La pinza judicial que busca tumbar al fiscal general del Estado

La ofensiva judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se libra en un solo frente. En realidad, son dos. Ambos, con el impulso de la misma asociación. Por un lado, el que despierta mayor interés mediático, el penal, donde se investiga al jefe del Ministerio Público por revelación de secretos en relación a la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Por otro, el que pasa más desapercibido, el contencioso-administrativo, derivado de la impugnación del nombramiento de García Ortiz. Dos causas interconectadas, por cuanto la primera se está usando para reforzar la petición de nulidad en la segunda. Una pinza para tumbar al fiscal general de cuyo éxito –o fracaso– sabremos a finales de enero.

Aunque no despierte el mismo interés, lo cierto es que la batalla en la Sala Tercera del Tribunal Supremo –la de lo Contencioso-Administrativo– se inició mucho antes que la que se está dando ahora también en la Sala Segunda –la de lo Penal–. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la tercera en número de afiliados de la carrera, decidió en febrero presentar en el Alto Tribunal un recurso contra la renovación de García Ortiz como jefe del Ministerio Público. "No tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno", recalcaron entonces en un comunicado.

El colectivo defendía que no se le podía considerar jurista de reconocido prestigio, uno de los dos requisitos necesarios para continuar en el cargo, desde el momento en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le había acusado en una de resolución de "desviación de poder". Un reproche que nueve días después serviría de base al sector conservador del entonces caduco Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para considerar a García Ortiz "inidóneo" para el puesto. Un informe preceptivo pero no vinculante al que también se agarró la asociación a la hora de impugnar la reelección del fiscal como jefe del Ministerio Público.

Pero un mes después estalló el caso González Amador. Tras una investigación tributaria, la Fiscalía denunció a la pareja de Ayuso por defraudación fiscal y falsedad en documento mercantil. Cuando eso se supo, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, trató imponer el relato de una falsa cacería política. Y para ello, filtró parte de una cadena de correos y trasladó el mensaje de que el Ministerio Público había ofrecido a Alberto González Amador un acuerdo que luego había retirado por órdenes "de arriba". Un bulo que se derrumbó en cuanto se reveló la existencia de un mail previo que demostraba que había sido realmente el abogado del empresario quien primero ofreció un pacto.

Reforzar la petición de nulidad

La publicación de esta última comunicación en diferentes medios terminó por abrir un segundo frente contra García Ortiz. Tras el verano, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal abrió una investigación contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. El instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrada y registro en los despachos de ambos. Y el volcado de sus dispositivos electrónicos, cuyo análisis aún se encuentra en proceso.

De las pesquisas no ha salido, por el momento, nada definitivo contra García Ortiz. El primer informe elaborado por los investigadores en base al material intervenido a la fiscal hablaba de una "participación preeminente" del jefe del Ministerio Público en los hechos que "derivaron en la filtración", dado que había pedido y le habían enviado el correo electrónico del abogado que luego acabó en los medios –algo que nunca ha negado–. Pero ni una sola prueba contundente de que él hubiera sido quien lo filtró posteriormente. Queda aún por conocer, no obstante, el resultado del análisis de sus dispositivos.

Aunque discurren por caminos diferentes, lo cierto es que ambos frentes se encuentran perfectamente interconectados. La causa penal, en la que APIF ejerce como acusación popular, está siendo usada por la asociación de fiscales en la batalla contra la designación de García Ortiz que se sigue ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los recurrentes, según explican las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, han decidido poner sobre la mesa en el pleito contencioso-administrativo la investigación penal que se está siguiendo contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos al entender que eso puede reforzar su petición de "nulidad del nombramiento".

Con el periodo de conclusiones ya finiquitado, el caso ha quedado visto para sentencia. Y la resolución no tardará en llegar. Las fuentes consultadas apuntan que la votación y fallo se ha fijado para finales de enero. Será entonces cuando la Sala Tercera decida si anula el nombramiento de García Ortiz. Solo existe un precedente. Ocurrió en 1994, cuando el Supremo tumbó la designación de Eligio Hernández por no cumplir con el requisito de 15 años de ejercicio. PP y Vox intentaron también, en su día, anular el nombramiento de Dolores Delgado como jefa del Ministerio Público, pero el Alto Tribunal lo rechazó al entender que los partidos no estaban legitimados para recurrir la designación.

Unos magistrados que ya le acusaron

Será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que decida sobre la continuidad de García Ortiz. De la misma forman parte Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Pilar Teso. Magistrados a los que el fiscal general conoce bastante bien. Los cuatro primeros fueron, precisamente, quienes firmaron la sentencia de noviembre de 2023 en la que se afirmaba que el fiscal general había incurrido en una "desviación de poder" en el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera.

Aquella resolución, la misma que usa la asociación de fiscales para defender la falta de idoneidad de García Ortiz, fue utilizada en su momento por el PP para querellarse contra el fiscal general del Estado por prevaricación administrativa. Un intento que, sin embargo, fue rechazado por la Sala Segunda del Alto Tribunal: "No cabe trasladar de forma automática la desviación de poder apreciada en sede contencioso-administrativa al ámbito penal del delito de prevaricación".

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García Ortiz trató en su día de apartar a los cuatro magistrados de lo Contencioso-Administrativo. En su escrito de recusación, alegó vulneración del derecho a un juez imparcial. Consideraba que los cuatro magistrados estaban "contaminados" y que sus decisiones se verían condicionadas por el posicionamiento que habían tenido en aquel proceso. Además, recordó que Requero, en quien ha caído la ponencia sobre la continuidad de García Ortiz en el cargo –según recoge una diligencia de ordenación de abril–, publicó el mismo día en que vio la luz la resolución de la "desviación de poder" un artículo en el diario La Razón en el que hablaba de un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado "apesebrados".

Vinculado al Opus Dei y ponente de sentencias contrarias al recorte de conciertos con colegios privados acordado por el anterior Gobierno valenciano, Requero también culpaba en aquel texto a la izquierda de "haber propiciado una guerra civil": "Vivimos la natural evolución del nacionalismo y de la izquierda hispana, y las biografías de ambos cuentan con sonados méritos como traicionar el pacto constitucional en cuanto al Poder Judicial, añadido a intentos de golpe de Estado, haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado". E instaba a los jueces a no participar en una "renovación fraudulenta" que lleve a un "ilegítimo" Consejo General del Poder Judicial, que por aquel llevaba ya un lustro con el mandato caducado.

Pero las recusaciones de García Ortiz fueron rechazadas de plano. Ni siquiera se entró a examinar –pero sí se dejó reflejado– "la endeblez y escasa consistencia" de las mismas. Simplemente, se inadmitieron por considerarse extemporáneas. El instructor resaltó que el fiscal general conocía la sentencia usada en la recusación y la composición de la Sección encargada de su caso –que se publica en el Boletín Oficial del Estado–. "Resulta enteramente inconsistente el alegato de que fue después de su personación en el proceso cuando tuvo ocasión de conocer la identidad de los magistrados y que cuatro de ellos habían suscrito aquella sentencia de noviembre de 2023", resaltaba aquel auto.