Un fallo en los frenos es una de las hipótesis que se barajan en la investigación del accidente del autobús turístico ocurrido este viernes en La Gomera, que se ha saldado con uno de sus ocupantes fallecido, un turista británico de 77 años, y otros 27 heridos.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE señalan que esta es una de las hipótesis con las que se trabaja en estos momentos, a la espera de conocer los resultados definitivos de la inspección en el lugar del siniestro, y tras lo manifestado por el conductor tras el siniestro.

El accidente ha ocurrido sobre las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando el autobús turístico de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.

Según fuentes de los servicios de emergencias, ha fallecido un británico de 77 años, y el resto de los ocupantes y el conductor, han resultado heridos.

En esa misma carretera se produjo el año pasado otro siniestro similar prácticamente en la misma zona, en el que murió una mujer de 73 años.

El conductor del autobús accidentado este viernes es un profesional experimentado y está familiarizado con la vía en la que se produjo el siniestro, según han informado a EFE fuentes de la empresa Gomera Tours, que no ha podido contactar todavía con él. Según estas fuentes, el conductor tiene unos 50 años, y está hospitalizado.

El grupo de turistas se había alojado en Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, y se dirigía al muelle de San Sebastián de La Gomera para tomar un ferri rumbo a Tenerife.

Se trata de una ruta que "se hace prácticamente todos los días", abundan las fuentes consultadas por EFE, al igual que otras que opera la compañía en La Gomera.

Ningún autobús de esta empresa había sufrido hasta la fecha un accidente de tal gravedad.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” –su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles– nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar –aún más– Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Funcionan las 24 horas, no requieren de personal y suelen ocupar espacios en el centro de las ciudades más turísticas de España. Son los locales de taquillas para guardar equipaje, un negocio que crece de la mano del turismo y de los apartamentos vacacionales. Basta con abrir alguno de los buscadores de consignas online y situarnos en la capital para que al momento aparezcan decenas de puntitos señalando sus ubicaciones, casi medio centenar en Madrid. Algo similar ocurre en otras ciudades con alta afluencia de visitantes como Barcelona, Sevilla o Valencia y en zonas cercanas a grandes nodos de comunicaciones como estaciones o aeropuertos.

En el centro de la capital, al lado de la madrileña sala de conciertos El Sol, un local amarillo con un cajero ATM incrustado en el escaparate ofrece taquillas que van desde seis euros al día por guardar una maleta pequeña a los 19 euros diarios por un espacio para tres unidades. En la misma calle se puede ver algún signo más de lo que se denomina turistificación: varias franquicias de comida, un local para reservar bicis y tours guiados o apartamentos turísticos a los que se accede con un código QR.

La demanda de estos servicios está vinculada a turistas que llegan a la ciudad o regresan hacia su lugar de origen y necesitan un espacio donde aparcar sus maletas por unas horas antes de poder entrar a su alojamiento o tras el check-out. Un servicio que los hoteles suelen prestar, pero que en el caso de los apartamentos no siempre está disponible. Los cambios en la composición de los barrios turísticos más demandados empiezan por el tipo de comercios que albergan y, en este caso, las taquillas para maletas son uno de los servicios que se ve reforzado.

La mayoría de estos negocios se sitúan en bajos comerciales y funcionan sin apenas personal, ya que las taquillas son automáticas y el acceso está regulado por un código que reciben los usuarios. “Negocio innovador con alta automatización, ideal para inversión y con bajo coste laboral”, publicita una de las empresas que ofrece franquicias para personas dispuestas a invertir en el sector.

En Madrid, varias empresas y algunos nombres como Locker in the City o Lock & Be Free cuentan con más de una decena de bajos en la zona centro. Otras como Locker4rent cuentan con siete y Lock & Enjoy suma hasta cinco, según señalan en su web. No todas registran beneficios, pero en este último caso, su depósito de cuentas recoge que cerraron 2024 con un resultado de 89.108 euros y dos empleados. "A diferencia de otros negocios, no es necesario contratar empleados para la atención al cliente, ya que el sistema automatizado permite a los usuarios gestionar sus propias reservas y acceder a las taquillas sin intervención humana", señala otro anuncio para atraer franquiciados. En este caso ponen en valor la rapidez del retorno y la baja inversión inicial: taquillas físicas y un software que controle su funcionamiento. Un pequeño detalle que no se suele mencionar es que hay que contar con un local, o con pagar un alquiler en caso de que el emprendedor no cuente con uno.

Fuentes del sector señalan a infoLibre que el sector ha crecido mucho en los últimos años. Si bien el turismo y las viviendas vacacionales son uno de los motores de su actividad, también matizan que la crisis inmobiliaria les ha complicado el proceso de apertura por el encarecimiento en el alquiler de los locales. Amortizar una inversión inicial con un modelo empresarial que se basa en muchas y pequeñas cantidades de dinero ya no resulta tan sencillo y tampoco conseguir más ubicaciones para escalar el negocio y trabajar con mayor volumen. Aunque en este segundo caso, puntualizan, se vuelve necesario contar con personal que gestione reclamaciones o incidencias y los gastos aumentan.

En un rastreo por la web y por el listado de locales que ofrece la Comunidad de Madrid, se pueden identificar hasta casi medio centenar de establecimientos dedicados a esta actividad, con especial incidencia en la zona centro. En la lista hay desde sociedades limitadas de titularidad particular hasta franquicias o compañías que diversifican su actividad con este tipo de negocios. Desde el sector señalan que este modelo de negocio, pese a proliferar, también tiene un alto porcentaje de cierres.

Haciendo un repaso por otras empresas que ofertan servicios similares en la capital, aparecen, además de las ya mencionadas taquillas, locales como estancos, floristerías, mercerías, bares..., dedicados a otras actividades, pero que sirven también como puntos para dejar el equipaje y con ello ganan una comisión por cada maleta o artículo almacenado.

El turismo y el empuje de la vivienda vacacional están cambiando el perfil de los barrios, con una oferta de comercios más centrada en los visitantes y que ha desdibujado los negocios de toda la vida. El número de viviendas vacacionales en Madrid ha ido creciendo en los últimos tiempos.

En el distrito Centro, el 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año. Esta concentración es muy superior a la del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82%. Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla; los pisos turísticos alcanzan el 19% sobre el total de viviendas. Esto sin contar aquellas que podrían estar operando sin las licencias precisas, las ilegales. De hecho, el verano pasado apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el registro obligatorio. El Ministerio de Consumo, en un informe publicado hace un año en base a anuncios de viviendas en portales inmobiliarios, apuntaba que en Madrid habría hasta 16.335 alojamientos ofertados sin licencia.

Cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de la M-30. Mientras todos estos cambios reconfiguran el espacio urbano, el precio de la vivienda sigue su tónica habitual y el pasado viernes los datos definitivos del INE corroboran que al cierre de 2025 el incremento anual fue del 12,7%, su mayor alza desde 2007.

En enero del año pasado entraron en España 5,13 millones de turistas internacionales, un 1,2% más que un año antes. Dentro de sus viajes, gastaron 7.805 millones de euros, un 9,3% más. Ambos datos vuelven a situarse en máximos históricos para el primer mes del año, recoge EFE. 

Según la información publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tónica observada desde hace dos años, por la que el gasto sube por encima de las llegadas, reflejo de lo que en el sector consideran una mayor calidad del turismo. 

Después de cerrar 2025 en máximos, con 96,7 millones de turistas extranjeros en España y un gasto de 134.712 millones de euros, las tasas de crecimiento en las llegadas van moderándose pero siguen en positivo, en un año en que el sector espera la consolidación de los fuertes aumentos registrados tras la pandemia. 

Reino Unido mantiene su posición como primer emisor (con casi 900.000 turistas) y el destino principal son las islas Canarias, en su temporada alta, con 1,43 millones de llegadas (5% más).

Los turistas llegados desde Alemania, segundo mercado emisor, bajaron el 2%, hasta 527.327; y con más intensidad los de Francia, tercer mercado, con un recorte sobre un año antes del 19,5%, hasta 517.800 entradas.

Los aumentos más destacados en enero fueron los de las llegadas desde Portugal, un 20,3% y suman casi 185.000; y de América (salvo Estados Unidos), con un avance del 13,1%. Las entradas desde Estados Unidos rozaron las 200.000, el 3,2% sobre un año antes.

De los 5,1 millones de turistas que visitaron España en enero, algo más de tres millones se alojaron en hoteles y 1,26 millones en sus propias viviendas o en otras de familiares y amigos. Además, más de cuatro millones llegaron a España sin paquete turístico (casi el 1% menos que en enero del año anterior) y cerca de 1,1 millones lo hicieron con el viaje concertado con agentes turísticos, el 9,5% más.

Tras Canarias, la comunidad más visitada en enero fue Catalunya, que recibió más de un millón de viajeros, cifra que es un 6,2% inferior a la de ese mes de 2025; seguida de Andalucía, con más de 720.000, el 3,8% más.

Las cifras de Baleares -una comunidad que concentra la mayor parte del turismo entre el final de la primavera y el principio del otoño- consignan una caída del 8,8%, hasta cerca de 135.000 viajeros. En Madrid, el turismo creció un 8,8%, con 766.365 entradas; y en la Comunitat Valenciana bajó el 3,5% (578.700 llegadas).

Las cifras reflejan que el incremento del gasto total, el 9,3%, es el mayor desde abril de 2025. El gasto medio por turista se situó en 1.522 euros, el 8% más que en enero de 2025, y el desembolso diario por viajero alcanzó los 177 euros, el 7,1% por encima de un año antes.

Reino Unido es también el primer país por nivel de gasto, con casi el 14% del total, seguido de Alemania (10,6%) y los países nórdicos (7%). No obstante, el gasto de los turistas británicos disminuyó un 1,7% en tasa anual y el de los de nórdicos un 7,5%, mientras que el de los alemanes aumentó el 4,4%.

El 53,9% del gasto total en enero lo realizaron turistas que se alojaron en hoteles, con un aumento anual del 10,4%; en tanto que el registrado en alojamientos de no mercado (viviendas particulares o de familiares y amigos) disminuyó un 10,1%.

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en enero fueron Canarias (con el 28,7% del total), Madrid (20,6%) y Cataluña (16,3%). En Canarias, el aumento sobre enero del año pasado fue del 3,6% en tasa anual, por debajo de las de Madrid (15,6%) y Cataluña (14,8%).

El 1 de julio del pasado año 2025 entró en vigor el registro obligatorio de pisos turísticos, puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda. Desde ese día todas las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada están obligados a contar con un número de registro emitido por el Ministerio en colaboración con el Colegio Oficial de Registradores, que acredita que cumplen con los requisitos legales existentes en cada lugar. Estos establecimientos deben hacerlo constar en las plataformas en las que se anuncien (Airbnb, Booking...) y en otros materiales promocionales.

La implantación de este registro avanza con lentitud y, por ejemplo, el pasado mes de septiembre menos de la mitad de los pisos turísticos existentes en Galicia (si tomamos como referencia los registrados por la Xunta) habían iniciado los trámites para legalizar su situación.

En cualquier caso, parece que la implantación de este registro está contribuyendo a limitar el número de viviendas de uso turístico en funcionamiento. Sobre todo si atendemos a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que este lunes publicó la actualización de sus indicadores, con datos correspondientes al pasado mes de noviembre. Según el INE, en ese momento había 15.236 viviendas de uso turístico, frente a las 19.996 de mayo de 2025, un 23% menos, una cifra que en realidad ya venía en descenso, desde el máximo alcanzado en agosto de 2024 (21.984).

La fuerte reducción en el número de estos establecimientos parece tener relación con la puesta en marcha del registro obligatorio y con un mayor control sobre la presencia en plataformas como Airbnb o Booking de pisos turísticos no registrados legalmente. Por ejemplo, en diciembre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó la imposición de una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por la publicación de anuncios de alojamientos que carecían de licencia, 6.956 de ellos en Galicia. La multa llegó después de la publicación de varias advertencias previas y de su envío a la Xunta.

La publicación de los nuevos datos del INE, además de mostrar este importante descenso en el número de viviendas de uso turístico, incrementa la brecha con los datos del registro abierto por la Xunta para estos establecimientos (el Registro de Empresas y Actividades Turísticas). El último dato publicado por el Gobierno gallego, correspondiente al 1 de febrero, señala que en Galicia existen 32.231 pisos turísticos, más del doble de los indicados por el INE.

Hay que tener en cuenta que ambos indicadores parten de metodologías muy diferentes, lo que en parte puede explicar la disparidad que se abre entre ellos. Mientras que el de la Xunta es un registro realizado por los propios propietarios y propietarias de los establecimientos, que son quienes los dan de alta (o de baja), el INE emplea la técnica del web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España.

En cualquier caso, hasta el año 2024 los dos indicadores mostraban una realidad similar, con cifras algo superiores en lo ofrecido por la Xunta; desde entonces las diferencias no han dejado de aumentar. Con todo, hay que señalar que el registro del Gobierno gallego empieza también a mostrar un pequeño descenso en la cifra total de viviendas de uso turístico desde el máximo alcanzado el pasado mes de agosto (32.914), inmediatamente después de la entrada en vigor del registro obligatorio del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la reducción desde entonces (683 pisos turísticos menos, un 2%) es muy inferior a la que muestra el INE.

Los nuevos datos publicados por el INE suponen que, en este indicador, el porcentaje que representan las viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas censadas en Galicia pasa del 1,14% de mayo de 2025 al 0,87% de noviembre de 2025, por debajo de la media estatal, que también cae del 1,43% al 1,24%. Galicia es la octava comunidad autónoma con una mayor saturación de pisos turísticos, por detrás de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Cantabria y Asturias.

Con todo, hay algunos concellos gallegos en los que, pese al descenso en los datos del INE, la saturación de viviendas turísticas supera ampliamente la media. Es el caso, por ejemplo, de Fisterra (6,3% de VUT sobre el total de viviendas), Sanxenxo (5,5%), O Grove (4,8%), Muxía (4,6%), Carnota (4,5%), Corcubión (4,4%), Parada de Sil (4,4%) u O Vicedo (3,9%).

La comparación de los datos publicados por el INE este lunes, correspondientes a noviembre, y los anteriores, de mayo, previos a la entrada en vigor del registro obligatorio, muestra importantes diferencias en muchos concellos, encabezados por Sanxenxo (-482), A Coruña (-301) y Vigo (-206). De hecho, el importante descenso experimentado en Sanxenxo deja a la ciudad olívica como el concello con más pisos turísticos en Galicia (1.180), según la exploración realizada por el INE.

No sucede lo mismo en las cifras de la Xunta, en las que Sanxenxo sigue liderando con claridad (3.943). Este dato es una muestra de las enormes diferencias que existen entre uno y otro indicador en prácticamente todos los concellos. Así, mientras que la Xunta informa de que en A Coruña existen 1.422 VUT registradas, el INE deja la cifra en 435. Las disparidades llegan a duplicar e incluso triplicar las cifras en la mayoría de localidades.

El número de viviendas turísticas en España ascendía en noviembre pasado a 329.764, lo que arroja una caída del 13,6% respecto a la cifra que se registraba en mayo, de acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año, recoge EFE.

Según los datos difundidos este lunes, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24% del total de viviendas que existen en España.

El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas para que retiren los anuncios ilegales.

En la pasada estadística de mayo, los datos arrojaban 381.837 viviendas turísticas en España, 52.073 más que en esta última edición de noviembre. Desde que hay registros para esta estadística el dato más alto se dio en agosto de 2024, con 403.267 viviendas turísticas en España.

Atendiendo al número de plazas, en noviembre de 2025 las viviendas turísticas registradas sumaban 1,6 millones, el 15,7% menos que las 1,9 plazas que se daban en mayo. Por vivienda, el INE contabiliza 4,9 plazas por viviendas.

Por comunidades autónomas, la mayor cifra de viviendas turísticas se registró en Andalucía con 91.757, el 4,6% menos que en la estadística anterior.

Pese a esta caída, la comunidad registra datos elevados desde agosto de 2024. A continuación se situó Canarias, que cuenta con 49.676 viviendas turísticas, el 2% menos que en mayo.

Por encima de las 40.000 viviendas turísticas también destaca la Comunitat Valenciana, que alcanza 48.441, el 23% menos que en la pasada edición. En el caso de Cataluña, la cifra de apartamentos turísticos es de 46.915, el 17% menos que en mayo.

Tras ellas se situó Baleares, con 19.398 viviendas turísticas, el 20% menos que en la pasada edición y la menor cifra desde que el INE tiene registros.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se anotó 19.398 pisos turísticos, el 17,5% menos que en mayo y el segundo menor dato desde agosto de 2020, cuando empieza a haber registros.

Por su parte, en Galicia había 15.236 viviendas turísticas, casi el 24% menos. En el Caso de Castilla y León, se contabilizaban en noviembre de 2025 un total de 7.035, el 14% menos, mientras que en Cantabria la cifra era de 6.229, el 19% menos, y en Asturias de 6.043, el 21% inferior a la cifra dada en mayo. Con más de 5.000 viviendas turísticas se encontraba Murcia (5.621), el 29% menos que en mayo y la segunda menor cifra desde que se tienen registros.

País Vasco redujo sus viviendas turísticas un 12,5% hasta las 4.783, mientras que Castilla-La Mancha registró 4.551 viviendas turísticas, el 12,8% menos. Asimismo, Aragón alcanzó 3.785 viviendas turísticas, el 18,5% menos y Navarra 1.463, el 12,5% inferior. Por el contrario, Extremadura marcó su máximo desde 2020 con 2.114, el 5,4 % más.

La Rioja fue la comunidad con menos viviendas turísticas de España, un total de 1.332, el 2% menos que en la pasada estadística.

Para obtener la información, el INE emplea una técnica que permite mediante programas de software extraer datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.

El año 2025 se cerró con un nuevo récord de turistas procedentes del extranjero. Galicia recibió el pasado año 1,89 millones de visitantes de fuera del Estado español, un 3,1% por encima del anterior máximo (2024). Se trata de un aumento moderado, pero que consolida una tendencia al alza en los últimos años, frenada por la pandemia entre 2020 y 2022, pero que retomó los máximos en 2024 y 2025.

El incremento en la llegada de visitantes procedentes del extranjero se apoya, entre otros factores, en el aumento del turismo de cruceros (cerca de un millón de pasajeros anuales, buena parte de ellos de fuera del Estado) y también en el auge de las cifras de los Caminos de Santiago.

Los datos gallegos crecen en paralelo al incremento que se registra en el conjunto del Estado. En 2025 España recibió 96,8 millones de visitantes extranjeros, un 3,2 % más que en el año anterior. En cualquier caso, Galicia sigue siendo un destino minoritario para este tipo de turismo, lejos de los más de 20 millones de Cataluña o de los alrededor de 15 millones de Baleares, Canarias y Andalucía.

Este mismo martes la Xunta destacó que Galicia rondará la cifra total de nueve millones de turistas en el año 2025, un cálculo realizado a partir del dato de 7,3 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros gallegos, publicado hace unos días por el INE, a los que se suman quienes pernoctaron en viviendas de uso turístico. En 2024 la cifra de turistas —internos y externos— fue de unos 8,2 millones y en 2023 había sido de 7,3 millones sobre la base de estos mismos cálculos.

El turismo de residentes en el Estado alcanzó “máximos históricos”, según la Xunta, registrando 6,4 millones de noches, y el turismo internacional se acercó a los 4 millones de noches.

En los datos de 2025 llama la atención un aspecto. A pesar del incremento del número de turistas, el gasto total realizado por estos visitantes disminuyó en relación con el año 2024, pasando de los 2.667 millones de euros a los 2.464.

Un descenso que se explica por una ligera reducción en la duración media de sus viajes (de 8,83 a 8,68 días), pero sobre todo por la caída en el gasto medio realizado por cada turista procedente del extranjero, que pasó de 165 euros por día a 150 euros.

Conviene destacar que los datos de 2024 habían marcado máximos en este indicador: fue el año en el que se alcanzó un mayor gasto por día, un mayor gasto por visitante y un mayor gasto total. Habrá que esperar para ver si el descenso de 2025 supone un cambio de tendencia o si se trata de una caída coyuntural.

Es un hito. La cadena Paradores ya está presente en todas las comunidades autónomas. El último en incorporarse ha sido el Parador de Ibiza. Este nuevo establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad, se presentará el 23 de febrero y abrirá sus puertas al público a partir del 10 de marzo. Ha sido la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, junto a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, la encargada de presentarlo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Con una inversión total de 47 millones de euros, en la que han participado Turespaña, Paradores y los Fondos del Plan de Recuperación, este nuevo establecimiento trata de revitalizar el casco histórico de la ciudad de Ibiza y potenciar el turismo fuera de la época estival. Concretamente, los edificios que acogerán al parador son el castillo y la Almudaina de Dalt Vila, una fortaleza construida en el siglo XVI y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este nuevo parador cuenta con 66 habitaciones, de las que 41 estarán disponibles para la clientela, además de zona wellness, piscina exterior, cafetería, solarium, salones, terrazas y restaurante. Entre sus instalaciones se encuentra también un parking bajo tierra con 40 plazas, "que ha constituido una obra de ingeniería civil inigualable", según el comunicado de la cadena.

Con la reutilización de este lugar histórico, tanto turistas como vecinos podrán visitar durante todo el año el enclave, lo que también servirá para recuperar la actividad económica fuera de los meses de verano. Según la nota de prensa, el nuevo parador "generará empleo de calidad con una plantilla estimada de 60 personas".

Por otro lado, desde la cadena hotelera se ha apostado por preservar y difundir el patrimonio arqueológico del espacio con la creación de un centro de interpretación en el propio parador. En él, se informará sobre nueve catas arqueológicas a través de infografías y proyecciones. También tienen cabida en el nuevo edificio expresiones artísticas como la pintura, la escultura o la fotografía, en un intento de convertir el establecimiento en "una auténtica galería viva en diálogo con su entorno".

La inauguración del parador ibicenco pone fin a un largo proceso de rehabilitación, que comenzó en 2008 pero que, tras encontrarse varios restos arqueológicos, se paralizó. No fue hasta 2012 cuando, de la mano de Turespaña, se reanudaron las obras. Ahora, situado en la parte alta de la ciudad amurallada, este nuevo hotel se convierte en "un espacio singular que combina patrimonio, historia y experiencia turística de alto nivel".

El problema de la vivienda se manifiesta en las vivencias de los ciudadanos, pero en general, se expresa con muchas cifras y abundantes tecnicismos. Uno de ellos, la gentrificación, ha saltado a la prensa en estos días debido al cierre de la librería Tipos Infames de Madrid: “Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”, señalaban en un comunicado. El precio de las viviendas y los locales, junto con la transformación que ese comportamiento desbocado de los precios tiene en la composición de los barrios, es lo que está expulsando a vecinos y a pequeños comerciantes.

Por un lado, opera lo que se conoce como turistificación, es decir, cuando la vivienda de uso turístico y sus altísimas rentabilidades desplazan al alquiler de toda la vida. Esto tiene como consecuencia que haya menos vecinos y hace crecer el precio de las viviendas en las zonas muy demandadas. También el de los negocios, que se orientan a turistas y no a residentes. En un campo conceptual más amplio, también se habla de gentrificación, un fenómeno que la Real Academia Española (RAE) define como un “proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”. En el fondo de ambas está una cuestión simple: el desplazamiento o la expulsión de quienes viven en un sitio porque ya no se lo pueden permitir.

La proliferación de la vivienda turística o la compra de vivienda por parte de extranjeros (con mayor poder adquisitivo) son algunos de los motores para las transformaciones indeseadas que atraviesan muchos barrios en España, sobre todo, en zonas turísticas, centros urbanos o ciudades próximas a grandes núcleos de empleo. Pero también se habla, por ejemplo, de gentrificación climática, en referencia al aumento en la demanda de vivienda en los municipios costeros o más frescos. La transversalidad del término está en que alude, sobre todo, al desplazamiento de personas por razones de renta.

El barrio madrileño de Malasaña, situado en el distrito centro, es una de esas zonas que está sufriendo un proceso de transformación a golpe de vivienda turística y pérdida de vivienda habitual asequible. Es donde la librería Tipos Infames no ha podido sobrevivir más, o donde el Bar Josefita (unas calles más alla) cerrará próximamente después de que una empresa de inversión comprara el edificio en el que se sitúa. “En Malasaña ya no hay vecinos, solo turistas, locales de pan bao y cafés de especialidad”, resumía Ana, una vecina del barrio, a infoLibre. En su caso, vivía en un edificio donde el tránsito de turistas debido a las viviendas vacacionales era incesante. Pero a la vez que explicaba su situación particular, lamentaba una transformación de las redes vecinales en servicios turísticos.

De hecho, cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de las M-30.

Otro acelerador de estos procesos de desplazamiento es la compra de vivienda por extranjeros en regiones de alta demanda o turísticas. Y aquí opera la ley de oferta-demanda, es decir, en lugares muy demandados y con poca oferta, el precio es más alto. Así que, en lo que tiene que ver con vivienda libre, el precio lo pone quien más pueda pagar.

Por eso, esta es una de las cosas que el Gobierno ha empezado a regular, anulando, por ejemplo, los visados de residencia (las llamadas golden visa) que se concedían automáticamente a quienes se comprasen una casa de más de 500.000 euros. Sin embargo, lejos de frenarse, en la primera mitad de 2025 la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual, hasta alcanzar las 71.155 operaciones. Según los últimos datos disponibles en el Consejo General del Notariado, las operaciones realizadas por extranjeros supusieron el 19,3% del total.

También pagaron más por las casas. Los extranjeros no residentes siguieron siendo el grupo que pagó los precios más elevados, con una media de 3.126 €/m², frente a los 1.912 €/m² de los extranjeros residentes y los 1.809 €/m² de los nacionales, recoge la estadística notarial. Británicos, marroquíes y alemanes son quienes más vivienda compraron en 2025.

Pero además de poder pagar un poco más por una vivienda, aquellos que proceden de países con rentas más altas pueden vivir de forma más desahogada, ya que los precios en España son inferiores, en general, a los de Alemania o Reino Unido. Y este fenómeno termina repercutiendo en los precios de las tiendas o en el tipo de comercios que se potencian más en una zona concreta.

Desde que la socióloga británica Ruth Glass hablase por primera vez de gentrificación en 1964 para referirse a los desplazamientos de la clase trabajadora por rentas más altas en algunas zonas, el problema de la vivienda ha ido haciendo más polisémico el término y más complejo el análisis. Así lo constata, por ejemplo, un estudio de la Universidad Complutense liderado por Margarita Barañano y Pedro Uceda en los barrios de Embajadores y Lavapiés (Madrid). Los investigadores reparan en que pese a que la gentrificación aumenta la renta de los barrios, este hecho no se traduce en una mejora de la calidad de vida para todos, ya que persisten situaciones de vulnerabilidad y exclusión social “nuevas y viejas”.

“Estamos trabajando en lograr que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de dos organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, la Unesco y la Organización Mundial del Turismo, algo que vamos a solicitar en los próximos días”. Ese anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el balance del año político que hizo hace unos días dejó fuera a Galicia, pero en la autonomía las visiones sobre esa exclusión son contrapuestas.

Mientras la Xunta no considera prioritario estar presente en las organizaciones internacionales sobre la cultura y el turismo, el Consello da Cultura Galega (CCG) y la Real Academia Galega (RAG) sí ven positiva para Galicia su participación.

Sánchez defendió que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) “como lo son muchos otros territorios de muchos otros países en el sistema multilateral”. En concreto, 12 miembros asociados en la Unesco y seis en la OMT.

Sánchez también avanzó que “mientras esto se tramita, lo que vamos a hacer es poner en marcha en ambas organizaciones una solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos dos territorios puedan desplegar las competencias, que las tienen, en materia cultural y también de turismo”.

Esas mismas competencias las tiene Galicia, con singularidades similares a las catalanas y vascas, pero la Xunta no considera prioritario seguir los mismos pasos. Según el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, “hay muchos problemas en España, todas las comunidades tenemos un montón de problemas, un montón de necesidades y un montón de peticiones, y a lo que se dedica el Gobierno de Pedro Sánchez es a intentar que el País Vasco y Cataluña estén en la Unesco”. Sin embargo, para la Xunta es “muchísimo más importante poder encontrar una solución a todos estos problemas antes de estar representados en un organismo internacional en el que nos sentimos representados por España, a pesar de la representación que pueda tener España en ese organismo”.

Frente a ese desinterés de la Xunta, el Consello da Cultura Galega, órgano estatutario encargado de velar por la cultura gallega, contesta a la consulta de Praza.gal sobre la cuestión señalando que Galicia “merece una representación” similar. “El Consello da Cultura Galega se extraña de la exclusión de la cultura gallega en el marco de la solicitud anunciada para que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la UNESCO y de la Organización Mundial del Turismo”, dice la institución, que añade que “la cultura gallega, con una identidad propia, con una lengua oficial y con un patrimonio secular, merece una representación equitativa a la de otras comunidades históricas en las esferas internacionales”. El CCG también dice recibir “con preocupación el anuncio y se procederá, a través de los canales ordinarios, a obtener una mayor información sobre el tema”.

Consultada también la Real Academia Galega, su presidente, Henrique Monteagudo, considera que “todo lo que sea darles presencia específica a la lengua y a la cultura gallega en foros internacionales como la Unesco sería una buena noticia en cuanto a que contribuiría a su visibilidad y reconocimiento”.

En cuanto al anuncio de la inclusión de Cataluña y Euskadi en la Organización Mundial del Turismo, Praza.gal también consultó sobre la cuestión al Clúster Turismo de Galicia, en cuyas manos la Xunta viene dejando incluso la planificación del sector. La entidad privada, considerada por el Gobierno gallego representativa del sector, considera que “en el contexto actual, esta no constituye una decisión prioritaria para el sector turístico, que afronta en estos momentos otros retos de mayor urgencia”. El clúster turístico añade que “en cualquier caso, este tipo de decisiones debería adoptarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes y debidamente justificados, atendiendo al interés general del sector”.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Madrid como principal responsable de una red de estafas en 'alquileres fantasma', ya que engañaba a sus víctimas ofreciéndoles viviendas de las que había copiado las llaves, haciendo visitas y con contratos y cobro por adelantado, asegura EFE.

El perjuicio alcanzado supera los 25.000 euros y se han recibido denuncias de distintas provincias, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de más posibles víctimas, ha informado este jueves en un comunicado el Cuerpo Nacional de Policía. La detención la han llevado a cabo agentes de la Comisaría Local de Fuengirola, una de las localidades en las que se habían presentado denuncias junto a Marbella y Madrid.

El arrestado accedía a la vivienda turística de forma legal, hacía fotografías y una copia de las llaves, y colgaba anuncios en portales de alquileres convencionales para contratos de larga duración. Además, organizaba visitas de los posibles inquilinos presentando documentación y un contrato estándar. Si llegaban a un acuerdo, pedía el cobro por adelantado del mes en curso y una fianza. Cuando las víctimas intentaban acceder a la vivienda en la fecha acordada se daban cuenta de que estaba ocupada como alquiler turístico.

Una vez identificado y localizado el principal responsable se procedió a su detención en una localidad del sur de Madrid. La operación no se ha dado por finalizada, ya que los investigadores no descartan nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas del engaño.

Además, esta concentración de gente hace que los servicios públicos, como limpieza, agua, alcantarillado, electricidad, vigilancia, etc... que tienen que soportar los ayuntamientos afectados se vean incrementados, produciéndose o bien el deterioro de estos, o bien el incremento de sus gastos. En cualquiera de los dos casos son los habitantes habituales los que lo soportan, o a través de sus impuestos o por el deterioro de su calidad de vida.

La tasa turística es un pequeño impuesto que tienen que pagar los turistas y que, en la mayoría de los casos, recaudan las comunidades autónomas, aunque normalmente después la transfieren a los ayuntamientos, que son los que soportan el gasto. Esta tasa supone, bajo mi punto de vista, un medio de combatir la desigualdad y la injusticia que se produce en las zonas turísticas. Mientras algunos como la hostelería en general (hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, etc...) los supermercados o el comercio, obtienen suculentos beneficios que suelen estar muy mal repartidos, otros soportan la afluencia y sus inconvenientes además teniendo que pagar por ello.

Creo que esta tasa se debe implantar sin más demora en todos los lugares tensionados por el turismo. De esta forma, los turistas colaboran al pago del incremento de gastos que producen, y los responsables de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, además de dedicar el importe recaudado a estos menesteres, pueden buscar métodos que desestacionalicen el turismo y lo hagan más sostenible.

En fin, se va haciendo cada vez más necesaria. Ahora solo queda convencer a algunos políticos para que se den cuentan de que esta tasa es por el bien de todos, no solo de unos pocos.

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Javier Carrero González es socio de infoLibre.

El ser y estar del lujo maquiavélico y feudal contemporáneo no se sustenta por sí solo: parte de la diáspora saharaui se asienta en chabolas en descampados, donde centenares de trabajadores duermen, descansan y conviven cuando acaban su jornada laboral, o al menos lo intentan, desde lavanderos que limpian sábanas y toallas de hoteles u organizan su logística y transporte, conductores de Uber que hacen malabares con el idioma para llevar a destino a sus clientes, hasta friegaplatos que responden a las avalanchas de cubertería como cualquier tenista lo haría ante un aluvión de pelotas del tenista Novak Djokovic... como buenamente pueda.

Parte del relato normalizado consiente que viven así por elección propia, para ganar más dinero y ahorrar, dejando en un segundo plano que, en España, en 2025, la plusvalía ya no solo la determina el beneficio empresarial sino el uso de casa y pisos como bienes de mercado –tanto caso Ábalos que los medios lo olvidan–, hecho con el cual los poderes públicos socavan el derecho constitucional de la vivienda: la velocidad de giro del turbocapitalismo es tal que genera una fuerza centrífuga que excluye en la periferia al verdadero motor de esta feria: la antigua clase trabajadora o, en los tiempos contemporáneos del neoliberalismo de Youtube, el actual individuo trabajador.

No viven allí porque quieran: los asentamientos los ha creado un Estado delgado cada día más debilitado por un rebaño súbdito del capitalismo salvaje en el que el lobo ya siquiera va a cazar ovejas, pues ellas van directamente a su boca. 

Las manos saharauis que levantan estos campamentos conformando una especie de hogar con carcasas de palés son las mismas que consumen en el súper, en la peluquería o en la copistería del barrio; no son las rentas nordeuropeas sino un precariado que por su origen, su aspecto, su idioma o su nombre no goza de la contención de la discriminación por parte de las instituciones públicas en los derechos básicos, y que, al mismo tiempo, moviliza la economía de las calles más corrientes.

Se habla de alquiler de camas en habitaciones compartidas -–no todo estaba inventado, siguen siendo necesarios los anuncios insultantes sobre emprendimiento de Youtube– y, como consecuencia de este modelo económico basado en el nuevo concepto de libertad asumido por gran parte de la sociedad, los precios desorbitados son tales que este curso se ha notado un claro decrecimiento del turismo nacional.

This is Ibiza.

Das ist Ibiza..

C'est Ibiza

Questa è Ibiza

¿España para los españo…? Parece que Abascal y esa mujer que cotiza al alza por el hecho de gustarle la fruta, a veces, callan.

Estas desigualdades sociales son el fruto –podrido– de un modelo económico que pone sus patas en cada tertulia televisiva, de radio, streaming… donde se normaliza un ideario sobre el Estado de derecho que sería inasumible hasta hace unos años para la opinión ciudadana.

Mientras, cada mañana las cigarras resuenan en el campamento en un nuevo día para encender y dar luz al faro de las élites y sus lujos, poniendo en marcha esa rutina diaria que reproduce exponencialmente dichas desigualdades. 

¿Quién sostiene, materialmente, las ostentaciones ibicencas?

Palés. Clavos. Martillos. Lonas. Alfombras. Mantas. Carbón. Colchones. Té. Cantos de cigarra. Guijarros, cantos, pisadas destartaladas. Compra del día. Colillas. Unas risas. Matorral. Tierra. Maña. Baterías. Bombonas. Bicicletas. Pastillas de encender. Mochilas. Garrafas de agua. Fricción de carruajes con asfalto 24/7. Gatos. Un travesaño de escalera de estantería. ostentaciones. Orgullo y periferia.

Nativos y migrantes, tratémonos con respeto porque, si los echamos, esto se para y, si no les tratamos bien, tal vez se vayan, puede que sin nada tangible pero con orgullo, ese que también llevaban nuestros abuelos y abuelas y del que presumimos y admiramos al recordar nuestro pasado cuando se desplazaron para buscar un nuevo hogar, un nuevo lugar, en el que llevar una vida digna.

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.

El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular accidentado el miércoles en Lisboa, donde murieron 16 personas y otras 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, indicó este sábado el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso.

El organismo publicó una nota informativa en su página web en la que explica que, durante el descenso del vagón que se salió de la vía, el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual. Sin embargo, ninguna de estas acciones logró detener el movimiento ni reducir la velocidad de la cabina en descenso.

Aun así, el GPIIAF apuntó que el sistema que activa esos frenos funcionó, pero que, tal y como está configurado, esos dispositivos no tienen capacidad suficiente para inmovilizar las cabinas en movimiento si no están equilibradas por el cabo que las une, por lo que "no constituye un sistema redundante en caso de avería".

El texto hace una reconstrucción de los hechos y precisa que sobre las 18:00 hora local (17:00 hora GMT) del 3 se septiembre, los dos vagones estaban aparcados en las dos estaciones del funicular, una arriba en lo alto de la Calçada da Glória, la cuesta por la que pasaba, y la otra en la parte de abajo.

LA GPIIAF afirmó que por el momento se desconoce el número exacto de personas que estaban dentro de los dos vagones, ya que son los guardafrenos quienes lo controlan, y uno de ellos falleció.

Sobre las 18:03 hora local (17:03 hora GMT), las cabinas empezaron su movimiento, pero cuando habían recorrido unos 6 metros respectivamente "perdieron súbitamente la fuerza de equilibrio garantizada por el cable que las une".

El vagón de abajo retrocedió de forma brusca unos 10 metros saliéndose parcialmente de la vía, mientras que el de arriba siguió su movimiento descendente a medida que aumentaba su velocidad, recorriendo unos 170 metros hasta que en el inicio de una curva descarriló y chocó contra un edificio y dos postes, y terminó contra la esquina de otro inmueble.

Se estima que la primera colisión se produjo a una velocidad de 60 km/h y que el accidente ocurrió en menos de 50 segundos.

Los técnicos subrayan que el cable que cedió tiene una vida útil de 600 días para este tipo de uso y que había sido instalado hacía 337.

La nota agrega que el llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) tenía un plan de mantenimiento con grandes revisiones cada cuatro años e inspecciones visuales diarias de los elementos de seguridad visibles, además de otras intervenciones de periodicidad intermedia.

El GPIAAF destacó que, según las pruebas observadas hasta ahora, el plan de mantenimiento "estaba al día" y en la mañana del accidente se había realizado la inspección visual programada y no se detectó ninguna anomalía ni en el cable ni en los sistemas de freno.

No obstante, puntualizó que en la zona donde el cable se separó no es posible hacer una visualización sin un desmontaje.

También apuntó que el funicular, fundado en 1885, no está bajo la supervisión del Instituto de Movilidad y de los Transportes, y señaló que por el momento no dispone de información "fidedigna" sobre su encuadramiento legal ni sobre cuál es la entidad pública con obligación de supervisar su funcionamiento y seguridad.

El GPIAAF presentará su informe preliminar en 45 días, que transcurre en paralelo a la penal que desarrolla la fiscalía y una auditoría interna, con la participación de asesores externos, de Carris, la gestora del funicular.

España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1% más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2%, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en julio, España recibió 11,02 millones de turistas, el 1,6% más que en el mismo periodo de 2024 y la cifra más elevada para dicho mes de toda la serie histórica. Se gastaron 16.452 millones de euros, un 6,1% más, un dato también récord para ese mes.

Estos datos se producen después de que en el primer semestre del año se batieran récords históricos tanto de número de turistas, con 44,5 millones, como de su gasto asociado, con 59.622 millones.

Además, ya son dos años consecutivos en los que entre enero y julio España supera los 50 millones de turistas extranjeros.

Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido (con cerca de 11,0 millones y un aumento del 4,3%), Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6% más).

A continuación se situó Italia (3,2 millones, el 6,7% más), Países Nórdicos (3 millones, el 1,3% más) y Países Bajos (2,9 millones, un 4,2% superior).

Entre enero y julio el mayor crecimiento lo protagonizaron los turistas procedentes de Portugal, que aumentaron un 13,6%; y solo los belgas redujeron sus llegadas a España en el periodo, un 4,2 %.

En julio, Reino Unido fue nuevamente el principal país emisor, con casi 2,1 millones de turistas y un aumento del 0,7%. De Francia llegaron 1,6 millones (un 3,1% menos) y de Alemania 1,2 millones (un 4,8% menos). También experimentaron caídas las llegadas de suizos (-12%) y belgas (-10%).

En los siete primeros meses de 2025, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (11,6 millones y un aumento del 1,1 %), Canarias (9,1 millones y un incremento del 4,3 %) e Islas Baleares (9 millones, un 3,2 % más).

En julio, Baleares fue el primer destino de los turistas, con el 23,3 % del total (1% más); seguida de Cataluña, con el 21,3 % (1,2% menos); y Andalucía, con el 14% del total (5,5 % más de turistas).

Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.493 euros, el 4,4% más; y el diario creció un 6,9%, hasta los 210 euros.

En los siete primeros meses del año, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%). Los turistas procedentes de estos tres países también fueron los que más gastaron en julio.

El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 1,5% en tasa anual y los que usaron de no mercado creció un 1,8%.

El gasto en alojamiento fue la principal partida en julio, con un 20,5% del total y un aumento del 8,6%. Las siguientes partidas fueron en transporte internacional (no incluido en paquete turístico) y en actividades, con un 18,9% (7,9% más) y un 18,4% del total (7,2% más), respectivamente.

El 63,4% del gasto total en julio lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, el 6,3% más. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado creció un 10,5%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento del 1,7 %. El número de visitantes se incrementó un 2,4% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 3,5 % entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

"Tengo 26 años y no necesito mi pensión". ¡Impactantes declaraciones! "Mi imperio inmobiliario en España pagará mi jubilación". La noticia –más bien, el pantallazo del titular– ha circulado esta semana por las redes sociales, azuzada por el comprensible cabreo del respetable. Los entrecomillados, de traca: "Me gustaría comprar más propiedades en España para alquilarlas con Airbnb". En la foto, la tal Liv Conlon sonríe mientras sostiene un portátil sobre las rodillas: la marca del entrepreneur. La salita (un sofá beige, papel pintado imitando al mármol, media docena de cojines cada cual más feo) sintetiza las líneas maestras del delicado gusto inglés.

Me había apuntado el asunto para la columna del sábado: no todos los días le sirven a uno un espantajo tan perfecto contra el que disparar chistes y subordinadas. "Demasiado bueno para ser verdad", susurró el pesimista que tengo de okupa en la mollera. Como le tengo cariño, me fui a buscar la noticia original. La daban en el Telegraph y, aunque la habían replicado todos esos agregadores clickbaitosos que nos gustan tanto, decidí enfrentarme a la lengua de Shakespeare. A un políglota como yo (botón derecho, traducir al español) no se le intimida fácilmente.

¡Caramba! Pero si aquí dice que la moza solo tiene dos propiedades (un apartamento escocés con dos dormitorios y una villa marbellí –en el pecado lleva la penitencia–) por las que debe al banco cuatrocientas treinta y cinco mil libras. Verá, a Conlon, que se dedica al ingeniosísimo negocio de decorar pisos vacíos para que al cliente le entren por los ojos, le gustaría comprarse tropecientas mil propiedades en España, pero no las tiene. Es más, el artículo reconoce y enumera las iniciativas legislativas que se están tomando para impedir que ciudadanos extracomunitarios puedan lucrarse con estas especulaciones, por más que ella viva en Andalucía, "a region of Spain with more favourable tax conditions than many others" (Juanma Moreno, cuánto te quiero). Luego, el periodista (Senior Money Writer, qué oficio más molón) prosigue con algunos briconsejos de inversión y te anima a suscribirte a los servicios de asesoramiento financiero del periódico, porque la cosa está canina.

La cabriola desinformativa es formidable, y miren que ya me jode salir a mitigar el justo odio contra la pérfida Albión. Por supuesto, convengo en que una nación que envía borrachuzos de sandalia y calcetín a molestar a medio mundo merecería todas las sanciones que tenga en su arsenal la Sociedad de Naciones; y sé que la colonización geriátrica de los jubilados aficionados al melanoma es un problemón a muchos niveles, pero chico, tremenda bacalada nos acabamos de tragar. Por lo demás, la posición política de esta casa en lo respectivo a la vivienda sigue siendo la misma: no se hace negocio con los derechos fundamentales, así que decomísese toda casa en la que no viva nadie, ya la posea un pequeño propietario, BlackRock o el papa de Roma. Y si ni así funciona, nos repartimos el país a ochenta metros cuadrados por barba en bloques de racionalismo soviético. ¿Que el asunto tiene más aristas? Lo sé, es lo que nos llevan repitiendo treinta años.

Los Museos de la Paz de Hiroshima y Nagasaki recibieron en 2024 a unos 3 millones de visitantes, una cifra récord que llega después de que los supervivientes de las bombas atómicas ganaran en 2024 el Premio Nobel de la Paz y mientras el país vive una oleada de turismo.

En el caso del Museo Memorial por la Paz de Hiroshima, este recibió a más de 2 millones de personas en el año fiscal japonés de 2024 (desde abril de ese año hasta el pasado febrero), una cifra récord.

El pasado marzo, alcanzó también el hito de los 80 millones de visitantes desde su apertura, en el año en el que conmemora el 70 aniversario de la misma y en el que se cumplen 80 años del suceso que devastó por completo esta ciudad japonesa.

"Debido a la debilidad del yen, se ha producido un ambiente que facilita a los extranjeros venir a Japón", explicó a EFE el director asistente del mismo, Toshihiro Toya, durante un viaje de prensa el pasado julio organizado por el Centro de Prensa Extranjera de Japón (FPCJ).

Toya espera que aquellos que se desplazan a Japón acudan no sólo a sus principales ciudades, como Tokio, Kioto u Osaka, pero también a Hiroshima, "una ciudad que cuenta con dos Patrimonios de la Humanidad: la Cúpula de la Bomba Atómica y el santuario de Itsukushima (en la isla de Miyajima)".

Japón recibió en los primeros seis meses de este 2025 a 21,51 millones de visitantes, un nuevo récord, por lo que si sigue esta tendencia podría alcanzar los 40 millones a finales de este año, por encima de los 36 millones de 2024.

El director asistente considera que la tendencia también ha aumentado entre aquellos "que quieren aprender sobre la paz" y la Bomba Atómica de Hiroshima.

Ubicado cerca de la zona cero donde estalló la bomba sobre el centro de la ciudad del oeste japonés, el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, que abrió sus puertas en 1955, exhibe enseres de las víctimas, fotografías de las consecuencias de la radiación, escombros de la época o una reproducción del dispositivo utilizado, Little Boy, entre otros artilugios y documentos.

El centro busca transmitir los horrores de las armas nucleares, como primera ciudad en ser objetivo de un bombardeo atómico.

Los líderes del denominado Grupo de los Siete (G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) visitaron el museo durante su estancia en la ciudad con motivo de la cumbre del grupo en 2023, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participó en aquella cita.

La visita de los líderes ha tenido también un efecto llamada que se ha traducido en un incremento de los visitantes mensuales al centro.

El número de asistentes al Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki en el año fiscal 2024 superó los 800.000 por primera vez en más de dos décadas, un incremento del 6,9 % con respecto al año anterior, y la primera vez que se alcanza esta cifra desde 2001.

El museo recibió el mayor número de visitantes de su historia en el año fiscal 1996, cuando abrió sus puertas, con unas 1.135.000 personas. Desde el año fiscal 2002, la cifra anual se ha mantenido de forma constante entre los 650.000 y 750.000 visitantes, aunque cayó drásticamente a unos 230.000 en 2020 debido a la pandemia.

Desde la división municipal de promoción de la paz señalan que el aumento en las escalas de cruceros en Nagasaki ha sido uno de los factores que explican el repunte.

"La actual situación de tensión en el mundo y la concesión del Premio Nobel de la Paz podrían haber incrementado el interés global por las armas nucleares", indicó un funcionario del área.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cierra este miércoles el plazo para solicitar su programa de turismo social correspondiente a la temporada 2025/2026, que ofrece un total de 879.213 plazas para personas mayores de 55 años, según informa EFE.

Como medida destacada, el Imserso presenta una tarifa plana de 50 euros para personas con ingresos equivalentes o inferiores a las pensiones no contributivas, con 7.447 plazas subvencionadas específicamente para este colectivo, según figura en la convocatoria.

La nueva edición del programa comenzará en octubre y, como novedad, se permitirá viajar con mascotas en un número limitado de hoteles de la costa peninsular y de las islas, donde se reservará hasta un 2 % de plazas para este fin.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

El pasado 11 de junio, durante su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor en Ginebra, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, animó a los familiares más jóvenes de los pensionistas a inscribirles en la web del Imserso.

"A sus hijos, hijas, nietos y nietas, si quieren regalarle unas vacaciones a su abuela, que se las merece, que la ayuden a inscribirse en la web del Imserso para que puedan optar a las plazas que se distribuirán en septiembre", afirmó Bustinduy en declaraciones a EFE.

Las personas que ya estén acreditadas por el Imserso en temporadas anteriores no necesitan presentar una nueva solicitud, ya que deben haber recibido un documento con sus datos personales y preferencias de destino, que deben devolver antes de este miércoles únicamente si desean realizar alguna modificación.

Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.

La reserva de plaza requiere un anticipo de hasta el 20 % del importe total y el resto debe abonarse 45 días antes del inicio del viaje.

Los márgenes de beneficio del sector turístico español continúan disparados. Los informes económicos hablan de cifras récord en ingresos y ocupación. ¿Y el reparto? El reparto brilla por su ausencia. La riqueza que genera el turismo se queda en muy pocas manos y no son, precisamente, las de las personas trabajadoras.

Otra temporada turística de récord. Otra vez las mismas imágenes de playas atestadas, terrazas a reventar; aeropuertos, carreteras y estaciones ferroviarias a pleno rendimiento, y ciudades, poblaciones y parajes convertidos en polos de atracción para turistas, especialmente europeos. Y, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras que sostienen este modelo turístico siguen siendo los grandes olvidados. Seguimos con salarios precarios, jornadas maratonianas, y un futuro hipotecado por un sistema que solo entiende de beneficios empresariales y de récords de llegada de turistas.

El modelo turístico español no es sostenible a largo plazo. No lo decimos solo desde UGT, lo grita la calle, lo sufre quien trabaja en hostelería, en el comercio, en los servicios asociados al turismo. Lo padece quien no puede pagar un alquiler en su propia ciudad porque ha sido devorada por los apartamentos turísticos o porque el precio de la vivienda, en venta o alquiler, es inasumible. ¿Cómo puede ser sostenible un sistema que expulsa a la población local de su propio territorio? ¿Qué sentido tienen los extraordinarios y crecientes beneficios de las empresas del sector si quienes sirven los cafés, hacen las camas o reponen lineales no perciben un salario suficiente?

Se está imponiendo un modelo turístico dirigido exclusivamente al turista extranjero, que llega con un nivel de vida y un poder adquisitivo muy superior al salario medio de las personas trabajadores de nuestro país. Esa desigualdad económica está siendo utilizada por los empresarios del sector para justificar subidas brutales de precios en alojamiento, restauración y ocio. Esto tiene consecuencias: se está expulsando del mercado turístico a la clase trabajadora española, al turista nacional, al residente de siempre. El turismo ya no es una posibilidad, es un privilegio reservado para aquellos que pueden costeárselo.

A esto hay que añadir una inflación enquistada en el sector que, además, no se traslada a los salarios. Los precios del turismo y la hostelería no paran de subir. Según los últimos datos del INE, la inflación en hostelería, restauración y alojamientos se sitúa entre las más altas del país. Comer en un restaurante, alojarse en un hotel o incluso tomarse un helado “artesanal” se ha convertido en un lujo para una parte de los consumidores, no solo para el turista nacional, sino también para los propios trabajadores del sector. Mientras tanto, los salarios apenas se han movido. Y cuando lo han hecho, ha sido gracias al SMI o a intensas presiones sindicales y no sin resistencia empresarial.

Este modelo está rompiendo el equilibrio en nuestras ciudades y entornos naturales. Los barrios tradicionales pierden identidad y habitantes, los espacios naturales o pintorescos son invadidos por el furor de lo “instagramizable”. El acceso a la vivienda es un drama para los trabajadores. En muchas zonas turísticas, simplemente no se puede vivir. La gentrificación expulsa al vecindario, destruye el tejido social y convierte los espacios públicos en escaparates al servicio del turista.

A esto se le suma la presión medioambiental: residuos, sobreexplotación de recursos hídricos, masificación, emisiones. ¿Cuánto más podemos soportar sin que se rompa definitivamente el equilibrio entre economía y entorno?

Sí, el turismo es uno de los pilares de la economía española. Pero es un pilar hueco si no se apuntala con justicia social, condiciones dignas de trabajo y sostenibilidad real. No podemos seguir presumiendo de cifras mientras quienes sostienen el sector viven con contratos precarios, salarios insuficientes y jornadas interminables.

Desde UGT tenemos algunas propuestas:

Queremos un turismo que beneficie a todos (empresas, trabajadores y ciudadanía), que respete los derechos laborales, que cuide nuestro entorno y que permita a los residentes y a las personas trabajadoras vivir con dignidad en los destinos vacacionales y turísticos.

Desde UGT exigimos al Gobierno, a las patronales y a todas las administraciones públicas que dejen de mirar hacia otro lado. Si el turismo es realmente estratégico, hay que abordarlo con una visión equilibrada, largoplacista y que concilie el beneficio económico con la justicia social.

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Antonio Oviedo es Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

Corría 2024 cuando algunos medios de comunicación se hacían eco de unas pintadas que rezaban, en algún que otro contenedor de Tenerife, la consigna Tourist go home. Una empresaria del sector, alarmada, advertía que una pareja de alemanes estaba planteándose no volver y reprochaba a los vecinos que se rechazara “a los visitantes que nos dan de comer”. Tal vez, quienes hicieron la pintada debieron ser más considerados y escribirla también en alemán. Así podrían haberles dado el gusto de ofenderlos en su propio idioma.

Vuelve el verano, el paraíso de las vacaciones en familia para unos, el infierno de las jornadas laborales interminables y la masificación para otros. La narrativa oficial en la cultura, la publicidad y los informativos siempre se ha construido desde la perspectiva del turista. El derecho al disfrute en familia como símbolo de estatus y certificado de pertenencia a la tan ansiada clase media. Comenzó con la estampa de la familia madrileña comiéndose una paella en Benidorm para, con el paso de los años, abrirse al mercado europeo. Después le siguió el ladrillazo y, tras la pandemia del COVID, nos encontramos con la pandemia de los Airbnb. Nos emborrachamos de presunto progreso y cuando quisimos darnos cuenta nos habían quitado las playas, los barrios y las casas.

Vamos a André Gunder Frank. Paradojas de la vida, este otro alemán usó el concepto “desarrollo del subdesarrollo” para enmarcar su teoría de la dependencia. Desde la perspectiva del sociólogo, en el capitalismo avanzado el desarrollo es inseparable del subdesarrollo. Las dinámicas extractivistas acaban generando estructuras de desposesión que promueven la desigualdad y la dependencia. Esto se veía en los países golpeados por la colonización, pero sus ecos resuenan hoy en la España turística. Hay un punto donde el crecimiento no redunda en la población, sino que la desposee, la hace más pobre y la humilla.

Durante décadas el turismo quedó excluido de una politización en clave democrática. Simplemente, era incuestionable. Se instaló el consenso de que el turismo era una fuente de desarrollo económico y bienestar social. En lugares como Canarias (donde hay turismo todo el año) fue incluso parte constitutiva del contrato social, de la promesa aspiracional de un futuro de bienestar para las islas. “Nos dan de comer”, decía la empresaria que mentábamos antes. Una relación de arriba hacia abajo. Ellos nos dan, nosotros callamos agradecidos. Porque la soberanía y la democracia se suspendían en primera línea de costa. Una relación vertical de dependencia y, si me lo permiten, una cierta forma de colonialidad. 

Sin embargo, eso se rompió. El consenso del desarrollo ilimitado vinculado al turismo caducó en el momento que se desbordaron todas las barreras que lo contenían (económicas, sociales, geográficas, urbanísticas…), alcanzando un punto donde cada nuevo turista producía un daño mayor que la riqueza que generaba. Los récords de turistas venían acompañados de récords en desigualdad, en los precios de la vivienda y de atentados medioambientales. Desarrollo del subdesarrollo. Si con la locomotora turística a pleno rendimiento el presente es tortuoso, ¿por qué deberíamos confiar en que llegará un futuro mejor? La promesa se había roto.

Y aquí entran en escena las protestas. Claro que muchas y muchos hemos sido turistas en algún momento, pero no se trata de eso. Quien articula resistencias sobre el territorio no lo hace porque tenga un problema con el turista como individuo en particular, sino como sujeto beneficiario de un modelo desigual en general. Es la manera de expresar, de manera directa, inmediata y clara, que el actual modelo turístico es insostenible e incompatible con la vida de quien habita el territorio. De denunciar que las oligarquías no dudan en destruir cualquier vínculo si con ello logran un espacio para la mercantilización y el lucro económico. Frente a mensajes como el Tourist go home podemos sentirnos interpelados como potenciales turistas cuestionados en su ilusoria (y fugaz) parcela de poder o como ciudadanos susceptibles de sufrir las consecuencias, preocupados por la situación de nuestro pueblo y el rumbo de nuestro país. Aquí está el terreno central de la disputa política e ideológica. 

Porque el primer paso para promover un cambio es enunciar políticamente un problema. En nuestro país esto ocurrió el 20 de abril de 2024, cuando Canarias, mediante movilizaciones masivas, protagonizó un terremoto social que estimuló a Baleares y a las zonas turísticas de la península. Las élites de la M-30 intentaron explicarlo como una movilización por la vivienda, pero no se trataba (tan solo) de eso, sino de una crítica integral a un modelo turístico que es desigual, que desposee a los ciudadanos de su tierra (su identidad, su espacio público, su barrio, su patrimonio natural…) y que expulsa a los vecinos (ahora sí) de sus viviendas. 

Construir una narrativa desde las periferias del sistema turístico, esto es, desde las poblaciones subordinadas al circuito del chiringuito, las hamacas en la playa, los balconings, los hoteles ilegales, la coca para aguantar en cocina durante la temporada alta, las tiendas del barrio de toda la vida donde ahora te atienden en inglés o las cajetillas de Airbnb que sustituyen a la vecina del tercero, es construir una narrativa desde la plurinacionalidad y desde abajo. Desde esa parte del país que capturó rentas durante más de medio siglo sólo para que se las embolsaran las oligarquías sin que se dignaran, si quiera, a dejar una propina.

Tal vez de esta manera podemos dibujar un horizonte alternativo. Un nuevo modelo de desarrollo económico y social en el que al turismo se le ponga límites allá donde empiezan el bienestar, la libertad y la dignidad del pueblo. 

Tal vez, y sólo tal vez, en esas condiciones podamos volver a darle la bienvenida a los turistas. Eso sí, en español.

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David Comas Rodríguez es analista político y Secretario de Comunicación y Discurso de Movimiento Sumar