La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) destinará un fondo de emergencia de 1,5 millones de francos (1,6 millones de euros) para su respuesta en Irán, donde los ataques de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero han causado según la Media Luna Roja nacional al menos 787 muertos, según recoge EFE.

De acuerdo con lo indicado en rueda de prensa por el portavoz de la federación, Tommaso della Longa, el fondo tiene como objetivo proporcionar asistencia vital a unas 200.000 personas durante nueve meses. "Todas las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja de la región están en máxima alerta ante cualquier posible necesidad de respuesta", agregó.

En Irán, por ejemplo, equipos médicos de emergencia fueron desplegados en las zonas atacadas para proporcionar primeros auxilios, atención a los heridos y evacuación médica a hospitales. 

En Israel, los 39.000 trabajadores y voluntarios de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) están movilizados con toda su flota de ambulancias, y desde el 1 de marzo han atendido a 121 personas, incluyendo casos de traumatismos, heridas por metralla y crisis de ansiedad.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este jueves en la Franja de Gaza los cadáveres de 15 palestinos hasta ahora retenidos por Israel, que fueron devueltos como canje tras el hallazgo del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja, informa EFE.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó hoy el retorno de 15 palestinos fallecidos a Gaza, después de que los restos del último rehén fallecido fueran recuperados por las autoridades israelíes", anunció el CICR en un comunicado.

"Esto marca la finalización de una operación de meses de duración que consiguió la reunificación de familias y apoyó la implementación del acuerdo de alto el fuego", destaca la Cruz Roja.

Los 15 cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital de ciudad de Gaza (norte), confirmó a EFE el director de este centro médico, Mohamed Abu Salmiya. El médico advirtió de que los cuerpos aún no han sido sometidos a exámenes forenses.

En ocasiones previas, tanto el Ministerio de Sanidad gazatí como fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), donde llegaron la mayoría de los 345 cadáveres devueltos en 14 canjes anteriores, denunciaron signos de tortura o cuerpos aún esposados y con los ojos vendados.

Israel ha devuelto, con los de hoy, un total de 360 cuerpos de palestinos a Gaza, según lo acordado en la tregua de que serían 15 por cada cuerpo de un rehén israelí.

Sin embargo, según detalló el martes en un comunicado la Campaña Nacional para la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires y el Esclarecimiento del Destino de los Desaparecidos, Israel retiene al menos otros 700 de cadáveres de palestinos, entre ellos 77 menores.

Al inicio del actual alto el fuego quedaban en Gaza 28 cautivos muertos: 24 israelíes y cuatro internacionales por cuyos cuerpos no hubo canje (los tailandeses Sonthaya Oakkharasri y Suthisak Rintalak, el nepalí Bipin Joshi y el tanzano Joshua Moitu Mollel). Antes, el 13 de octubre de 2025, las milicias de Gaza (con Hamás a la cabeza) liberaron a los últimos 20 rehenes vivos que quedaban en la Franja, mientras que Israel puso en libertad a 1.808 presos y detenidos palestinos (entre ellos gazatíes sin cargos ni juicio).

Paralelamente, al menos cuatro palestinos fueron asesinados este jueves en Gaza, según fuentes de dos hospitales, en ataques perpetrados por el Ejército israelí en el centro y sur de la Franja pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Dos palestinos murieron y varios resultaron heridos tras un ataque israelí con drones contra un grupo de personas en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Horas antes, dos jóvenes palestinos fueron abatidos en dos sucesos separados, con menos de una hora de duración entre ellos, en Jan Yunis (sur) y sus cuerpos llegaron al Hospital Médico Naser.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó solo la muerte de un gazatí en lo que describieron como un "ataque preciso" contra un miliciano. El Ejército detalló a EFE que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Jan Yunis y al este de la línea amarilla, una demarcación no definida claramente a la que se replegaron las tropas israelíes al comenzar el alto el fuego.

Desde allí aún controlan más del 50% del territorio de Gaza y los soldados abaten casi a diario a palestinos que, según dicen las Fuerzas Armadas israelíes, intentan cruzarla.

Al menos 492 palestinos han sido asesinados en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que aún no ha sumado los fallecidos tanto de ayer miércoles como del jueves.

Desde que Israel comenzó el genocidio en octubre de 2023, los muertos gazatíes superan los 71.600, entre ellos más de 20.000 niños.

El hallazgo de un nuevo cadáver en la playa de la Almadraba de Monteleva, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, ha elevado a ocho los inmigrantes muertos tras la llegada esta semana de dos pateras a la costa de Almería, han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo apareció este jueves en esta pequeña pedanía del litoral almeriense, a escasa distancia de la playa de Las Salinas, y se da por hecho que procede de la embarcación que arribó a ese punto con 37 ocupantes.

Según las fuentes consultadas, el cadáver fue localizado pasado el mediodía, aunque no se ha podido concretar si lo halló un particular o algún miembro del dispositivo de rastreo que seguía desplegado en la zona.

Ese operativo, en el que han participado Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil y Cruz Roja, se mantuvo activo hasta ayer jueves con el objetivo de localizar posibles supervivientes o más víctimas en el entorno de las playas de Los Muertos (Carboneras, Almería) y Las Salinas (Almería). Hoy viernes ha quedado desactivado.

La Subdelegación del Gobierno en Almería había confirmado inicialmente siete fallecidos: seis vinculados a la patera que alcanzó la playa de Los Muertos en la madrugada del martes, con al menos 26 personas interceptadas en tierra, y uno en la playa de Las Salinas.

En el caso de Carboneras, las labores de rescate se prolongaron durante horas a lo largo del martes, después de que varias llamadas al 112 alertaran de la presencia de cuerpos en el mar frente a Marinicas, Corral y Los Muertos.

Protección Civil de Carboneras recuperó entonces seis cadáveres que fueron trasladados en su embarcación hasta el puerto pesquero, donde quedaron a disposición judicial.

Fuentes próximas al caso han apuntado que algunos supervivientes de la patera de Los Muertos relataron que, debido al fuerte oleaje, varios ocupantes habrían sido arrojados u obligados a lanzarse al agua en el momento de tocar tierra, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y verificar si aún podría haber más desaparecidos.

UGT ha presentado este lunes una demanda en la Audiencia Nacional en la que solicita la nulidad del despido colectivo anunciado por Cruz Roja el pasado mes, que afecta a más de un centenar de trabajadores, según informa EFE.

En un comunicado, el sindicato explica que no firmó el despido colectivo porque las causas no estaban, ni están justificadas, por lo que han presentado una demanda ante la Audiencia.

Alude a la "inexistencia de causas organizativas para el despido objetivo" al recordar que todos los años en el seno de la entidad finalizan unos programas y se inician otros; muestra de ello es que "Cruz Roja, en el 2024, no ha visto resentida su viabilidad económica pues vuelve a presentar excedentes con mayores ingresos que gastos".

Y acusa a Cruz Roja de "falta de buena fe negociadora, no dando la información requerida", por lo que la parte social de la mesa no ha dispuesto de los datos ni documentación que verificara las causas del despido colectivo. 

Gran Canaria ha recibido en las últimas horas el mayor cayuco de su historia, del que han arribado a la isla 231 personas de origen subsahariano, entre ellas 58 menores y 13 mujeres, que aseguran haber partido de Gambia hace once días. Así lo han confirmado a EFE fuentes de los servicios de emergencia que han ofrecido a estas personas una primera asistencia a su llegada a la isla.

Algunos miembros de esta expedición, la más numerosa llegada hasta el momento a Gran Canaria en una sola embarcación, también han asegurado ser, además de Gambia, de Senegal, Mali y Guinea.

A su llegada a tierra, por sus propios medios, estas personas han recibido asistencia humanitaria y sanitaria y tres de ellas han sido evacuadas a centros hospitalarios por presentar patologías leves relacionadas con su travesía marítima desde África, según ha informado a EFE el 112.

Cruz Roja, por su parte, ha explicado que se trata del mayor cayuco llegado hasta la fecha a Gran Canaria, no así a Canarias, ya que en El Hierro ha habido en el último año algunos con más de 250 ocupantes e incluso uno con 330 personas.

Tras ser alertado de que una embarcación con migrantes navegaba cerca de la costa, concretamente a 5,5 kilómetros de Arguineguín, una embarcación de Salvamento Marítimo, la Salvamar Macondo, partió este domingo por la tarde en su auxilio, si bien el cayuco pudo tomar tierra si ayuda.

Un total de 514 migrantes han llegado de forma irregular a España desde el viernes, de los que 340 han arribado a las Islas Canarias y otros 174 a Península y Baleares, según el recuento llevado a cabo por Europa Press.

Respecto a los migrantes que han arribado estos últimos días a Canarias, el viernes 16 de agosto Salvamento Marítimo rescató una patera con 56 migrantes en aguas próximas a la isla Gran Canaria a las 05.57 horas. Los ocupantes de la embarcación fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde se realizó el desembarco a las 06.20 horas, operativo coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas.

El sábado, Salvamento Marítimo rescató un cayuco con 59 migrantes subsaharianos en aguas cercanas a Tenerife después de que la embarcación de avistamiento de cetáceos 'Efiel' informara sobre la localización de una patera a tres millas de la playa de San Juan.

Durante la jornada del domingo se interceptaron dos cayucos que transportaban un total de 198 migrantes cuando navegaban en aguas cercanas a la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife). La primera de las embarcación irregulares fue localizada sobre las 11.47 horas, cuando estaba próxima al Muelle de La Restinga y fue escoltada a puerto por la Salvamar Adhara. Poco después, a las 13.42 horas, fue avistado el segundo cayuco a dos millas al sur de La Restinga, por lo que el recurso marítimo de Salvamento partió a su encuentro y también lo escoltó hasta el muelle.

Asimismo, en las últimas horas se ha interceptado una patera con 27 migrantes en su interior cuando navegaban en aguas cercanas a la isla de Lanzarote. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), 112, los ocupantes fueron trasladados hasta el Muelle de Arrecife. Además, ha sido necesaria la evacuación de dos mujeres hasta un centro hospitalario por patologías leves.

Por otro lado, un total de 174 migrantes han llegado de forma irregular a la Península y Baleares desde el viernes. En el caso de Baleares, ha recibido 137 migrantes hasta este lunes. Así, a las 18:42 horas del sábado fueron rescatados 28 migrantes magrebíes al sur de la isla de Formentera, todos ellos en aparente buen estado de salud. El domingo, se localizaron dos embarcaciones al oeste de la isla de Conejera y a media milla del puerto de Cala d'Or, mientras que otra alcanzó Formentera y otra más S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca). Finalmente, este lunes, un total de 39 personas han sido interceptadas en Formentera: por un lado, 25 de ellas han sido rescatadas a las 06.00 horas y 14 a las 07:30 horas.

Igualmente, dos varones en una moto náutica han sido rescatados en la noche de este pasado domingo tras ser localizados por un buque mercante a 32 millas al sur sureste (SSE) de Málaga. En concreto, sobre las 22:06 horas de este pasado domingo el buque mercante Grande Texas reportó al Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa la localización de una moto náutica a la deriva, con dos personas, aparentemente en buen estado de salud.

Finalmente, un total de 35 personas han sido rescatadas y asistidas este lunes de madrugada tras llegar en pateras a distintos puntos de la costa de la provincia de Alicante, según ha informado Cruz Roja. Las embarcaciones han sido interceptadas en Poble Nou de Benitatxel, el Cabo de las Huertas y el Racó de l'Albir en Alfàs del Pi. Entre los rescatados hay menores, uno de ellos de 2 años; una mujer embarazada y una persona con movilidad reducida.

Según el último balance del Ministerio del Interior, en lo que va de año, hasta el 15 de agosto, un total de 31.155 migrantes han llegado a España de forma irregular, 12.410 personas más (es decir, un 66,2%) que en el mismo periodo de 2023 (18.745). Por vía marítima han llegado a España 29.512 migrantes, un 63,3% más que el mismo periodo de 2023 (18.069). Lo han hecho a través de 908 embarcaciones, 61 más que el año anterior (847).

Del total de migrantes que han llegado por vía marítima, 22.304 han entrado en Canarias, un 126,1% más (12.440) que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 9.864. Estos han llegado a bordo de 340 embarcaciones, un 80,9% más que en 2023, cuando llegaron 188.

Un cayuco ha llegado este domingo por sus propios medios a la isla de El Hierro con una mujer fallecida y 144 supervivientes, según han informado fuentes del 1-1-2, Cruz Roja y Salvamento Marítimo.

La embarcación llegó al puerto de La Restinga alrededor de las 01.20 horas sin que tuviera que actuar la salvamar de Salvamento Marítimo, con base en El Hierro, y entre sus ocupantes había varias mujeres y niños, según informa Europa Press.

El cayuco fue localizado al sur del municipio de El Pinar y las personas que iban a bordo fueron asistidas en el muelle por personal sanitario del SUC y de Atención Primaria.

Entre los ocupantes del cayuco se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer y otras tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Ntra. Sra. de los Reyes por diferentes patologías.

Ayer sábado otro cayuco llegaba a la isla de El Hierro con otro fallecido, un joven varón, y 55 supervivientes, de los cuales cuatro varones también tuvieron que ser trasladados al Hospital.

Las rutas marítimas que siguen los migrantes para llegar a España en patera o cayuco por el Mediterráneo y Canarias han matado en lo que va de año a 1.194 personas, una cada siete horas, según datos facilitados a EFE por la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM).

Según el balance a 30 de noviembre que realiza el programa "Missing migrants" ("Inmigrantes desaparecidos") de la OIM, casi tres de cada cuatro víctimas corresponden a la Ruta Canaria, donde se han dejado la vida este año 868 personas (el 72,6 % del total).

Ese número arroja un promedio de 2,6 muertes diarias rumbo a Canarias; o lo que es lo mismo, una cada nueve hora.

Las otras 326 perecieron tratando de llegar a España en barcas precarias a través del Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán o la Ruta Argelina a Baleares, toda una región que los organismos internacionales suelen catalogar como "Mediterráneo Occidental". Es casi un muerto diario en barcazas hacia la Península y Baleares.

Los datos que publica la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) indican que, hasta final de noviembre, habían llegado en patera o cayuco a España 13.507 personas por el Mediterráneo Occidental y 32.422 por Canarias.

Si el balance de muertos y desaparecidos de la OIM se cruza con el de llegadas y rescates de Frontex, se observa que este año ha muerto en el Atlántico un migrante por cada 37 que ha desembarcado con vida en Canarias y, en el Mediterráneo, y uno por cada 41.

No obstante, la OIM siempre precisa que sus cifras deben tomarse como un mínimo, porque reconoce que existe un buen número de naufragios en alta mar de los que no tiene ningún dato.

El número total de víctimas incluye un mínimo de 34 menores, 19 en la Ruta Canaria y 15 en el Mediterráneo Occidental, y no menos de 96 mujeres (84 en la primera ruta y 12 la otra). 

De acuerdo con el recuento de la OIM, en todos los meses de 2023 ha habido muertos y desaparecidos, tanto en Canarias como en el Mediterráneo. 

El mes más trágico ha sido noviembre, con doce muertes diarias (353 en Canarias y nueve en el Mediterráneo), seguido de julio, con casi seis diarias (147 en Canarias y 31 en el Mediterráneo); y agosto, con cinco diarias (75 en Canarias y 80 en el Mediterráneo).

En los registros que lleva el programa Missing Migrants este año hay muchos casos con una o dos víctimas, pero también tragedias con hasta 191 muertos y desaparecidos de una tacada.

Las más numerosas son las muertes por ahogamiento al naufragar la embarcación, pero en las rutas migratorias marítimas también perece un buen número de personas de frío, como ha ocurrido esta semana con un niño y un adolescente en un cayuco rescatado en Gran Canaria, o de hambre y sed, si se quedan sin provisiones y a la deriva.

Al menos 17 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas este lunes en el sureste de Perú, durante las protestas que piden la salida de la presidenta del país, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso, según informa Europa Press.

El Defensor del Pueblo peruano ha confirmado este balance de víctimas mortales, que incluyen a un menor de edad, tras enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.

"Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía de Perú a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos", ha comunicado el organismo.

"No corresponde a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista, y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país", ha agregado el Defensor del Pueblo.

Con todo, ha recordado que el derecho a la protesta es un derecho fundamental si se ejerce de manera pacífica, ya que por lo contrario se estarían cometiendo graves delitos. "Invocamos a la población a no realizar hechos de violencia respetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias", se puede leer en un comunicado.

El Gobierno Regional de Puno ha declarado tres días de luto —desde este martes al jueves— por el balance preliminar de las protestas, "en razón a los trágicos sucesos ocurridos". "(Nos) aunamos al dolor de las familias dolientes y (nos) solidarizamos con la población afectada", reza un decreto que exige investigaciones "contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región".

Anteriormente, congresistas del departamento de Puno emitieron un comunicado conjunto para exigir la renuncia de Boluarte después de los enfrentamientos registrados en la zona durante el fin de semana en la región, que dejaron una treintena de personas heridas, entre ellas varios periodistas.

Por otro lado, el aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho ha tenido que suspender este lunes de forma temporal sus operaciones "como medida de prevención" ante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía en la región, según RPP.

El Gobierno peruano ha anunciado que enviará una comisión de alto nivel a la zona en tensiones por las protestas antigubernamentales, que se han cobrado este lunes la vida de más de una decena de personas.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ha informado de que el fin de esta comisión es insistir en el diálogo y llevar ayuda humanitaria, al tiempo que ha acusado a los manifestantes de atacar el estado de derecho.

Otárola ha afirmado que se ha "producido un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y las instituciones", detallando que más de 9 mil personas se han aproximado al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2 mil han iniciado un ataque con armas "generando una situación extrema".

"Lo que está sucediendo es una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y quisieron derribar las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado y que hoy se ha dado un nuevo paso", ha argumentado.

El primer ministro ha vinculado a los manifestantes con el narcotráfico, garantizando que las autoridades capturarán y procesarán "a quienes están destruyendo el país financiados por intereses extranjeros y por el dinero oscuro del narcotráfico".

Asimismo, tras lamentar las muertes en el sureste del país, el premier ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos, según ha informado la agencia de noticias Andina.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha instado al Ministerio Público a iniciar una "exhaustiva investigación sobre los hechos", ya que considera que en este tipo de conflictos "nadie gana en el país".

"Hoy al mediodía, la violencia se exacerbó a límites delincuenciales, así lo dice el informe que recibió el Ministerio de Defensa recibió por parte de los mandos militares del sur, que comandaba al personal del Ejército que se encontraba en segunda línea en el aeropuerto de Juliaca", ha relatado Chávez.

El ministro del Interior, Víctor Rojas, ha asegurado que la Policía Nacional y el Ejército impidieron la toma del aeropuerto de Juliaca, acción que habría sido planificada desde la semana pasada, según ha indicado.

Así, ha insistido en que los agentes han logrado resguardar el aeropuerto, "controlando las turbas", en un "estricto respeto de los Derechos Humanos", ya que el conflicto habría estallado con el uso de bombas molotov y pólvora.

Además, la Conferencia Episcopal Peruana ha reprobado la muerte de los fallecidos y heridos, tanto de civiles como de policías, ya que han "recurrido a la ilegalidad" y al "uso desmedido de la fuerza", respectivamente.

"Necesitamos distinguir los justos reclamos de otros que no permiten un dialogo racional. No podemos dejar que el Perú se destruya por nuestras propias acciones ni dejarlo caer en un abismo institucional", han aseverado.

"Los Obispos de Perú invocamos al Gobierno a detener urgentemente en Puno, la violencia y las muertes, vengan de donde vengan; al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social", han zanjado.

Las protestas en Perú se iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y su acusación por rebelión al intentar cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias tras año y medio intentando gobernar al tiempo que lidiaba con las maniobras de la cámara, que a la tercera logró su destitución.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Perú, Bolivia y Ecuador ha mostrado este lunes su preocupación por la nueva escalada de violencia en las protestas en Perú y ha exhortado a las autoridades del país a respetar la proporcionalidad del uso de la fuerza.

"Nos resulta muy preocupante la continua escalada de violencia en las protestas en Perú, que ha llevado a la pérdida de decenas de vidas humanas y un incremento de personas heridas cada día", ha aseverado el CICR en un comunicado difundido en la red social Twitter.

El organismo ha hecho un llamamiento a las autoridades andinas a garantizar el respeto de los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad en el uso de la fuerza.

Asimismo, ha instado a "todos los actores concernidos" a respetar el paso de ambulancias y la labor de la misión sanitaria.

"El personal de salud es clave para llevar atención a las personas heridas. Cada minuto cuenta", ha remachado el CICR, recordando que la Cruz Roja Peruana se mantiene activa en distintas regiones del país.

En este sentido, ha recordado que la labor del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja "es neutral, imparcial e independiente".

"Actuamos sin tomar partido al llevar a cabo nuestra ayuda humanitaria sin distinción", ha añadido el organismo.

Cruz Roja y Cruz Roja Juventud han lanzado la campaña No desvíes la mirada, la violencia no se cuestiona para luchar contra la negación de la existencia de la violencia contra las mujeres, sobre todo, entre los jóvenes, según informa Europa Press.

Según advierte la ONG, desde el año 2019, "ha aumentado notablemente" el porcentaje de chicos jóvenes que manifiestan que la violencia de género "no existe", de acuerdo con los datos del estudio presentado a finales de 2021 por el Barómetro de Juventud y Género.

Cruz Roja analiza algunas de sus conclusiones, entre las que destaca el "importante aumento" de chicos jóvenes que creen que la violencia de género es un "invento ideológico" hasta alcanzar el 20% de la población, frente al 12% prepandémico; o la expansión de la opinión de que la violencia "es inevitable".

Si bien, la ONG recuerda que, en 2021, cerca de 61.000 mujeres necesitaron la atención especializada de Cruz Roja, junto a sus hijos e hijas, a través del programa Mujeres en dificultad social.

"La violencia machista no se cuestiona y es algo que debe entender toda la población para poder seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa y recorrer el camino que nos falta para conseguir una igualdad plena", ha subrayado la directora de Cruz Roja Juventud, Paula Rivarés.

La organización señala que "la falta de educación" es uno de los grandes factores que influyen en la violencia de género y, por ello, subrayan la importancia de la realización de campañas de sensibilización en materia de igualdad de género.

Entre las respuestas que ofrece Cruz Roja se encuentran los dispositivos de acogida temporal a mujeres en dificultad social, a las que acceden anualmente unas 1.500 mujeres y sus hijas e hijos.

Además, cuenta con el recurso estatal de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, Servicio Atenpro teléfono de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, prestado por Cruz Roja, que atiende cada año alrededor de 23.000 mujeres.

Asimismo, trabajan con los hijos e hijas de las víctimas para fomentar su participación social a través de talleres de Autoexpresión y empoderamiento en el proyecto Alzando la Voz.

Por otro lado, la Unidad de Trata de Cruz Roja acompañó, en 2021, a 1.308 mujeres, de las cuales 750 estaban en contextos de prostitución y explotación sexual y 558 en situaciones de trata.

Igualmente, destacan otros proyectos como Espacio Propio, con el que Cruz Roja Juventud propicia la creación de espacios seguros para las mujeres en contextos de ocio; o la iniciativa del SEPE implementada por Cruz Roja En Clave de Cambio, en la que 400 mujeres víctimas de violencia de género están realizando itinerarios de inserción con compromiso de contratación.

Según destaca la organización, desde los servicios de empleo de Cruz Roja, se atiende a más de 1.000 víctimas de violencia de género al año, de las cuales, una de cada dos, encuentra un empleo.

Al mismo tiempo, la organización trabaja con mujeres mayores que han sufrido situaciones de maltrato, a través de su proyecto Buen trato a personas mayores. Promoción del trato adecuado y protección ante el maltrato; y con mujeres y niñas migrantes y refugiadas, por medio de sus programas de Acogida e integración de solicitantes de protección internacional y de Atención Humanitaria a Inmigrantes.

 En 2022, las mujeres y niñas representaron el 17% de las personas atendidas, de las cuales, el 41% ha manifestado o se ha detectado indicios de haber sufrido algún tipo de violencia (763 mujeres y niñas). Además, dentro del programa de Asilo, han sido acompañadas alrededor de 200 mujeres.

Cruz Roja ha registrado un repunte en la demanda a su servicio de atención psicológica. Las cifras de llamadas a Cruz Roja Responde rondan más los datos pandémicos registrados en 2020 que los de 2021 y en los ocho primeros meses de 2022 se ha registrado un 61% más de llamadas que en todo 2021, según informa Europa Press.

Personas mayores de 65 años y jóvenes representan el 90% de las personas usuarias del servicio, las que están en situación de soledad no deseada suponen 44%, y con problemas de ansiedad o bajo estado de ánimo más del 70% de los casos.

La combinación de diversos factores como el incremento de precios de alimentos, el impacto socioeconómico de la pandemia, los desastres asociados a la crisis climática y el conflicto en Ucrania impactan negativamente y de forma "exacerbada" en el bienestar y la economía de la población, especialmente en la más vulnerable, según Cruz Roja.

Ante la conmemoración del día mundial de la salud mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, Cruz Roja ve fundamental abogar para que la salud mental sea una prioridad a nivel social y gubernamental. En este sentido, Cruz Roja y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja han expresado su preocupación por la posibilidad de una reducción o falta de incremento en la inversión de la salud mental.

Desde su puesta en marcha en 2020, el servicio de atención psicosocial Cruz Roja Te Escucha ha atendido más de 14.000 llamadas de personas que sufren malestar emocional provocado por la ansiedad, el estrés o la depresión.

Entre abril y diciembre de 2020 se llegaron a atender más de 5.650 llamadas; tras la época más dura de la pandemia y el confinamiento, el número de atenciones se redujo en 2021 hasta atender en todo el año 3.491 llamadas. Sin embargo, con datos cerrados a 31 de agosto de 2022, Cruz Roja ha atendido 5.242 llamadas, lo que supone ya un 61% más.

Llama especialmente la atención el aumento considerable de llamadas realizadas por menores de edad, que pasan del 5% del total al 12%, lo que en términos absolutos significa pasar de 147 llamadas a 845, multiplicando casi por cinco la demanda.

Las personas que han llamado a Cruz Roja Te Escucha en 2022 se encuentran en situación de soledad no deseada en su mayoría (44%); seguidas de personas con problemas relacionados con el empleo (19%) y las que presentan enfermedad mental (13%).

Un 38% de las personas que han descolgado el teléfono para hablar con Cruz Roja han manifestado problemas de ansiedad y un 35% bajo estado de ánimo; el duelo por el cambio vital (10%) y los problemas de pareja o de relaciones sociales (7% cada uno) son otros de los problemas registrados, en los que la ideación suicida aparece en un 3% de los casos.

Cruz Roja también ha detectado entre las llamadas recibidas 1.524 casos de personas que necesitaban ayuda adicional a la psicológica con la cobertura de necesidades básicas; es por ello que a este 10,6% de personas usuarias se las ha derivado de manera interna a otros departamentos para que puedan recibir la ayuda correspondiente.

En cuanto al lugar de residencia, el 29,8% de las llamadas proceden de la Comunidad de Madrid, seguidas de Andalucía (18.91%), Galicia (9,18%) y la Comunidad Valenciana (7,89%), Canarias (6,53%), Castilla y León (5,44%), Castilla-La Mancha (4,5%), Cataluña (5,26%)Aragón (2,32%), Murcia (2,2%), País Vasco (2,17%), Asturias (1,52%), Extremadura (1%), Baleares (0,97%) Cantabria (0,6%), Navarra (0,64%), La Rioja (0,35%), Ceuta (0,3); Melilla (0,17%). Asimismo, un 0,1 % de las llamadas procedían del extranjero.

En función de las necesidades de las personas, el servicio ofrece orientación psicológica a todas las personas que contactan, con pautas para el desahogo emocional y orientación en la búsqueda de recursos; asistencia psicológica para aquellas personas que presentan situaciones más complejas o síntomas de trastornos psicológicos que deben ser tratados por profesionales de la psicología clínica o sanitaria; y acompañamiento psicológico y psicosocial, para aquellas personas que lo que demandan es sentirse acompañadas por encontrarse en una situación de soledad no deseada o estar viviendo un momento especial de sufrimiento vital motivado por diferentes causas.

Como novedad, desde mayo de 2022, Cruz Roja Te Escucha cuenta con servicio de traducción que permite atender a las personas en más de ochenta idiomas diferentes; también ha contado con atenciones puntuales especiales, como durante la emergencia del volcán de La Palma en la que se estableció una línea especial para los hogares afectados por la emergencia en la isla, que sigue en funcionamiento a día de hoy. Y que ha atendido más de 500 llamadas.

Un total de 710 personas en situación de trata y explotación sexual han sido atendidas en lo que va de año por Cruz Roja, que ha detectado un aumento en esta lacra y que avisa que, de mantenerse la misma tendencia, se superará el número de atenciones de 2021, que ascendió a 1.384 personas, según informa Europa Press.

Con motivo de la celebración este sábado del Día Mundial contra la Trata de Personas, Cruz Roja reclama una ley integral de Lucha contra la Trata que contemple a todas las personas (adultas y menores) que atraviesan estas situaciones en cualquier tipo de explotación.

De las 710 personas atendidas, 263 son mujeres en explotación sexual, 198 de ellas de origen marroquí; otras 362 son personas en situación de trata con fines de explotación sexual: 6 hombres, 12 hijos y 2 hijas de madres en situación de trata, y 342 mujeres, 86 de ellas, colombianas, y 25 españolas.

Además de la situación de trata con fines de explotación sexual, los fines de explotación laboral hacen que 12 hombres y 12 mujeres, en su mayoría de nacionalidad de Costa de Marfil, han sido atendidas por Cruz Roja, así como otras 8 para actividades ilícitas (3 hombres, 4 mujeres y una niña), 4 hombres senegaleses para mendicidad y una mujer joven siria para matrimonio forzado.

La organización denuncia que la trata es una vulneración de los derechos humanos que requiere respuestas coordinadas locales y globales y por ello, destaca que lleva 20 años dando una respuesta especializada a las personas en esta situación, la mayoría de ellas mujeres migrantes.

Por ello, Cruz Roja, que forma parte de la Red Española de Lucha contra la Trata, aboga por una Ley Integral de Lucha contra la Trata que contemple a todas las personas (adultas y menores) que atraviesan por estas situaciones en cualquier tipo de explotación y que tenga un enfoque de género interseccional.

Asimismo, reclama la ampliación y el refuerzo de las medidas de protección especialmente para las personas más vulnerables, entre las que se encuentran muchas personas en situación irregular.

Hasta un 75% de las familias vulnerables atendidas por Cruz Roja afirman no poder mantener la temperatura adecuada en su vivienda, especialmente en invierno. Además, un 23% de estas familias aseguran no disponer de calefacción frente al 10% que fija el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) entre el conjunto de la población nacional, según informa Europa Press

La zona climática con un mayor número de familias que afirman no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano y/o en invierno es la que comprende Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (82%), seguida por la Continental (76%) y por último la Mediterránea (72%).

Estos datos se desprenden del análisis de proyectos de Cruz Roja de lucha contra la pobreza energética en 2021 que se han hecho públicos este miércoles.

A nivel nacional, los últimos indicadores publicados correspondientes al año 2020 revelan que el 10,9% de la población no es capaz de mantener la temperatura adecuada en su hogar en invierno. Al tratarse de familias vulnerables, en la muestra de hogares atendidos por Cruz Roja este porcentaje es muy superior.

En cuanto al consumo eléctrico medio de las familias a lo largo del 2021 se ha situado en torno al 11% por debajo de la media nacional; y esto se produce a pesar de contar con viviendas y equipamientos menos eficientes, por lo que puede deducirse que las familias atendidas no alcanzan el grado de confort necesario y no disponen del mismo número de electrodomésticos que la media nacional.

Cruz Roja, además, constata la necesidad de formación y capacitación en materia energética, tanto para el ahorro y eficiencia en su consumo, como para comprender la propia factura de la luz, ya que el 88% de sus usuarios y usuarias aseguran no entenderla.

El ahorro potencial medio por familia atendida por Cruz Roja detectado es de 178 euros al año, correspondiente a un 24% de su factura; esta cifra, especialmente, se debe, según la entidad social, al alto número de familias con derecho al bono social que no lo están percibiendo, que alcanza el 69%, o a contratos no optimizados (17%). La automatización en la concesión del bono social por criterios de renta, reivindicación de muchas entidades sociales, acabaría en parte con esta situación.

El estudio de Cruz Roja también revela que el 40% de los hogares tienen un frigorífico en mal estado, y un 78% de las viviendas no cuentan con iluminación LED. Ambos factores, por ser tecnologías obsoletas y en mal estado, repercuten directamente en el consumo de las familias. A estas vulnerabilidades también se les suman las humedades en las viviendas, infiltraciones de aire en puertas y ventanas o la falta de agua caliente.

La entrega de material en los kits de eficiencia energética por parte de Cruz Roja y la sustitución de electrodomésticos tiene como objetivo la reducción del consumo y/o la mejora del confort. Se ha estimado que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan de estas actuaciones, roza las 999 Toneladas de CO2.

Cuando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio de 2020, aseguró que 830.000 hogares eran potenciales beneficiarios de la ayuda, lo que se traducía en 2,2 millones de personas acogidas al paraguas de la prestación, pensada para proteger a quienes padecen pobreza severa. Sin embargo, con las últimas cifras facilitadas por el ministerio, un año y medio después de su puesta en marcha, sólo la han solicitado 1,52 millones de personas. No porque haya menos pobres de los que pensaban los técnicos de Escrivá sino porque el 67,8% de los posibles solicitantes ni se han acercado a una oficina pública para pedirlo y otros 6,2% lo han hecho, pero se han marchado antes de firmar o lo intentaron con un ordenador y no pudieron concluir el trámite. Son datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa, realizada a 7.000 hogares considerados población diana del IMV. Una muestra de los 5,3 millones de personas que viven en pobreza severa en España tras el covid-19.

“El IMV ha tocado techo”, resume José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, “se fue acelerando en 2021 pero en los últimos mese se ralentizó y ni de lejos se ha llegado a esos 2,2 millones de beneficiarios totales”. En efecto, según las cifras que publica el ministerio –sin periodicidad fija, sólo cada dos o tres meses– entre marzo y mayo de 2021 las solicitudes totales experimentaron un empujón que superó las 200.000, pero desde entonces el ritmo se ha frenado considerablemente. De mayo a octubre sólo se presentaron 10.473 nuevas peticiones, cuando lo normal era que cada dos meses hubiera más de 100.000. Los últimos datos que ha proporcionado Seguridad Social corresponden a diciembre, pero el ministerio no ha dado una cifra precisa. “Son más de millón y medio”, asegura a infoLibre, sin concretar más. La Fundación Civio aporta el dato de 1.525.247 solicitudes a “finales de 2021”, que le fue facilitado tras reclamarlo a través del Portal de Transparencia. De forma que, usando esa cifra, hubo un aumento de 71.595 nuevas solicitudes entre octubre y diciembre de 2021, un tercio de la que se presentaron entre marzo y mayo.

La misma evolución se observa al considerar los expedientes considerados válidos: entre marzo y mayo superaron los 170.000 nuevos, pero entre octubre y diciembre ya fueron sólo 52.096 los validados.

El fenómeno no es una peculiaridad nacional ni siquiera un defecto intrínseco del IMV. Más bien se trata de una constante en este tipo de ayudas “no automáticas” y “condicionadas”, explica Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España. De hecho, según un estudio de Eurofound, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, en cada uno de los estados de la UE hay al menos una ayuda que no reciben una tercera parte de sus potenciales beneficiarios. En Francia, en 2014, hasta el 64% de los posibles receptores del ingreso de solidaridad no lo habían solicitado y en Alemania entre el 33,8% y el 43% de quienes tienen derecho al Grundsicherung (prestación mínima), mientras que en los Países Bajos el 47% de los posibles perceptores de la ayuda especial de subsistencia tampoco la habían pedido.

Es lo que se conoce como non-take up, la no reclamación del derecho. Las personas para quienes está pensada la ayuda se excluyen por diferentes motivos. Es habitual que quien sufre pobreza extrema carezca de un ordenador o siquiera de acceso a internet, también de conocimientos y habilidades informáticas mínimas. O no tiene vivienda. O sufre enfermedades y adiciones. Todo ello dificulta su acceso a la Administración.

Pero también hay “desconfianza”, apunta Graciela Malgesini. “En poblaciones pequeñas, hay quien no quiere que se sepa que han pedido la ayuda”, explica, “o en algunas comunidades dudan si dejar la renta mínima autonómica por el IMV cuando tardan meses en contestar y no saben si te la van a dar, o saben que se la han denegado a otros y no se atreven a hacer el cambio”. Además, asegura que el régimen sancionador del IMV “asusta” y disuade a muchos.

Los inmigrantes irregulares, los menores de 23 años sin hijos, las personas que viven en instituciones o en viviendas compartidas, o cualquier que tenga problemas para empadronarse son algunos de los perfiles que han quedado excluidos del IMV. Para hacerse una idea de lo que representan estos grupos, basta con recordar que en España puede haber unas 30.000 personas sin techo, según EAPN, y que la tasa de pobreza severa entre los extranjeros –27,2% los comunitarios y 26,4% los extracomunitarios– cuadriplica la de los españoles –6,7%–. Unos y otros tienen dificultades adicionales para solicitar el IMV por sus carencias documentales.

Consciente de ello, el Ministerio de Seguridad Social ha pedido su colaboración a ONG y organizaciones del llamado tercer sector, para que sean ellas las que se acerquen a los potenciales beneficiarios y lleguen hasta donde ahora no ha sido capaz de alcanzar la administración. Ha creado un registro de mediadores donde deben inscribirse estas entidades para poder asesorar y acreditar –emitiendo certificados– la situación de vulnerabilidad de los posibles perceptores del IMV. Por ejemplo, podrán ayudar a quienes carezcan de domicilio.

Pero hasta el momento, sólo se ha registrado la Cruz Roja. Cáritas ya ha presentado la documentación necesaria para inscribirse, lo que hará una vez que cada una de las 70 organizaciones diocesanas haya aprobado el movimiento, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Análisis Jurídico de la institución. Que la norma sólo permita el registro a organizaciones sin ánimo de lucro que dispongan de puntos de atención directos en todas las comunidades autónomas y lleven al menos tres años trabajando con personas en riesgo de exclusión social limita en gran medida el número de las entidades que pueden colaborar en la tarea. Así que, bajo el paraguas de la plataforma EAPN, van a registrarse entidades con menor implantación territorial, desde la ONCE y el Secretariado Gitano hasta Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y Plena Inclusión (Personas con Discapacidad Intelectual). Con la ayuda de estas organizaciones, el ministerio calcula que deberían incorporarse entre 20.000 y 40.000 nuevos beneficiarios.

“Cáritas ya tiene a una persona en cada diócesis encargada del IMV y en algunas, un equipo específico para tramitarlo”, destaca Ana Abril, quien no escatima críticas al diseño de la prestación. Que las entidades del tercer sector social asesoren y certifiquen “aportará algo”, apunta, pero será un “impacto menor”.

El ministerio también ha lanzado una campaña de detección de posibles beneficiarios del IMV, enviando SMS a personas que, según los registros de Hacienda, podrían solicitarlo. “Pero, de momento, su tasa de respuesta está siendo baja”, advierte José Antonio Noguera. Se trata de una encuesta en la que Seguridad Social les pregunta “por qué no han pedido el IMV”. Noguera asegura que es la primera campaña de detección del non-take up que conoce.

La respuesta a la pregunta de Escrivá la han dado ya las organizaciones que conocen la exclusión social. Según la encuesta de la Fundación Foessa, incluida en el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, el 56,8% de los hogares en pobreza severa, es decir, con ingresos por debajo del 40% de la mediana –6.417,35 euros–, no ha recibido información sobre el IMV. Otro 10,7% ha recibido información, pero no la suficiente para solicitarlo, y un 7,9% dice que tiene información, pero no necesita la ayuda. Un 6,2% ha intentado solicitarla, pero ha encontrado “barreras” para hacer el trámite: o ha acudido a la oficina correspondiente pero no ha conseguido cita o ha tratado de iniciarlo por ordenador y no lo ha podido finalizarlo. En resumen, sólo el 25% de los potenciales beneficiarios del IMV lo han solicitado.

Si a ese bajo alcance se le suma el alto porcentaje de denegaciones, la cobertura del IMV pierde más fuelle aún. Con las cifras de octubre de 2021, el 71,4% de las solicitudes tramitadas fueron rechazadas, un total de 888.458, mientras que otras 18.638 se encontraban pendientes de subsanación de errores. Casi la mitad de las denegaciones se deben a que los solicitantes superan el nivel de ingresos, “una de las barreras más excluyentes”, según el informe de Foessa.

Ana Abril dirige sus críticas a los “problemas de diseño” del IMV, que se mantienen pese a las mejoras aprobadas por el ministerio en el año y medio largo de vida de la prestación. “La cuantía es tan baja [484 euros al mes para un adulto solo y con un máximo de 1.064,84 euros por cada familiar adicional] que no cubre a todas las personas que se encuentran en situación de pobreza severa”, advierte para empezar. Y luego se producen los “errores de salto”: a veces por 10 o 20 euros una persona se queda fuera de los requisitos de renta, aunque no por ello deja de ser pobre severo. O por incumplir por seis meses el requisito de edad.

Un grupo que puede ser perfecta diana del IMV es la población gitana, cuyo porcentaje de pobreza severa es mayor que el promedio nacional. Pues bien, según las cifras del Secretariado Gitano, en 2020 ayudaron a tramitar 8.042 solicitudes del IMV, de las que fueron positivas sólo un 10%, por debajo del 14% que era el porcentaje de aprobación media nacional ese año.

Además, las trabas burocráticas se convierten en muchos casos en una “carrera de obstáculos en la que los solicitantes se quedan por el camino”, por lo difícil que resulta acreditar ciertos requisitos. Graciela Malgesini lo califica de “violencia administrativa”. Ana Abril también habla de una “administración ausente”, que está prescindiendo de servicios presenciales mientras quienes deben recurrir al IMV “no tienen ni un ordenador ni conexión a internet ni competencias digitales”.

Ausente, violenta y poco transparente. “No explican las razones de la denegación, o por qué se concede una cuantía y no otra, más que de forma genérica, lo que no permite recurrir”, protesta la responsable de EAPN. Además, los receptores del IMV deben someterse al año siguiente de que se les reconozca la prestación a una “regularización de las cuantías abonadas” hasta ese momento, que se comparan con el promedio mensual de sus ingresos y rentas. “Los sometidos a la regularización en diciembre aún no saben si deben devolver alguna cantidad que cobraron de forma indebida”, lamenta Ana Abril.

Por eso Graciela Malgesini reclama la “desburocratización” del procedimiento de solicitud del IMV, y la apertura de una ventanilla única que permita la atención personalizada de los potenciales beneficiarios. Incluso cree que debería irse más allá y apostar por la “automatización del acceso a los derechos sociales” en general. Ana Abril pide que las orientaciones de la Seguridad Social sean públicas, para que quienes ayudan a los solicitantes del IMV desde las organizaciones del tercer sector estén al tanto de los cambios normativos y se reduzca la incertidumbre que acompaña a la (larga) tramitación de la ayuda.

Unos 106 inmigrantes han llegado a la isla de Lanzarote –72 personas– y La Graciosa –34 personas– en las primeras horas de este lunes a bordo de tres pateras, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias y recogido Europa Press.

La primera de las pateras de este lunes ha arribado sobre las 03.30 horas a la playa de Los Caletones, en Haría (Lanzarote), con 37 inmigrantes a bordo, entre los que viajaban dos mujeres y un menor, que tras ser asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Cruz Roja se comprobó que estaban en aparente buen estado de salud. Finalmente, quedaron a disposición policial.

En cuanto a la segunda embarcación irregular alcanzó también la costa de Haría por sus propios medios sobre las 07.30 horas, arribando en la zona de Caletón Blanco con 35 migrantes, todos ellos menores excepto un adulto.

En este caso, los ocupantes de la patera fueron también valorados por el dispositivo sanitario de SUC y Cruz Roja que tuvieron que trasladar a un hombre a un centro sanitario por policontusiones.

Por su parte, de la tercera patera se ha tenido conocimiento sobre las 08.15 horas cuando la ambulancia de Emerlan, que se encuentra en la isla de La Graciosa, ha informado de que una embarcación de Líneas Romero –que realiza el trayecto entre Lanzarote y La Graciosa– hacía el acompañamiento de una patera hasta el puerto de Caleta de Sebo.

Al llegar a La Graciosa, el personal de Emerlan y del centro de salud de la isla han atendido a 34 inmigrantes magrebíes, 31 de ellos varones y tres mujeres, que se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, la Guardia Civil ha ordenado el traslado de todos los migrantes hasta el muelle de Órzola, en Arrecife (Lanzarote), donde fueron valorados nuevamente por personal del SUC y Cruz Roja.

La pandemia de covid-19 ha "sacudido" a las familias con hijos a cargo que viven en España y que antes de la emergencia sanitaria estaban empezando a "salir del túnel", según un análisis de Cruz Roja Española, el cual revela que el 83% de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por la ONG viven en pobreza extrema.

"En los últimos años antes de la pandemia habíamos notado mejoras en las condiciones de vida de la gente, tenían otros retos, como salir de los empleos que generan pobreza, pero esta pandemia ha sacudido de nuevo a las familias que estaban empezando a salir del túnel", ha advertido la directora de Estudios e Innovación social de Cruz Roja Española, Estrella Rodríguez, según recoge Europa Press.

Así lo ha indicado este martes durante la presentación del nuevo Boletín sobre la Vulnerabilidad Social número 22 de Cruz Roja, que lleva por título La crianza en la Primera Infancia, y que analiza la vulnerabilidad social de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por la organización y el impacto que la pandemia ha tenido sobre ellas.

De los datos se desprende que la situación, que era ya "grave" antes de la pandemia, ha empeorado "sustancialmente" en el contexto actual: el 96% de los hogares está en riesgo de pobreza y exclusión social y el 54% experimenta privación material severa.

Además, revela que más del 31% de las familias con niños de 0 a 6 años no pueden permitirse una comida con proteína al menos tres veces por semana, como es recomendable; y tres de cada cuatro tampoco pueden asumir gastos de salud de sus hijos e hijas como gafas, audífonos o copagos.

"El efecto de la pandemia está siendo dramático para determinados hogares, la pérdida del empleo, no poder encontrar trabajo, está suponiendo un agravante de las circunstancias que tienen que afrontar las familias", ha subrayado Rodríguez.

Según el informe, el nivel medio de ingresos de las familias encuestadas es de 762 euros al mes (por hogar), aunque una de cada tres ingresa menos de 500. El porcentaje es superior en el caso de las familias monoparentales, donde son un 47% las que tienen ingresos por debajo de 500.

En todo caso, el coordinador general de Cruz Roja, Toni Bruel, ha aclarado que "no es cierto que sea una población que busca la asistencialización" pues de esos 762 euros de media que reciben, menos de una tercera parte corresponden a ayudas y, en su mayoría, estas son por becas de estudios o de comedor.

Cruz Roja Española se ha disculpado por una fiesta con personas en situación irregular en Las Palmas de Gran Canaria y ha abierto un expediente para identificar a los responsables.

Así lo ha indicado Cruz Roja Española, después de que se difundieran unos vídeos en los que se ve a al menos medio centenar de personas, entre las que se encontraban algunas voluntarias de la ONG, en un hotel de la isla bailando al ritmo de la música, con mascarillas pero sin respetar la distancia de seguridad.

"Al hilo de los acontecimientos sucedidos en Canarias, desde Cruz Roja lamentamos profundamente estos hechos y ayer mismo se abrió un expediente para identificar responsabilidades", asegura la organización en un mensaje a través de Twitter recogido por Europa Press.

Ante los mensajes críticos de los usuarios de la red social, Cruz Roja ha respondido expresando sus disculpas por lo sucedido. "Sentimos mucho haber perdido su confianza y esperamos poder ganarla de nuevo", indican en respuesta a algunos de los mensajes.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y Cruz Roja Española han lanzado una campaña en la que piden "paciencia" a los mayores para que permanezcan en casa durante "el tiempo necesario en esta situación" y en la que pide a los más jóvenes a extremar el cuidado y la atención, no física, con ellos, sobre todo con quienes viven solos.

La campaña '#YoHagoPorTi', lanzada a través de Internet, medios de comunicación y redes sociales, Protección Civil y Cruz Roja piden movilizarse por los mayores sin salir de casa; mantener con familiares y amigos el contacto, sobre todo con los más mayores.

Además, aconseja estar pendiente de los vecinos o mayores conocidos que viven solos para saber si necesitan algo y si se encuentran bien. También recuerdan que en caso de necesidad se puede ayudar a los mayores haciéndoles la compra o yendo por ello a las farmacias siempre que se tomen las adecuadas medidas de prevención, como mantener la distancia a 1,5 o 2 metros, lavarse las manos antes y después de la gestión y taparse la mano con el brazo a la hora de toser.

Asimismo, recuerdan la importancia de que en caso de tener que entrar en la casa de un mayor, es preciso tratar de no tocar nada y ayudarles a evitar intentos de abuso o engaño recomendándoles que no abran a ningún desconocido.

En definitiva, Protección Civil y Cruz Roja insisten en que una llamada a los que más atención necesitan en estos momentos es "siempre de gran ayuda".

Cruz Roja Española ha lanzado el Plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19, un programa de actuación y respuesta para los próximos dos meses, que pretende alcanzar a más de 1,3 millones de personas con un presupuesto estimado de 11 millones de euros, y que consiste en dar atención y acompañamiento telefónico, entrega de bienes básicos, apoyo en el empleo y alojamiento para personas sin hogar.

El plan pretende movilizar a más de 40.000 personas voluntarias que materializarán las respuestas previstas en todo el Estado a través de sus más de 1.400 puntos de atención. En concreto, casi un millón de personas recibirán acompañamiento telefónico, 25.000 familias recibirán bienes básicos, 16.000 personas serán apoyadas en materia de empleo y 3.000 personas sin hogar tendrán un lugar para dormir, según informa la ONG en un comunicado. Este programa supone, según la organización, "la mayor movilización de recursos, capacidades y personas" que han hecho en su historia, y ya se está materializando gracias a los recursos propios de la ONG, contribuciones la de Administración Pública, empresas y particulares, y más de 8.000 nuevas personas que se han ofrecido como voluntarias hasta la fecha.

100 infraestructuras hopitalarias temporales

En el área de socorros, Cruz Roja desplegará los recursos y herramientas de la Unidad de Emergencias en coordinación con las autoridades competentes: apoyo al servicio 112, cien ambulancias para la movilización de afectados, construir 100 infraestructuras hospitalarias temporales, 42 equipos de intervención psicosocial a disposición de personas afectadas e intervinientes, montaje de espacios de alojamiento para 3.000 personas en situaciones especiales sin domicilio, 5.000 equipos de protección individual y distribución y entrega de 20.000 mantas y 9.000 kits con productos básicos.

En cuanto al área de inclusión social, Cruz Roja recuerda que más de 12 millones personas en España, más del 26% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, "siendo las que actualmente se encuentran aisladas y en confinamiento, viviendo una situación de mayor vulnerabilidad". Por ello, con este plan, 720.000 personas vulnerables ante el COVID-19 recibirán llamadas dentro de la campaña especial de cuidado y seguimiento. Atendiendo al empleo, la ONG señala que "el crecimiento de los ERTE, el paro y la actividad laboral están poniendo en situación de vulnerabilidad a una gran parte de la población". En esta línea, Cruz Roja pondrá medidas para aminorar el impacto económico y de empleabilidad en la sociedad, reforzando su servicio multicanal de empleo.

Seguimiento telemático de biomedidas

En el área de salud, la organización recuerda que a día de hoy alrededor de un 40% de las personas contagiadas están ya hospitalizadas. Por ello, dentro del plan Responde de Cruz Roja, 10.000 personas recibirán seguimiento telemático de biomedidas, y se creará una línea de atención Multicanal Covid-19 a nivel nacional: por teléfono, mail y redes sociales, que estará activa de lunes a domingo desde las 9,00 hasta las 21,00 horas.

Además, ante el cierre de escuelas y centros educativos que "está dejando aislados, y en muchos casos sin acceso a formación y apoyo educativo, no solo a niños y niñas, si no a cualquier persona que esté en un proceso formativo", Cruz Roja ha decidido las siguientes medidas: 300.000 personas realizarán el curso sobre COVID-19 creado por Cruz Roja, 50.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja ampliarán su formación, 5.000 personas voluntarias y personal interviniente recibirán nuevas competencias técnicas y 3.000 niños y niñas recibirán apoyo educativo, formativo y de ocio a través del programa de Éxito Escolar de Cruz Roja, que ahora pasará a ser virtual.

Finalmente, en el área de medio ambiente, 50.000 personas recibirán formación y sensibilización sobre el uso del agua, electricidad, gestión de residuos y compra responsable, y la ONG promoverá hábitos de consumo responsable. En cooperación internacional, Cruz Roja apoyará al 20% de países de mayor riesgo y a países en fase de preparación.

El 45% de los españoles cree que la mayoría de los extranjeros que quieren llegar a España como refugiados realmente no lo son, sino que se desplazan de país por razones económicas o para aprovechar los servicios de bienestar, una cifra que supone cuatro puntos más que en 2017.

Así se desprende del nuevo estudio global de Ipsos 'Actitudes globales hacia los refugiados', realizado para conmemorar el Día Mundial del Refugiado que se celebra este jueves 20 de junio. Para elaborar el informe se ha entrevistado a 18.027 personas de 16 a 64 años, en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Perú, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sur África, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y Estados Unidos.

Respecto a esta opinión, España se sitúa a la cola del ranking, en el puesto número 23, por delante de Brasil (40% de los ciudadanos están de acuerdo con que los extranjeros que llegan a su país no son verdaderos refugiados) y Japón (37%).

En la mayoría de los países, existe un apoyo mayoritario a favor del derecho de las personas a buscar refugio, con la excepción de Bélgica, Hungría y Japón, donde es menos probable que las personas estén de acuerdo (50%, 43% y 23%, respectivamente). Los encuestados en Argentina (74%), Chile (73%) y Gran Bretaña (72%) son los que más defienden este derecho. En este caso, el 69% de los españoles defiende que las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluso en España, para escapar de guerra o persecución.

Preguntados sobre si se deben cerrar por completo las fronteras a los refugiados, el 35% de los españoles cree que sí, frente a un 54% que rechaza esta idea. En 2017, el porcentaje de españoles que respondía a favor era del 40%, lo que supone una caída de cuatro puntos en dos años. Así, España se sitúa en el puesto 19 de 25 países. Los más proclives a cerrar sus fronteras son India (el 64% de los encuestados está a favor), Turquía (59%) y Suecia (51%).

En términos globales, el informe revela que seis de cada diez (61%) encuestados en todo el mundo están de acuerdo en que las personas deben tener derecho a refugiarse en otros países para escapar de la guerra o la persecución, frente al 25% que se muestra en desacuerdo.

De este modo, los encuestados en muchos países de América Latina, por ejemplo, Argentina (74%), Chile (73%), Perú (70%) y México (67%) tienden a estar más de acuerdo en que las personas deberían tener derecho a buscar refugio en comparación con muchos países europeos. Junto con Hungría (43%), los niveles de acuerdo son más bajos en Bélgica (50%) y Alemania (57%).

Por otro lado, cuatro de cada diez (38%) piensan que la mayoría de las personas refugiadas se integrarán con éxito en la nueva sociedad, lo que representa cinco puntos menos que en 2017. En el caso de España, que ocupa el puesto 14, un 38% de los encuestados está de acuerdo, un punto menos que hace dos años. Los más optimistas son los ciudadanos de India (68%), Argentina (58%) y Arabia Saudí (55%).

Crece el apoyo al cierre de fronteras

Además, los resultados del estudio indican que cuatro de cada diez (40% de media) creen que sus fronteras deberían estar completamente cerradas para los refugiados, un punto más que hace dos años y frente al 46% que no está de acuerdo. Esta proporción de desacuerdo (es decir, mantener las fronteras abiertas) ha caído cinco puntos en dos años, del 51% al 46%.

Según el estudio, los países donde las opiniones se han endurecido más sobre el cierre de sus fronteras desde 2017 incluyen a México (un aumento de 16 puntos del 22% al 38%) y a Perú (un aumento de 15 puntos del 25% al 40%), que han visto un aumento de personas que buscan asilo procedentes de países vecinos. En Serbia el acuerdo también ha aumentado 13 puntos, del 38% al 51%.

La investigación señala que más de la mitad (54%) de los entrevistados cree que la mayoría de los extranjeros que quieren entrar en otro país como refugiados realmente no lo son, sino que se trasladan por razones económicas o para aprovechar servicios de bienestar, lo que supone dos puntos más que hace dos años. Los escépticos están en la India (70%), Turquía (69%) y Sudáfrica (66%).

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