Mirar hacia otro lado
“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.
La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.
Genocidio
El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.
Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.
Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.
Justicia internacional
La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.
Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.
El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".
Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.
En los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.
Tibia respuesta europea
Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".
En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.
El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.
El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.
Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.
Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando.
La parálisis
Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente.
Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.
La cuestión
Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.
Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho.
Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.
Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.
Investigación española
El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.
La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.
Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso.
Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.
Una fuerza formidable
Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.
En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.
Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.
Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.
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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).
