Residencias de mayores

El cierre de la investigación de residencias del Parlament irrita a las familias: "No se puede pasar página con miles de muertos"

Concentración de la Coordinadora de Residencias 5+1 frente al Parlament.

La debacle en las residencias catalanas durante la pandemia dejará de investigarse en el Parlament. O, al menos, no seguirá haciéndose como hasta ahora. PSC, ERC y Junts utilizaron este miércoles en el Pleno de la Cámara catalana su músculo parlamentario para tumbar la propuesta de En Comú Podem de reactivar la comisión de investigación sobre el agujero negro en los geriátricos de la región, un órgano que permanece en stand by desde el adelanto electoral. "Aquella comisión fue un auténtico desastre y no queremos repetir el mismo error. Es necesario buscar un formato diferente si queremos llegar a buen puerto", dicen desde las filas socialistas. De ahí, que apuesten por la puesta en marcha de un grupo de expertos. Una decisión que, sin embargo, ha caído como un auténtico jarro de agua fría sobre las familias: "En un país democrático no se puede pasar página con miles de muertos en condiciones indignas".

Al igual que se hizo en diferentes territorios, el Parlament acordó en mayo de 2020 poner en marcha su propia comisión de investigación para analizar la hecatombe que se vivió en los centros residenciales de la comunidad durante la primera ola de coronavirus. Fue la oposición –Ciudadanos, PSC, los comuns, la CUP y el PP– la encargada de poner sobre la mesa la propuesta, que al final terminó saliendo adelante a pesar de las reticencias que en un primer momento mostró ERC, quien entonces tenía en sus manos la gestión de estos centros residenciales y que consideraba "muy triste" que se intentase hacer "partidismo" con la "situación". El órgano echó a andar en julio. Se acordaron casi un centenar de comparecencias. Sin embargo, una docena de sesiones después, el adelanto electoral hizo que bajase la persiana con el trabajo recién arrancado. Ahora, con los votos de socialistas e independentistas, todo aquello queda guardado en un cajón.

Las familias, que se han desplazado este miércoles hasta la Cámara autonómica, están que trinan. Víctor Echániz es portavoz del Moviment de Residencias de Catalunya. Y conoce de primera mano lo que se vivió dentro de los geriátricos catalanes durante el primer zarpazo que dio el virus. La primera ola de la pandemia cogió a su abuela, que actualmente tiene 96 años, en Residencial Palau, que ronda los dos centenares de plazas –más de la mitad concertadas con la Generalitat–. "Afortunadamente solo tuvo síntomas leves", recuerda en conversación telefónica con infoLibre. Muchos otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. En concreto, Echániz habla de que perdieron la vida allí casi un tercio de los residentes solo entre finales de marzo y mediados de abril. Los datos que consiguió oficialmente en su día este diario recogían 31 fallecimientos en el centro por covid durante aquellos dos meses, frente a los 35 que tienen registrados los familiares.

"Fue uno de esos casos graves, donde las familias llamaban, les decían que todo iba bien y luego, por la noche, les comunicaban los fallecimientos", cuenta Echániz, que explica que hay al menos una docena de denuncias de los familiares en los juzgados y una investigación abierta de oficio por lo penal del Ministerio Público. Por eso, por todo lo vivido, no puede comprender cómo ahora a nivel político, desde los despachos, se decide dar "carpetazo" al asunto. Tampoco lo entiende María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1. En su caso, el primer golpe de la pandemia le pilló con su madre viviendo en Mossèn Vidal i Aunós, uno de los centros cuya gestión la Generalitat retiró a Eulen. Un geriátrico, como tantos otros, en el que los residentes perdieron la vida encerrados, sin recibir asistencia sanitaria. "De los trece primeros fallecidos, once no pisaron un hospital y dos de ellos ya lo estaban cuando se desató todo", relata al otro lado del teléfono. 

Las familias que vivieron en primera persona aquella hecatombe quieren ir hasta el fondo del asunto. Saber qué errores se cometieron y quién los cometió. En definitiva, depurar responsabilidades. Y, para ello, consideran fundamental esa comisión de investigación que ahora se ha cerrado en falso. "Es un error muy grave. No se pueden tomar estas decisiones en los despachos cuando hay familias que están a la espera de respuestas. Dar un carpetazo así denota que están completamente desconectados de la realidad", sostiene Echániz. Igual de dura se muestra la portavoz de la Coordinadora 5+1. Recuerda que lo que ha habido en los geriátricos fue "una masacre" y que muchas de las personas que perdieron la vida abandonadas por la Administración en los centros durante aquellas semanas negras fueron las mismas que en su día "trajeron la democracia" y los "derechos" a este país. "En un país democrático no se puede pasar página con miles de muertos en condiciones indignas", culmina.

A pesar de que los trabajos prácticamente acababan de comenzar, ambos consideran que estaban sirviendo para sacar "a la luz" mucha "información". Entre otras cosas, que las puertas de los hospitales catalanes se cerraron a cal y canto para quienes vivían en los centros de la región. Una realidad que reflejan los datos desvelados en su día por este diario. Entre el 1 de marzo y el 30 de abril, murieron en Cataluña 3.891 residentes con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad, de los cuales 2.797 decesos –un 71,9%– se produjeron en la propia residencia y 1.094 (28,1%) en el hospital, según la información que facilitó en su día la Generalitat a través del Portal de Transparencia. Los centros catalanes fueron de los más castigados durante la primera ola. Junto con los madrileños, donde en el mismo periodo de tiempo perdieron la vida 5.795 residentes con covid-19 o síntomas compatibles.

"Se necesita un instrumento más efectivo"

"Lo que pasa que en Madrid ha terminado saliendo más información sobre la no derivación a hospitales", señala el miembro de Moviment de Residencias. En la Comunidad de Madrid se tiene un documento oficial en el que se fijaban "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales, se sabe que lo firmó digitalmente quien entonces era director de coordinación socio-sanitaria y se conoce que dicho texto se envió a centros sanitarios y geriátricos de la región y que el consejero de Políticas Sociales mostró su disconformidad con el mismo. En Cataluña, la Generalitat siempre ha dicho que nunca se dieron órdenes para impedir los traslados. Sin embargo, se conoce la existencia de un Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) –dependiente de Salud–, desvelado por betevé, en el que se recomendaba no ingresar a pacientes de más de 80 años con coronavirus.

Los datos, y algunos directores de centros, dejan claro que no se permitió que los residentes pudieran ser vistos en los hospitales. Ahora, las familias quieren saber de dónde viene esa orden, quién tomó esa decisión. Pero no será a través de una comisión de investigación. "Algunos se han puesto nerviosos –en referencia al propio Govern– y ahora ha salido el PSC como salvador", se queja Echániz. Desde las filas socialistas, sin embargo, niegan que la intención sea aparcar el asunto. "Seguimos intentando saber qué pasó, qué se hizo mal y qué hay que mejorar", dicen. Lo único es que no creen que el camino adecuado sea el de la comisión de investigación, aunque hace un año lo considerasen el correcto. "Fue un desastre, por eso creemos que se necesita un instrumento más efectivo", sostienen fuentes del grupo parlamentario, que recuerdan que solo consiguieron hacer que dos consellers fueran a dar la cara a sede parlamentaria.

Ahora, dicen, no quieren que se repita el mismo "error". Y creen que se debe buscar un "formato diferente" si se quiere "llegar a buen puerto". En concreto, los socialistas catalanes, al igual que ERC y Junts, apuestan por la puesta en marcha de un "grupo de expertos". Especialistas designados por los diferentes partidos que se encarguen de hablar con las familias, con los trabajadores de las residencias, con las patronales o con los responsables y que en un plazo de seis meses tengan listo un informe de conclusiones. "Serán ellos, con quienes nos reuniremos por ejemplo cada mes, los que saquen las conclusiones y elaboren el documento, no los diputados. Estos grupos son los que se hacen cuando se quiere entrar realmente en el fondo del asunto", se defienden desde el PSC.

"Conspiración de silencio"

El debate en el Parlament ha sido tenso. "Se han aliado para hacer lo mismo que se ha hecho en Madrid –en referencia al cierre que llevaron a cabo PP y Vox tras los comicios del 4M–", ha dicho desde la tribuna de oradores Jéssica Albiach, la líder de En Comú Podem en la Cámara catalana, que ha lamentado que las dos formaciones independentistas y los socialistas hayan adoptado una "estrategia" que va "en la línea de pasar página" y ha asegurado a las familias que desde su grupo continuarán batallando "para encontrar la verdad". En el mismo sentido se han pronunciado desde Ciudadanos. La diputada naranja Anna Grau ha cargado con dureza contra lo que ha calificado como "conspiración de silencio". Y ha centrado buena parte de sus críticas en el PSC: "¿Tanto les cuesta mantenerse firmes? ¿No marcar distancias contra esta indignidad? ¿Les parece presentable prestarse a dar el cambiazo?".

Los socialistas han aguantado el chaparrón mientras afeaban que se estuviera haciendo "partidismo" con esta cuestión. "Nosotros estamos de acuerdo con el objetivo, pero no con el mecanismo", ha intentado explicar desde la tribuna de oradores el diputado Raúl Moreno, quien ha querido dejar claro que la gestión que hizo el Govern durante la pandemia en relación con las residencias fue "vergonzosa". También desde Junts y ERC recalcaron, ante la atenta mirada que desde la tribuna de invitados lanzaban familiares y trabajadoras de geriátricos, que ellos también quieren aclarar qué sucedió y qué puede hacerse para que no vuelva a ocurrir en un futuro. "Con nuestra fórmula lo sabremos más rápido", ha sostenido Ferran Roquer, de Junts. Una hora y veinte después, los diputados pulsaron los botones de votación. Y, como era de esperar, no hubo sorpresa. El intento de reabrir la comisión de investigación fue tumbado por 96 votos en contra y 36 a favor.

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