Operación Paria Económico. Ya no queda muy claro por quién puede ir eso de paria en una guerra de Irán que se ha movido desde el fracaso militar estadounidense hacia un terreno donde Trump se siente más cómodo. La guerra comercial.

Pero la amenaza esta vez va dirigida a todo el globo. Estados Unidos o Irán. Esta ha sido la dicotomía que ha planteado Scott Bessent, el secretario del Tesoro de la Administración Trump, en una conferencia de prensa en Washington DC. Y aunque el órdago es potente, el resto del mundo también tiene que hablar.

China es el elefante en la habitación. El actor al que no se señala directamente pero es vital para el sector petrolero iraní. Mientras en Estados Unidos ya se tanteó hace unos meses la posibilidad de sancionar pequeñas refinerías chinas por comerciar con Irán, desde Pekín ya empezaron a tomar nota.

El gobierno de Xi Jinping se cansó del abuso de las llamadas “sanciones secundarias”, es decir, las que afectan a los actores que comercian con el país sancionado en primer lugar. En primer lugar porque Donald Trump ya ha perjudicado bastante los intereses de Asia Pacífico con su guerra en Irán. Y después porque el republicano es bastante proclive a imponer sanciones de forma unilateral.

China no ha tardado en señalar que sus negocios con Irán se basan en la legislación internacional. Las sanciones contra Irán no alcanzan este extremo de aplicabilidad global ni cuentan con el amparo de las Naciones Unidas. Se trata de un movimiento unilateral. Y China se ha cansado.

Su respuesta al primer intento de Estados Unidos fue imponer su propio órdago. China o Estados Unidos. No se puede cumplir ambos regímenes de sanciones al mismo tiempo porque Pekín los convirtió en mutuamente excluyentes. Si alguien asumía la orden estadounidense contra las refinerías chinas, Pekín tomaría represalias contra el cumplidor.

En esto se ha basado la nueva política de respuesta comercial china. Mientras Europa negociaba y asumía fuertes compromisos ante la guerra comercial de Estados Unidos, en China se asumía el órdago y se cortaba el acceso a materiales clave para las cadenas de suministros estadounidenses, especialmente en cuanto a industria.

La imposición injusta de legislación interna extraterritorialmente. Es la forma en que China ha dibujado el límite a la guerra comercial que Trump quiso imponer al mundo a costa de Irán.

Y como no se trata de la primera vez que ocurre, en la Casa Blanca se han adelantado evitando la escalada directa con Pekín, habida cuenta del dolor que supuso frenar la anterior competición bilateral.

En esta ocasión Trump ha realizado llamadas a capitales sin desclasificar para exponer el nuevo régimen de amenazas contra el comercio con Irán. La amenaza llega incluso a expulsar de los mecanismos del dólar a los actores que comercien con Irán.

Trump quiere salir de Irán. Pero puede ser demasiado tarde para que el atolladero sea evitable. El acuerdo no es sencillo sin concesiones generosas por parte de Estados Unidos. El marco firmado en junio e incumplido ampliamente ya no es válido para Teherán.

Irán quiere garantías de que esta vez en Washington sí se atendrán a lo firmado. Y para ello Estados Unidos deberá ser más diligente en su parte previamente a la parte persa. Pero para que no quede clara la imagen de derrota frente al mundo, Trump ha vuelto a la repetida estrategia de estos meses, si se le puede llamar así.

Es decir, en la Casa Blanca se buscan golpes de efecto que reduzcan la mano iraní y amplíen su urgencia de llegar a un acuerdo, por lo que puedan decaer algunas de sus exigencias. Antes se intentó con la guerra y con la amenaza de nuevos ataques devastadores. Ahora se busca a través de la coerción económica.

Con los límites que explora el nuevo régimen sancionador estadounidense se puede hablar de asfixia económica. Estados Unidos está combinando las sanciones de su estrategia de “máxima presión” dilatada durante años con un bloqueo naval y la renovada Operación Paria Económico.

Emiratos Árabes fue el primer gran actor en anunciar su adhesión a este marco, perjudicando enormemente los flujos económicos con Irán. Pero dado el componente adicional de interdependencia, la situación no parece sostenible en el largo plazo. Algunos comerciantes iraníes se están marchando de Emiratos Árabes con dirección a China.

Y si Irán ve peligrar su situación interna ante estos actos de guerra directa e indirecta combinados, ya han situado su represalia sobre la mesa: no dejar que el petróleo salga del Golfo Pérsico por ninguna vía. Ambas partes están dispuestas a usar la fuerza pero parece que, dado el previo entendimiento en junio, también ambos preferirían retomar el marco negociador.

La reciente visita a Irán de Asim Munir, el jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, muestra que aún existe dicha ventana de mediación. Y la importante reunión del director de la CIA, John Ratcliffe, en el Kremlin habría dejado, asimismo, un llamado para que Moscú presione en Teherán para una apertura del Estrecho de Ormuz.

Parece que todo lo que quiere Estados Unidos a cambio de retomar el marco negociador es que Irán renuncie a Ormuz. Y visto el avance tan fuerte que esta última semana ha dado Irán con Omán en su conversación sobre la futura gestión del mismo, no parece que esto sea una opción en Teherán.

Y por ese motivo nos encontramos aquí, ante la necesidad de nuevos órdagos que refuercen la escalada pero sin escalar, con la intención de forzar una resolución aceptable antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Estados Unidos mira con los estertores de su influencia unipolar a las demás capitales, pretendiendo ahogar la economía iraní y, sobre todo, la de la Guardia Revolucionaria y los más proclives a la resistencia armada. Pronto sabremos más. Porque esto no puede seguir mucho más tiempo en stand-by.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Dante, en la Divina Comedia, bajó al infierno para entender el mal, no para contemplarlo. Y descubrió algo que hoy seguimos sin querer aprender: el círculo más profundo de su Comedia no está reservado a los violentos, sino a los traidores, a quienes rompen el vínculo de confianza que hace posible la convivencia. En el hielo de Cocito, Dante congela no la ira, sino la deslealtad. Es una intuición moral asombrosa: el mayor mal no es el del que lo proclama, sino el de quien traiciona en silencio la palabra dada, el pacto, el derecho. Homero, siglos antes, había explorado la otra cara de esa misma cuestión. Ulises no atraviesa un infierno ajeno: atraviesa el suyo propio, hecho de tentación, soberbia y extravío, para regresar convertido en otro hombre. Su viaje es una purgación errante, un aprendizaje doloroso de los límites. Ambos espacios —el descenso y el regreso— analizan, en el fondo, el mismo fenómeno: cómo una civilización se mira al espejo del mal para no repetirlo.

La tradición cultural hispana heredó y radicalizó esos círculos. El barroco español —Quevedo, Calderón, la teología de la contrición tridentina— construyó toda una arquitectura moral sobre la posibilidad de la culpa reconocida y del perdón ganado. «Los sueños, sueños son», escribe Calderón, pero el despertar de Segismundo es también un despertar ético: solo quien reconoce su capacidad de hacer daño puede gobernarse con justicia. El infierno cristiano, en su versión más honda, nunca fue solo castigo: fue, sobre todo, la contracara necesaria de la contrición, la advertencia de que el mal (la deshumanización) tiene consecuencias y que, precisamente por eso, el arrepentimiento tiene sentido. Es una moral que exige memoria, responsabilidad y reparación, no venganza.

Conviene recordar, además, que el purgatorio —esa denominación tardomedieval que el historiador Jacques Le Goff situó en el nacimiento de una nueva sensibilidad moral europea— es lo que distingue una teología del mal cerrada de una teología del mal abierta a la expiación y la enmienda. Donde no hay purgatorio, solo hay condena eterna o inocencia absoluta; donde lo hay, existe un tercer círculo (no como un lugar físico, sino como “una condición de vida”, en palabras del papa Juan Pablo II) incómodo pero fecundo, en el que la culpa se transforma en responsabilidad y la responsabilidad en reparación. El mal se purga en comunidad, a la vista de todos, no se esconde ni se amnistía en privado. Es una lección que, en la época contemporánea, con las leyes de punto final e impunidades pactadas, se olvida con demasiada facilidad.

Contra ese fondo simbólico, el mundo que habitamos hoy ha construido infiernos reales sin dejar espacio al purgatorio. Guantánamo, Afganistán, Irak, Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Sahel, tantos otros nombres: guerras que no buscan la victoria como cierre negociado, sino la aniquilación como método. Y detrás de cada una de ellas, unos liderazgos —Trump, Netanyahu, Putin, y con ellos otros que hoy dictan la gramática del poder global— que han sustituido el derecho internacional por la lógica de la fuerza revestida de necesidad. El lenguaje de la seguridad se ha convertido en la coartada perfecta: la guerra contra el terrorismo de ayer, y la guerra contra el narcotráfico de hoy, funcionan como excusas que permiten suspender garantías, bombardear poblaciones civiles, criminalizar la disidencia y desplazar millones de personas, todo en nombre de una amenaza que nunca se define con precisión ni se somete a control judicial alguno. Es el viejo truco del estado de excepción convertido en normalidad permanente: cuando todo es seguridad, nada es derecho.

Hay una diferencia esencial entre la guerra antigua y la guerra contemporánea. La guerra de Homero, por cruel que fuera, tenía un código: héroes que se reconocían entre sí, treguas, ritos funerarios, límites —aunque frágiles— impuestos por los dioses y por el honor. Héctor y Aquiles combaten, pero también negocian la devolución de un cadáver; Príamo cruza el campamento enemigo y es recibido con hospitalidad. Esa gramática, por brutal que fuera, reconocía en el enemigo a un ser humano con derechos póstumos.

La guerra actual ha roto ese marco. Ya no distingue combatiente de civil, hospital de objetivo militar, infancia de daño colateral. Se libra con drones que despersonalizan la muerte, con algoritmos que deciden objetivos, con el asedio y el hambre como armas, con el bloqueo de la ayuda humanitaria como estrategia deliberada. No busca vencer al adversario: busca borrarlo, junto con su memoria, sus archivos y su futuro demográfico. Es, en el sentido más estricto, una guerra de aniquilación, y por eso mismo exige del derecho internacional humanitario y del Estatuto de Roma una defensa mucho más firme, no su arrinconamiento como estorbo diplomático ni su aplicación selectiva según quién sea el acusado.

Frente a esta deriva, se nos ofrece una y otra vez idéntico discurso: el del enemigo absoluto, el del migrante como amenaza existencial, el del otro como origen de todos nuestros males. Se toman excusas que sistemáticamente conducen a la deshumanización, al rechazo de la diversidad, a la negación de los derechos más elementales que tienen categoría universal. He escrito antes, en este mismo diario, sobre los disfraces del fascismo y sobre la prioridad nacional como doctrina de exclusión, y no puedo dejar de advertir que esa retórica, que durante décadas vivió en los márgenes, se ha vuelto hoy elemento nuclear del discurso de una extrema derecha en ascenso en buena parte de Europa y América.

La historia nos ha enseñado, con un coste insoportable, adónde conduce ese camino: primero se deshumaniza al distinto, después se le culpa de todo, finalmente se le expulsa o se le extermina. No es una hipérbole: es la secuencia que el siglo XX documentó con Núremberg como respuesta, y que Ruanda y Bosnia repitieron cuando el mundo miró hacia otro lado; y que en el siglo XXI hemos visto reiterada en la secuencia de guerras ilegales, genocidios en directo o violaciones de espacios territoriales con asesinatos selectivos y secuestros de mandatarios. Quien banaliza el odio al migrante, o normaliza el lenguaje de la sustitución y la prioridad de sangre, no está haciendo folclore político: está reabriendo una puerta que la humanidad creyó cerrada a un altísimo precio.

No es una sospecha retórica: es política declarada, y por eso conviene nombrarla con precisión. Desde febrero de 2025, la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump 14203 impone sanciones a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar a nacionales estadounidenses o israelíes y, desde entonces, el Departamento de Estado ha ampliado las sanciones contra personas físicas o jurídicas que colaboren con la justicia internacional.

En julio de 2026 el propio secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña explícita para «desmantelar» la Corte, calificándola de amenaza a la soberanía estadounidense, y advirtió que los países que dependen de la cooperación militar o policial de Washington serán observados con particular atención según se alineen o no contra el tribunal: sanción económica para quien coopere con la Corte, promesa de protección para quien la rechace.

Es la traducción exacta, en clave institucional, de lo que sostengo en La democracia amenazada: el fascismo de nuestro tiempo no siempre llega con uniforme ni con un golpe de Estado; llega con sanciones económicas y con la exigencia de lealtad incondicional a cambio de impunidad o con la instrumentalización de la justicia (lawfare). Es la construcción, país a país y sanción a sanción, de una arquitectura de impunidad a la carta que no necesita romper la legalidad: le basta con vaciarla desde dentro.

Viendo esta arquitectura del miedo, defiendo una respuesta que no es ingenua, sino profundamente exigente: el humanismo militante y la acción no violenta como método, no como resignación. La no violencia, bien entendida, no es pasividad: es la forma más difícil de valentía, la que exige mirar al poder a los ojos sin replicar su lógica de aniquilación. La dignidad humana —ese suelo antropológico que ninguna razón de Estado puede pisar— y la rebeldía ante la injusticia son, en este momento histórico, un mismo gesto. Rebelarse hoy no es empuñar un arma: es negarse a normalizar el horror, es documentar, denunciar, litigar, votar, escribir, enseñar. Es sostener, contra toda tentación de resignación, que los derechos humanos no son una opción ideológica entre otras, sino el mínimo común que hace posible que sigamos llamándonos civilización.

Por eso creo que la confrontación con esta deriva debe ser dialéctica y militante a la vez: dialéctica porque exige argumento, prueba y derecho frente a la propaganda y la mentira; militante porque el derecho internacional no se defiende solo, hay que defenderlo activamente, con instituciones fuertes, con jurisdicción universal efectiva, con tribunales independientes, con memoria democrática viva y con una sociedad civil que no delegue su conciencia.

Necesitamos jurisdicciones que documenten la verdad sin miedo y que no se dejen capturar por la razón de Estado, medios que no confundan neutralidad con equidistancia entre el verdugo y la víctima, y una ciudadanía educada para reconocer los disfraces del fascismo antes de que vuelvan a mostrar su rostro completo.

¿Qué hacer, entonces? Primero, reconstruir con paciencia y firmeza el purgatorio que nuestra época se ha negado a sí misma: espacios reales de rendición de cuentas, mecanismos de reparación en los que la culpa pueda nombrarse y el daño pueda repararse, en vez de perpetuar infiernos sin salida ni contrición posible. Segundo, fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales en lugar de erosionarlas cada vez que estorban a una potencia, exigiendo coherencia. Tercero, normalizar la jurisdicción universal como mecanismo de defensa de las víctimas de crímenes internacionales. Cuarto, combatir sin descanso el discurso de la seguridad como coartada, exigiendo siempre control judicial, proporcionalidad y verdad verificable allí donde se invoque el terrorismo o el narcotráfico para suspender derechos o para justificar operaciones militares que ignoran el derecho humanitario. Quinto, invertir decididamente en educación, memoria democrática y alfabetización mediática, porque el fascismo nunca vuelve con su nombre, y la única vacuna real contra sus disfraces es una ciudadanía capaz de reconocerlos a tiempo. Y, sobre todo, no dejar nunca que el odio al distinto se convierta en política de Estado, ya que ahí es precisamente donde la historia nos enseña que empiezan los infiernos que después ya no se pueden cerrar.

Dante termina su descenso con un verso que sigue siendo, ochocientos años después, la mejor definición de la tarea que tenemos por delante: salir para «volver a ver las estrellas». No hay atajos morales para lograrlo, ni relatos de seguridad que puedan sustituir al derecho, ni excepción que valga más que la dignidad humana. Solo queda, como a Ulises, el largo regreso: exigente, colectivo, hecho de memoria, de justicia y de una rebeldía que no se cansa, y debemos determinar el círculo que elegimos.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El Estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", afirmó el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

Estas declaraciones, que reflejan la falta de una negociación oficial para acabar con la guerra, llegan un día después de que Trump asegurara que existía un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".

Respecto al Estrecho de Ormuz, Trump insistió en la idea que ya adelantó la semana pasada de que debería pasar a ser territorio estadounidense.

Este martes posteó en su red social una fotografía en la que se ve un mapa del Estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán. En la imagen, un círculo rodea el Estrecho de Ormuz bajo la leyenda "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañada de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

La guerra con Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE.UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.

En este verano de 2026, el panorama político de América Latina ha adquirido un matiz aún más azul —si consideramos que ese es el color de los conservadores—, con la toma de posesión de dos presidentes de extrema derecha: Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio y, diez días después en Colombia, Abelardo de la Espriella, un abogado sin experiencia en política, apodado 'El Tigre'.

La ceremonia de toma de posesión del colombiano, celebrada el viernes 7 de agosto en Cali, puso de manifiesto hasta qué punto responde al estilo trumpista, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, exhibe una imagen y un estilo caracterizados por la exuberancia, el mal gusto y el espectáculo. En cuanto al fondo, reproduce —adaptándolo a las condiciones locales— un modelo estadounidense que propicia el triunfo de un nacionalismo cristiano abiertamente hostil a los derechos universales y al multilateralismo.

Abelardo de la Espriella, recién convertido al catolicismo, reúne a su alrededor a católicos conservadores y a evangélicos. Se trata de la misma coalición que, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe (jefe de Estado de 2002 a 2010), había propiciado el rechazo del referéndum sobre los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el argumento de que defendían una “ideología de género”, una terminología conservadora para referirse a los estudios de género.

Incluso antes de tomar posesión de su cargo, De la Espriella invitó a los miembros de su futuro Gobierno a un “retiro espiritual” a las afueras de la ciudad de Barranquilla, en la costa del Caribe, donde se encuentra su gabinete y donde tiene previsto instalarse para gobernar.

Abelardo de la Espriella y sus ministros rezaron mucho, vieron escenas de la vida de Jesús recreadas mediante inteligencia artificial y escucharon a un sacerdote y a un pastor. Se repartieron Biblias. “Para construir una gran nación, hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, declaró el presidente electo, de 48 años, al final de la jornada, a pesar de que Colombia es un Estado laico. La Constitución de 1991 derogó la de 1886, que establecía el catolicismo como religión de Estado, en favor de una separación oficial entre Iglesia y Estado.

Para dejar bien clara su voluntad de ruptura, De la Espriella organizó su toma de posesión fuera de la capital, Bogotá, un bastión tradicional de la izquierda. Así pues, fue en Cali, en el suroeste, donde convocó al Congreso y recibió a invitados de todo el mundo, entre los que se encontraban el rey Felipe VI de España y el representante de Trump, el fiscal general Todd Blanche.

Allí se pudo ver a las figuras latinoamericanas de esta ola reaccionaria: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña. Una ausencia destacada fue la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una de las fuentes de inspiración de la Espriella, quien envió a su número dos, Félix Ulloa, que explicó a los medios colombianos que “el presidente Bukele viaja muy poco porque está centrado en los asuntos internos de El Salvador”.

Pero, aunque Bukele no estuviera presente, su influencia no por ello es menos real. De la Espriella ha hecho suyo el discurso de seguridad del “caudillo” salvadoreño. Dice que quiere construir “megacárceles”, diez en total, para luchar contra los “bandidos”, precisamente cuando, el domingo 9 de agosto, recomenzaron los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas disidentes de las FARC, especialmente en el Cauca, cerca de Cali.

Cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, aliado tradicional de Colombia, y de Israel, país con el que ha restablecido las relaciones diplomáticas, que habían sido rotas por su predecesor de izquierdas Gustavo Petro tras la ofensiva militar israelí en Gaza.

El proyecto inicial de Abelardo de la Espriella para su ceremonia de investidura consistía precisamente en prestar juramento en un cuartel, con el fin de mostrar su voluntad de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de los grupos guerrilleros y paramilitares, en un contexto de narcotráfico. Pero Gustavo Petro, que en ese momento aún era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se opuso a ello.

Abelardo de la Espriella logró eludir esta prohibición e impuso en el último momento al programa previsto una secuencia de “invocaciones y alabanzas”, que situó justo después de la entrega de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso. Apagaron las luces para dar paso a ese momento de fe extrema, marcado por la intervención de un rabino, un pastor y un obispo. Abelardo de la Espriella aprovechó para retirarse y dirigirse a los militares para pronunciar su discurso. Una intervención culminada con un “¡Viva Cristo Rey!”.

Abelardo de la Espriella también podría haber alabado en su discurso al “rey Trump”, pues su llegada al poder coincide, de hecho, con la voluntad de Washington de recuperar el control del subcontinente. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reactivado la “doctrina Monroe” y ha dejado clara su voluntad de controlar el “patio trasero” latinoamericano, ya sea a través de aliados como De la Espriella o imponiendo su voluntad a gobiernos hostiles.

Esto se ha podido observar de forma espectacular en Venezuela desde principios de año. Desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, acusado de tráfico de drogas, se ha establecido un “protectorado”. Gracias a la ayuda de la presidenta Delcy Rodríguez, Washington gestiona el petróleo, las finanzas y el comercio exterior. Una especie de “Maga-chavismo” totalmente sorprendente.

“Es una auténtica novedad político-militar que, sin embargo, no deja de suscitar interrogantes sobre la nueva política económica de apertura, la dinámica de un Gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), así como el de la boliburguesía [burguesía bolivariana, los que se han enriquecido con el régimen chavista —ndr]. Un equilibrio manifiestamente inestable e incierto”, escribía en marzo en la web Nueva Sociedad el economista venezolano Manuel Sutherland.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, descendiente de una familia cubana e hispanohablante, es la pieza clave de la estrategia de Trump en el subcontinente. El presidente incluso había sugerido a principios de año que podría enviarlo a Caracas para gobernar el país. Su entorno había aclarado de inmediato que se trataba de una broma. Pero, de facto, tal y como ha destacado el New York Times, el secretario de Estado ya gobierna Venezuela desde Washington.

Para el “virrey” Rubio, sin embargo, el panorama no estará completo si Cuba no sigue el mismo destino. Evidentemente, por razones personales, ya que su familia es originaria de la isla, pero también para vengarse de la afrenta que supuso la victoria de la revolución castrista en enero de 1959. Para ello, a Washington le gustaría replicar la experiencia venezolana, pero eso no parece tan sencillo.

El viernes 7 de agosto, el New York Times señalaba la dificultad que tiene la administración de Trump para encontrar, dentro del poder cubano, líderes tan conciliadores como Delcy Rodríguez. La situación, añadía el diario, se asemeja más a la de Irán, donde quienes podrían sustituir a los actuales dirigentes no se caracterizan precisamente por su voluntad de conciliación.

El NYT reveló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, había creado un grupo de trabajo dedicado a Cuba, “una señal de que la Administración Trump ha puesto en marcha medidas destinadas a llevar a cabo una campaña de presión más concertada contra el Gobierno cubano con el fin de obligarlo a realizar los cambios exigidos por el presidente Trump”.

Dado que las negociaciones celebradas entre febrero y mayo no dieron ningún fruto, Estados Unidos intensificó su presión, además del bloqueo impuesto a la isla, sobre los suministros de petróleo. Impusieron sanciones a Gaesa, un consorcio controlado por los militares. Creado en la década de 1990, sus actividades abarcan el turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas. Raúl Castro, de 95 años, hermano de Fidel Castro (1926-2016), quien dirigió Cuba hasta 2018, fue imputado en mayo por un tribunal de Miami.

Los únicos países que se resisten a este torbellino reaccionario y que no están incluidos en la recién creada coalición de Trump, The Shields of the Americas (El Escudo de las Américas), son México, Uruguay y Brasil. En este último se celebrarán elecciones en octubre de este año. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño saliente y candidato a la reelección, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Pero el apoyo de Trump, a quien Flávio Bolsonaro visitó en junio, podría resultar contraproducente debido a los nuevos aranceles estadounidenses anunciados en julio y a las amenazas de Washington contra el popular método de pago Pix (que elude los sistemas Visa y Mastercard). Si, a sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a ganar, Brasil seguirá siendo un punto rojo rodeado de azul en el mapa del subcontinente.

Traducción de Miguel López

Estados Unidos ha puesto su ojo, su cartera y sus cañones en América Latina, un territorio que siempre ha considerado como su patio trasero. Nueve meses después de aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional, Donald Trump hace caja en su protectorado de Venezuela mientras marca con una cruz los países en los que va sumando aliados que replican el guion del populismo reaccionario. La injerencia de Washington en la región se despliega sin sutilezas y conlleva contrapartidas económicas y comerciales. El caso más evidente es el del petróleo venezolano, un suculento negocio para la Casa Blanca desde que ordenó el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas a principios de año.

Trump no lo pudo expresar más claramente la semana pasada en Las Vegas. “Al vencedor le pertenecen los despojos”, llegó a decir en referencia al gigantesco botín de guerra incautado, las mayores reservas de crudo del planeta: “Estamos tomando mucho petróleo de Venezuela. Miles de millones de barriles de petróleo. Como saben, fue una guerra de 48 minutos y pagamos esa guerra con lo que obtuvimos de allí, muchas, muchas veces más. Es la vieja forma de hacerlo, ¿verdad?”.

La agresión militar contra Venezuela, ejecutada en la madrugada del 3 de enero, descabezó al régimen chavista e impuso una sucesión con la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como interlocutora privilegiada. Washington pasó a controlar con mando a distancia el jugoso negocio petrolero del país. Según cálculos del diario Financial Times basados en registros de la plataforma de seguimientos marítimos Kpler y estimaciones de precios de materias primas de la compañía Argus, Estados Unidos habría recaudado ya unos 13.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo venezolano. El dinero de la factura petrolera se administra a través del Departamento del Tesoro, según una orden ejecutiva aprobada en enero. Aunque en principio esos ingresos deben ir destinados a la estabilización económica de Venezuela, la Casa Blanca no ha suministrado información al respecto, una falta de transparencia que han denunciado varios congresistas demócratas.

Mientras en Venezuela se afianza el régimen de protectorado, Estados Unidos ha ido moviendo sus piezas en el tablero latinoamericano durante todo el año para cumplir lo expuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional. El denominado corolario Trump o doctrina Monroe —una revisión de la consigna “América para los americanos” que hiciera célebre el presidente James Monroe en 1823— resume en pocas líneas el interés de Washington en controlar Latinoamérica: “Tras años de descuidos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental. Para proteger nuestra patria y nuestro acceso a puntos clave de la región, negaremos a nuestros competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas […] o de poseer activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

Sin mencionar a China, el objetivo último de la nueva política norteamericana con respecto al “hemisferio occidental” es expulsar al gigante asiático de un territorio que Washington considera una extensión de sus fronteras. Durante las últimas décadas, Pekín se ha asentado en la zona con grandes inversiones económicas y un intercambio comercial que no ha parado de crecer. Trump quiere cortar esos lazos y para ello precisa de la colaboración de gobiernos aliados.

Para reafirmar su posición de fuerza, el Departamento de Estado publicó el martes un vídeo en la red X en el que repasa los “hitos” de la Doctrina Monroe desde sus inicios para frenar la recolonización del continente por parte de las potencias europeas hasta la caída de Maduro. No es casual que la presentación del material propagandístico haya corrido a cargo del embajador norteamericano en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Al iniciar su segundo mandato en enero de 2025 Trump no ocultó su deseo de retomar el control del canal de Panamá y frenar la expansión china en ese país, una idea que nunca ha desechado por completo.

“La Doctrina Monroe ha moldeado la política exterior de EEUU durante más de dos siglos”, señala el Departamento de Estado en un mensaje en el que se resaltan las declaraciones hechas en su día por Trump: “Bajo nuestra estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

En el documento aprobado en diciembre se advierte de que Estados Unidos “alentará” la llegada al poder de partidos y movimientos políticos afines a sus intereses en materia de control migratorio, combate al narcotráfico y una política de libre mercado que favorezca a las empresas estadounidenses. El intervencionismo se ha erigido en un arma fundamental para implantar la hegemonía política, económica y comercial de Washington.

Poco antes de que se aprobara la Doctrina Monroe, Trump ensayó la fórmula en Argentina. Javier Milei estaba contra las cuerdas en octubre de 2025 tan sólo unas semanas antes de que se celebraran las elecciones legislativas de medio mandato. Sin reservas de divisas en el Banco Central, la oposición peronista se frotaba las manos ante una inminente debacle electoral de La Libertad Avanza, el partido del histriónico presidente argentino. La Casa Blanca intervino rápidamente girando un préstamo de 20.000 millones de dólares a Buenos Aires, una maniobra que cambió el rumbo de la campaña.

Otro ensayo más se produciría semanas después en Honduras, laboratorio del juego sucio que la Casa Blanca aplica en la región. El apoyo de Trump al ultraconservador Nasry 'Tito' Asfura fue decisivo en su triunfo electoral. “¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió el mandatario norteamericano en su red social unos días antes de los comicios. Al mismo tiempo, la Administración estadounidense indultaba al expresidente derechista Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

En los primeros días de 2026 Trump resucitaba la denominada diplomacia de cañoneras de Monroe. Cientos de aeronaves bombardeaban Caracas mientras un comando de la Delta Force secuestraba a Maduro y su mujer, Cilia Flores, en una operación relámpago. Fue una maniobra a la antigua usanza, como dijo Trump la semana pasada, un golpe de Estado de manual, como los perpetrados por fuerzas locales apoyadas por la CIA en la Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954 o en el Chile de Salvador Allende en 1973.

Al expresidente colombiano Gustavo Petro no hizo falta derrocarlo. Su mandato expiraba este año y Estados Unidos decidió esperar pacientemente hasta la celebración de elecciones en mayo y junio. Tanto la candidata del uribismo, Paloma Valencia, como el ultra Abelardo de la Espriella encajaban en el perfil demandado por el Departamento de Estado. De la Espriella barrió a la derecha tradicional en la primera vuelta y se impuso más tarde al progresista Iván Cepeda por un estrecho margen de votos. Petro y Cepeda denunciaron la injerencia de la Casa Blanca en el proceso electoral. Admirador de Trump, donante de su campaña y nacionalizado estadounidense, el flamante presidente de Colombia es un clon criollo de su mentor republicano. Tras tomar posesión de su cargo el pasado 7 de agosto, recibió el primer regalo de Washington: un cheque de mil millones de dólares para políticas de seguridad.

Previamente había entrado en el club otro socio estratégico: Perú. La victoria de la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (ya fallecido y quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad), fue mucho más ajustada que la obtenida por De la Espriella. Keiko derrotó al izquierdista Roberto Sánchez gracias a los votos de los peruanos residentes en el extranjero. Tanto Colombia como Perú han confirmado su participación en el Escudo de las Américas, el ambicioso proyecto militar de Trump para combatir al crimen organizado.

Con los triunfos electorales de Fujimori y De la Espriella, el mapa de América Latina ha quedado trufado de gobiernos de derecha y extrema derecha afines, en mayor o menor medida, al ideario trumpista. El Salvador (Nayib Bukele), Panamá (José Raúl Mulino), Costa Rica (Laura Fernández), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña), Argentina (Javier Milei), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz) han mostrado su sintonía con el magnate republicano.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, centran ahora sus esfuerzos en la isla que ha desafiado a Estados Unidos desde 1959. El ilegítimo bloqueo petrolero impuesto por Washington a Cuba se prolonga ya durante varios meses y ha dejado al país al borde del abismo. Como en el caso venezolano, el interés de la Casa Blanca es tanto político como económico. Si La Habana cae, Trump y Rubio brindarán por el fin de la Revolución y también por el reparto del negocio turístico para las empresas norteamericanas (tras la fuga obligada de las españolas), entre otros “despojos” que arrebatarán a los vencidos.

Mientras Cuba se tambalea y sus gobernantes hacen malabares para abrazar la vía vietnamita como mecanismo de supervivencia, en el Despacho Oval se preocupan ya por la verdadera joya de la corona latinoamericana: Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un cuarto mandato en octubre. Su rival será Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por golpismo. La Casa Blanca debe hilar fino para aupar al candidato de la ultraderecha sin que el sentimiento nacionalista encumbre aún más a Lula, como ocurrió con la guerra de los aranceles.

América Latina no ha sido ajena al tsunami trumpista que sacude medio mundo y que las redes sociales y determinados medios de comunicación se encargan de propagar. La pobreza y la desigualdad, verdaderos obstáculos para el progreso de los países latinoamericanos, han dejado de ser asuntos prioritarios en las agendas públicas. Ahora, la seguridad y el control migratorio ocupan ese espacio, un marco emocional claveteado hasta la extenuación en la esfera de la opinión pública por los epígonos latinos del inquilino de la Casa Blanca. Así se explica que un depredador de los derechos humanos como Bukele, que ha encarcelado en El Salvador a cientos de inocentes en su lucha contra las pandillas, sea considerado un ejemplo a seguir.

La izquierda, mientras, se repliega en los dos reductos progresistas que resisten en Latinoamérica: México y Brasil. Desde algunos púlpitos mediáticos y think tanks se achaca en parte el auge de la extrema derecha al supuesto fracaso de los gobiernos de izquierdas precedentes. Sin embargo, si bien la corrupción ha sido transversal a uno y otro lado del espectro político, las transformaciones sociales fueron una realidad, con mayor o menor intensidad, en el Brasil de Lula, la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador de Correa y, más recientemente, en el México de López Obrador y Sheinbaum y la Colombia de Petro.

De momento, el oleaje ultraconservador parece imparable. La doctrina Trump cabalga a rienda suelta en América Latina.

Cuando era niño, a mí me gustaba el fútbol. Me gustaba sin preguntas, como gustan las cosas a esa edad: un balón, dos piedras haciendo de portería y la tarde entera por delante. Entonces el fútbol todavía cabía en un descampado. No necesitaba jeques, fondos de inversión, casas de apuestas ni presidentes de federación entrando por la puerta trasera de un hotel.

Después uno crece. Y descubre que detrás del marcador hay otro resultado que nunca aparece en pantalla.

El fútbol es el mayor congregador de masas de nuestro tiempo. Una religión sin dios, pero con himnos, templos, liturgias, mártires y milagros en el minuto 90. Millones de personas pueden discutir durante una semana sobre un fuera de juego de tres centímetros y no encontrar diez minutos para hablar de sus salarios, de la vivienda, de la precariedad o de la escuela pública. No porque sean estúpidas, sino porque están cansadas. Y el cansancio también necesita anestesia.

El fútbol no crea la miseria, pero sabe administrarle 90 minutos de olvido. Es el otro opio del pueblo: legal, televisado y patrocinado por una casa de apuestas. Al trabajador que llega roto a casa, al joven sin horizonte y al pensionista que cuenta los euros se les ofrece una victoria prestada. Su equipo gana y, durante unas horas, también parece ganar él. El lunes continuará con el mismo sueldo, el mismo alquiler y la misma incertidumbre, pero podrá decir que "hemos ganado". El plural es una de las grandes genialidades comerciales del negocio. Los beneficios son de ellos; las derrotas, curiosamente, son nuestras.

No hay nada reprochable en buscar alegría. Lo indecente es que el poder conozca tan bien nuestras frustraciones y las convierta en audiencia, consumo y obediencia. Un ciudadano que grita ante el televisor resulta mucho menos incómodo que uno que pregunta. El poder siempre ha sentido debilidad por las multitudes, especialmente cuando están mirando en la dirección equivocada.

En el centro del espectáculo aparecen 22 hombres corriendo detrás de un balón y cobrando cantidades que un médico, una investigadora o un profesor no reunirán en varias vidas. No es culpa exclusiva de los futbolistas. Ellos simplemente ocupan la parte más visible de una maquinaria obscena. El problema es una sociedad que confunde el precio con el valor y termina creyendo que marcar un gol constituye una contribución social superior a curar una enfermedad, cuidar a una persona dependiente o enseñar a leer.

Un futbolista puede emocionar, entretener y ejecutar proezas admirables. Pero no salva vidas por darle una patada prodigiosa a un balón. No construye hospitales, no descubre vacunas y no mejora la educación pública. Cobra fortunas porque genera fortunas, no porque aporte a la sociedad en la misma proporción. El mercado, que tiene la sensibilidad de una calculadora, ha decidido que un delantero vale más que mil enfermeras. Y todavía hay quien llama a eso meritocracia sin que se le escape la risa.

Además, el fútbol fue hasta hace muy poco un territorio reservado a los hombres. No solo jugaban ellos: mandaban ellos, narraban ellos, opinaban ellos y utilizaban a las mujeres como decoración del espectáculo.

En 1921, la Federación inglesa llegó a prohibir que las mujeres jugaran en los campos de sus clubes, relegándolas durante casi medio siglo. No fue una anécdota, sino la expresión perfecta de una cultura que consideraba natural que los hombres ocuparan el césped y las mujeres, como mucho, la grada.

El crecimiento actual del fútbol femenino demuestra que nunca faltó talento; faltaron permisos, instalaciones, dinero y respeto. Incluso cuando las mujeres comenzaron a llenar estadios y ganar campeonatos, algunos dirigentes siguieron tratándolas como invitadas en una propiedad masculina. La vieja masculinidad futbolera —tribal, ruidosa y convencida de que llorar por una derrota es viril, pero llorar por la vida es sospechoso— no desaparece porque una federación coloque una pancarta sobre la igualdad.

La relación entre fútbol y poder tampoco es nueva. El Mundial de Argentina de 1978 constituye uno de los capítulos más siniestros. Mientras la selección argentina avanzaba hacia el título, la dictadura de Jorge Rafael Videla secuestraba, torturaba y asesinaba. A poca distancia del estadio Monumental funcionaba la ESMA, uno de los principales centros de detención y exterminio del régimen. Los gritos de los estadios convivían con los gritos que nadie quería escuchar.

La junta utilizó el Mundial para exhibir una Argentina feliz, ordenada y unida. Y buena parte del mundo aceptó la representación. Se disputaron los partidos, acudieron las delegaciones y las cámaras enfocaron el césped. La dictadura obtuvo su celebración y la FIFA cumplió su calendario. Miles de desaparecidos no fueron suficientes para suspender el espectáculo. La historia está ampliamente documentada, pero seguimos hablando de aquel torneo como una competición deportiva con una incómoda nota al pie. Tendría que ser al revés: fue una operación de propaganda con algunos partidos de fútbol en medio.

Qatar 2022 demostró que la lección no se había olvidado, sino perfeccionado. Las monarquías del Golfo comprendieron que un Mundial, un gran club europeo o una colección de estrellas envejecidas podían hacer más por su imagen internacional que cien embajadas. El procedimiento es sencillo: se compra prestigio deportivo y se utiliza para cubrir con césped la ausencia de libertades.

Los estadios de Qatar fueron levantados por trabajadores migrantes sometidos a abusos laborales, salarios impagados y condiciones peligrosas. Un año después del torneo, Amnistía Internacional seguía denunciando la falta de reparación para muchos de ellos. Pero el balón rodó, las marcas sonrieron y los dirigentes pidieron que no se mezclara el fútbol con la política. Resulta fascinante: quienes utilizan el fútbol para blanquear un régimen son los primeros en exigir que el deporte permanezca al margen de la política.

Cuando varias selecciones europeas quisieron llevar el brazalete OneLove contra la discriminación, la FIFA amenazó con sanciones deportivas. La valentía institucional duró exactamente hasta que apareció una tarjeta amarilla en el horizonte. Los derechos humanos quedaron en el vestuario; tenían la equipación equivocada.

La corrupción completa el paisaje. En 2015, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a altos cargos de la FIFA y a ejecutivos de empresas deportivas dentro de una trama de sobornos vinculada a derechos comerciales y competiciones. La primera causa incluyó 47 cargos contra nueve responsables del fútbol y cinco empresarios; meses después llegaron nuevas acusaciones contra otros 16 dirigentes.

No eran unas cuantas manzanas podridas. Había ya más manzanas podridas que frutero. Durante años, la organización que presumía de proteger la pureza del deporte se comportó como una agencia de negocios con himno propio. Los países competían por organizar torneos, las empresas por comprar derechos y los intermediarios por encontrar el sobre adecuado. La pelota era redonda; las comisiones, mucho más discretas.

El Mundial de 2026, el último disputado, confirmó que cambiar de escenario no equivale a cambiar de moral. Celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, fue presentado como una fiesta abierta al mundo. Sin embargo, antes de comenzar ya había selecciones, trabajadores y aficionados divididos según su pasaporte. Las restricciones estadounidenses afectaron especialmente a países clasificados como Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil. Un árbitro somalí con visado válido fue rechazado en la frontera; el delantero iraquí Aymen Hussein permaneció horas retenido e interrogado, y miembros de distintas delegaciones encontraron obstáculos para entrar en el país. Algunos equipos llegaron como invitados. Otros, como sospechosos. El fútbol une al mundo, sí, pero conviene llevar la documentación en regla y haber nacido en el lugar adecuado.

La parte más reveladora llegó cuando el presidente Donald Trump intervino públicamente para pedir que se revisara la sanción del estadounidense Folarin Balogun. La FIFA suspendió el castigo y aseguró que sus órganos actuaban con absoluta independencia. Una independencia tan robusta que se modificaba después de una llamada desde la Casa Blanca. Para completar la estampa, el presidente de la FIFA recomendó a los críticos que se relajaran. Algunos dirigentes confunden la neutralidad con guardar silencio delante del poderoso.

También hubo entradas para la final a precios de varios miles de dólares, reventas delirantes y pausas de hidratación aplicadas incluso en estadios climatizados, sospechosamente adecuadas para insertar publicidad. El deporte necesitaba agua; las televisiones, anuncios. Milagrosamente, ambos intereses coincidieron. Las principales controversias del torneo enseñaron más sobre quienes gobiernan el negocio que muchos de los partidos.

El fútbol proclama valores hermosos: esfuerzo, compañerismo, reglas iguales para todos, respeto al adversario. El negocio que lo controla practica justamente los contrarios: privilegios, opacidad, desigualdad y sumisión al dinero. Esa es la gran estafa moral. Se utiliza el lenguaje del deporte para legitimar una industria que hace tiempo dejó de comportarse deportivamente.

No se trata de prohibir el fútbol ni de despreciar a quien lo disfruta. Se trata de mirarlo sin arrodillarse. De recordar que ningún gol debe tapar una cárcel, que ninguna copa limpia la sangre y que ninguna camiseta convierte una dictadura en un país respetable. El fútbol puede seguir siendo una fiesta, pero una fiesta no debería servir para silenciar lo que ocurre fuera del estadio.

Cuando era niño, a mí me gustaba el fútbol porque solo veía un balón. 

Ahora sé que, detrás de él, corren demasiados intereses. Y algunos llevan las manos mucho más sucias que las botas.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EE.UU. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington ha expresado al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

"Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el "primer miembro" de esa coalición contra los carteles en "asociarse con Estados Unidos en una operación" contra "narcoterroristas", de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran "participar en operaciones combinadas" contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado "Escudo de las Américas", impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

Hegseth añadió, con respecto al Escudo, que "un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad".

"Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad", subrayó el secretario de Guerra.

Según lo previsto, Hegseth también observará los ejercicios conjuntos Panamá, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año diecinueve países. 

Éramos cinco y todos mayores e informados "lo normal", por lo que fue imposible evitar que Ceuta se colara en medio de asuntos menores. Ocurrió cuando alguien preguntó si habíamos escuchado en los medios algún recuerdo de lo que ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la misma playa del Tarajal. Solo uno respondió que sí, por lo que toca regresar allí. Pero antes…

Antes debo reconocer que es ahora, diez días después de la “invasión”, cuando me viene la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que de una movilización de 70.000 personas tan cerca de Ceuta no hubieran llegado avisos a ningún medio de comunicación español, esos que tantas veces consiguen filtraciones?

No me cabe la menor duda de que habrían publicado la exclusiva a bombo y platillo… O quizás no. De hecho, no he leído a nadie entonando el mea culpa por no haberse enterado de lo que se estaba preparando desde Marruecos contra España, aunque dediquen toneladas de tinta y tiempo a especular sobre quién filtró qué entre Interior y Defensa.

Volviendo a aquel febrero, tan frío, de los 200 inmigrantes que intentaron llegar a Ceuta, 90 lo hicieron nadando. Según el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), “mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal”.

Murieron 14 personas, es decir, más del 15% de las que nadaban y ningún tribunal español condenó a quien dio la orden de iniciar aquel tiroteo.

En 2014 no gobernaba Pedro Sánchez y me ha parecido tan interesante esta información de CEAR que, por si un día desapareciera Internet para no volver, he decidido imprimirla en papel y, además, en letra grande, por si llega otro día en el que me cueste leer la pequeña, aunque no sea la de la hipoteca.

Igual que no fue M. Rajoy quien dio la orden directa de disparar a indefensos en febrero de 2014, si Pedro Sánchez hubiera enviado fuerzas armadas de cualquier clase a Ceuta, al ver la multitud avanzando por mar y tierra, quien estuviera al mando en ese momento habría ordenado disparar, para no ser menos, y los muertos habrían sido muchos más.

Para hacernos una idea de los resultados de dos maneras distintas de afrontar las crisis migratorias, supongamos que esta vez terminan siendo 200 los muertos, el doble de los que se dicen, y 70.000 el total de inmigrantes que han permanecido en Ceuta entre 48 y 72 horas- El porcentaje de fallecidos habría sido inferior al 0,3%, es decir, 50 veces menos de los que se produjeron en 2014, con M. Rajoy en La Moncloa. Y esta vez sin disparos desde España.

Convertir muertos en porcentajes es despreciable, pero también inevitable, porque los números no se inventaron (solo) con malas intenciones. Y como soy de los que piensan que la vida de cualquier persona vale lo mismo que la de Feijóo, Abascal o Sánchez, por poner tres ejemplos, llego a la conclusión de que las decisiones que los dos primeros reclaman demuestran que el tercero siente mucho más respeto por las vidas de los demás, sean quienes sean.

Lo digo porque no me cabe en la cabeza que Sánchez no tuviera información de lo que podía ocurrir en Ceuta y porque pienso que, si no envió fuerzas armadas fue precisamente para evitar que mataran. La estrategia de disuasión basada en la “prudencia” a la que se refiere Rafael Fraguas en su último artículo ha estado guiada por principios que terminarán triunfando o, como mínimo, convirtiéndose en ejemplo para avergonzar a tantos, tal como ha ocurrido con su oposición a las repetidas exigencias de Trump.

¿Alguien se cree que a Trump le importará ni medio bledo lo que piensen sus admiradores Feijóo, Abascal y Ayuso si un día llega a un acuerdo con Mohamed VI para conseguir pingües beneficios de una campaña de apoyo a “Ceuta y Melilla marroquíes”? Todos sabemos que, ni protegidos con el mejor chaleco antibalas, acudirán cualquiera de esos tres en persona a defender unas fronteras tan “españolas”.

Y si Sánchez se hubiera equivocado, este agosto de 2026 no habríamos visto a los ceutíes sacando de su ciudad, casi “a hostias”, a los fascistas Vito Quiles y similares que, como en Torre-Pacheco, intentaban pescar en río revuelto.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Cualquier argumentación requiere razonamiento; por tanto, señores y señoras de la derecha y asociados, las conjeturas, para después.

La “nueva marcha verde”, la masiva llegada de casi 50.000 migrantes a Ceuta (casi todos regresados sin violencia), ha provocado duras críticas de la patriótica oposición y de algunos países. La acaecida durante la dictadura franquista, nadie alzó la voz; ahora, los valientes de salón atacan con toda la saña posible al Gobierno de nuestro país. Hay miembros de la Unión Europea, como de EEUU, aliado marroquí. Nada nuevo. Sánchez, culpable.

Marruecos dejó de ser protectorado español y francés hace 70 años; Franco todavía subyugaba a los españoles. Argelia se liberó de Francia en 1962. La evidencia colonialista es que dejaban sus posesiones hechas unos zorros y de aquellos polvos estos lodos. Marruecos y Argelia se miran con desconfianza desde hace cinco siglos, y las grandes potencias, ojo avizor, tomaron posiciones, como expertas en fomentar los enfrentamientos lejos de sus países.

Los rusos son socios —ahora en declive— de Argelia, y los norteamericanos, de Marruecos, cuya posición se reforzó tras el reconocimiento por parte de Rabat del Estado de Israel, país perejil de todas las salsas que se aderezan con sangre. Los judíos, simplemente, evitan las migraciones; las fulminan, como ocurre en Gaza. En su desfachatez, acusan a España de mantener enclaves colonialistas en el norte de África. Sánchez culpable.

Otros, como Francia, Italia o Finlandia, se han llenado la boca criticando el fracaso de las políticas migratorias de nuestro país. La desfachatez, propiciada por la derecha de esos países, y también por la del nuestro, es vergonzante.

Italia tiene una población irregular superior a las 600.000 personas; el modelo Meloni consiste en “empaquetarlas” hacia no se sabe dónde. En Francia se estima que hay unos 700.000 inmigrantes procedentes de países de África, con vínculos históricos con los galos; su modelo es el banlieue deprimida, la frontera interior. En España, según Funcas, se estimaban en torno a 800.000 personas en situación irregular, para las que se pretende articular una política digna: regularizarlas bajo determinadas condiciones. Eso va contra las prácticas de Estados Unidos, Italia y otros países. Estos prefieren lo inhumano; no tienen vergüenza.

Países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente acogedores, han cambiado desde que sus gobiernos de derechas y centro necesitan a la ultraderecha y a los nacionalistas para gobernar; obviamente, las dudas se van aclarando y cada cual queda retratado.

El hoy irreconocible Estados Unidos, gobernado por el sátrapa Trump, tacha al Gobierno español de aplicar prácticas políticas de extrema izquierda; es más, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó a ABC y Fox News que España "compromete su propia supervivencia" si no cambia de rumbo. ¿Volverá EEUU a la normalidad? ¿Cuándo recuperará su 14ª enmienda?

Sus desvaríos y delirios muestran que las pruebas aportadas contra Zapatero por el Departamento de Seguridad de EEUU no son casualidad, sino causalidad. Sánchez, culpable.

Quienes abogan por el endurecimiento del control de las fronteras y la suspensión del Tratado de Schengen nos autorizan a soltar una gilipollez, como las que ellos dicen. Ahora que estamos hartos del turismo de borrachera y de medio pelo, es la oportunidad de arreglar el problema con los millones de ciudadanos de esos países que nos visitan con un incivismo superior al de los desgraciados de la nueva marcha verde. ¿Cerrar la frontera?

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Los datos que ayudan a organizar la atención de millones de pacientes del sistema sanitario británico, las comunicaciones entre los sistemas de mando de la OTAN y el software con el que las Fuerzas Armadas españolas analizan información dependen de la tecnología de una misma empresa estadounidense: Palantir.

La compañía no es propietaria de toda esa información. Su poder reside en proporcionar la infraestructura para reunir datos dispersos, relacionarlos y convertirlos en decisiones sanitarias, policiales, empresariales o militares. Una posición que le ha dado acceso a algunas de las funciones más sensibles de los Estados y ha generado dependencias difíciles de romper. Pero el creciente rechazo europeo a la compañía tampoco se explica únicamente por esta dependencia tecnológica.

Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, es uno de los principales aliados empresariales de Donald Trump y una figura vinculada al universo intelectual de la llamada Ilustración Oscura, una corriente neorreaccionaria que cuestiona la democracia liberal. Alex Karp, cofundador y consejero delegado, ha defendido por su parte una visión militarista de la tecnología.

A ello se suman los contratos de Palantir con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE— y el Ejército israelí. La actividad de la compañía y las posiciones políticas de sus dirigentes han elevado las dudas sobre la conveniencia de confiarle infraestructuras que sostienen la seguridad, la defensa o los servicios públicos europeos.

Palantir se ha consolidado dentro del aparato de seguridad estadounidense, pero su desembarco en Europa se ha acelerado al calor de las sucesivas crisis que ha afrontado el continente. La inteligencia interior francesa recurrió a la compañía después de los atentados de París de 2015 y la policía del estado alemán de Hesse adoptó Gotham — la plataforma de Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de datos policiales, militares y de inteligencia— en 2017 para combatir el terrorismo islamista.

“Es un error explicar el éxito de Palantir centrándonos solo en la tecnología”, sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi). Aunque reconoce la potencia de sus herramientas para integrar y analizar grandes cantidades de información, destaca también la apuesta política de la empresa, las relaciones construidas durante años con los gobiernos y su capacidad para ofrecer soluciones ya preparadas en momentos de crisis.

Palantir no se limita a vender e instalar un programa. Sus ingenieros se integran en las organizaciones, estudian cómo trabajan, qué información utilizan y qué necesidades tienen para adaptar la plataforma a cada cliente. Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, señala a infoLibre que este modelo de “consultoría desplegada” constituye una de sus principales ventajas, ya que sus equipos pueden pasar meses dentro de una oficina o un cuartel diseñando una herramienta específica. “No hay dos clientes de Palantir que usen la misma plataforma”, resume.

A medida que el personal aprende a utilizarla y los procedimientos internos pasan a depender de ella, sustituir el sistema se vuelve cada vez más complejo. García de Viedma señala una paradoja: Palantir presenta sus herramientas como una forma de evitar la dependencia de proveedores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, pero termina generando su propia dependencia con los clientes.

El alcance de esa relación se observa en el Servicio Nacional de Salud inglés. Un consorcio encabezado por Palantir obtuvo en 2023 el desarrollo de la Federated Data Platform, destinada a conectar hasta 240 hospitales y organismos sanitarios mediante un contrato con un valor máximo de 330 millones de libras durante siete años.

En España, el Ministerio de Defensa adjudicó en 2023 a Palantir Technologies Spain un contrato de 16,54 millones de euros para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” destinada al Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La contratación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, recibió una única oferta y utilizó el precio como único criterio de adjudicación.

El caso de Francia es hasta ahora el más paradigmático. La Dirección General de Seguridad Interior contrató a Palantir después de los atentados de París de 2015, pero el Gobierno ha seleccionado ahora a la compañía francesa ChapsVision para sustituirla. Sin embargo, el relevo será gradual y puede prolongarse durante varios años para evitar un vacío operativo.

El cambio forma parte de un proyecto impulsado junto a Alemania para construir una “columna vertebral digital soberana” destinada a los servicios europeos de seguridad e inteligencia. Sin embargo, Alemania mantiene una posición contradictoria, ya que varios estados federados utilizan o han utilizado Gotham para el análisis policial, mientras el Gobierno debate su posible extensión a nivel nacional.

El Tribunal Constitucional alemán declaró en 2023 inconstitucionales las normas de Hesse y Hamburgo que permitían analizar de manera automatizada grandes cantidades de datos policiales sin límites suficientes. La sentencia no prohíbe Palantir, sino determinadas formas de vigilancia. El conflicto, por tanto, no se reduce al origen estadounidense del proveedor, sino que afecta también al uso que las administraciones hacen de estas herramientas.

En España, varios medios señalan que el Gobierno ha pedido a empresas públicas y participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que eviten nuevos acuerdos con Palantir en ámbitos estratégicos. No existe, sin embargo, una prohibición pública ni se ha anunciado la cancelación del contrato vigente con Defensa.

Para Lucía Velasco, codirectora del Oxford AI Diplomacy Lab, el creciente rechazo a Palantir responde principalmente a razones estratégicas. Que “funciones tan sensibles como la defensa, la policía o la sanidad dependan de una empresa estadounidense, sometida a su legislación, últimamente imprevisible, parece un factor de riesgo”, sostiene. A su juicio, la soberanía y la dependencia jurídica son los factores que más pesan, aunque el uso de la tecnología de Palantir en conflictos militares, las deportaciones de ICE y las posiciones ideológicas de sus dirigentes han acelerado el rechazo político y social.

La Unión Europea tampoco ha aprobado un veto específico. La revisión del Reglamento de Ciberseguridad permitiría considerar de alto riesgo a determinados proveedores por motivos geopolíticos, mientras la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea exigir propiedad europea e independencia frente a legislaciones extraterritoriales en los servicios más sensibles. Cualquier restricción necesita una justificación jurídica y una alternativa capaz de prestar el mismo servicio, y aquí reside el principal obstáculo europeo.

ChapsVision es, por ahora, la alternativa más avanzada. Fundada en Francia en 2019, su plataforma ArgonOS aspira a integrar y analizar información para administraciones, empresas y organismos de inteligencia. Además de sustituir a Palantir en la inteligencia interior francesa, ha conseguido contratos en Alemania y ha despertado el interés de otros países.

Francia también impulsa proyectos como Artemis AI y Arcadia, mientras grupos industriales como Thales desarrollan sistemas compatibles con los estándares de la OTAN. Pero Velasco advierte de que “ahora mismo no existe nada comparable a la tecnología de Palantir”, aunque algunos países puedan sustituirla en funciones concretas. El problema, explica, aparece cuando se pretende un reemplazo completo de unos sistemas ya profundamente interconectados.

A ello se añade la fragmentación europea. Los países de la UE aumentaron un 20% su gasto en defensa en 2025 respecto al año anterior, pero Velasco recuerda que persisten carencias en innovación y coordinación. Según los datos de la Agencia Europea de Defensa que cita la experta, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico continúa por debajo de los objetivos y solo el 24% de las adquisiciones de material se realizan de forma conjunta.

Pese a la falta de coordinación, al mismo tiempo está apareciendo una nueva industria europea de tecnología militar. La alemana Helsing, valorada en 18.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, desarrolla inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Empresas como Quantum Systems, Auterion o la finlandesa NestAI trabajan también en plataformas no tripuladas, redes tácticas y herramientas de mando. Ninguna de ellas constituye todavía un reemplazo directo de Gotham o Foundry. El reto consiste en convertir un ecosistema fragmentado en soluciones interconectadas, capaces de utilizarse en varios países y de competir en contratos públicos dominados durante años por compañías estadounidenses.

García de Viedma considera que Europa difícilmente puede competir con Estados Unidos en las tecnologías más costosas, como los grandes modelos de inteligencia artificial, pero sí tiene margen en la capa de software y aplicaciones donde opera Palantir. El investigador señala que ya existen soluciones europeas y de código abierto, aunque todavía les falta escala, experiencia y una relación suficientemente estrecha con los clientes para competir con una empresa que lleva años personalizando sus sistemas para gobiernos y ejércitos.

Tampoco basta con que el sustituto tenga su sede en la Unión Europea. El experto del Real Instituto Elcano advierte de que la soberanía tecnológica depende de toda la “pila tecnológica”: los servidores donde funciona el sistema, los chips que utiliza o las herramientas de ciberseguridad que lo protegen. “Conseguir que todas esas capas sean completamente europeas resulta poco realista, por lo que el objetivo debería ser reducir las dependencias capaces de convertirse en un riesgo”, detalla García de Viedma.

Domínguez introduce una última cautela. Europa puede desarrollar alternativas, pero la meta no debería ser crear simplemente un clon continental de Palantir. “Si sustituimos una dependencia por otra, habremos cambiado muy poco”, advierte. Una solución verdaderamente soberana debería permitir a las administraciones controlar los datos y la infraestructura, auditar los sistemas y cambiar de proveedor, pero también incorporar garantías democráticas y mecanismos efectivos de supervisión.

“La soberanía no puede convertirse en una excusa para hacer aquí exactamente lo mismo que criticamos cuando lo hace una empresa extranjera”, resume Domínguez.

Leo que la Casa Blanca gestionó más de 13.000 millones de dólares sin transparencia. Se hurtó, a conciencia, el control del Congreso de los EEUU. Este organismo va a investigar adónde fue a parar ese descomunal montante procedente de la factura venezolana de hidrocarburos, gestionada por Trump y su gabinete.

La corrupción ya es un fenómeno global. Forma parte de la geopolítica como uno de los principales factores que infectan la política. De hecho, la verdadera res pública muestra estertores de muerte. Los mecanismos de control de los que se han dotado las naciones democráticas ya no tienen autoridad.

Lo estamos observando con gran inquietud. La ONU es pisoteada sin capacidad alguna de reacción; los más altos órganos de justicia son atacados por quienes, paradójicamente, alardean de pertenecer a países demócratas; Israel, que se autoproclama una democracia, tiene un Gobierno acusado de cometer un genocidio contra mujeres y niños indefensos; Ucrania, con un Zelenski mal aconsejado, bombardea Rusia, aún sabiendo que nunca podrá ganar esta estúpida guerra, en la que Europa y la OTAN tienen cartas de culpabilidad, y no solo Rusia; y Trump atacó Irán con una acción vergonzosa e irresponsable que tuvo repercusiones en todo el mundo.

No pasa nada. El poder se ríe de las leyes internacionales. Un verdadero desastre. Habrá que indagar las razones que expliquen la magnitud de esta debacle. Quizás la respuesta sea tan simple como la sustitución de la verdadera política por las leyes que dictan las finanzas o, dicho de otra forma, por el poder de los grandes intereses financieros. Los ricos del mundo dominan. Su objetivo es hacer caja. Para su mentalidad, la política cuesta dinero, subleva a los pobres y, lo que es peor, controla un poder que consideran de su exclusiva propiedad.

Dominan los medios de comunicación, que han transformado en instrumentos de propaganda, en una burda copia de Goebbels. No quieren ciudadanos que piensen, solo siervos y, como mucho, súbditos obedientes. Transforman incluso el significado de las palabras: fascismo por neoliberalismo capitalista; democracia por comunismo; y, lo que es peor, los bulo y las mentiras por verdades. Para cumplir este objetivo y dirigir —no gobernar— eligen a mediocres populistas que destruyen —nunca debaten— al opositor y cumplen el papel de empleados de banca. Premian al desclasado permitiéndole sentarse a su mesa o presentándolo en su corte financiera.

Pero el gran problema es que tienen mucho poder, no tienen escrúpulos para seguir manteniendo sus bulos y saben que las revoluciones que podrían arrebatárselo nadie, o muy pocos, las desean. El contrapoder que debería oponérseles sigue, históricamente, dividido. 

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Leo que colonos armados por el ejército de Israel, masacran a palestinos para robarles sus casas y sus tierras. La historia de la colonización de los pueblos por el mas fuerte y mejor armado se repite. La Biblia en una mano, o la Torá —mas condensado al limitarse a los cinco libros—, y el revolver en la otra. Lo vimos hasta la saciedad en los filmes del Oeste americano, al norte de Río Grande. El guion siempre era el mismo: colonos buscando nuevas tierras hostiles, engañados muchas veces con la fiebre del oro que no existía. El objetivo era la conquista. Pero esas tierras tenían ya dueño. La solución se repite a lo largo de la historia de los imperios que redactan su relato, el relato casi siempre alejado de la veracidad. La verdad se escribe con una palabra —el exterminio—. Al piel roja americano, orgulloso pero rebelde, le pegaban un tiro o se le confinaba en tierras lejanas, donde morían lentamente de tristeza, alcoholizados. Así se resume la conquista del Oeste, bien plasmada por Hollywood: matones, whisky, tahúres, putas y sheriffs corruptos.

Quizás la Biblia les prohíbe el exceso de alcohol, la borrachera y la prostitución, pero no el revolver para asesinar a palestinos, los indios que hay que exterminar, incluso a sus hijos y mujeres. El sheriff, Trump, lo permite, o se somete —no está claro—, al cowboy asesino buscado por crímenes de lesa humanidad, Netanyahu, que se mofa de una justicia que se tambalea ante el poder de la Maldad, con mayúsculas.

El genocidio que el imperio americano ha aceptado a medias, y que intentó borrar de su historia, se repite ahora en Palestina, una tierra que otro imperio —¡qué casualidad!, el británico— entregó a los judíos. Está claro: los colonos sionistas son los matones del salón; Palestina, el Far West; los palestinos, los indios a los que quieren exterminar; y Hamás es Jerónimo, que pronto morirá abandonado. Pero la tragedia también existe fuera de la pantalla: los directores, los espectadores y el mundo, que presume de defender al indio, se limitan a contemplar la masacre.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

La penúltima de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ligar un acuerdo económico, energético (y potencialmente militar) sobre energía atómica con Arabia Saudí a que este último país reconozca a Israel, siguiendo la estela de los Acuerdos de Abraham.

Los Acuerdos de Abraham, diseñados, entre otros, por el sionista y yerno de Trump, Jared Kushner, establecen el reconocimiento de Israel por parte de diferentes Estados árabes (Baréin, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) a cambio de a) normalizar los acuerdos comerciales y militares existentes y futuros que realicen; y b) dejar que el capítulo de relaciones entre israelíes y palestinos se ventile directamente, con la vigente correlación de fuerzas y la continua y profunda colonización israelí sobre lo que queda de Palestina y otros territorios árabes.

Es decir, que los palestinos ni siquiera cuenten con ese respaldo moral de esos Estados árabes aliados de Estados Unidos e Israel.

La pretensión del presidente Trump interesadamente olvida o rechaza dos hechos relevantes:

Pero Israel nunca ha reconocido a Palestina. Sí a la organización OLP, pero nunca a Palestina. Para los desmemoriados, en la Conferencia de Madrid de 1991, por imperativo israelí, los palestinos tuvieron que formar parte de una delegación conjunta jordana-palestina. Incluso en los Acuerdos de Oslo, suscritos por la OLP, Israel aceptó la creación de una denominada Autoridad Palestina, pero nunca reconoció un Estado palestino y fue aplazando su puesta en marcha, prevista para cinco años después de la firma de aquellos acuerdos en la Casa Blanca. Desde el principio, antes y después de la firma, incluso con la supuesta paloma del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, continuó la política de hechos consumados mediante la ampliación de los asentamientos, sin sanciones por parte de Occidente.

Estos dos elementos —el reconocimiento condicionado por parte de los Estados árabes y de los palestinos a cambio de un Estado palestino, y el desprecio estadounidense (e israelí) hacia esa propuesta— muestran, una vez más, la parcialidad de todas las administraciones de Washington. Nunca Estados Unidos ha presionado para que Israel reconozca a Palestina. En el mejor de los casos, sus portavoces sostienen que Israel —cuyos gobiernos rechazan cualquier Estado palestino— debe "negociar" directamente con los palestinos, mientras su ejército y los colonos siguen expulsando y matando a quienes quieren vivir dignamente en su propia tierra.

En estas circunstancias, la pelota está en el tejado de Arabia Saudí. Ya ha habido varios órdagos geoestratégicos que han afectado a esta monarquía absolutista: desde la acción de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, cuando se especulaba con un posible reconocimiento saudí de Israel siguiendo los pasos de otros Estados del Golfo; hasta su entrada en los BRICS en enero de 2025, tras varias dilaciones, lo que supone un mayor margen de autonomía frente a Estados Unidos, pese al histórico acuerdo que garantizaba la supervivencia de la monarquía a cambio del uso del dólar en las transacciones petroleras. También cabe mencionar el pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán, país con armas nucleares financiado en parte por Riad, firmado en septiembre de 2025, que considera cualquier ataque contra uno de los dos países como un ataque contra ambos; y, finalmente, el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pone en peligro la principal fuente de ingresos y la estabilidad saudí, dado que las represalias iraníes pueden dirigirse contra cualquier Estado de la región que facilite apoyo logístico a esos ataques, incluidas refinerías e infraestructuras petroleras.

El acuerdo atómico de la Administración Trump con Arabia Saudí nos parecería una vuelta a una casilla anterior en las relaciones entre ambos países. Se puede apreciar la asimetría de cláusulas con respecto a las que Irán suscribió con los Estados Unidos de Obama, y la carencia existente de control sobre el Israel atómico. Pero, presumimos que el peso del lobby pro Israel hegemónico ha sido tan relevante para Trump que, a última hora, ante el riesgo de perder una votación en las cámaras legislativas estadounidenses, ha puesto una condición que, de momento, Arabia Saudí no puede aceptar sin caer en la mayor de las contradicciones y arruinar su supuesto liderazgo, ya puesto en duda por los Emiratos, Qatar y potencias asiáticas como India.

Mientras tanto, la colonización y destrucción de Palestina a manos de Israel continúa sin sanciones occidentales, de los países firmantes de los Acuerdos de Abraham ni del resto de la comunidad internacional.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un "hito importante" para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

Son inquietantes por separado. Donald Trump es un convicto que vive en una realidad paralela que le lleva a desear ser un dictador al frente de los generales que tuvo Hitler, empeñado en poner en peligro la democracia estadounidense y el orden internacional en su propio beneficio. Benjamin Netanyahu es un iluminado supremacista sobre el que recae una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, mientras está siendo enjuiciado por tres delitos por el Tribunal Supremo israelí, al tiempo que continúa con el genocidio en Gaza, la anexión de Cisjordania y la violación de la soberanía de Siria y Líbano. Y también lo son cuando suman fuerzas, sea para atacar ilegalmente a Irán o para activar sus respectivas capacidades diplomáticas, económicas, políticas y militares para proseguir indefinidamente sus aventuras belicistas.

Por eso, a la vista de lo que ha ocurrido hasta ahora cada vez que se reúnen —y ya van siete encuentros en la Casa Blanca desde el regreso de Trump a la presidencia—, es inevitable que se dispare la preocupación por parte de todos aquellos que se saben colocados en la diana de ambos mandatarios, así como de cualquier defensor de los derechos humanos y del derecho internacional. La novedad de este último encuentro es que Netanyahu ha entrado en el Despacho Oval más como candidato —las elecciones israelíes ya han quedado fijadas para el próximo 27 de octubre— que como primer ministro. Y esto, sabiendo que la guerra con sus vecinos es su principal baza electoral, solo puede traer malas noticias si Trump accede a sus peticiones.

El más longevo de los jefes de gobierno israelíes tiene muy claras sus prioridades, empezando por la de prolongar su condición de primer ministro, convencido de que de ese modo logrará seguir burlando a la justicia. Para ello, en un contexto nacional en el que sus principales rivales en la contienda electoral comparten su rechazo a la existencia de un Estado palestino, necesita sobreactuar aún más para convencer a los votantes de que él (el mismo que quedó retratado como el responsable del fallo de seguridad que propició los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023) es el único que puede garantizar la seguridad de Israel.

Con ese propósito en mente, Netanyahu ha ido a Washington con su carta a los Reyes Magos (es decir, Trump) bajo el brazo. Confía, por un lado, en seguir teniendo el permiso para terminar la tarea en Gaza, golpeando a quienes todavía resisten hasta rendirlos definitivamente, aplastando tanto su sueño político de contar con un Estado propio, como su voluntad para aferrarse a esa tierra. Nada indica que los asesinatos, la deportación forzosa y los crímenes de guerra, que ya se han convertido desgraciadamente en realidades diarias en la Franja, vayan a cambiar un ápice el respaldo diplomático, económico y militar que el inquilino de la Casa Blanca lleva años prestando a Netanyahu. Y lo mismo cabe esperar en relación con los sistemáticos ataques que tanto las fuerzas israelíes como los colonos (no solo consentidos, sino también armados por el gobierno) están desarrollando en Cisjordania, por mucho que las declaraciones emanadas de Washington parezcan dar a entender su descontento con esas prácticas.

En relación con Líbano, donde Netanyahu pretende consolidar indefinidamente una zona de ocupación que aleje a los combatientes de Hizbulah de la frontera común, casi no es necesario que el mandatario israelí pida nada, a la vista de lo ocurrido tras la reunión de Trump con el presidente libanés, Joseph Aoun, la pasada semana. Inevitablemente, suena ridículo que el único anuncio del presidente estadounidense al final del encuentro haya sido que va a permitir a las compañías aéreas que reanuden sus vuelos a Beirut, cuando lo que Aoun buscaba era que EEUU forzara a Israel a retirar sus tropas de suelo libanés. Eso significa, en esencia, que Netanyahu puede proseguir su violación del territorio soberano libanés hasta donde y cuando lo considere necesario para sus planes. Otro tanto cabe esperar en el caso de Siria, por mucho que el presidente Ahmed al Sharaa cuente con las simpatías del propio Trump; lo que se traduce en que Israel no solo no va a abandonar los Altos del Golán (Trump ya declaró en 2020 que eran territorio israelí), sino que va a poder robar aún más suelo sirio y mantener un dominio innegable sobre un país que apenas está iniciando su salida del infierno.

Más incógnitas plantea la postura de Trump en relación con Irán. Por un lado, a favor de una nueva operación conjunta —al modo de Furia Épica (estadounidense)/Rugido de León (israelí)— confluyen tanto la mentalidad de Trump —golpear más fuerte hasta doblegar al enemigo— como el deseo de Netanyahu de eliminar definitivamente la amenaza iraní, soñando con la rentabilidad electoral que podría lograr. Pero, por otro, tanto la escasez de reservas estratégicas de hidrocarburos, como las limitaciones de los arsenales propios (son ya miles los objetivos batidos sin haber logrado ninguno de los objetivos previstos), así como la demostrada capacidad iraní no solo para soportar los golpes, sino también para contragolpear, parecerían aconsejar volver a la vía diplomática para alcanzar algún tipo de acuerdo. Mientras que los vaivenes de Trump obligan a no descartar ninguna opción, Netanyahu no transmite ninguna duda: hará todo lo posible por reventar cualquier hipotético acuerdo.

Por último, cabe suponer que el primer ministro israelí tratará de frenar el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Arabia Saudí, procurando mantener su monopolio regional como única potencia con armas nucleares y evitar que otros (Turquía o Egipto) terminen por seguir el mismo camino. Y ya (puestos a pedir) también presionará para evitar que los sofisticados F-35 terminen en la fuerza aérea turca y saudí.

Aunque pueda parecer que se ha enfriado ligeramente la sintonía personal ente ambos, son muchas las hipotecas e inercias acumuladas y muchos los intereses compartidos como para pronosticar que Netanyahu no volverá a casa con las manos vacías.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En las elecciones de medio mandato estadounidenses que se celebrarán en noviembre, los californianos decidirán si quieren que vea la luz un impuesto a sus vecinos con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. La medida, que se conoce como Proposición 40, ya ha provocado que algunos de los más ricos se marchen del estado y que otros gasten como nunca antes lo habían hecho en campañas en contra de la iniciativa.

California es el estado con más multimillonarios de todo EEUU, un país de grandes desigualdades y donde el 10% más rico posee el 70% de la riqueza. A la vez, el sistema está estructurado de manera que los multimillonarios pagan una tasa efectiva más baja que el estadounidense medio, y por supuesto más baja que la que pagarían en otros países.

“Tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades [de EEUU] no son nada comparados con los impuestos europeos”, apunta la experta Lucy Dadayan, investigadora del Urban-Brookings Tax Policy Center, en conversación con infoLibre. En medio del debate sobre California, los Socialistas Democráticos (DSA), el partido del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, han presentado un nuevo programa en el que proponen “imponer impuestos agresivos sobre el patrimonio a las personas y corporaciones más ricas para financiar bienes públicos e infraestructuras”.

¿Va EEUU camino de gravar por fin a sus más ricos? ¿Abrirá camino California? ¿Hay manera de hacerlo?

La Proposición 40 proviene de un sindicato californiano de trabajadores de la sanidad, y plantea que los californianos con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares paguen una única vez el 5% de sus activos al estado. Y gracias a casi un millón de firmas recaudadas con el apoyo del senador Bernie Sanders, han conseguido que su iniciativa vaya en las papeletas de noviembre. La idea del sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West es que el impuesto sirva para compensar los recortes en sanidad del presidente Donald Trump.

La propuesta del impuesto incluye que el estado estará obligado a gastar el 90% de lo recaudado en sanidad. Según Suzanne Jimenez, portavoz del sindicato, estos ingresos permitirán mantener abiertos los hospitales y preservar el acceso de los californianos a la atención médica, algo que, consideran, es más necesario que nunca, aunque algunos no piensen lo mismo.

“El gobernador se está centrando en el problema equivocado”, dijo Jimenez. “El problema no se reduce a las preferencias de 200 personas ultrarricas. El problema es que millones perderán su cobertura médica”, y ese es realmente el problema que estamos tratando de resolver.

Porque al impuesto no solo se han opuesto los multimillonarios de California, sino también el gobernador del estado, Gavin Newsom, también exalcalde de San Francisco y uno de los nombres que más suenan a candidato a presidente por el Partido Demócrata en 2028.

De su lado, un grupo de multimillonarios que podrían tener que pagar el impuesto ha decidido dedicar al menos 87 millones de dólares para anuncios de televisión que defiendan su postura, con lo que, previsiblemente, la campaña a favor y en contra de la iniciativa se convertirá en una de las campañas electorales más caras de la historia del estado. Entre quienes financian esta contracampaña está el cofundador de Google Sergey Brin, que junto al también cofundador de Google Larry Page y el inversor tecnológico Peter Thiel aseguran que ya han empezado a cortar lazos con California.

Por su parte, el gobernador del estado lleva tiempo oponiéndose a un impuesto a los más ricos de este estilo por miedo a que la innovación se marche de California, en un momento en el que la industria tecnológica ha disparado los ingresos del estado. Newsom ya ha rechazado propuestas legislativas similares diciendo que no las firmaría, paso necesario para que los proyectos de ley se conviertan en leyes. En este sentido, es conveniente recordar que el gobernador tiene fuertes lazos con algunos de los mayores líderes tecnológicos de Silicon Valley que podrían tener que pagar el impuesto: el CEO de Salesforce es uno de sus amigos más cercanos y el padrino del hijo mayor del gobernador, y Brin y Page asistieron a la boda de Newsom.

Sin embargo, el gobernador ha dicho que opinaría diferente si el impuesto fuese a nivel federal. “Una cosa es tener una visión general del país y hablar de 50 estados. Otra muy distinta es competir contra otros 49 estados”, ha asegurado. Según su propuesta, lo ideal sería gravar a cualquiera con una riqueza superior a los 100 millones, además de subir el impuesto de sociedades a donde estaba antes de que Trump llegase al poder. ¿Es algo que puede suceder?

La experta Lucy Dadayan es muy clara al respecto: “Es la primera vez que se ha propuesto algo así y probablemente la última”. Pero no opina así porque crea que EEUU no puede gravar más a los más ricos ni por temor a que estos huyan a otros lugares, algo que considera complicado, sino por el diseño del impuesto, nada habitual, que cree que podría ser tumbado en los tribunales. Para ella, lo más beneficioso sería un impuesto a nivel federal que generase ingresos de forma recurrente, en lugar de gravar una única vez la riqueza de los multimillonarios.

“Se puede ampliar el impuesto sobre las ventas para gravar los servicios que más usan los más ricos”, como los servicios de gestión de grandes fortunas o los servicios legales, opina. “Eso generaría unos ingresos más recurrentes y más ingresos, y puede ser más sostenible a lo largo del tiempo”. “Muchos servicios no están sujetos a impuestos, así que ampliarlos para incluir los servicios que usan las personas más ricas sería una manera más prudente de generar ingresos”, añade.

Un análisis de la agencia gubernamental que se dedica a asesorar fiscalmente al Gobierno de California ha concluido que un impuesto como el de la Proposición 40 generará decenas de miles de millones de dólares a lo largo de los próximos años, pero también ha advertido de que podría provocar la huida de muchos multimillonarios. “Es probable que algunos multimillonarios decidan abandonar California. Los impuestos sobre la renta que actualmente pagan al estado desaparecerían con su partida”, afirma en su informe, apuntando que la reducción de los ingresos estatales derivada de este tipo de medidas podría ascender a cientos de millones de dólares o más al año.

“Esto significaría menos dinero para el presupuesto general del estado, que financia la educación, la sanidad, las prisiones y otros servicios”, han recalcado. Si bien el impuesto sobre el patrimonio proporcionaría fondos para financiar algunas de estas cosas, como la atención médica, ese dinero sería temporal. Muchos otros sindicatos del estado también han advertido de que temen que el beneficio no compense el riesgo de perder ingresos.

Sin embargo, no todos los multimillonarios han amenazado con marcharse. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha dicho que el impuesto le parece bien aunque, según los cálculos de los medios, podría costarle 8.000 millones de dólares. “Les digo a todos: ‘Múdense a California, no se vayan’. Son los impuestos más altos del mundo, pero no importa”, dijo en un discurso ante los alumnos de la escuela de negocios de Stanford.

“No es tan fácil mudar un negocio, es una decisión muy dura, y la gente no suele mudarse solo por los impuestos”, recalca la experta de Brookings. La gente quiere tener servicios que le permitan tener una buena calidad de vida y, en resumen, los impuestos no son un factor que determine que la gente se mude de un estado a otro, ni de un país a otro. Lo mismo ocurre con las empresas.

Entonces, ¿la Proposición 40 podría impulsar que Estados Unidos apruebe más impuestos para los ricos, salga adelante o no? Lucy Dadayan lo tiene claro: “Creo que próximamente va a haber más esfuerzos por gravar más a los ricos, pero no necesariamente en el mismo formato que la propuesta de California”.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington.

Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10% impuesto por Trump, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto lega de la llamada sección 301.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10% para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5% para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

En América Latina, la medida afecta a Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10%. El texto también incluye México, aunque el Gobierno mexicano ha matizado que el 85% de sus exportaciones quedarán amparadas bajo el T-MEC, así que el impuesto se aplicará solo en las 15 % restantes.

A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10%. También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. En cambio, China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.

La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.

Tras las investigaciones y consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.

La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.

Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.

La estrategia parecía sencilla. Romper la tregua, intensificar los bombardeos sobre instalaciones militares iraníes, degradar sus capacidades de respuesta y obligar a Teherán a volver a la mesa de negociación en una posición de debilidad. Dos semanas después, los hechos apuntan en otra dirección. Estados Unidos ha demostrado una vez más su superioridad militar, pero no consigue modificar el cálculo estratégico de la República Islámica. Y esa es la cuestión que empieza a perfilar el verdadero alcance de esta guerra.

Durante décadas, Washington ha abordado Oriente Medio desde una premisa que rara vez ha resistido la prueba de los hechos: la idea de que la presión militar puede crear las condiciones para una solución política favorable. Ocurrió en Irak, ocurrió en Afganistán y, en menor medida, también en Siria. La capacidad para destruir infraestructuras, eliminar dirigentes o paralizar temporalmente la capacidad militar del adversario nunca ha sido suficiente para alterar su voluntad política. Irán parece dispuesto a confirmar de nuevo esa vieja lección.

Los últimos bombardeos estadounidenses han afectado a bases militares, sistemas de defensa aérea e infraestructuras estratégicas. Sin embargo, Teherán continúa conservando aquello que realmente importa en una guerra de estas características: capacidad de respuesta. Los ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo, la presión permanente sobre el estrecho de Ormuz y la posibilidad de activar, de forma más o menos coordinada, a sus aliados regionales siguen formando parte de su arsenal estratégico. La cuestión, por tanto, no es si Estados Unidos puede seguir golpeando a Irán. La cuestión es cuánto tiempo puede hacerlo sin obtener un resultado político tangible.

Donald Trump afronta un dilema que trasciende el terreno militar. A diferencia de otras guerras, el tiempo no juega necesariamente a favor de quien dispone de mayor capacidad de fuego. Cada semana de operaciones incrementa el coste económico de proteger las rutas marítimas, mantiene la incertidumbre sobre los mercados energéticos y aumenta el riesgo de un incidente que obligue a una escalada todavía mayor. Lo que comenzó como una operación destinada a restaurar la disuasión amenaza con convertirse en una guerra de desgaste que la propia Administración había prometido evitar.

El error consiste en seguir interpretando este conflicto como una confrontación convencional. Irán no pretende derrotar militarmente a Estados Unidos. Sabe perfectamente que no puede hacerlo. Su objetivo es otro: convencer a Washington de que el coste de mantener la presión terminará siendo superior a los beneficios que pueda obtener. Es una lógica que ya conocimos en Irak o Afganistán, aunque con instrumentos diferentes. No se trata de conquistar territorio ni de obtener grandes victorias militares. Se trata de prolongar el conflicto hasta erosionar la voluntad política del adversario.

Teherán dispone para ello de varias ventajas que suelen pasar desapercibidas. La primera es su capacidad para combinar medios convencionales y no convencionales. Misiles, drones, operaciones navales, ciberataques o sabotajes permiten mantener una presión constante sin necesidad de entrar en una guerra abierta de grandes dimensiones. La segunda es su posición geográfica. El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales cuellos de botella del comercio energético mundial. No hace falta bloquearlo completamente para generar incertidumbre. Basta con mantener la amenaza creíble de que puede hacerse.

La tercera ventaja es política. El régimen iraní atraviesa dificultades económicas evidentes y un creciente desgaste interno, pero la presión exterior refuerza el discurso de la resistencia nacional. La historia demuestra que los ataques extranjeros suelen fortalecer, al menos temporalmente, a los gobiernos que los sufren. Apostar a que los bombardeos desencadenarán un colapso político en Teherán constituye, cuando menos, una hipótesis arriesgada.

Mientras tanto, la diplomacia intenta abrirse paso en un contexto cada vez más adverso. Catar, Omán y otros mediadores mantienen contactos discretos para recuperar algún tipo de alto el fuego que permita retomar las negociaciones. El simple hecho de que esas conversaciones continúen revela que ninguna de las partes considera posible una victoria decisiva. Pero también pone de manifiesto otro problema: nadie quiere aparecer como el primero en ceder.

Israel observa esta situación desde una lógica distinta. Para el Gobierno de Benjamín Netanyahu, el debilitamiento de Irán constituye una oportunidad estratégica que difícilmente volverá a repetirse. La erosión de Hezbolá, la pérdida de influencia iraní en Siria y la implicación militar estadounidense alimentan la idea de que ha llegado el momento de alterar definitivamente el equilibrio regional. Sin embargo, esa percepción puede conducir a una peligrosa ilusión. Debilitar a Irán no equivale necesariamente a estabilizar Oriente Medio. De hecho, puede producir el efecto contrario si empuja a Teherán a convertir la confrontación permanente en el eje de su política exterior.

En este momento está por ver si Washington dispone realmente de una estrategia para convertir sus éxitos militares en un acuerdo político. Hasta ahora, los bombardeos han demostrado que Estados Unidos puede destruir capacidades. No ha demostrado que pueda construir una salida.

Quizá esa sea la principal enseñanza de este nuevo episodio en Oriente Medio. La superioridad militar sigue siendo una condición necesaria para proyectar poder, pero ha dejado de ser suficiente para ordenar políticamente una región. Estados Unidos puede seguir castigando a Irán. Irán puede seguir resistiendo. Israel puede seguir debilitando a sus adversarios. Pero ninguno parece capaz de definir un horizonte político que vaya más allá de la siguiente operación militar. Por el momento Israel gana y una nueva normalidad se instala en Oriente Medio.

Y esa es precisamente la señal más preocupante. Cuando una guerra deja de responder a un objetivo político reconocible y comienza a sostenerse por su propia dinámica, el riesgo no es únicamente que se prolongue. El riesgo es que termine convirtiéndose en la nueva normalidad de Oriente Medio.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Con el recibimiento por parte de los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela, la selección española de fútbol ha iniciado en Madrid este lunes las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo.

Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los flamantes campeones del mundo han pasado por el salón de audiencias del Palacio Real, donde les esperaban Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, estas últimas con la segunda camiseta de la selección.

La expedición, encabezada por Rodri, el capitán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, ha llegado con casi media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajaron desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección ha sido homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se han reunido a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

El rey ha dado la enhorabuena este lunes a la selección por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo "solidario y generoso", que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante para toda España. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho.

El rey ha reconocido que el camino hasta la victoria ha sido largo, que los jugadores han sufrido, regresan "algo magullados" y también tuvieron críticas, "ya esfumadas", pero "¿qué es todo eso comparado con la alegría de traer la copa a casa", se ha preguntado.

Ha elogiado el juego de la selección, su técnica, su control y dominio del campo, "combinando cabeza y corazón, armados de paciencia sin desesperarse y siendo fieles" a su estilo.

"Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas", ha dicho Felipe VI, convencido de que son "un conjunto estelar y legendario" para la historia del fútbol español.

Después se han acercado hasta el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a la selección en los jardines de la Moncloa junto a numerosos trabajadores del complejo, familiares e invitados, que han aplaudido a jugadores y cuerpo técnico antes de que inicien su recorrido triunfal por las calles de Madrid.

Ha agradecido a la selección española de fútbol su juego, el esfuerzo y la victoria y ha apostado por un nuevo triunfo en el próximo campeonato del mundo: "Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del mundial".

Alrededor de 1,8 millones de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, está celebrando con cánticos y fotos con la copa del mundo el histórico triunfo de la segunda estrella.

El itinerario ha empezado en Moncloa y ha seguido por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova —en sentido contrario—, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores están bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.

Estaba previsto que en torno a las 21:00 horas la rúa de la selección llegue al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para finalizar su recorrido y comenzar la celebración central con varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana, aunque todo el programa acumula ya bastante retraso.

España ha vuelto a conquistar el mundo del fútbol 16 años después. Un gol de Ferran Torres nada más comenzar la segunda parte de la prórroga permitió a la selección española derrotar este domingo a Argentina (1-0) y bordar la segunda estrella sobre su camiseta. Como Andrés Iniesta en Johannesburgo, el delantero valenciano apareció cuando la final comenzaba a encaminarse hacia los penaltis para decidir un partido que el equipo de Luis de la Fuente había dominado desde el comienzo, aunque sin encontrar el ansiado gol. 

El tanto llegó en el minuto 106, en una jugada que nació en la banda derecha con Pedro Porro, continuó Nico Williams y terminó con el remate de Ferran Torres dentro del área. El delantero, que había comenzado el encuentro en el banquillo y entró en el minuto 62 por Mikel Oyarzabal, culminó así el vigésimo intento de una España que había acumulado posesión, ocasiones y llegadas sin recompensa.

La resistencia argentina se sostuvo sobre las paradas de Martínez y un entramado defensivo que fue endureciendo el partido. Argentina, vigente campeona, afrontaba además toda la prórroga con diez jugadores después de que Enzo Fernández fuese expulsado por doble amarilla en el tiempo añadido de la segunda mitad. España pudo evitar la prórroga con dos últimas oportunidades de Nico Williams y Lamine Yamal, pero el portero argentino volvió a impedirlo.

El triunfo completa el ciclo iniciado por De la Fuente con la Liga de Naciones de 2023 y continuado con la Eurocopa de 2024. El técnico riojano, que cumplía su partido número 50 al frente del equipo, se convirtió además, a sus 65 años, en el seleccionador de mayor edad que conquista un Mundial. España encadenó su trigésimo octavo encuentro sin perder y cerró el campeonato habiendo recibido un solo gol en ocho partidos.

La victoria desató una oleada de felicitaciones entre la Casa Real, el Gobierno, los principales partidos y numerosos presidentes autonómicos. Pedro Sánchez presenció la final desde el palco de autoridades del estadio de Nueva York junto a Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Antes del encuentro, el jefe del Ejecutivo intercambió un breve saludo y un apretón de manos con el presidente estadounidense, Donald Trump, que posteriormente participó en la entrega del trofeo.

Sánchez reaccionó inmediatamente después del partido con un mensaje en mayúsculas: “¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo”. La Casa Real puso el acento en el recorrido realizado durante el torneo y aseguró que la segunda estrella era “el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar”. “Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda”, concluyó el mensaje difundido desde la cuenta oficial de la institución.

También se sumaron a la celebración los vicepresidentes y ministros del Ejecutivo. Yolanda Díaz evocó el título de Sudáfrica al señalar que “el sueño de 2010 se repite 16 años después” y celebró que España volviera “a vibrar” y a cantar el gol “con una misma garganta”. Carlos Cuerpo calificó a la selección como “un equipo de diez que nos ha hecho vibrar y disfrutar”, mientras que Óscar Puente afirmó que España es “el país del fútbol del siglo XXI” y destacó que el equipo terminó el torneo con un solo gol encajado. María Jesús Montero agradeció a los jugadores que hubiesen luchado “hasta el último segundo, contra viento y marea”.

Trump también aprovechó la victoria para dar por superadas, al menos públicamente, las diferencias con España. A bordo del Air Force One, durante su regreso desde Nueva York, el presidente estadounidense aseguró que había hablado “con España” y felicitado al país “por tener un gran equipo”, aunque no aclaró si lo había hecho directamente con Sánchez. Preguntado por la relación bilateral, se limitó a responder: “No tengo tensiones con nadie”. 

Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo consideró “merecidísimo” el título y resaltó los “valores, trabajo duro, humildad y fe” del conjunto de De la Fuente. El líder del PP, que siguió el encuentro desde la plaza de Colón de Madrid junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, cerró su felicitación con un “¡Viva España!”. Santiago Abascal dio las gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por haber llevado la bandera española “tan lejos, tan arriba”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebró el “merecidísimo triunfo” y bromeó con la posibilidad de dedicarse a la adivinación. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, condensó su reacción en cinco palabras: “España 1 - Infantino 0”, en alusión al presidente de la FIFA y a las decisiones arbitrales que habían indignado al equipo español durante la final.

La segunda estrella encontró también se celebró entre los presidentes autonómicos. Salvador Illa celebró que España volviera a hacer historia; Isabel Díaz Ayuso calificó la victoria como “un día para la historia”; y Juanma Moreno habló de “gloria y orgullo”. María Guardiola reivindicó especialmente el campeonato de Pedro Porro, mientras que Fernando Clavijo destacó la aportación canaria de Pedri y Yeremy Pino. Fernando López Miras recordó que el país había vuelto a soñar como en 2010 y defendió que la selección había alcanzado el título “unida” y “siendo el mejor equipo del mundo”.