Hurtado prorroga la instrucción exigiendo al fiscal general que le facilite las pruebas que no encuentra

El instructor del Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Ángel Hurtado, no ha conseguido, en casi cinco meses de investigación, ni una sola prueba de que Álvaro García Ortiz filtrara un correo con la confesión de dos delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Tampoco sabe si existen, algo que el fiscal general ha negado en todo momento al asegurar que no fue él quién transmitió esa información. Los últimos autos del magistrado muestran, sin embargo, que Hurtado ya ha encontrado un culpable: García Ortiz. Culpable, no de filtrar el email de Alberto González Amador, de eso no tiene ninguna evidencia. Culpable de borrar un móvil en el que, según el jefe del Ministerio Público y máximo responsable de las investigaciones más relevantes que se siguen en España, había información sensible que, por imperativo legal, no debe trascender. Hurtado no encuentra pruebas de la filtración, pero sostiene que no tiene la culpa de ello. La culpa, dice, es del fiscal general, que las ha borrado. Aunque no tenga, por el momento, ni la más mínima idea de los datos que contenía ese teléfono.

La prueba de la carencia probatoria de su caso es que, este miércoles, el instructor ha prorrogado seis meses más su investigación. Lo hace a la espera de que las autoridades de Irlanda le envíen la copia de seguridad de las cuentas de WhatsApp y Google de García Ortiz que ha solicitado a esas dos compañías (con sede en Dublín) en la que se encontrarían los datos borrados por el fiscal general. Solo si esas diligencias dan los resultados que el juez espera, Hurtado conocerá el contenido del móvil y podrá comprobar si desde él se envió el correo cuya filtración investiga. Pese a esa falta de datos y certezas, que demuestra el informe reclamado a ambas tecnológicas, Hurtado no deja de cargar en cada una de sus resoluciones contra el investigado. Sin haber logrado hasta el momento encontrarlas, el instructor considera que las pruebas existen o existieron. Y que el fiscal general las borró.

Lo hizo el pasado 25 de febrero en un auto en el que daba un nuevo paso atrás en su ímpetu investigador y rechazaba entregar a las partes los anexos de un informe de la UCO para evitar nuevas difusiones de datos personales protegidos por la ley. "No desconoce este magistrado que carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar", decía Hurtado en esa resolución. "Pero que así sea tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de la instrucción penal", añadió. Después el instructor aseguraba: "Es una evidencia que el investigado [García Ortiz] ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles". El juez desconoce el contenido de esos terminales. Al menos hasta que Google y WhatsApp le envíen su respuesta.

Da igual las razones que García Ortiz tenga para borrar sus datos. O que en el momento en que los borró fuera absolutamente libre de hacerlo porque ninguna norma ni requerimiento judicial se lo impedía. Tampoco que desconociera la intención del magistrado de acordar una medida inédita, como el registro de su despacho oficial y clonado sus dispositivos. Hurtado se presenta como "víctima" de un "criminal" que "estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia", como hizo al invocar la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (de 1882) en una de sus resoluciones. El fiscal general es el imputado en el caso y, como tal, ejerce su derecho de defensa y su presunción de inocencia, derechos fundamentales de los que es garante el propio Hurtado. Pero, según el juez, García Ortiz tendría que haber avisado al Supremo de que iba a borrar su móvil, aunque nada le obligaba a hacerlo. Su explicación, que contenía datos sensibles que está obligado por ley a no revelar, no le vale.

Lo que García Ortiz ha asegurado que pretendía al eliminar sus datos, que no quería difundir datos personales de terceros que nada tienen que ver con el caso ni informaciones sobre investigaciones en curso, es algo que ya se ha producido en la investigación abierta contra él. Al notificar los informes de la UCO sobre sus llamadas a las partes, Hurtado ha difundido 240.000 comunicaciones en las que se incluyen números de teléfono, identidades e incluso domicilios de terceras personas con las que mantuvo conversaciones durante 10 meses. Entre ellas diversos fiscales, uno de ellos de Anticorrupción -la fiscalía con las causas más complejas- e incluso un miembro del Consejo General del Poder Judicial y su pareja. En los informes sobre el teléfono de la otra investigada, la fiscal jefa de Madrid Pilar Rodríguez, apareció un alto cargo del Ministerio de Presidencia y Justicia.

"No se pueden imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado", dijo García Ortiz durante su última comparecencia en el Senado, el 18 de febrero. Después de que senadores del PP y Vox le acusaran de haber borrado "las pruebas de su inocencia" o que fuera culpable "por haber borrado un terminal" o que el borrado "fuera un indicio contra él", el jefe de la Fiscalía recordó que esas afirmaciones suponen "una inversión de la carga de la prueba en el derecho penal". Es decir, que es García Ortiz quien tiene que demostrar que es inocente y no el juez quien debe demostrar su culpabilidad. "La inocencia se presume", dijo el fiscal general. "Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos", añadió. "Ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia", prosiguió. "Se extiende sobre mí una sombra de sospecha por realizar lo que la norma dice con claridad: no se deben disponer en el dispositivo los datos ajenos más del tiempo necesario o cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados", concluyó.

Sin embargo, Hurtado no deja de esgrimir el borrado en su contra. "Las diligencias practicadas han puesto de relieve que [su colaboración] ha sido inexistente en el orden del esclarecimiento de los hechos", redactó este miércoles en el auto por el que prorrogó su investigación. También en el que confirmó la petición de información a WhatsApp y Google el jueves: "Basta con que recordemos que ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos, la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona haya tenido que ser adoptada". En resumen, que es García Ortiz quien tenía que haber entregado al instructor todos los datos de sus dispositivos, aunque la ley le obligue a no difundirlos o nadie se los hubiera requerido. Mientras la causa se investigó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se circunscribía a la nota enviada a los medios con el contenido dese correo, el fiscal general afirmó en todo momento que fue él quien ordenó su difusión.

Desde que Hurtado asumiera el caso, tanto García Ortiz como la fiscal jefa de Madrid y varios testigos han asegurado que el correo filtrado pasó por decenas de manos y que habría podido ser otra persona la autora de su filtración. Pero el instructor ha rechazado abrir cualquier línea de investigación sugerida por los defensores de los fiscales en su descargo que pudiera conducir a otros culpables al considerarlo un hecho "indiferente". "Lo que parecen pretender las partes con su discurso, es que, frente a la valoración que ha realizado este magistrado de los indicios acumulados a lo largo de la instrucción, se esté a la que ellos presentan para, así, llegar a una conclusión favorable a sus intereses", señaló en su auto del 26 de febrero en el que rechazaba los recursos contra la imputación de los fiscales. Después añadió: "En el criterio de estos, como parte que son, es difícil obviar su nota de parcialidad, mientras que el de quien instruye, por definición, ha de presumirse que es imparcial".

Durante su declaración como imputado el pasado 29 de enero, García Ortiz se negó a responder a las preguntas del juez. "Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad", dijo durante su interrogatorio. Después, cuando tocó el turno al abogado del Estado que ejerce su defensa, dijo sobre el borrado: "Yo borro todo, absolutamente todo, y lo borro de una manera regular. [...] Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tiene", sostuvo. También señaló que sus dispositivos contienen datos que pueden afectar a la seguridad del país: "Creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tanta información como el fiscal general del Estado". Por último, aseguró que, desde que se puso al frente del Ministerio Público, había cambiado de terminal al menos cinco veces.