El comienzo no era malo: en 2024, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) elaboró un documento titulado «Enfoque de la Unión Europea en materia de seguridad de la información para las operaciones y misiones militares dirigidas por la UE», un informe de “difusión limitada”. 

Como todas las fuerzas militares, el brazo armado de Europa se preocupa por la seguridad de la información, es decir, el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías destinados a proteger la información contra cualquier acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. No se trata únicamente de ciberseguridad, sino también de la protección de los datos físicos, humanos y organizativos. Sin embargo, la filtración vinculada a la operación IRINI demuestra que los militares europeos tienen mucho camino por recorrer en esta materia.

En este lote de datos filtrados se encuentran contraseñas de redes wifi, códigos de acceso a edificios que alojan a militares, el código para acceder a salas específicas en cuarteles generales, datos personales de proveedores de servicios, de militares e incluso de sus cónyuges. 

La seguridad operacional, que consiste en no proporcionar al adversario información que pudiera serle útil, es ignorada: a lo largo de los documentos, se encuentran, por ejemplo, las fichas de los militares que reciben habilitaciones de seguridad. En ellas figuran sus nombres, fechas de nacimiento y números de pasaporte. Todo tipo de información que constituye un primer paso para mecánicas de “ingeniería social”, una técnica que consiste en manipular a una persona para inducirla a facilitar información confidencial.

Un archivo enumera también toda una serie de nombres de usuario y contraseñas de servicios utilizados por los militares. Información muy valiosa sobre los proveedores de la UE en materia de herramientas de vigilancia, como la empresa británica dea.aero, que suministra servicios de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, por sus siglas en inglés). 

Cabe esperar que los militares hayan actualizado las contraseñas después de su publicación, porque si bien Reflets es probablemente el único medio que recuperó estos datos cuando estaban la web del grupo de ransomware —y no tiene interés en usarlos—, no puede decirse lo mismo de los servicios de inteligencia de países no europeos, en particular Rusia. La elección de contraseñas resulta desconcertante: los militares europeos son aficionados al clásico “12345”. Además, la renovación de contraseñas no parece estar en la agenda.

Como en todas las filtraciones militares, esta proporciona abundante información técnica sobre las herramientas de comunicación puestas a disposición de las tropas, incluidas las ubicaciones de los centros de comunicaciones y la forma en que están interconectados, ya se trate de herramientas de comunicación “convencionales” o “seguras”. Los documentos también permiten elaborar listas de aviones espía aportados por Francia a la operación IRINI, como drones de vigilancia tipo Reaper o aviones AWACS.

Pero la seguridad no se limita a las contraseñas. Un documento compartido por el equipo jurídico militar francés ofrece, por ejemplo, información “diplomática” interesante que probablemente no estaba destinada a difundirse por Internet como ha ocurrido.

Se observa así que la operación IRINI tiene entre sus objetivos "apoyar la detección y vigilancia de las redes de tráfico de migrantes y trata de seres humanos mediante la recopilación de información y la organización de patrullas realizadas con medios aéreos sobre alta mar". 

Los juristas militares franceses explican en el documento que “los medios navales de la operación han sido solicitados en varias ocasiones para hacerse cargo de embarcaciones. A pesar de que los incidentes se producen mayoritariamente en la zona de rescate maltesa, es el centro de coordinación italiano quien toma el control, ya que Malta nunca responde o se niega a gestionar estas operaciones. Por otra parte, el hecho de que un centro de coordinación nos solicite no implica que respondamos positivamente. Puede ocurrir que no podamos o que no dispongamos de ningún medio en la zona inmediatamente próxima. El argumento de que las armadas no están sujetas a los convenios de rescate no es realmente sostenible en tiempos de paz. No obstante, la decisión final corresponde al comandante de operaciones”.

Otro asunto abordado por los juristas franceses es el uso del puerto de Marsella como destino para los buques interceptados y sospechosos de violar el embargo. Este es un asunto delicado entre los Estados europeos: Francia es el único país que ha ofrecido un puerto para acoger estos barcos, ya que el resto de gobiernos se resisten a asumir la responsabilidad logística y jurídica que ello conlleva. Un documento del equipo jurídico revela que el Gobierno francés quiso provocar un “electroshock” anunciando el cierre del puerto de Marsella para estos buques, en una medida de presión sobre los socios europeos.

El mundo de los grupos de ransomware es opaco. Las  webs de filtraciones son gestionadas por actores maliciosos que pueden mentir, atribuir erróneamente la información que publican, o inyectar en ella datos falsos. Para tratar de comprender mejor las implicaciones de esta filtración, Reflets ha entrevistado a Corsin Camichel, investigador de eCrime.ch y observador de los grupos de ransomware.

eCrime.ch lleva un registro preciso de los ataques de ransomware. ¿Tiene conocimiento de otros ataques de esta magnitud contra fuerzas armadas?

Hemos observado previamente ataques de ransomware dirigidos contra fuerzas armadas o militares. Si bien el número total de incidentes sigue siendo relativamente reducido, su distribución geográfica resulta significativa: estos ataques parecen producirse con mayor frecuencia en países de América del Sur o Asia que en Europa.

No hemos encontrado ningún anuncio oficial sobre este incidente de seguridad por parte de la UE. ¿Es habitual? ¿Las entidades afectadas suelen hacer como si no supieran nada para evitar la mala publicidad?

Desgraciadamente, muchas organizaciones afectadas siguen optando por no notificar públicamente estos incidentes. Las empresas privadas se han vuelto algo más transparentes en los últimos años, principalmente debido a las leyes de protección de datos y a las obligaciones de información financiera. Sin embargo, la mayoría de los casos que observamos no se asocian a ninguna declaración pública de la organización afectada.

¿Se conoce la proporción de víctimas que pagan los rescates?

Es difícil obtener cifras precisas, ya que muchos pagos de rescates nunca se hacen públicos. No obstante, el análisis de blockchain realizado por Chainalysis sugiere que actualmente solo el 28% de las organizaciones víctimas pagan el rescate. Hace unos años, las estimaciones apuntaban a que aproximadamente una de cada dos víctimas pagaba, mientras que hoy esa cifra se acerca a una de cada cuatro.

Contactada al respecto, la Dirección de Comunicación de la Comisión Europea no respondió a las preguntas de esta investigación.

Estas son las preguntas enviadas por Reflets.info en el marco de este artículo:

No hay un auto que lo establezca y que explique motivadamente las razones. Tampoco una providencia. Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo que juzgará al fiscal general del Estado a partir del próximo 3 de noviembre, ha decidido, previa consulta al resto de magistrados que formarán el tribunal junto a él, que el proceso al máximo responsable de un órgano constitucional como es Álvaro García Ortiz no se retransmitirá en directo ni por internet a través de canales streaming. La decisión se ha adoptado, además, sin previa consulta a las partes, que en ese caso habrían podido reclamar a la Sala lo que más beneficiara a sus intereses. Fuentes del Alto Tribunal aseguran que se trata del trámite habitual y que, solo si alguna parte muestra su desacuerdo, se dictará una resolución motivada. El juicio del procés se retransmitió en vivo y por la red debido a que varias partes reclamaron la presencia de observadores internacionales, recuerdan esas mismas fuentes.

Desde el Supremo razonan que la publicidad del proceso estará garantizada con la presencia de 150 periodistas que podrán tomar desde allí las imágenes y el sonido de las sesiones del juicio para luego tratarlas en sus medios como deseen. Fuentes de su gabinete de comunicación explican que el proceso seguido por la presidencia de la Sala es el habitual en los procesos mediáticos: tomar las decisiones sobre cómo se garantiza el principio de publicidad de los procesos penales y solo si alguna parte muestra su desacuerdo, emitir un auto con los fundamentos de derecho que expliquen el acuerdo que finalmente se adopte. Sin embargo, lo decidido en este caso por el Supremo choca con otros procesos de gran relevancia, como el de los líderes del procés o muchos de los que se siguen por terrorismo, corrupción o delincuencia organizada e internacional que corresponden a la Audiencia Nacional, a los que todos tienen acceso a través de un canal de Youtube.

No está claro si esa retransmisión en directo que ahora se impide jugaría a favor o en contra del fiscal general, pero lo cierto es que el tribunal no ha preguntado su opinión ni al acusado ni al resto de las partes. Desde el Alto Tribunal sostienen que, con la decisión, se trata de evitar una exposición mediática desmesurada de García Ortiz durante los nueve días que está previsto que dure el juicio protegiendo su derecho a la intimidad. Pero lo cierto es que el acuerdo de Martínez Arrieta choca con lo que se estableció en el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, que se pudo seguir por internet en tiempo real. En ese caso, explican desde el Alto Tribunal, la decisión se tomó por la exigencia de que se garantizara la presencia de observadores internacionales. Ante esa petición se optó por que cualquiera, a través de un ordenador o un dispositivo con acceso a internet, lo pudiera presenciar.

La importancia que pueda tener para el interés de cada una de las partes –y especialmente para el acusado– la forma en que se retransmite un juicio sí se recoge en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado por el Gobierno. Como recordaba el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín en una tribuna reciente, el artículo 148.2 de ese proyecto de texto legal obliga al tribunal, "previa audiencia de las partes", a establecer "las condiciones en que se permita a los medios de comunicación audiovisuales acceder a las sesiones del juicio, así como grabar y difundir todas o alguna de las audiencias, siempre que no se perjudique el sereno y regular desarrollo de los debates y se respete el derecho a la intimidad de la víctima y de sus familiares". En su artículo, Martín Pallín subrayaba la necesidad de que los ciudadanos conozcan "sin intermediarios" los detalles de una vista en la que se actúa "contra una alta institución del Estado y, por elevación, contra el presidente del Gobierno".

Si esa norma hubiera sido ya aprobada, la Sala hubiera tenido que escuchar el parecer de García Ortiz, la fiscal del caso y el resto de acusaciones antes de pronunciarse sobre cómo retransmitir la vista. Pedir o no su opinión sí puede afectar a su derecho de defensa porque, al tratarse del máximo dirigente de un órgano constitucional como la Fiscalía, reclamar ahora lo contrario podría interpretarse como una presión o una muestra de desconfianza en el sistema judicial en general y en el Alto Tribunal en particular. También podría entenderse como un intento de montar un show mediático a su alrededor, algo que, desde su posición institucional no se puede permitir. Sin embargo, como se desprende de la opinión de numerosos expertos penalistas, magistrados eméritos e incluso del voto particular del magistrado Andrés Palomo, el papel del tribunal en este caso ha sido muy cuestionado. Tanto en el fondo –el desmentido de un bulo del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid– como debido a la ausencia de pruebas tras varios meses de instrucción.

Decidir sin escuchar al acusado, y a las acusaciones y la Fiscalía cómo debe ser la cobertura del juicio choca también también con la regla general que se sigue en la Audiencia Nacional. El tribunal que se encarga del terrorismo, el crimen organizado, la alta corrupción y la delincuencia trasnacional trasmite por defecto en directo y vía streaming gran parte de los juicios más mediáticos que se celebran en sus instalaciones –tanto en su sede de García Gutiérrez, en el centro de Madrid, como en la de San Fernando de Henares– a través de su canal de Youtube. Así fue, por ejemplo, en cada uno de los juicios del caso Gürtel –la mayor trama de corrupción que afecta al PP y que terminó llevándose por delante al Gobierno de Mariano Rajoy– o en algunos de los procesos contra el excomisario José Manuel Villarejo, relacionado supuestamente con casos como el de la policía patriótica, la Operación Cataluña o el espionaje a Luis Bárcenas, entre otros.

Se retransmita en directo o no, la publicidad del juicio, a la que obliga la Constitución, está garantizada, aunque matizada respecto de otros casos también muy mediáticos que sí se han podido seguir en vivo. Según una nota difundida por el Supremo, los medios podrán captar la señal institucional de audio analógico y vídeo. En la sala de vistas se habilitará espacio para la presencia de 20 periodistas mientras que el resto, hasta 150, podrán seguir el juicio por televisión desde la biblioteca y el salón de actos del Alto Tribunal, que serán habilitados como sala de prensa. El Supremo prepara ya el dispositivo para la cobertura de uno de los juicios más trascendentes de los últimos tiempos y que afecta directamente a la estructura institucional del Estado. Sin embargo, ninguno de estos detalles se ha comunicado al acusado. Ni verbalmente ni por escrito.

Lo que se juzgará en el Tribunal Supremo cuando se siente en el banquillo el fiscal general del Estado será una filtración. Una información transmitida a periodistas que, según el instructor del caso, Ángel Hurtado, salió del máximo responsable de la Fiscalía. Se trata de una afirmación de la que, hasta el momento, no hay una sola prueba que la sustente y que Álvaro García Ortiz niega cada vez que tiene ocasión. Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la publicación de su confesión de dos delitos fiscales que el juez del Supremo achaca al jefe del Ministerio Público afectó a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa. Uno de los siete magistrados encargados de juzgar a García Ortiz ha defendido públicamente determinadas filtraciones para proteger la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada, esenciales en una democracia. Aunque la ley establezca que las investigaciones judiciales son secretas.

Se trata de Antonio del Moral, de 66 años, miembro de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal a la que llegó hace 13 años desde la Fiscalía. Del Moral, muy apreciado entre sus compañeros por su buen carácter y su calidad técnica, forma parte de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y está vinculado al Opus Dei. Tras su ingreso en el Ministerio Público, se convirtió en 1985 en el último fiscal de prensa de la institución, cargo creado por la dictadura en el que sustituyó al exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. Desde entonces se convirtió en un gran defensor de la libertad de prensa y del derecho a la información que considera esenciales para un sistema democrático. Su experiencia en este campo le ha llevado en los últimos años a participar en múltiples conferencias y debates sobre el trabajo de los periodistas y la información de tribunales, lo que conduce necesariamente a las filtraciones.

Una de estas últimas intervenciones del magistrado del Supremo se produjo el 13 de noviembre de 2024, cuando la Sala de lo Penal, con su voto favorable, ya había admitido a trámite la exposición razonada contra el fiscal general enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nada más abrir el caso, el Supremo cambió su objeto. Mientras que en el tribunal madrileño solo se investigó la nota de prensa con la que la fiscalía desmintió el bulo lanzado desde el entorno de Ayuso de que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto para reconocer los delitos a González Amador y había retirado la oferta "por órdenes de arriba" (en realidad fue el novio de Ayuso el que propuso el pacto para evitar la cárcel y así lo aclaró ese comunicado), el Supremo decidió centrar la instrucción en una filtración ocurrida horas antes de la difusión de esa nota que achacó a García Ortiz.

Ese día, Del Moral participó en un debate-comida titulado "Juicios paralelos (información y presunción de inocencia)", organizado por la Asociación para el Fomento del Diálogo. "La libertad de información es un tema esencial en una sociedad democrática", sostuvo en ese foro. "Sin libertad de información no hay democracia. Puede haber Estado de derecho, pueden subsistir todas las instituciones, controles y contrapesos; pero sin libertad de información plural, libre, que fluya sin controles, sin censuras; sin eso, no hay democracia", añadió para luego advertir que "tiene algunos costes". "Hay víctimas inocentes", prosiguió con su explicación. "Pero no queda más remedio que convivir con esas injusticias porque el beneficio de la libertad de prensa es muy superior".

Lo que, según el instructor del caso contra el fiscal general, se pretende preservar con ese proceso es el derecho de defensa y la presunción de inocencia del novio de Ayuso pese a que su abogado confesara que había cometido dos delitos fiscales. Sin embargo, en el coloquio, Del Moral defendió que es más importante el derecho de la sociedad a estar bien informada que la presunción de inocencia, un derecho este último, que, en su opinión, solo debe tenerse en cuenta en los tribunales y salas de justicia, pero no en la prensa, la política u otros ámbitos de la vida social. "Yo he dicho y lo he llegado a decir en una sentencia un poquito escondido, que estoy entusiastamente a favor de los juicios paralelos, que para mí, los juicios paralelos son una bendición", llegó a afirmar. Para Del Moral, los juicios jurídicos y mediáticos tienen finalidades distintas: "Uno [es] para administrar justicia, el otro para formar opinión pública libre, para formar ciudadanos informados, para que voten en las elecciones", añadió.

Tanto el desmentido público que García Ortiz ordenó sacar en nota de prensa, como la filtración previa que el Supremo, sin pruebas, le achaca, tenían precisamente la finalidad de "formar ciudadanos informados", desmintiendo un bulo sobre los delitos de González Amador difundido por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las noticias que se publicaron tras el desmentido y la filtración investigada trasladaron a la ciudadanía la información real: que había sido el novio de Ayuso el que había ofrecido un pacto para confesar dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel y no al revés.

Con la instrucción abierta contra el fiscal general ya en marcha, Del Moral abordó también el tema de las filtraciones. Lo hizo tras una pregunta de uno de los asistentes, un abogado que afirmó que los juicios paralelos "están basados en filtraciones de los juzgados" y que, a su parecer, eso suponía "un delito de revelación de secretos", como el que se imputa ahora al fiscal general. Tras asegurar que, al leer los periódicos, se encuentra cada día "una media de tres o cuatro violaciones del secreto del sumario", Del Moral afirmó que "al decir que todo tiene que ser reservado, lo que consigues es que nada sea reservado". "Si dijésemos todas las diligencias sumariales tienen que ser reservadas, que es lo que dice la ley, estaríamos angostando la libertad de prensa", prosiguió el magistrado. "Eso no puede ser, eso no lo consiente una sociedad democrática, una sociedad pluralista", añadió. "Hay que adecuar la legislación a eso y dar unos instrumentos que permitan preservar el secreto de sumario en los casos en los que es necesario por unos fines constitucionales", concluyó.

Uno de los juicios recientes más importantes en los que ha participado Del Moral es el celebrado por su Sala contra los líderes independentistas del proceso soberanista catalán en 2019. En ese caso, tres días antes de que el Supremo notificara la sentencia a los condenados, su contenido fue filtrado a varios de los periódicos de mayor tirada del país. Pocos días después, el 16 de octubre de 2019, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, fue entrevistado en el Consejo General del Poder Judicial como único candidato para renovar como presidente de su Sala por cinco años más. En la comparecencia, el entonces máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, le reprochó esa fuga de información.

"La palabra filtración yo creo que es equívoca", respondió Marchena durante la entrevista (a partir del minuto 52:30 de este vídeo). "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal [...]. Ha habido pronósticos sobre el fallo que luego se han confirmado pero que en realidad fueron pronósticos... Luego ha habido informaciones más correctas, más exactas, que yo creo entender que es el tratamiento de unos datos que se obtienen a través de comunicaciones informales [...]. Hace mucho daño [...] Creo que esto es un mal al que hay que hacer frente [...]. Esa sentencia estaba siendo trabajada por muchos [...]. Lamento mucho que en la difusión no se hayan seguido los canales ejemplares [...]. Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no pueda suceder". Tres días después, el Consejo renovó a Marchena como presidente. La filtración del contenido de una de las sentencias más importantes de la historia de España, salida del Supremo, el tribunal que va a juzgar al fiscal general por una fuga de información similar, jamás se investigó.

Estoy muy triste porque nadie me espía -al menos que yo sepa- ni a mí se me ocurre a quién grabar, lo cual es quedarse uno fuera de la tendencia más implantada en nuestra política: aquí se graban las conversaciones los enemigos y los amigos, rivales y correligionarios, graban los hombres de confianza a sus jefes, los compañeros de farra y mordida a los secretarios de organización y los tesoreros a sus líderes… Y, por supuesto, se graban los truhanes entre ellos, los bribones a los sinvergüenzas, los golfos a los canallas y los granujas a los pícaros. Por grabar, lo que hay que ver, grabaron hasta a Florentino Pérez en varias comidas y nos divertimos con su opinión sobre algunos de sus jugadores. Se ve a las claras que antes de sentarse a la mesa del restaurante, entrar al despacho de la reunión o hacer la llamada, aquí todo el mundo aprieta el botón rojo del teléfono, que la información es poder. Se les está poniendo a muchos una cara de chantajistas que tira para atrás.

Cualquier día va a aparecer en el documento nacional de identidad la profesión de tirador de mantas.

Y yo aquí sin nada comprometedor que vender por esas redacciones de Dios, sin ocurrírseme con quién hacer el papel de Judas y sin que haya quien me ofrezca treinta monedas de plata, que siempre te hacen un apaño: en este mundo en el que todo se calcula desde el presente, se ha estimado que hoy, dependiendo de su estado de conservación y de la cantidad de metales preciosos que tuviesen, valdrían entre ochocientos y tres mil dólares cada una; es decir, una pasta. Estoy por poner un anuncio naturalmente con la canción “Usted me comprenda”, del inimitable Javier Krahe, como banda sonora original: “Usted me comprenda / es tan mísera mi hacienda / y a mi alrededor / hay tanto derrochador / que estoy convencido / de que hay un malentendido: / ¿por qué no yo, por qué no yo? // He prometido al capital / que adoraré su vil metal / si a cambio me pone en la senda / de la prebenda. // (…) Usted me comprenda / no manejo ni una rienda / y a mi alrededor / hay tanto conspirador / que estoy convencido / de que hay un malentendido: / ¿por qué no yo, por qué no yo?”

Aquí las fuentes se mueven como el bosque de la obra de Shakespeare, son ellas las que van a la prensa, al partido antagonista o a la policía, que si cantas te suelta y te vas a Ibiza. La duda es si con tantas filtraciones no se nos irá a llenar de goteras la democracia. Por cierto, que lo que se cuenta en Macbeth es la profecía que pronostica la caída del protagonista, que se producirá cuando el bosque de Birnam se mueva avanzando hacia su castillo de Dunsinane. Pero los árboles marchan porque no son árboles, sino soldados, y buscan hacerse con el poder. O sea, la historia de siempre, también la de ahora, en esta dudosa época en que la verdad no hay quien se la crea, o al menos quien la distinga de las mentiras digitales y las otras, y encima estamos rodeados de fontaneros en el mal sentido de la palabra.

Vaya si necesitamos unas vacaciones.

La película conserva su lozanía pasados más de setenta años desde su estreno: el padre Logan, un Monty Clift lleno de debilidades solo aparentes, escucha en confesión a su sacristán, que le revela haber cometido un asesinato, al tiempo que un policía, interpretado por Karl Malden, va uniendo falsos cabos para imputar al propio padre Logan la autoría del crimen. El padre no puede revelar quién es el autor, por el deber de secreto que le impone el sacramento, lo que no hace sino aumentar las sospechas sobre él. Finalmente, acorralado en la sala de baile del Château Frontenac, el sacristán reconoce a gritos ser el autor del delito; mientras confiesa, Hitchcock deja que las miradas silenciosas de quienes lo escuchan recompongan las trizas de la película. De ese momento de revelación me quedo con la mirada de Malden sobre el padre Millars, compañero de Logan. Es mínima, no dura ni un segundo, pero ahí está toda la película: una mirada arrebatada y atónita, de pura epifanía, un momento inefable que trasciende la pantalla, un relámpago que cierra el abismo bajo los pies del falso culpable.

Para trasladar este mensaje de vértigo y reparación, la mirada de Malden nos alcanza limpia, de una honestidad apabullante: el policía llevaba toda la película urdiendo indicios contra Logan, pero ante la confesión del sacristán asume con su gesto asombrado el error de su tesis y la inocencia del padre. Esa brevísima mirada enardecida basta para redimir al policía, a quien ya no veremos como el malo de la película; al final resultó ser un hombre bueno que se equivocó y se dio cuenta.

Recordaba la escena final de Yo confieso leyendo las noticias sobre la imputación del Fiscal General por la filtración del correo del letrado de Amador, y se me hacía inevitable imaginar que, si en lugar de Karl Malden hubiese estado en su papel Ángel Luis Hurtado, el magistrado responsable de esta desdichada instrucción, habría despachado la escena con una mirada de indiferencia y el padre Logan hubiera terminado colgado de una horca. ¿Qué está pasando en este procedimiento?

Vaya por delante que, en mi opinión, la divulgación de aquel correo es lícita, porque forma parte de unos contactos divulgados (parcialmente y con mentiras) por Amador o alguien en su nombre. Quien descubre parte de una conversación no tiene derecho a exigir que el resto quede en secreto; esto parece lógico. Si alguien revela haber hablado conmigo y miente sobre lo tratado, diciendo por ejemplo ‘Carlos me ha escrito para proponerme un delito’, yo entrego las conversaciones a la prensa. Y si el mentiroso me replicara, en el colmo del cinismo, diciéndome ‘¡miserable!, la conversación era secreta’, le contestaría que se lo hiciera mirar. Cuando una de las partes quiebra un pacto de secreto, ya no existe. Sería propio de una pesadilla de Kafka o de Philip K. Dick que al perjudicado por esta quiebra de la reserva (en este caso, una fiscalía a la que se le imputa un acto irregular: haber retirado una propuesta de pacto por motivos políticos) se le prohíba defenderse exponiendo la verdad de lo sucedido.

Dejando aparte esto, y centrándonos en el procedimiento, dos cosas parecen claras: que no hay indicios de que el Fiscal General haya filtrado el correo y que el asunto llegará a juicio. No ha bastado que varios periodistas hayan declarado bajo juramento que tenían la comunicación del abogado antes de que le llegara al Fiscal General. ¡Ay, los periodistas! Entiendo su desasosiego con el asunto, confrontados ante un dilema moral semejante al que atormentaba al padre Logan: saben quién les entregó el correo, pero no pueden decirlo. Si lo confiesan, salvan a un inocente; si no lo confiesan, salvan sus principios y sus fuentes. ¿En qué plato de la balanza depositarán su integridad? Ahí tienen el guion de otra película.

De todas formas, aquí el debate es bizantino porque, aunque infringieran su deber de reserva y acudieran al magistrado para confesarle que el correo se lo dio, qué sé yo, algún fiscal comprimario, Lastra o Villafañe, un pasante del despacho del abogado, un amigo de Amador o el propio Miguel Ángel Rodríguez, no serviría de nada porque Ángel Luis Hurtado ya ha ido demasiado lejos.

En efecto, la experiencia nos enseña que una decisión exagerada o desmedida tomada durante una investigación penal cambia el objeto del proceso, que a partir de entonces no se dirigirá a descubrir el delito sino más bien a justificar la decisión adoptada. El juez se convierte así en el objeto de su propia causa, lo que hace difícil una decisión sosegada y objetiva sobre lo investigado. Cuando alguien registra el despacho del Fiscal General del Estado es complicado después tener la honestidad y mirada clara de Malden para reconocer el error y no porfiar en una tesis fracasada.

Es cierto que el Fiscal General había borrado su cuenta de Gmail; puedo imaginar media docena de motivos para hacerlo; entre otros, la paradójica evidencia de que en este país se filtra todo, y se filtra impunemente, por lo que el Fiscal habría querido preservar datos sensibles del conocimiento de terceros. Sin pruebas, nada se puede tener por probado, pero he aquí que, siguiendo el razonamiento de una instrucción canónicamente inquisitiva, vista tantas veces en la literatura jurídica medieval, la falta de pruebas es la prueba, porque si no hay pruebas ello demuestra que el interesado las ha destruido, y si las ha destruido es porque es culpable.

En cualquier caso, sabemos que el Sr. Hurtado no encontró pruebas y que por esa razón las pidió al extranjero. Del extranjero no le vino nada, pero ha seguido adelante como si tal cosa. Lo desolador del escenario es precisamente eso: la sensación de bloqueo en el que se encuentra el proceso penal, del que cualquier observador derivará la convicción de que no existe nada, ninguna hipotética prueba que, caso de aparecer, llevase al Sr. Hurtado a dirigir aquella mirada desazonada sobre el Fiscal General y pedirle disculpas: la inocencia del inculpado demostraría la derrapada del juez al revolver los cajones de la más alta magistratura fiscal del país. No reconocerá lo primero para no asumir lo segundo. Y si no le puede acusar de haber filtrado el correo a la prensa, le acusará de haberlo filtrado a la Moncloa; y si no, pues de la redacción de la nota de prensa. Es indiferente.

No estoy diciendo, por supuesto, que el Sr. Hurtado sea un prevaricador. En mi opinión, es algo peor: es un mal juez, cuya incapacidad de confrontar la realidad ya quedó patente en el juicio de la Gürtel, donde propuso llevar a sentencia que la trama actuaba “a espaldas del PP” (y, por tanto, de ‘M. Rajoy’). Sus compañeros de sala le quitaron la ponencia, pero el PP le ascendió al Supremo. Me cuesta creer que su ascenso fuera el premio a su sesgo exculpatorio en aquel asunto pero, francamente, no veo ningún motivo alternativo. Ahora que se habla tanto de la independencia judicial, ¿no había nadie en toda la judicatura y cátedra penal española, a juicio del PP, con más méritos que el Sr. Hurtado para llegar a la Sala Segunda? Y digo que es peor ser mal juez porque ante un prevaricador el sistema judicial tiene armas para defenderse, pero frente a un Tribunal Supremo con magistrados mediocres, no hay defensa posible.

Por si fuera poco, en fechas recientes los medios han trasladado dos datos elocuentes que confirmarían la inocencia del Fiscal General y que, valorados por cualquier instructor sensato, hubieran bastado para mandar este proceso a la basura.

Para explicar el primero, podríamos pedir que el día del juicio se desplegaran en la sala de vistas dos pantallas, a poder ser gigantescas, una a la izquierda del tribunal y otra a la derecha. En la primera insertaría la imagen del famoso correo que el abogado de Amador dirigió a la fiscalía, reconociendo que su cliente “ciertamente” había cometido unos delitos contra la Hacienda Pública. En la segunda pediría que se plasmara la imagen del documento filtrado a la prensa, el mismo que Juan Lobato blandió contra la Presidenta Ayuso, como el capitán que enarbola la bandera del navío que se hunde. Dos pantallas, en una el correo remitido, en otra el documento filtrado. El Sr. Hurtado tiene una tesis, en realidad un juicio previo, respecto a lo que sucede entre ambas pantallas: el abogado se lo envía a la fiscalía, la fiscalía se lo envía al Fiscal General, el Fiscal General a la prensa y a la Moncloa, y ésta a Juan Lobato; ahí tenemos el hilo del relato, la trazabilidad de la mercancía, la cadena de custodia del cuerpo del delito.

Pero bastarán unos segundos contemplando las pantallas para advertir un detalle sorprendente: los documentos son distintos. En uno vemos el correo que el abogado envía a la fiscalía y en el otro la carta que los periodistas publican; por un lado, un correo, por el otro, una carta. Es cierto que el contenido es el mismo, pero el resto es diferente: los párrafos, el tipo de letra, el interlineado son distintos... ¿Qué ha pasado? El hilo del relato se rompe: parece que lo filtrado no coincide con lo que se envió a la fiscalía. Y, desde luego, nadie ha tenido la osadía de sostener que el Fiscal General elaboró él mismo la carta filtrada, cambiando el formato, letra y párrafos de un correo anterior para convertirlo en otra cosa.

La tesis más plausible en este enredo apunta a que el abogado envió un correo y, además, elaboró una carta. La confusión al respecto es notable; no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero empezamos a vislumbrar que hay cosas que no nos han contado. Y aquí es donde viene el segundo dato en el que me quería detener: según noticias de prensa, el abogado de Amador reconoció ante el instructor que aparte de enviarle el correo a la fiscalía se lo envió también a más gente; al menos, a un abogado del Estado cuyo nombre no ha trascendido. Esto es un dato gravísimo que, sin embargo, no parece haber provocado en el Sr. Hurtado ni ese ligero enarcar de cejas que Spock reservaba para las revelaciones más insospechadas. En su querella, Amador escondió este hecho para ofrecer a la justicia el mensaje que le interesaba: había enviado a la fiscalía un correo que apareció filtrado a la prensa, ergo el culpable es la fiscalía, ocultando que se lo había enviado a más destinatarios, que pudieron haberlo filtrado por su cuenta. Recomendaría la lectura de un imprescindible artículo de Grijelmo en EL PAÍS, Después de las siete, donde, glosando a autores clásicos de la pragmática, concluye que “expresar un dato cierto pero insuficiente es un conocido truco para mentir”. Bajo estas premisas, apuntar como autor de una filtración al destinatario de un correo ocultando que no fue el único destinatario es sencillamente faltar a la verdad. El acusado puede hacerlo, pero el querellante no. Podemos imaginar muchos motivos para borrar un correo; pero solo hay un motivo posible por el cual alguien mentiría en una querella. Quien escamotea al juez la verdad, demuestra que la verdad le molesta; por eso, quien miente en una querella acusa siempre a un inocente.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad a los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos el martes en Arinaga (Gran Canaria) por su presunta participación en el 'hackeo' de datos personales de ministros del Gobierno, dirigentes socialistas, excargos del PP e investigados en el caso Koldo, según ha informado EFE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión al no haber pedido la Fiscalía su ingreso en prisión y tras tomarles declaración esta mañana después de ser puestos a disposición judicial en esta causa, que ha sido declarada secreta, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En su declaración, ambos han reconocido algunos aspectos de la investigación y han asegurado que los datos publicados (domicilio, número de DNI o correo electrónico de las personalidades afectadas) procedían de fuentes públicas. Por contra han negado haber participado en ataques informáticos a las páginas de la Dirección General de Tráfico (DGT), Hacienda o al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o haber desarrollado una aplicación para comerciar con los datos 'hackeados'. Uno de ellos ha señalado además que un agente encubierto fue el que les descubrió, según las fuentes consultadas.

De Jorge se hizo cargo de la investigación de estos hechos, que podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad del Estado, a raíz de que se produjera la primera filtración de datos el pasado 19 de junio en un canal de Telegram con 92.000 seguidores. El principal arrestado sería responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno, según informó la Policía.

Éste, "valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles", mientras que el segundo arrestado se encargaba, presuntamente, de monetizar la venta. Las presuntas actividades delictivas de los detenidos incluían el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato y dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.

La Policía Nacional abrió una investigación tras conocer la primera publicación de datos que afectó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En el mismo listado fueron publicados datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.

En una segunda filtración la semana pasada se publicaron de nuevo datos personales de ministros; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de implicados en el caso Koldo, y también de periodistas. Entre estos nuevos afectados figuraban el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el caso Koldo.

Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos y, además, alardeaban de su capacidad para venderlos, a la vez que lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, "con el consiguiente peligro para la seguridad nacional", según la Policía.

La Policía Nacional ha detenido este martes en la provincia de Las Palmas a dos hombres por su presunta participación en la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros y militantes socialistas e implicados en el caso Koldo. Los detenidos son dos varones nacidos en 2006.

Según informa la Policía Nacional en su red social de X y recoge EFE, la investigación, a cargo de la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario dirigida por el magistrado Francisco de Jorge después de que los agentes hallaran la semana pasada en un canal de Telegram datos personales de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, y de implicados en el caso Koldo.

Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo.

Se trataría de una segunda filtración de datos después de que el 19 de junio se produjera una primera difusión de información reservada en un canal de Telegram que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros.

Esta primera filtración se produjo desde un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores y fueron publicados por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario después.

La Policía Nacional también investiga una tercera filtración de datos personales que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la Junta andaluza, Juanma Moreno; de la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y datos de 3.000 afiliados de Podemos para acceder a su web privada.

La Policía Nacional investiga una nueva filtración, la tercera, de datos personales que afecta, en este caso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado este jueves a última hora la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes policiales. Según la emisora, del presidente del Gobierno se ha filtrado su DNI, su fecha de nacimiento y la dirección de su domicilio particular, aunque no su teléfono móvil.

Los hackers han filtrado un documento, donde, según detalla la Ser, también se incluye información personal del presidente andaluz, Juanma Moreno; de la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y datos de 3.000 afiliados de Podemos para acceder a su web privada.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ya abrió una investigación de una segunda filtración, a través de un canal de Telegram, de datos personales hallada por la Policía, que afecta a varios ministros, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y a implicados en el caso Koldo.

Fuentes jurídicas informaron a EFE de que el magistrado ha incorporado esta segunda filtración a la investigación que abrió la semana pasada sobre una primera difusión, que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros. Al abrir el procedimiento, el magistrado acordó mantenerlo bajo secreto.

La primera se produjo el pasado jueves, 19 de junio, desde un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores. Los mensajes con esos datos aparecieron publicados a primera hora de la mañana por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

El pasado sábado por la tarde se produjo la segunda brecha de seguridad, que afecta a datos personales como DNI, móvil, dirección de correo e incluso domicilio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro Félix Bolaños, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente catalán, Salvador Illa, o la líder de Podemos, Ione Belarra. Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo. Asimismo, se investiga la difusión de datos personales también de unos 300 militantes socialistas.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ya investiga la segunda filtración, a través de un canal de Telegram, de datos personales hallada por la Policía, que afecta a varios ministros, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, y a implicados en el caso Koldo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el magistrado ha incorporado esta segunda filtración a la investigación que abrió la semana pasada sobre una primera difusión, que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros. Al abrir el procedimiento, el magistrado acordó mantenerlo bajo secreto.

La primera se produjo el pasado jueves desde un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores. Los mensajes con esos datos aparecieron publicados a primera hora de la mañana por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

Este sábado por la tarde se produjo la segunda brecha de seguridad, que afecta a datos personales como DNI, móvil, dirección de correo e incluso domicilio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro Félix Bolaños, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente catalán, Salvador Illa, o la líder de Podemos, Ione Belarra.

Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo. Se investiga la difusión de datos personales también de unos 300 militantes socialistas y la página del Portal de la Militancia del PSOE se encuentra fuera de servicio.

La Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional estos hechos, que podrían atentar contra la Seguridad del Estado. 

Cuando un periodista recibe un informe filtrado antes que el juez solicitante, la noticia es que la UCO (en este caso) filtra un documento incumpliendo gravemente sus obligaciones; pero el periodista obvia este hecho y difunde el contenido de lo filtrado más provechoso periodísticamente. Las fuentes, en mi opinión, no son protegibles cuando están cometiendo una irregularidad o posible delito. En este caso, la primera noticia, que nadie ha dado, debería haber sido que la UCO, si es la filtradora, ha incumplido gravemente sus obligaciones. 

Además, filtrar el informe es una conducta de obstrucción a la justicia por lo siguiente: El informe solicitado a la policía judicial es un instrumento para la instrucción del juez quien debe conocerlo antes que nadie. Los datos y opiniones del informe no son conclusiones judiciales sino información a analizar por el juez, quien puede pedir aclaraciones o ampliación de información al órgano auxiliar que en este caso es la UCO como policía judicial, o incluso corregir el informe si fuere pertinente. 

El informe policial a través de su difusión y publicación en los medios se impone de hecho como conclusión definitiva; la verdad mediática se impone frente a la conclusión judicial antes de que ésta pueda ser elaborada. 

Es de esta forma como la condena de los medios se produce antes de que se produzca la sentencia judicial. Y si no hay condena, el daño ya está hecho. O dicho de otra forma, la información periodística se adelanta y suplanta a la instrucción judicial, con el daño consiguiente. 

La filtración del informe de la UCO a los medios, si se ha producido, es un hecho gravísimo por todo lo expuesto, que deberá ser investigado por la autoridad judicial y por los responsables jerárquicos de la Unidad con la exigencia de la responsabilidades pertinentes. De no ser así, también el prestigio y la credibilidad de la UCO quedarán muy dañadas, porque ¿cómo vamos a fiarnos del contenido de un informe filtrado incumpliendo las obligaciones básicas de la organización policial? 

Todo ello sin restar suma gravedad al contenido del informe que debería haber sido conocido y analizado por el juez antes de su difusión mediática.    

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Una jueza no ha visto indicios de un delito de revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por enviar a un chat datos de periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que la magistrada considera que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de su intimidad.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha rechazado en un auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados. Y lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitó abrir una investigación al sostener que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores del citado diario, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras". Esos datos los habría obtenido de un policía perteneciente a la escolta de Díaz Ayuso que identificó a los periodistas mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La magistrada considera "intranscendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y cree que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales".

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirma que "no todo quebrantamiento del deber de sigilo y discreción" es constitutivo de delito. Debe generar -explica- un daño al servicio público o a un tercero de "cierta relevancia".

En este caso, la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" que habían sido identificados por la Policía y que fueron divulgados en un chat integrado por Rodríguez, "en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

Apunta además que los periodistas tampoco consideraron vulnerada su intimidad, dado que no acudieron a la Justicia "hasta casi un año después de producirse los hechos y una vez ya había interpuesto denuncia" el PSOE. El mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, concluye la jueza, "fuera de las inexactitudes, del tono o de las expresiones utilizadas (...) no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados", que, además, no fueron obtenidos de forma ilícita.

Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

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Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ampliado la queja que presentó este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración de datos personales en un informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo en el que se detallan, denuncia ahora, las llamadas que hizo y recibió en diez meses.

Según el escrito remitido este miércoles a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y al que ha tenido acceso EFE, el fiscal general del Estado asegura que el informe de la UCO incorpora en un anexo el desglose de la actividad de sus terminales desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, con un total de 240.000 registros de su actividad profesional y personal.

De este modo, el fiscal denuncia que el informe de la UCO remitido al juez del Supremo Ángel Hurtado y proporcionado a las partes incluye datos personales que desbordan el objeto de la investigación, pues el magistrado acotó el análisis de los dispositivos intervenidos al periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

García Ortiz también añade en su denuncia al CGPJ que el informe policial incluye mucha información sobre su intimidad innecesaria para la investigación por presunta filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, además de incorporar en un anexo un desglose detallado con 7.105 registros del uso de teléfono minuto a minuto desde el 7 de marzo al 15 de marzo.

El pasado lunes se conocieron las conclusiones de ese informe que determinó que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones el día que el juez abrió la investigación contra él el 16 de octubre. El documento policial, que ha sido remitido a las partes personadas, incluía datos personales de García Ortiz, de otros fiscales con los que se intercambió comunicaciones, y también de particulares y policías, información que, según ha denunciado el fiscal general, debería haberse omitido.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado actuaciones previas para estudiar la reclamación de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un informe de la Guardia Civil con datos suyos y de otros fiscales en la causa en la que se le investiga por supuesta revelación de secretos.

Las actuaciones han sido iniciadas por la Dirección de Supervisión y Control de Datos del CGPJ en relación con los escritos recibidos en el órgano de gobierno de los jueces a raíz de la notificación a las partes personadas en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La UCO remitió al Tribunal Supremo un informe sobre el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, en el marco de la investigación a García Ortiz por presunta filtración de datos de la causa por supuesto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La citada Dirección del CGPJ llevará a cabo las actuaciones que resulten oportunas a la vista de los escritos remitidos por Álvaro García Ortiz y por la fiscal de Sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, informa el Consejo.

Las funciones propias de las autoridades de protección de datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los juzgados, tribunales y oficinas judiciales corresponden con arreglo a la ley al Consejo General del Poder Judicial, recuerda este órgano.

El Ministerio del Interior está revisando la seguridad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras las filtraciones de sus datos personales, según han confirmado fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Las mismas fuentes han indicado que aún no se ha tomado una decisión sobre si se refuerza su seguridad o se mantiene la actual.

Según ha infirmado este lunes la Cadena Ser, el propio Álvaro García Ortiz ha remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que advierte del riesgo que supone para su seguridad personal la difusión de datos personales. Alude a la normativa de protección de datos y a las medidas referidas al bloqueo cautelar de los datos.

Varios datos relacionados con su información personal han sido remitidos por el Tribunal Supremo a las partes de la causa que se sigue contra él y que aparecen en informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este lunes se ha conocido un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo sobre el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo. El Supremo abrió una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de información de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, sobre su investigación por fraude fiscal.

Además, en la tarde de este lunes ha tenido entrada en el Consejo General del Poder Judicial un escrito del fiscal general del Estado en relación a este caso. El escrito ha sido remitido a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ para su tramitación.

Dolores Delgado, fiscal de la sala de la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha dirigido también sendas cartas al CGPJ y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las que denuncia haber recibido durante este lunes llamadas anónimas en su terminal telefónico, tras filtrarse a los medios el informe de la UCO del caso García Ortiz. La fiscal denuncia que se ha visto en la necesidad de pedir un cambio de terminal "para preservar tanto su seguridad personal como profesional". En el citado informe de la UCO se incluían dos llamadas con el fiscal general. Una el 12 de marzo de 2024 acerca de un curso de formación de fiscales y una segunda el 13 de marzo sobre su presencia en un acto en la Universidad de Alcalá de Henares.

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado este jueves ante el juez del Tribunal Supremo haber filtrado el correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que admitía dos delitos fiscales en busca de un pacto. Un día después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareciese ante el magistrado Ángel Hurtado como investigado, este jueves lo ha hecho la fiscal, también imputada por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña y su causa por fraude fiscal.

Como García Ortiz, la fiscal provincial ha rechazado haber filtrado información sensible de la pareja de Ayuso durante un interrogatorio que se ha alargado algo menos de dos horas. A diferencia del fiscal general, ella sí que ha respondido al juez, aunque esa ha sido la única diferencia respecto de la estrategia procesal que este miércoles siguió su jefe, porque Rodríguez tampoco ha respondido a las acusaciones populares y particular.

Sí lo ha hecho a la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, en tanto que la Fiscalía tampoco ha preguntado al considerar que no se ha resuelto sobre la nulidad del registro de su despacho, sobre la que pivota toda la instrucción, por tanto entiende que participar en el interrogatorio sería validar la investigación, tal y como ocurrió este jueves con García Ortiz, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Como ocurrió este miércoles, durante su interrogatorio, el juez Hurtado ha extendido el objeto de la causa, no solo a la filtración de los correos o el expediente del empresario, sino también a la nota de prensa que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación a González Amador, y que el fiscal general siempre ha dicho que trataba de perseguir un bulo que apuntaba a que había sido el fiscal quien había ofrecido el pacto, cuando era al revés.

En su interrogatorio, ha recordado que más de medio centenar de personas (además de un número indeterminado de personas de Plaza de Castilla y de la Agencia Tributaria) tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía contra González Amador y a su expediente tributario a partir del 5 de marzo, una semana antes de que eldiario.es publicase la primera noticia al respecto.

En torno a 60, entre fiscales y abogados -sin contar el entorno de González Amador- tuvieron acceso directo al contenido del correo de 2 de febrero en el que el abogado reconocía al fiscal la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021" por parte de González Amador, un correo que García Ortiz no conoció hasta la noche del 13 de marzo. Y, por último, ha sumado las testificales de cuatro periodistas que, ha dicho, ya tenían el correo con anterioridad al fiscal general, según las fuentes.

La fiscal ha explicado que elevó a la Fiscalía General el expediente sobre la investigación al empresario González Amador por la dación de cuentas que rige el artículo 25 del Estatuto de la carrera, a la que está obligada.

Rodríguez ha comparecido en calidad de investigada porque el juez sigue viendo suficientes indicios de su participación en la filtración, dado que considera que se puso a disposición de García Ortiz y facilitó al fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe -también imputado- el expediente del novio de Ayuso, que se filtró.

Una ciudadana y un ciudadano enfrentan sus posiciones en un juzgado a propósito de un supuesto caso de agresión sexual y a los cuatro días el país entero ve y oye estupefacto los escabrosos detalles de su relación sexual: que si las tetas, el culo, el pene… en la cama o de pie. Un juez maleducado con probable prisa por irse a comer somete a ambos –en el caso de ella es especialmente grosero– a preguntas directas sin el más mínimo decoro y sin ninguna necesidad indagatoria. Y las respuestas de los dos –querellante y querellado– se filtran al público en baja pero clarísima resolución: las ha grabado, como es habitual, el propio Juzgado, y una de las partes o algún funcionario las ha pasado a algunos medios de comunicación. El juez, que podría haber exigido que las imágenes o incluso la transcripción no fueran difundidas, autorizó su distribución.

 Y de pronto parece inapelable lo que a propósito del fiscal general sigue siendo cuestionable:

Primero, que hay jueces fachas y jueces progresistas y jueces mediopensionistas. Los hay listos y tontos, amables y groseros, buenos y malos, sabios o necios. Que no existe “la Justicia” como si de un ente inmaculado se tratara, sino seres humanos de toda condición, algunos de condición muy baja.

Segundo, que se les puede criticar. Vaya si se puede. A propósito de la grosería con que el juez Adolfo Carretero ha tratado a Mouliaá y a Errejón, se han manifestado oportunamente cientos de voces críticas, incluida la del Gobierno, por boca de varios de sus ministras y ministros. Y no ha venido el PP a afearle la queja por inmiscuirse en las decisiones judiciales. Claro que se puede señalar a los jueces: sólo faltaría que pudiéramos meternos con el rey, con el presidente del Gobierno, con el fiscal general, con dios y con la virgen, y no pudiéramos hacerlo con Carretero o Peinado, con Marchena o López. Pero ¡cuidado!: estos señores se creen por encima de cualquier otro poder del Estado. Tienen de hecho la capacidad omnímoda de enviarnos a la Guardia Civil a su casa, modesto lector, o a la de un servidor, modesto opinante. Que se prepare el españolito que caiga en manos de uno de esos jueces malhumorados o malintencionados.

Tercero, que aquí se filtra todo con mucha alegría, por lo que sorprende que se esté buscando con tanto ahínco la fuente de un correo electrónico entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía. La amante del rey emérito ha filtrado sus intimidades, como se filtraron las de otras amantes. Se ven cada semana en la prensa sumarios protegidos teóricamente por el secreto y exclusivas con documentos reservados. No solo no reprobamos su publicación, sino que la premiamos por tratarse de “periodismo de investigación”. Cada día se exhiben domicilios particulares, intimidades, apuntes bancarios y secretos de ciudadanas y ciudadanos indefensos. Se da por hecho que hay un derecho a la información protegido por la Constitución que ampara esas publicaciones de modo general. Sí, pero ¡cuidado de nuevo!: como ese ciudadano sea el novio de la deslenguada y desinhibida presidenta de la Comunidad de Madrid, autor confeso de dos delitos contra la Hacienda Pública, y esté asesorado por un kamikaze de la Comunicación, temblarán incluso las más altas instituciones del Estado hasta que se encuentre a quien filtró el papelito que lo constataba. En fin, Justicia a la carta, podríamos llamarlo. O pura aplicación de la Ley del Embudo, si se prefiere.

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo suspender la citación como investigado del fiscal general del Estado, prevista la semana que viene, hasta practicar una serie de diligencias, como la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso o la intervención del móvil de su jefe de gabinete, según informa EFE.

En un recurso contra la citación de Álvaro García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la Abogacía cuestiona que el juez Ángel Hurtado haya omitido y "desdeñado" los "múltiples contraindicios que articulan una explicación alternativa y razonable" de lo ocurrido y que refuerzan que no concurren -dice- "sospechas fundadas" contra ellos.

La Abogacía pide suspender las declaraciones del 29 y 30 de enero hasta que se practiquen varias diligencias que considera esenciales y que vendrían a "desacreditar" las conclusiones del juez Hurtado y a "confirmar otros elementos de prueba", según el recurso al que ha tenido acceso EFE, presentado en representación de Rodríguez.

Entre ellas figura la citación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña que aún no ha comparecido, y la intervención del móvil del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien acusa de haber realizado afirmaciones "abiertamente falsas" en su declaración. Solicita también citar como testigos a varios periodistas y a los agentes que realizaron el informe sobre el material intervenido en el registro a Pilar Rodríguez, investigada junto al fiscal general por presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador.

La Abogacía denuncia una vulneración" de derechos de los investigados al considerar que "se está realizando un juicio paralelo" en su contra "con una difusión pública, ilegal y parcial". Considera "especialmente grave" que el juez afirmase en un auto que el correo que centra la investigación -en el que la defensa de González Amador ofrecía un pacto al fiscal y reconocía dos delitos fiscales- circuló "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno", y de ahí, al medio El Plural. Un hecho, subraya "carente de elementos de prueba".

A lo largo de su recurso, cuestiona las tesis del magistrado: discute que el citado correo tenga "naturaleza reservada" porque no formaba parte de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador ni se incluyen en el expediente de investigación "ni producen efecto alguno", y recuerda que el propio empresario compartió el contenido de un correo con Miguel Ángel Rodríguez antes de que los investigados accedieran a él.

Critica que el magistrado guarde "un silencio difícil de entender" sobre aspectos como que el correo estuviese a disposición de "múltiples personas" al haber sido enviado a una dirección genérica, que el visado de la denuncia de 5 de marzo implicó el envío de "un número indeterminado de copias" o que fuese remitida tanto a la Agencia Tributaria como a los juzgados de Madrid. Y recuerda también que varios periodistas reconocieron tener la denuncia desde el 6 de marzo, días antes de que el fiscal general solicitase la información a sus subordinados.

Además, apunta a que si el único fundamento para atribuir la filtración a ambos investigados es "la cercanía cronológica" entre la dación de cuentas solicitada por el fiscal general y la publicación de la noticia en eldiario.es el 12 de marzo, "los mismos motivos podrían justificar" la imputación a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que también tuvo acceso a la documentación.

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha dicho al juez del Supremo que preguntó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si había filtrado el correo relacionado con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a lo que él respondió: "Eso ahora no importa".

El magistrado Ángel Hurtado ha tomado declaración este jueves como testigos a Lastra y al fiscal del caso Julián Salto, quienes estuvieron inmersos en el intercambio de mensajes e informaciones la noche del 13 de marzo, en la que se produjo la supuesta revelación de secretos que investiga el magistrado, que culminó al día siguiente con la nota publicada por la Fiscalía.

Según fuentes jurídicas, Lastra ha explicado que la mañana del 14 de marzo tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que trataban de la publicación de esa nota cuando, tras leer las informaciones publicadas en prensa, le preguntó en tono de reproche: "¿Álvaro, esto lo has filtrado tú?"

"Eso ahora no importa", le contestó el fiscal general, según ha dicho Lastra, quien al darse cuenta de que las noticias en prensa contenían datos que ni la defensa del empresario ni el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla tenían, donde se había presentado días antes la denuncia por fraude fiscal, se percató de que esos datos solo podían salir de la Fiscalía, según ha declarado.

Ha explicado que esa conversación, de un minuto, se produjo tras ver que tenía seis llamadas perdidas del fiscal general, quien finalmente contactó con ella vía centralita de la Fiscalía superior siendo su secretaria quien le acaba pasando la llamada. Poco después de esa conversación, el fiscal general le mandó la nota informativa, a lo que ella le respondió que "necesitaba tiempo para leerla". La nota se envió a los medios a las 10.22 del día 14.

En cuanto a la noche del 13, Lastra ha asegurado que García Ortiz la llamó en dos ocasiones para pedirle "expresamente invocando su autoridad jerárquica" los correos intercambiados entre Salto y el abogado de González Amador, entre ellos el del 2 de febrero, que reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021".

También se los pidió Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, a quien dijo que no era necesario que le reclamara los correos porque los iban a filtrar, como ocurrió poco después, ha dicho.

En su interrogatorio, que ha durado hora y media —casi el doble que su testifical en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—, ha negado también que exista un protocolo de borrado de seguridad de mensajes de dispositivos electrónicos, como sostuvo la Fiscalía General para justificar porqué la UCO no encontró ningún mensaje en el móvil de García Ortiz, algo que Salto también ha negado al juez.

Salto, que es el delegado de temas informáticos en la Fiscalía de Madrid, fue el fiscal que el 12 de marzo envió un correo a la defensa de González Amador para informarle de que iban a presentar una denuncia por fraude fiscal y que había posibilidad de pacto, que fue el que dio origen a la primera información de El Mundo.

En su declaración, de una hora, ha explicado que no le preguntaron por los correos hasta la noche del 13 de marzo, que solo él tenía acceso a dichos correos y que aquella noche, cuando estaba en un partido de fútbol se los envió solo a Lastra y a Rodríguez, quien a su vez los remitió al fiscal general. De hecho, al ver que estaba en el estadio, ha contado que Lastra le dijo que no hay prisa y que podía dejar el tema para el día siguiente, pero poco después Rodríguez le respondió lo contrario porque "el fiscal general no puede esperar", que "lo necesita saber ya" y conocer el contenido de los correos.

También ha dicho al juez que el anterior abogado de González Amador había faltado a ese deber de confidencialidad sobre el pacto de conformidad que plantea el correo del 2 de febrero, por pasárselo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

Una nota de prensa de la Fiscalía del 14 de marzo desmintiendo que fuera el Ministerio Público el que ofreció un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para que evitara la cárcel, como había difundido falsamente el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Un comunicado que explicaba que, en realidad, había sido el abogado de González Amador el que se había puesto en contacto con el fiscal del caso para confesar dos delitos fiscales -"ciertamente se han cometido", decía en un correo electrónico- a cambio de que la petición de prisión contra su cliente fuera inferior a dos años y, de esa manera, la pena se pudiera suspender para que no tuviera que ingresar en un centro penitenciario. Ese era el objeto inicial del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto.

Pero el 16 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la causa tras conocerse que había sido el fiscal general, aforado a ese órgano, el que había ordenado la difusión de esa nota, algo que él mismo reconoció desde el inicio de la investigación. Y los magistrados cambiaron los hechos a indagar. El comunicado era perfectamente legal, según el alto tribunal, así que, lo que había que investigar era la supuesta filtración por parte del fiscal general del correo electrónico en que González Amador admitía sus supuestos delitos a varios medios la víspera del envío de la nota de prensa.

La causa es inédita. No solo porque implica al máximo responsable del órgano constitucional que dirige la política criminal del Estado. También por la virulencia y desproporción de la investigación que se asemeja más a la de un caso de delincuencia organizada que a un delito menor, como es la revelación de secretos. El magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha ordenado un registro de la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se almacena información sobre cientos de causas secretas, así como el clonado de los dispositivos de García Ortiz. El último paso es reclamar su historial de llamadas y pedir a la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes borrados de sus teléfonos. Hasta el momento, Hurtado, no ha encontrado un solo indicio de que fuera García Ortiz quien difundió el documento, pero desde que inició sus pesquisas, han sido constantes las filtraciones sobre estas. También en otros procesos relevantes. Nadie responde por ello.

En un caso en el que se investiga una supuesta revelación de secretos, se han producido al menos cuatro más. El secreto de sumario, inicialmente decretado por el instructor, se ha levantado, pero las actuaciones penales contra cualquier persona son reservadas, según establece la ley. Ninguna de las partes, ni el fiscal, ni el juez, ni los abogados, pueden difundir documentación de las diligencias de ninguna naturaleza ni en ningún soporte. Solo la oficina de prensa del Supremo puede difundir las diferentes resoluciones de la instrucción bajo supervisión del juez. Sin embargo, en la causa contra el fiscal general, este deber de reserva se ha incumplido sistemáticamente.

El primer documento filtrado fue el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el teléfono de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada en la causa junto a García Ortiz. La difusión de sus llamadas y mensajes afectó, no solo a su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (también al de García Ortiz), sino también al de otros fiscales que no están imputados en la causa abierta contra estos, a otros colegas que nada tienen que ver con los hechos investigados, a amigos e incluso una secretaria general del Ministerio de Presidencia y Justicia. El documento, que infería una "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración, estaba en todos los periódicos y televisiones horas después de que el instructor lo facilitara a las partes, el 25 de noviembre.

Lo mismo ocurrió el pasado 19 de diciembre, cuando la UCO entregó a Hurtado el informe sobre los dispositivos de García Ortiz. El documento, este mucho más escueto, también fue publicado ampliamente inmediatamente después de que el Supremo lo facilitara a las partes. En él se reflejaba que desde el teléfono del fiscal general no se había enviado ningún mensaje entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas entre las que, supuestamente, se había filtrado la confesión de González Amador. También los únicos dos mensajes que recibió en su correo electrónico sobre el caso, ambos posteriores al momento de la difusión de las noticias investigadas.

El tercer informe de la UCO que ha saltado -indebidamente, según los estándares del Supremo- a los medios es el que confirmó que el fiscal general había cambiado de teléfono el 23 de octubre, algo que ya había revelado la propia la Fiscalía, que atribuyó la la obtención de un nuevo terminal y el borrado del contenido del anterior a la política de protección de datos personales del Ministerio Público. También se ha publicado un cuarto documento, el relativo al teléfono del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

Ante las quejas del fiscal general y de Rodríguez por la filtración del primer informe, Hurtado decidió enviarlas a los juzgados de Plaza de Castilla para que el juzgado de Instrucción al que corresponda la investigue, en su caso. Hasta el momento se desconoce a qué órgano se ha turnado el caso ni si, en su caso, ha ordenado alguna diligencia. Que se sepa, ni los despachos de los abogados personados en el caso, ni la Sala de lo Penal del Supremo ni las dependencias de la UCO han sido registradas ni sus dispositivos clonados.

Ni el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ni Leopoldo Puente, el magistrado encargado de la investigación en el Supremo, han conseguido frenar las múltiples filtraciones en la causa más seria de todas las que afectan al Gobierno y al PSOE. Puente ha adoptado medidas a la hora de tomar declaración a los tres principales imputados, el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su asesor y presunto cerebro de la trama Koldo García, y el comisionista que supuestamente pagaba a los primeros a cambio de adjudicaciones y acceso a altos cargos del Ejecutivo, Víctor de Aldama. El instructor del Supremo ha obligado a todos los asistentes a los interrogatorios a mantener sus teléfonos en modo avión para evitar filtraciones.

No ha servido de nada. Cualquier ciudadano ha tenido la oportunidad desde el pasado 2 de enero de acceder a las imágenes de los tres declarando ante Puente, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los abogados de las partes en uno de los salones del alto tribunal. Un mes largo antes, también estaba disponible en los medios más importantes del país la declaración de Aldama ante Moreno, aquella en la que implicó en la trama al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al actual secretario de Organización socialista Santos Cerdán y a un asesor del Ministerio de Hacienda. En la grabación también se ve a Aldama mostrando los contratos de obra pública que, teóricamente, el Ministerio de Transportes adjudicaba a cambio de mordidas.

Se trata de una investigación en curso a la que, además del instructor y el fiscal, tienen acceso las defensas y la acción popular que coordina el PP, además de letrados de la administración de justicia y funcionarios de justicia. Hasta el momento no ha trascendido que nadie haya presentado denuncia de esas filtraciones ni que se haya atribuido a ninguna de esas personas un delito de revelación de secretos. Tampoco esta vez ha habido registros, ni clonado de dispositivos o indagaciones en las comunicaciones de cada uno de ellos.

Ábalos, Koldo y Aldama están siendo investigados en una causa de enorme trascendencia pública, pero el resto de personas a las que señala el comisionista no están incursas, por el momento, en el procedimiento. Las informaciones elaboradas con esas declaraciones filtradas -de gran valor periodístico e informativo- socavan su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, garantizar ese derecho fundamental a cada uno de ellos, no ha merecido la apertura de ninguna causa criminal para averiguar quién y cómo difundió esos datos reservados, algo que sí ha ocurrido en el caso de la pareja de Ayuso y el fiscal general.

No tuvo ningún interés para la causa. Tampoco estaba obligado a declarar, ya que la principal investigada, Begoña Gómez, es su esposa, lo que permite a cualquier testigo negarse a responder en un proceso. Pero la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negándose a declarar en el complejo de La Moncloa ante el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el pasado 30 de julio, fue publicada dos meses después en los medios. Algunos se limitaron a difundir el audio de su reducida comparecencia, pero parte de la prensa de derechas incluyó el vídeo. Ni el juez, que fue denunciado por el propio presidente del Gobierno, ni ninguna de las partes personadas ha respondido por ello hasta el momento.

Han pasado nueve meses desde que Peinado inició su investigación contra Gómez sin que ninguna de las líneas de investigación que ha ido abriendo haya conseguido acreditar los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida que le achaca. Sin embargo, pese a las prevenciones del juez -según fuentes del caso, apercibe en cada acto procesal a las partes de la prohibición de filtrar las actuaciones- gran parte de sus diligencias han aparecido en la prensa.

Desde el vídeo de la primera declaración de Gómez en el juzgado hasta los informes de la UCO que la exculparon del presunto tráfico de influencias. También multitud de documentos del sumario que han servido para redactar cientos de informaciones. La última, la relativa a los supuestos saldos de sus cuentas bancarias, publicada el pasado 3 de diciembre por varios medios de derechas.

Ninguna de estas filtraciones ha dado lugar a la apertura de una causa penal por revelación de secretos. El pasado 20 de diciembre, el instructor amenazó a las acusaciones populares -Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa- de imponer una multa de entre 500 y 10.000 euros a los abogados que, tras las declaraciones, hacen declaraciones a la prensa sobre lo ocurrido en el juzgado. Pero por el momento, Peinado no ha sancionado a nadie.