sus propósitos está la defensa de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal, por lo que la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes internacionales está en el centro de sus acciones, tanto en España como fuera del país. Y sostiene que "rinde cuentas a la instancia oficial correspondiente".

En este sentido, indica la fundación que es "totalmente transparente en cuanto a sus fines, financiación y actividades", y que lleva más de una década trabajando y colaborando "con todo tipo de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, bajo el control de los órganos gubernamentales establecidos y que han tenido diferentes signos políticos desde 2011".

La AF en su misiva a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que advertía de que la elección de Delgado era nula, indicaba además que "la estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas al señor Garzón y que de ambas pretende obtener una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias ante la Fiscalía".

"No es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por FIGBAR o de las plataformas en la que la citada fundación se integra o cualquiera de sus asesores legales, porque este es precisamente su fin", sostenía.

Por eso, incidía la AF en que situar en su cúspide a Delgado, "cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada, resulta inadmisible".

Para la AF, el nombramiento de Delgado supone "un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia, dado que cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del señor Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta".

"Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso", alerta.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, para la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal, según informa Europa Press.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) —la mayoritaria en la carrera fiscal— y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se han negado a participar en la deliberación y votación en señal de protesta.

Así las cosas, los únicos en votar sobre esta plaza han sido los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas: la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.

Delgado competía para este puesto con otros tres fiscales: Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Especial Antidroga; y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pero destacaba por cuanto fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.

La otrora fiscal general ya ascendió a la máxima categoría con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. En el Pleno de ese 22 de septiembre, los seis vocales de la AF votaron por otro candidato y solo cuatro vocales —los dos de UPF y las dos vocales natas— lo hicieron por Delgado.

Cabe recordar que el fiscal general no está atado por la voluntad del Consejo Fiscal, ya que en materia de nombramientos discrecionales opera como un órgano consultivo, teniendo García Ortiz la última palabra. Además, lo acordado hoy no se formalizará hasta que el Gobierno proceda efectivamente a la designación de los candidatos seleccionados.

Desde el Consejo Fiscal daban por hecho que Delgado conseguiría el cargo, no solo por lo ocurrido el pasado septiembre, sino porque desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones de forma interina y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tenía un amplio conocimiento en la materia.

La negativa de esos siete vocales a siquiera participar en la adjudicación de dicha plaza va en línea con el malestar expresado por AF y APIF desde que el fiscal general adelantó el Pleno del 19 de junio a este jueves para garantizar que las propuestas de nombramientos realizadas pudieran materializarse sin verse afectadas por el adelanto electoral del 23 de julio.

Los vocales de AF y APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno ante la posibilidad de que tras el 23 de julio haya nuevo Gobierno y nuevo fiscal general. De no acceder a ello, APIF propuso como alternativa que al menos se abstuviera de realizar dicho nombramiento, dadas las "relaciones personales y profesionales" con Delgado. Sobre esto, Viada detalló que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de la también ex ministra de Justicia.

El fiscal general respondió a través de un boletín interno (Infofiscalía) aclarando que no suspendería el Pleno al estimar que "no existen razones" que lo justifiquen porque la celebración del mismo en este momento "no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico". En este sentido, citó dos precedentes: los nombramientos discrecionales propuestos por las ex fiscales generales María José Segarra y Consuelo Madrigal.

Ésta última le exigió rectificar, al considerar que se trataba de situaciones "radicalmente distintas", recabando el apoyo de la AF y APIF. En vísperas del Pleno, la asociación mayoritaria llegó a pedir la dimisión de García Ortiz por la "burda maniobra" respecto a Delgado y el "descrédito" a Madrigal.

Estas tensiones se han reflejado en el Pleno también por parte de Delgado. La que fuera jefa del Ministerio Público ha recusado a Viada alegando que tiene una "notoria animadversión" hacia su persona que compromete "seriamente" su "imparcialidad y objetividad" para formar parte del procedimiento de provisión de destino respecto a este puesto.

"A lo largo de los años 2020 y 2023 ha realizado múltiples manifestaciones difamatorias sobre mi persona en redes sociales, prensa y distintos medios audiovisuales en términos que han excedido de la crítica profesional, social o de cualquier otra índole que pudiera considerarse admisible en un Estado social y democrático de derecho", sostiene Delgado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

La también ex ministra de Justicia se muestra, además, segura de que esa supuesta "animadversión" tiene "causa directa" en que ni Viada ni su mujer, fiscal anticorrupción, fueron propuestos para los cargos a los que se presentaron durante su mandato como fiscal general.

Además de la plaza adjudicada a Delegado, el Consejo Fiscal ha analizado este jueves otras ocho propuestas de nombramiento. Destaca la de fiscal de sala contra delitos de odio y la discriminación, que ha conseguido Miguel Ángel Aguilar, de la Fiscalía Provincial de Barcelona, según las fuentes fiscales.

Las mismas apuntan que los siete vocales de la AF y la APIF se han abstenido únicamente en lo tocante a Delgado, participando en las deliberaciones y votaciones sobre los aspirantes a otras plaza.

¿O quizás Sánchez no le ofreció algo que le convenciera lo bastante para obligarle a callar todo lo que sabe?

En cualquier caso, una libertad para hablar que nunca será tanta como la que practica alguien que, aunque sea igual de exministra y de socialista, en este momento sólo es profesora de universidad en Extremadura.

Sí, se trata de Trujillo diciendo que “Ceuta y Melilla son de Marruecos”, quién sabe si pensando en el futuro de este viejo imperio que sigue siendo incapaz de resolver sus últimos jirones con la diplomacia suficiente para minimizar perjuicios y, si fuera posible, conseguir algo a cambio.

Abriré un paréntesis serio para decirle a Sánchez que no nos cuente milongas sobre los saharauis, pues no disfrutamos mientras el rey de Marruecos se ríe de él y de todos nosotros. Pero también pesimista, para constatar lo mucho que siguen influyendo quienes no tuvieron bastante con el desastre del 98 tras lo de Cuba y necesitan seguir perdiendo fuera de mala manera para alimentar los odios con los que sembrar nuevos miedos entre nosotros.

Pero esto de hoy iba de ambas ex. Primero Calvo.

5 de agosto de 2020. Es imposible olvidar el gran ridículo al que se vio obligada cuando tuvo que declarar que “el rey emérito no huye de nada” y que “Felipe VI estaba haciendo un trabajo impecable”. 

9 de mayo de 2022. Ese día Calvo declaró a El País que “yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno ni por parte del PP ni por parte de la Casa Real”. Hablaba de reformar la inviolabilidad (igual a impunidad) de Felipe VI, sin la cual, todo hay que recordarlo, la “no huida” del emérito nunca habría tenido lugar, pues antes le habrían advertido de que no cometiera delitos.

Calvo dijo también que esas negociaciones se llevaron a cabo en 2021 y durante los primeros meses de 2022, fechas que llaman la atención, pues salió del gobierno en julio de 2021. Además, cabe preguntarse si “la mesa” donde “se barajó” esa ronda era la del Consejo de ministros, pues en algún sitio he leído que sus deliberaciones son secretas.

Antes de hablar de Delgado, un paréntesis para la legalidad constitucional.

El artículo 124.2 de la Constitución dice que “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Ahora sí, Dolores Delgado.

Marzo de 2022. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decreta el archivo de la investigación, a pesar de que deja constancia de la existencia de varios delitos fiscales y otros cometidos por Juan Carlos I, el emérito que vive en los Emiratos.

Por tanto, Delgado será, para siempre, tan responsable como Luzón de una interpretación inaceptable del artículo 56.3 de la Constitución, pues su alcance lo determina otro artículo, el 64, que deja claro que los únicos actos del rey de los que no es responsable son los que refrendan el presidente del Gobierno, el del Congreso o los ministros. Es decir, cuando el rey cobra dinero de unos jeques árabes y no lo declara al fisco, el responsable es el propio rey, salvo que esa operación aparezca autorizada en el BOE.

Julio de 2022. Dolores Delgado, fiscal general del Estado, cesa a petición propia, pasando a ser fiscal de sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Es decir, para seguir cobrando tendrá que seguir callando.

¿Hay alguna relación causa efecto, por pequeña que sea, entre las salidas de Calvo y Delgado de la primera fila de la política institucional y los contenciosos citados con Felipe VI y Juan Carlos I, respectivamente?

¿Se trató de los ceses sobrevenidos de dos altos cargos que, de repente, se sintieron incompatibles con el privilegio de un rey que parece medieval?

Los que gobiernan jamás responderán a esta pregunta porque el PSOE se suma a VOX y al PP a la hora de bloquear las propuestas de otros grupos parlamentarios a favor de las reformas necesarias para dignificar la política y la sociedad. 

Por ejemplo, la de acabar para siempre con esta inviolabilidad igual a impunidad que permite al rey seguir cometiendo delitos. El PNV la llevó en junio pasado al Congreso y los partidos monárquicos citados la negaron con la excusa de un informe de los letrados. Como si los titulares de esos escaños no estuvieran para crear nuevas leyes o reformar las existentes.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido ascendida a la máxima categoría del Ministerio Público al conseguir la plaza de fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, aunque sin el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal. 

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado conceder la plaza a Delgado pese a que el órgano consultivo -tras una reunión de casi seis horas- ha decidido no respaldar la candidatura.

Cabe recordar que el cometido del Consejo Fiscal es informar las propuestas de nombramiento, de modo que la decisión final está en manos de García Ortiz, que será quien remita al Gobierno la lista de candidatos elegidos para que el Consejo de Ministros proceda a la designación.

Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia han precisado que Delgado no ha contado con el voto de los seis vocales del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales, que han apoyado al fiscal

Así, la exministra solo ha conseguido cuatro votos a favor, los de los dos vocales de la Unión Progesista de Fiscales -asociación a la que pertenece- y la de los miembros natos -la teniente fiscal del TS y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente-. El vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se ha abstenido en la votación porque su pareja estaba entre las candidatas.

Hasta ahora, Delgado -que dimitió el pasado 20 de julio alegando razones de salud tras la operación de columna vertebral que sufrió en abril- tenía plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN). Con el cambio a la Sala de lo Militar del Supremo, ha conseguido subir en el escalafón del Ministerio Público.

El PSOE intentó garantizar este ascenso mediante una enmienda incluida en la Ley Concursal que habría supuesto que Delgado y sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueran promovidos a fiscal de Sala del Supremo al abandonar el cargo, pero el partido acabó retirándola ante la polémica generada.

Delgado se ha medido con otras 19 personas que aspiraban a la plaza en la Sala de lo Militar, algunas con mayor antigüedad y otras con mejor currículum para el puesto, según las fuentes consultadas por esta agencia.

Este jueves, el Consejo Fiscal ha debatido también otras 13 vacantes en el Ministerio Público, incluida la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, que seguirá con Alejandro Luzón al frente.

Luzón fue designado fiscal jefe de Anticorrupción en julio de 2017 a propuesta del entonces fiscal general del Estado José Manuel Maza. En aquella ocasión, el Consejo Fiscal respaldó a Luzón con un total de 8 de los votos, al ser apoyado por los seis consejeros que representaban a la conservadora Asociación de Fiscales y también por el entonces fiscal jefe de Inspección y el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Luis Navajas.

Es conocido por haber sido el fiscal del caso Bankia, entre cuyas piezas se encontraba la que juzgó a los implicados por el uso de tarjetas 'black', así como el juicio contra el director general de la Guardia Civil Luis Roldán o los conocidos como Afinsa, Occidental Hoteles, Alierta, Eurobank, Huarte o Fondos Reservados en el que se condenó a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. Recientemente, estuvo a cargo de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía sobre el patrimonio del rey emérito, Juan Carlos I.

También ha sido nombrado como fiscal en Antidroga Luis Uriarte Valiente, que desde 2020 está destinado en comisión de servicios en dicha fiscalía especializada, según ha comunicado el Ministerio Público.

Por su parte, se queda sin renovar el cargo el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien será sustituido en sus funciones por la fiscal Marta Durántez Gil, que hasta ahora ocupaba el puesto de fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano en el que se analizan las causas de mayor relevancia y trascendencia tramitadas en todo el territorio nacional.

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal inspector de la Inspección Fiscal será Juan José García Criado, que ingresó en la carrera fiscal en 1989 y actualmente ejerce en la Fiscalía Provincial de Córdoba, donde fue destinado en 1993.

Además, se ha acordado el nombramiento de otra decena de cargos. María Farnés Martínez Frigola estará al frente de la fiscal superior de Canarias; Santiago Harráiz, de La Rioja; Pedro Jiménez, de Granada; Juan Bautista Calvo-Rubio, de Málaga; Juan Baratech, de Huesca; Diego Miranda González, de Sabadell; Ana María Martín-Forero, de Móstoles; Gloria García Palomo, de Granollers; y Miguel Armenteros, de Ferrol.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado, por doce votos a favor y siete en contra, la idoneidad del fiscal experto en medio ambiente Álvaro García Ortiz para que se convierta en el próximo fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, que dimitió el pasado martes aduciendo problemas de salud.

Así se ha resuelto en el Pleno ordinario celebrado este jueves, donde doce vocales han respaldado a García Ortiz, mientras que los siete restantes le han considerado inidóneo, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El informe emitido por el CGPJ supone el inicio del proceso para ratificar el nombramiento de García Ortiz como nuevo jefe del Ministerio Público. Para completarlo, tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La Comisión de Justicia trabaja ya con la previsión de reunirse la próxima semana con carácter extraordinario para examinar la idoneidad de la candidatura de García Ortiz a la Fiscalía General del Estado.

Una vez superados todos estos trámites, el Consejo de Ministros podrá nombrar a García Ortiz como nuevo fiscal general. El elegido jurará y prometerá su cargo ante el Rey y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

De esta forma se cumplirá el iter legal, ya que el ordenamiento jurídico establece que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

Además, las leyes señalan que el cargo está reservado para juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, requisitos que el CGPJ comprobará que se cumplen en el caso de García Ortiz.

Es el actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), cargo desde el que ha ejercido de persona de máxima confianza de Delgado, que el martes anunció su dimisión por motivos de salud tras someterse a una operación de columna vertebral que no la ha dejado en las condiciones físicas requeridas para el puesto, según explicó en un comunicado.

Ahora fiscal de sala, García Ortiz ingresó en la carrera fiscal en 1998. Fue coordinador de la entonces Adscripción de Menorca entre 2000 y 2002, cuando fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. Allí fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma.

Posteriormente, fue designado fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007, a nivel provincial y autonómico, hasta marzo de 2021.

De su carrera profesional, destaca su amplio conocimiento en temas medioambientales. Las fuentes consultadas por Europa Press subrayan no solo su rol como fiscal del 'caso Prestige' sino también que es uno de los mayores expertos del Ministerio Público en incendios forestales.

Dolores Delgado es desde este martes ex fiscal general del Estado. Tras dos años y medio de mandato cargado de polémicas, ha decidido dar un paso al lado por motivos de salud,  poco tiempo después de reincorporarse al puesto tras una baja médica por una operación en la columna vertebral. 

La semana pasada el PP exigía su destitución para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero en la entrevista que ha publicado este miércoles El País, Delgado ha asegurado que su renuncia se debe únicamente a motivos de salud: ““Me da igual lo que digan, renuncio porque mi cuerpo está roto”. 

La hasta entonces fiscal confiesa al diario la imposibilidad de conciliar su recuperación con el ejercicio de su cargo. “No puedo seguir. No puedo estar cancelando viajes porque no me puedo subir a un avión, y no puedo estar cancelando reuniones institucionales una tarde porque necesito tumbarme”, ha declarado. 

También ha comentado a El País sus próximos pasos: “Yo me vuelvo a la Audiencia Nacional, yo soy fiscal. No voy a trabajar en la empresa privada, no quiero”. A pesar de que sus problemas físicos “permanecen”, no tendrá la tensión “que supone ser fiscal general del Estado” ni la entrega física. 

Respecto a su sucesor, Álvaro García Ortiz, comenta que “tiene un conocimiento profundísimo de la carrera, se la conoce como la palma de la mano” y asegura estar “muy contenta” porque cree que es y va a ser el mejor fiscal general del Estado.

El aterrizaje de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado fue de todo menos sencillo. A pesar de sus tres décadas acreditadas de servicios prestados, su nombramiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no fue del agrado de buena parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada menos que siete vocales de un órgano de gobierno de los jueces entonces caducado se negaron a dar el visto bueno a la fiscal de la Audiencia Nacional. Todos ellos pertenecían al denominado bloque conservador. Y, tras un intenso debate, decidieron votar no al considerar que la designación creaba una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo. Delgado estaba marcada por su etapa previa como ministra de Justicia del Gobierno y diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Una condición política que le ha perseguido durante todo su mandato a ojos de la derecha.

Ahora, más de dos años y medio después de su llegada al puesto, Delgado ha decidido dar un paso al lado. Este martes, la fiscal general del Estado ha presentado su renuncia ante la titular de Justicia, Pilar Llop. Lo ha hecho alegando motivos de salud. Hace casi tres meses, fue operada de "urgencia". Se le eliminó un quiste sinovial que comprimía el conducto entre dos vértebras y una fractura en la faceta articular de la vértebra. Tenía, en definitiva, la columna muy afectada. Estuvo de baja hasta finales de junio. Sin embargo, pocas semanas después de su reincorporación, ha concluido que no está "en las condiciones físicas exigidas" para continuar llevando las riendas del Ministerio Público. "El cese ha sido a petición propia y por motivos exclusivamente de salud por la enfermedad que padece", ha querido dejar claro la ministra de Justicia.

El encargado de sustituirla en el cargo será su hasta ahora mano derecha, el fiscal Álvaro García. El Consejo de Ministros lo ha propuesto este mismo martes para el puesto. Ahora, deberá pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial como paso previo a la comparecencia del candidato en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, una suerte de examen que desde la oposición utilizaron en su día para cargar con dureza contra la propuesta de Delgado, que no dudaron en tildar de "peligrosa" y "lamentable". El informe del órgano de gobierno de los jueces es preceptivo, pero no vinculante. Y en él se valora si el aspirante reúne los requisitos formales que se exigen en el Estatuto del Ministerio Fiscal para ocupar el cargo: ser jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

García cumple sin problemas las exigencias marcadas. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998, siendo destinado en régimen de adscripción provisional a la Fiscalía de Mahón, en Menorca. Poco después recaló en la de Área de Santiago de Compostela, donde fue nombrado a finales de 2004 fiscal especial coordinador de incendios de la comunidad autónoma. Quien fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y vocal del Consejo Fiscal por dicho colectivo, el mismo al que pertenece Delgado, tiene una dilatada experiencia en medio ambiente. De hecho, fue el representante del Ministerio Público en el caso Prestige. Y conoce bien el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, donde hasta ahora ha ejercido como jefe de la Secretaría Técnica, un puesto clave en el organismo.

Tanto la fiscal como el Ejecutivo se muestran satisfechos por la etapa Delgado. Bajo su mandato, tal y como se ha encargado de recordar Llop, se ha aprobado "un código ético" para el Ministerio Público, se ha actualizado el reglamento de la carrera fiscal, se han incrementado con su impulso "el número de plazas de fiscales" o se ha avanzado en "paridad" en los puestos "directivos" del Ministerio Público. "Muchos son los logros que se han conseguido", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Justicia. Luces que, sin embargo, se han visto empañadas por no pocas sombras. Desde que llegó al cargo, las críticas, los ataques y las polémicas han sido constantes, lo que ha ido erosionando poco a poco la imagen de una fiscal con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas.

Cuando Delgado agarró las riendas del Ministerio Público, ya arrastraba algunas máculas de su etapa al frente de Justicia. Precisamente, por la relación que había mantenido con José Manuel Villarejo. Como tantos y tantos miembros de lo más granado de la sociedad española, la voz de la fiscal también estaba presente en las grabaciones que durante tantos años había ido almacenando el comisario jubilado. "Un maricón", decía al policía allá por 2009 sobre el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Cuando se empezó a vincular su nombre con el de Villarejo a raíz de un apunte que constaba entre los archivos incautados al exagente, Delgado negó haber haber tenido "ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario. Pocos días después, dijo haber coincidido con él y otros policías o cargos judiciales y fiscales en al menos tres ocasiones.

Una sombra, la de Villarejo, que le siguió persiguiendo durante su etapa al frente del Ministerio Público. Y que llegó, incluso, a tensionar las relaciones dentro del Ejecutivo de coalición. El mismo día que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictaba la puesta en libertad del comisario jubilado, Delgado se reunía en un piso del centro de la capital con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, de OkDiario, la web que ha servido de altavoz para las maniobras de la denominada policía política. El encuentro, desvelado por Ctxt, llevó a Unidas Podemos a unirse a una solicitud de ERC y EH Bildu en la que se exigía la comparecencia de Delgado para dar explicaciones sobre el encuentro de la fiscal general con los, en palabras de Pablo Echenique, "principales socios de la cloaca mediática".

El mandato de Delgado también ha estado profundamente marcado por las críticas recibidas dentro de la Carrera Fiscal en relación a su política de nombramientos. El sector conservador, aglutinado alrededor de la mayoritaria Asociación de Fiscales, la ha acusado en reiteradas ocasiones de primar en las designaciones de la cúpula del Ministerio Público a miembros de la UPF, su asociación. De hecho, fue este colectivo el que decidió llevar al Supremo el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. El Alto Tribunal estimó el recurso y ordenó repetir el proceso al entender que no se había motivado suficiente por qué se había decantado por éste y no por el otro aspirante, José Miguel de la Rosa. A pesar de ello, Delgado volvió a insistir en la designación. "No solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo", argumentó. Un movimiento que ha vuelto a ser recurrido.

El área de menores ha sido, de hecho, uno de sus últimos quebraderos de cabeza. Hace solo un par de semanas, más de un centenar de fiscales, la mayoría especializados en este ámbito, reprochaban a la jefa del Ministerio Público el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como número dos de la sala de menores. En un escrito, los firmantes recordaron la "excelencia en el desarrollo del trabajo" demostrado por el fiscal, motivo por el cual consideraban el cese como "una excepcional pérdida" para la "especialidad". "Ha conseguido que los especialistas en menores nos sintiéramos vinculados por un compañerismo que, gracias a su buen hacer, es algo más que participar de la misma especialidad", resaltaban los compañeros a través de un escrito.

Otro de los asuntos que más desgaste le han producido en los últimos meses ha sido el denominado caso Stampa. El fiscal fue apartado de la investigación sobre el comisario José Manuel Villarejo a raíz de los expedientes disciplinarios abiertos contra él por supuestas revelaciones de secretos a Podemos en este procedimiento. Las pesquisas, finalmente, fueron archivadas. E Ignacio Stampa acusó a Delgado y su equipo de maniobrar para que la investigación que se había abierto en su contra se dilatara en el tiempo, de modo que siguiera abierta cuando el Consejo Fiscal se reuniese para decidir si le daba su apoyo para acceder a una plaza fija en Anticorrupción. El fiscal acusaba a García, llamado a sustituir a Delgado, de haberse dirigido al instructor para hacerle reconsiderar la propuesta de archivo. El hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica, sin embargo, siempre ha sostenido que eran necesarias más indagaciones.

"Lo importante no es de dónde venga, sino cómo desarrolle mi función y que ello se pueda apreciar y someter al escrutinio de la ciudadanía. Sé que el foco está puesto sobre mi gestión. Creo que es bueno y una garantía de transparencia", decía Delgado en octubre de 2020 en una entrevista con infoLibre, en la que reconocía que la estaban dando "por todos lados" pero en la que también dejaba claro que los descalificativos "cutres y chabacanos" no la iban a hacer "temblar" en sus "decisiones".

Delgado se hizo con las riendas del Ministerio Público a las puertas de una de las mayores crisis sanitarias recientes. Por eso, una parte importante del trabajo de la Fiscalía en estos dos años y medio ha tenido mucho que ver con la pandemia de coronavirus. Desde las demandas contra el Gobierno central a las acciones judiciales contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que apenas han tenido recorrido. Y, por supuesto, lo relativo a la gestión de las residencias, donde durante la primera ola perdieron la vida más de 20.000 residentes. A comienzos de año, Amnistía Internacional criticaba que la Fiscalía hubiese dado carpetazo a todas estas muertes sin haber llevado a cabo una investigación suficiente. Y lo hacía poniendo datos sobre la mesa: casi el 90% de las pesquisas acabaron archivadas. De hecho, la ONG recogía más de un centenar de cierres en los que ni siquiera se había escuchado a los familiares.

Durante estos dos años y medio el Ministerio Público también ha puesto el foco en la compraventa de material sanitario a lo largo de la pandemia. Así, Anticorrupción investigó durante cuatro meses el contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas adjudicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Priviet Sportive, la firma de un empresario amigo de los Ayuso con la que colaboraba el hermano de la presidenta. Las pesquisas confirmaron que Tomás Díaz Ayuso cobró en concepto de "comisión comercial" más de 234.000 euros por la operación: 175.000 euros se corresponden con un fijo acordado por los trabajos para Priviet en relación con diferentes ofertas, entre ellas la investigada, y 59.203,52 euros como "bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas"

Ahora bien, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dio carpetazo al asunto al entender que no había indicios que hiciesen pensar que el hermano de la líder del Ejecutivo regional "llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones" ante la Comunidad de Madrid tendentes a conseguir un "trato de favor" para la empresa. Un archivo que Anticorrupción también dictó en relación con las pesquisas que había abierto tras una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid en relación a las ayudas otorgadas por el Gobierno central a diferentes compañías. En este caso, Luzón resaltó que la "hipótesis delictiva" que planteaban los denunciantes se había "comprobado huérfana de una mínima base indiciaria".

Pero, sin duda, la gran investigación del Ministerio Público durante la era Delgado ha sido la relativa a la fortuna del rey emérito. Aquellas pesquisas pusieron de manifiesto que Juan Carlos de Borbón habría ocultado a Hacienda entre 2008 y 2012 unos 56 millones de euros por el impuesto de donaciones y de IRPF. Sin embargo, el asunto quedó zanjado con un duro escrito de archivo. La inviolabilidad durante su etapa al frente de la Jefatura del Estado o las regularizaciones fiscales cuando ya se veía cercado permitieron al emérito esquivar el reproche penal.

Dolores Delgado renuncia a su cargo. La hasta ahora fiscal general del Estado ha decidido dar un paso al lado por motivos de salud, poco tiempo después de reincorporarse al puesto tras una baja médica por una operación en la columna vertebral. El Gobierno ha elegido como sustituto al fiscal Álvaro García, su actual mano derecha como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), un puesto al que llegó desde el área de Medio Ambiente.

A finales de abril, Delgado, que llegó al cargo en 2020 tras haber sido ministra de Justicia del Ejecutivo, se sometió a una "intervención de urgencia en la columna vertebral". En concreto, según el comunicado emitido por el Ministerio Público, la operación consistió en la "eliminación de un quiste sinovial que compromía el conducto de las vértebras L2/L3 del lado derecho, así como la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, con una columna muy afectada que obligará a nuevas intervenciones quirúrgicas".

Delgado ha subrayado "lo difícil de una decisión" en la que ha tenido que "conjugar" su "inequívoca vocación de servicio público" con un "alto sentido del deber y responsabilidad", algo que le ha llevado a la "convicción" de que no se encontraba "en las condiciones físicas exigidas para tan alta función".

La fiscal general cree que su mandato, que ha estado rodeado de polémica desde el primer minuto, ha sido "satisfactorio". “Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables”, añade la nota.

Ahora, tras su salida, el encargado de llevar las riendas del Ministerio Público será su actual número dos. García ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998 siendo destinado en régimen de adscripción provisional a la Fiscalía de Mahón, en Menorca. Poco después recaló en la de Área de Santiago de Compostela, donde fue nombrado a finales de 2004 fiscal especial coordinador de incendios de la comunidad autónoma. Cuando fue nombrado jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, ocupaba el puesto de fiscal delegado de medio ambiente en Galicia y vocal del Consejo Fiscal por la UPF.

Un total de 117 fiscales, la mayoría especializados en menores, han reprochado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como adjunto al fiscal de sala de menores, por considerar que se trata de "una excepcional pérdida" para esta especialidad tanto por su "excelencia" como por sus "cualidades humanas".

"Los fiscales de menores abajo firmantes quieren manifestar a V.E. que valoran este cese como una excepcional pérdida para nuestra especialidad dentro de la Fiscalía General del Estado", han manifestado en un escrito recogido por Europa Press.

Han destacado "la excelencia en el desarrollo del trabajo que ha demostrado el señor García Ingelmo desde que fue designado, con diferentes fiscales de sala y bajo el mandato de diferentes fiscales generales".

Asimismo, han valorado "especialmente" sus "cualidades humanas, por su completa disponibilidad y atención a todos los fiscales especialistas de menores y por su afabilidad, ampliamente demostrada durante tantos años".

"Ha conseguido que los especialistas en menores nos sintiéramos vinculados por un compañerismo que, gracias a su buen hacer, es algo más que participar de la misma especialidad", han indicado.

Fue el pasado 29 de junio, en el acto de constitución del nuevo Consejo Fiscal, cuando Delgado comunicó los ceses de García Ingelmo y de Luis Lafón Nicuesa, en el marco de la renovación y configuración de las unidades de Menores y Extranjería, en las que recientemente se designaron a los nuevos fiscales jefes.

Fuentes fiscales señalaron a Europa Press que se trata de un cambio "lógico" y "natural" después de que Eduardo Esteban Rincón y Beatriz Sánchez fueran nombrados jefes de las Unidades de Menores y Extranjería, respectivamente. La intención es que se conformen nuevos equipos para poner en marcha los proyectos de los recién nombrados, explicaron.

Las mismas fuentes subrayaron que la decisión de Delgado de cesar a García Ingelmo y Lafón Nicuesa es discrecional, por lo que la fiscal general del Estado no tiene obligación de presentar informe o argumentar el cambio, dado que son nombramientos de designación directa para cargos de confianza.

La Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- afeó a Delgado en un comunicado que no les permitiera preguntar por los motivos de dichos ceses. Las fuentes consultadas inciden en que no es necesario consultar al órgano, sino que basta con informar.

La AF destacó la "extraordinaria talla jurídica" de los fiscales cesados, así como el reconocimiento que ambos gozan "dentro y fuera de la carrera". Por ello, auguró que su trabajo "será añorado por los miembros de las respectivas especialidades".

Por su parte, el vocal electo del nuevo Consejo Fiscal en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha solicitado que en la próxima sesión, prevista para mediados de septiembre, se expliquen las razones por las que García Ingelmo, "tras más de 12 años de adscripción a la Fiscalía de Menores y con un prestigio reconocido en la especialidad, ha sido cesado".

En concreto, quiere "conocer si la decisión de cesar al citado fiscal proviene de la fiscal general o del fiscal jefe de la sección de menores", esgrimiendo que si este último no hubiera solicitado dicho cese siendo su "superior directo", "la decisión debe ser explicada, dado que difícilmente puede obedecer a razones de índole profesional y de mejora del servicio".

"Si la competencia del señor García Ingelmo parece reconocida por una mayoría de fiscales de menores, y si su fiscal jefe no hubiere solicitado el relevo, ¿cuáles son las razones de tal medida?", ha planteado.

Por otro lado, Viada ha solicitado que en el próximo Consejo Fiscal se discuta también sobre "la necesidad de establecer una dotación presupuestaria diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado" para el Ministerio Público.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reiterado el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público después de que el Tribunal Supremo acordara anular el primer nombramiento por falta de motivación. Ha insistido en que "nada impide" que proponga al mismo candidato una vez que ha motivado su decisión, alegando —entre otras cuestiones— que no se identifica con la postura del otro aspirante por su "falta de sensibilidad" en materia de género.

La decisión fue adoptada el pasado 5 de mayo por la titular del Ministerio Fiscal y confirmada este martes por el Consejo de Ministros, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles. En un escrito de 22 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, Delgado ha detallado las razones por las que ha optado repetir el nombre de Esteban Rincón.

La fiscal general del Estado, que se encuentra de baja desde el pasado abril a raíz de una operación en la columna, ha incidido en que el Estatuto Orgánico le permite unas "amplísimas facultades", entre las que se incluye la remoción en los cargos y, por lo tanto, "un margen de discrecionalidad para ejecutar una determinada política criminal en el marco de la acción de Gobierno".

Así las cosas, ha insistido en que para ello "necesita poder decidir el grupo humano, las personas de excelencia, que dentro de los márgenes legales le han de auxiliar a cumplir su misión constitucional".

El pasado 19 de abril, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que se estimaron los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF) y por uno de los aspirantes al cargo —el fiscal José Miguel de la Rosa— contra el Real Decreto 212/2021, de 30 de marzo, por el que se promovió a Esteban Rincón.

En el Consejo Fiscal, que se celebró en 2021 para la elección de ese cargo de fiscal de Sala, Esteban Rincón obtuvo el apoyo de cinco miembros electivos mientras que De la Rosa logró seis votos. Finalmente, Delgado se decantó por el primero, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció la fiscal general.

El Supremo anuló el Real Decreto en cuestión y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la formulación de la propuesta de nombramiento de la fiscal general del Estado para que realizase una "nueva propuesta motivada".

El Alto Tribunal, además, afeó a Delgado que en su propuesta para nombrar a Esteban Rincón ignorara al otro candidato y que tampoco dijera "nada" de los méritos en materia de menores del fiscal que finalmente se hizo con la plaza. "La motivación de la Fiscal General del Estado no cumple las exigencias mínimas", señalaron los magistrados.

Ahora, en el marco de su exposición, ha dedicado 22 folios a alabar la carrera de Esteban Rincón y a destacar su "ejemplaridad y fidelidad" al Ministerio Público "tras un cambio de ciclo político", así como sus conocimientos en perspectiva de género, aspecto que para Delgado supone un "eje pragmático" en su jefatura.

En este sentido, la fiscal general ha reconocido que dista de la visión del otro aspirante al cargo —el fiscal José Miguel de la Rosa—. Según ha dicho, "el otro candidato (...) viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva (de género).

Así las cosas, Delgado ha reiterado el nombramiento de Esteban Rincón porque "nada impide, pues, que esta fiscal general del Estado proponga al mismo candidato, siempre que la nueva propuesta se adecúe a los criterios expresados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo".

Al hilo, ha defendido que la mayor especialización en la materia de menores debe ser necesariamente uno de los criterios a valorar. "Sin embargo, no puede ser la única ni la más relevante", ha precisado para luego subrayar casos anteriores de fiscales que accedieron a la plaza sin experiencia alguna en materia organizativa o de menores, en referencia a los anteriores fiscales de Sala Coordinadores de Menores Consuelo Madrigal y José Javier Huete.

Ante el argumento del Supremo de que no había hecho mención al resto de candidatos a la plaza, Delgado ha asegurado que no se trató de una "descortesía". Según ha explicado, "no se contrapuso un candidato frente a otro" por la "simple razón" de que "no hay precedentes en ninguna de las propuestas de nombramientos anteriores".

"Los y las fiscales generales del Estado hemos preferido reconocer las virtudes de los candidatos propuestos antes de arriesgar que la comparativa no pudiere realizarse sin menoscabo de los no elegidos", ha dicho. Sin embargo, ante la exigencia planteada por el Supremo, Delgado ha dedicado varios folios a abordar el currículum del otro aspirante al cargo.

Sobre De la Rosa, Delgado ha subrayado que "no asume funciones investigadoras desde el mes de marzo de 2012", que "hace más de diez años que no desarrolla tarea alguna como fiscal de menores" y que en los 20 años que lleva en la Fiscalía General del Estado no ha desarrollado una "actividad jurisdiccional propiamente dicha".

Asimismo, ha explicado que no comparte la concepción que tiene del derecho aplicable a los menores. A su juicio, este candidato no da una "respuesta social" ni avanza hacia un "modelo social de responsabilidad en línea con las propuestas internacionales de justicia discriminalizadora". "Por lo tanto, en la comparativa entre aspirantes, no solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo", ha zanjado.

En el marco de su motivación, ha hecho un repaso por los méritos de ambos candidatos y ha reconocido que ambos presentan "brillantes trayectorias profesionales, aunque distintas". Pero ha insistido en que Esteban Rincón es "el más idóneo para el cargo".

Según ha precisado, Esteban Rincón acredita "mayor experiencia en la gestión, coordinación y supervisión de plantillas". Así, Delgado ha detallado el trabajo del elegido en cada uno de los departamentos en los que ha prestado servicios durante su carrera fiscal.

Además, ha destacado que durante su estancia en la Fiscalía Provincial de Madrid "implementó importantes reformas", así como la "reestructuración del organigrama funcional" del órgano, y su paso por la Fiscalía del Tribunal Constitucional.

Ante la propuesta de la fiscal general, ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha firmado el Real Decreto 417/2022, de 31 de mayo, por el que se promueve a la categoría de fiscal de Sala a Esteban Rincón y se le nombra fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha asegurado que la investigación al rey emérito Juan Carlos I es histórica y que la Fiscalía la ha realizado con rigor, profesionalidad, "sin cortapisas y sin limitaciones", hasta las últimas consecuencias fácticas y jurídicas.

"Seguramente hay gente que piensa que podíamos haber hecho más pero esta es la ley. Nos puede gustar más o menos, se puede cambiar o no, pero esa no es nuestra función", ha dicho en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press.

Preguntada por si la Fiscalía española ha sido demasiado indulgente, después de que la justicia británica haya mantenido un proceso abierto al rey emérito, ha respondido que cada país tiene su legislación, sus normas y su historia, y que el Reino Unido "tiene otra con distinta proyección sobre los exjefes de Estado para determinados delitos".

"Los poderes públicos nos debemos a la soberanía popular porque estamos al servicio de la sociedad. Nosotros tenemos esta legislación. ¿Se puede cambiar? Seguro ¿Se puede mejorar? Seguro ¿se puede mantener? Seguro", ha añadido.

Ha defendido que hay resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han "marcado la interpretación sobre la inviolabilidad" del emérito, y asegura que si en un futuro los representantes de la soberanía popular proponen otro marco normativo, se aplicará.

Delgado ha dicho que ha tenido oposición política dentro de la propia Fiscalía y que sufre "un nivel de hostigamiento que no se había dado hasta ahora con ningún fiscal general del Estado", aunque destaca que se siente orgullosa de su tarea en temas, dice, de gran trascendencia histórica.

Ha explicado que la introducción de una enmienda para que una vez acabe su mandato pueda ser fiscal de Sala es una exigencia de Europa para "blindar a los fiscales de presiones externas o internas" y que permite una mejor prestación del servicio público de la justicia.

A la pregunta de si ve avances en las diligencias abiertas para recabar información sobre la guerra de Ucrania, ha respondido que ahora es momento de recabar pruebas con vídeos y testimonios, como recuerda que se hizo con Afganistán: "Tuve la oportunidad de contribuir a que saliese del país el fiscal general afgano. Ya me ha valido la pena ser fiscal general del Estado solo por eso", ha añadido.

Sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, podría verse acusado por crímenes de guerra, ha dicho que "seguramente la opción es un tribunal ad hoc" y ha abogado por la cooperación de los sistemas judiciales para poner a disposición de quien esté en condiciones del enjuiciamiento todo el acervo y el material probatorio, aunque dice que no se atreve a poner nombre y apellidos.

La petición de la Fiscalía Europea (EPPO) de que la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dilucidar quién tiene la competencia para investigar el contrato de emergencia vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, chocaría con la doctrina de la propia FGE que dice que los fiscales pueden preguntar al TJUE pero en procedimientos judiciales, según informa Europa Press.

Se da la circunstancia de que, en este caso concreto, las diligencias de investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción están en un momento muy embrionario dado que son pesquisas preprocesales previas a cualquier apertura de causa, por lo que no cabría aplicar lo que reza la Instrucción 1/2016, de 7 de enero, sobre la intervención del fiscal en las cuestiones prejudiciales europeas.

Este mismo viernes la Comisión Europea ha defendido que sea el TJUE quien resuelva las diferencias de criterio, el conflicto competencial, entre ambas fiscalías. Pero la fiscal general en su decreto del pasado lunes, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala ya decidió al respecto y por lo tanto hizo caso omiso a la petición de los fiscales europeos de preguntar al tribunal europeo.

Ese día, Delgado indicó que si bien parte de la investigación, la relativa a malversación de fondos europeos, se la quedaban en la Fiscalía europea, las pesquisas relativas a los delitos conexos, como el tráfico de influencias o las negociaciones prohibidas a funcionarios, se quedaban en España para que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, continuara con sus averiguaciones.

En la instrucción 1/2016, firmada por la exfiscal general Consuelo Madrigal, en su punto 2.6 se recalca que nada impide al Ministerio Fiscal tomar la iniciativa para que se plantee una cuestión prejudicial, pero antes de tomarla habrá de recabarse la conformidad de la FGE remitiendo un sucinto informe, que incluya los antecedentes, razonamientos y consecuencias de la aplicación o no aplicación de la norma cuestionada, junto con los documentos que avalen sus conclusiones.

La doctrina indica que los fiscales pueden instar una cuestión prejudicial pero "sólo podrán hacerlo en aquellos procesos civiles, penales, contencioso-administrativos o laborales en que por aplicación de las normas procesales respectivas o del Estatuto del Ministerio Fiscal estén interviniendo". Subraya que si el fiscal ni ha sido ni ha debido ser parte en el proceso subyacente, "carecerá de legitimación para promover el incidente".

De esta manera, parece claro que la instrucción cierra la puerta a la petición que se hacía desde la Fiscalía Europea para que Delgado preguntara al TJUE, habida cuenta de que se está ante diligencias preprocesales y no en un procedimiento judicial, por más que en el caso de la EPPO, los fiscales sí tengan la potestad de dirigir la instrucción.

Por otro lado, la doctrina de la FGE en su artículo 2.4 recoge que "el Legislador, conscientemente, ha optado por no establecer una intervención preceptiva del Fiscal en la tramitación de las cuestiones prejudiciales". Y añade que sólo intervendrá dictaminando en las cuestiones prejudiciales "cuando sea parte en el procedimiento en que se susciten".

En el 2.5 se apunta que cuando el fiscal es parte en un proceso en que se suscite la cuestión prejudicial, se le debe dar traslado porque es un trámite que incluye una interpretación vinculante para el Estado español de las normas aplicables al caso. Eso "justifica y exige incuestionablemente que esa intervención del Fiscal se produzca en términos no meramente formularios, sino con aportación de un criterio jurídicamente fundado y debidamente razonado".

Lo que sí deja claro la instrucción es que cuando se presenta una cuestión prejudicial, esto acarrea la suspensión del procedimiento" a la espera de la decisión del TJUE.

No obstante, fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que la idea de que la FGE pudiera elevar la pregunta a Europa es precisamente saber si una fiscalía puede ser considerada autoridad judicial al resolver una cuestión de competencia en la que es parte de acuerdo con el Reglamento de la Fiscalia Europea y el Derecho de la Unión.

Y añaden que en este caso concreto del contrato de emergencia de las mascarillas, la Fiscalia Europea no puede ir por sí sola al TJUE, y la Comisión Europea tampoco puede plantear una cuestión prejudicial.

El artículo 9 del Reglamento por el que se creaba la Fiscalía Europea, señala que en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional sobre si el comportamiento constitutivo de delito debe ser investigado por la primera, debe ser decidido por la FGE en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Añade que en caso de que las discrepancias a las que se refiere ese punto se suscitaran entre la Fiscalía Europea y un juzgado de instrucción que ya estuviera conociendo del asunto, se tramitará como una cuestión de competencia cuya resolución corresponderá a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, previo informe del Ministerio Fiscal.