Vivimos un peligro que quizá no sentimos más que los que conocimos de cerca el fascismo, pero este peligro existe con una batalla emprendida sin rubor contra Pedro Sánchez. Su único pecado, según ellos, es querer hacer de España un país real, con catalanes, vascos, homosexuales e inmigrantes, porque para emigrantes ya tuvimos dos millones creados por ellos. Y para colmo crea una amnistía en contra de aquellos cuya religión le dicta el amor al prójimo, pero ellos solo odian a casi todo.

Y creo que no hay que tomar a broma lo que está pasando, que empezó con un juez, Baltasar Garzón, se persiguió a su actual esposa Dolores Delgado con altos poderes judiciales y se eliminó a Ruz y muchos otros que eran un estorbo para un plan de togas muy preconcebido. No sé si quizá por Aznar en su fase primaria, pero desarrollado en el tiempo con una ayuda actual definitiva en Trump que quiere eliminar Europa y sus valores, siendo aquí el trampolín para ello, ya que Madrid es el centro del fascismo europeo. Aquel fascismo que celebró la batalla en Leningrado con aquella Séptima sinfonía de Shostakovich, interpretada por una orquesta diezmada y hambrienta en la lucha. Luego llegó aquella Novena de Beethoven en la Puerta de Brandeburgo con Barenboim a la cabeza, por cierto, judío y amigo de palestinos con su orquesta del Diván, que celebraba el fin del comunismo leninista con el muro de Berlín destrozado. Estos son los símbolos que le duelen al fascismo actual renovado, pero capaces de todo a través de una lucha primaria en Madrid contra un presidente que además es líder, y lo saben. 

Es el momento de que Europa se defina, que se acuerden de aquella decisión de Merkel de separar a la derecha real del fascismo y que se prepare para esta nueva batalla, de momento sin tanques. Pero hay que acordarse de que hoy Putin no representa a la otra cara del poder como en su día fue Rusia. Putin está hoy dispuesto a ser íntimo de Trump con beneficio propio en un tiempo en que el dinero ha barrido las ideologías y China esperando que pase la ola. Porque los que mandan de verdad son Elon Musk y sus amigos. Por eso, quizá a la derecha le da igual tener a un líder que es una pena, porque puede que ya tengan preparado a su sucesor o sucesora para el futuro gobierno. Y quizá no sea ni Ayuso, que es como Feijóo en inteligencia, pero es triste pensar un gobierno con Aldama de ministro de algo. ¿Y si volviera Aznar y hasta Felipe…?

Y mientras aquí aguantando que en la izquierda se insulten entre ellos, como hace Belarra, porque todos quieren ser Pedro, pero actuando así yo solo pensaría en un Pedro presidente con varios ministros actuales con Rufián y Delgado incluidos. Acabo porque quizá yo también esté escribiendo tonterías…

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, retiró la tarjeta roja mostrada al futbolista Folarin Balogun durante el Mundial. Lo hizo para que el delantero de la selección de Estados Unidos pudiera jugar contra Bélgica. La decisión respondía a los deseos de Donald Trump.

El gesto resume lo que significa la desregulación. Desaparece el principio de que las reglas son iguales para todos. A partir de ese momento, el resultado del partido no depende del juego, depende de quién puede modificar las normas en su propio beneficio.

Eso ocurre cuando las reglas dejan de ser un marco estable y quedan sometidas a la voluntad del más fuerte. La competición sigue en apariencia, pero pierde legitimidad, porque ya no se compite en igualdad de condiciones.

En realidad, hasta la palabra "desregulación" es una trampa. Transmite la idea de que simplemente se eliminan trabas innecesarias. En realidad, toda regulación cumple una función. Limita el poder de los más fuertes y garantiza unas condiciones mínimas de igualdad. Cuando esas reglas desaparecen no surge un espacio de libertad absoluta, surge un terreno donde prevalece quien dispone de más dinero o más poder para imponer su voluntad.

Por eso, más que de desregulación, habría que hablar de la sustitución del Estado de derecho por la ley de la selva. La libertad deja de ser un derecho compartido y se convierte en el privilegio de quien tiene poder suficiente para imponer su punto de vista.

El caso Infantino no es aislado. Coincide con una ofensiva ultraliberal más amplia para desmontar reglas que Trump impulsa en Estados Unidos, en la relación con la Unión Europea y, por contagio ideológico, en España.

La política arancelaria ilustra el patrón. En enero, Trump amenazó con aranceles de hasta el 25% a ocho países de la OTAN por la crisis de Groenlandia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales esos aranceles de emergencia en febrero. Trump respondió subiendo el arancel global del 10% al 15%. La norma se impone, se anula en los tribunales y regresa modificada. El resultado es el uso selectivo de la norma según convenga a cada momento, no la ausencia de reglas.

La OTAN es otro ejemplo. Funciona por consenso, no por jerarquía, de forma que ninguna Edecisión importante sale adelante si un solo país se opone, y ningún gobierno puede arrastrar a otro a una guerra porque lo decida la mayoría de sus socios.

Pero Washington exige a sus aliados europeos, bajo amenaza de represalias, subir el gasto en defensa hasta el 5% del PIB mientras reduce su propia implicación en la seguridad del continente. “No nos vamos, solo hacemos menos”, resumió el embajador estadounidense ante la Alianza, Matthew Whitaker, el lunes previo a la cumbre de Ankara, donde Europa permitió a Trump escenificar quién manda.

El caso de Irán muestra también ese desequilibrio. Estados Unidos atacó el país junto a Israel el 28 de febrero sin que ningún órgano de la OTAN debatiera esa decisión, y mucho menos la ONU. Semanas después, Trump exigió a los aliados que ayudaran a reabrir el Estrecho de Ormuz y los llamó "cobardes" por no sumarse. Después aseguró que Estados Unidos "nunca necesitó" esa ayuda y calificó a la OTAN de "tigre de papel". Ahora repite el ataque en solitario, de nuevo junto a Israel.

El deterioro de la OTAN como organismo multilateral forma parte de una estrategia más amplia para debilitar cualquier organismo capaz de limitar la acción unilateral de Washington, ya sea en sanidad, clima o derechos humanos.

Estados Unidos se retiró formalmente de la Organización Mundial de la Salud el 22 de enero de 2026, alegando una gestión deficiente de la pandemia y un supuesto sesgo hacia China. La salida supuso la pérdida de en torno al 20% de su financiación.

Dos semanas antes, el 7 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, 31 de ellas vinculadas a Naciones Unidas. La lista incluye la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Consejo de Derechos Humanos, la Unesco y la UNRWA, agencia de ayuda a los refugiados palestinos.

El Departamento de Estado justificó la medida alegando que esas entidades son “redundantes, están mal gestionadas o son innecesarias”, y sobre todo porque están “capturadas por intereses que impulsan agendas contrarias” a las de Estados Unidos. Un analista del International Crisis Group lo resumió para Associated Press como la cristalización de un enfoque de “a mi manera o nada”.

Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto ordinario de la ONU, más que ningún otro país. Su salida obligó a la Asamblea General a aprobar para 2026 un presupuesto recortado en un 15% y una reducción de personal cercana al 19%, según datos de Amnistía Internacional.

El patrón se repite fuera del terreno institucional. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar nocturna en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, sin someter la decisión al Consejo de Seguridad de la ONU, el único órgano con potestad para autorizar ese tipo de acción, según la Carta de Naciones Unidas.

Donde existe un organismo basado en reglas capaz de exigir consulta previa o rendición de cuentas, ya sea la OTAN, la ONU o la OMS, la respuesta ha sido siempre igual. Retirarse, recortar la financiación o actuar antes de que ese organismo pueda intervenir. Todo para que EEUU o sus empresas puedan hacer lo que les plazca.

De ahí que la ofensiva desreguladora no se limite al comercio o la defensa. Alcanza también a las normas que vigilan a las grandes tecnológicas, en Estados Unidos y en la Unión Europea.

La excusa es que regular frena la innovación. Pero innovar significa hacer algo nuevo, y lo nuevo puede ser una vacuna o un producto financiero diseñado para ocultar riesgo.

Cuando las grandes tecnológicas piden retrasar la Ley de IA europea, argumentan que las normas frenan la innovación y que Europa “se quedará atrás” en la carrera global, no que sean técnicamente erróneas. Una norma que exige precisión a un sistema de IA antes de decidir si alguien recibe un crédito o un empleo no frena la tecnología, congela solo la posibilidad de lanzarla sin comprobar que funciona. Pedir que se elimine esa comprobación equivale a solicitar permiso para no rendir cuentas si algo sale mal.

La presión surte efecto. La Comisión Europea propuso en noviembre retrasar hasta 2027 las obligaciones más exigentes de la Ley de Inteligencia Artificial para los sistemas de alto riesgo, tras una campaña de lobby de un año de Meta, Google y sus asociaciones sectoriales, combinada con la amenaza de la Casa Blanca de imponer sanciones.

La Administración Trump respalda ese giro desde fuera. El vicepresidente J.D. Vance, el cargo de mayor rango que las tecnológicas han conseguido ocupar en el Gobierno estadounidense, ha calificado la Ley de Servicios Digitales europea de carga regulatoria por obligar a las plataformas a retirar contenido y vigilar la desinformación. El secretario de Estado, Marco Rubio, coordina una campaña diplomática para que Bruselas modifique o retire esa norma.

El resultado, según el Financial Times, es que Washington empieza a marcar el ritmo de la desregulación tecnológica europea, invirtiendo el llamado efecto Bruselas: aquel por el que las reglas de la Unión Europea solían extenderse al resto del mundo.

Trump no es el único que defiende la ley de la selva. El presidente argentino Javier Milei es otro ejemplo visible de esa ola ultraliberal. Su coste social ha sido alto, con caída de salarios reales, más precariedad y un fuerte aumento de la pobreza.

Vox presentó el 27 de junio un programa de desregulación nacional. El documento supera las 200 páginas y calcula, sin demasiados datos, en 90.000 millones de euros anuales el coste de lo que llama “hiperregulación”. La cifra, atribuida a la propia formación de Vox, equivaldría al 88% del gasto sanitario público anual del país. Ningún organismo independiente ha verificado esa estimación.

El programa agrupa sus propuestas en tres bloques. El primero deroga la reforma laboral de 2021 y el registro horario obligatorio. El segundo incluye los planes de igualdad en empresas, los planes LGTBI y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que Vox llama burocracia ideológica. El tercero deroga la Ley de Cambio Climático de 2021, revierte los acuerdos con Mercosur y Marruecos, y acaba con la prohibición europea de vender coches de combustión desde 2035.

Ese lenguaje es cada vez más visible en el Partido Popular, socio natural de Vox. Los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía crean en cada comunidad una vicepresidencia de Desregulación en manos de Vox. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya ha citado la desregulación como uno de sus objetivos si el año que viene llega a La Moncloa. Y Santiago Abascal ya le advirtió que exigirá “el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados sin ningún tipo de trampa ni ningún tipo de dilación”. La desregulación como condición, no como cesión retórica.

El jefe de filas del PP lo defiende como una forma de “quitar trabas” y favorecer la actividad económica, un marco integrado en el discurso del PP como agenda de “libertad económica”. Y su partido lo ha asumido sin resistencia interna, igual que ha naturalizado los acuerdos con Vox para sacar adelante gobiernos y programas comunes.

En varias comunidades, esa cooperación se traduce en cesiones del PP a Vox en vivienda, fiscalidad, campo, inmigración o “prioridad nacional” en el acceso a ayudas. El PP ha normalizado un giro hacia políticas más laxas en regulación y más conservadoras en lo social, sin contestación interna.

Lo que está pasando no es nuevo, aunque sí es más extremo. La derogación en 1999 de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que desde 1933 separaba banca comercial y banca de inversión, abrió paso a una década de expansión crediticia sin supervisión equivalente y a los derivados financieros que desencadenaron la crisis de 2008.

El economista Joseph Stiglitz, que participó en los comités reguladores durante el Gobierno de Clinton, ha explicado que los supervisores conocían el riesgo de esos productos y aun así optaron por no actuar para no interferir con la innovación del sector. El desastre de 2008 mostró el coste de esa decisión.

Una tarjeta roja anulada porque es lo que desea Trump. Un arancel que un tribunal anula y el propio Gobierno restituye. Una directiva europea aplazada tras un año de presión de las tecnológicas. Un programa autonómico que entrega consejerías enteras a cambio de apoyo parlamentario para derribar normas. En todos los casos el patrón es el mismo. La regla cede ante quien tiene el poder necesario para presionar y decide ejercerlo.

Santa paciencia la que tiene que tener la gente que trabaja junto a Trump. No me refiero a su núcleo duro, a esa comitiva de palmeros que lleva siempre con él, sino a los funcionarios de carrera, los administrativos, la gente preparada que lleva años trabajando en la función pública y que no sabe a qué atenerse con este señor.

Nosotros lo “sufrimos” a ratitos, según el día y según la hora. Lo hemos comprobado en Ankara: por la mañana nos odiaba y por la noche nos amaba. Y así no hay quien se aclare. El departamento de Comercio de la Casa Blanca, nada más escuchar la retahíla de insultos y amenazas que nos lanzó Trump antes de empezar la cumbre de la OTAN, se puso a preparar, por si acaso, el listado de productos españoles que había que dejar en cuarentena. Papel mojado, esperemos, después de escucharle en el avión de vuelta a Estados Unidos, cuando dijo aquello de que habíamos sido muy generosos.

Sus bandazos empiezan a ser su forma de manejarse en todo. En sus odios, en sus filias, en sus obsesiones, en sus guerras… Siento mucha lástima y me solidarizo con quienes tengan que trabajar cerca de él, como esos funcionarios del departamento de Comercio que se pusieron a toda prisa a elaborar un listado que, horas después, podía pasar por la trituradora de la oficina, porque ya no había de qué preocuparse.

Gobernar así, decir "sí" un día y "no" al siguiente, no es un cambio de opinión. Y no es serio. Ya sabemos que Trump es capaz de desmentirse a sí mismo incluso en la misma frase, pero lo de Ankara ha rozado lo surrealista. Pensé en hablar de bipolaridad, pero sé que resulta ofensivo y políticamente incorrecto. Injusto incluso. Y, quizás, la mejor frase para explicar cómo es Trump es que vive en los límites de su propia contradicción.

La pregunta es cómo ha sabido hacer dinero así. Cómo se ha manejado en los negocios hasta ahora. ¿Sembrando el miedo en su equipo? Porque eso es lo que hace cada vez que anuncia un acuerdo o lanza una amenaza: hablar de la ira que va a desplegar, tratar como sus enemigos a todos, también a sus aliados, y luego recular.

Ya hemos hablado aquí de esa estrategia errática, el TACO, Trump Always Chickens Out; traducido, Trump siempre se acobarda.

En este caso, hay muchas familias españolas que respiran y aplauden que Trump se haya marcado otro TACO con nosotros. Productores de vino, de aceite, de maquinaria pesada, son algunos de los productos que más vendemos a Estados Unidos y que se echaron a temblar cuando el miércoles Trump se levantó locuaz y lo dio todo en su arsenal de amenazas contra España.

Donald Trump ha vuelto a colocar a España en el blanco de sus advertencias. Esta vez lo ha hecho acusando al país de ser una “causa perdida”, llamándolo “socio pésimo” y reclamando que se detenga el comercio. El ataque vuelve a partir del mismo punto de fricción que ya ha marcado otros choques con Madrid: el gasto en defensa y el papel de España dentro de la OTAN.

Pero este no es un episodio aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza a España como ejemplo negativo para presionar a sus aliados europeos y reforzar su discurso sobre quién cumple y quién no con sus exigencias militares. Su forma de actuar mezcla el reproche público, la amenaza económica y una puesta en escena pensada para elevar el coste político de la discrepancia.

Por ahora, muchas de esas advertencias hacen más ruido que daño. Algunas no llegan a materializarse, otras se diluyen en un pulso diplomático y varias funcionan más como instrumentos de presión que como decisiones con efectos inmediatos.

Desde que el mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, España ha estado en el objetivo de sus críticas, generalmente a consecuencia del gasto militar español. Al terminar el primer año de mandato, amagó con imponer aranceles y llegó a deslizar la idea de una expulsión de la OTAN. Este año 2026, la dinámica no ha cambiado y, a propósito de la guerra en Irán, el tono ha ido subiendo, aunque siempre con más ruido que medidas concretas. Este es un resumen de sus amenazas.

En una de sus primeras medidas y delirios, cuando el presidente republicano salió con un cuadro en la mano con los aranceles que iba a imponer a medio mundo, Trump ya situó a España en el punto de mira. En aquel momento, amenazó al Gobierno con "aranceles del 100%" al encuadrar por error a España dentro de los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que plantearon una divisa global alternativa al dólar para negociar.

En el conflicto surgido entre Airbus y Boeing, el mandatario estadounidense sí impuso aranceles, pero no a España sino a productos europeos (la UE es un mercado único y no se pueden imponer aranceles a un miembro de forma aislada), lo que afectó de manera indirecta a las exportaciones españolas, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas o los productos agroalimentarios. En ese conflicto, que más tarde se resolvió con un acuerdo entre la UE y EEUU, se llegaron a imponer durante unas semanas unos aranceles del 25%.

Con motivo de las reuniones de la Alianza Atlántica, Trump siempre ha tenido palabras gruesas contra España. Hace poco más de un año, en 2025, en la reunión de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos cargó desde el Air Force One —el avión presidencial— contra Sánchez por el gasto en defensa. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró.

Aunque llevaba meses lanzando advertencias, fue entonces cuando empezó a insistir con más fuerza en que España debía elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. A su juicio, Madrid llevaba años aportando menos de lo que le correspondía: “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. También advirtió de que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno español por esta cuestión.

El Ejecutivo respondió exhibiendo una carta entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que defendía que España podía cumplir sus compromisos de capacidades militares con un gasto equivalente al 2,1% del PIB. Rutte, por su parte, consideraba que para alcanzar esos objetivos sería necesario llegar al 3,5%. La solución pactada fue dejar margen a España para estudiar su aportación y cumplir los compromisos sin asumir de entrada el objetivo del 5% reclamado por Trump.

Ya en la cumbre, el presidente estadounidense volvió a señalar a España. En sus redes sociales compartió un artículo de prensa en el que se afirmaba que “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. Después insistió en que EEUU estaba cerca del billón de dólares en gasto militar y amenazó al Gobierno de Sánchez con “tener que pagar el doble” por no elevar su gasto al 5%. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, afirmó al anunciar que duplicaría los aranceles previstos para España. No pasó.

Ahora, en la última cumbre en Ankara (Turquía) El presidente volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a un Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España".

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Horas más tarde, y ya de vuelta en el Air Force One, el presidente rebajó el tono con España y con los socios de la Alianza Atlántica al asegurar que hubo una "unidad tremenda" en la cumbre.

Trump reconoció desde el avión que "tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario que no precisó qué importe era ni cuando se producirá. ¿Una nueva medida de presión para atacar a España en unos meses?

Después de amenazar con aranceles, Trump elevó aún más el tono y llegó a amenazar con la expulsión de España de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, insistió el mandatario, que seguía centrando sus críticas en la negativa española a elevar el gasto en defensa.

Trump defendía que a España le había ido bien "gracias a muchas cosas" que se habían hecho en el seno de la Alianza, por lo que no entendía que el Gobierno de Sánchez no asumiera el incremento del gasto militar que reclamaba.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tuvo que escuchar sus reproches. Trump afirmó ante él que España no era “un compañero de equipo” y le pidió que hablara con Sánchez: “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió.

Una vez más, proponía represalias para España así como la expulsión como solución última.

A principios de 2026, se comprometió a "hablar con España". Después de presentar en Davos la Junta de Paz, acompañado por su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por el ex primer ministro británico Tony Blair, presumió de haber “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...). Tendremos que hablar con España”, apuntó.

Durante esta segunda legislatura de Trump en la Casa Blanca, sus acusaciones contra España han girado en torno al comercio, los aranceles y la OTAN. En un encuentro con Volodímir Zelenski, aseguró que "estaba pensando en imponerles un castigo comercial [a España]". Una vez más, Trump utilizaba la amenaza comercial para castigar a un Gobierno al que consideraba "increíblemente irrespetuoso con la OTAN por no asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar".

La amenaza no tuvo efectos inmediatos. Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea y que respondería “apropiadamente” ante cualquier medida contra un Estado miembro. Dos días después, Trump insistió en que España merecía una “reprimenda” por su posición, pero admitió que el asunto dependía de la OTAN y de Madrid. La presión quedó, una vez más, en palabras.

Otro de los focos de tensión fue el uso de las bases de Rota y Morón. Hasta la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Trump criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que EEUU utilizara esas instalaciones en suelo español para desplegar tropas y apoyar ataques contra Irán. La decisión de Moncloa irritó al presidente estadounidense, que volvió a endurecer su discurso contra España.

Trump amenazó, al igual que hizo en Ankara, con cortar las relaciones comerciales y llegó a sugerir que EEUU podría utilizar esas bases si quisiera. Moncloa mantuvo su posición y, semanas después, cerró también el espacio aéreo a todo avión estadounidense que participara en la guerra de Irán. La medida afectó a operaciones militares y abrió un nuevo frente diplomático con Washington.

La ajustada victoria de Trump en las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris —49,91% frente al 48,43%— ya anticipaba una segunda etapa marcada por la polarización. También el final de su primer mandato, con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, había dejado claro que Estados Unidos seguía profundamente dividido.

Pese a todo, Trump volvió a la Casa Blanca, aunque su popularidad ha ido cayendo desde la toma de posesión. A aquella ceremonia acudió la plana mayor de Silicon Valley, y el presidente llegó a nombrar consejero a Elon Musk, que más tarde abandonaría el Gobierno.

La actuación del ICE, el secuestro y detención de Maduro, el bombardeo a narcolanchas, la guerra de Irán, sus intentos aún sin resultados para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, las amenazas arancelarias, sus bravuconadas sobre Groenlandia o las islas Chagos y su enriquecimiento a través de las criptomonedas no han pasado desapercibidos. Ni entre la opinión pública estadounidense ni entre una comunidad internacional cada vez más crítica con el presidente.

Las amenazas de Trump, tanto a España como a otros países, han funcionado a menudo como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos. El patrón suele repetirse: lanzar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. En algunos casos lo ha conseguido. En otros, como con España o China —que respondió con más aranceles—, no.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", mientras, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha querido transmitir que "mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España" .

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró Trump que, además, intentó ridiculizar la actitud futura de España para querer volver a negociar con él: "Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: "Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor".

Moncloa ha salido al paso de estas declaraciones en materia de comercio al asegurar que entre EEUU y España existe un superávit por parte del país norteamericano, "es decir, que se beneficia más de esa relación que nosotros". Las mismas fuentes han aprovechado para recordar que "la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún Estado Miembro" y que los vínculos económicos "los tejen las empresas privadas, no los gobiernos".

Trump también cargó contra la OTAN con la que no está contento "por lo que hicieron con Groenlandia" y por el hecho de que "no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán".

El secretario general de la OTAN restó importancia al asunto al asegurar que "la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados"

Aunque matizó para "ser justo", que no abordó ese asunto previamente con Rutte. "Creo que si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque en realidad no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue", indicó.

El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto de Irán y Groenlandia, habló con Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, pero no con España de quien dijo que "es un caso perdido".

Rutte, en la misma comparecencia, puso de relieve no obstante que hubo unas 5.000 salidas de activos estadounidenses desde bases en territorio europeo y que "se están aplicando todos los acuerdos bilaterales de uso de bases".

"Una vez más, Europa es una gran plataforma de proyección de poder para Estados Unidos", recalcó Rutte que espera que "los aliados reafirmen que Irán nunca, jamás, debe hacerse con capacidad nuclear", dijo, y agregó que también abordarán que el principio de libertad de navegación es "crucial" para los 32 aliados y que el Estrecho de Ormuz debe "volver a abrirse por completo sin restricciones".

El secretario general aliado se refirió también al incremento del gasto militar de los europeos y Canadá y aseguró que "Europa se está equiparando ahora con Estados Unidos" y que ha sido Trump quien "nos anima a hacerlo con mucha firmeza" desde su anterior presidencia.

"Por supuesto, también está la amenaza rusa, que nos obliga a actuar así en el flanco europeo de la OTAN", concluyó.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles haber mantenido en Ankara una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" con Donald Trump después de las nuevas críticas a España del presidente de Estados Unidos, que afirmó recibir "con calma y paciencia".

Sánchez desveló en la rueda de prensa ofrecida al término de la cumbre de la OTAN esa conversación con Trump horas después de que este asegurara que España es "una causa perdida", "no tiene remedio, son mala gente", y amenazara con cortar toda relación comercial.

Pero pese a esas manifestaciones, Sánchez dijo que solo hubo "buenas palabras y amabilidad" en su charla coloquial con Trump, en la que dijo que hablaron del Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos y de otras cuestiones informales.

Entre ellas reveló que hablaron de golf, un deporte del que recordó que es muy aficionado el presidente de Estados Unidos.

La charla, explicó, tuvo lugar cuando coincidieron mientras esperaban para posar para la foto de familia de la cumbre de la Alianza Atlántica junto al resto de líderes.

El jefe del Ejecutivo español dijo que las críticas a España del presidente estadounidense las conoció por los medios de comunicación, con lo que trasladó que en ningún momento se las hizo a él directamente.

Esos ataques, aseguró, los recibe "con calma y paciencia" y también "con cierta normalidad", resaltando que, más allá de las declaraciones, hay unas relaciones bilaterales muy positivas entre España y Estados Unidos.

Tras recordar que España tiene déficit comercial con Estados Unidos, hizo hincapié ante la amenaza de Trump de romper relaciones comerciales con España que ese tipo de relaciones son con la Unión Europea y no de forma individual con cada uno de sus miembros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que "se ha acabado" porque Irán "es basura".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.

"Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara", aseguró el presidente estadounidense.

"En mi opinión, esto ha terminado. Creo que los negociadores están perdiendo el tiempo. Ellos, los iraníes, son un grupo de mentirosos", concluyó Trump.

Por otra parte, acusó al régimen iraní de "hacer daño a su pueblo" y aseguró que "hasta ahora han matado a 54.000 personas que estaban protestando".

"Cuando te preguntas por qué los manifestantes no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan", dijo en referencia a las protestas de enero pasado.

Según Trump, Estados Unidos había atacado "con mucha fuerza" la noche pasada, después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

"Les dijimos haced el funeral, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques ayer. Así que les dimos duro anoche, muy duro. Ellos juegan sucio, van a por todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar", especuló el mandatario.

"Son mala gente. Han matado a miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes", aseguró Trump, sin aclarar a qué conflicto atribuía el alto número de bajas norteamericanas a manos de Irán, ya que en la guerra iniciada este año solo constan 16 soldados estadounidenses muertos en combate.

"Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, sigan hablando, si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esa gente", concluyó.

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Irán, a su vez, bombardeó bases que mantiene EE. UU. en varios países del golfo Pérsico como represalia.

Antes de esos ataques, Estados Unidos había revocado la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.

Santiago Abascal ha sido durante mucho tiempo una excepción dentro de la extrema derecha europea. Mientras dirigentes como la italiana Giorgia Meloni o la francesa Marine Le Pen calibraban cuidadosamente su cercanía con Donald Trump para evitar que los intereses nacionales quedaran subordinados a la agenda de Washington, el líder de Vox hizo lo contrario. Convirtió su proximidad al presidente estadounidense en uno de los principales activos internacionales del partido, lo que le permitió aumentar su proyección dentro de la órbita del trumpismo y sus aliados.

Esa estrategia parece haber encontrado ahora su primer límite. La defensa pública de Meloni frente a las descalificaciones de Trump ha llevado a Abascal, por primera vez, a discrepar abiertamente del republicano. "No se puede tratar a los aliados como vasallos", afirmó este martes en Telecinco, después de que Trump cargara contra la primera ministra italiana, con quien el líder de Vox mantiene una estrecha relación política y personal. “No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables”, prosiguió Abascal, para concluir que el estadounidense se está “equivocando”.

Hasta hace apenas unos meses, Meloni era presentada por Trump y su entorno como el modelo de la nueva derecha europea. Ambos exhibían sintonía política y compartían buena parte del discurso sobre inmigración, soberanía nacional o batalla cultural. Pero la relación comenzó a deteriorarse cuando afloraron los intereses de la Administración estadounidense. Primero, a propósito de la ofensiva contra Irán y el uso de bases militares. Meloni evitó implicar directamente a Italia en la operación y defendió que cualquier decisión debía respetar los procedimientos institucionales italianos.

Después llegaron los reproches por unas declaraciones de Meloni sobre el papa León XIV, las burlas tras la cumbre del G7 —cuando Trump aseguró que la dirigente italiana le había "suplicado" una fotografía para mejorar su popularidad, algo que ella negó y calificó de“invención”— y, finalmente, la publicación en Truth Social de una imagen de Meloni acompañada del comentario: "Necesitamos una orden de alejamiento". La primera ministra respondió con dureza: “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no me ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”.

Fue este último episodio el que llevó a Abascal a salir públicamente en defensa de su aliada con una frase inédita en su relación con Trump: "No es normal tratar a los aliados como vasallos". La idea, sin embargo, ya la había expresado antes la propia Meloni, que ha insistido en varias ocasiones que ser aliada de Estados Unidos no significaba renunciar a defender los intereses nacionales italianos cuando chocan con las prioridades de Washington, como ha ocurrido con Irán, Gaza o las críticas a León XIV.

Hasta ahora, tanto Abascal como la cúpula de Vox habían evitado cualquier crítica pública a Trump, incluso cuando sus decisiones afectaban directamente a Europa o a España. Al contrario, justificaron su incursión tanto en Venezuela como en Irán. En el primer caso, rebajaron el tono contra Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, después de que el magnate la eligiera frente a María Corina Machado. La estrategia de la formación ultra ha consistido en justificar las medidas más controvertidas del republicano y trasladar la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa postura contrasta con la de otras figuras de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, muy crítica con la intervención en Venezuela. Vox ha sido el último en asumir matices y solo ha dado el paso cuando ha visto atacada a una de los suyos. Abascal defendió a la primera ministra de Italia en Telecinco, la calificó de “amiga y aliada” y le trasladó todo su “respeto y apoyo”. E insistió: “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”. Todo un cambio respecto a su posición habitual.

Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a productos europeos, Abascal tampoco criticó la medida. Al contrario, responsabilizó al Ejecutivo español de la situación y sostuvo en el Congreso que, si Italia sufría menos presión, era porque Meloni mantenía una buena relación con la Administración Trump —ironías de la vida—, mientras Sánchez había optado por el enfrentamiento político. Para Vox, el problema no era la política comercial del presidente estadounidense, sino el supuesto aislamiento internacional del Gobierno español.

Ese posicionamiento respondía a una apuesta política mucho más amplia. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Vox ha reforzado su papel como principal interlocutor del trumpismo en Europa. Abascal fue invitado a los actos de investidura del presidente estadounidense, ha participado de forma recurrente en la Conservative Political Action Conference (CPAC) y ha intensificado los contactos con los principales laboratorios de ideas de la nueva Administración republicana. En febrero del pasado año, el propio Trump felicitó a Abascal por "su gran trabajo" en el CPAC celebrado en Washington.

La principal colaboración se produce a través de las fundaciones. Disenso, presidida por el propio Abascal, mantiene una colaboración estable con Heritage Foundation, uno de los think tanks más influyentes del universo conservador estadounidense y pieza central en la elaboración del programa político del segundo mandato de Trump. Ambas organizaciones han celebrado encuentros conjuntos, comparten foros internacionales y varios de sus responsables participan regularmente en las iniciativas impulsadas desde Madrid.

Disenso se ha convertido, además, en la plataforma con la que Vox trata de articular una red internacional de la nueva derecha, especialmente en el espacio iberoamericano. La denominada Iberosfera, impulsada desde la fundación, conecta a dirigentes conservadores y de extrema derecha de Europa y América con un discurso común sobre inmigración, soberanía nacional, identidad cultural y rechazo a las políticas climáticas. En esa estrategia, la alianza con el ecosistema político e intelectual de Trump ocupa un lugar central.

Esa red sigue plenamente operativa. Tampoco se aprecia un cambio de discurso entre algunos de los principales referentes internacionales de Vox. Jorge Martín Frías, director de Disenso, defendía hace apenas unos meses que la organización comparte con la Administración Trump buena parte de su diagnóstico sobre inmigración, libertad de expresión, desregulación económica o el papel de las instituciones europeas. Eurodiputados como Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, dos de las figuras con mayor proyección internacional del partido, continúan situando al republicano como uno de los principales referentes del nuevo bloque soberanista occidental.

Por eso resulta especialmente significativa la reacción de Abascal. No porque anuncie una ruptura con Trump —nada indica que vaya a producirse—, sino porque introduce un matiz que hasta ahora había evitado cuidadosamente. El líder de Vox parece haber asumido una estrategia que otros aliados europeos del presidente estadounidense llevan meses aplicando, la de no aceptar de forma acrítica todas sus decisiones. Eso sí, con los ataques de Trump al presidente español, Pedro Sánchez, Abascal sigue sin tener ningún problema. Es más, los secunda, así como su exigencia de que España invierta más en defensa.

En Vox no explican qué motivos hay tras este giro, pero la derrota del principal aliado europeo de Trump, Viktor Orbán, ha pasado factura. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que una identificación excesiva con el magnate puede convertirse en un problema cuando la Casa Blanca prioriza los intereses estadounidenses frente a los de sus aliados y la opinión pública percibe a los dirigentes europeos como “vasallos” a su disposición. 

También influye el creciente peso político de Meloni dentro del espacio conservador europeo. Su liderazgo se ha consolidado hasta convertirse en un referente más útil para partidos como Vox que el propio Trump en determinadas cuestiones relacionadas con la gobernabilidad, las relaciones con Bruselas o la gestión institucional, especialmente tras la derrota de Orbán. Abascal apostó por él tras las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y le debe la presidencia de Patriots, pero el ex primer ministro húngaro ya no es una figura con poder institucional.

A ello se suma el contexto interno, con la llamada “prioridad nacional” en el centro del debate. En este escenario, reforzar la imagen de un partido con autonomía política puede resultar más rentable que aparecer completamente alineado con una administración extranjera, especialmente cuando sus decisiones generan incomodidad entre potenciales votantes, como ocurrió con los aranceles y el voto del campo.

Nada de ello significa que Vox haya iniciado un proceso de alejamiento del trumpismo. Las conexiones políticas, organizativas e intelectuales siguen intactas y probablemente continuarán reforzándose durante los próximos meses. La alianza entre Disenso y Heritage Foundation permanece activa y Trump sigue siendo una referencia central en la batalla cultural que libra contra la izquierda y contra las instituciones europeas, tal y como reconoció Abascal este martes. Lo que sí parece haber cambiado es que el líder de la ultraderecha española ha comprobado que incluso las alianzas ideológicas necesitan límites cuando entran en conflicto con sus propios aliados europeos. También porque, llegado el caso, él podría ser el siguiente.

No me considero una persona ingenua, pero estoy empezando a planteármelo. Pensaba que el Mundial de fútbol servía para ordenar un poco el mundo (al menos, para algunos de nosotros). Mal que bien, durante unas semanas todo se mira a través del mismo rectángulo verde y la coreografía es conocida: el árbitro pita, el balón rueda, los hinchas cantan, los comentaristas exageran, los seleccionadores envejecen en el plano corto y con el pitido final todos discutimos la misma jugada. Esa conversación común nos iguala, incluso cuando media humanidad finge saber de defensas en bloque bajo o líneas de contención. Suelen ser los mismos que fingen saber de todo lo demás, así que convivimos con ellos con toda la paciencia que nos queda a principios de este julio abrasador.

Este Mundial me ha recordado que ya nada conserva intacta la ilusión del lenguaje compartido. Donald Trump, que no sabe nada de fútbol pero controla la presión tras pérdida mejor que Pep Guardiola, llamó a su amigo Gianni Infantino al término del Estados Unidos - Bosnia para quejarse de la sanción a Folarin Balogun, que vio una justísima tarjeta roja. ¿Resultado? La FIFA levantó la sanción y el delantero se vistió de corto para jugar ante Bélgica. De poco sirvieron las protestas de la federación belga, porque Infantino se justificó en la independencia jurídica (el tema de moda) y a correr.

No traigo aquí mi sorpresa con la politización del fútbol. Soy gallega y del Depor, así que aprendí hace tiempo que en los despachos se juegan muchas competiciones (y dolorosos descensos), aunque en esos despachos no se sude la camiseta. En el caso de Balogun me parece muy llamativo quién llama y quién tiene el poder suficiente para levantar una sanción. Y es precisamente aquí donde Donald Trump se coloca entre un hecho y su consecuencia. Borrando la consecuencia, para ser exacta. 

Con la información, con las noticias, está empezando a pasar algo parecido. Antes los periodistas pensábamos que nuestro trabajo estaba en contar el partido. Investigar con rigor, contrastar, titular bien. Algunos pensamos que hoy sigue siendo lo fundamental, pero entre el hecho periodístico y su consecuencia (lectores informados) se ha situado una máquina muy diferente a las anteriores y tiene pinta de que el frágil ecosistema está a punto de romperse. Hasta ahora conocíamos bien a nuestros intermediarios: estaba Google, que ordenaba (siguiendo su propio interés, pero ordenaba); estaba Facebook, que distraía; Twitter, que enfadaba; Discover, una especie de Guadiana que aparecía y desaparecía como una promesa de verano. Los periódicos aprendieron a convivir con ellas y con sus vaivenes en una dependencia incómoda, pero reconocible. Y, finalmente, el lector llegaba al artículo.

La IA viene a cambiarlo todo y no sólo por las conversaciones con chatbots o agentes de IA. El Instituto Reuters advierte de la inminente integración en navegadores, móviles o el propio sistema operativo, de forma que tendremos a la máquina viendo la misma pantalla que nosotros y ofreciéndose a resumirlo. Cualquier contenido, resumido en décimas de segundo. Ojo. Si la IA no tuviera un nombre tan bien elegido desconfiaríamos de ella. Inteligencia artificial. Minipunto para Silicon Valley.

La máquina es una suerte de Donald Trump que ha irrumpido con una llamada absurda y se ha cargado el sistema. ¿Quién va a ser el raro que se moleste en leer un reportaje fantástico como el que ha escrito Sabela Rodríguez sobre el décimo aniversario de la violación de La Manada, que lleva detrás investigación, análisis, contexto, fuentes y más fuentes? Puede que pocos, si tienen delante una respuesta sencilla como esta proporcionada por la IA: “A una década de la agresión grupal en los Sanfermines de 2016 en Iruña, el caso de La Manada se consolidó como un punto de inflexión social y político que resignificó el término para visibilizar la masiva respuesta feminista contra la justicia patriarcal. La movilización marcó un cambio cultural sin precedentes al convertir la indignación en un rugido colectivo que arropó a la víctima y exigió cambios estructurales”. Ahí queda esa simpleza. 

La comodidad es un enemigo formidable. La comodidad hizo millonario a Jeff Bezos cuando millones de personas se dieron cuenta de que es más cómodo comprar libros en Amazon (sin moverse del sofá) que en una librería. Los periódicos hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a combatir la mentira y la desinformación, sin darnos cuenta de que el palo en la rueda vendría en forma de facilidad. La IA lo hace todo más fácil, más cómodo… y de ese planteamiento a esta realidad: una de cada diez personas ya usa chatbots para buscar noticias cada semana, según datos de Nieman Lab a partir del informe del Instituto Reuters. Ya han cruzado la puerta cómoda del acceso a noticias y todo hace pensar que es una puerta que van a cruzar más veces.

La IA tiende a obedecer, contesta a lo que pedimos con el tono que le pedimos. Al final seremos gente rara los que sigamos entrando en un periódico para leer noticias. No raros en sentido heroico, que estoy hablando de entrar en un periódico antes de tomar el primer café. Raros porque conservaremos una costumbre que para otros estará en desuso. Raros, porque además de saber qué pasa, queremos saber quién lo cuenta y desde dónde.

Quién sabe si dentro de poco leer un periódico será tan raro como ir al estadio a ver el partido en directo, con tu camiseta y con tu gente. Una decisión menos cómoda, con algo de pertenencia y mucho de resistencia. Una sabe que podría verlo resumido, pero prefiere leerlo entero, mirar al campo y abrazarse a los de siempre a celebrar un ascenso. Igual acabamos pareciéndonos a un club de fans de John Boy: pocos, algo raros y fieles a escuchar el mundo de una forma un poco lenta. Y quizá ahí, en esa lentitud un poco rara, siga quedando una forma de resistencia democrática.

El Producto Interior Bruto (PIB) es, seguramente, el indicador económico más popular. En la jerga escarpada de la macroeconomía, es de los pocos conceptos que tiene alguna posibilidad de salir a colación en una sobremesa y más si se tiene en cuenta que este martes ha comenzado la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). En el encuentro de la Alianza Atlántica, el tema central será el gasto en defensa de los distintos socios con relación a sus respectivos PIB. También volverá a cobrar protagonismo la polémica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por la negativa de este último a elevar el gasto militar hasta el 5%. Sin embargo, hay dudas acerca de si este indicador, el PIB, es el más adecuado para ponderar cuánto aporta cada Estado miembro a la cuenta común y qué sacrificios implica ese esfuerzo.

Para Sánchez, el objetivo del 5% era “innecesario” y “desconsiderado”, una posición que le valió a España reiteradas amenazas de Trump. La OTAN, en su análisis de junio, concluyó que España es el séptimo país que más capacidades militares aporta, por lo que cumplía con los compromisos requeridos aunque se negase a implementar el polémico acuerdo de gasto. En este contexto de rearme, tensiones internacionales e inversión desbocada en la industria militar, emergen cuestiones sobre cómo se mide el impacto de esta carrera armamentística en los servicios públicos y qué coste puede tener para el estado del bienestar.

Una de las primeras críticas apunta precisamente a la forma de calcular el gasto en defensa como porcentaje del PIB. Aunque se utiliza de forma frecuente, el PIB es un indicador macroeconómico que mide la producción comercial e industrial de un país en un año, pero no equivale al presupuesto público ni al dinero disponible de un Estado. Es decir, aunque el PIB da una idea del volumen de la economía, los gobiernos no disponen de ese monto, sino que únicamente recaudan una parte mediante impuestos y otro tipo de tasas. 

Por eso surgen las críticas acerca del sacrificio que puede suponer para los servicios públicos y para el bolsillo de los ciudadanos gastar más en armas. De hecho, el PIB de dos países diferentes puede crecer, pero la calidad de ese crecimiento puede ser muy distinta. Por ejemplo, una economía crecerá "mal" si lo hace con familias endeudándose, inflación o excesiva dependencia de sectores de escaso valor añadido y sueldos bajos, lo que necesariamente dejará a esa región mucho menos margen para gastar porque necesitará, por ejemplo, más gasto social. De ahí que destinar un 5% a defensa no implique tener el resto disponible para otros gastos y la comparación entre países sea mucho más difícil.

En este punto cabe destacar también las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Es decir, puede haber más actividad, pero no necesariamente esta puede estar traduciéndose en una mejora de la educación, la salud, el medio ambiente, las infraestructuras, la inclusión social o la productividad.

Para una parte de los economistas, el impulso inversor en el sector de la defensa puede suponer una oportunidad, un dinamizador para la industria y para el avance tecnológico; pero desde otros puntos de vista, dar prioridad a las partidas de inversión en defensa puede suponer renuncias serias en materia social. Un ejemplo es Alemania. En abril de este año, el Ejecutivo germano anunció un recorte de 38.000 millones en sanidad hasta 2030 y restricciones en prestaciones sociales para poder pagar el endeudamiento que habían asumido de cara al rearme. Esta misma semana, justo antes de la cumbre de la OTAN, tomó otra decisión polémica: aumentar su déficit en otros 200.000 millones el próximo año y dedicar una quinta parte de su gasto total estimado (555.400 millones de euros) a sus fuerzas armadas. “No te puedes defender de Putin desde el equilibrio presupuestario”, apostillaba su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

En España, el Gobierno ha negado siempre que el incremento del gasto en defensa vaya a traducirse en recortes, pero la duda es razonable y las críticas emergen. “De algún sitio tiene que salir el dinero”, señala Pere Ortega, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz y experto en gasto militar. Ortega apunta que una parte de la financiación en defensa procede de transferencias que hacen otros ministerios y eso, insiste, “son en definitiva recortes de otras partidas”. 

Otra de las críticas es que, aunque la inversión en defensa genere empleo y aumente el PIB, su impacto sería limitado, ya que “un tanque no crea valor económico adicional” más allá de su fabricación porque “una vez que se fabrica, o se estaciona o se destruye en combate”, explica el informe de Delàs. En cambio, una obra civil tiene un retorno superior, como por ejemplo una carretera, ya que facilita el transporte y puede, por ejemplo, repercutir en una bajada del precio de ciertos productos.

En este marco, los Estados tienen tres maneras de financiar el gasto en defensa. Una, emitir deuda pública destinada a sufragar el gasto en adquisidores militares. La segunda, financiar el aumento del gasto militar por la vía de impuestos, aumentando o creando nuevos. Y la tercera, ajustar el presupuesto anual, es decir, reducir el gasto de otros ministerios para incorporar más recursos a defensa.

Todas estas vías forman parte del dilema ante el que se encuentran los países europeos, todos ellos con el estado del bienestar como pilar, pero también como desafío. Por poner un ejemplo, en España, en el periodo entre 2010 y 2024, la mayor parte del aumento real del gasto público (112.603 millones de euros) se ha dirigido a pensiones (97.990 millones de euros) y salud (14.739 millones de euros), de acuerdo con un análisis del think tank económico Fedea.

A expensas de las polémicas que deje esta nueva cumbre de la OTAN, es indudable que la carrera por el rearme se acelera cada vez más. Y, con ello, también lo hacen las advertencias sobre el coste que puede tener en la vida de los ciudadanos. "No tenemos que aceptar eslóganes simples. Es el momento de introducir preguntas y debate: ¿Cómo se pagará este proceso de rearme? ¿Qué vamos a perder? El dinero destinado a Defensa es dinero que necesitamos para mantener unos mínimos de protección social", advierten en las conclusiones del informe Delàs.

La FIFA vuelve a estar en entredicho. El órgano rector del fútbol, una de las organizaciones privadas con más poder en el mundo, ha provocado un escándalo mundial que tiene mucho que ver con la amistad entre su actual presidente, Gianni Infantino, y Donald Trump. Una llamada del presidente estadounidense para criticar una decisión arbitral y la reacción de la FIFA retirando una tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun es el último episodio de una historia de corrupción, geopolítica y poder. 

El FIFAgate de 2015 fue el gran bochorno de la organización y acabó en la renuncia del entonces presidente, Joseph Blatter, que había gobernado de manera “dictatorial”, como aseguró Michel Zen-Ruffinen, ex secretario general de la FIFA. Pero los escándalos habían comenzado cerca de diez años antes, en 1996. 

El primero fue la cesión a la empresa de patrocinio deportivo International Sport and Leisure (ISL) de los derechos de televisión y marketing. La compañía articuló una red de influencia basada en sobornos a “diferentes delegados de la FIFA y otros de organizaciones dependientes como medios de comunicación y firmas deportivas por más de cien millones de dólares”, aseguró la policía suiza, que se encargó de llevar este primer gran caso de corrupción. 

El caso de ISL lo destaparon en 2012 la cadena británica BBC y uno de sus periodistas estrella, Andrew Jennings, lo que acabó con la dimisión de Joao Havelange, que ostentaba la presidencia de la FIFA durante el episodio —y era presidente honorífico cuando salió a la luz—, Ricardo Teixeira y Nicolás Leoz, miembros de su junta directiva.

Antes, en 2004, la FIFA rompió con Mastercard en favor de Visa, incumpliendo el contrato que tenían con los primeros. La sentencia de la Corte Federal de Nueva York criticó con dureza las tácticas y la naturaleza de los negocios de la organización deportiva y dictaminó el pago de una indemnización por valor de 90 millones de dólares de FIFA a Mastercard.

La corrupción ha continuado en la organización a lo largo de los años, como cuando Blatter —siendo presidente de FIFA— aseguró que “las jugadoras de fútbol en ligas femeninas podrían vestir pantalones más ajustados para ayudar al mercado femenino del fútbol” o como cuando en 2010 se negó a investigar a Ibrahim Chaibou, que arbitró varios partidos amañados.

Tráfico de influencias

Las influencias dentro de la organización siempre han tenido la sombra del amaño y la sospecha. Si en 1994 el Mundial se fue a Estados Unidos gracias a la intermediación y un acuerdo comercial con McDonald’s, el de 2002 se terminó celebrando en Corea y Japón, para explotar el mercado asiático y evitar un conflicto político, y en 2022 viajó hasta Qatar en invierno, rompiendo con la tradición de celebrar el campeonato en verano, con la excusa de “convertirlo en un deporte global que rompiera fronteras”. Más tarde, se demostró que también fue a cambio de dinero.

Fueron precisamente este último, y el de Rusia de 2018, los que pusieron el foco sobre los amaños de FIFA. Michael J. García, director de cuestiones éticas de la Federación, acusó al organismo de llevar a cabo una investigación muy tibia de la selección de aquellas candidaturas en las que hubo compra de votos, como se demostró en 2012 con la dimisión de Mohammed Hammam, quien fuera presidente de la Confederación Asiática de la FIFA, por haber pagado cerca de cuatro millones de dólares a representantes del fútbol africano para asegurar las designaciones de Rusia y Qatar.

La dimisión de Hammam dio inició al FIFAGate cuando en 2015, el Departamento de Justicia de EEUU imputó a altos cargos de FIFA, Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y Concacaf (Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe) dentro de un caso de crimen organizado. Más de dos docenas de dirigentes y asociados quedaron relacionados en un entramado de autoenriquecimiento mediante sobornos vinculados a la adjudicación de mundiales y de derechos televisivos.

La fiscalía estadounidense acusó a 14 personas —nueve autoridades de la FIFA y cinco ejecutivos— de haber recibido o pactado sobornos por unos 150 millones de dólares a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos y adjudicación de sedes. 

Esta investigación provocó la renuncia de Blatter, que prometió una “profunda reestructuración” dentro del organismo rector, lo que provocó que la FIFA, a ojos de los investigadores, “pasase de ser una organización mafiosa a ser la víctima”, como criticó el ya expresidente, que aseguró que “querían mi renuncia para que todo cambiara”.

Nueva era, pero sin cambios

La elección de Gianni Infantino en 2016 fue presentada como el inicio de una nueva etapa, pero la trayectoria posterior apunta a la vieja opacidad de Havelange y Blatter. 

Si bien es cierto que Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron designadas y promocionadas como anfitrionas del Mundial por la emergente pujanza de sus economías en tiempos de Blatter, Infantino siempre ha presumido de gestión por encima del fútbol como deporte.

Al frente de FIFA, ha conseguido grandes ‘pelotazos’ en favor del negocio, como el Mundial de Clubes o este Mundial de 48 selecciones. Como buen tecnócrata, cuando formó parte de UEFA impuso el penúltimo formato de la Champions League, que disparó los ingresos de la competición, y la Liga de Naciones, que suprimió en Europa los amistosos para que las federaciones comercializaran mejor los derechos de retransmisión con un nuevo torneo.

En este mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las polémicas por los derechos de retransmisión han dado paso a otras, en este caso por los precios de las entradas: hay billetes que valen más de 1.000 dólares, y los hospitalities, una especie de todo incluido, llegan a los 33.000.

Pero no son las únicas. Ya sentado en el despacho más importante del fútbol global, Infantino defendió mano a mano con Vladimir Putin y con la realeza qatarí las designaciones para albergar el mundial de fútbol. La comunidad internacional las cuestionó por la vulneración flagrante de los derechos humanos en ambos países, por el sportwashing qatarí y ruso. 

La FIFA justificó la decisión de llevar la competición a Qatar insistiendo en el potencial del fútbol como agente de progreso social, pero las consecuencias mostraron lo inverso: empezando por las muertes de personas que trabajaban en la construcción de los campos en condiciones de semiesclavitud y acabando por el refuerzo de la dependencia del fútbol respecto a capitales estatales autoritarios y monarquías ricas.

En este contexto, aparece la amistad de Infantino con Trump. El presidente estadounidense utilizó los eventos deportivos como el Mundial de Clubes y este Mundial de 2026 como una arena política perfecta para su narrativa nacionalista. 

El último acto de esa relación personal ha sido la llamada a Infantino que Trump destapó y narró al mundo a través de su red social pidiendo que la FIFA retirase la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, máximo goleador de la selección. La medida permitió al jugador disputar los octavos de final contra Bélgica.

Trump admite que llamó para “pedir que se revisara la jugada” porque no le pareció falta, y se ha atribuido incluso un supuesto “buen ojo” para interpretar acciones de juego. Infantino, por su parte, reconoce que recibe y atiende llamadas del presidente de EEUU sobre asuntos relacionados con el Mundial, equiparándolas a los contactos habituales con diferentes jefes de Estado.

Este presidente Trump, con su America first, es un peligro. Para todos. Sus decisiones unilaterales ponen en riesgo a la Unión Europea y a España.

Veamos lo que acaba de ocurrir, y con quién no hay que ser aliados, ni para unos ejercicios navales. Y, por supuesto, el secretario general de la OTAN (de Estados Unidos), Mark Rutte es otro peligro y del que cualquier país miembro debería deshacerse.

Este secretario general de la OTAN, Rutte, ha subrayado el 18 de junio de 2026, en una entrevista con Fox News, el apoyo europeo a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, y ha revelado que miles de vuelos han despegado de bases europeas para respaldar esa acción. "Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 misiones de vuelo", afirmó Rutte.

Mark Rutte, durante la entrevista, subrayó que los aliados, "incluida Italia, han aplicado los acuerdos bilaterales existentes en materia de bases y sobrevuelos".

En base a esas declaraciones de esa autoridad de la OTAN, del conocimiento de los datos que manifiesta, se hacen las siguientes consideraciones y consejos al gobierno español que debieran significar el abandono de la OTAN y desprenderse de cualquier alianza militar con Estados Unidos, por lo menos mientras que el presidente Trump y cualquier acólito esté en la Casa Blanca.

La primera consideración es que el ataque efectuado por Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.

La segunda es que el secretario general de la OTAN manifiesta su apoyo a un ataque militar ilegal.

El secretario general de la OTAN, con conocimiento de los pormenores, afirma que se han utilizado para dichos ataques ilegales acuerdos bilaterales entre los atacantes, y específicamente de Estados Unidos y un número de países europeos miembros de la OTAN y presumiblemente de la Unión Europea.

La siguiente consideración lógica es que, desde el punto de vista del derecho internacional, Irán está legitimado para contraatacar a los directos atacantes y los orígenes y el apoyo logístico que hayan recibido los atacantes. Es decir, está legitimado para contraatacar a los atacantes y a cada uno de los países europeos que bilateralmente hayan facilitado los ataques ilegales.

Pero a continuación, sabemos que los Estatutos de la OTAN y el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establecen que si un Estado europeo es atacado por un tercer país, el resto de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea deben defender a dicho país y, en su caso, atacar al país originario del ataque.

Si sumamos todas estas consideraciones, se percibe un grave problema de defensa y cohesión europea. 

Decisiones bilaterales afectan al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Decisiones bilaterales que son ilegales desde el plano del derecho internacional pueden afectar al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Por lo tanto, las conclusiones son evidentes.

Por último, una nota al pie.

El asalto a las Flotillas de hace unas semanas, por parte israelí, se hizo en aguas internacionales, cerca y con permiso de Grecia, Chipre, la base inglesa en Chipre que ayuda a Israel en su control e inteligencia de la palestina Gaza. Los países mencionados son miembros de la OTAN y los dos primeros de la Unión Europea. Dado que los barcos de las Flotillas (Sumud y Freedom Flotilla) tenían pabellones europeos, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Reino Unido,... por activistas españoles iba el Bribón(a), el antiguo yate del emérito rey, y que su derrota era pública a través de su señalización satelital, conocida por el ejército israelí, pero también por todos los demás ejércitos, incluyendo los de la OTAN, ¿por qué no fueron defendidas las Flotillas por la OTAN y el conjunto de países de la Unión Europea, según dictaminan tantos Estatutos y Tratados, el derecho internacional, y se permitió durante días que hubiera abordajes de unos piratas de un tercer país, como es Israel?

¿Para qué aumentar un presupuesto militar al servicio unilateral estadounidense, que es el que dicta quién es el enemigo?

Prescindamos de Rutte, la OTAN y las bases militares hispano trumpistas.

Y rompamos el bloqueo de Gaza, paremos el genocidio en Palestina y combatamos la ocupación y colonización israelí.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

La FIFA es una filfa, es decir, un engaño. Maradona, que tuvo con ellos una relación de coches de choque, decía que sus dirigentes “odian el fútbol y aman el dinero que ganan con él.” Qué diría ahora, si levantase la cabeza y viera a su jefe lamiéndole los zapatos al presidente de los Estados Unidos, entregándole, en plan María Corina Machado, un trofeo honorífico y ahora, en el colmo de los colmos, quitándole a uno de los mejores delanteros de la selección norteamericana la tarjeta roja que le habían sacado, de forma absolutamente justa, en el partido anterior, para que pueda jugar el próximo, saltándose todas las normas. El servilismo que muestran las autoridades deportivas, y las otras también, ante el inquilino de la Casa Blanca, produce vergüenza ajena. Ni que les fuera a bombardear también a ellos.

Estamos en el mundo de los sabelotodo y los mandamases, gente que opina de lo divino y lo humano sin sentirse poco preparado para nada ni pararse a estudiar y gobernantes con resabios de rey medieval y esquinas absolutistas en el discurso, que también se meten en cualquier cosa, sin límites ni fronteras, ni complejos, sino al contrario, con la arrogancia de quien se sabe más fuerte que otros y no necesita más argumento que ese para imponerles su santa voluntad. Lo más triste es la sumisión que recibe, los parabienes, las palmadas en la espalda, los regalos para los oídos… La ley de la selva ya está aquí, la del embudo nunca se fue y nosotros, los de en medio, lo llevamos claro.

La ultraderecha tiene tres formas de crecer: avanzando ella, haciendo retroceder a los conservadores moderados y asustando con su catastrofismo a una cantidad suficiente de votantes que les terminen apoyando por miedo a esas amenazas inventadas que dicen que penden sobre nuestras cabezas. Son mentira y la espada la han colgado ellos mismos, pero hay quienes se asustan y se ponen en sus manos para que los protejan.

Primero fue la prioridad nacional, ahora la ley del concebido no nacido y en ambos casos el candidato Núñez Feijóo pasa por el aro y hace suyos los apostolados de los ultras propios y ajenos: lo que sea, con tal de llegar a La Moncloa, le abra sus puertas quien sea, independentista o no, demócrata de verdad o por guardar las apariencias. Su brújula, Isabel Díaz Ayuso, que es la Charlie Watts de esta banda, la que marca el ritmo, también pretende quitarles el abono transporte a los inmigrantes que pueda, y él tragará esa rueda de molino en cuanto se la pongan en el plato. Las encuestas no le van también como él pensaba, pero no le hará variar el rumbo ni pensárselo dos veces: la reflexión es la única flexión que no va a hacer.

La filfa de la FIFA es sólo un ejemplo, un síntoma de estos tiempos efectivamente genuflexos, que no les paran los pies a los neototalitarios que están haciendo girar hacia atrás el planeta entero. Habría que pararlos, porque mientras miramos el fútbol no vemos lo que pasa en los palcos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde a la exclusión de las mujeres transgénero del deporte femenino escolar y universitario, en un fallo que se suma a la actual embestida internacional contra los derechos de las personas LGTBIQ+. Con una mayoría conservadora de seis frente a tres, los magistrados blindaron este martes las leyes estatales que limitan la participación deportiva en función del género asignado al nacer. La sentencia, que legitima las prohibiciones vigentes en más de una veintena de Estados amparadas en el llamado “género biológico”, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la agresiva agenda de la nueva Administración de Donald Trump y refleja una ola global de retrocesos institucionales que amenaza con desmantelar décadas de avances sociales.

El caso llegó al Supremo de la mano de Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas atletas trans demandaron a sus respectivos Estados al considerar que su exclusión de las competiciones femeninas resultaba inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, el Alto Tribunal ha dictaminado que estas normativas son plenamente compatibles con la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados con fondos públicos. La decisión tiene un efecto cascada inmediato en el país, ya que afecta tanto a competiciones escolares como universitarias y respalda normativas idénticas ya aprobadas en otros 25 Estados.

Este aval judicial apuntala la ofensiva sistemática desplegada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Uno de sus primeros pasos, fue la firma de una orden ejecutiva que acabó con el reconocimiento legal de las identidades no binarias, estableciendo que únicamente existen “dos sexos” e imponiendo que los documentos oficiales reflejen exclusivamente el género asignado al nacer. Esta directriz vino acompañada de medidas drásticas, como la retirada de los pasaportes con el marcador de género 'X' y una nueva exclusión de las personas trans de las Fuerzas Armadas.

La hostilidad institucional también se ha trasladado al terreno simbólico. Uno de los episodios más tensos se vivió el pasado mes de febrero, cuando la Administración Trump ordenó retirar la bandera arcoíris del Monumento Nacional Stonewall, el mítico enclave de Nueva York donde comenzó la liberación homosexual en 1969. El Gobierno se escudó en unas directrices del Departamento de Interior relativas a la exhibición de banderas no oficiales en terrenos de Parques Nacionales. “Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y ningún acto de borrado cambiará jamás, ni silenciará, esa historia”, escribió aquel día en redes sociales el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La rápida movilización ciudadana y la oposición de varios cargos públicos obligaron a Washington a dar marcha atrás y reinstalar la bandera. 

A nivel global, se constata una reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino una respuesta reactiva y coordinada con profundos vínculos institucionales e ideológicos. Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la ofensiva contra la llamada “ideología de género”, un concepto construido políticamente para desacreditar y deslegitimar las luchas de los movimientos de mujeres y personas LGBTIQ+. En España, esta retórica ya ha sido impuesta por Vox. El ejemplo más reciente resonó hace unos días en la Asamblea Regional de Murcia durante el debate de una moción de Podemos que exigía aplicar protocolos de atención a alumnos trans. El diputado de extrema derecha Antonio Martínez Nieto llegó a afirmar que “el mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en el de los derechos humanos”.

Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el presidente Javier Milei ha llegado a asegurar que estos colectivos buscan imponer que “las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, criticando una supuesta inacción cuando “un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”. Esta escalada discursiva alcanzó su punto culminante en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, cuando el mandatario cruzó una peligrosa línea roja al afirmar que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.

Las palabras de Milei en la cumbre suiza no fueron una mera declaración de intenciones, sino la punta visible de una ofensiva institucional que arrancó apenas semanas después de su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, advierte de las consecuencias de esta escalada: "Hay una correlación absoluta entre los discursos de odio que provoca el propio Estado y la violencia que nuestra comunidad vive en la vida diaria".

En este sentido, Rachid denuncia que "el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de diversidad sexual fue absoluto". El asedio institucional se ha materializado en decisiones drásticas como el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo clave para la protección de las minorías. A esto se suma el impacto de normativas como la 'Ley de Bases', impulsada en los primeros pasos del Gobierno de Milei, que ha debilitado sustancialmente la protección laboral del colectivo al reformar artículos que amparaban a los trabajadores. "Ahora una empresa si quiere despedir a alguien por discriminación, lo puede hacer pagando la indemnización por despido", alerta la dirigente.

Frente a "la violencia y discriminación que vienen del propio Estado", desde la Federación reclaman "la recreación de un organismo como era el INADI y una ley integral trans" que blinde al colectivo. Un retroceso que, advierten, trasciende las fronteras argentinas. En su rol como presidenta de OLA (Orgullo Latinoamericano), Rachid constata una preocupante tendencia global al señalar que "en muchos países del mundo y también de Latinoamérica donde gobierna la derecha hubo recortes de derechos humanos".

La ofensiva discursiva ha cruzado de nuevo el océano para instalarse en el corazón de Europa, encontrando su principal laboratorio político en Italia. Allí, Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 como la cara visible de una coalición conservadora que prometió en campaña defender los “valores familiares tradicionales” y combatir frontalmente lo que su círculo denomina “lobby LGBT”. Una postura que no se ha quedado en meras declaraciones de intenciones, sino que se ha traducido en un bloqueo sistemático al avance de los derechos del colectivo.

Las parejas homosexuales italianas tienen prohibido acceder a la fecundación in vitro y ante la inacción estatal, los ayuntamientos de corte progresista como los de Milán o Turín habían habilitado registros municipales para dar amparo legal a las cerca de 150.000 familias diversas que residen en Italia. Este parche administrativo resultaba vital para que el progenitor no biológico pudiera ejercer derechos básicos sobre el menor, tales como viajar al extranjero, inscribirlo en la escuela, autorizar vacunaciones o disponer de su custodia en caso de fallecimiento de la pareja. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni ordenó a todos los delegados del Gobierno en las regiones que prohibieran estos registros.

La cruzada institucional también se libra en el terreno educativo. En marzo de 2025, el Ministerio de Educación y Mérito de Italia prohibió a todos los centros educativos “el uso de símbolos gráficos de género neutro”. La medida se justificó bajo el argumento de que estos caracteres infringen las normas de la lengua italiana y “comprometen la claridad de las comunicaciones institucionales”.

Pese al asfixiante cerco gubernamental, los tribunales han comenzado a erigirse como el último dique de contención. En mayo de 2025, la justicia italiana marcó un importante hito al emitir un fallo que reconoce legalmente como madres a las parejas lesbianas que han recurrido a la fecundación in vitro en el extranjero, abriendo una grieta de esperanza frente a esta ola reaccionaria.

Frente al retroceso en Estados Unidos y la hostilidad institucional en Italia o Argentina, el mapa europeo arroja un símbolo de resistencia y cambio de ciclo político. Tras 16 años en el poder, la derrota electoral del ultranacionalista Viktor Orbán ha cerrado una de las etapas más oscuras para los derechos LGTBIQ+ en Hungría. Durante década y media, el colectivo fue el blanco prioritario de las políticas de Estado, enfrentándose a la prohibición de la adopción homoparental y a la aprobación de leyes que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia. El intento fallido de Orbán de vetar la Marcha del Orgullo provocó un efecto boomerang que sacó a la calle a cerca de 380.000 personas.

Ese clima de represión institucional parece haber llegado a su fin. Este fin de semana, la 31ª Marcha del Orgullo de Budapest se celebró en una atmósfera radicalmente distinta. Pese a un calor extremo que rozó los 38º, decenas de miles de personas cruzaron el centro de la capital hasta el parque Vérmező sin enfrentarse a las trabas legales ni policiales de la época Orbán. “La situación es diferente a la del año pasado en el sentido de que ahora la policía tomó nota del evento de una manera legal. Lo que no ha habido en absoluto este año es miedo”, reivindicó Ede Balogh, portavoz de la organización. La marcha contó además con un importante respaldo, incluyendo la presencia de la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, y del alcalde progresista de la capital, Gergely Karácsony.

Esta profunda brecha política y social queda retratada en el Rainbow Map 2026 de ILGA Europa, que ilustra cómo el escudo legal del colectivo depende drásticamente de la voluntad de los Estados. Mientras España lidera el ranking continental de protección con un 89%, los estragos de las políticas restrictivas hunden a la Italia de Meloni (24%) y a la propia Hungría (23%) en la franja de mayor vulnerabilidad. Un mapa que sirve de recordatorio de que los derechos conquistados son frágiles y que la diversidad sigue siendo castigada a escasos miles de kilómetros, con regímenes como Rusia y Azerbaiyán ocupando el último lugar de la tabla al garantizar apenas un 2% de los derechos humanos.

Israel se ha embarcado en una cruzada por terminar con el acuerdo de paz en Oriente Medio. Si Estados Unidos e Irán han apostado por un precario pero importante marco, donde cada cual prioriza sus intereses inmediatos, desde Tel Aviv el sentir es similar. Y eso parece haber entrado en contradicción.

El Gobierno israelí también siente la presión electoral y desde el gabinete, especialmente a través de sus miembros de extrema derecha, así como desde sectores de la oposición, se considera un error la opción de firmar un texto que normalice internacionalmente a Irán.

A pesar de las diferencias que algunos reportes exageraban entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el republicano no ha dudado en sostener los paquetes de apoyo militar a Israel y su participación clave en la arquitectura de defensa hebrea.

Pero hay un poso de verdad en las discusiones que afloraban entre ambos mandatarios a cuenta de la estrategia bélica. Si bien han ido de la mano a la guerra desde el primer momento, Estados Unidos evidenciaba una posición más frágil a la hora de jugar su poderío regional en un conflicto con Irán.

Israel ha logrado su ansiada oleada de ataques para menoscabar las capacidades defensivas y ofensivas iraníes, así como para descabezar los cuadros de la República Islámica en un intento de eliminar su viabilidad como peso regional y ganar la batalla por la hegemonía.

Pero el desenlace no ha sido el deseado. Sin un Estados Unidos dispuesto a ir hasta el final, apoyando una guerra regional que diezmase realmente Irán por dentro y asegurase un régimen títere, era más que evidente que en algún momento tendría que llegar a un compromiso diplomático con las autoridades persas.

Gracias precisamente a la ruptura de confianza que este conflicto ha causado a unos líderes que ya estaban negociando el acuerdo nuclear en Omán antes del estallido, las demandas iraníes han crecido. En Teherán se exigían garantías de seguridad para asegurarse de que si Washington quería una salida a su inesperada respuesta en el Golfo, debían ofrecer compromisos de que no volvería a ocurrir.

Y en el acuerdo aparecieron la práctica totalidad de las demandas iraníes. Estados Unidos ansiaba una salida y un retorno a la relativa calma que los mercados le demandaban como poder global. Irán pudo meter incluso la necesidad de un alto el fuego en Líbano como condición del acuerdo.

Pero para su consecución se hacía necesaria la participación israelí. Como es bien sabido en Europa, cuyos gobiernos apenas se distanciaron de Tel Aviv para no ser salpicados políticamente, el único actor en el mundo con influencia directa en Israel a día de hoy es Estados Unidos. Y más aún un Estados Unidos republicano.

Por este motivo, Donald Trump estaba firmando, consciente de ello o no, su compromiso de imponer dicha cláusula sobre Netanyahu y las presiones que pueda recibir. Pero el Gobierno israelí está determinado en su decisión de sostener la invasión del sur de Líbano.

Yendo incluso más lejos que Netanyahu, su compañero de partido y ministro de Defensa, Israel Katz, señaló que no se retirarían de las “zonas piloto” hasta que Hezbolá no sea desarmado. Esta declaración no es casual ni tiene solo relación directa con el texto firmado entre Estados Unidos e Irán de forma telemática, sino que también busca marcar posición en otra negociación paralela.

Estados Unidos e Israel han tratado de fomentar desde antes de alcanzarse el acuerdo con Irán un marco propio para la resolución del conflicto de Líbano. Y para ello se invitó al Gobierno libanés a negociar con el israelí de manera bilateral pero bajo la mediación de Estados Unidos.

Esta conversación paralela buscaba dejar a Irán fuera de la mesa para que, al alcanzarse un entendimiento en sus propios términos, Teherán debiese aceptar el acuerdo sin poder imponer sus condiciones.

No obstante, el acercamiento que ha dirigido la presidencia libanesa ha tenido las patas cortas. Aunque se han alcanzado marcos negociaciones para un acuerdo, Israel no ha cesado el fuego, ni ha finalizado su invasión y ocupación del sur de Líbano. Por este motivo Irán se ha visto compelida a mantener su órdago y responder, de la misma manera que se ha visto en Ormuz. Su determinación es que se cumplan todos los puntos del texto si no se quiere volver a la situación del mes de mayo.

Además, otras fuerzas chiítas de Líbano, como la que representa el sector del líder parlamentario Nabih Berri, Amal, han rechazado el acuerdo marco con Israel y han mostrado la imposibilidad de su aplicación. Líbano no desarmará a Hezbolá. Pocos quieren arriesgarse a una guerra civil en el país, en una situación de prolongada y extrema fragilidad.

Y por lo tanto el presidente libanés, Joseph Aoun, se está quedando solo en su intento de acercarse a Israel para alcanzar un acuerdo de alto el fuego sostenible. Las cosas parece que se harán en los términos iraníes o en los israelíes, es decir, no se harán. Pero si Israel sigue apostando por un desarme previo de Hezbolá y la participación activa de Líbano en ello, el alto el fuego no será efectivo.

Estados Unidos, tarde o temprano, tendrá que decidir qué vía quiere seguir. Otra vez la disyuntiva que ya le trajo discusiones serias con Netanyahu. En el bando sionista apuntan cada vez más fuerte contra JD Vance por tratar de aplicar el acuerdo de paz con Irán en Líbano, mientras en Estados Unidos se desgasta a pasos agigantados la imagen de Israel.

Pronto tendremos novedades desde un Israel que anuncia abiertamente su intención de sostener la operación en Líbano e incluso ampliar la que nunca se retiró de Gaza.

La caída de Viktor Orbán en Hungría provoca movimientos políticos de calado que van más allá de su país o de la lucha abierta con la Comisión Europea y con la mayoría de los socios en cuestiones como el apoyo a Ucrania, la contemporización ante Rusia o las vulneración del Estado de derecho. Uno de los caudillos de la extrema derecha europea ya no gobierna y ese vacío debe cubrirse, como si en la manada de lobos ultras los otros ejemplares buscasen ese liderazgo o, al menos, reposicionarse en nuevos roles y relaciones.

Péter Magyar, el vencedor de Orbán, ya ha tenido su estreno en Bruselas, delante del resto de líderes de la Unión, y las consecuencias del cambio de Gobierno se hicieron notar. Los 27 aprobaron por primera vez en meses unas conclusiones de la Cumbre por unanimidad sobre Ucrania, la guerra en ese país o la condena a Rusia. También hubo consenso sobre inmigración, aunque en este caso las conclusiones fueron menos ambiciosas: una mera llamada “para continuar con el trabajo intenso” y anunciar que “el Consejo Europeo celebrará una discusión estratégica” en octubre. Aun así, la ausencia del elemento Orbán permitió que los países más duros en materia migratoria no tuviesen presión extra y llegasen a este compromiso con España o Francia.

Diplomáticos europeos y nacionales celebran en privado la llegada de Magyar a Hungría, asegurando que ahora “se percibe una mayor coordinación” sobre Ucrania o que se pueden tratar con Volodimir Zelenski “los siguientes pasos tras la apertura de bloques de negociación” para la futura adhesión de Ucrania a la UE. Algo impensable antes. Y un camino que en la reciente Cumbre ningún líder de la extrema derecha o euroescéptico quiso torpedear. Ni el eslovaco Robert Fico, ni el checo Andrej Babis, ni la italiana Giorgia Meloni.

Sobre estos tres dirigentes con poder de mando nacional y voz y voto dentro del Consejo están puestos ahora los ojos que escrutan posibles giros de guión en las relaciones de poder, las influencias y contrapesos dentro de la UE. En ellos y en dos franceses que esperan a 2027 para asaltar El Elíseo, Marine Le Pen o su delfín, Jordan Bardella. Los cinco, desde la caída de Orbán, se mueven en las procelosas aguas de la política comunitaria.

“Sobre Meloni toda mi solidaridad, no sólo la he mostrado públicamente, también se la he transmitido dentro del Consejo... porque el ataque no es político ni personal, no sé como calificarlo”. Quien se expresaba así tras la Cumbre Europea en relación a las acusaciones despectivas de Donald Trump en las que afirmaba que la primera ministra italiana había intentado desesperadamente sacarse una foto con él en el G7 fue ni más ni menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posiblemente el líder europeo más en las antípodas de la italiana.

Las palabras de Sánchez no fueron timoratas aunque ambos políticos hubiesen chocado dentro del Consejo a cuenta del debate migratorio, porque la italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. Inicialmente se habló de una fuerte discusión, de un choque, pero una fuente diplomática de un tercer país y conocedora del debate interno desmintió para infoLibre tales términos. Y desde Moncloa también.

No es sólo este apoyo del líder socialdemócrata más importante en la UE. Meloni se está moviendo en todos los frentes de la política comunitaria, abandonando espacios que ocupan sus aliados tradicionales. Viene de asistir esta semana en la Riviera francesa a una cumbre bilateral de los dos gobiernos con el presidente galo Emmanuel Macron, llena de guiños cómplices, sonrisas y abrazos. Macron, antes que Meloni, ha sufrido los embates del estadounidense y con más crudeza.

El efecto Trump, en este caso como coyuntura internacional, ayuda a estos acercamientos y de ahí se salta a otros ámbitos de encuentro. Así lo cree el eurodiputado italiano Sandro Gozi, de los liberales de Renew dirigidos por las filas de Macron. “Italia y Francia avanzan, entre ellas y en Europa, cuando construyen juntas”, destaca Gozi sobre una agenda europea conjunta en la que pide que “la cooperación franco-italiana deba volver a convertirse en un motor político de Europa”. Debemos asumir una ambición común: más acción, más soberanía, más Europa”.

Y si Meloni recibe los apoyos de socialdemócratas y liberales y ella sabe emplearlos en la esfera europea, también los obtiene ahora de la otra gran cabecilla ultra con la que llevaba tiempo enfrentada. “Él fue muy ofensivo, así que entiendo plenamente la reacción de Giorgia Meloni, que es de orgullo nacional”, aclaró Marine Le Pen en la radio francesa. “¿Es la ruptura definitiva entre las dos naciones? Desde luego no. ¿Es esto un enfrentamiento severo en la relación entre dos individuos? Desde luego sí”, reconoce la líder del Rassemblement National.

Meloni y Le Pen tomaron caminos diferentes en la escena europea en 2024 y eso las llevó al distanciamiento político y personal. Fratelli d'Italia se quedó como principal partido junto a los ultracatólicos polacos del PIS en ECR, el grupo parlamentario en la Eurocámara que rivalizaba por dirigir a la extrema derecha frente a los Patriots fundados por Le Pen, Orbán, Vox y La Lega de Matteo Salvini. El ex primer ministro húngaro lamentó que el choque entre las dos mujeres impidiese la creación de un supergrupo ultra en el Parlamento Europeo. “Estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo”, suplicó entonces Orbán.

El acercamiento entre las 'jefas' de ECR y Patriots va más allá. El delfín de Le Pen –su sucesor si ella no puede presentarse a las presidenciales francesas– y líder de sus huestes en la Eurocámara, Jordan Bardella, acaba de viajar a Polonia para mantener encuentros de trabajo con los conservadores nacionalistas del PIS, la otra pata de ECR, también fuera del poder desde que Donald Tusk regresó de Bruselas para recuperar Varsovia para el PP europeo.

“Una visita que es una parada clave en una serie de viajes europeos”, dijo Bardella, en la que mantuvo una “muy provechosa” reunión con el presidente polaco para “discutir una serie de cuestiones e intercambiar opiniones sobre la actual dirección de Europa”. Rassemblement National perdió en Orbán a su principal líder centroeuropeo y ahora, reconocen, buscan aliados para “preparar la Europa del mañana”.

Hay más que se mueven en el ámbito euroescéptico. Los populares Tusk y Magyar han decidido recuperar el Grupo de Visegrado, antiguo foco de presión en los debates europeos ejercido por polacos, húngaros, checos y eslovacos. Esta alianza regional funcionó la década pasada en la UE como contrapeso al eje París-Berlín, al frente común del liberal Benelux o ante las reclamaciones en favor de la cohesión y una mayor integración procedentes del sur europeo. Pero la excesiva beligerancia de Orbán lo rompió. Ahora está de vuelta.

Los primeros ministros Robert Fico y Andrej Babis son los otros dos integrantes y ya no tienen problemas en aliarse con los conservadores tradicionales del PP europeo. Se benefician del giro más a la derecha de los populares en cuestiones migratorias, medioambientales o sobre competitividad industrial, además de que les une su impulso hacia el rearme. Sin Orbán delante, hasta el eslovaco y el checo no se muestran tan prorrusos y ni siquiera amagaron con bloquear las firmes conclusiones de la Cumbre en favor de Ucrania y contra Moscú. Incluso hablan ya de un proyecto de conexiones ferroviarias financiado conjuntamente por la Unión Europea.

En Bruselas observan estos movimientos. La conservadora Comisión Von der Leyen consiguió que Giorgia Meloni no pareciese tan peligrosa y euroescéptica cuando llegó al poder. Ahora otros peones populares intentan endulzar a los ultras centroeuropeos.

Cientos de bidones de petróleo oxidados, baterías de coche, tuberías desechadas, cables y planchas de amianto hechas añicos yacen en montones a lo largo de la costa, hasta donde alcanza la vista. El contraste con los icebergs de un azul cristalino que se deslizan lentamente al fondo resulta sobrecogedor.

Storch Lund, de 69 años, señala hacia el paisaje. "Todo esto son restos americanos", explica. Estamos en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, el emplazamiento de la mayor base de Estados Unidos (EEUU) en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño aeropuerto con una localidad cercana, donde se trasladaron miles de soldados estadounidenses después de que la base se estableciera en 1941.

Storch Lund ha vivido en el pueblo durante más de 50 años y conoce cada colina y cada camino de la zona. Incluido el llamado "vertedero" cerca del fiordo, a unos pocos cientos de metros de la pista de aterrizaje.

Aquí, toneladas de residuos están esparcidos a lo largo de varias hectáreas en la orilla. Abandonados en el río de un verde claro de agua de deshielo que desemboca en el fiordo. En varios lugares, los bidones de petróleo y los restos se acumulan en capas de metros de altura. En otros sitios, están enterrados.

"Se puede ver que lo han empujado hacia el agua. Si caminas por la playa, ves la cantidad de contaminación que hay", dice Storch Lund. De niño, jugaba entre chatarra, alquitrán solidificado y planchas de amianto. Hoy ve la contaminación de otra manera. "Es un auténtico desastre", afirma.

Teme que el fiordo también se haya contaminado. "Durante muchísimos años, el petróleo se filtró al agua. Varios aviones se han hundido ahí, en el fiordo", dice Storch Lund, mecánico de formación que anteriormente ejerció como director del aeropuerto de Narsarsuaq durante más de 20 años.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia ha crecido —y se ha desvanecido después— varias veces a lo largo de la historia. Los estadounidenses abandonaron la base militar de Narsarsuaq en 1958, sin limpiar nada. Ahora quieren volver.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos operó al menos 36 bases e instalaciones militares en Groenlandia. Hoy, los estadounidenses solo conservan la gran base de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Pero actualmente se están desarrollando intensas negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, en las que el Gobierno estadounidense pretende reabrir varias bases.

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha identificado específicamente Narsarsuaq y Kangerlussuaq como bases a las que Estados Unidos desea regresar.

Como ruido de fondo dramático, el presidente estadounidense Donald Trump lleva mucho tiempo amenazando con apoderarse de la isla más grande del mundo. Esta misma semana, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, publicó un mensaje sobre Groenlandia en el que afirmaba de forma amenazante que Estados Unidos podría tener un estado más el año que viene.

Politiken ha viajado a Groenlandia para investigar cómo Estados Unidos ha dejado atrás sus numerosas antiguas bases y los periodistas han podido ver la contaminación con sus propios ojos.

A lo largo de los años, varios artículos han cubierto los legados estadounidenses en Groenlandia, pero Politiken es el primer medio que cartografía la contaminación de las bases de Estados Unidos a partir de miles de páginas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública sobre estudios y documentos medioambientales de las autoridades danesas y groenlandesas. Varios de esos estudios medioambientales obtenidos al amparo de las leyes de transparencia no se habían hecho públicos hasta ahora.

La investigación de Politiken, que se publica en toda Europa a través de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que es socio infoLibre, revela que la magnitud de la contaminación es considerable: varios miles de toneladas métricas de residuos peligrosos o contaminados han quedado abandonadas en los parajes naturales de Groenlandia. Hasta 100.000 bidones de petróleo oxidados y corroídos. Contaminación por petróleo procedente de más de 400.000 litros de gasóleo. Hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad bajo la capa de hielo. Varias toneladas métricas de baterías desechadas. Hallazgos del tóxico ambiental PCB en niveles que superan con creces los límites reglamentarios, así como de metales pesados, como el plomo y el cadmio, en casi todas las, al menos, 36 antiguas bases e instalaciones militares estadounidenses.

La magnitud real de la contaminación es incluso mayor. Muchas antiguas bases y emplazamientos estadounidenses nunca se han investigado a fondo en busca de contaminación medioambiental, incluidos algunas de los más grandes, como Narsarsuaq y Pituffik.

Varios destacados políticos groenlandeses se muestran muy críticos con la contaminación dejada en Groenlandia. "Es una vergüenza. Y se puede ver. Así es como tratan a nuestro país", dice Aleqa Hammond, presidenta del partido Siumut y exjefa del Gobierno groenlandés.

Considera que Estados Unidos ha salido "demasiado bien parado". "No hemos visto absolutamente ninguna implicación estadounidense en limpiar su propio desastre", afirma.

Bentiaraq Ottosen, miembro del Comité de Medio Ambiente y Conservación del parlamento groenlandés, el Inatsisartut, en representación del partido Atassut, está de acuerdo. "Creo que los estadounidenses han eludido su responsabilidad. Simplemente han dejado atrás todo tipo de basura y han tirado coches y muchas otras cosas en el entorno natural", dice.

Naaja Nathanielsen, miembro del parlamento danés, el Folketing, por el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit —Comunidad Inuit—, y exministra groenlandesa de Industria, Comercio, Recursos Naturales y Justicia, se hace eco de la crítica y la pone en perspectiva: "Hemos intentado decirles, con mayor o menor éxito, que dejar las cosas atrás es una señal de falta de respeto. "Se os permitió venir y estar ahí". "Os habéis beneficiado de ciertas ventajas por estar en esa posición". Así que también creo que lo mínimo que se puede hacer es limpiar lo que uno ensucia", dice Naaja Nathanielsen.

Para entender cómo se ha llegado a esto, hay que adentrarse en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros días de la Guerra Fría, la gran isla se convirtió en un foco de interés para el ejército estadounidense. Primero, en la guerra contra la Alemania nazi y, más tarde, como depósito de recursos, campo de pruebas para la guerra ártica y avanzadilla frente a la Unión Soviética comunista.

Desde el principio, los términos de la presencia estadounidense se negociaron en un complejo juego de política de defensa en el que los estadounidenses no siempre dijeron al Gobierno danés la verdad sobre sus planes, y el Gobierno danés a menudo actuó por encima de los intereses de los groenlandeses.

El 9 de abril de 1941 —primer aniversario de la ocupación alemana de Dinamarca— el enviado danés a Estados Unidos, Henrik Kauffmann, actuando como representante autoproclamado del Gobierno de Copenhague, suscribió por su cuenta un acuerdo de defensa con Estados Unidos que otorgaba a este el derecho a establecer aeropuertos y puertos como bases militares en Groenlandia.

El Gobierno danés destituyó posteriormente a Henrik Kauffmann, lo acusó de traición y declaró el acuerdo inválido, pero Estados Unidos lo ignoró. Los estadounidenses empezaron a establecer bases por toda Groenlandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se veía a sí mismo como el protector del mundo libre y consideraba que esto conllevaba claros privilegios.

Inmediatamente después de la guerra, el Gobierno estadounidense intentó —ni por primera ni por última vez— comprar Groenlandia. Ofreció unos 100 millones de dólares. La respuesta desde Copenhague fue un cortés "no, gracias". "Aunque le debemos mucho a Estados Unidos, no siento que les debamos toda la isla de Groenlandia", dijo el entonces ministro de Asuntos Exteriores danés, Gustav Rasmussen.

En 1950, los estadounidenses formularon una estrategia ártica que contemplaba extraer uranio en Groenlandia, instalar misiles teledirigidos con un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros y desarrollar "medios de transporte bajo el hielo". Era una estrategia que los daneses no conocerían al completo hasta décadas después.

Al año siguiente —en 1951— los Gobiernos danés y estadounidense suscribieron un acuerdo de defensa para proteger conjuntamente Groenlandia bajo los auspicios de la OTAN. Estados Unidos quedó autorizado a establecer "zonas de defensa" en Groenlandia mediante acuerdo con Dinamarca. En esas zonas —"así como en el espacio aéreo situado sobre ellas y en las aguas adyacentes"— Estados Unidos podía "adaptar la zona para uso militar".

El artículo XI del acuerdo de defensa de 1951 contenía la redacción que desde entonces ha servido como argumento de Estados Unidos para no tener que limpiar lo que ha ensuciado: "Queda entendido que cualquier zona o instalación puesta a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América en virtud del presente Acuerdo no tiene por qué dejarse en las condiciones en que se encontraba en el momento en que fue así puesta a disposición".

Muchas de las bases estadounidenses en Groenlandia fueron, por tanto, abandonadas con prisas, en el estado en que se encontraran. Esto también se aplica a una de las instalaciones militares más controvertidas de Estados Unidos en Groenlandia.

A unos 225 kilómetros al este de la gran base de Pituffik, en el rincón nororiental de Groenlandia, Estados Unidos estableció en 1959 una estación de investigación digna de la ciencia ficción, con una pequeña central nuclear bajo la capa de hielo. La llamaron Camp Century.

La estación de investigación consistía en un extenso sistema de túneles con una "carretera principal" de 330 metros de longitud y más de 20 túneles adyacentes. El reactor nuclear suministraba electricidad y calor a la base y a su personal de 225 personas. Los estadounidenses iniciaron la construcción sin haber recibido la aprobación final de Copenhague. A los daneses no se les dijo que el campamento estaba concebido como la primera instalación de un revolucionario proyecto de la Guerra Fría diseñado para permitir a los estadounidenses transportar y lanzar misiles con cabeza nuclear desde la base bajo el hielo.

Esa estrategia se abandonó posteriormente. Estados Unidos retiró el reactor nuclear unos años antes de abandonar la base en 1966. Pero, según un informe de 2016 elaborado por un equipo internacional de investigadores, se dejaron atrás bajo el hielo hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad, 9.000 toneladas métricas de residuos de construcción y 200.000 litros de gasóleo. Ahí permanecen hasta el día de hoy.

Al igual que otras zonas, Camp Century fue abandonado sin demasiada participación de los groenlandeses. "La construcción de las bases y la forma en que se abandonaron ocurrieron pasando por encima de los intereses de los groenlandeses, que no tuvieron absolutamente ninguna influencia sobre lo que sucedió", dice Mikkel Myrup, responsable de área en el Museo Nacional de Groenlandia.

La contaminación por petróleo, en particular, es un problema enorme en las antiguas bases estadounidenses. Esto es especialmente cierto en la isla de Simiutaq, en el sur de Groenlandia, a la que los estadounidenses dieron el nombre de Bluie West 3 y que utilizaron como estación meteorológica y de radio tripulada. Más de 50 años después de que Estados Unidos abandonara la base, los restos americanos siguen afeando el paisaje natural único de Groenlandia.

A los pocos minutos de llegar al antiguo puerto natural de la isla, nos encontramos con la imagen de bidones de petróleo oxidados, vehículos y restos. Tres lugares de vertido distintos, llenos de bidones y chatarra, están repartidos por el paisaje, despeñados por las laderas y escondidos en los valles. El petróleo y el alquitrán se han solidificado en pequeños arroyos que descienden hacia el fiordo.

También hay basura más reciente. Pero los restos americanos son inconfundibles. También están claramente identificados en el estudio medioambiental que hemos traído con nosotros a la zona.

En muestras tomadas por la ingeniería Niras se ha encontrado una "grave contaminación por petróleo", consistente en el llamado petróleo en fase libre, lo que significa que el petróleo puede desplazarse por el terreno. En total, se estima que hay aproximadamente 10.000 metros cúbicos de suelo contaminado con petróleo, es decir, 10 millones de litros. Eso equivale a cuatro piscinas olímpicas llenas de suelo contaminado con petróleo. Y eso solo en la estación meteorológica de Simiutaq.

Más arriba, en la costa oeste de Groenlandia —a poco menos de 70 kilómetros al sur de Nuuk— los estadounidenses dejaron atrás al menos 8.000 bidones de petróleo en la base de Marraq, o Bluie West 4, como la llamaban los estadounidenses. Aquí, la ingeniería Carl Bro también ha documentado una "grave contaminación por petróleo", según la información obtenida por una solicitud de acceso de Politiken.

"Una estimación conservadora de la cantidad total de gasóleo que ha contaminado el emplazamiento es de aproximadamente 120.000 litros de gasóleo o más", señala el informe. La contaminación era "tan grave que aún podía detectarse un fuerte olor a petróleo en el lugar", a pesar de que la contaminación se había producido aproximadamente 50 años antes.

La contaminación por petróleo es más grave en la base de Ikkatteq, en la costa oriental de Groenlandia, en gran parte inaccesible. Aquí, los estadounidenses han dejado decenas de miles de bidones de petróleo y vehículos viejos esparcidos por una zona de más de 25.000 metros cuadrados. En varios lugares, los bidones se han apilado en dos o tres capas. Hace siete años, las autoridades danesas pusieron en marcha una limpieza del lugar. Como parte de ese esfuerzo, Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia, visitó la remota base. "Pudimos ver que de muchos de los barriles se filtraba aceite usado. Se notaba en el suelo que estaba contaminado con petróleo", dice.

La base de Ikkatteq, que servía como pista de aterrizaje para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, almacenaba miles de litros de combustible para vuelos de escala. "Más de 100.000 bidones estaban esparcidos por el paisaje. Vehículos y edificios que contenían amianto se han derrumbado. La base fue abandonada sin ningún tipo de limpieza", dice Mikkel Myrup.

La zona es popular entre los recolectores locales de mejillones. En un solo día, la consultora Cowi observó "15 pequeñas embarcaciones" frente a Ikkatteq. Y esto podría ser problemático, según un informe de Cowi obtenido por Politiken. "Las sustancias detectadas en las muestras de suelo y agua pueden suponer un riesgo para la vida marina cercana a la costa, en particular para los mejillones del fiordo donde el arroyo procedente del lago desemboca en el agua. Los mejillones son recolectados y consumidos por los habitantes locales que navegan hasta Ikkatteq", señala el informe.

El hecho de que la contaminación se haya extendido al medio marino cerca de las bases es un problema confirmado en varios lugares, tanto en Marraq como en la base de Simiutaq, que Politiken ha visitado. Aquí, la ingeniería Niras también concluye que la contaminación por petróleo ha causado un "impacto significativo en la zona marina", ya que "se han encontrado altos niveles de petróleo en mejillones y sedimentos". Sin embargo, no se advierte a los pescadores locales groenlandeses sobre la contaminación.

"El Ministerio no ha emitido recientemente directrices para la recolección de animales cerca de las bases estadounidenses en Groenlandia", escribe Anna Jespersen, veterinaria jefa del Ministerio groenlandés de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia. Explica que el departamento no "dispone del conocimiento ni de los recursos necesarios para hacer recomendaciones".

Otro gran problema medioambiental es la cantidad de amianto dejada atrás por los estadounidenses. Los estudios medioambientales de las bases estadounidenses muestran que el amianto está presente en edificios abandonados en casi todas las bases que se han estudiado.

Esto es especialmente evidente en Narsarsuaq, la base principal de los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. A pocos kilómetros de la pista de aterrizaje, Estados Unidos construyó un hospital militar de 250 camas. El hospital permaneció relativamente intacto hasta 1972, cuando se incendió, y durante años después quedó como un montón de escombros en el paisaje.

"Lo recuerdo yo mismo. Vi los edificios cuando era un niño pequeño", dice Ole Guldager, que creció en Narsarsuaq en los años 70, es licenciado en arqueología por la Universidad de Copenhague y dirige el pequeño Museo de Narsarsuaq.

En los años 80, los restos del hospital militar fueron arrasados con excavadoras, pero las planchas de amianto se dejaron atrás. Hoy, pequeñas planchas blancas de amianto yacen esparcidas por todo el valle.

Varios habitantes locales describen cómo han dejado que sus hijos jugaran en la zona durante años, sin tener conocimiento del amianto del viejo hospital durante décadas. "Tal como está ahora, la zona está completamente cubierta de planchas de amianto. No se ha limpiado en absoluto", dice el exdirector del aeropuerto Storch Lund.

Un documento obtenido por Politiken mediante una solicitud de acceso a la información muestra que tanto las autoridades danesas como las groenlandesas son conscientes de la contaminación.

En 2019, un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus realizaba trabajo de campo en Narsarsuaq. Allí observaron cómo había planchas de amianto hechas añicos esparcidas por toda la zona. Los investigadores se llevaron muestras y determinaron poco después que el material era amianto.

A Ole Guldager se le permitió revisar los resultados de las pruebas. "Eran tan graves que la universidad se planteó si era seguro tener a sus estudiantes paseando por la zona", dice. Los investigadores daneses también informaron al médico jefe de Groenlandia sobre los graves hallazgos. "El médico jefe ha pedido a las autoridades groenlandesas que tomen medidas para reducir el riesgo para la salud", según las actas de la reunión revisadas por Politiken.

Pero desde entonces, no parece que haya pasado gran cosa. Un memorando del Mando de Patrimonio (ETK) de la Defensa danesa señala que "deberían haberse colocado carteles en la zona advirtiendo de la presencia de materiales de amianto". Pero no había ningún cartel cuando Politiken atravesó las pequeñas planchas de amianto rotas.

El caso del amianto en Narsarsuaq ilustra cómo la responsabilidad se pierde en el trasiego entre autoridades. Los estadounidenses dejaron el amianto en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente de Copenhague deja claro que la responsabilidad de Narsarsuaq se ha transferido a las autoridades groenlandesas. El Departamento groenlandés de Medio Ambiente, Energía, Naturaleza e Investigación afirma en una respuesta a Politiken que el principio básico es que "quienes han dejado atrás los residuos deben pagar para que se retiren". Es responsabilidad del municipio local "intentar encontrar al propietario", ya que los municipios son la autoridad principal en materia de gestión de residuos.

Ole Guldager contactó con el municipio local de Kujalleq. Informó a un concejal del problema y solicitó "una investigación exhaustiva sobre la contaminación por amianto en todo Narsarsuaq". Pero nunca recibió respuesta del municipio. Hemos preguntado al municipio de Kujalleq qué medidas ha tomado en respuesta a la consulta de uno de sus residentes, pero el municipio no ha respondido.

Hoy, varios residentes de Narsarsuaq temen que los fuertes vientos que bajan de las montañas estén arrastrando amianto desde Hospitalsdalen sobre el pueblo. "Estamos justo en la trayectoria del viento. ¿Ha afectado esto a personas que han vivido aquí durante 50 o 60 años? No hay forma de saberlo. Pero creo que se lo debemos a la gente de Narsarsuaq —y también a todos los que han vivido aquí en el pasado— al menos investigar esto. Sería inaceptable no hacerlo", dice Ole Guldager.

En la década de 1990, los estadounidenses habían perdido temporalmente el foco sobre Groenlandia. La mayoría de las bases habían sido abandonadas. Solo la base aérea de Thule —que pasó a llamarse Pituffik Space Base en abril de 2023— permanecía bajo control estadounidense.

Los políticos groenlandeses expresaron su preocupación por las enormes cantidades de residuos que los estadounidenses habían dejado atrás, con la aprobación tácita de Dinamarca.

El 13 de marzo de 1991, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Uffe Ellemann-Jensen y su homólogo estadounidense firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos prometía "retirar o neutralizar de otro modo" todas las sustancias peligrosas conocidas —incluidos aceite usado, disolventes químicos, amianto y PCB— de las instalaciones militares que los estadounidenses estaban desalojando.

Al parecer, los estadounidenses incumplieron esa promesa 11 años después. Cuando Estados Unidos se preparaba para marcharse y devolver la zona de Dundas, estrechamente ligada a la base de Pituffik en el extremo norte de Groenlandia, se negaron, según el entonces ministro de Medio Ambiente Svend Auken, a limpiar lo que habían ensuciado, porque entonces se verían obligados a hacer lo mismo en sus otras bases por todo el mundo.

Mikaela Engell, del Ministerio danés de Asuntos Exteriores, que más tarde se convirtió en Alta Comisionada de Dinamarca en Nuuk, fue citada diciendo que había habido "una inversión completa de la posición de Estados Unidos sobre el medio ambiente entre 1991 y 2003".

Un portavoz del Pentágono lo describió en la misma publicación como un reparto de la carga: con sus instalaciones militares, Estados Unidos había proporcionado una defensa para el mundo libre, así que otros tenían que poner de su parte ocupándose de la limpieza.

La situación jurídica era ambigua. El acuerdo de 1991 dejaba claro que no sustituía al acuerdo de defensa de 1951, que estipulaba que Estados Unidos no tenía obligación de dejar las zonas de Groenlandia en las mismas condiciones que cuando las recibió. Por tanto, se convirtió en gran medida en una cuestión política de con cuánta firmeza insistiría Dinamarca en que Estados Unidos limpiara el lugar. Cuando finalmente se cerró el Acuerdo de Dundas en 2002, bajo el entonces primer ministro Anders Fogh Rasmussen, Dinamarca acabó asumiendo toda la responsabilidad por las enormes cantidades de residuos estadounidenses en Dundas.

Politiken ha preguntado al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Ministerio danés de Medio Ambiente si consideran que el acuerdo de 1991 es válido y se está cumpliendo. Ni las autoridades danesas ni las estadounidenses han respondido.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos tampoco ha respondido a las preguntas sobre por qué Estados Unidos no contribuirá al coste de la limpieza en Groenlandia, ni a ninguna de las demás preguntas de Politiken.

En la década de 2010, destacados políticos groenlandeses intensificaron su crítica al legado del ejército estadounidense. Esta crítica contribuyó al acuerdo del Gobierno danés de 2012 con el Autogobierno groenlandés para limpiar lo que había dejado el ejército danés en Groenlandia. Pero el acuerdo no mencionaba los residuos militares estadounidenses.

En 2017, el entonces ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, Vittus Qujaukitsoq, se hartó. Sin el respaldo del presidente del Autogobierno, presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que, en su opinión, Dinamarca no asumía suficiente responsabilidad para garantizar la limpieza de las instalaciones militares estadounidenses.

Era la primera vez que Groenlandia presentaba una denuncia contra Dinamarca ante la ONU. El relator especial de la ONU sobre residuos peligrosos, Baskut Tuncak, se tomó en serio la denuncia y posteriormente concluyó que "Dinamarca debe identificar y retirar todos los residuos militares dejados atrás en Groenlandia" que el pueblo groenlandés desee que se retiren.

En la misma carta, se instaba "encarecidamente" a Estados Unidos a participar y contribuir al esfuerzo. Esto no cambió la posición de Estados Unidos, pero al año siguiente el Gobierno danés decidió destinar 180 millones de coronas danesas a lo largo de seis años para limpiar bases estadounidenses seleccionadas.

Un comité de dirección dano-groenlandés, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha quedado a cargo del trabajo, al que Estados Unidos no está contribuyendo. Los fondos de 2018 están lejos de haberse gastado, y hasta ahora solo se ha limpiado una pequeña parte de las bases.

Politiken ha planteado una serie de preguntas a la ministra danesa de Medio Ambiente, Maria Reumert Gjerding, sobre la contaminación estadounidense y los esfuerzos de limpieza daneses. No respondió a todas ellas.

En un correo electrónico a Politiken, Maria Reumert Gjerding escribe: "Es importante que cumplamos el acuerdo político para limpiar lo que dejó la antigua presencia militar estadounidense en Groenlandia, y que lo hagamos bien. Se lo debemos a la naturaleza y al pueblo groenlandés. El trabajo está en marcha, pero las condiciones son difíciles y lleva tiempo. Estoy haciendo un seguimiento de los avances, y hemos destinado fondos para continuar la tarea en estrecha cooperación con Groenlandia".

Pero, en retrospectiva, parece "tanto erróneo como inapropiado" que Dinamarca durante tanto tiempo no implicara a Groenlandia ni asumiera la responsabilidad por el legado de los estadounidenses, según Kristian Hvidtfelt Nielsen, que dirige el Centro de Estudios sobre la Ciencia de la Universidad de Aarhus y es coautor de un libro sobre Camp Century.

Esto ha dejado una desconfianza fundamental en Groenlandia que ahora se interpone en el camino, en un momento en que Groenlandia y Dinamarca deben abordar conjuntamente las amenazas que plantea Donald Trump, señala. "Es difícil decir si esto podría haberse evitado, pero desde luego no ayuda en la situación actual que hayamos creado ese tipo de conflicto y hayamos creado estereotipos del enemigo", dice Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Ahora que Estados Unidos quiere regresar a varias de sus antiguas bases y ampliar su presencia militar en Groenlandia, muchas voces en Groenlandia reclaman medidas para garantizar que no se repitan los errores del pasado.

"Dado lo que sabemos hoy sobre el pasado, sería prudente considerar si hay una forma más adecuada de proceder al cerrar nuevos acuerdos, de modo que no acabemos enfrentándonos de nuevo a los mismos problemas", dice Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia.

"Al fin y al cabo, tenemos el principio de "quien contamina, paga" en Groenlandia. Eso debería aplicarse a todos, incluido Estados Unidos", dice Naaja Nathanielsen, miembro del Parlamento groenlandés. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha respondido a las críticas de los políticos groenlandeses.

En Narsarsuaq, Storch Lund todavía sueña con ver limpias las zonas contaminadas, que solían ser su lugar de juegos cuando era niño. "Sería maravilloso que se retirara todo. Pero es una tarea descomunal. Hay muchísimo suelo contaminado", dice.

Varios habitantes locales cuentan a Politiken que representantes del ejército estadounidense han visitado Narsarsuaq en los últimos seis meses para inspeccionar la pista de aterrizaje, el hotel del pueblo y el viejo aeropuerto.

Cuando se le pregunta si el personal militar estadounidense visitó también la gran zona que contiene los residuos americanos, Storch Lund responde: "No, no fueron hasta allí".

Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

Insostenible. El bloqueo perpetuo del Golfo Pérsico era insostenible para Estados Unidos. Donald Trump ha buscado por todos los medios la rendición incondicional de Irán, amenazando con la guerra y a través de la misma. Nada ha servido a sus propósitos. Y ahora asistimos a una capitulación pero desde el otro lado del globo.

El presidente que vino a terminar las guerras interminables y se metió en el mayor atolladero desde Vietnam finalmente ha encontrado su rampa de desescalada. Una costosa política, económica y militarmente. Sí, incluso saliendo de la guerra, habrá un coste militar. Siempre y cuando se cumpla el ambicioso texto que se está vendiendo.

Inesperado desarrollo de los acontecimientos. A pesar de que cabía esperar que Trump accediese a algunas de las demandas iraníes, la dimensión de lo acordado es mayor de lo que se contemplaba. No solo por los asuntos económicos, que también, sino por el momento en que se harían efectivas las entregas.

En primer lugar el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre la costa iraní parece casi inmediato, pero sin garantía alguna de que Teherán vaya a permitir la libre navegación por el Estrecho de Ormuz.

Por lo tanto, la situación en el cuello de botella más comentado del mundo será, en el mejor de los casos, similar a como era antes de la guerra. En el peor escenario para Washington, la gestión iraní-omaní propiciará el pago no de peajes sino de tasas por otros conceptos. Un peaje encubierto.

Los activos congelados parece que serán entregados a Irán parcialmente, a través de la mediación de Catar, uno de sus principales depositarios. Pero además de esa transferencia, presumiblemente en torno a los 24.000 millones de dólares, Irán podría acceder a un fondo de reconstrucción estimado en 300.000 millones de dólares. Aún no está clara su procedencia pero hay quien la localiza en el propio Golfo Pérsico. Unas reparaciones de guerra encubiertas.

De esta manera, Irán amarraría concesiones inmediatas y alargaría el alto el fuego hasta que se cierren los flecos nucleares en la segunda fase, prevista para finales de verano. Pero Estados Unidos no obtendría ninguna concesión más allá de la promesa de que no habrá un desarrollo nuclear, lo único que importa según Donald Trump. Un acuerdo nuclear como el de Obama encubierto.

Sin embargo, si algo hemos aprendido en Oriente Medio es que solo lo inmediato importa. Más vale pájaro en mano. La liberación de los rehenes de Hamás finalmente no llevó la paz a Gaza, no hubo fin de la ocupación, de la invasión, ni de la limpieza étnica. Irán ha forzado durante semanas la no firma del acuerdo para que las entregas económicas llegasen primero.

Israel aguarda un vuelco en el terreno que permita descarrilar su supervivencia. Por ese motivo ha realizado varios ataques contra Beirut, la capital libanesa, en pleno anuncio de Trump sobre un alto el fuego regional que debía abarcar a Líbano.

Benjamin Netanyahu ha tratado explícitamente de torpedear el acuerdo sin conocer su contenido. Donald Trump ha sido el menos favorable a desclasificar dicha información, con fuentes iraníes, israelíes y pakistaníes hablando en mayor medida que la Casa Blanca. Cualquier texto que no garantice el derecho de Israel a atacar libremente Líbano es lesivo para los intereses de su gobierno y, por cierto, de su oposición.

Y eso pone en riesgo la propia paz en Oriente Medio. Las fases dos que nunca llegan. Irán ha situado en ese punto el asunto nuclear para asegurarse de que si Estados Unidos quiere de verdad vender ese éxito, tendrá que hacerse cargo de sostener el alto el fuego y sujetar la correa.

A la República Islámica le interesa llegar hasta el final del cronograma porque, además de ver decaer las sanciones comerciales, podría encontrarse con una nueva e histórica concesión: la salida militar de Estados Unidos del Golfo. Plagado de bases y efectivos estadounidenses, la entrega práctica de Ormuz junto con el cambio de la arquitectura de defensa del Golfo Pérsico podría cambiarlo todo.

Incierto desenlace. El alto el fuego no solo debe implicar que Israel no ataque a Irán sino que aplique el mismo marco en Líbano. Y eso es altamente improbable. De hecho, es imposible. Porque nunca se ha cesado el fuego en Líbano en realidad.

Que no se produzcan grandes ataques en Beirut ya parece una gesta. Pero es realista si se quieren evitar represalias iraníes. Este escenario es muy peligroso para el acuerdo regional ya que si Irán no responde, será porque Trump haya sacado la chequera de nuevo.

Pero si Irán responde a Israel, ¿se meterá Estados Unidos o quedará Tel Aviv a su suerte? Desde luego la defensa de Israel por parte de Washington no parece en cuestión, pero su involucración en actividades ofensivas supondría comprar los deseos israelíes y volar el memorándum de entendimiento, especialmente en un momento en que ya se podrían haber dado importantes desembolsos para Irán.

Por lo tanto es muy importante sostener el alto el fuego para llegar al ansiado momento. La destrucción del uranio enriquecido. Sin eso, no hay nada que vender. Pero hay altos el fuego y “altos el fuego”. Si un ataque en Beirut puede propiciar la mencionada espiral de respuestas, parece que los constantes ataques al sur del río Litani no lo hacen.

Israel se ha declarado dispuesta a evacuar regiones enteras del sur de Líbano. Estados Unidos quiere involucrar a Siria para evitar que Netanyahu acabe con sus planes para con Irán, pero eso es una historia para otro día. Por el momento el ministro de Seguridad Nacional ha llamado no solo a combatir a Hezbolá sino a destruir más viviendas y a desplazar más población en Líbano.

Irán podría no soportarlo. Y más si no llegan las fases dos o el texto final que Trump lleva a Suiza no sigue engordando el botín de Irán en una guerra que nunca quiso ni declaró.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.