Amnistía denuncia la “deficiente” investigación de la Fiscalía sobre las muertes de mayores en residencias
La pasividad de la Fiscalía ante la muerte de miles de mayores en las residencias de mayores no despierta solo un enorme malestar entre los familiares de las víctimas, sino que también acaba de cosechar la crítica de una de las ONG más prestigiosas del mundo. Amnistía Internacional denunció este lunes la “deficiente investigación” realizada por el Ministerio Público en relación con las decenas de miles de muertes registradas en los centros residenciales. También criticó que las pocas comisiones de investigación creadas en Parlamentos autonómicos se hayan ido cerrando –así ocurrió en Madrid, Cataluña y Castilla y León–, por lo que solicita la apertura de una comisión de la verdad en el Congreso.
La fecha elegida por Amnistía para realizar su denuncia es simbólica, puesto que este 31 de enero se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España. Desde entonces han fallecido a causa de la pandemia más de 35.000 residentes, de ellos más de 20.000 durante la primera ola, en muchos casos sin recibir atención sanitaria y en condiciones que vulneraron sus derechos humanos, tal y como demostraron en detallados informes la propia Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras.
Tras analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía llegó a la conclusión de que faltan “mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas”.
Por ello, la organización acusa a “las autoridades” de incumplir “su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia. Las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
La investigación “deficiente” de la Fiscalía
El principal destinatario de la denuncia de Amnistía es el Ministerio Público, dirigido por Dolores Delgado desde finales de febrero de 2020, justo unos días antes de que el virus empezase a provocar estragos en las residencias.
“Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales”, destacó Amnistía.
La organización considera que “la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias”.
Safira Cantos, responsable de la investigación realizada por Amnistía, recordó que "las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar”. Y destacó que es fundamental un “papel proactivo” de la Fiscalía para aclarar lo sucedido. “Sin embargo, muchas veces son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, sostuvo.
infoLibre ha denunciado diversos casos especialmente llamativos de esta actitud pasiva de la Fiscalía. El último la semana pasada, cuando desveló el escrito de tres folios con el que el Ministerio Público pidió que se cerrase la investigación judicial sobre la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés (Madrid). En dicho documento, la fiscal Raquel Fernández Alonso obvia por completo el elemento central que denunciaron los familiares que presentaron las querellas: que los mayores que caían enfermos no eran trasladados a los hospitales como consecuencia de un Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impedía su derivación. El mes pasado, este periódico informó de que la fiscal de la causa archivada contra el director de la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real) no acudió a la declaración del único imputado porque “estaba de vacaciones”. En el centro fallecieron 75 personas durante la primera ola de la pandemia.
En Barcelona, según recuerda Amnistía, la denuncia de casi doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las residencias.
Por todo ello, Amnistía pide al Ministerio Fiscal “que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria. La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias”.
Los protocolos de Madrid y Cataluña
Esos protocolos que impedían la derivación a los hospitales de los residentes son también objeto de la crítica de Amnistía.
infoLibre desveló en junio de 2020 la existencia del Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que impedía el traslado a los hospitales de aquellos residentes con mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo; es decir, de las personas más vulnerables [puedes consultar en esta información los documentos con las cuatro versiones que tuvo dicho protocolo]. En los meses de marzo y abril de 2020, 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital (5.795 con covid o síntomas compatibles). Una cifra que equivale al 77% del total de residentes fallecidos en dicho periodo. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el día 18 de aquel mes.
En Cataluña, el Gobierno entonces presidido por Quim Torra aprobó un protocolo en el que se recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. El documento lo publicó el 31 de marzo betevé, la televisión pública del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque este protocolo era más matizado en su contenido que el de Madrid, lo cierto es que en Cataluña se produjo también un cerrojazo brutal a las derivaciones hospitalarias. infoLibre desveló que en marzo y abril de 2020 murieron en Cataluña 2.797 mayores en sus residencias sin ser atendidos en un hospital. Una cifra que representaba el 72% del total de residentes fallecidos en dicho periodo.
Amnistía es contundente a la hora de analizar este asunto: “La aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos; lo que contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud”.
La organización considera que estos protocolos “son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia”. La consecuencia es que “no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico” de cada enfermo, sino que se utilizaron criterios como la fragilidad, el deterioro cognitivo o la edad que no están “relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las decisiones médicas deben ser siempre individualizadas y basadas en evidencia científica”.
El Ministerio Fiscal, recuerda Amnistía, tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias. Esta última es una clara referencia, aunque sin citarle por su nombre, al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero [puedes consultar aquí las cartas enviadas por Reyero al consejero de Sanidad denunciando este y otros hechos sobre lo ocurrido en las residencias, que fueron publicadas por infoLibre en enero de 2021].
Por su parte, continúa Amnistía, el Consejo General del Poder Judicial "tampoco ha realizado seguimiento sobre si las víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales, contribuyendo así a la falta de información y transparencia".
Los Parlamentos tampoco investigan
Amnistía centra sus críticas en el Ministerio Público, pero también denuncia la falta de investigación en el ámbito político. “A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos. Estas sólo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos”, destacó la organización.
Los Parlamentos autonómicos que abrieron comisiones de investigación fueron los de Cataluña, Madrid y Castilla y León. En los dos primeros casos, el adelanto de las elecciones llevó a su cierre y tras los comicios los partidos mayoritarios se negaron a reabrirlas. En Madrid bloquearon la investigación PP y Vox, mientras que en Cataluña fueron ERC, Junts y PSC, que decidieron constituir en su lugar un grupo de expertos. En Castilla y León también ha decaído la comisión tras la convocatoria a las urnas el próximo 13 de febrero.
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En otras muchas comunidades, las comisiones de investigación ni siquiera llegaron a constituirse. La izquierda las tumbó por ejemplo en Asturias, Baleares, Extremadura o La Rioja, mientras que la derecha impidió que se creasen en Andalucía, Galicia o Murcia. El argumento de la mayoría parlamentaria fue siempre el mismo, con independencia del color político: la oposición quería utilizar la tragedia para desgastar al Gobierno.
A nivel estatal, el Congreso tampoco ha puesto en marcha ninguna comisión para analizar lo ocurrido en las residencias. Por ello, Amnistía solicita “la creación de una comisión de la verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar", indicó Esteban Beltrán.
El resumen de la exhaustiva investigación realizada por Amnistía Internacional quizá se pueda resumir en estas siete palabras de Safira Cantos: "Corremos el riesgo de una generalizada impunidad".
