La cuarta edición de Benidorm Fest arranca este martes la competición con la celebración de su primera semifinal, en la que muchos ojos estarán puestos en validar las expectativas depositadas en una de las favoritas al triunfo, la artista Lachispa con la canción Hartita de llorar, según informa EFE.

Será a partir de las 22:50 horas cuando la preselección nacional para elegir el representante español en Eurovisión 2025 se ponga en marcha una vez más desde el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante), en una gala conducida por Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand.

Este lunes se conocía el orden de actuación de los ocho aspirantes que se disputarán cuatro plazas para la final del próximo sábado:

Gracias a ellos sonarán géneros variados como pop sarcástico con mensaje, synth pop, salsa a lo Marc Anthony, una balada evocadora, r&b y ritmos urbanos y hasta una saeta, la que incorpora la citada Lachispa en su canción, la segunda con más reproducciones actualmente en Spotify de entre los 16 aspirantes.

La plataforma sueca ha informado de hecho que su tema es el que más ha crecido en escuchas a lo largo del último mes, aunque en esta semifinal parte del foco mediático recaerá igualmente en la vuelta a la actividad profesional del dúo Sonia y Selena, que en 2001 convirtieron en un éxito Yo quiero bailar y que llevaban más de dos décadas separadas por sus desavenencias.

A todos les recibirá un espectacular escenario con una pantalla vertical triangular de 11 metros de alto y 20 de base, a la que hará espejo otra en el suelo de 20 metros de anchura y 18 de profundidad. Este diseño, por otro lado, ha permitido aprovechar mejor el espacio y aumentar el aforo a 2.600 personas que seguirán in situ la semifinal con fervor.

Para quienes vayan a disfrutarlo desde casa, pues no se olvide que no deja de ser un espectáculo sobre todo televisivo, habrá un total de 18 cámaras, una de ellas una cabeza caliente de 16 metros, un cable cam, 2 steady cam, tres cámaras autónomas, una tower cam y el resto serán sobre pedestales para planos cortos.

Cabe destacar por último dos de los cambios más importantes de esta edición en la mecánica. La primera tiene que ver con el voto, pues desaparece el voto demoscópico que proveía de un grupo seleccionado de 350 personas como representativas de la sociedad española. En su lugar, se ha desarrollado una app gratuita que permitirá que cualquiera que la descargue otorgue un único voto a su opción favorita. De ahí saldrá el 25% de los votos del público, mientras que otro 25% vendrá dado por el tradicional voto por SMS y llamadas de tarificación especial, que se mantiene igual.

Se mantiene también inalterada la presencia de un jurado profesional integrado por ocho personas, cuatro de ellos nacionales y otros cuatro internacionales, que proporcionarán el otro 50% de las valoraciones.

El segundo gran cambio vendrá dado por que los cuatro clasificados pasarán a la final sin conocer cuál ha sido su puntuación respecto al resto de participantes, lo que impedirá descartar a nadie de las opciones a triunfo el próximo sábado.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa que seguía contra Junts y PDeCAT por los 6,6 millones que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) fue condenada a pagar por el desfalco del Palau de la Música, según consta en una providencia consultada por Europa Press.

El archivo se produce después de que ninguna de las partes haya recurrido el auto del 15 de febrero por el que la Audiencia acordó paralizar la causa por falta de competencia para determinar quiénes son los sucesores de CDC, debido al procedimiento concursal que se sigue contra CDC ante el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona.

La sentencia del caso Palau de la Música condenó a 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros al que fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, y a 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull.

Además, ordenó comisar 6.676.105,58 euros a CDC, que en 2020 presentó un concurso voluntario de acreedores que asumió el Juzgado Mercantil número 9, que ahora tiene preferencia para determinar cómo deben pagarse las deudas del partido.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona reconoció la competencia preferente del juzgado mercantil después de que el Tribunal Supremo así lo determinara en un conflicto de competencia, y la providencia de archivo ya es firme.

El Palau de la Música de València pondrá a la venta, a partir de este miércoles 12 de diciembre, las entradas del espectáculo Nunca os olvidaremos, de los artistas Dani Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero. La función se representará en el auditorio municipal el próximo 9 de febrero de 2019 a las 22.30 horas, tal y como se anunció, después de que el Teatro Olympia de València lo cancelara debido a las amenazas de un grupo de extrema derecha recibidas a raíz de un gag televisivo en el que Mateo simulaba sonarse la nariz con la bandera de España.

Desde el Palau de la Música se recuerda, en un comunicado, que se trata de un espectáculo con carácter solidario que tendrá lugar en la Sala Iturbi del auditorio valenciano con un coste de 20 euros por localidad. De esta manera, la totalidad de la recaudación irá destinada a la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, "que es una de las más antiguas de toda València y una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1973 con el fin de apoyar a perros y gatos víctimas del abandono y del maltrato", señalan.

La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP) trabaja para paliar los efectos del abandono animal, intentando evitarlo y buscando una segunda oportunidad de vida para los animales abandonados. Así mismo, realiza una gran labor educativa, informativa y divulgativa entre los ciudadanos con el fin de sensibilizar a todas y a todos, fomentando la cercanía con los animales. Hoy en día su refugio alberga unos 300 aproximadamente.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de València y responsable del auditorio, Glòria Tello, ha manifestado que "poder hacer de una actuación en favor de la libertad de expresión artística, un acto de solidaridad por los animales que más lo necesitan, es una manera de crear sinergias para hacer de ésta una sociedad más libre, más respetuosa, más justa y, en definitiva, mejor".

De esta manera, el Ayuntamiento de València ofrece el auditorio valenciano para que pueda representarse la obra, tras su cancelación, el pasado 8 de noviembre, en una sala de la ciudad por amenazas. Las localidades se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas en servientradas.com, en www.palauvalencia.com, y en las taquillas del auditorio en su horario habitual.

Lo hace tres días después de que su mano derecha, Jordi Montll, también quedara en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Millet fue condenado a 9 años y ocho meses de prisión por el saqueo de la entidad musical, cifrado en 23 millones de euros, e ingresó en prisión el 5 de febrero.

Estos hechos están considerados como probados por los jueces de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que este lunes dictaron sentencia sobre un caso que se inició hace ocho años y medio, en el verano de 2009, cuando los Mossos d’Esquadra registraron el Palau buscando evidencias del supuesto desvío de fondos cometido por Millet y Montull, sobre los que han recaído penas de nueve años y ocho meses y de siete años y medio de cárcel, respectivamente. También ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión el extesorero de CDC Daniel Osácar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

Ferrovial, sin embargo, ha conseguido salir indemne del caso. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran acreditada la participación en la trama de los dos únicos responsables de la constructora encausados, Pedro Buenaventura, que fue director territorial de zona en Cataluña hasta mayo de 2000 y estuvo en la empresa hasta 2006, y Juan Elízaga, director de Relaciones Institucionales hasta al menos julio de 2009. Los magistrados creen que ambos son responsables de un delito continuado de tráfico de influencias por el que se enfrentaban a una pena de hasta un año y seis meses de prisión, pero entienden que su responsabilidad penal ha prescrito.

En el momento en el que se produjeron estas mordidas y para este tipo de delito, el Código Penal fijaba en tres años el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción de los hechos. Pues bien, en el caso de Buenaventura pasaron cinco años y un mes entre su última actuación como empleado de Ferrovial (febrero de 2006) y su imputación el caso (marzo de 2011). Por su parte, el último ingreso efectuado por la constructora al Palau con Elízaga como directivo fue en junio de 2009, justo antes del registro de los Mossos, pero su citación en calidad de imputado no llegó hasta abril de 2013. Pasaron, por tanto, casi cuatro años. 

Tras la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015, el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción, en el caso de estos hechos, sería de cinco años. No obstante, para hacer este cálculo se tiene en cuenta la legislación vigente en el momento en el que se produjeron las actuaciones que son objeto de la investigación judicial. En este caso, la prescripción estaba fijada en los citados tres años. 

"Sistema organizativo" 

En un comunicado difundido este lunes, la empresa aseguró haber sido "ajena" al "destino final" de los fondos entregados al Palau por contratos de patrocinio y reiteró su convencimiento de que las adjudicaciones en las que participaba "se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica". En la sentencia, los jueces subrayan que no consta "ni el conocimiento ni la aquiescencia" de las actuaciones deBuenaventura y Elízaga por parte los órganos colegiados o los accionistas de la entidad. 

Según los jueces, la posición directiva de Buenaventura y la intervención de Elízaga, director de Relaciones Institucionales, les permitió obtener de los máximos responsables de la empresa a nivel estatal el asentimiento del patrocinio del Palau, tanto para su puesta en marcha como para su posterior mantenimiento anual. Por otro lado, consideran probado que Buenaventura acordó con el extesorero de CDC Carles Torrent –fallecido en 2005– que Ferrovial pagaría anualmente "por anticipado" una comisión del 4% del volumen de obra pública que "le debía ser adjudicada por los organismos [de contratación] controlados por CDC". 

No obstante, según el tribunal, en torno al año 2002 se cambió el "sistema organizativo" para el pago de las comisiones, que dejaron de ser por adelantado y se llevaron a cabo una vez Ferrovial obtenía la "correspondiente adjudicación". Para la Audiencia, este cambio de sistema se acordó "quizás" porque Buenaventura "se cansó de pagar y luego tener que, encima, reclamar", o incluso debido al mayor volumen de obra prevista a licitar con el "consiguiente fraccionamiento del pago de las comisiones en varios años".

Para llevar a cabo ese propósito Millet y Montull crearon un ciclo de conciertos, llamado Palau 100, cuyo objeto "no era auxiliar económicamente al Palau" para poder desarrollarlo, "sino dotar de los suficientes fondos a Millet y Montull para que pudieran abonar las comisiones pactadas a CDC y quedarse parte de la comisión". Según la sentencia, sólo por estos acuerdos de patrocinio, Ferrovial aportó al Palau más de 12,6 millones de euros entre 1997 y 2009. 

Después, para que ese dinero fluyera hasta Convergència, Millet y Montull pusieron a disposición de los directivos Ferrovial y de los miembros de Convergència "toda la estructura jurídico-financiera" del Palau. El objetivo, relata la sentencia, era que "pudieran ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio, los primeros, y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau, los segundos". 

Al final, el dinero de las mordidas acabó llegando a la formación que entonces dirigía Jordi Pujol a través de tres formas: 3,7 millones a través de entregas en efectivo a los extesoreros Torrent y Osácar, 2,3 millones con la emisión de facturas "mendaces" por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin y 630.000 euros por convenios de colaboración cultural con la Fundació Trias Fargas, vinculada al partido.

El pacto era que Ferrovial pagaba "por el ejercicio de aquel influjo para la obtención de obra pública" el 4% del importe de todas las adjudicaciones obtenidas. El 2,5% se lo quedaba el partido y el 1,5% restante era para los intermediarios, Millet y Montull, que a su vez se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo, dejando en algunas ocasiones una pequeña parte para la Fundació Orfeó Catalá. El tribunal sostiene que esos pagos eran "la efectiva retribución de la influencia ejercida para obtener las adjudicaciones".

La sentencia determina que la influencia de los tesoreros sobre los miembros de las mesas de contratación a favor de Ferrovial "consiguió su objetivo", pues la compañía pasó de no tener volumen de obra pública en Cataluña a conseguir algunas de las mayores obras por cuantía económica que se efectuaron en aquellos años en esa comunidad: la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona y de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. 

Según el fallo, durante el juicio, Buenaventura y Elízaga no ofrecieron explicación alguna sobre este trasvase de fondos. Ambos manifestaron que lo desconocían, explicaron que el patrocinio era correcto y que se efectuó sin relación alguna con posibles adjudicaciones de obras. La sentencia revela que el tribunal no ha creído su versión, pero la laxitud de la legislación respecto a la conducta de los corruptores les ha permitido quedar absueltos. 

Los responsables de la unidad de los Mossos d'Esquadra que investigó el expolio del Palau de la Música han explicado este miércoles como testigos en el juicio que el expresidente de la institución Fèlix Millet guardaba en una caja de seguridad de una entidad bancaria 1,8 millones de euros en billetes de 500.

Dos mandos policiales –los primeros testigos que han declarado en el juicio– han explicado que, al irrumpir en el Palau para registrarlo en julio de 2009, descubrieron documentos en la caja fuerte de Millet que hacían referencia a esa caja de seguridad que estaba en una sucursal.

Los policías también han ratificado en sus declaraciones que descubrieron que Millet y el que entonces era su mano derecha, Jordi Montull, había falsificado facturas para justificar ante la Agencia Tributaria la salida de miles de euros en efectivo del Palau.

Han explicado que se encargaron de analizar los "movimientos sospechosos" de dinero en el Palau que había denunciado Hacienda, con el cobro de cheques en efectivo de entidades bancarias por valor de miles de euros: un total de 11 cheques que habían salido por ventanilla, según informa Europa Press.

Los máximos responsables del Palau, ante la reclamación de Hacienda, se apresuraron a justificar estas salidas con facturas de cuatro empresas, que resultaron ser falsas, y con la compra de un local por parte de la institución.

Empresas sin actividad

Tras las pertinentes comprobaciones, los Mossos descubrieron que dos de estas empresas que figuraban en las facturas ya no tenían actividad en 2003: una estaba paralizada desde 2001 y, en el otro caso, el administrador de la misma les explicó que nunca habían cobrado del Palau.

Además, el diseño de uno de los recibos –un modelo en blanco que se compraba en imprentas– estaba elaborado por una empresa que en 2003 no existía sino que empezó a funcionar en 2004, con lo que todo apuntaba, según los Mossos, a que había sido hecho después expresamente para justificar las salidas de dinero.

Sobre las facturas de las otras dos empresas, los agentes han explicado que los administradores de las mismas les dijeron que no habían hecho esos trabajos y, en uno de los casos, que fue Montull el que les pidió modificarlas para presentarlas a la Agencia Tributaria, y que él aceptó porque el Palau era un buen cliente.

La mujer del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Marta Vallès, aseguró este lunes, al declarar en el juicio como responsable civil, que no sabía que su marido pagase los gastos personales de la familia con el expolio de la institución: "Yo pensaba que era dinero nuestro, teniendo dinero como teníamos".

"Nunca se me hubiese ocurrido que todo lo pagase el Palau: yo tenía dinero y mi marido también", explicó en su comparecencia, al ser citada como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del desvío de fondos de su marido para pagar viajes personales y las bodas de sus hijas, entre otros gastos.

Con él "mejor no discutir"

Vallès ha asegurado que Millet llevaba toda la gestión económica familiar: "Con él era mejor no discutir. Él mandaba y hacía todo. Yo pensaba que era dinero nuestro. Yo llevaba las cosas de casa, yo no llevaba nada".

Al preguntarle si ella tenía constancia de que una empresa en la que ella figuraba como administradora –Bonoyma– le hacía facturas al Palau por servicios que no existieron, ella ha asegurado que no: "Ni en sueños. No tenía constancia, no tenía ni idea".

La mujer de Millet relató que la pusieron a ella como administradora de esta empresa porque el asesor fiscal decía que estas compañías debían tener esta figura, pero ha dicho que sólo tenían un empleado que iba a "hacer números", aunque lo gestionaba su marido.

La boda

Sobre la boda de una de sus hijas, celebrada en el Palau con dinero de la entidad, Vallès declaró en la línea de lo que dijo su marido en su interrogatorio como acusado: que fue un acto de "propaganda" para dar a conocer que allí se podían celebrar casamientos.

Vallès declaró a preguntas del abogado del Palau de la Música y de su defensa, pues el fiscal Emilio Sánchez Ulled y el resto de acusaciones y defensas han renunciado a hacerle preguntas en su comparecencia.

Como responsable civil, Vallès ha estado obligada a contestar a todas las partes que le han querido hacer preguntas, pero sin tener que decir la verdad al no comparecer en calidad de testigo.

Lo ha dicho en la Ciudad de la Justicia de Barcelona al salir de la sala donde se celebra el juicio al concluir, sobre las 15:00 horas, la primera sesión de la vista, que ha estado dedicada por completo al planteamiento de las cuestiones previas por parte de las defensas de los acusados.

Montull se refería a que la semana que viene, el miércoles 8 de marzo, comenzarán las declaraciones de los 16 procesados en esta causa en la que se juzga tanto el desfalco del Palau –confesado en parte por Millet y Montull– como la presunta financiación ilegal de CDC a través de esta institución.

Se da la circunstancia de que los abogados de Montull y de su hija Gemma –que era directora financiera de la institución– tratan de llegar a un pacto con la Fiscalía para conseguir reducir sustancialmente las penas de cárcel a las que se enfrentan, de 27 y 26 años respectivamente.

Según han explicado fuentes judiciales, este acuerdo pasaría por que Montull y/o su hija confiesen, entre otros aspectos, que CDC usó al Palau para camuflar el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial, con lo que las declaraciones del padre y de su hija podría suponer un punto de inflexión en la causa; de ahí que la frase pronunciada al salir del juicio podría interpretarse en esta línea.

El acuerdo con la Fiscalía, de fraguarse, no implicaría al resto de las partes, dado que esta macrocausa, con 16 acusados y varias acusaciones particulares y populares, lo antoja prácticamente imposible.

Renuncian a más de 30 testigos

Millet ha salido de la Ciudad de la Justicia en silla de ruedas y rodeado de una nube de periodistas y, al preguntársele cómo había visto la primera sesión, se ha limitado a responder: "Informes, informes", en referencia a que la jornadas se ha dedicado a las cuestiones previas.

Lo más destacable de este primer día de juicio ha sido que la defensa de CDC y de su entonces tesorero, Daniel Osácar, ha renunciado a las declaraciones de más de 30 testigos que había solicitado, entre ellos el actual presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y los exconsellers de Obras Públicas Felip Puig, Pere Macias y Joaquim Nadal.

No se podrá escuchar tampoco a miembros de la mesa de contratación del concurso para adjudicar las obras de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuya adjudicación a Ferrovial está bajo sospecha: Joan Carbó, Lluís Hosta, Marcel Gómez, Francesc Carulla y el propio Turull.

Otros testigos que finalmente se librarán de declarar son los técnicos de la mesa de contratación de Regsa y Gisa –empresas públicas que gestionaban y adjudicaban obras públicas– por el proyecto de obras de revestimiento de la Sèquia Bellet: Xavier Borràs, Pilar Matesanz, Salvador Carbonell, Xavier Vall-llosera y Francesc Segura.

Restar "peso mediático"

Por su parte, el abogado de la acusación popular cree que la defensa de CDC y de su extesorero Daniel Osàcar intenta reducir el "peso mediático" del juicio renunciando a que declaren como testigos altos cargos del Govern, como el exconseller Felip Puig y el actual presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull.

En declaraciones a los medios tras la primera sesión del juicio, Solà –que representa a la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB)– ha dicho que, si estos testigos eran esenciales para la defensa de CDC, "no ha cambiado nada para que ahora no lo sean".

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha pedido en su escrito de acusación una pena de 27 años y seis meses de cárcel para el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, por el saqueo de la entidad.

Solicita penas de entre tres y 27 años para un total de 17 acusados, entre ellos la exdirectora financiera Gemma Montull para la que pide 26 años, y nueve años y seis meses para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano.

También pide siete años y seis meses de prisión para el extesorero de CDC Daniel Osàcar y un año y seis meses de cárcel para el abogado y exdiputado de CiU en el Parlament Jaume Camps.

Además, solicita decomisar 6.676.105 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial "y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero".

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios" –desde su incorporación como directa financiera en 2003–, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las "ostentosas" bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos –Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo–, y otros gastos suntuosos.

El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron "como mínimo" el tesorero Carles Torrent –fallecido en 2005– con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

"La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado", dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar "el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas", llevándose una mordida de los mismos.

Comisiones del 4%

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas "de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya" como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC –entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-– y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.

Según un auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, el juez ha acordado bloquear las tres presuntas cuentas en Lausanne, Zurich y Ginebra porque Millet y Montull podrían ser sus "titulares, autorizados o apoderados".

El juez lo ha acordado después de que el diario Abc publicara el 7 de octubre una información relativa a tres posibles cuentas de los dos imputados, en las que podría haber 3,2 millones de euros.