García Ortiz se planta ante el juez Hurtado y denuncia la nulidad de la instrucción por un registro ilegal
Nunca antes en la actual etapa democrática un jefe del Ministerio Público había tenido que sentarse ante un juez. Hasta hoy. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha sentado este martes en el Tribunal Supremo para declarar como investigado en la causa abierta por la filtración de un correo electrónico en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, proponía un pacto a la Fiscalía y reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. García Ortiz, no obstante, solo se ha mostrado dispuesto a contestar a las preguntas de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, y del Ministerio Público. Y ha llegado a poner en cuestión la investigación, hasta el punto de considerarla nula.
El caso contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, echó a andar en el Alto Tribunal a mediados de octubre. Y sufrió un impulso clave a finales de aquel mismo mes, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron y registraron los despachos de ambos investigados. Lo hicieron por orden del magistrado instructor, Ángel Hurtado. "Se interesa la incautación de ordenadores, tablet, teléfonos u otros dispositivos electrónicos que puedan albergar comunicaciones", recogía el auto que autorizaba aquella diligencia, en el que, además, se permitía una copia de mails que abarcaba más de siete meses –algo que luego acotó a un periodo de seis días–.
Tanto la Fiscalía como los servicios jurídicos del Estado recurrieron en apelación los autos de entrada y registro. Y pidieron su anulación. "En las diligencias previas tramitadas no existe ninguna sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción criminal ni de vinculación concreta y especial de los investigados con tales hechos. No existe dato o hecho objetivo alguno que pueda considerarse indicio de la existencia de delito y de la conexión de las personas investigadas con el mismo", recogían los servicios jurídicos del Estado en sus recursos, lo que implicaría una "vulneración" del derecho a la intimidad y, en consecuencia, la "nulidad" del registro, incautación y clonado de dispositivos.
García Ortiz, en su declaración de este miércoles en el Tribunal Supremo, ha vuelto a insistir en que dicha diligencia de investigación invadió derechos fundamentales, al tiempo que ha asegurado que no hay en suelo europeo precedente de un "allanamiento" del despacho del jefe del Ministerio Público. Que los investigados pongan el foco, precisamente, en estas entradas no es cosa menor. Al fin y al cabo, explican fuentes jurídicas, si las mismas se anulan el grueso de la causa contra el "se cae" porque buena parte de indicios sobre los que apoya el instructor su investigación salen, precisamente, de aquellos registros.
A través del volcado de los dispositivos electrónicos de la fiscal jefa de Madrid, por ejemplo, se sabe que García Ortiz solicitó y recibió en su correo electrónico el mail sobre el que gira la investigación –y todos los que forman parte de la cadena entre la Fiscalía y el abogado– antes de que fuera publicado en los medios. En base a estas comunicaciones, la Guardia Civil habló de una "participación preeminente" del fiscal general en los hechos que "derivaron" en la filtración. Y en ellas se apoya el instructor al señalar que existe "base indiciaria" para "presumir" que García Ortiz fue quien "dirigió los pasos" que llevaron a la revelación.
Con ese primer informe de la Unidad Central Operativa sobre la mesa, Hurtado dio luz verde a los investigadores para que analizasen toda la información extraída de los dispositivos del fiscal general del Estado. Pero en este caso los agentes no hallaron nada. En el móvil, que había sido cambiado tras el comienzo de la investigación, no se encontraron mensajes. Ni tampoco correos comprometedores. Algo que ha llevado al instructor a pedir ayuda a Google y WhatsApp para recuperar los mensajes o correos electrónicos del fiscal general en aquellas fechas. Y no solo eso. También ha solicitado a varios operadores telefónicos el tráfico de llamadas de García Ortiz.
En el entorno de los investigados consideran, por tanto, que la base de casi todo el material inculpatorio que se recoge en el auto de imputación son los registros de los despachos. Y que una nulidad de los mismos sería un torpedo en la línea de flotación del caso. A día de hoy, los recursos contra las entradas, interpuestos a comienzos de noviembre, siguen a la espera de resolución. Fuentes del caso explican que empezaron a moverse antes del parón navideño, cuando se agruparon las apelaciones contra varios autos –entre ellos los de entrada y registro– y se dio traslado de las mismas a las partes para que pudieran presentar alegaciones.
Los investigados, desde entonces, no habían vuelto a saber nada del tema. Hasta el martes, a escasas horas de la declaración del fiscal general, cuando se les dio traslado de los escritos de respuesta y se formó rollo por la Sala de Apelación del Supremo, que tiene previsto ir resolviendo a partir de la segunda semana de febrero. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por este diario sostienen que estas apelaciones han seguido el mismo "curso" que todas las demás, si bien recuerdan que en este caso ha pillado el parón navideño de por medio. Según esas mismas fuentes, la sala que deberá resolver dichos recursos está formada por Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Julián Sánchez Melgar.
Instrucción nula
Sentado en el estrado junto a su defensa, el fiscal general del Estado se ha negado a responder a Hurtado. Por un lado, porque considera nula la instrucción. Y, por otro, porque considera que no puede ejercer con garantías su derecho de defensa porque se le han denegado algunas diligencias que considera necesarias para hacerlo. "Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad", ha llegado a señalar en el Supremo. Del mismo modo, ha alegado que desconoce el resultado de algunas diligencias practicadas. Por ejemplo, del cruce de llamadas del jefe del Ministerio Público que el magistrado solicitó a diferentes operadores telefónicos.
El instructor ha restado importancia, hasta el momento, a todos aquellos elementos que beneficiaban la estrategia de defensa del fiscal general del Estado. Es el caso de las testificales de varios periodistas, que en su comparecencia ante el juez reconocieron haber tenido acceso al correo o a la información que en él se contenía –la propuesta de pacto y el reconocimiento de dos delitos fiscales– horas antes de que aquel mail llegase a la bandeja de entrada del fiscal general. "Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos [...], mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz es cuando tiene lugar su difusión", señalaba el magistrado en un auto.
El magistrado también ha rechazado en los últimos días tomar declaración a varios periodistas de El País que habrían manejado antes que el fiscal general del Estado la información de que la pareja de Díaz Ayuso aceptaba pagar una multa y reconocer los delitos. Por otro lado, también ha rechazado citar como testigo al propio González Amador, clave para saber si desveló y autorizó para que se desvelaran detalles de sus negociaciones con la Fiscalía. Y se ha negado a que se lleve a cabo un volcado del teléfono móvil del jefe del Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que según varios testigos estuvo moviendo uno de los correos del fiscal del caso.
"No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si no es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador", sostuvo el magistrado en relación con esta última petición.
"Cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo", recordaba en uno de sus escritos la Abogacía del Estado, que se apoyaba al mismo tiempo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De ahí que los servicios jurídicos del Estado consideren importante saber si el secreto sobre el que gira toda esta investigación ya había sido revelado con carácter previo por el entorno de Alberto González Amador.
"Rotundamente, no"
García Ortiz niega haber filtrado nada del novio de Ayuso y dice que cambia de móvil con frecuencia
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El jefe del Ministerio Público, de todos modos, sí que ha dejado claro a preguntas de su defensa en el Alto Tribunal que él no facilitó ni los correos electrónicos ni el expediente tributario de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a ninguna persona de la Fiscalía o de fuera de ella. Y que tampoco dio órdenes de hacerlo. "Rotundamente, no", ha dicho en varias ocasiones. Del mismo modo, ha negado tener constancia de que la filtración se hubiera producido desde el Ministerio Público o de que se hubiera intentado perjudicar a González Amador u obstaculizar su posible acuerdo con la Fiscalía, en contra del relato que intentó colocar el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña.
Durante su comparecencia, García Ortiz ha hecho un repaso de lo sucedido entre el 7 y el 14 de marzo. Ha explicado que aquel primer día fue cuando tuvo conocimiento del interés de un periodista por una denuncia contra Maxwell Cremona, empresa de González Amador. Y que por eso, al día siguiente su mano derecha en la Secretaría Técnica, Diego Villafañe –investigado también en la causa– reclamó a la Fiscalía de Madrid el expediente completo de la causa por la vía de la dación de cuentas. Del mismo modo, también ha negado que la conversación con la fiscal superior de Madrid, en la que según ella dijo "eso ahora no importa" cuando le preguntó si él había filtrado los correos, se produjese en esos términos.
En cuanto al cambio de teléfono móvil, ha señalado que desde que está al frente del Ministerio Público ha cambiado seis veces de dispositivo y que habitualmente borra el contenido del mismo porque tiene información sensible que afecta a multitud de investigaciones penales. Además, ha asegurado que informó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que había cambiado de móvil recientemente cuando registraron su despacho.
