El juez del Supremo ignora a los periodistas y da por hecho sin pruebas que Fiscalía filtró a Moncloa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, interviene durante el acto de entrega de Despachos.

El Tribunal Supremo no da su brazo a torcer en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. El instructor de la causa, Ángel Hurtado, ha fijado este lunes la declaración como investigado del jefe del Ministerio Público por la filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho a través de un duro auto en el que resta valor a las testificales de periodistas que benefician a la defensa de García Ortiz. Y en el que se da por hecho que el mail bajo la lupa salió de la Fiscalía General del Estado con "destino" Presidencia del Gobierno, algo de lo que no hay aún pruebas.

El Alto Tribunal decidió a mediados de octubre abrir causa contra el jefe del Ministerio Público y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la publicación en distintos medios de comunicación de un correo electrónico en el que el letrado de Alberto González Amador, investigado en otro procedimiento por fraude y falsedad documental, reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública" y ofrecía un acuerdo a la Fiscalía. Un escrito que, en definitiva, desmontaba el bulo que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, trataba de colocar mediáticamente.

Tras tres meses de pesquisas, que han llegado a incluir un inédito registro del despacho del fiscal general del Estado y un volcado de sus dispositivos electrónicos, el instructor cree que de las diligencias practicadas "se viene a apuntalar" la participación de los investigados "en los hechos delictivos". "Con la provisionalidad de este momento procesal, se puede hablar de una dinámica delictiva que tuvo por objetivo divulgar, por medio de lo que se conoce como filtraciones, [...] información concerniente a la intimidad de una persona, que debería haber sido objeto de reserva", recoge el auto.

El magistrado considera que hay "base indiciaria" como para "presumir la relevante participación" de García Ortiz en la "filtración", en la medida en que "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición". Y lo hace apoyándose, fundamentalmente, en el informe que elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en base a la información extraída del móvil y correo de la fiscal jefa provincial de Madrid.

Aquel documento mencionaba la "participación preeminente" del jefe del Ministerio Público en los hechos. Y confirmaba que García Ortiz pidió y recibió el correo del abogado del novio de Ayuso –algo que él nunca ha negado– antes de que algunos medios informaran del mismo. Ahora bien, no contenía una sola prueba de que él fuera quien filtrara dicho mail o diera orden de hacerlo. Algo que tampoco se ha conseguido, de momento, en los dispositivos electrónicos de García Ortiz. En el móvil intervenido, los investigadores encontraron "cero mensajes".

El magistrado también resta valor a la declaración como testigos de dos periodistas. Tanto Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, como José Precedo, de elDiario.es, aseguraron el jueves que accedieron al correo antes que el fiscal general. Pero Hurtado considera que dichos testimonios no aportan "datos objetivos" y "contrastan" con otro prestado un día antes "que niega que así hubiera sido" –aquel miércoles declararon Miguel Ángel Rodríguez y dos periodistas de El Mundo y La Sexta–. Además, sostiene que el mail solo se difundió tras la recepción de García Ortiz, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".

El testimonio de los informadores venía a reforzar la tesis de la defensa, que siempre ha mantenido que la filtración podía haber salido de otro lado dado que mucha gente tenía acceso a esa información. El correo fue enviado, por ejemplo, a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid en la que podían ingresar al menos 16 personas, entre fiscales y funcionarios, según un escrito que consta en la causa. Y medio millar de personas, según un informe fiscal, pudieron ver las diligencias de investigación del novio de Ayuso.

Nada de esto aparece recogido en el auto del magistrado instructor. Como tampoco la mención que hace en el primero de sus informes la Guardia Civil sobre que hubo "una persona o varias" en la Fiscalía General del Estado –en referencia al "equipo Fortuny" que al que se hace alusión en uno de los Whatsapp intervenidos por los investigadores– que habrían ayudado a García Ortiz en la elaboración de la nota de prensa con la que se desmontó el bulo lanzado desde la Puerta del Sol y que, por tanto, también habrían podido acceder a las comunicaciones que fueron filtradas.

Apunta hacia Presidencia

Por primera vez a lo largo de estos tres meses, el magistrado instructor apunta directamente hacia el Palacio de La Moncloa. "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo, y de ahí al medio de comunicación El Plural –que fue el primero en publicar un pantallazo del mismo–", recoge la resolución judicial. La intención, prosigue el auto, era hacer uso del email relativo a la pareja de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid con una "clara finalidad política".

Por el momento, no hay nada que pruebe que el Ministerio Público hiciera llegar el correo a Moncloa. Ni siquiera entre los mensajes extraídos del móvil del exsecretario general del PSM Juan Lobato. El informe que la UCO hizo sobre ese terminal sirvió para confirmar que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del jefe de Gabinete de Presidencia, había tenido acceso al email íntegro antes de que una captura del mismo apareciera en el diario El Plural. Pero no desvelaba de dónde salía dicha información. "Porque llega, la tienen los medios", se limitó a decir cuando Lobato le preguntó de dónde había sacado esa comunicación que le proponía usar en el Pleno.

Además de Sánchez Acera y el exjefe de los socialistas madrileños, los investigadores creen que también tuvieron "conocimiento" del correo el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada; y el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín. En el primer caso, porque Lobato también se dirigió a él para preguntarle por el origen del mail. Y en los otros dos, lo deducen a partir de un mensaje que del director de gabinete del Grupo Socialista en la Asamblea.

Obvia la dación de cuentas

"El solo trasiego del intercambio de mensajes" que se producen entre que García Ortiz recibe el correo bajo la lupa, "y los pasos que da antes para lograr hacerse con él", y la publicación de las primeras informaciones sobre el mismo más de una hora después, es para el magistrado instructor "lo suficientemente indicativo" de su "papel relevante en la divulgación de una información reservada". El auto, además, hace referencia a las "prisas" del fiscal general por obtener esas comunicaciones. Eso sí, obviando que para entonces ya estaba en circulación el bulo del jefe de Gabinete de Ayuso.

El jefe del Ministerio Público ha sido citado como investigado el último miércoles de enero. Para entonces, ya habrán declarado como testigos tanto el fiscal Julián Salto, responsable de la causa contra González Amador, como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Y también dos responsables de comunicación de la Fiscalía. Habrá que ver si para entonces el instructor tiene ya sobre su mesa el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, algo que solicitó tras conocer que había cambiado de móvil tras la apertura de la causa.

La pinza judicial que busca tumbar al fiscal general del Estado

La pinza judicial que busca tumbar al fiscal general del Estado

Horas después de la comparecencia de García Ortiz, se sentará ante el magistrado como investigada la fiscal jefe de Madrid. El instructor dice que ponerse a disposición de García Ortiz –"Hola, jefe. A tu disposición", escribe sin que conste respuesta–, facilitar "el expediente" de González Amador a Diego Villafañe –teniente fiscal de la Secretaría Técnica– o "prestarse a hacer llegar" a la Fiscalía General del Estado el correo investigado "siendo conocedora de la finalidad que se perseguía" son "elementos suficientes para mantener su imputación".

La resolución judicial nada dice, sin embargo, del deber de informar a los superiores que existe en una institución jerárquica como la Fiscalía. Algo en lo que la defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, ha insistido estos meses. Así, en un reciente escrito de alegaciones, los servicios jurídicos del Estado explicaban que la "solicitud de los correos electrónicos" que Rodríguez había hecho al fiscal del caso se enmarcaba dentro de la dación de cuentas obligatoria que recoge el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Como el posterior envío de los mismos a García Ortiz.

"Este deber requiere que los fiscales provinciales informen de manera detallada y puntual a la Secretaría Técnica y al Fiscal General del Estado sobre vicisitudes relevantes en procedimientos de especial trascendencia", exponía la Abogacía del Estado en su escrito. Tras las declaraciones de García Ortiz y Rodríguez, será Villafañe, mano derecha del fiscal general, quien tenga que dar explicaciones como investigado en el Tribunal Supremo. En su caso, en base a los mensajes intercambiados con Rodríguez.

Más sobre este tema
stats