El juez Hurtado sale en defensa del novio de Ayuso 48 horas antes de tomar declaración al fiscal general

El jefe del Ministerio Público prestará este miércoles por primera vez en democracia declaración como investigado en un procedimiento penal. Lo hará después de que instructor del caso, Ángel Hurtado, haya rechazado aplazar su comparecencia en el Tribunal Supremo. Y haya tumbado una serie de diligencias con las que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, buscaba apuntalar su defensa con elementos de prueba que hasta ahora han sido ignorados. Unos hilos de los que el magistrado instructor evita tirar mientras sale en defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Todo, a escasas horas de la esperada comparecencia.
Desde que arrancó la causa, la defensa del jefe del Ministerio Público, que ejerce la Abogacía del Estado, ha intentado desmontar el caso alegando que García Ortiz no fue el único con acceso a información relativa a la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador. Y que, por lo tanto, lo que terminó publicándose en los medios de comunicación, incluyendo el correo electrónico de 2 de febrero en el que el abogado del empresario reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y buscaba un acuerdo con Fiscalía, pudo salir de varios sitios.
El análisis de los dispositivos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por el momento, sólo ha puesto de manifiesto que el fiscal general del Estado pidió y recibió el mail en el que se centra la investigación a las 21.59 horas del 13 de marzo, poco antes de que el contenido del mismo se diese a conocer en la Cadena Ser. En base a esto, Hurtado sostiene que hay indicios suficientes como para "presumir" la "relevante participación" de García Ortiz en la "filtración". Pero lo hace obviando, indicaba recientemente la Abogacía, "múltiples contraindicios".
Periodistas con información antes que el fiscal
Por un lado, están las testificales de varios periodistas. Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, aseguró que tuvo acceso al mail seis horas antes de que llegara a la bandeja de entrada del fiscal general del Estado. "Lo vi sobre las 15.34 o 15.40 horas, aproximadamente", contó al instructor del caso, al tiempo que explicó que si no lo hizo público hasta pasadas las 23.00 horas –en ese momento el correo ya estaba en manos de García Ortiz– fue porque su fuente no le dejó. José Precedo, por su parte, dijo que elDiario.es lo tenía desde una semana antes pero que no lo pudieron dar por las dificultades para contrastar.
Otros periodistas no tuvieron acceso al correo electrónico, pero sí conocían la información que se contenía en el mismo: que la Fiscalía y la defensa del empresario estaban negociando para que este último reconociera los delitos a cambio de no entrar en prisión. Así lo recogía El Mundo en aquella noticia cuyo titular insinuaba que el Ministerio Público buscaba un pacto y que se publicó media hora antes de que el fiscal general recibiera los correos. "Es un dato que fuentes directas intervinientes en las negociaciones nos contaron", explicó Esteban Urreiztieta, autor de la información, al juez.
También en El País circuló con carácter previo a la filtración la información de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso aceptaba pagar multa y reconocer los delitos, algo que les llegó de fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia de Madrid. Pese a ello, el instructor ha rechazado este lunes citar como testigos a los periodistas que tuvieron dicha información y no pudieron publicar por falta de confirmación: "Vuelven a ser opiniones que no es fácil entender que se pretenda con ellas variar un criterio judicial razonablemente expuesto".
No es la primera vez que el magistrado resta valor al testimonio de los informadores. Ya lo hizo hace un par de semanas, cuando puso fecha a la declaración de García Ortiz, la fiscal jefa de Madrid –Pilar Rodríguez– y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica –Diego Villafañe–: "Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos [...]. Los elementos objetivos que aportan las diligencias apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".
MAR y el origen de la filtración
"Cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo", recordaba en uno de sus escritos la Abogacía del Estado, que se apoyaba al mismo tiempo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De ahí que los servicios jurídicos del Estado consideren importante saber si el secreto sobre el que gira toda esta investigación ya había sido revelado con carácter previo por el entorno de Alberto González Amador.
Se sabe que el empresario hizo llegar por WhatsApp al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, un correo de fecha 12 de marzo en el que el fiscal del caso, Julián Salto, decía al abogado de González Amador que no habría "ningún obstáculo" para poder llegar a un acuerdo en la causa que le acorrala –el mail usado por la Puerta del Sol para vender falsamente que el Ministerio Fiscal buscaba un acuerdo con el investigado–. Y se conoce porque fue el propio Rodríguez el que aportó ese mensaje a la causa.
El jefe de Gabinete, del mismo modo, también entregó los mensajes que envió a su lista de difusión de medios con el correo en cuestión. Con ello, trataba de apuntalar su testimonio. Ante el juez, y con obligación de decir la verdad, Rodríguez insistió en que él no reveló el mail hasta que el contenido del mismo no estaba publicado en El Mundo. El problema es que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, aseguró que el jefe de Gabinete llevaba moviendo esa información desde antes de que saliera en el periódico. Algo que confirmó luego su jefe de prensa.
Aprovechando dicha contradicción, la Abogacía del Estado solicitó al instructor la posibilidad de llevar a cabo un volcado del móvil del jefe de Gabinete, como en su momento se hizo con el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato. "Como no acabo de ver la relevancia de ese detalle sigo pensando si tomar la decisión", respondió el juez. Un rechazo que este lunes, de nuevo, ha mantenido en su resolución judicial, en la que también rechaza citar a declarar a González Amador, clave para saber si autorizó al Gobierno de Ayuso para desvelar detalles de sus negociaciones.
"No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador", señala en su resolución.
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Es en ese punto donde el magistrado, a escasas cuarenta y ocho horas de tomar declaración al fiscal general del Estado, sale en defensa de González Amador. Al mismo tiempo que señala que el correo filtrado incluye el "reconocimiento expreso de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", deja caer que su filtración le ha provocado un "daño reputacional" porque se le ha empezado a considerar en determinados "medios y ámbitos" como "un defraudador confeso, sin serlo". Un apoyo al empresario en plena batalla abierta contra políticos y periodistas.
A lo largo de estos tres meses de investigación, tampoco se ha indagado en otras posibles vías de filtración. Un silencio "difícil de entender" para los servicios jurídicos del Estado. Para empezar, el correo revelado fue enviado por el abogado de González Amador a una dirección genérica a la que podían acceder al 16 personas, según consta en un escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid: "Pueden acceder los cuatro funcionarios adscritos a la sección de delitos económicos (los cuales deben acceder diariamente y reenviar cada correo al fiscal respectivo) y los 12 fiscales de la sección".
El fiscal del caso, además, dejó caer durante su interrogatorio como testigo que el abogado de González Amador también pudo haber hecho llegar ese correo a la Abogacía del Estado, ya que un acuerdo así es necesario cerrarlo a tres. Ese correo, además, fue reenviado por Salto a una cuenta de correo de la jefatura provincial de Madrid a la que tenían acceso, según un informe aportado por los servicios jurídicos del Estado, la fiscal jefe provincial, el teniente fiscal y cuatro funcionarias. Un documento que también revela que medio millar de personas tuvieron acceso a las diligencias de investigación.