La carrera de Juan Carlos Carrión se truncó de forma súbita cuando bajó el pasado marzo de un avión procedente de Bogotá para pasar la Semana Santa en Pontevedra. Con décadas de trabajo en los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de Galicia e innumerables éxitos policiales a sus espaldas, el inspector jefe y oficial de enlace del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Bogotá fue detenido por agentes de Asuntos Internos, acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a introducir grandes partidas de cocaína en España procedentes de Sudamérica y de repartirse los beneficios.

Su nombre acaparó titulares y Carrión, condecorado con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas en 2018, se vino abajo. Entonces prefirió guardar silencio. Sin embargo, cuando han transcurrido siete meses desde aquel día, la documentación oficial a la que han tenido acceso Narcodiario acredita que la labor del inspector madrileño afincado en Pontevedra no fue otra que la de coordinar a agentes encubiertos para efectuar lo que se denomina “entrega controlada”, tutelada a cada paso tanto en Colombia, por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de aquel país, como en España, mediante un decreto emitido el 2 de diciembre por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

Una entrega controlada es una técnica policial que consiste en permitir que un alijo de droga circule por el territorio español, o entre y salga de él, “bajo vigilancia, pero sin interferencia de la autoridad”, para descubrir a las personas involucradas en una operación ilegal, así como para “prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”, tal y como la define la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El objetivo de Juan Carlos Carrión, uno de los agentes más odiados por los clanes de la droga en Galicia, era detener con las manos en la masa a miembros del Cártel de los Balcanes de nacionalidad albanesa que llevaban tiempo introduciendo cocaína en España a través de contenedores desde distintos puertos de Sudamérica. Para ello recurrió a Pedro Andrés Marqués Ayala, confidente policial en España que fue utilizado como agente encubierto por la policía colombiana, como consta en la documentación de la Fiscalía General de la Nación a la que ha tenido acceso Narcodiario.

Pero, según la investigación de Asuntos Internos y su primera declaración ante la policía, el confidente, que también fue detenido, pretendía además obtener un beneficio económico. En cualquier caso, la entrega controlada se frustró porque los albaneses no mordieron el anzuelo, y no se produjeron detenciones.

La operación vigilada se organizó gracias a informaciones obtenidas en España sobre la organización albanesa, que intentaba abrir una nueva ruta para exportar cocaína a Europa. La Policía Nacional activó los mecanismos legales para ejecutar el procedimiento, que incluía un agente encubierto tutelado por las autoridades colombianas: Pedro Andrés Marqués Ayala firmó un “acta de voluntariedad” para actuar en calidad de tal durante un año y le fue adjudicado un código. También hizo las gestiones oportunas para hacerse con los 111,2 kilos de cocaína que posteriormente tendría que entregar a los albaneses mediante agentes encubiertos en España. En todo momento fue vigilado por policías colombianos, que detallaron en el correspondiente informe –con fotos y capturas de pantalla de sus conversaciones en Whatsapp– los encuentros del confidente con sus suministradores.

También el decreto de la Fiscalía Especial Antidroga española que autorizó la entrega controlada precisa que la cocaína llegaría en un vuelo de Iberia y que esos 111,2 kilos de cocaína estarían metidos en cinco contenedores. La Fiscalía General de la Nación colombiana incluso menciona el número de vuelo y la fecha y hora de salida y de llegada del avión.

Toda la operación se ejecutó, como de costumbre, mediante la Red de Fiscales Iberoamericanos Antidrogas, un esquema de cooperación internacional que lleva años ofreciendo grandes réditos a las autoridades que luchan contra el narcotráfico.

“Con la finalidad de continuar con el trámite de la entrega controlada con agencia encubierta, se pactó dentro de la misma que la Policía Nacional de España enviaría los narcóticos con destino a Madrid”, explica la Fiscalía Antidroga en su escrito, lo que confirma que tenía conocimiento pleno de las actuaciones. “Una vez llegue la remesa ilícita al territorio español, la Policía española realizará la respectiva entrega controlada del alijo a miembros de la organización en este país con la finalidad de hacer las respectivas capturas y desarticular la organización”, abunda el Ministerio Público español.

Sin embargo, esta vez la acción policial se fue al traste. Los narcotraficantes albaneses sospecharon del confidente. Juan Carlos Carrión quería que se hiciese el pago de la cantidad pactada a través de los agentes encubiertos –357.000 euros–, dinero que se incautaría junto a la droga en la operación. El dinero resulta clave en esta clase de procedimientos, para que los narcotraficantes crean que la venta es real. Pero su insistencia en exigir el dinero fue precisamente una de las pruebas de cargo contra Carrión, puesto que Asuntos Internos le atribuía la intención de lucrarse con la entrega controlada. Según su defensa, en cambio, el objetivo del policía no era otro que completar su trabajo con éxito.

De hecho, Pedro Andrés Marqués llegó a amenazar a Juan Carlos Carrión cuando comprobó que el inspector jefe no iba a dar el visto bueno a la entrega sin los 357.000 euros, la cantidad previamente pactada y documentada judicialmente en España y en Colombia como pago por la mercancía.

El confidente y agente encubierto declaró durante seis horas ante la policía nada más ser detenido. Pero el 22 de febrero, ante el juez, se retractó de su testimonio. Dijo que estaba “coaccionado” y que ahora tenía miedo, de acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Narcodiario.

En realidad, hasta Juan Carlos Carrión llegó Asuntos Internos cuando investigaba a otro policía, el entonces inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en Murcia, José Guerrero Alonso. Detenido el pasado mes de febrero, sus compañeros le acusan de proporcionar protección a, entre otros, Pedro Andrés Marqués, a cambio de dinero y regalos. Guerrero y Carrión compartían, pues, confidente.

La causa contra Guerrero Alonso está a cargo del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, cuyo titular se encuentra a la espera de que Asuntos Internos conteste a las pruebas documentales que ha aportado la defensa de Juan Carlos Carrión, los decretos e informes de las fiscalías colombiana y española que describen al detalle la entrega controlada de la droga. Entonces decidirá si sigue adelante contra el inspector jefe condecorado o archiva el procedimiento.

Entre los documentos remitidos por la defensa de Juan Carlos Carrión al Juzgado de Instrucción murciano se halla un extracto de los oficios presentados ante la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central, la unidad de la que depende orgánicamente, donde se relacionan las distintas fases de la entrega controlada.

Así, el 6 de noviembre de 2023, Carrión informaba a la Udyco de que la organización investigada pretendía “introducir nuevas cantidades de estupefaciente en España”, por lo que avanzaba que, para desmantelarla, “se tiene abierta una noticia criminal en Colombia con la previsión de actuación de agente encubierto”. En una siguiente comunicación, el 26 de noviembre, se informaba a la misma Udyco de que se estaban “llevando a cabo las gestiones oportunas con el objetivo de identificar al individuo de origen albano que se trasladó hasta Bogotá […] habiendo solicitado la entrega controlada y participación de agente encubierto”.

Tres días después, la Policía en España recibe la comunicación de que “se han llevado a cabo reuniones en Bogotá que han concluido con la entrega al agente encubierto de 100 kilogramos de sustancia estupefaciente”. El agente encubierto era Marqués Ayala. “Se significa que la organización ha acordado ciertos pagos en España […] un total de 357.000 euros que serían entregados al encubierto autorizado para su entrega”, añade. Ese mismo día se dio traslado de lo actuado a la Fiscalía Antidroga.

La representación legal del policía explica que “por medio de las intervenciones llevadas a cabo en la presente causa se sabía qué cantidades iba a recibir el señor Marqués […], se informó de las mismas cantidades que aparecen referenciadas en las intervenciones e informes de la UAI [Unidad de Asuntos Internos]”.

La defensa de Carrión concluye, además, que “parte de esta información estaba en poder de la UAI con anterioridad a la detención”, y se sorprende de que “no se haya informado nada en el desarrollo de la presente instrucción respecto de dicha entrega controlada, así como de las comunicaciones del señor Carrión con la Udyco”. Por ello, el abogado solicita “la mayor celeridad” a Asuntos Internos para que responda, a fin de cerrar un proceso que “dañó la imagen” de su representado.

La investigación del juzgado de Murcia ha sido utilizada en varias ocasiones por las defensas de algunos de los principales investigados en otra causa, la del buque MV Karar, 3.800 kilos de cocaína cuya descarga se atribuye a la organización criminal presuntamente liderada por el vilanovés Juan Carlos Santórum.

Ello es así porque fue el grupo de investigación que dirigía Juan Carlos Carrión desde la Comisaría Provincial de Pontevedra el que lideró las investigaciones que acabaron no sólo con la incautación del mayor alijo de los últimos años en dirección a Galicia –contenedores aparte–, en abril de 2020, sino también con la detención de las personas que preparaban la infraestructura criminal para recoger la mercancía ilícita en altamar.

Las defensas habían pedido la declaración del inspector jefe en la vista oral que estaba prevista para este martes, pese a que Carrión ha presentado informes médicos sobre su estado de salud que la desaconsejan. Por ese motivo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha solicitado una valoración a los médicos forenses.

El juicio por el caso Karar comenzó el pasado abril, se interrumpió en verano y se reanudó el pasado 10 de septiembre. La vista programada para este martes quedó suspendida después de que uno de los 28 acusados rechazase a su abogado.

El fiscal pide para Sántorum una pena de 18 años y medio de prisión y el pago de una multa de 438 millones de euros, y 13 años y medio para el resto de los implicados.

La Fiscalía Antidroga ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado, conocido como Sito Miñanco, y 9 años y 9 meses de cárcel para Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, según informa Europa Press.

La Fiscalía Especializada ha remitido esta semana su escrito de acusación al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. En él acusa a más de 50 investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha solicitado también que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones de euros para Prado Bugallo. Esta petición tiene lugar después de que el pasado 18 de noviembre la Audiencia Nacional enviara a ambos a juicio por su presunta implicación en la Operación Mito.

El Ministerio Público ha concluido que Sito Miñanco, "con el propósito de introducir y distribuir la droga, contaba con una "infraestructura personal necesaria" que ya había acumulado una "experiencia criminal significativa en el negocio del narcotráfico".

Todos los acusados guardan una supuesta relación con la 'Operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

En el marco del escrito, la Fiscalía ha solicitado 22 años de prisión para Luis Enrique García Arango —supuesta mano derecha de Sito Miñanco conocido como el viejito— y Juan Antonio Fernández Fernández —alias Nuria—, a quien Prado Bugallo confiaba también los "pormenores de las distintas operaciones criminales".

En 179 folios, el Ministerio Público ha descrito cómo entre 2016 y 2018 la actividad principal de Sito Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, pese a que se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Algeciras.

En el marco de esta presunta organización, Boye —que se encuentra en libertad—fue procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.

Estos 'correos humanos', que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los 'narcos' contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

En concreto, la Fiscalía ha subrayado que Boye y otros abogados —para "acreditar el origen ilícito del dinero intervenido"— confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio. Para el Ministerio Público, "el pretendido negocio no presentaba lógica comercial alguna".

En este sentido, el fiscal ha incidido en que Boye "presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico".

Así, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de dichos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.

En su escrito, la Fiscalía ha situado como el presunto líder de esa red a Sito Miñanco, que se encontraba en prisión en el momento de los hechos y que permanece internado por otra condena de blanqueo de capitales.

Esa organización se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en b, un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.

El Ministerio Público ha asegurado que Sito Miñanco hizo del narcotráfico su modus vivendi de manera continuada y estable", ya que no solo se encontraba cumpliendo condena por una sentencia de 2006, sino que encadenaba una condena anterior por un delito contra la salud pública y "carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad".

Antidroga ha explicado que "una de las notas principales que caracterizaba el entramado criminal dirigido y controlado por Prado Bugallo era su naturaleza eminentemente personalista".

Según ha señalado, "todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas por él, quien, pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario, extremaba el control sobre las actividades de sus subordinados, en particular, respecto a la confidencialidad de las comunicaciones que mantenían entre ellos".

El auto, que tiene fecha del pasado 10 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han practicado "cuantas diligencias se han estimado necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias" de los hechos investigados, resultando "indubitado" que 127 kilos de cocaína fueron encontrados en un habitáculo que se hallaba ubicado en un compartimento de cables dentro del pañol de contramaestre del buque.

Sin embargo, no existen indicios que sostengan la participación de los investigados en este procedimiento, ni de cualquier otro, en el embarque y transporte de dicha droga, por lo que se accede al sobreseimiento solicitado por una de las defensas ejercida por el letrado Fernando Pamos de la Hoz.

El caso se remonta a abril de 2014, cuando Elcano hizo una escala en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. En los cinco días que el barco estuvo allí atracado, varios marineros introdujeron presuntamente más de 150 DE kilos de cocaína que les entregó un grupo de narcotraficantes.

En la siguiente escala, en Nueva York, los militares entregaron supuestamente unos 26 kilos a otros traficantes, un caso que fue investigado por las autoridades estadounidenses y que desembocó en la detención de los seis marineros y el cocinero del buque. Se trata de un brigada, un cabo primero y tres marineros, dos de ellos ya procesados en la pieza principal por delitos de tráfico de estupefacientes.

La declaración prestada en julio por un arrepentido del clan del narco Sito MiñancoSito Miñanco es, por el momento, el episodio conocido que juega en contra del abogado de Carles Puigdemont, imputado por blanqueo de dinero procedente de la droga. El arrepentido, M.A.P.S., de nacionalidad colombiana, señaló a Gonzalo Boye ante la juez que investiga el caso como quien "inventó" y "produjo" los documentos necesarios para aparentar la legalidad de casi 900.000 euros intervenidos en Barajas en febrero de 2017 cuando varias personas –mulas, en el argot de la droga– intentaban sacarlos del país. Prestada a petición propia desde la cárcel y en la que dio datos sobre reuniones con Boye, al menos una de ellas grabada por la Policía, esa declaracion cambió la versión ofrecida por el mismo M.A.P.S. en enero. El arrepentido, cuya concesión de la libertad provisional tras incriminar a Boye presenta el entorno del letrado como un dato relevante, se sometió a un prolijo interrogatorio donde solo rechazó contestar una pregunta: la de si había recibido en prisión la visita de miembros de la Policía.

Boye quedó este miércoles en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante la juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, María Tardón. Eso le permitirá asistir a Puigdemont en Bruselas durante la vista fijada para el día 29 por la euroorden dictada desde España. La Fiscalía había pedido que se restringieran sus movimientos con comparecencias quincenales ante el juzgado. Tardón no lo consideró necesario.

Al abandonar la Audiencia, el abogado lanzó un mensaje: "La gente puede disparar lo que quiera contra mí pero evidentemente, lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay". Ayer suavizó sus palabras del martes, cuando atribuyó a su relación con Puigdemont lo sucedido. A la pregunta de los periodistas sobre si en su opinión, esta citación puede tener que ver con su condición de abogado del expresident huido de la justicia, dijo: "Quiero entender que no. No debería ser así".

Causa secreta

La citación de Boye como imputado se produce en una causa declarada secreta y en la que, por tanto, no se sabe aún de qué pruebas dispone la Fiscalía Antidroga. En la declaración prestada en julio por M.A.P.S., a preguntas del fiscal, M.A.P.S. señaló con reiteración a Boye como el ideólogo de la fórmula seguida para lograr que el Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) devolviese el dinero intervenido. "Él –declaró en referencia expresa a Boye– se inventa los contratos de los préstamos", préstamos ficticios destinados a "justificar" los pagarés ideados para dar una apariencia lícita al origen del dinero. Con esa declaración, prestada desde la cárcel, M.A.P.S. modificaba la versión que había dado en enero y aportaba detalles de reuniones en las que, según su testimonio, Boye tuvo un papel esencial. El dinero, confesó M.A.P.S. se lo había dado Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Sito Miñanco.Sito Miñanco

A lo largo de un interrogatorio que duró una hora y 12 minutos, M.A.P.S. respondió todas las preguntas, incluidas 34 del letrado del bufete Boye que representaba a varios investigados, entre ellos José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Fue ese letrado el que le inquirió por si había recibido en la cárcel la visita de miembros de la Policía. "Eh…. No contesto a esa pregunta", fue su respuesta. Poco después, el mismo abogado le preguntó si le han ofrecido alguna cosa "por modificar su versión con respecto a su declaración anterior". Aquí sí contestó: "No, ninguna".

Como publicó infoLibre, Boye envió a la Audiencia Nacional el 31 de julio un escrito donde remarcaba que "fue contratado para recuperar un dinero incautado por la autoridad competente y utilizó para ello documentación proporcionada por quien reclamaba en el expediente administrativo". Es decir, en el expediente abierto por el Sepblac tras la incautación en Barajas de los casi 900.000 euros. ¿Quienes lo contrataron? Pues M.A.P.S. y otro ciudadano colombiano, M.G.R., también involucrado en ese expediente y que, al igual que su compatriota y otras 40 personas del clan de Sito Miñanco, con él mismo en cabeza, terminó cayendo en febrero de 2018 en la llamada Operación Mito. ¿Pero cómo llegaron hasta Boye M.A.P.S y M.G.R? Según fuentes jurídicas, fue Arango, la mano derecha de Miñanco, quien los puso en contacto.

Según sus próximos, Boye –y ese parece el principal argumento que esgrimirá en su defensa– sostiene que se limitó a pedir a sus clientes documentación para reclamar el dinero ante el Sepblac. Pero ni comprobó ni hizo ninguna averiguación para verificar si el dinero procedía de préstamos reales, que es lo que decía un acta de manifestaciones notarial que –asegura– le entregaron y a cuya emisión se declara ajeno. Ni consideró que la presencia de la gente de Sito Miñanco convirtiera en oportuno hacer tal averiguación. Boye sostiene que el artículo 22 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales exime de ello a los abogados en lo que a sus clientes se refiere.

Agentes de la Guardia Civil han detenido al capitán de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) como presunto autor de un delito de revelación de secretos, prevaricación y pertenencia a banda organizada, según han indicado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

La detención está incluida en una operación contra el narcotráfico, vinculada al blanqueo de capitales y el agente de la Guardia Civil ha sido detenido por su presunta vinculación con esta trama.

El capitán de la Comandancia de Algeciras fue detenido en la tarde de este miércoles y hasta el momento no ha trascendido su posible papel dentro de la banda organizada a la que se le acusa de pertenencia.

"La extensión de los tentáculos del narcotráfico"

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha mostrado su "honda preocupación" tras la detención, porque, "de demostrarse" los hechos, "pondría en evidencia algo que ya en su momento se denunció, como la extensión de los tentáculos del narcotráfico en la provincia de Cádiz hasta altas instancias de la Administración y la función pública".

En una nota, la AUGC ha señalado que van a "permanecer atentos a la evolución de los hechos", así como que los servicios jurídicos de la asociación "estudiarán las medidas oportunas a adoptar". En este sentido, ha recordado que "uno de los objetivos principales de AUGC, recogido en sus estatutos, es la lucha contra la corrupción dentro de la Guardia Civil".

"La profundidad de la amenaza del narcotráfico en la provincia de Cádiz es de tal envergadura que, como ya venimos advirtiendo reiteradamente, requiere de un plan integral de seguridad permanente que aborde la situación en todas sus derivaciones", ha añadido la AUGC.

Asimismo, ha añadido que "ha quedado demostrado que los parches que desde el Ministerio del Interior se vienen aplicando en los últimos meses son absolutamente ineficaces".

Por ello, la AUGC ha vuelto a reclamar que el área de Campo de Gibraltar sea declarada zona de especial singularidad, con un plan que debería partir del incremento permanente y especialización de las fuerzas de seguridad, y debería abordar otras cuestiones como la "incentivación para compensar la mayor peligrosidad, penosidad y sobreesfuerzo que conlleva ejercer la función policial en esta zona".

Además, ha afirmado que "es necesario el desarrollo de un plan de empleo en la zona y un proyecto de mejora de la escolarización, así como estrechar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas, especialmente Junta de Andalucía, Gobierno de España y Europa, así como la creación de juzgados especiales contra el narcotráfico y la presencia de un mayor número de agentes especializados dedicados a las labores de investigación".

Para la AUGC, otra de las medidas necesarias pasa por "algo tan simple como la creación de depósitos judiciales donde custodiar todo el material confiscado a los delincuentes".

Además, ha añadido que el plan pasaría también por el "examen de todas aquellas actividades que se crean ante la necesaria ocultación de los beneficios obtenidos con el negocio principal, es decir, investigar empresas, bienes, operaciones comerciales, bancarias, nivel de vida, en la que deben de intervenir otros organismos ajenos a los cuerpos de seguridad como la Seguridad Social, Entidades Bancarias o Agencia Tributaria".

El Campo de Gibraltar, el punto más caliente del tráfico de hachís en España, allí donde la droga, su negocio y su violencia más espacio social han ocupado, sufre falta de recursos judiciales para atender a los detenidos por la Policía y la Guardia Civil. Y estos, los arrestados, son cada vez más, producto de un plan de seguridad urgente de Interior que está disparando la operaciones y desbordando a los jueces, hasta el punto de poner en riesgo las investigaciones judiciales.

El esfuerzo policial en la lucha contra el narcotráfico en el sur de España, redoblado desde el pasado verano, está encontrando obstáculos donde menos cabría esperar: en la justicia. Concretamente, en su falta de medios. Es una situación paradójica, dice el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, que afirma que el problema se extiende a toda la comarca. "El trabajo policial va por una autopista de cinco carriles pero llega aquí, a los juzgados, y se encuentra con una calle", dice. Ruiz afirma que no quiere "ser alarmista", pero tampoco ocultar la realidad. Y se explaya: "Al haber más operaciones, hay más trabajo judicial. Nos piden más balizamientos, intervenciones telefónicas, entradas y registros. Una intervención con 40 detenidos queda magnífica en las noticias, pero luego tiene que haber un trabajo judicial. El juez de instrucción toma decisiones muy delicadas, que no pueden adoptarse a la ligera. Hablamos de derechos. Hay algo que todavía no está ocurriendo, pero pronto pasará que se cumplan plazos máximos de prisión preventiva y [los procesados] tengan que esperar al juicio en libertad bajo fianza, con el riesgo de que pase como ha ocurrido con el Messi del hachís".

Se refiere el juez a Abdellah El Haj Sadek, a quien la policía considera uno de los principales narcos del Campo de Gibraltar, que ha huido precisamente de la situación de creciente presión policial contra el tráfico de drogas. Su reciente desaparición ha traído a la memoria los días, hace un año, en que casi cada mañana un nuevo acontecimiento desvelaba a las claras que el narco estaba desafiando al Estado. Y que el Estado no podía decir que estuviera respondiendo con éxito al desafío.

Para entender lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora, y por qué es paradójico que precisamente el trabajo policial encuentre un cuello de botella en los tribunales, hay que escuchar lo que decía y lo que dice Franciso Mena, un histórico activista del movimiento antidroga en la comarca del Campo de Gibraltar, una auténtica institución social. Lleva en primera línea contra esta lacra desde la escabechina que provocó la heroína en los 80 hasta el pulso al Estado lanzado recientemente por los hampones del hachís. Hace ahora un año, en marzo, infoLibre mantuvo con Mena una conversación de conclusiones sombrías: "Es una situación muy grave, como nunca ha vivido el Campo de Gibraltar. Históricamente, por su proximidad a Gibraltar, en esta zona ha habido mucho contrabando de tabaco y hachís. Pero eran unos parámetros digamos que aceptables. ¿Qué ha cambiado? En mi opinión, algo fundamental: se está perdiendo el principio de autoridad, y cuando eso pasa, ¡ay!, lo queda es impunidad". Mena hablaba de riesgo de que la corrupción hiciera enfermar al Estado, de riesgo de irreversibilidad del fenómeno. Denunciaba que el Estado estaba de espaldas.

Eran los tiempos en que se amontonaban los fracasos en el combate contra el narco y su penetración en la comarca. Una nueva generación más agresiva y ambiciosa había tomado el control del hachís, un negocio de gran rentabilidad si las redes logran que el producto llegue a Europa. Los transportistas, presionados por los jefes, ya no se resignaban cuando aparecía la policía. Peleaban por sus cargamentos, cada vez mayores gracias a las gigantescas narcolanchas. Entre los miembros de las 30 bandas que controlan el negocio, según la Policía Nacional, era cada vez más habitual llevar armas, mostrarse desafiante o incluso agresivo con los agentes, dejar patente que se conocen las identidades y vehículos de los jueces.

Los titulares escandalosos se acumulaban. Unas 40 personas llegaron a rodear, hostigar y amedrentar a un juez. Grupos de vecinos defendieron a pedradas un alijo en la costa de La Línea, entre El Tonelero y El Burgo, territorio de desembarco habitual, hasta doblar el pulso a tres guardias civiles. Un guardia civil en La Línea, de paisano, se llevó una paliza de madrugada al ser identificado como agente de la ley. Un policía local, también en La Línea, murió arrollado cerca de la frontera con Gibraltar cuando participaba en una persecución para evitar una descarga de tabaco. Los contrabandistas reforzaron sus convoys, en los que ya no van sólo dos vehículos –la lanzadera en la vanguardia para avisar de los controles y el todoterreno en la retaguardia con el hachís–, sino un tercer coche, de mayor cilindrada, que en caso de encontrar de camino una patrulla policial la embiste. Sin complejos.

Acontecimientos como estos desataron desde finales de 2017 la alarma en el Campo de Gibraltar, con una tasa de desempleo que ronda el 30% y barrios en sus principales localidades con paro estructural por encima del 50%. La comarca aparecía en piezas de telediario en las que se mencionaba a Nápoles, Colombia o México. Eran los días en que Francisco Mena decía: "Aquí, desde que se permitió por primera vez que un grupo de personas que alijaban hachís rodearan y apedrearan a unos agentes de la ley, han ido superándose líneas rojas una tras otra".

Avances policiales

Pero las cosas han cambiado. Hoy el problema, aunque tiene una importante dimensión social que no se soluciona de un año para otro, ha menguado. Al menos se está afrontando en su flanco más visible, la policial. La coordinadora Alternativas, referente social en la denuncia del narcotráfico y la falta de medios para encararlo, reconoce públicamente los avances. También Barrio Vivo, otro importante altavoz. Javier García, juez decano de San Roque, afirma: "Si antes entraban equis causas de droga, ahora entran equis casi por dos".

Si despejamos esa "equis" de la que habla García, el resultado es llamativo y demuestra que, en efecto, la lucha policial contra el narcotráfico está dando réditos. Entre agosto y marzo de 2019, en siete meses, los detenidos por narcotráfico han sido 2.758, resultado de más de 30 operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en Algeciras, La Línea, Tarifa, Chiclana, Cádiz y San Fernando, según los datos aportados a este periódico por el Ministerio del Interior. En todo 2017 las detenciones fueron 854. Un 265,29% más en cinco meses menos. Interior destaca que desde el inicio en agosto del plan especial de seguridad, dotado con 7 millones de euros, el número de efectos policiales en el Campo de Gibraltar ha ascendido en 407, hasta alcanzar los 2.120. La subida es del 23,75%.

¿Qué dice Francisco Mena un año después de haber advertido del debilitamiento de la autoridad que se vivía rutinariamente en el Campo de Gibraltar? "La situación ha mejorado considerablemente. Los catálogos de policía están completos. Se han creado unidades nuevas. Además se está investigando el blanqueo de capitales, que es lo que le dijimos a Fernando Grande Marlaska [ministro del Interior] en nuestra reunión. No se trata de llegar al último eslabón, sino de buscar la cabeza de las organizaciones para luchar contra el blanqueo. Hay mucho por hacer, claro. Pero estamos viendo cosas. Se acaba de inaugurar una ORGA [Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del narcotráfico, del Ministerio de Justicia]. Vigilancia Aduanera está trabajando a fondo el tema. Hay, la verdad, avances...".

Déficit judicial

Sin embargo, hay un "pero" cuya gravedad crece cada día. Es lo que advertía Alberto Ruiz, juez decano de Algeciras. "La solución ideal sería unificar los tres partidos judiciales, Algeciras, San Roque y La Línea, porque tenemos los mismos problemas. Eso nos permitiría tener juzgados de guardia los 24 horas. Pero bueno, eso es un futurible. Lo que necesitamos ahora es un refuerzo urgente de al menos dos jueces, porque seguimos siendo los mismos que antes, pero se ha sumado el trabajo que teníamos, que era muchísimo, con las macrooperaciones, que son continuas. Y claro, si se nombran dos nuevos jueces, pues hacen falta más fiscales y más letrados de la administración de justicia [antiguos secretarios judiciales]. A los letrados los están llamando a las 4 de la mañana, con una compensación de 30 euros brutos", señala Ruiz.

"En San Roque tenemos el mismo problema", señala Javier Ruiz, juez decano de San Roque. "Se han incrementado los recursos policiales, hay muchas operaciones exitosas, pero eso sobrecarga los juzgados". Francisco Mena, que preside la coordinadora contra la droga Alternativas, señala: "La situación es kafkiana. Piensa en una causa en la que hay 60 detenidos, con 60 abogados, todo el mundo pidiendo pruebas y contrapruebas. Y en los juzgados, todos desbordados. Hay mucho trabajo policial que se está haciendo y se puede ir al traste. Primero, si las cosas se hacen así de lentas, se pueden producir atenuantes por dilaciones indebidas, y luego errores de todo tipo que pueden cargarse una investigación", lamenta. Eso sí, Mena no se olvida de subrayar los logros: la prohibición de las narcolanchas en octubre, el trabajo policial... "La zona se ha pacificado. Pero si queremos desmantelar las tramas de verdad, debe haber investigaciones judiciales". La palabra "judiciales" la enfatiza con intención.

Al menos hay un plan en marcha, aunque no se ha concretado en nada todavía. El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaron a finales de año la creación de cinco juzgados en el Campo de Gibraltar: Instrucción 5 de Algeciras, Primera Instancia e Instrucción 5 de La Línea, Primera Instancia e Instrucción 3 de San Roque y Penal 5 de Algeciras. ¿Qué falta? Tanto los dos jueces decanos como el sindicato CSIF y la coordinadora Alternativas interpelan directamente al Gobierno andaluz, concretamente a la macroconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que pilota el vicepresidente Juan Marín (Cs), responsable de la habilitación de los recursos una vez impulsados los nuevos juzgados por el ministerio y refrendados por el Consejo General del Poder Judicial.

Desde el nuevo equipo de la consejería, donde Juan Marín tomó posesión el 22 de enero, señalan que este mismo viernes han enviado una propuesta de fecha al Ministerio de Justicia y están a la espera de su aprobación. Será "en los próximos meses", dicen, sin querer precisar más por ser cautelosos con las expectativas. La Consejería de Justicia asegura que, si es aceptada la fecha, el ministerio deberá aprobar una orden para fijar la apertura. La Junta de Andalucía ya está trabajando en la búsqueda de espacios, asegura el departamento de Marín, que también se encargará de pagar a los funcionarios.

El Ministerio del Interior pondrá en marcha un Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar con la intención de mejorar la seguridad ciudadana en esta zona castigada por el narcotráfico. El plan contará con actuaciones y objetivos a corto y medio plazo y entrará en vigor antes del 31 de julio de 2018; supondrá un coste de 7,03 millones de euros.

El programa estará bajo coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y será la parte inicial de un Plan Integral del Gobierno para la revitalización del Campo de Gibraltar e impulsará medidas concretas contra el narcotráfico y el contrabando para neutralizar el impacto negativo de la delincuencia en esta zona, ha informado el Ministerio en una nota que recoge Europa Press.

El objetivo de estas medidas es reforzar las capacidades operativas y de inteligencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y ampliar su capacidad de cooperación con la Justicia. El coste del plan es de 7,03 millones de euros; de ellos, 5,51 millones se dedicarán a recursos humanos, y 1,52 millones a medios materiales y apoyo a las tareas de investigación e inteligencia.

Además, se destinará con carácter de urgencia una partida de un millón de euros a la adquisición inmediata de vehículos y otros medios materiales que mejorarán la eficacia policial.

Viaje de Marlaska

La medida llega tras la visita a La Línea del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 9 de julio. En ese viaje, el ministro conoció de primera mano el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sus necesidades y las demandas de seguridad de los habitantes del Campo de Gibraltar.

El Plan Especial de Seguridad permitirá incrementar los recursos humanos policiales hasta cubrir el cien por cien del catálogo. Hasta que se consiga esa cobertura por los procedimientos de adscripción o concurso habitual, se efectuarán las comisiones de servicio necesarias.

Igualmente, contempla reforzar los medios aéreos y marítimos de Policía Nacional y Guardia Civil, y potenciar los canales para compartir información en tiempo real a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) con el fin de desarrollar actuaciones operativas.

Un comentario circula entre dientes por Algeciras (121.133 habitantes), La Línea de la Concepción (63.146), el resto de municipios de la Comarca de Gibraltar y, por extensión, en media Cádiz. Se resumiría más o menos así: "Se habla todo el tiempo del chocolate de aquí, pero mucho menos de la cocaína en la Costa del Sol". Le pone palabras exactas Francisco Mena, histórico líder del movimiento antidroga en la comarca, que habla sin pelos en la lengua ni paños calientes. "Hay una hipocresía importante. ¡No le vayamos a dar mala fama a la Costa del Sol, que allí están los jeques árabes!", afirma Mena. Y añade: "Pero no olvidemos que allí es donde se blanquea buena parte del dinero de la droga de aquí". Mena no quiere restar importancia a lo que pasa en su tierra. Al contrario, se dedica a dar la voz de alarma por su impacto en las perspectivas de la comarca y en el futuro de sus jóvenes. Lo que quiere es desmontar el discurso de la "complicidad social" en Algeciras y La Línea, como si el narco fuera un fenómeno de base popular que se ha desmadrado, en vez de una lacra que se ceba con los sectores más desprotegidos de una sociedad históricamente pobre y desasistida institucionalmente. Hay que mirar en detalle la sociedad y la historia para entender el tema, subraya Mena, satisfecho de ver que la manifestación de repulsa contra el narcotráfico en la zona no sólo ha sido portada de los medios locales, sino también nacionales.

Lo que ha ocurrido es que en una zona de elevado desempleo y una arraigada cultura de contrabando de productos ilegales se ha adueñado del creciente negocio del hachís una generación de narcos mucho más agresivos y competitivos, que mueven cantidades superiores de mercancía en cada operación, un fenómeno determinado por las narcolanchas gigantes y los todoterreno de gran cilindrada. Ante el riesgo de perder los cada vez más pesados cargamentos por decomisos policiales, las bandas, nutridas de jóvenes con escasas oportunidades en el mercado laboral y curtidos en un clima de normalización del contrabando, reaccionan con violencia ante los agentes, cuyo efecto intimidatorio es cada vez menor. Este fenómeno es lo que ha hecho explotar la situación. No es, subraya Mena, que el narco se haya adueñado de la comarca, ni que cuente con el asentimiento de la mayoría, si bien es innegable que en barrios desestructurados con paro por encima del 50% como Saladillo-Piñera en Algeciras y La Atunara en La Línea las bandas tienen respaldo en significativos sectores. El comentario "de algo hay que vivir" es moneda corriente.

El Ayuntamiento de La Línea, en un detallado informe sobre el posible impacto del Brexit, expresa por qué el municipio tiene tantas papeletas para que arraigue el contrabando de droga. "La posición de La Línea y su cercanía tanto a Gibraltar como al norte de África ha supuesto que este enclave [...] haya sido históricamente un lugar estratégico para el contrabando de productos exentos de impuestos", señala. Agrega el informe: "Este contrabando ilícito se debe a varias circunstancias que se dan en el municipio: cercanía física por tierra y mar con Gibraltar, que posee regímenes fiscales especiales en productos como el tabaco; cercanía física por mar con Marruecos, de donde proviene el mayor porcentaje de drogas como el hachís; tasa de población en paro superior al 35%, sobre todo en jóvenes; pérdida de puestos de trabajo por la crisis de la burbuja inmobiliaria; trabajadores con un nivel de vida medio que se encuentran en situación de paro; un alto porcentaje de la población en comparación con otros municipios de nivel educativo bajo; estructura urbanística del municipio, donde los dos grandes núcleos de viviendas sociales viven a pie de playa". Un completo cóctel. Una tormenta perfecta.

"En La Línea, como en todas las fronteras entre dos economías desiguales, siempre ha habido contrabando", recuerda Mena. Histórica es la figura del matutero, que sacaba tabaco y otros productos ilegales de Gibraltar para venderlas en la Andalucía hambrienta del franquismo. Decir que una matutera de los años 40-50 era una contrabandista puede ser semánticamente correcto, pero equívoco si tomamos como referencia nuestra noción contemporánea de traficante. Una matutera era una superviviente, como lo han sido tantos contrabandistas de la historia de este olvidado rincón de España. Poco tiene que ver el histórico matute con el narco de hoy.

Añade Mena: "La ciudad ha estado ligada al contrabando desde antes de que se cerrara la frontera en tiempos de Franco. Se ha traficado con azúcar, con café, con gasolina, con tabaco, ¡hasta con penicilina! Sí, sí, después de la guerra no era fácil acceder a penicilina y se compraba en Gibraltar". El portavoz de la Plataforma Por tu Seguridad se esfuerza en hacer entender la mecánica de captación: "Un chaval que entra en el tráfico de hachís no es que esté en la puerta de su casa y le vengan y le digan: '¿Quieres pasar hachís?'. Hay un proceso. El chaval ha empezado a contrabandear con tabaco, sacando cajas con la motillo. Si los de arriba ven que es valiente, que se arriesga, le dicen: '¿Te apetece ganar más dinero?' En vez de 60 pavos al día, pueden ser 600 vigilando con la moto a la Guardia Civil. Luego ascienden, empiezan a alijar, a transportar...".

Actualmente hay unas 30 bandas, según la Policía Nacional. La tendencia es a la formación de un cártel para el reparto de trabajo, fenómeno no exento de enfrentamientos entre delincuentes. Crece entre los miembros de las bandas la costumbre de llevar armas, de mostrarse desafiantes, de fardar de cochazos, de enfrentarse con los agentes. La antigua discreción de los jefes del contrabando de tabaco es historia. El problema está cada día en los telediarios. Agresiones a agentes. Narcos que se llevan a un líder de un hospital en las mismas narices de la policía. Hostigamientos a jueces y fiscales. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), habla ya de una "guerra" contra el narcotráfico, empleando términos que ya se ensayaron antes en Estados Unidos (Ronald Reagan) y México. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el salto cualitativo?

El factor clave: las 'narcolanchas'

"Hace tres o cuatro años, tomó el control una nueva generación de narcotraficantes. Siempre, desde los tiempos del tabaco, había una regla clara: 'Si te cojo, te cojo'. Eso ya no es así", señala José Encinas, delegado de la AUGC en Cádiz. Ahora las bandas que trafican con hachís plantan cara. Echan encima de los agentes a muchedumbres cargadas de piedras. Embisten con sus todoterreno a los coches de policía. Si hace falta, se lían a balazos. Hay una clave más para entenderlo: cada vez más los dueños del negocio sitúan en los transportistas –que cobran más de 50.000 euros por un trabajo– la responsabilidad de la pérdida de la mercancía. Eso explica el encono con el que la defienden. Ya no es el juego del gato y el ratón. Todos son gatos de uñas afiladas.

Encinas vincula este cambio de comportamiento al cambio de medios. "No es lo mismo llevar 300 kilos de hachís que 3.000, como ahora. El valor de la mercancía se dispara y la defienden con uñas y dientes. Esto se lo permiten porque llevan embarcaciones mucho más potentes, de mayores dimensiones, con más autonomía y velocidad. Por eso es tan importante prohibir las narcolanchas, lo que nosotros llamamos las gomas. Y eso por mar. Luego en tierra están los todoterreno de alta gama", relata Encinas que recuerda que lo que en Andalucía vale X en el norte de Europa puede haber multiplicado su precio por 5.

Las autoridades no están cruzadas de brazos. Se decomisa más droga que nunca. La Policía y la Guardia Civil informan con prontitud –y fuerte acompañamiento audiovisual– de los decomisos, cada vez más frecuentes, y detenciones, de creciente espectacularidad. Interior está decidido a enviar el mensaje: si los narcos desafían, el Estado responde y gana. Pero se retrasa la ley para prohibir las narcolanchas, que es –junto con el incremento de dotación policial– la principal reclamación de quienes trabajan sobre el terreno. "Los periodistas lleváis ahora tres meses hablando de narcolanchas. Muy bien. Nosotros llevamos más de diez años. Es fundamental que las prohíban", afirma Mena.

"Sensación de impunidad"

El portavoz de la plataforma vecinal insiste en que el tráfico de hachís no es un fenómeno histórico. Lo que sí es histórico, subraya, es el conflicto social cuando se dan situaciones de inquietud social. "La última vez que se produjo un conflicto como el de ahora fue por otra situación de inseguridad y alarma social fue en los 90. Entonces eran embarcaciones que venían cargadas de tabaco de Gibraltar, las famosas Phantom, que se veían a toda velocidad por medio de la bahía, o descargando en el paseo marítimo. ¿Qué hizo Gibraltar? Las quitó de un plumazo, prohibiendo la navegación con ellas en sus aguas. Si veían una atracada en el puerto de Gibraltar, se la llevaban con una grúa. Punto. Hoy a nadie se le ocurre tener una allí", señala Mena, que lamenta el retraso del Gobierno en su prohibición y persecución. El guardia civil Encinas también.

Ambos afirman también que entre los narcos existe una extendida impresión de que el Código Penal es blando. "Una vez que pasas la cantidad considerada como de notoria importancia [2,5 kilogramos en el caso del hachís], ya les da igual que les pillen con 3 o con 3.000. Si no les condenan por integración en banda criminal, sino por delito contra la salud pública, son de 3 años a 4 y medio. Lo tiene descontado todo el que se dedica al narcotráfico", explica Mena. Encinas considera poco ejemplarizante que implicados en el asalto a un hospital para liberar a un narco estén ya en libertad condicional cuando hubo incluso agresiones a agentes de la ley. Muchos jóvenes tienen "sensación de impunidad", afirma Encinas.

De los corsarios a la heroína

El escritor y periodista Juan José Téllez explica que la tradición contrabandista de la zona hunde sus raíces aún más lejos, en el siglo XVIII, cuando se repuebla Algeciras. Llegan los corsarios, que actúan con patente de corso para asaltar navíos enemigos en el Estrecho. "En el siglo XIX podía haber 100.000 personas que hacían contrabando con Gibraltar", señala Téllez. Lo de ahora, precisa, tiene sólo un lejano parentesco con aquello, y tampoco es heredero directo del matute de posguerra. "La relación más directa es con los 70, cuando el contrabando de tabaco se contamina de hachís", señala el escritor. Cambios legislativos y de rutas de tráfico situaron al Campo de Gibraltar en el mapa internacional de la droga. "La heroína fue muy importante. Mató a mucha gente. Pero hay algo más: enganchó a los hijos de muchos narcos", explica.

Es el Campo de Gibraltar el que ahora tiene difícil desengancharse de ellos.

A Juan Cisneros se le hizo tarde trabajando el pasado lunes 5 de marzo. Era más de medianoche cuando salió de su despacho, abandonó el edificio del Palacio de Justicia y dirigió sus pasos al aparcamiento de autoridades. Allí comprobó que su coche había sido objeto de un sabotaje. Los neumáticos delanteros estaban rajados. No había nadie. Los guardias ya se habían ido. Ni un testigo. Tampoco cámaras. Fue un fastidio, desde luego. Pero no del todo una sorpresa, porque no era la primera vez.

Como corresponde a un fiscal, en este caso fiscal jefe de Área de la Audiencia de Algeciras (Cádiz), Cisneros es un hombre de hechos, no de suposiciones, por lo que no se atreve a lanzar acusaciones. "Es la segunda vez que me pasa [la primera fueron los cuatro neumáticos]. Pero ni entonces ni ahora tengo suficientes elementos de prueba para decir quién ha podido ser", afirma con contención. Tiene su lógica. El fiscal Cisneros se gana la vida buscando pruebas para poner por escrito acusaciones solventes contra los narcos. Así que no les quiere regalar la satisfacción de que que lo vean lanzando una acusación sobre el vacío. Parecería una pataleta.

Pero lo cierto es que, al conocer el sabotaje al coche de Cisneros, a la mente de todos se vinieron las bandas de narcotraficantes del Campo de Gibraltar, que actúan cada vez con mayor descaro y soltura, en las narices mismas del sistema diseñado para identificarlos, detenerlos y ponerlos frente a un juez. Son frecuentes las miradas de desprecio de los peones de las bandas a las autoridades judiciales, los gestos de mofa o sorna, la actitud de abierta chulería. Y el ataque al coche del fiscal encaja como un guante en el comportamiento matonesco y la delincuencia deliberada de los nuevos amos del delito en la zona.

"Son riesgos normales, derivados del cargo", insiste Cisneros, tratando de quitar algo de hierro a los hechos, o al menos de no situarse a sí mismo como protagonista. Es una actitud frecuente de los que trabajan en la primera línea del Estado en la lucha contra el narcotráfico en la comarca: reconocen la gravedad de la situación, sí, pero se niegan a comprar el discurso de que la ley esté perdiendo la partida contra los hampones del hachís. "El problema es estructural del Campo de Gibraltar, pero hay una repercusión mayor ahora, sobre todo a raíz de la liberación, por así llamarla, de un narcotraficante herido de un hospital de La Línea. Pero en general, [los narcos] no buscan el enfrentamiento. No estamos hablando de Colombia, aunque es verdad que si los delitos violentos asociados al narcotráfico eran residuales hace unos años, ya lo son menos", explica. En los registros en busca de drogas cada vez es más habitual que aparezcan armas de fuego. Llevar pipa está moda entre los narcos, cada vez más orgullosos, envalentonados, con una actitud que parece influida por el cine y la televisión.

Tampoco son ya residuales los desafíos abiertos a la autoridad. El mes pasado unas 40 personas rodearon, hostigaron y amedrentaron a una juez. Sin complejos. Sin miramientos. La versión menos flemática del discurso del fiscal Cisneros aparece precisamente cuando se trata de valorar las condiciones en que trabajan acusadores públicos, jueces y agentes de la ley: "No estamos para nada protegidos. Estamos vendidos, la verdad".

Lo que ocurre en La Línea, en Algeciras, en el Campo de Gibraltar en su conjunto, no es normal. Si no, no hablaría así el fiscal Cisneros. Ni los jueces andarían apretando el paso camino de su coche. Ni los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil considerarían prudente evitar excesivos cruces directos de miradas en sus días libres de paisano.

Cambio de guión

Asociaciones vecinales, representantes de fuerzas de seguridad y portavoces judiciales coinciden en un hito significativo de la escalada de desacato. O, más precisamente, en la percepción social del mismo. Era un domingo de abril de 2017. Una lancha cargada de droga llegaba a la costa de La Línea, entre El Tonelero y El Burgo. Territorio de desembarco habitual. Tres agentes de la Guardia Civil llegaron para impedirlo. El guión habitual señalaba que ahí se acaba el juego. Los sorprendidos deben intentar huir y, sin son atrapados, bajar la cabeza y cerrar el pico. Lo de siempre. Pero saltó una chispa. Los traficantes no cejaron en su empeño de culminar el transporte de la droga. Y, lo que es más grave, un centenar de vecinos del próximo barrio La Atunara se incorporaron a la escena para defender el desembarco. Cuatro policías nacionales llegaron para echar una mano. En balde. Fracasaron en su intento de frenar la operación bajo una lluvia de pedradas.

Policías y guardias civiles de La Línea sufren escasez de medios. Pero manejan un interesante recurso: la posibilidad de hacer públicos los desmanes de los narcos, las escenas de complicidad vecinal. Aquella vez la respuesta a pedradas llegó hasta la prensa local. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alertó de que no era la primera vez que pasaba y expresó sus temores de que no sería la última. Ha pasado un año y la situación se sigue agravando. Los desembarcos se producen en pleno día, a la vista de todos, en playas urbanas.

Crisis del principio de autoridad

Los narcos mantienen su actitud de desafío a pesar de la creciente presión. Sale el ministro del interior, Juan Ignacio Zoido (PP), hablando en tono amenazante. La presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), también ha situado el problema en su agenda. El alcalde de La Línea, el independiente Juan Franco, se desgañita pidiendo un plan urgente para garantizar la seguridad de los vecinos y limpiar el nombre de La Línea. Es decir, ahora sí el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, y especialmente en La Línea, se empieza a convertir en problema conocido. Ahí debería ser cuando los jefes ordenan aflojar. El escándalo casa mal con el negocio. Pero los narcotraficantes no levantan el pie.

"Es una situación muy grave, como nunca ha vivido el Campo de Gibraltar", afirma Francisco Mena, histórico líder del movimiento antidroga en la comarca, donde a la escabechina de la heroína en los 80 ha seguido esta peligrosa instauración de una subcultura del contrabando, vinculada fundamental al hachís. Una plaga para los jóvenes. "Históricamente, por su proximidad a Gibraltar, en esta zona ha habido mucho contrabando de tabaco y hachís. Pero eran unos parámetros digamos que aceptables. ¿Qué ha cambiado? En mi opinión, algo fundamental: se está perdiendo el principio de autoridad, y cuando eso pasa, ¡ay!, lo queda es impunidad", señala.

"Aquí, desde que se permitió por primera vez que un grupo de personas que alijaban hachís rodearan y apedrearan a unos agentes de la ley, han ido superándose líneas rojas una otras otra", lamenta Mena, presidente de la coordinadora Por Tu Seguridad. Líneas rojas, dice. ¿Queda alguna? Repasemos algunas que han sido borradas a lo largo del último año. Un guardia civil en La Línea, de paisano, se lleva una paliza de madrugada al ser identificado como agente de la ley. "Chivato", le gritan mientras le atizan entre cuatro o cinco. Un policía local, también en La Línea, muere arrollado cerca de la frontera con Gibraltar cuando participaba en una persecución para evitar una descarga de tabaco. Se generaliza además el reforzamiento del equipo habitual de los convoys de los contrabandistas más duros. Ya no son sólo dos vehículos, la lanzadera en la vanguardia para avisar de los controles y el todoterreno en la retaguardia con el hachís. Se ha sumado otro coche, un tercero, de mayor cilindrada, que en caso de encontrar de camino una patrulla policial la embiste. Ha ha habido guardias civiles heridos por esta práctica.

Miedo no, "inquietud"

Más madera. Este mismo mes dos individuos intentaron quemar con gasolina embarcaciones de Vigilancia Aduanera. ¿Hay miedo a ser agente de la ley en la zona? "Mmm, no. Miedo no. Inquietud. Preocupación. Es que es una detrás de otra. Hace poco un compañero en una aduana se encontró un alijo de droga y antes siquiera de hacer cualquier ademán, empezaron a caerle piedras", responde José Encinas, delegado de la AUGC en Cádiz. Regresa otra vez a la reflexión sobre la "inquietud". "Nosotros nos dedicamos a esto. Estamos curtidos. Actuamos en situaciones de alto riesgo. Pero claro, que te arrojen piedras cuando sales del trabajo.... Un golpe mal dado en la cabeza te deja fuera de juego, ¿eh? Nos preocupamos más por nuestras familias que por nosotros mismos", afirma Encinas, que trabaja en Algeciras.

La regla no escrita del juego del gato y el ratón con el que llevan décadas policías y contrabandistas era: si te sorprendían, soltabas la mercancía e intentabas huir; si te atrapaban, te callabas. Pero no te rebelabas. Esa norma ya no está vigente. Y tampoco hay que resignarse si un compañero de banda cae en manos de la Policía Nacional. A principios de febrero entre 15 y 20 encapuchados asaltaron el hospital de la Línea para sacar de allí a un destacado miembro del conocido como clan de Los Castañitas, sin que los agentes que lo custodiaban pudieran evitarlo. Los pacientes y el personal sanitario, entre forcejos y amenazas, asistieron estupefactos al rescate del narco detenido.

Temor a lo irreversible

Encinas, que trabaja en Algeciras, también rechaza comparaciones con zonas en las que el narcotráfico ha permeado de forma difícil de revertir en el tejido social y hasta institucional. Esto no es Nápoles, viene a decir. Pero lanza una alerta. "Ojo, porque hay que reaccionar ya. No queremos llegar a un punto en el que no haya marcha atrás, en el que no se pueda revertir. Creo que todavía no estamos en ese punto. Las administraciones están a tiempo, pero que dejen de pelearse y hagan lo suyo". La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) lo expuso más crudamente en un comunicado el año pasado: "En el Campo de Gibraltar se han invertido los valores sociales, teniendo estos delincuentes un apoyo social impensable en una sociedad democrática, como ya ocurrió en su momento en Galicia con los capos de la droga".

Por supuesto, el Estado no está cruzado de brazos ante este pulso. Las autoridades reaccionan con presencia in situ ante los hechos de mayor repercusión social. Evidentemente tras cada delito se abre una investigación. Y hay detenidos. Dos hermanos, considerados cabecillas del asalto al hospital, han sido arrestados. Pero, ¿y el resto de la veintena? ¿Y el narco liberado? Es que eso precisamente es parte del problema: son muchos. No pueden caer todos. Y además hay cola para entrar en las bandas como aguador –para avisar de la presencia policial–, cargador, conductor, vigilante o lanchero...

Solución social, solución policial

Dice el fiscal jefe de Algeciras: "El problema es que hay determinadas zonas de la provincia de Cádiz con un paro muy alto, barrios con un paro por encima del 50%. Y ahí hay una persona joven, sin formación, que ve que puede ganar en una noche lo de dos meses en un supermercado trabajando 8 horas en turnos de noche". El debate de siempre. ¿Solución policial o social? Cisneros es claro. Aunque sin ignorar el problema social, "cuando hay un delito, siempre tiene que haber una respuesta policial".

El caso es tan particular que se da una especie de inversión de papeles en las instituciones. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, pone el énfasis en la necesidad de garantizar el orden. Susana Díaz ha llegado a decir que los narcotraficantes "campan a sus anchas", trasladando la presión de la respuesta al Gobierno. El Gobierno de España, gobernado por el PP, alude continuamente al imprescindible enfoque integral que no ignore las causas y pide una mesa técnica de todas las administraciones. Un intercambio de los discursos clásicos de conservadores y progresistas. El motivo que más probablemente justifica estos discursos es que la Junta tiene las competencias para la solución integral, y el Gobierno para la solución policial. Y cada cual pone el foco en la administración de enfrente.

El ministro ha intentado además, con escaso éxito, trasladar sobre el terreno la imagen de que las cosas están bajo control. El problema es que a cada dos o tres días una nueva noticia pone en evidencia el creciente poder poder del negocio del narco, en el que se calcula que trabajan 3.000 personas sólo en La Línea. No obstante, han sido varias las ocasiones en que Zoido ha destacado el incremento de las incautaciones. La pregunta es: ¿Es ése un indicador válido para medir la respuesta del Estado a un negocio creciente y boyante?

Cantos de sirena

Las autoridades saben que el recorrido del reproche mutuo es limitado. Este mismo lunes hay prevista una reunión de Díaz con Zoido específica sobre este problema. Francisco Mena, de la Plataforma Por Tu Seguridad, lamenta las "peleas" entre políticos, que no desvelan más que "impotencia". "Que dejen de echar balones fuera", reclama. Hacen falta las dos soluciones, la policial y la social, opina. Las medidas que defiende la plataforma abarcan ambas dimensiones: 700 agentes más entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Vigilancia Aduanera; unidades específicas de investigación contra el tráfico y el blanqueo; programas educativos y de reinserción social y laboral... "Hay que dar alternativas para que la gente sin trabajo no se deje llevar por los cantos de sirena del dinero fácil. Porque, si entras ahí, es muy complicado volver después a un trabajo normalizado", afirma Mena, que también observa riesgo de "irreversibilidad".

"El problema es que si no se les para van a seguir avanzando, comprando voluntades y corrompiéndolo todo", añade. ¿Hay corrupción policial o judicial, a juicio de la plataforma? Mena responde que no con toda convicción. Tiene confianza. Ve a la Policía Nacional y la Guardia Civil debilitadas, no compradas. Y destaca el "mérito" de los agentes del Campo de Gibraltar. "Cuando hablo de comprar voluntades, me refiero a personas, no a instituciones. Los narcos buscan gente en los barrios más desestructurados, con el paro más alto, como Saladillo-Piñera en Algeciras y La Atunara en La Línea. No justifico nada, pero es importante saber el paro que hay allí, y la situación que hay, para entender lo que pasa", señala.

Una tormenta perfecta

El Ayuntamiento de La Línea, en un informe sobre el posible impacto del Brexit, expresa con claridad por qué el municipio es terreno abonado para el negocio de la droga. "La posición de La Línea y su cercanía tanto a Gibraltar como al norte de África ha supuesto que este enclave [...] haya sido históricamente un lugar estratégico para el contrabando de productos exentos de impuestos", señala. Y añade: "Este contrabando ilícito se debe a varias circunstancias que se dan en el municipio: cercanía física por tierra y mar con Gibraltar, que posee regímenes fiscales especiales en productos como el tabaco; cercanía física por mar con Marruecos, de donde proviene el mayor porcentaje de drogas como el hachís; tasa de población en paro superior al 35%, sobre todo en jóvenes; pérdida de puestos de trabajo por la crisis de la burbuja inmobiliaria; trabajadores con un nivel de vida medio que se encuentran en situación de paro; un alto porcentaje de la población en comparación con otros municipios de nivel educativo bajo; estructura urbanística del municipio, donde los dos grandes núcleos de viviendas sociales viven a pie de playa". Una tormenta perfecta.

La conclusión del propio informe es ésta: "Todo esto hace que el contrabando de mercancías ilícitas haya tenido un aumento en los últimos años, existiendo a día de hoy más de 30 mafias organizadas en la ciudad, según indica la Policía Nacional. Según la Agencia Tributaria, se calcula que el fraude a las arcas del Estado español asciende a más de 325 millones de euros al año".

Recursos policiales

Mena, de la plataforma ciudadana contra el narcotráfico, no se queda en el diagnóstico social. Considera fundamental mejorar los recursos policiales. "Con los medios que tenemos ahora, no podemos. Es imposible afrontar con garantías esta lucha cuando el narcotráfico tiene mejores medios", afirma. Hay una insistente reclamación, desde todos los ámbitos de lucha contra el narcotráfico, de una legislación contundente contra las narcolanchas, embarcaciones de gran tamaño ideales para el transporte de droga por mar. Gibraltar tomó medidas contra ellas en los 90 y ha ganado en efectividad en la lucha contra el contrabando de tabaco en su área de control.

El ministro Zoido ha asegurado públicamente que su departamento trabaja en una norma para prohibirlas. Por su diseño y motor, está claro para lo que valen. Cuanto antes dejen de surcar la bahía, mejor, opinan desde la Policía Nacional y la Guardia Civil. Interior no responde a infoLibre sobre las características de esta norma anunciada, ni sobre las medidas previstas para combatir al narcotráfico con más tino. Espino afirma que la Guardia Civil ha sufrido falta de apoyo y de efectivos. "No queremos unidades provisionales de ayuda de 30 miembros, que luego se vayan, como se fueron cuando surgió el problema de Cataluña", señala el delegado de la AUGC. "Necesitamos más plantilla y más grupos de investigación".

El 40% de la droga

Aunque La Línea de la Concepción es el municipio más nítidamente identificado con este fenómeno, el narcotráfico es un problema de buena parte del litoral de la provincia de Cádiz. Las entradas de mercancía se producen en Algeciras, Barbate, Chiclana, Conil de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y La Línea. Desde 2015 la Fiscalía viene advirtiendo en sus memorias de un incremento de la violencia asociada al narcotráfico en toda la zona. La sentencia del caso del conocido como clan de Cásper, que se dedicaba al robo de droga a narcotraficantes, puso de relieve la brutalidad de las guerras y métodos de unas estructuras criminales crecidas, bien pertrechadas de tecnología y con profesionales expertos.

La presión de los flujos de mercancía es constante. El 40% de la droga decomisada en España se coge en Cádiz: 144.701 kilos de los 361.754 intervenidos en España en 2016 fueron encontrados en la provincia. Después van Málaga y Almería. Tres provincias andaluzas. Así lo recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016. La ley de la oferta y la demanda es arrolladora. La mercancía que entra por Cádiz interesa en el resto de España y en Europa. Al contrario de lo que ocurría con la heroína en los 80, cuando la muerte por adicciones en la comarca del Campo de Gibraltar hacía surgir importantes focos de oposición popular al fenómeno del narcotráfico, ahora el clima de respuesta ciudadana es menor. Ello incrementa la impresión de que el narcotráfico tiene un cierto respaldo popular.

Mena se rebela contra cualquier contemporización. "Todo el mundo tiene que tomar conciencia del daño que le hace esto al futuro del Campo de Gibraltar. Da igual que la droga no sea para consumo de gente de la zona. Si tú das esta imagen, ¿Qué guardia civil va a querer venir aquí? ¿Qué médico? ¿Qué maestro? ¿Qué touroperador se va a interesar por el Campo de Gibraltar, con las magníficas playas que tenemos?", se pregunta. Hasta la fecha la posibilidad de legalizar el consumo de cannabis, así como los daños que ello ocasionaría al negocio del narcotráfico, está fuera del debate político sobre el problema de la droga en el sur de España.

La Corte Penal Internacional ha anunciado este jueves que están revisando de forma preliminar las acusaciones presentadas contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes contra la Humanidad, según ha informado el portavoz de la Presidencia, Harry Roque.

El portavoz ha indicado que la pesquisa sobre las acusaciones presentadas contra el dirigente filipino, que lo acusan de ser cómplice de la muerte de miles de filipinos en el marco de la guerra contra las drogas, "supone una pérdida de tiempo".

"Está cansado de ser acusado de crímenes contra la Humanidad... Prometió que protegería al país de las amenazas contra la seguridad nacional", ha aseverado Roque durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario local The Philippines Star.

En este sentido, ha insistido que una revisión preliminar de las acusaciones no constituye una investigación en sí misma, un matiz que no da la victoria a los opositores y críticos con el presidente.

Cerca de 4.000 personas han muerto durante los últimos 19 meses en el marco de la guerra contra la drogas, una medida que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional.

El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país de la Corte Penal Internacional y ha acusado a los abogados en Europa de "corruptos" y "estúpidos".

La Policía de Filipinas, por su parte, ha asegurado en diversas ocasiones que las muertes registradas durante las operaciones policiales son legítimas.

Exégeta de los estupefacientes y del comercio libre, Antonio Escohotado recibe una tarde de viernes en el salón de su casa. Vive en la sierra de Madrid, en una urbanización de lo que podría ser “la República Independiente de Galapagar”, como le gusta llamarla. Conserva a sus 76 años una lengua jovial y una figura quijotesca. No pone pegas a ningún tema. Su análisis ha transitado por múltiples realidades ontológicas, igual que su currículo laboral: ha ejercido como profesor de Sociología, Derecho o Filosofía en la Universidad, como articulista en diarios como El País, El Mundo o Diario 16 y como propietario de una discoteca. Todo antes de jubilarse. Un concepto, en su caso, contrario a la inactividad: no deja de escribir a diario, conceder entrevistas a regañadientes o participar en charlas.

Durante la década de los setenta perteneció a esa contracultura que se establecía en Ibiza como quien aterriza en un universo alternativo compuesto por mar, ácido lisérgico y amor sin exclusividad. Utilizó una excedencia en el Instituto de Crédito Oficial para buscar aventuras en aquel Katmandú ibérico y experimentar con las fichas que repartía la existencia. El autor de la tesis doctoral La conciencia infeliz. Ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel (1971) o de Realidad y substancia (1986) dio un salto al panorama más mediático con su Historia general de las drogas, publicada en 1989 como una enciclopedia de todas las sustancias “que provocan –en dosis ridículamente pequeñas si se comparan con los de otros alimentos- grandes cambios orgánicos, anímicos o de ambos tipos”. La postura de Escohotado contra la prohibición de su venta y consumo le llevó por platós de televisión y convirtió un díptico sintetizado de esta obra (Historia elemental de las drogas y Aprendiendo de las drogas) en un superventas, acumulando en actualmente hasta 15 reimpresiones con la editorial Anagrama.

Lo mismo le ha pasado recientemente con la trilogía Los enemigos del comercio, esta vez publicada por Espasa. En ella recorre la formación de esta actividad, desde el trueque hasta las sociedades totalitaristas, y ha encadenado miles de ventas sin apenas reseñas o alusiones en suplementos literarios. Ganador de premios como el Anagrama o el Espasa de Ensayo, su bibliografía anda repartida entre publicaciones agotadas, tiradas vetustas y depósitos de lance. Por eso, su hijo Jorge ha asumido la “enorme responsabilidad” de recoger su legado y acercarlo “de una inmensa minoría a una pequeña mayoría” gracias a La Emboscadura, una iniciativa online que recoge toda la obra de su padre. “Está muy descatalogada y dispersa. Queremos aprovecharnos de la tecnología para llevar sus textos a lugares donde se demanda y no está”, cuenta su vástago, periodista de formación, en uno de los sillones que decora este espacio plagado de libros en todas las orientaciones posibles. Mientras, uno de nuestros más célebres libertinos escucha cortes de melodías clásicas en Youtube, encadena cigarrillo tras cigarrillo y se sirve en vaso ancho de una cerveza en lata. No parece que la edad haya acabado con ese sueño de libertad que impregna su biografía. Se reposta para hablar, vacía un cenicero lleno de colillas y expone, entre pequeños movimientos de manos y algún que otro conato de carcajada, toda una ristra de argumentos eruditos, plagados de citas o referencias.

PREGUNTA. Empezando por sus últimos títulos: ¿Es Internet un enemigo del comercio o un aliado?

RESPUESTA. Aliado total, no sólo del comercio sino del hombre. Internet, por ejemplo, me da gratis la música que yo quiera. ¡Y tengo para elegir varios intérpretes! No sólo es Internet, es que han aparecido muchas personas que ofrecen su trabajo gratis.

P. ¿Y tenerlo gratis no choca con la idea del comercio?

R. Para nada. Fíjate cómo funciona Google…

P. Pero, mientras Google gana mucho, otros no ganan nada.

R. ¿Qué otros? Para ganar es preciso ofrecer servicios útiles.

P. ¿Y eso no termina siendo una especie de parásito comercial para otros actores, que no pueden competir contra los titanes tecnológicos?

R. El comercio es la forma pacífica de relacionarse con otros, contratando en vez de conquistando. El único contrato prohibido es el que no tiene límite temporal, porque evocaría algo análogo a la esclavitud. Marx llamó al proletariado clase conquistadora, sin reparar en que la única alternativa al mercado de bienes y servicios es el de personas. El error del profesional antiguo fue invertir en esclavos sus beneficios, convirtiendo el trabajo en la maldición de quien no puede apropiarse sus frutos, porque no es persona jurídica. Eso, que parecía el gran negocio, arruinó lentamente al Imperio Romano y montó un gran leprosario en Europa, mientras los caminos se esfumaban entre generales bendiciones a la santa pobreza. Las cosas empezaron a cambiar con la llamada revolución comercial del siglo XII, cuando reemerge el trabajo remunerado y la propiedad deja de ser intransmisible.

P. Pero el salto del trueque al comercio es el beneficio.

R. El trueque incluye tantos beneficios como la transacción monetaria. Pero sólo ésta racionaliza el intercambio, perfeccionando el circuito estímulo-recompensa.

P. Otra de las cosas que ha cambiado Internet es esa forma de intercambio. Ahora se prestan cosas o se habla de ‘economía colaborativa’.

R. ¡Es que es tan magnánimo que van a pasar cosas insólitas! Es amplitud, brazos abiertos, en vez de manos cerradas. Ves cómo cada cual sube unas noticias y millones de personas las ven. La humanidad, más o menos conscientemente, se da cuenta de lo que es noticia, información. El orgasmo, por ejemplo, es una noticia. Todo es espiritual e Internet es el final de una espiritualización: desaparece la moneda anterior por una de confianza y, pronto, esta pasará a concretarse en tarjetas de crédito o en mecanismos de lectura de retina o huellas dactilares. Todo se espiritualiza, pero no en el sentido puritano del más allá o el más acá, el bien o el mal, el dolor y esas especies de basura. No. El ser humano se va haciendo cada vez más alma sin perjuicio de otras cosas, igual que hemos perdido los dientes o el pelo porque no los necesitamos. No me extrañaría que haya una rápida evolución en el sentido morfológico y que pronto el ser humano se dé cuenta de que, ante todo, debe ser los cinco sentidos. Probablemente en unos años estemos metidos en peceras, flotando en diferentes fórmulas químicas que se cambian según lo que pidamos cada día: estimulantes, analgésicos, visionarios…

P. Esta realidad tan vaporosa, que no se palpa, ¿qué hueco deja para la moral?

R. Los principios morales son puro espíritu. Que el dinero sean doblones de plata, billetes o bitcoins no cambia nada.

P. ¿Nos seguiremos haciendo las mismas preguntas en una sociedad tan líquida?

R. Heráclito decía que la moralidad podía resumirse en seguir lo común, desoyendo las invitaciones de priorizar lo privado. Ese principio de moralidad marca las lindes del ‘hago lo que debo’ y el ‘hago lo que me da la gana’. Hay un montón de personas que cifran el éxito de su vida en salirse con la suya, y son los malos de la película.

P. ¿Dónde se pondría la verja de la libertad de cada uno en un mundo donde no te ves la cara?

R. La razón nos dice dónde está lo común, con tal de tener buena fe y paciencia. Sencillamente, no hagas aquello que no quieras que te hagan. Estamos en la higuera mientras no admitamos que la libertad es responsabilidad, y también el máximo goce. Siguiendo con Heráclito, seremos de esos que parecen presentes pero están ausentes, pues “como no saben escuchar, tampoco saben hablar”. Careciendo de elocuencia –capacidad para convencer- recurren al terror.

P. ¿No nos está aislando la falta de interacción?

R. Las tecnologías nos conectan. Han hecho el prodigio de acabar con la distancia. Ahora las diferencias son diferencias anímicas. Mientras quede claro que el deber nos compromete ante todo a nosotros mismos, generalizar el bien común será lo normal a largo plazo.

P. ¿Qué papel juega el Estado en ese individualismo conectado?

R. El Estado es una creación espontánea, fruto de sociedades donde la densidad de los conocimientos y del tejido económico desterraron el familismo, el tribalismo, el localismo y el confesionalismo, creando una institución al servicio del derecho que es por eso es el único titular legítimo de la violencia.

P. ¿Cómo choca la libertad individual con el Estado que tiene que regular esas libertades?

R. Los ciudadanos están interesados en que haya Estado, y este debe hacer valer la libertad como piedra miliar de la seguridad, sin convertirse en instrumento de una mera legislación. Hay que distinguir entre derecho y ley.

P. ¿Cuál es la diferencia?

R. El derecho es reciprocidad: ‘No pidas sin dar, no recibas con ingratitud’. También cabe decir que los pactos tienen fuerza de ley entre las partes, y quien los incumpla deberá indemnizar. Por supuesto, cada actividad particular será regulada –como la circulación terrestre o aérea-, pero sólo surgen fricciones entre la norma universal permanente y los decretos cuando algunos pretenden sustituirla por su particular arbitrio.

P. ¿Y cómo se regula Internet?

R. Por fortuna, es imposible. Cierras una página de venta de todo como Silk Road y brotan tres. Ser un orden horizontal y no vertical lo hace indecapitable. Lo mismo ocurre antes o después con lo que llamamos razón, espíritu, inteligencia, belleza y bondad. Internet es el fruto más espectacular del trabajo hecho estos dos últimos siglos.

P. ¿Por qué si es imposible ponerle coto y es capaz de representar un conocimiento libre no han cambiado tanto las cosas?

R. Mira mi caso, que por independiente anduve décadas sujeto a la ley del silencio mediático. Internet dinamitó esa autocensura, y los periódicos sectarios se irán al garete si no cambian.

P. Aun así, la gente sigue desinformada.

R. Porque quieren. Porque por primera vez, la gente se entera de todo con un clic. A fondo. No darse cuenta de eso o no hacerlo práctico en tu vida, no dedicarle unas horas al inmenso deleite y conocimiento, resulta asombroso. Es una ampliación tal del espíritu humano que es inefable. Me canso de decir que esto tiene más trascendencia que la conquista del fuego.

P. Yendo al tema de las drogas: uno de tus manuales estuvo a punto de introducirse en los planes educativos. No se hizo, y muchos chavales no tienen ni idea de estas sustancias aunque el consumo crezca.

R. Muchas veces, no tiene nada que ver el conocimiento o no. Fíjate en California: el primer referéndum no salió al principio porque fue un domingo, la gente se había ido de marcha y no fue a votar. Hay que aceptar la responsabilidad individual, por eso la libertad es el goce supremo: porque es aceptar la exigencia y la responsabilidad suprema.

P. Pero, como en el caso estadounidense -que despenaliza el consumo de cannabis por enfermedad- habrá que decidir en comunidad, ¿no?

R. Nada ocurre a la primera, y veremos cuánto tarda el ser humano en adaptarse a la maravilla de tener a mano prácticamente todo el conocimiento.

P. ¿Qué falta, pues, para que países como Colombia despenalicen el tráfico, sabiendo que la droga es un problema que causa muertos y desplazamientos?

R. Buenísima pregunta para hacérsela a ellos. Que la respondan y se atengan a la respuesta. Uno de los disparates más actuales es que parte del mundo se permita discutir las instituciones democráticas de la otra parte, o pretenda subvencionar indefinidamente a continentes como África, cuando sólo limpiar su propia casa capacitará a esos países para disfrutar de las tierras todavía más vírgenes. ¿Imaginas cómo recibiría África a 30 o 40 millones de europeos decididos a pedir asilo?

P. Vayamos al inicio: ¿cómo pasó el consumo de drogas de ser un acto pagano a ser un acto de fe?

R. Las religiones paganas tenían ritos de comunión. Las culturas ágrafas y paganas tenían ciclos -como pasar de niño a adulto, o de ciudadano a guerrero- que solucionaban con un veneno psicoactivo. Lo tomaban y luego se ponían a pensar. Cuando llegaron las religiones, como el cristianismo o el Islam, en el siglo II y III, fueron prohibiendo estos ritos poco a poco, hasta exterminar los cultos antiguos sin decir por qué. Su comunión era, para ellos, una hostia insalvable.

P. ¿En qué se distingue intoxicación y ebriedad?

R. Hay drogas sin toxicidad, como el cáñamo, los hongos psilocibios o el LSD. Pero un mal viaje te puede llevar al suicidio o a matar, porque te estás jugando el alma, no un riñón.

P. ¿De qué sirve la pérdida de consciencia que se consigue gracias a las drogas?

R. Hay quien persigue el éxtasis sordomudo del vudú, el sopor imbecilizado del borracho, y el hablar por hablar de quien pierde los estribos con coca o speed.

P. ¿Por qué ha ido cambiando el comercio de drogas? Hasta hace no mucho, por ejemplo en España, se compraban anfetaminas sin problema.

R. Cuando yo vivía en Ibiza, te daban mescalina en las farmacias, sin receta. Y los nórdicos compraban cajas de Optalidón, que es anfetamina. Hacían lo mismo con la centramina o la bencedrina. Muchos se vendían como remedio a la obesidad, porque la anfetamina te quita el apetito.

P. ¿Crees que va a pasar eso en Uruguay, que empezará a dispensar marihuana cultivada y vendida por el Estado?

R. La iniciativa uruguaya es grotesca. Fue planteada por personas que no fuman y en el fondo son prohibicionistas, que queriendo brillar como progres urden disparates en cadena. Finalmente, manda la Administración, y sólo puedes fumar marías con el 6% de THC. Es como volver al coche de caballos teniendo Mercedes y BMV. Una cosa está clara, y es que obedecer una ley injusta significa ser cómplice de ella. Y la diferencia entre seres humanos está en quienes cumplen el derecho y quienes lo confunden con legislación. No faltan quienes violan el derecho, como los asesinos y ladrones, pero los más insidiosos –por gregarios y pusilánimes- son quienes acatan leyes contrarias a derecho.

P. ¿Cómo se logra ese cambio en cada país?

R. Uno: cada cual cumplirá con su personal deber. Dos: nada ocurrirá de la noche a la mañana. Tres: cada sociedad cumplirá lo democráticamente acordado por ella. Cuatro: las almas bien nacidas se cuidarán de desobedecer cualquier norma tiránica, por fondo o forma.

P. En este caso, la legalización en un país u otro afecta al ámbito internacional, porque muchos problemas globales vienen del tráfico de drogas.

R. Seis Estados de la Unión americana admiten ya el uso lúdico de marihuana, y van a ser los primeros exportadores mundiales. Que se prepare la Administración uruguaya a competir con el ‘buenismo’ puritano ante sus variedades.

P. ¿Cómo será el futuro de las drogas, con tanta química a nuestra disposición?

R. Nada me repele tanto como profetizar. Antes hablábamos de que estaríamos en una pecera con un líquido programado. Basta y sobra con presente y pasado.

P. Pero todas las drogas nos devuelven a lo ancestral, a las reuniones en comunión, y eso tiene algo de nueva religión.

R. Y hay religiones en torno a ellas, tanto las ayahuasqueras como la vampírica fundada por Burroughs.

P. ¿Significa eso que volvemos a sentir cierto una especie de vacío existencial?

R. En los sesenta y setenta comprendimos físicamente lo que Camus había explicado en El hombre rebelde, distinguiendo entre nihilismo y amor a lo substancial. Vimos hasta qué punto cabía ser honesto, precisamente desoyendo la parte injusta o anacrónica de las leyes. Comprobamos que se podía vivir muy bien con lo que otros tiraban por aburrimiento consumista, y rehabilitamos viviendas rurales despreciadas por sus propietarios, donde follar, drogarse y respetarse incondicionalmente inauguró una nueva ruta del espíritu. Aquella tribu se reunió y disolvió espontáneamente, dejando como fruto la revolución sexual, la única justa y duradera de los anales.

P. ¿Ahora no está eso mercantilizado? ¿No ha sido fagocitado por el capitalismo?

R. Lo inverso de mercantilizado es militarizado, o sacralizado. ¿Eso añoras? Para aquella tribu no sirve el refrán de que “segundas partes nunca fueron buenas”, pues si rebrotase efectivamente fascinará al mundo como otrora. En cuanto a sistema social, cuando comenzaba el siglo XX pareció que el capitalismo tenía una alternativa viable y decente en el colectivismo. ¿Te cabe la menor duda de que sus ensayos mesiánicos llevan invariablemente al hambre, cumpliendo la peor pesadilla kafkiana? Lo real es infinitamente complejo, y en vez de simplezas proceden observaciones.

P. ¿Qué drogas se consumían en aquella época?

R. De todo. Caballo, cocaína, marihuana, mucho ácido, opio…

P. Ahora los jóvenes consumen mucho MDMA (éxtasis).

R. Ya fue la gran droga de los años ochenta. Y ha tranquilizado mucho a la población mundial, porque el cóctel alcohol y cocaína es bastante más agresivo. Pero todo es irrepetible.

P. Pero aquí hay decisiones que pueden acabar mal, como la heroína en generaciones pasadas.

R. Es un infundio que se repartiese heroína gratis. Más aún, es un infundio que la heroína causase problema alguno de salud o criminalidad durante las décadas en que se vendió sin receta por las farmacias del mundo entero. Son dos embustes groseros que cualquiera puede comprobar sin salir de Internet, simplemente contrastando informaciones de primera y segunda mano. Yo empecé intentando ser valiente y acabé aprendiendo a estudiar, un aprendizaje que me ha servido para ser dichoso hasta el día de hoy. Cierto es que me metí en serios berenjenales, pero si al deseo de saber no le añades un corazón aventurero, y aventuras propiamente dichas, no llegaste a nacer.

*Este artículo está publicado en el número #55 de tintaLibre. Puedes consultar toda la revista haciendo clic aquí.aquí

«Heroína, sé mi muerteLa heroína es mi esposa y mi vidaPorque una dosis en mi venaLlega a un centro en mi cabezaY entonces estoy mejor que muerto»

Heroin, Velvet Underground

— "¿No quiere que se lo caliente? Así no apetece comerlo. ¿O quiere que le traiga un caldo?”

El propietario de una tasca tradicional del casco viejo de Vigo es todo gentileza con la mujer que se dedica a hablar en vez de atender al plato que tiene delante. Después de rechazar amablemente la sugerencia, la mujer me guiña un ojo: “Hace 18 años, en estos sitios no me dejaban ni entrar”. Para contar una tragedia que arrasó a un par de generaciones, que menos, para compensar, que comenzar por un final feliz. Charo Pérez, que ahora tiene 58 años, empezó a consumir heroína a los 19, recién separada y con un hijo, y estuvo otros tantos tocando todos los fondos posibles. La tercera etapa de su vida la está pasando limpia, y ayudando a otros que están como estuvo ella. No mucha de la gente que se enganchó, a comienzos de los ochenta, puede decir lo mismo. La mayoría no puede decir nada, porque se murieron.

“Muerto Franco, de no poder hacer nada, te ponías a hacer todo. La primera vez que tomé caballo fue porque me invitaron a una raya para ir a un concierto de Serrat o de Miguel Ríos en Pontevedra… cuando no estás enganchado siempre te invitan”, puntualiza Charo con ironía amarga. “Me lo pasé vomitando, me preguntaban si estaba mal, pero estaba muy bien. Y seguí así hasta que un día al salir de un restaurante, me sentí fatal. Pensé que era algo que había comido y estuve a punto de denunciarlos, pero me dijeron: ‘Neniña, tú lo que tienes es mono’. Mi hermana también se enganchó, al intentar retar a un novio: ‘O lo dejas o yo también me meto’. Y se metió”.

“La heroína es muy gratificante cuando se prueba las primeras veces, produce una satisfacción inmediata. Hay una etapa de luna de miel, cuando el consumo es una aventura, y después es tarde”, explica la progresión geométrica de la adicción Antón Bouzas, un referente en el trabajo con los toxicómanos en Vigo. Todavía era 1978. Aquel año, en lo que las autoridades (la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga, PNSD) llaman “reducción de la oferta”, es decir, decomisos de drogas, las fuerzas de seguridad no habían aprehendido más de seis kilogramos de heroína, bastante más que los 200 gramos de cuatro años antes. Pero la siguiente década ya arrancó con 34 kilos, al año siguiente se dobló lo capturado y, siempre en progresión, los ochenta cerraron la década con 826 kilos en 1990.

Zombies y esclavos

“En la heroína se metieron dos tipos de personas, la gente muy joven, con ganas de probarlo todo, y aquellos a los que la Transición decepcionó profundamente en sus deseos de cambiar algo”. Bouzas había sido sindicalista del metal, saltando de trabajo en trabajo para ir montando CCOO, pero a él la desilusión lo cogió reciclándose, haciendo un curso de auxiliar psiquiátrico. En Vigo, como en todas las zonas urbanas de España, había mucha gente de esos dos grupos de riesgo, sobre todo cuando se vino encima la reconversión naval. Bouzas no se cree mucho la teoría conspirativa de que alguien, el Estado, la Policía, soltó el caballo para que se llevase por delante la resistencia popular, pero sí que el resultado fue ese, independientemente del origen. “Cuando había más empleo y un ambiente laboral fuerte, la gente estaba más satisfecha, pero en cuanto el paro se generaliza, surgen los conflictos, los hijos no tienen claro su futuro y pruebas lo que sea que te alivie la angustia. Fue una pandemia que se extendió por todos los barrios”.

Bernardo A. es de Cádiz, otra de las zonas castigadas por la reconversión industrial de mediados de los ochenta ¿cuál no?, pero él pertenece a los que empezaron en el caballo por un tercer motivo: la bohemia artística. Una mezcla de ansia de experimentar, como todos, y de malditismo. “La culpa fue de la Velvet, de Lou Reed y de toda aquella gente. En los comienzos era muy cool”, ironiza, aunque él asume que “piqué porque creo que había un problema personal detrás. Picamos unos cuantos, de mi grupo tres muy cercanos”. Fue cuando la década daba las boqueadas. “Al principio, era como un flash, un película, y lo podía compaginar con el trabajo, con la creación, pero después me sentía como un esclavo. Me levantaba sólo pensando en cómo pillar. Y me decía, quillo, ¿no puedes ducharte, desayunar, y después ya pensarás en lo otro? Pues no”. Lo intentó dejar varias veces. “Me fui al Puerto de Santa María, y estuve un año limpio, pero como seguía en el mismo ambiente, recaí. Fui un año a una asociación de toxicómanos, pero yo era como una cabra en un garaje. Estaba con gente que la madre vendía, los hermanos estaban enganchados… La monja que nos hacía el control estaba empeñada en que si yo quería ser mujer, una locura”. Después de tres años de esclavitud, Bernardo consiguió dejarlo. Pero el candelero de la música, la literatura o el cine de los ochenta, la cara A de la sociedad, está lleno de cruces de gente que no tuvo esa suerte, o esa voluntad.

Hablando de cine, una de las escenas más duras de los filmes españoles contemporáneos es aquella de Barrio (Fernando León de Aranoa, 1998) en la que Manu (Eloi Yebra), en apariencia el más frágil de los tres amigos, sigue a su padre para descubrir el paradero de su hermano, teórico triunfador al que nunca logra ver cuando viene de visita. Lo que se encuentra es un túnel abandonado en el que se han refugiado unas personas, entre ellas su hermano, a los que la droga ha convertido en unos zombis con bastante menos movilidad y más patetismo que los de The Walking Deads. En todas las ciudades, casas pendientes de derribo y bajos abandonados de los centros degradados, esquinas y recovecos generados por la urgencia en urbanizar extrarradios se convirtieron en refugios, chutaderos, habitados o usados por gente cuya única obsesión era repetir aquel momento de felicidad, aquel orgasmo de luz blanca.

Y gente que necesitaba conseguir bastante dinero para calmar aquella ansia.

La búsqueda de soluciones

“Yo me metía un gramo diario. 12.000 pesetas [en el Banco de España te las cambiarían hoy por 72 euros, pero entonces era más o menos el alquiler mensual de un piso modesto]. Mangaba en El Corte Inglés. Robé en cabinas de teléfonos porque me hice con las llaves maestras de las de toda España, y me pillaron, en Cáceres. Participé en un atraco, la vez que estuve más nerviosa en mi vida. Fui a recoger caballo que traían a Madrid por valija diplomática. Otra vez me llevaron de catadora, me pagaban un hotel para que probara mercancía. Lo mío fue una película”. Charo desgrana su pasado riéndose de él. Posiblemente la única forma de conjurarlo. Eso y estar agradecida. “Con todo, tuve suerte, mucha suerte, comparada con otros. Por ejemplo, no pisé mucha cárcel. Mi hermana sí que se comió ocho años. Y cuando eres mujer y drogadicta, los demás ven como natural que vendas tu cuerpo, y al final también tú lo acabas viendo”. Charo recuerda a una compañera, Rosa, a la que una vez un psicópata llevó al monte de A Guía, y cuando menos se lo esperaba empezó a golpearla. “Le dio una paliza que le arrancó hasta el pelo, pensaba que la iba a matar hasta que se dio cuenta de que era eso, pegar, y no el sexo, lo que le ponía. Meses después lo intentó con otra, pero lo espantaron. Yo la tengo visto hacerse las Avenidas [las que rodean la zona portuaria, lugar de prostitución callejera] con un temporal que volaban los contenedores. Y menos mal que todo lo que sacaba era para ella. Alguna tenía que andar escondiendo de vez en cuando un billete a su chulo para poder juntar para una papela”.

Charo tuvo suerte. Sobre todo, dice, la de conocer a Antón Bouzas, “sin él yo no estaría ahora aquí”. El antiguo trabajador del naval fue el primero que entendió que aquel problema no se resolvía deteniendo toxicómanos. O el primero que en Vigo intentó buscar otras soluciones. Porque los problemas, allí y en todas partes, eran dos: uno el de salud pública, y el otro el de la seguridad ciudadana. Empezando por el segundo, incluso quienes no vivieron aquella época o en aquellos ámbitos pueden imaginar lo que suponían miles de jóvenes, o no tanto, sin otro objetivo que sacar el dinero necesario no ya para disfrutar, sino para no retorcerse de dolor, y en aquellos años en los que el paro empezó a ser otra pandemia.

En Vigo, que roza sin tocar los 300.000 habitantes, se llegó a registrar un atraco a un banco diario. “Yo conocía al director de la oficina de una caja que lo habían asaltado tantas veces que me decía que estaba pensado en poner el dinero fuera. Había coches patrulla que recorrían todo el día Sanjurjo Badía [una de las principales arterias de la ciudad], sin parar, porque sabían que en un momento u otro iban a tener que actuar cerca”, cuenta Manuel F., un policía que ya no está en activo y que entonces pertenecía a lo que conocemos como antidisturbios, pero que desempeñaba funciones polivalentes, dada la situación. “La verdad, se te encogía el corazón. Una vez inspeccionábamos un solar lleno de maleza, un sitio de esos medio rural, medio urbano, y tres o cuatro habían hecho unos túneles en la hierba como los que hacen los jabalíes, y allí estaban pinchándose. ¿Y qué ibas a hacer? Dejar que acabasen…”, recuerda Manuel, no precisamente nostálgico.

Esa, la recomendación de que si encontraban a un toxicómano inyectándose no les rompiesen la chuta y les dejasen acabar fue de las primeras negociaciones que el grupo de Bouzas, Cedro, tuvo con las autoridades. “Si los interrumpían, lo que tenían era a un tipo incontrolable y que en cuanto lo soltasen de comisaría saldría como un león a buscarse la vida”. Y también con los vecinos. “Había una señora anciana que vivía al lado de un choupano [literalmente, choza, pero llaman así a los refugios de toxicómanos callejeros], y cuando los veía picarse, llamaba a la policía, ‘y a veces ya se quedan como dormiditos, sin fuerza ni para sacarse la aguja’. Le dijimos que antes que a la policía, llamase a una ambulancia, que les podía salvar la vida. Al final, hasta les ofrecía insulinas nuevas [las jeringuillas usadas para inyectarse caballo eran las que usan los diabéticos] cuando los veía rebuscar usadas”. Ese, el ver a los drogadictos como enfermos y no como delincuentes, o no sólo como delincuentes, fue la primera revolución positiva en la lucha contra la heroína. No fue fácil, en una época en la que a los niños se les alertaba más sobre las jeringuillas en los parques que sobre los desconocidos que ofrecen caramelos. En algunos barrios, en los bares agujereaban las cucharillas de café, para impedir que las usaran para mezclar la dosis antes de inyectársela, o ponían bombillas rojas en los servicios, para que los yonquis no pudieran detectarse las venas.

La llegada de la metadona

Porque las principales víctimas, o al menos las más graves, fueron los propios drogodependientes. Según datos de la última memoria del PNSD, en 1983 hubo 286 muertes relacionadas con el consumo de drogas ilegales, y en 1988 ya superaban el millar. Llegaron a las 1.760 en 1992, el año de la Expo y de la Olimpiada, y después fue bajando, pero siempre rondando el millar, hasta 2006 en que empezaron a descender. Aun así, en 2015 hubo 936, aunque quizás ahí la heroína haya compartido responsabilidades con otras sustancias. A eso se sumó el sida. El primer caso registrado en España relacionado con el consumo de drogas por vía parenteral fue en 1982 y fue el único aquel año. La década finalizó con 1.680 (en 1989) y 1.355 (datos incompletos de 1990) y la Delegación del Plan Antidrogas hacía una lectura un tanto optimista. “En los últimos años parece que se ha frenado el ritmo de crecimiento…Esto no significa que el problema esté definitivamente atajado”, decían en la memoria de 1990. España e Italia eran los únicos países europeos que superaban, con mucho, el centenar de casos por un millón de habitantes. El siguiente, Francia, andaba por los 50. No se había atajado, claro. Las autoridades, como pasa con las cifras del paro, siempre ven motivos para el optimismo. Las infecciones que no las muertes, aunque entonces la diferencia era cuestión de tiempo por inyectarse llegaron a superar los 5.000 casos anuales en 1994, y hasta 2009 no fueron similares a las experimentadas por relaciones homosexuales o heterosexuales, que desde entonces han tomado la delantera. En la primera mitad de 2017 sólo 14 de las 67 transmisiones detectadas fueron por vía intravenosa, según datos del Centro Nacional de Epidemiologías.

Se tardó mucho en afrontar esa pandemia como un problema de salud pública, al que había que darle una solución médica. “La distribución principal y básica de la droga era la propia comunidad de drogodependientes. Compraban a un pequeño traficante para vender ellos y, como decían, ‘astillar para mí’, quedarse con algo. Se hablaba mucho de luchar contra el narcotráfico, pero la cosas mejoraría cuanto menos demanda hubiese. Tuvimos que aprender sobre la marcha como bajar esa demanda”, razona Bouzas. Se utilizó naltresona, un fármaco que inhibía los efectos de la heroína, pero eso funcionó únicamente en muy pequeña escala, no calmaba el ansia. Después vino la que sería la solución: la metadona, una heroína química, no adulterada (en los análisis que se hacían de vez en cuando de lo que circulaba por la calle había un 10-15% de heroína, el resto era desde matarratas a ladrillo en polvo) y legal. “Al principio la importábamos ilegalmente, alguna familia que tenía contactos fuera, porque aquí la lista de espera era enorme, y sólo te daban tratamiento durante unas semanas, cuando está comprobado que necesitas años para poder prescindir de ella”, comenta Bouzas.

En el Centro Municipal que llevaba el antiguo sindicalista, Cedro, se trataban 1.500 pacientes, y el otro público, Alborada, otros tantos. “Tres mil personas que ya no estaban dando palos y vendiendo para poder drogarse”, resume Antón Bouzas, no sé si consciente de que era exactamente el 1% de toda la población viguesa. “Yo siempre le decía a los padres que nunca echaran a la calle a sus hijos, porque además del problema de la droga, iban a tener el de sobrevivir, pero había padres, por ejemplo, que ponían a las madres en la tesitura de escoger: o él/ella, o yo”. Charo conoció a Antón en esa labor. Cuando los de Cedro recogían jeringuillas por la calle, y las daban nuevas (26.000 en un mes, recuerda). Pero sobre todo, daban a los toxicómanos callejeros un entorno de dignidad. El programa Sereos (Serenos, pero también Sirenos, por la estatua que preside el centro de Vigo) les daba un desayuno caliente y un sitio para asearse. Aquello se acabó por decisión municipal, porque los desahuciados, en el centro, son una mala imagen para los turistas. Esa es la razón de que en Madrid, las llamadas narcosalas (lugares donde poder pincharse en condiciones médicas aceptables) se crearan en el extrarradio, o la de la existencia de los metabuses (donde se repartía la metadona de forma ambulante).

Descenso en el consumo

La metadona ha hecho desde entonces su trabajo. El caballo ha dejado de ser un problema visible, en la calle y en las estadísticas. Según el Informe del Plan Nacional sobre la Droga de 2017, de 1995 a 2015 el consumo de heroína ha pasado del 0,9% en la población menor de 35 años y 0,1% en la mayor, a un 0,0% y un 0,1%, respectivamente. El año pasado, recibieron tratamiento, por primera vez o no, en números redondos, 12.000 personas por consumo de caballo, bastante por debajo de los perjudicados por la cocaína (25.000) o el cannabis (27.000). “Eso es porque la gente vio los estragos que hacía, pero los de la cocaína no los ha visto”, dice Fabián Simó, que trabajó en Barcelona en una experiencia similar, los conocidos como caló café, también a medias entre la narcosala y el centro de día. “Los usuarios ya no son gente de la heroína, que normalmente son mayores que se las han arreglado para sobrevivir, sino chavales que inhalan cola y provienen de ambientes muy desestructurados, recuerdo a uno que ni sabía usar los cubiertos. Aunque también me acuerdo de otro, muy joven, con mucho futuro, que había llegado de Cádiz. Tuvo un desencuentro con la familia, la novia lo dejó y se murió en un par de meses”. No salió en las noticias, pero a Fabián, en dos años, se le murieron seis chavales.

“Mis compañeros dicen que hay un repunte de la heroína”, asegura Simó, “pero consumida en chinos [fumándola en papel de plata]. Me acuerdo de uno que sacó la cartera en el centro para entregar el carné y se le cayó la plata”. Desde la otra punta de la Península, Bernardo está de acuerdo. “Es en ambientes marginales, y una mezcla de coca y caballo, lo que antes se llamaba speedball y aquí ahora un rebujito. Una papela te cuesta seis eurospapela, como un cubata, y seis euros es fácil de reunirlos”.

“Antes la gente tenía eso delante ese espejo, como mi hijo, que ahora tiene 40 años y sabe lo que es tener una madre enganchada”, lamenta Charo. Los que le han perdido el miedo al caballo deberían acompañarla en su trabajo, en el albergue municipal en el que, al ayudar a Antón Bouzas, se acabó quedando. “Gente joven que sabe que se va a morir y se chutan para quitarse de en medio. A veces sólo te piden que los abraces. ‘Me da tanta paz’, me dijo ayer uno, me recuerda de pequeño cuando me cantaban”, cuenta Charo. “Son personas tan sensibles como el que más”, tercia Bouzas. “O quizá más. Por eso cayeron”.

*Este artículo está publicado en el número #55 de tintaLibre. Puedes consultar toda la revista haciendo clic aquí.aquí

El debate es tan viejo como el mundo. El ser humano siempre ha buscado paliar el dolor, aliviar las penas, celebrar las fiestas, despedirse a lo grande, incluso asomarse a esa frontera incierta del más allá buscándose a sí mismo o a quién allí habite. El hombre ha recurrido a las drogas para soñar y olvidar, para celebrar y morir, para honrar a los dioses o a la comunidad. Lo que sucede es que las cosas han cambiado mucho desde el momento que los Estados (que no entienden al chamán) penalizan su consumo, desde que los Estados recetan sus drogas a través del sistema sanitario, desde que los Estados han declarado la guerra a las drogas y han convertido al narcotráfico en una hidra de mil cabezas difícil de erradicar.

Cuando Ronald Reagan declaró en los Estados Unidos la War on Drugs (Guerra contra las Drogas), tristemente célebre, sabíamos todos el final de la película: las cárceles (un negocio lucrativo y semiprivado en los Estados Unidos) se iban a llenar de afroamericanos adictos al crack mientras los grandes laboratorios (Purdue a la cabeza) empezaban a recetar opiáceos como la Oxicodona a la respetable gente de clase media y alta sin importarle las consecuencias. La guerra tampoco afectó a los grandes cárteles del otro lado de la frontera que, desde Sinaloa, empezaron a diseñar y amoldarse a los nuevos hitos del consumo: de la marihuana (ya despenalizada en varios Estados para uso medicinal y recreativo) se pasó a la metanfetamina y, más recientemente, a una poderosa sustancia sintética del opio llamada fentanilo que se ha llevado por delante a celebridades añoradas como Prince o Tom Petty. 

Sobre las consecuencias de la Guerra contra las Drogas, y en forma de alegato a favor de la legalización, Javier Valenzuela firma en el número #55 de tintaLibre Legalizando a Satán. Mientras que el periodista Arturo Lezcano explica en un reportaje el auge del consumo de fentanilo y la preocupante adicción de decenas de miles de personas a analgésicos elaborados con opio, recetados por sus propios médicos. 

Lejos queda el panorama oscuro y suburbial de la epidemia de la heroína en España en los ochenta -al que Xosé Manuel Pereiro dedica una crónica titulada La culpa la tuvo Lou Reed-, un fenómeno que no ha remitido, pero que ha cambiado de protagonistas y hábitos de consumo. Los nuevos yonquis del mundo (véanse las calles de Oslo en el portfolio del fotógrafo Warren Richardson, ganador del World Press Photo 2015) son personas blancas y acomodadas que permanecen en el infierno de la adicción a veces sin salir de la cómoda habitación de la casa paterna. El umbral del dolor ha cambiado en nuestra sociedad. A veces da la sensación de que nos duele casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Con temas tan aleccionadores pero controvertidos como la legalización de la hierba en Uruguay (el problema es que el Estado no da abasto, falto de experiencia, para satisfacer la demanda registrada), sobre el que escribe la periodista Loreto Mármol; cabe preguntarse de una vez por todas por qué no acometemos la legalización de las drogas y ponemos coto tanto al narcotráfico y sus crímenes como al guante blanco de los laboratorios farmacéuticos que siguen lucrándose impunemente sin ningún pudor. El caballo de batalla es troyano, pero vale la pena plantarle cara a la cuestión y no dejar que un asunto de tanta importancia se convierta en “el opio del pueblo”.

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Las autoridades de Venezuela han informado de que al menos nueve personas han muerto este miércoles en el marco de una serie de enfrentamientos entre agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos de hombres armados en varios sectores de los Valles del Tuy, en el estado de Miranda (norte).

Fuentes policiales han indicado que varios integrantes de los grupos de presuntos delincuentes que operan en la frontera entre Miranda y Aragua han fallecido durante las operaciones llevadas a cabo por la Policía en la zona.

Los agentes han registrado la muerte de seis hombres en la población de Santa Lucía, en el municipio de Paz Castillo. Tres de los fallecidos han sido identificados como Antony Yonaiker Andarcia Toro, de 20 años, David Enrique Fernández Castro, de 22, y Darwin José Lorca jiménez -alias Pájaro Verde-.

En el sector de Dos Lagunas, en Santa Teresa de Tuy, han muerto otras tres personas, también durante una operación policial, según ha informado el diario local El Universal, que ha publicado que han sido identificados por los alias de El Twitter, El Gabi y El Negro Wilber.El TwitterEl GabiEl Negro Wilber

La PNB se ha incautado de once armas de fuego, todas ellas pistolas, y una escopeta del calibre 12. Asimismo, otros cinco hombres han sido detenidos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un concejal del PSC del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y a un cargo del Consorci de la Mina por su presunta relación con una organización criminal dedicada al tráfico de droga establecida en el barrio de la Mina de este municipio, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Además, los agentes han realizado dos entradas y registros en ambas entidades en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona, ha informado la policía catalana este lunes en un comunicado.

El concejal detenido es el tercer teniente de alcalde y responsable de Ciudadanía y Servicios a las Personas, Juan Carlos Ramos, que pertenece al Gobierno municipal del PSC.

Los Mossos han desplegado un operativo de madrugada contra la red criminal y han intervenido importantes cantidades de dinero, armas de fuego, 162 kilos de plantas y 15 kilos de cogollos de marihuana, a la espera del resultado definitivo que obtengan de los cinco registros que ha llevado a cabo.

El jefe de la organización presuntamente realizaba otras actividades delictivas paralelas, en las que habrían participado los dos cargos públicos, por lo que los agentes han abierto una investigación independiente que ha llevado a registrar el Ayuntamiento y el Consorcio la mañana de este lunes.

El juzgado 4 de Badalona ha concluido que la investigación no implica ningún supuesto de corrupción generalizada que afecte al Ayuntamiento, al alcalde, a algún partido político ni a terceras personas diferentes a las investigadas.

El secreto de sumario del caso se ha levantado este lunes y no se prevén más registros, imputaciones o detenciones, excepto las que se produzcan por circunstancias sobrevenidas, han apuntado los Mossos.

Una nota de prensa firmada por los Colegios Profesionales de Periodistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, la Rioja, Castilla y León y Asturias  y dos asociaciones del País vasco y Navarra condenó este miércoles los asesinatos perpetrados por la mafia mexicana.

Los representantes de los periodistas ven como una "responsabilidad ineludible" denunciar la impunidad que ampara estos crímenes y y exigen actuar a las autoridades mexicanas "para ponerle freno".

El 15 de mayo asesinaron al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y reportero del semanario RíoDoce. El veterano escritor de Narcoperiodismo fue tiroteado en Culiacán (Sinaloa). Narcoperiodismo

Horas después del asesinato de Valdez, dispararon en Jalisco contra la subdirectora comercial del semanario El Costeño y esposa de su propietario, Sonia Córdova, y a su hijo, Jonathan Rodríguez Córdova, que murió en el acto.

En marzo asesinaron a otros tres periodistas a balazos: a Cecilio Pineda, en Guerrero; a Ricardo Monlui, en Veracruz y a Miroslava Breach, en Chihuahua.

La nota hace suyo el lema que Valdez escribió en Twitter tras el asesinato de Miroslava Breach: "No al silencio".

En abril ajusticiaron a Maximino Rodríguez, en la ciudad de La Paz, y en mayo a Filiberto Álvarez, cronista de Morelos.

A finales de marzo dejaron malherido a balazos a Julio Omar Gómez y mataron a su guardaespaldas en el Distrito Federal, y el mismo mes, el periodista Armando Arrieta recibió un tiro en Veracruz.

En 2016, México se convirtió en el tercer país del mundo con más comunicadores asesinados, 11, solo superado por Irak (15) y Afganistán (13), según datos de la Federación Internacional de Periodistas.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles reforzar el control de las nuevas sustancias psicotrópicas y también más esfuerzos para recabar pruebas sobre la conexión potencial entre el narcotráfico y la financiación de grupos terroristas, crimen organizado y el tráfico de inmigrantes en el marco del nuevo plan de acción contra las drogas para el periodo 2017 y 2020, según ha informado Europa Press.

Se trata de algunas de las nuevas áreas prioritarias identificadas por el Ejecutivo comunitario en el nuevo plan de acción para reforzar la respuesta contra los nuevos desafíos emergentes para la salud y la seguridad vinculados al consumo de drogas y al narcotráfico, tras evaluar la estrategia contra las drogas de la UE que cubre el periodo 2013 y 2020 y el plan de acción para el 2013-2016.

Más de un tercio de los grupos criminales activos en la UE están implicados en la producción, tráfico o distribución de diversos tipos de droga, según la evaluación de Europol sobre el crimen organizado serio de 2017.

El mercado de las drogas sigue siendo un negocio de lo más lucrativo y dinámico. Los ciudadanos europeos gastan unos 24.000 millones de euros al año en drogas ilícitas, mientras que al menos 83,2 millones de europeos han consumido al menos una vez cannabis en su vida, 17,1 millones han consumido cocaína y 12 millones, anfetaminas y 1,3 millones de adultos consumen heroína, aunque el consumo de drogas están en general más extendido entre los jóvenes de entre 15 a 34 años (unos 17,8 millones consumieron el año pasado), según cifras del Ejecutivo comunitario.

Aumento de las muertes por drogas

Al menos 6.800 personas murieron de sobredosis en la UE en 2014. "Ha habido un aumento en las muertes relacionadas con las drogas desde 2013 y no se ha registrado una caída en el uso de las drogas", alerta Bruselas en su evaluación.

El Ejecutivo comunitario ve prioritario por ello reforzar el control y la vigilancia sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (NSP), que plantean enormes amenazas para la salud pública y que han crecido en los últimos cuatro años en el mercado, entre otros, facilitados por su comercio en Internet. También defiende sanciones alternativas a la cárcel para castigar el consumo de drogas.

Un total de 98 nuevas sustancias psicotrópicas fueron detectadas en 2015. En total, más de 560 nuevas sustancias son vigiladas en la UE, el 70% de las cuales apenas han sido detectadas en el mercado en los últimos cinco años.

El comisario del Interior, Dimitris Avramopoulos, ha alertado de que el consumo de drogas sigue siendo "un desafío considerable" que afecta a "millones de personas en Europa y en todo el mundo" y tiene un coste social, humano y económico "muy alto" y ha defendido que dado que se trata de un mercado en constante cambio "reducir el uso de las drogas y la demanda requiere una respuesta adecuada y eficaz, con acciones coordinadas, tanto a nivel de la UE y en los Estados miembro".

El nuevo plan de acción plantea acciones y objetivos precisamente "para atajar los nuevos desafíos para la salud y la seguridad del futuro", ha resumido.

La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación para la prevención del abuso de las drogas y campañas de concienciación especialmente dirigidos a los jóvenes para reducir el consumo es otra de las nuevas áreas prioritarias señaladas por el Ejecutivo comunitario en el nuevo plan, que debe ser aprobado por los Veintiocho y la Eurocámara. También piden medidas para los consumidores de mayor edad y comunidades vulnerables.

El Ejecutivo comunitario también plantea en el nuevo plan de acción la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas para atajar el consumo y la demanda de las drogas, reforzar la capacidad de las delegaciones de la UE en el exterior para fomentar la cooperación contra el narcotráfico a nivel internacional y explorar nuevas formas de cooperar con países con un problema serio y analizar las políticas contra el consumo de cannabis y su impacto.

Este martes el fiscal del estado mexicano de Veracruz, Jorge Winckler, confirmaba la aparición de la que podría ser "la mayor sepultura clandestina de todo México y quizás del mundo". La fosa, en la que se encontraron "cerca de 250 cráneos", se encuentra situada en las Colinas de Santa Fe, una zona en la que se espera que aparezcan más narcofosas.

El Colectivo El Solecito, conformado por madres de desaparecidos y ubicado en Veracruz, comenzó el pasado mes de agosto las labores de búsqueda de cuerpos en fosas comunes, contando con el apoyo de dependencias estatales y profesionales, y el pasado viernes dieron cuenta del descubrimiento a la Policía Científica, con el objetivo de que ésta llevara a cabo los estudios necesarios para confirmar la identificación de los cuerpos.

A falta de confirmación de las autoridades, la fosa es la más grande de México. Tal y como aseguraba la fundadora y coordinadora de la agrupación, Lucy Díaz, a BBC Mundo "hemos encontrado (cadáveres) con muchísimo tejido y otros ya esqueletizados" y añadía que "la edad promedio es muy joven, calculo de entre 14 y 24 años", así como que basándose en la ropa de los restos "hay muchas chicas".

Guerra de cárteles

Sobre la situación de Veracruz, Winckler aseguraba a la cadena Televisa que "durante muchos años el crimen organizado desapareció personas con complacencia de la autoridad", añadiendo que "las botaron en fosas que fueron específicamente para esto". De ahí que en la actualidad se espere la aparición de más narcofosas, como son denominadas, ya que este estado se encuentra actualmente sumido en una guerra entre los cárteles, particularmente entre Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

La situación se intensificó a lo largo del mandato del gobernador Javier Duarte, del oficialista Partido de la Revolución Institucional (PRI), y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado mes de octubre, poco después de que dejara su cargo 48 días antes de que finalizara su mandato.

Así mismo, Winckler aseguraba que "durante el gobierno de Javier Duarte se dedicaron a engañar a los colectivos de familias de desaparecidos", a los que se les tomaban muestras de ADN asegurándoles que se compararían con los restos encontrados, aunque ésto no se llevaba a cabo. Por ello, además de estar acusado de malversar recursos públicos, Duarte está señalado por incumplimiento del deber legal y tolerar la violencia en el estado.

El expresidente de Colombia César Gaviria ha advertido al mandatario filipino, Rodrigo Duterte, acerca de su guerra declarada contra el narcotráfico en el país y le ha asegurado que ésta "no se puede ganar" sólo con el uso del EjércitoEjército, las Fuerzas Armadas o los organismos de Justicia.

En un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times al que ha tenido acceso Europa Press, Gaviria le ha asegurado que "enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además puede empeorar el problema", y que "encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos puede fortalecer a la delincuencia organizada".

"Nosotros, los colombianos, sabemos una que otra cosa de la lucha contra las drogas", ha señalado, recordando que la "estrategia de mano dura contra las drogas" no sirvió en Colombia para acabar con la oferta y demanda de narcóticos.

"Yo personalmente participé en el arresto del narcotraficante más conocido del planeta, Pablo Escobar, en 1993. Si bien logramos hacer a Colombia un poco más segura, pagamos un enorme precio", ha añadido.

Desde entonces, ha continuado, los sucesivos Gobiernos en el país han llevado a cabo diferentes medidas para acabar con el problema, si bien no sólo no lo lograron sino que provocaron "que las drogas y la delincuencia" se instalaran en los países vecinos. 

En base a su experiencia, el expresidente colombiano ha advertido a Duterte que a pesar de que su Gobierno tenga el "deber de brindar seguridad" a los filipinos, "existe el riesgo real de que la estrategia de mano dura haga más mal que bien".

Así, ha propuesto que se centre en mejorar la salud y la seguridad pública, "fortaleciendo las medidas anticorrupción, en particular aquellas contra el blanqueo de dinero, e invirtiendo en desarrollo sostenible".

"Además, creemos que el camino más inteligente para el combate a las drogas es la despenalización del consumo y asegurarse de que los gobiernos regulen ciertas drogas, incluidas las de uso médico y recreativo", ha explicado.

Ejército en la 'guerra contra las drogas'

La Policía de Filipinas anunció la semana pasada una pausa en su lucha contra el narcotráfico para llevar a cabo operaciones contra agentes responsables de abusos. El martes, el presidente, Rodrigo Duterte, dijo que quería la ayuda del Ejército en esta 'guerra contra las drogas' y para detener a policías corruptos.

En este contexto, Gaviria ha asegurado que "incorporar al ejército a la lucha contra el narcotráfico, como sugiere ahora, también puede tener consecuencias funestas. La lucha contra las drogas tiene que ser equilibrada, de tal modo que no viole los derechos ni el bienestar de los ciudadanos".

El colombiano ha continuado señalando que efectivamente la dureza contra la delincuencia "suele aumentar la popularidad de los políticos", como ya se vio en las elecciones de las que Duterte salió claro vencedor, con la promesa de poner fin a la delincuencia en el país.

"A mí también me sedujo la idea de adoptar una postura inflexible contra las drogas cuando fui presidente. Las encuestas sugieren que la guerra contra las drogas de Duterte es igual de popular", ha apuntado.

"Pero pronto descubrirá que no hay forma de ganar. Yo también descubrí que los costos humanos eran enormes. La guerra contra el narcotráfico no se puede ganar matando a los delincuentes menores ni a los adictos. Solo pudimos observar resultados positivos cuando cambiamos de rumbo, y aceptamos que las drogas son un problema social y no uno militar", ha relatado.

Por último, Gaviria ha reiterado que son esenciales "las estrategias orientadas hacia los delincuentes violentos y el lavado de dinero, al igual que las medidas que despenalizan a los adictos, apoyan sentencias alternativas a los infractores no violentos de bajo nivel y brindan una gama de opciones de tratamientos a los consumidores de drogas".

"Esta es una prueba en la que muchos de mis compatriotas colombianos han fallado. Espero que Duterte no caiga en la misma trampa", ha concluido.