“Cada 16 minutos fallece algún dependiente. En 2025 más de 6.000 sin haberles reconocido o hecho efectivo el derecho a recibir los servicios de dependencia”. Son los preocupantes datos que ofrece el sindicato de Pensionistas de CCOO de Sevilla. La Ley de dependencia en Andalucía se aprobó en 2006 con el fin de garantizar ayuda a personas con falta de autonomía ofreciendo servicios y prestaciones económicas dependiendo de los grados de dependencia. Sin embargo, según denuncia la organización, existen muchos casos de personas que han sido condenadas por el Estado a una “eutanasia institucional”.

Fue el caso de la hermana de María Luisa Madrera, afiliada al sindicato, que cuenta que su hermana solicitó la ayuda en 2024, pero que “hubo que ingresarla en una residencia privada porque en la pública no había plazas”. Falleció en enero de este mismo año sin todavía recibir la aprobación de la dependencia. “Estuvimos esperando casi dos años y no obtuvimos respuesta de nadie”, cuenta Madrera. Como este, aseguran, muchos casos más.

Según la valoración del último barómetro sanitario del CIS (2025), el sistema de salud de Andalucía es considerado uno de los más saturados, algo que afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables. En este caso son las personas de la tercera edad quien denuncia que, “en muchos casos, pasan hasta dos años hasta que se aplica la dependencia”.

Los mayores de 65 años representan más del 20% de la población andaluza y son 28 los que mueren al día esperando la prestación por dependencia. Solo en el mes de febrero han fallecido 652 personas en esa situación. De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron con el grado reconocido pero sin recibir la prestación correspondiente, según informa El Diario de Sevilla. “Este problema lleva dándose ya mucho tiempo”, subrayan desde el sindicato. 

Pese a la urgencia de la situación, desde la Junta de Andalucía, argumenta el sindicato: “No reconocen la situación y dicen que todo está bien, para ellos es un logro que se hayan reducido las listas de espera aunque aún están lejísimos del límite que establece la ley”, cuenta a infoLibre Ángel Gómez, secretario general del sindicato Provincial de Pensionistas. El límite que marca la ley está en 6 meses, lo que equivale a 182 días.

Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en cuanto a número de días de espera para la concesión de la dependencia, sólo por detrás de Murcia. “Está claro que Moreno Bonilla no ha sabido adaptarse a las circunstancias y su gestión exige medidas urgentes, hay más de 500.000 personas en listas de espera”, afirma Gómez. 

“Lo que buscamos es una solución integral que vaya desde la Junta hasta el gobierno central y que, por supuesto, todos los partidos políticos se comprometan con esta situación crítica”, exige el secretario general. 

Por ello, los sindicatos CC.OO y UGT de Pensionistas, han convocado una concentración el día 29 de abril para denunciar la situación de degradación que tiene la Ley de Dependencia. “Hay que denunciar la falta de plazas de residencia, las listas de espera y el comportamiento que está teniendo este gobierno con los mayores”. La manifestación será a las 12.00h frente al Palacio de San Telmo (Sevilla) con el lema ¡Basta de maltrato!

En román paladino: “alegrémonos mientras seamos jóvenes; tras la divertida juventud, tras la incómoda vejez”. 

Aquellos teutones estudiantes del siglo XVIII, inventores de estas bulerías nórdicas, no podían imaginar que trescientos años después la “senectutem” ya no es tan “molestam”.

Y no lo es porque la universidad —esta casa común del saber— ha aprendido que la edad no clausura, sino que inaugura. La juventud ya no es un tramo biológico sino una actitud intelectual. Hay jóvenes de veinte años fatigados por el cinismo y provectos de setenta estrenando asombros. Si algo nos enseñan los claustros es que el calendario no gobierna la curiosidad.

La vejez, antes temida como antesala del silencio, se ha convertido en archivo vivo. 

Los años no pesan: sedimentan. Y en esa sedimentación se deposita el matiz, la ironía, la prudencia, esa ciencia de los límites que no paraliza, sino que orienta. Si la juventud es ímpetu, la madurez es compás; si aquella es chispa, esta es brasa que calienta más tiempo.

Por eso, cuando entonamos el Gaudeamus, no celebramos únicamente la fugacidad del instante, sino la continuidad de una comunidad que aprende a todas las edades. Celebramos que seguimos siendo discípulos incluso cuando nos toca ejercer de maestros. Celebramos que el aula no es un espacio, sino una disposición del ánimo.

Alegrémonos, pues, no solo mientras seamos jóvenes, sino porque seguimos siendo capaces de aprender. Que la senectud no sea “molesta”, sino maestra; que la juventud no sea efímera, sino permanente en el espíritu. Y que, cuando bridemos —con vino o con palabras—, lo hagamos por esa universidad que no pregunta cuántos años tenemos, sino cuánta curiosidad conservamos. 

--------------------------------------

Juan Manuel Arévalo es socio de infoLibre.

En el tinglado o charla denominado El Despertar, organizado por la derecha católica el 17 de enero pasado en Vistalegre, dos ponentes, el escritor Soto Ivars y la periodista Ana Iris Simón se refirieron a sus abuelos en sus charlas. 

Ivars mencionó a sus dos abuelos, paterno y materno, el uno rojo e iracundo en lo personal y el otro facha, pero comprensivo y abierto en las relaciones personales. Por esta razón el escritor se presentó como un buen ejemplo de la reconciliación. 

Creo que no ha habido reconciliación en España sino "conllevanza", término que usó Ortega para referirse a la relación de Cataluña con el resto de España, pero trasladable a la relación entre españoles. 

El señor Ivars ha elegido libremente, en un país libre, su posición social y política. No sé qué pensarían de él sus respectivos abuelos si pudieran verlo, pero no creo que sea ejemplo de alguna reconciliación. 

Ana Iris Simón escribió en su día un relato, Feria, sobre sus abuelos feriantes y agricultores, un abuelo y un padre comunista y dos progenitores carteros. Cabe señalar el mayor respeto por sus ancestros. 

Ahora, en esa charla, Simón recordó que uno de sus abuelos plantó un árbol, creo que un almendro. Bella historia la del abuelo que planta árboles, pero a continuación mezcla la historia familiar con no sé qué burócratas de Bruselas o de Madrid que obstaculizan plantar árboles, que nunca formaron parte de la historia real, pero ahora le viene bien a la nieta mezclarlos para transmitir su mensaje. 

Los abuelos y abuelas no son ni santos ni tontos. Habrán tenido conductas buenas y menos buenas, historias que se puedan contar a los nietos e historias que no se pueden contar. Está muy bien que los nietos recuerden con cariño a sus abuelos y abuelas y que se enorgullezcan de sus buenas acciones, pero no que utilicen sus figuras para sus fines particulares. 

La mayor muestra de respeto es dejar en paz a los abuelos y abuelas. 

___________________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.  

Mi padre tiene 86 años y me sigue ganando al tenis. Mi madre es octogenaria también y capaz de alimentar un día de verano a una tropa de hambrientos nietos adolescentes. Son ancianos, pero están sanos y fuertes. No me atrevería a preguntarles –como tampoco lo hacía la estadística oficial hasta hace poco– por sus hábitos sexuales. En mi caso por pudor, en el de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística de la época por edadismo, puesto que no concebían esos estadísticos que unos adultos mayores siguiesen practicando el sexo.

Por eso la quinta edición del barómetro del consumo sénior, que dirijo, ha preguntado a una muestra representativa de mayores de 55 años españoles –en un amplio apartado titulado vitalidad y envejecimiento saludable– por sus prácticas sexuales.

En concreto, se les ha preguntado sobre si tienen pareja, si están enamorados y cómo de satisfechos se sienten con su vida sexual. Además, si hablan de sexo con amistades y toman suplementos para mejorar sus relaciones sexuales o utilizan plataformas de citas para buscar pareja.

Los resultados merecen la pena ser contados para así acabar con una visión absolutamente sesgada de los mayores españoles. De modo y manera que siempre se traslada a la opinión pública una imagen de fragilidad de los sénior cuando no de ancianidad extrema que no se compadece con la buena salud de la mayoría del colectivo.

La realidad para este estudio es que tres de cada cinco séniors consideran que el sexo es importante para tener una buena calidad de vida. Es decir, más de diez millones de españoles mayores de 55 años no entienden una vida de calidad sin sexo.

Al mismo tiempo, conforme esta encuesta, realizada en octubre de 2024, más de 160.000 personas de esa franja de edad utilizan aplicaciones de citas para poder tener sexo. E incluso casi un millón toman medicamentos o suplementos para mejorar sus relaciones sexuales. Nada que no sea normal en otras edades, y siempre en personas sanas y con vitalidad.

A pesar de lo anterior, como ya se ha dicho, los estereotipos se han instalado en nuestra sociedad, debido a que hasta hace unas pocas décadas la vida activa y sana finalizaba antes de los 50 años. Así es. Durante siglos la esperanza de vida no ha superado el medio siglo y eran muy pocos los que llegaban a los 70 años; y los que alcanzaban ese grupo etario padecían una mala salud que hacía penosos sus últimos años de vida.

En España no es hasta 1957 cuando se logra superar los 65 años de esperanza de vida. Al mismo tiempo, en esa época los años restantes de vida –y lo que es más importante, los años de vida con salud– eran muy pocos. Hoy, el consenso es que puede ser una existencia saludable casi dos décadas más.

Este estudio del Centro de Investigación Ageingnomics demuestra una realidad bien distinta a esos estereotipos de una población sénior débil, vestida de luto y esperando la muerte. La conocida como generación de las canas reclama su derecho a disfrutar la vida y también del sexo.

De hecho, los séniors apenas van al médico hasta que cumplen 70 años, e incluso cuando superan esa edad, una gran mayoría (el 72%) solo acude al médico menos de una vez al mes. Y al mismo tiempo, el 85% de los que superan los 55 años realiza habitualmente operaciones con el banco a través de internet. El 76% hace compras electrónicas y el 65% publica contenidos en redes sociales.

Al mismo tiempo, casi ocho de cada diez personas de la población sénior española tiene previsto realizar algún viaje de ocio o turismo a lo largo del año. Todo un baño de realidad frente la imagen tan sesgada vinculada a la obsolescencia del colectivo.

Pero aún hay más: cuatro de cada cinco mayores de 55 cuidan su alimentación para mantener una buena salud, lo que sin duda también explica que en todas las cohortes de edad estudiadas (55-59; 60-64; 65-69 y 70+) siempre hay una mayoría que supera el 60% que vincula calidad de vida a actividad sexual.

De forma coherente, igual que no quieren renunciar a su actividad sexual tampoco –una gran mayoría del 71%– está dispuesta a que les obliguen a dejar de conducir a partir de una determinada edad. La realidad es que los séniors españoles no se sienten mayores, si por mayores entendemos el cliché negativo.

De forma que ellos piensan que solo se es mayor a partir de los 74 años y la sociedad, en cambio, sitúa esa frontera en los 66,8 años. Una gran diferencia que sufren en términos de discriminación en muchas facetas de su vida, también en la del sexo que estamos analizando en este artículo.

Si le han sorprendido todos estos datos sobre el sexo senior o incluso que siquiera vinculemos ambos conceptos, me temo que es otra clara constatación de que el edadismo sigue muy presente en la cultura española a pesar de ser uno de los países con una de las mayores tasas de esperanza de vida del planeta.

Iñaki Ortega Cachón es profesor de Dirección de Empresas, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

En las redes sociales, al margen de la gran batalla cultural, que se libra a trazos gruesos, es posible identificar, en el ámbito del colegio invisible de las políticas económicas, una persistente guerra de guerrillas que libra escaramuzas todos los días. Y en el epicentro de esa guerrilla, como un francotirador armado de Datawrapper, está Jon González (@Jongonzlz), ingeniero industrial convertido en cartógrafo de la opresión boomer. 

Sus posts sobre pensiones, salarios congelados, rentistas no son memes virales: son balas de datos, bien documentadas, que perforan el triunfalismo oficial. Casi todos los días, como un reloj suizo en hora feliz, suelta tres posts —tres, ni uno más para no saturar, ni uno menos para no olvidar— con análisis despachados a la velocidad de un informe de consultoría. González es un profesional que, desde hace nueve años, ha hecho de la constancia un oficio. No me malinterpreten: el trabajo de González es impecable, obsesivo y disimula sus sesgos de manera brillante. Desde marzo de 2016, cuando soltó su primer tuit sobre la “bomba de relojería” de las pensiones —un gráfico rudimentario proyectando el gasto al 15% del PIB para 2050—, ha acumulado más de 780 posts sobre el tema. Nueve años de persistencia, una media de 85 al año, con picos en 2025 que rozan los 120, coincidiendo, casualmente, con las reformas de Escrivá y las subidas de cotizaciones para autónomos. 

Sus gráficos parecen sacados de papers universitarios, no de un blog de conspiranoicos. No es casualidad que sus posts resuenen en la “grey literature” y think tanks: Luis Garicano, ex-MEP y profesor de la LSE, lo llama “joya” en febrero de 2025, urgiendo a periodistas a consultarlo antes de escribir “empanadas mentales”. Jesús Fernández-Villaverde, de UPenn y Fedea, lo tilda de “inestimable ayuda” en marzo, enlazando su Substack como elixir contra la desinformación. González no solo influye en el debate —sus hilos generan 20-50 replies de economistas y activistas, sino que lo hace con material fiable que podría servir en un congreso de Economía Pública. 

Y no es un pasatiempo de fin de semana: es un empleo a media jornada en el timeline de X. Casi todos los días laborables —los fines de semana baja a uno o dos, para no quemar el karma algorítmico—, despliega su ritual: un gráfico matutino sobre la brecha salarial (salarios +4% real en 30 años vs. pensiones +72%), un hilo vespertino desmenuzando cómo las subidas del SMI financian en realidad más pensiones para jubilados, y un cierre nocturno con un toque sarcástico, como ese repost de su “gráfico favorito” que acumula 2.239 interacciones. Cada pieza viene con fuentes: INE, Funcas, OCDE, datos crowdsourced de sus fieles repliers. Es como si cobrara por likes.

Y prácticamente él solo ha conseguido levantar el tema y que la cuestión se incorpore en la agenda política. Jon lleva desde el 2016 pero es a partir de octubre de 2023 cuando el “sistema de pensiones” se convierte en objeto de debate público.

Sus top 10 repliers —no son bots: son ingenieros, periodistas y académicos que, con 6-15 replies al mes, convierten sus posts en foros de debate. En octubre de 2025, su gráfico del 24 —ese que muestra pensiones volando mientras salarios gatean— genera 40% de las interacciones del mes, con subhilos sobre “tiranía de la mayoría” que citan hasta posts franceses. Es persistencia pura: 2-4 posts diarios en promedio, con gráficos en el 78% de casos, como si fuera su turno de guardia en la guerra de la desinformación. Y funciona. Su resonancia en los legacy media —citas en la mayoría de los medios de derechas y en casi todos de la fachosfera; En el panfleto The Objective, incluso se atreven a afirmar que Jon aporta números .[…] fuera de su horario laboral, […]que hacen que quieras pirarte de España y no mirar atrás. Me imagino que para no causarle problemas con su empleador, si lo tiene, que no tengo ni idea. Aunque recuerdo algún otro mensaje en X que afirmaba que trabaja para el BBVA. Citas en El Confidencial, shares en ABC, El Mundo y OK Diario— y grey lit (ecos en Bruegel vía Garicano) no es viralidad aleatoria: es curación estratégica.

No es una crítica al ínclito ingeniero —al revés, admiro la disciplina. En un mundo de hot takes efímeros, sus tres posts diarios son un bálsamo de rigor. Casi un empleo, como digo: horas de scraping INE, horas de buscar y reelaborar gráficos que excitan al gran público y ofuscan con maestría sus sesgos para los enterados. Su evolución es la de un artesano: de alertas técnicas en 2016 a sarcasmos culturales en 2025, como ese “pensiones para boomers, deudas para Z”. 

Mientras la guerrilla generacional enfoca su martillo pilón en las pensiones, quedan fuera de plano la baja inversión en I+D, el brain drain que se lleva el talento porque los salarios de las empresas florentinas sacan rédito de  nuestro crony capitalism, y la incompetencia de los gobiernos regionales en la provisión del Estado del bienestar a costa de hacer regalos fiscales a los muy ricos. E ignoramos —o minimizamos— cómo la austeridad de 2009-2018, no el “sanchismo”, congeló salarios y disparó desigualdades. Y cuestionamos con “peros” los casi diarios indicadores que nos dicen que Carlos Cuerpo es sin duda el ministro de Economía más competente que ha tenido la economía española y que la economía española crece mucho más de lo que sus observadores auguran, aumentan los salarios y la productividad y se reduce la desigualdad. 

En el fondo no se puede estar en desacuerdo con Jon. Las pensiones son sostenibles si dedicamos unos 3 o 4 puntos más del PIB allá en en 2050. Aunque ya les digo yo que, comprobadas las capacidades de la Airef o Fedea de hacer predicciones a largo plazo, seguro que será algunos puntos menos. Solo hay que recordar que el propio BBVA research ha tenido que incrementar las previsiones de crecimiento, –¡en medio punto!– de la economía española a solo un par de meses de que se acabe el año. Eso es miopía extrema. 

Claro que ese 3% o 4% del PIB que necesitaremos tiene efectos distributivos, y costes de oportunidad sobre otras políticas (sin exageraciones). Pero yo, hasta ahora, la única alternativa que he oído es la de los 3 puntos de más de gasto militar que propone el Partido Popular, para servir al sátrapa narcisista transatlántico. Yo entre que se lo lleve el lobby de Casado y la industria militar americana o los pensionistas, no tengo duda.

Tres posts al día, como un mantra. Luis Garicano lo ve como “joya”; pero es una joya engastada en una narrativa mayor al servicio del gran capital. Un debate que, sin sutilezas, empuja hacia la idea de que el sistema de pensiones es insostenible, mientras se defienden alternativas privadas para la provisión de bienes públicos. 

Alguien, en un despacho decorado por suizos, cuyo negocio sea gestionar el ahorro, debe estar muy agradecido.

_____________________

Pau Rausell Köster es economista y profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cierra este miércoles el plazo para solicitar su programa de turismo social correspondiente a la temporada 2025/2026, que ofrece un total de 879.213 plazas para personas mayores de 55 años, según informa EFE.

Como medida destacada, el Imserso presenta una tarifa plana de 50 euros para personas con ingresos equivalentes o inferiores a las pensiones no contributivas, con 7.447 plazas subvencionadas específicamente para este colectivo, según figura en la convocatoria.

La nueva edición del programa comenzará en octubre y, como novedad, se permitirá viajar con mascotas en un número limitado de hoteles de la costa peninsular y de las islas, donde se reservará hasta un 2 % de plazas para este fin.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

El pasado 11 de junio, durante su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor en Ginebra, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, animó a los familiares más jóvenes de los pensionistas a inscribirles en la web del Imserso.

"A sus hijos, hijas, nietos y nietas, si quieren regalarle unas vacaciones a su abuela, que se las merece, que la ayuden a inscribirse en la web del Imserso para que puedan optar a las plazas que se distribuirán en septiembre", afirmó Bustinduy en declaraciones a EFE.

Las personas que ya estén acreditadas por el Imserso en temporadas anteriores no necesitan presentar una nueva solicitud, ya que deben haber recibido un documento con sus datos personales y preferencias de destino, que deben devolver antes de este miércoles únicamente si desean realizar alguna modificación.

Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.

La reserva de plaza requiere un anticipo de hasta el 20 % del importe total y el resto debe abonarse 45 días antes del inicio del viaje.

La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada, ubicada en Málaga capital, por carecer de licencia de apertura pese a haber estado abierta desde hace más de diez años y no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias. El cierre se ha ordenado a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro privado y sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía han sido reubicados, según ha informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.

De la investigación se desprende que en la residencia, presuntamente, se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene y los cuidados sociosanitarios. También había supuestamente un incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependencias, equipos, menaje, utensilios y vestuario, entre otros apartados.

Pese a que era una residencia privada, la Junta "ha ayudado, informado, orientado y asesorado en todo lo posible a la familias para la distribución de los residentes", pese a no tener competencias para la reubicación de los mismos, han precisado las fuentes.

Paredes llenas de humedades, excrementos en algunas de las estancias, suelos hundidos, roturas de barandillas, colchones llenos de orinas y la solería de la ducha levantada, son algunas de las escenas que se han encontrado los propietarios del inmueble, que tenían alquilado, al entrar en la finca y que hicieron que uno de ellos se desmayara en el jardín al comprobar que el mismo se había convertido en la "residencia de los horrores", ha asegurado a EFE el abogado que los representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.

"La familia está hundida, la propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar porque todo está ruinoso", ha lamentado el letrado, que ha advertido de que temen que las personas que han estado en la residencia hayan podido sufrir dejadez y abandono porque hasta hace dos semanas había ancianos. En la denuncia que ha presentado Pérez Plaza, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que además de los cuantiosos daños causados, las inquilinas -que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos- les han dejado una deuda de 84.458,75 euros.

Debido a que cada mes la deuda iba a más, los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas "le exigieron dinero para irse" y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.

El abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la "extorsión" de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta.

A finales de este mes de marzo, recibieron una llamada de una vecina que le advertía de que el portón de la vivienda estaba abierto y que en la finca no había nadie, por lo que fueron corriendo ante el temor de que fuera ocupada. Fue en ese momento cuando comprobaron que las cerraduras de todas las puertas estaban rotas y "el espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible, la finca presentaba un estado de desolación y totalmente incompatible con un uso normal de la misma", se refiere en la denuncia.

La propietaria de la casa, María Salud Sotorrio Baena, ha asegurado a EFE que nunca podían imaginarse que la finca pudiera dejarse en ese estado de abandono: "es desolador, horrible, porque nosotros le dejamos una casa maravillosa para que estuvieran aquí los residentes y ancianos muy bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad". Se ha preguntado cómo han podido tener ancianos hasta hace quince días, "nos consta que en los últimos días había dos", ha asegurado entre lágrimas Sotorrio Baena, que ha relatado que "la nevera, el horno, el lavavajillas, todos los electrodomésticos de la cocina están totalmente oxidados y con mugre de años. Esta suciedad no puede ser de dos o tres meses".

La mayoría de las recepciones de La sustancia subrayan el mensaje más evidente de la película: la crítica a una sociedad obsesionada con la belleza, la juventud y la deseabilidad que impone exigencias crueles e imposibles a las mujeres y desprecia los cuerpos no normativos, no jóvenes o ya no bellos. En ese sentido, la película puede ser “edificante”, pero a mi juicio no es el más interesante. Otras reflexiones meditan sobre hasta qué punto el lenguaje visual excesivo y paródico de la cinta sirve mejor o peor para canalizar “el mensaje”: la cosificación deliberada del cuerpo de Sue en la propia película, ¿es una crítica o una repetición de lo que se intentaba criticar en primer lugar? ¿Es su troceamiento y primeros planos de partes erotizables más o menos cruel que la transformación en un monstruo? Es otro debate posible, pero no el que me gustaría subrayar.

Creo que hay un punto en el que la película insiste y que la hace interesante. El punto de partida es que el personaje de Demi Moore, atravesado por los crueles criterios edadistas y misóginos de nuestra sociedad, solo puede desear una versión más joven, más bello, más perfecta de sí misma. Del mismo modo, el personaje de Margaret Qualley, una joven bella y triunfadora, en ese entorno social, solo podría despreciar y odiar la versión mayor de ella misma, ya no triunfadora ni socialmente deseable. Si se enfoca así, en ambos casos se está pensando en cómo cada yo vería a la otra versión. 

Pero la película, mediante la voz demiúrgica de la misteriosa corporación que produce “la sustancia”, no cesa de repetir un mantra: “las dos sois una”. No es solo que “la otra” sea algo ajeno que deseamos o no para nosotras mismas. Se trata de entender qué significa ese otro yo para cada una. Qué significa la joven para la mayor es obvio: querría ser solo ella. ¿Pero y el lado contrario? ¿Podemos decir simplemente que la joven no quiere ser la mayor? La mayor no es solo el monstruo porque la sociedad vea como un monstruo a las mujeres mayores. La mayor se vuelve un monstruo porque ella se odia a sí misma como mujer mayor. Ha interiorizado la mirada de odio y la ha vuelto hacia sí misma. Los perdedores interiorizan como auto-odio el desprecio hacia ellos socialmente vigente –ello explica el aumento de voto migrante a Trump: no quieren ser lo que el sistema les ha dicho que son–. Del mismo modo, la joven no solo odia a su versión mayor y la ve como monstruosa: en realidad se odia a sí misma. La joven es ella misma un monstruo también en la medida en que no puede abrazar lo que algún día será. En suma: lo monstruoso ha penetrado en las dos. No hay belleza posible para ninguna de las dos. Esa es la consecuencia demoledora. 

Es decir, el monstruo no es solo la mujer mayor vista con los ojos de la sociedad: el monstruo son las dos mujeres. La joven bella es el monstruo. No es belleza versus monstruosidad: solo hay monstruosidad. El monstruo, en realidad, es ser cualquier mujer. La monstruosidad es algo que cualquier mujer puede ver en sí misma, seamos mayores, jóvenes, feas, guapas, exitosas o invisible. La película no es solo una crítica al desprecio edadista y misógino de las mujeres mayores; es una reflexión sobre cómo se cruzan feminidad, horror y cuerpo. 

Hace ya un par de años, Luna Miguel vaticinó el fin del estilo de la auto-ficción intimista que había sido el sello de la literatura millenial. Venía el tiempo del terror gótico y el renacer de la ciencia ficción para la literatura escrita por mujeres. Tenía razón: mujeres, monstruos y cyborgs. Las mujeres están ya hace un tiempo pensando qué hacer con la identidad como otredad. ¿Puede o no leerse La sustancia -sobre todo su final- en clave humanista-lynchiana? Puede ser. En todo caso, el diálogo y las preguntas que plantean las mujeres están cambiando.

_____________________

Clara Ramas San Miguel es filósofa, política y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Su último ensayo publicado es 'El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía', editado por Arpa.

Son manos privadas las que las manejan. Pasaba en 2020 y pasa ahora. Las residencias de mayores eran ya un negocio antes de la pandemia. Un pastel que se repartían, además, entre ocho grandes comensales que hoy, cinco años después, no han hecho más que aumentar su porción. Los 487 centros que controlaban cuando estalló la crisis sanitaria son hoy 524. Las 64.232 plazas, 71.340. El coronavirus no les afectó, al contrario.

Hubo que esperar un año hasta que el Gobierno pudo publicar datos concretos. Según el informe del Imserso Enfermedad por coronavirus en Centros Residenciales, al menos 29.408 usuarios de residencias de mayores murieron entre marzo y julio de 2020. Estos centros se convirtieron en la diana perfecta para un virus que tenía dos características fundamentales: la primera, que para alimentarse no necesitaba un contacto extremadamente estrecho, y la segunda, que golpeaba con mucha mayor crueldad a los más mayores. Por eso, tal y como demostraron después varios estudios científicos, las macrorresidencias y los modelos público-privados sufrieron todavía más las consecuencias del covid. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. Pero tampoco fue igual en todas.

Los datos de hasta 14 comunidades desvelados por infoLibre mostraron que el más letal fue el de los grandes grupos privados. En concreto, los ocho gigantes del sector que entonces controlaban el 18,07% de las camas en esas autonomías sufrieron el 24,45% de las muertes entre marzo y abril. Eran DomusVi (1.096 muertes), Orpea (597), Ballesol (323), Vitalia Home (269), Sanitas (432), Amavir (819), Colisée (100) y Clece (34). Entre todas esas empresas sumaban en 2020 487 centros y 64.232 plazas, según los datos extraídos del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, escrito por Manuel Rico, ex director de investigación de infoLibre que destapó en este periódico el conocido como Protocolo de la Vergüenza de la Comunidad de Madrid. Hoy esos grupos tienen muchas más plazas. Al menos en la mayoría. Según los datos recopilados por este periódico a partir de la información ofrecida por las empresas y de la disponible en sus páginas webs, el poder de estos grandes grupos ha crecido en 37 centros (un 7,6% más) y en 7.108 camas (un 11% más).

Es la mayor empresa geriátrica de todo el país. Su cartera de 2020 estaba formada por 139 residencias y 18.428 camas que en cinco años ha ampliado hasta los 143 centros con más de 20.000 plazas, según los datos proporcionados por ellos mismos. Y su plan es seguir la misma senda, según los datos de Alimarket consultados por infoLibre. En concreto, sólo este 2025 y sólo en Madrid, la empresa planea abrir 130 camas nuevas.

Se trata de un grupo de origen francés que está controlado por tres fondos de inversión: Intermediate Capital Group (ICG), Mérieux Equity Partners y Sagesse Retraite Santé (SRS). Su empresa matriz en España se llama Geriavi y tiene su sede en Vigo. Josefina Fernández Miguélez fue su consejera delegada hasta el año 2021, cuando pasó a desempeñar las funciones de presidenta institucional hasta que abandonó el grupo en 2023. Junto a su hermano, fue una de las primeras en ser vacunada contra el covid en Galicia. Lo hizo en uno de sus centros, que fueron los que registraron la mayor mortalidad durante la pandemia.

Fue la segunda en mortalidad durante lo peor de la pandemia y era, también entonces, la segunda compañía en número de camas en cartera. Ha perdido el segundo título aunque, en cualquier caso, también ha aumentado su poder en estos cinco años. Los 49 centros que Orpea —hoy renombrado como Emeis— controlaba en 2020 son ahora 57, aunque las 7.943 camas se han incrementado hasta poco más de las 8.000 según los datos que también aporta la compañía a preguntas de este diario. En cualquier caso, y del mismo modo que ocurre con DomusVi, sus planes siguen pasando por una mayor expansión. Según Alimarket, sólo este año tiene proyectadas ya 1.114 camas nuevas.

En mayo de 2022, el consorcio periodístico Investigate Europe, donde participa infoLibre como único medio español, destapó una trama ilegal de negocios de la multinacional. En concreto, desveló que sociedades de la trama encubrieron el pago de 700.000 euros a un comisionista francés, presentaron cuentas en el Registro Mercantil con información fiscal falsa y burlaron las normas italianas del IVA. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– investiga por ello la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ballesol no tiene ningún gran fondo internacional detrás. La compañía española empezó su historia con una primera residencia abierta en 1980 en la localidad madrileña de Majadahonda. Su empresa matriz es Intercentros Ballesol, S.A. cuyo principal accionista es la aseguradora Santa Lucía, dueña de más del 75% de las acciones. Hoy maneja una cartera de 51 centros y 7.838 camas, según los datos extraídos de su página web —ya que la compañía nunca respondió a las preguntas de infoLibre. Son, en comparación con 2020, cuatro centros y 523 plazas más. Según Alimarket, proyecta otras 115 en centros de Oviedo para este 2025.

Ninguna empresa ha crecido tanto en todo este tiempo. Los 49 geriátricos que tenía repartidos por España en 2020 son hoy, según los datos que ofrece la propia compañía, 71. Un 44,9% más. En plazas, las 7.180 que tenían hace cinco años suman ya más de 10.000. Un 39,2% más.

¿Pero por qué tantas? En marzo de 2017 la compañía pasó a estar controlada por el fondo británico CVC Capital Partners, que ya está ultimando la venta del grupo al estadounidense StepStone por 600 millones de euros, según informó El Confidencial. Además, la empresa ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para obtener un préstamo de 90 millones de euros para financiar nuevas residencias en siete comunidades autónomas españolas. El plan se extiende ya hasta 2027 y prevé construir 12 nuevos centros de atención residencial, 4 edificios de apartamentos asistidos para personas en situación de dependencia y 3 hospitales de rehabilitación neurológica.

Fue la quinta en mortalidad durante el covid. Y era entonces también la quinta en número de plazas. En concreto, Sanitas tenía en 2020 una cartera de 47 centos y 6.529 camas, un poder que ahora, según informa la propia empresa, ha disminuido. Pero no en gran medida. Los centros son hoy 44 y las plazas, por su parte, alrededor de 6.100, según el conteo de los geriátricos que aparecen publicados en su página web. Según Alimarket, su objetivo es abrir 500 nuevas camas en un total de cinco residencias más.

La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100% del capital. Se trata de una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro. Pero aun así, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. En septiembre de 2020, pasado lo peor de la crisis sanitaria pero todavía con el covid muy presente, Iñaki Peralta asumió el papel de consejero delegado en sustitución de Iñaki Ereño.

Tiene ahora seis centros más que en 2020, por lo que prácticamente el crecimiento de Amavir en estos cinco años ha sido de una residencia de mayores por cada año. Según los propios datos de la empresa, los 41 centros de 2020 son hoy 47; las plazas, por su parte, han crecido de las 6.340 a las 7.094. Y como ocurre con el resto, el plan es seguir la misma senda. En concreto, y según el informe de Alimarket, los planes el año pasado y hasta 2027 pasaban por crecer en 1.420 plazas más divididas en una decena de geriátricos nuevos.

Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille y actualmente el accionista principal de la compañía es la familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.

En 2020 tenía 49 geriátricos, lo que le situaba en más o menos los mismos números que al resto de empresas. Sin embargo, en estos cinco años ha alcanzado, según informen fuentes de la compañía, hasta los 60, convirtiéndose ya en el tercer grupo geriátrico más grande en número centros. ¿Y en cuanto a las plazas? Pues en este caso han pasado de 5.804 a 8.018. Colisée firmó a principios de 2024 su propia alianza con el nuevo fondo de Azora, con el objetivo de quedarse con la gestión de la futura residencia de Badalona, que Romano Senior también ha adquirido a Emeis (Orpea).

Es, también, una empresa de origen francés que fue adquirida por el fondo EQT, dueño también de Idealista. Se desconoce el importe de la operación, pero el fondo sueco se refirió en el informe trimestral que coincidía con la adquisión a inversiones por valor de 6.000 millones de euros. Antes estaba en manos de IK Investment Partners —cuya sede está en el paraíso fiscal de las Islas Jersey.

Es la única compañía que tiene bastantes centros menos que en 2020. Controla, según informa a infoLibre, 51 centros y 4.290 camas que hace cinco años eran, en cambio, 66 con 4.693 plazas. Preguntado por los motivos de esta variación, no obstante, el grupo no aclara qué ha ocurrido. Según Alimarket, sus previsiones de crecimiento son mucho más humildes, pues el informe recoge tres centros que suman 397 camas más a su cartera.

Clece es la división del grupo ACS —cuyo accionista principal es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid— dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos, sin embargo, no opera bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en este sector: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.

En cualquier caso, en estos cinco años también ha dado tiempo a que nuevos comensales se sienten a la mesa con el objetivo de buscar, también, poder en el sector. Y tres grupos han conseguido tener una presencia importante. Se trata de Caser, Emera y Seniors, de Clariane. Ninguno supera los 25 centros, pero su poder, como ha podido comprobar infoLibre, ha crecido exponencialmente desde el estallido de la crisis sanitaria.

La primera empresa tiene como accionista mayoritario a la aseguradora suiza Helvetia, que compró en 2020 el 70% de su capital, porcentaje que en cualquier caso ya ha crecido siete puntos más. Cuando empezó la crisis del covid tenía una cartera de 20 centros residenciales y 3.266 camas, un poder que ahora, según confirman sus propias fuentes, es ya de 27 centros y 3.800 camas.

Emera, por su parte, no ha respondido a las reiteradas peticiones de información de este periódico, aunque de lo publicado en su página web se puede extraer que tiene ya 16 centros (siete más que en 2020) con 2.155 plazas (822 más). Proyecta además otras 170 plazas para Castellón en 2026, según Alimarket. Seniors, por último, tiene también residencias de Grupo 5 y ya maneja, según los datos de su web, 23 centros y alrededor de 2.500 camas.

¡Mira, una serie protagonizada por personas de setenta y tantos, piensa un deseo! La ficción a la que me refiero se llama True Love y a ti que me lees, te la recomiendo con todo mi amor verdadero.

Claro, al ver ese título, es probable que sientas un ligero temor, que pienses que trato de venderte uno esos pasteles audiovisuales que provocan picos de insulina. No, nada más lejos. Esta historia británica tiene de dulce lo justito, a lo sumo una pizca que al mezclarse con el amargor y la acidez del relato, logra un sabor que no se parece a casi nada que hayamos probado antes. 

¿Y va de amor? Pues sí, de amor en planos muy diversos, incluso de ese amor que cada uno de nosotros siente por sí mismo, por vivir la vida que deseamos. Pero no estoy yo aquí para hacer eso que ahora nos ha dado por llamar “spoiler”, lo de reventar películas, de toda la vida de Dios… En realidad lo que quiero es compartir contigo el gustazo que siento al ver un grupo de personas que ya han cumplido los setenta en un cartel.

Los protagonistas de esta serie no son “personas mayores”; son mujeres, hombres, con sus años, los que tienen y sus vidas, las que viven. Nada de personajes secundarios, de esos que solo aparecen en el libreto para ayudar a contar la vida de los importantes, los otros, los jóvenes. No, aquí las importantes son ellas, son ellos, lo que sienten, lo que hacen, lo que les sucede. Y les suceden unas cosas…

True Love me gusta porque toca un asunto como la eutanasia con valentía, porque está bien contada, bien interpretada y bien dirigida. Pero me gusta también por lo que provoca, porque no nos suscita el deseo de mirarla desde la condescendencia, esa que se nos escapa cuando nos referimos a quienes están en el último tramo del juego. En el juicio a los personajes de True Love somos tan compasivos o tan duros como lo seríamos si tuvieran treinta, cuarenta o cincuenta años…

¿Parece absurdo darle tanto bombo a una obviedad, verdad? ¿Por qué íbamos a ver con otra mirada una historia de personas que ya tienen “una edad”? Pues porque lo hacemos a menudo, la realidad es tozuda y la ficción imita a la realidad, en el edadismo también.

En las últimas semanas, dos actrices que han sido aplaudidas y premiadas por su trabajo en dos de las películas más exitosas de la temporada, Enma Vilarasau y Demi Moore, han subrayado cuán importante y necesario es que se escriban papeles protagonistas para mujeres de su edad. Y tienen razón. La fauna humana es diversa también en número de años cumplidos y cualquier borrado nos desdibuja a todos como sociedad y como especie. 

Fueron catalogadas como trabajadoras esenciales. Eran aplaudidas cada día desde los balcones de toda España. Y fue entonces cuando salieron a la palestra las condiciones en las que trabajaban: eran pocas, sufrían contratos precarios y la carga de trabajo siempre era elevada. Las residencias de mayores se situaron entonces en uno de los focos del nuevo modelo de cuidados del Gobierno, y sus empleadas en uno de los pilares a mejorar. El problema es que han pasado ya cinco años y no ha ocurrido. Y en eso coinciden todas, trabajen donde trabajen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró tajante cuando le preguntaron las socias y socios de infoLibre. "La pandemia dejó claro que las trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados son imprescindibles. Sin ellas, nuestro sistema se colapsaría. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias: salarios bajos, largas jornadas y enormes dificultades para conciliar. Esto es inaceptable", dijo. Y aseguró que se trabaja ya para "dignificar el sector".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por su parte, también señala a preguntas de este diario que esta es una de sus tareas pendientes. En concreto, señalan, ya trabajan en un paquete de medidas y en una serie de estudios para conocer y mejorar la situación de las trabajadoras del sector de la dependencia, cuya reforma legislativa ya ha echado a andar. Para ello trabajan de manera interna y coordinación con otros departamentos del Ejecutivo.

El problema es que mientras eso ocurre el día a día de cientos de miles de mujeres —puesto que según los datos oficiales del Gobierno ellas ocupan el 86,1% de los empleos en las residencias de mayores— sigue siendo exactamente el mismo. Las palabras y las promesas de mejora no han llegado. Y en muchos casos, incluso, se ha dado marcha atrás.

Los "salarios bajos, las largas jornadas y las enormes dificultades para conciliar" que mencionó Díaz en infoLibre tienen una consecuencia directa: cada vez menos personas quieren dedicarse al sector. Y este es un diagnóstico global. Raquel Mateos, que lleva 17 años cuidando mayores y trabaja en un centro de Cádiz, lamenta tener que trabajar, siempre "a contrarreloj". Odia ir "corriendo" por los pasillos, porque eso le impide hasta responder a las preguntas de los mayores. "Me da muchísima impotencia, hay veces que ni siquiera puedo escuchar lo que me dicen, y son ellos los que menos culpa tienen de las condiciones en las que trabajamos", explica.

"Siempre falta gente", añade Amparo Vidal desde la Comunitat Valenciana. No hay ni siquiera tiempo para ducharles o darles de comer, al menos, de forma adecuada, completa. Orlando Cárdenas, que trabaja en Barcelona, coincide. "Cuando la gente entra a trabajar aquí y ve cómo lo hacemos, se va", explica. Él trabaja en una planta con 20 residentes que se dividen, por los empleados que son y los turnos en los que trabajan, en siete para cada uno cada mañana. Hay que levantarlos, asearlos, vestirlos y acompañarlos al desayuno. Y es imposible hacerlo con el tiempo que merecen. Sobre todo porque los mayores que entran en los geriátricos lo hacen cada vez más mayores. Y, por tanto, más dependientes.

Los datos oficiales más recientes aparecen reflejados en el censo que publicó el Imserso el año pasado y que dibuja la situación que había en 2022. El documento, de 70 páginas, refleja que efectivamente, y como señalan las trabajadoras, la gran mayoría de los residentes tiene más de 80 años. En concreto, un 74,5%. Pero no sólo eso, sino que el 43,2% tiene o bien un grado I o un grado II de dependencia, siendo un 36,7% el porcentaje de ancianos que sufren un grado III.

No hay datos similares referidos a años anteriores —y de hecho eso ha sido objeto de críticas de algunos expertos como María Victoria Zunzunegui, que lamentan la falta de estadísticas sanitarias que permitan analizar la población que vive en geriátricos—, pero un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 2018 certificó que la media de edad de los residentes entonces se situaba en los 81,8 años, de lo cual se extrae que el porcentaje de residentes mayores de 80, entonces, era menor al actual. En aquella época además, tan sólo un 12,7% necesitaba todos los autocuidados o era, en otras palabras, gran dependiente.

La evolución va necesariamente ligada al progresivo envejecimiento que ha habido en España. Y que va a más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registró un nuevo máximo histórico del índice de envejecimiento, que se sitúa ya en un 142,3%, es decir, que ya hay 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Antes del covid, en 2019, ese porcentaje era de un 123%.

"Las residencias se crearon para personas que podían salir, y de hecho antes hacían manualidades. Ahora, si se visita una residencia, tan sólo hay personas sentadas", lamenta Cárdenas. "En mi centro los mayores están como en guetos. Cada uno en su planta, sin poder moverse. Hace años participaban en actividades, pero ya no", añade Ana Merchan, trabajadora de un centro en Gipuzkoa.

El envejecimiento ha derivado en ratios insuficientes. El Gobierno, en cualquier caso, las incrementó en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que estableció que debían ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes.

En 2018, antes del covid, un estudio que comparó la situación en el País Vasco con el resto de comunidades evidenció que la región que tenía una ratio más elevada era Andalucía, que contemplaba 39 empleados de atención directa por cada 100 residentes. En otras como Castilla y León eran 23, y en otras como Murcia, 25. La situación por tanto, al menos en exigencia, ha mejorado.

Sobre la práctica, en cambio, es más complicado verlo. En las estadísticas del Imserso se observa que entre el cuarto trimestre de 2023 y el de 2024 las trabajadoras de establecimientos residenciales para personas mayores y personas con discapacidad física —la base de datos lo acota así— han aumentado de 125.890 afiliadas a 130.524, es decir, un escaso 3,7% que, sin embargo, tiene sus limitaciones a la hora de ser interpretado. La doctora en economía e investigadora en el ámbito de la protección social Julia Montserrat señala que el análisis tiene que incluir necesariamente una diferenciación entre los tipos de jornada y que, por ello, es más correcto hablar de presencias, no tanto de ratios. Es decir, la cuestión no es que haya contratadas tres gerocultoras, por ejemplo, sino que, en un turno determinado, estén esas tres personas. ¿Qué es necesario para ello? Que haya más empleadas.

"Sabemos lo que pasó, lo que puede pasar y lo que necesitamos, pero nadie está haciendo nada", lamenta por su parte Lidia Arguiz, trabajadora de una residencia de Galicia. Allí, la Xunta ha eliminado de la normativa de 1996 un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas.

A nivel nacional, el Ejecutivo cifró en 34.000 el número de trabajadoras que serían necesarias para mejorar el modelo. En Madrid, sindicatos y familiares estimaron que haría falta duplicar las plantillas, porque estimaron que la ratio adecuada para garantizar una "presencia física" es de 132 empleadas por cada 100 mayores.

Más allá de la falta de personal, todas las trabajadoras consultadas se quejan de sueldos que tan sólo siguen la senda del salario mínimo interprofesional. O poco más. "A mí me encanta mi trabajo, pero cobro, de base, 1.160 euros al mes", lamenta Raquel Mateos. "En todo este tiempo nos hemos mantenido igual, nada ha cambiado a nivel salarial", coincide Lidia Arguiz.

En cuanto a los contratos, el VIII convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes determina que los centros han de tener como mínimo un 80% de personal con contratos indefinidos. Sin embargo, un análisis de la investigadora Julia Montserrat cifró que en entre 2012 y 2018 esa proporción había descendido, concretamente, del 74,7% al 70,2%.

Actualmente, según el último informe del Imserso correspondiente al cuarto trimestre de 2024 —que como en el caso de las plantillas incluye el caso de las residencias para mayores y personas con discapacidad física—, indica que los contratos indefinidos suponen ya el 78,5% del total.

Más allá de eso, todas las trabajadoras coinciden en que nada se aprendió del covid. Y en que, si llegase un nuevo virus, es probable que se cometieran los mismos errores. "Ni se ha hecho nada ni se ha aprendido de los errores. Ya ni siquiera se lavan los uniformes para desinfectarlos", completa Rosa Serna, trabajadora de una residencia de Vallecas (Madrid) y presidenta de su comité de empresa de CCOO. "No hemos mantenido ningún protocolo. Ya no hay ningún miedo, da todo igual", lamenta Arguiz. "Hubo un momento en el que fuimos esenciales y todo el mundo se acordó de nosotras, pero luego pasó todo y, ahora, seguimos abandonados", sentencia.

Apareció de repente, nadie pudo preverlo ni prepararse para combatirlo y su expansión, además, se produjo a toda velocidad. No fueron pocas las voces que compararon la pandemia de covid-19 con una especie de catástrofe natural sobrevenida. Una suerte de tsunami que, sin embargo, sacó a la superficie las carencias de muchos sectores que hasta entonces habían permanecido en un segundo plano. Si las residencias de mayores se convirtieron entonces en la zona cero de la crisis sanitaria fue porque sus características las convirtieron en las víctimas ideales. Por eso cuando terminó todo el objetivo era reconstruir de arriba a abajo ese modelo de cuidados. El problema, que sólo se hizo sobre el papel y que en la práctica nada ha cambiado desde entonces. "Estamos peor ahora que hace cinco años", aseguran, sin titubear, familiares y trabajadoras.

Afectaba con mucha más gravedad a los más mayores. Y para su contagio no hacía falta un contacto extremadamente directo. Con que el virus estuviera en el aire bastaba. Por eso fueron las residencias los centros más golpeados. Varios estudios científicos, además, demostraron que las macrorresidencias y los geriátricos bajo un modelo público-privado sufrieron todavía más las consecuencias del covid-19 durante toda la primera ola. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. 

El Gobierno cogió el testigo y consiguió aprobar junto a las comunidades la que se convertiría en la guía para el nuevo modelo que corregiría todas esas fallas. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y se firmó en julio de 2022 con la oposición, no obstante, de Madrid, País Vasco, Galicia, Murcia y Ceuta. La norma, de "carácter decisorio", no es obligatoria por tanto para ellas, como informan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sólo deben adaptarse a sus criterios, añaden, las regiones que o bien votaron a favor o se abstuvieron, aunque en todo caso el plazo general de adaptación continúa vigente hasta 2029. Mientras tanto, explican también las mismas fuentes, el departamento de Pablo Bustinduy ya ha iniciado un proceso de evaluación que permitirá valorar el grado de cumplimiento normativo y las "buenas prácticas" que se estén llevando a cabo en este ámbito. 

Pero en cualquier caso Madrid, Galicia y Murcia no sólo votaron en contra. En su día, y preguntadas por infoLibre, ya aseguraron que no cumplirían con ninguna de las directrices que marcó el Gobierno. Por su parte, el País Vasco rechazó hacer lo propio por, argumentaron entonces, una cuestión de invasión competencial. Menos de un año después aprobaron su propia normativa: un decreto que limitó a 150 el máximo de plazas, que debían además estar divididas en módulos de, como mucho, 25 personas. 

Son números muy distintos de los pensados por el Gobierno. En concreto, el Acuerdo de acreditación estableció que los geriátricos no podrían superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas de "densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, se fijó que no deberían estar compuestas por más de 15 ancianos. 

Pero también le dio igual a Madrid, que en una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del sábado 16 de noviembre fijó, precisamente, los mismos números que el País Vasco. "Ayuso no ha aprendido nada en estos cinco años tras sus protocolos de la muerte. La normativa que ha aprobado es el reflejo de que piensa que los mayores 'se iban a morir igual", lamenta la diputada socialista Lorena Morales, que critica también la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Gobierno conservador y que estableció por primera vez un catálogo de sanciones para sus usuarios. "Para que impere más el miedo", criticó.

En Galicia, por su parte, las residencias siguen regidas por la normativa aprobada en 1996, que ni siquiera hace referencia a un máximo de plazas o a unidades de convivencia. "Tal vez también Galicia sea el territorio que sufre la mayor parálisis en los últimos 15 años en el avance y refuerzo de los derechos de estos colectivos vulnerables", lamenta Paulino Campos, presidente de la Federación galega de organizacións de familiares e usuarias de residencias e da dependencia (Rede).

En Murcia, por último, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad explica a infoLibre que todavía no han aprobado ninguna normativa, pero que están a punto de hacerlo. En concreto, indican, ya han recogido las aportaciones de "agentes, entidades y órganos gestores implicados" y ahora se están incorporando a "un documento definitivo para su tramitación oficial". No especifican sin embargo si adoptarán las directrices del Gobierno central. A esta pregunta, directamente, no dan respuesta.

Pero más allá de las normativas, Madrid ya ha trasladado del papel a los proyectos su idea. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado mes de septiembre que la región abriría 40 nuevas residencias bajo un modelo público-privado. Y la primera, que ya ha sido anunciada, tendrá 150 plazas. En Galicia, según publicó Praza.gal, es la Fundación Amancio Ortega la que está construyendo los nuevos centros que luego dona a la Xunta para ponerlos en funcionamiento y, también, privatizar su gestión. Tienen, las tres últimas, 120 plazas. Justo en el límite, pero con ese mismo modelo que los estudios científicos llegaron a calificar de "letal".

Desde 2009 a 2022, según lamenta Campos, no ha habido ningún otro proyecto de residencia pública en toda Galicia, lo que muestra que se ha asistido en todos estos años a un verdadero "desmantelamiento del sistema público en beneficio de la iniciativa y de la gestión privada". Según datos recopilados por él mismo, cuando el expresidente Alberto Núñez Feijóo abandonó la Xunta dejó al 84,9% de los geriátricos en manos privadas y tan sólo al 15,1% en manos públicas. 

En cualquier caso, y volviendo a la cuestión del número de plazas, las macrorresidencias seguirán siendo una realidad en casi toda España. El último informe sectorial de Alimarket consultado por infoLibre revelaba de hecho que en los próximos cinco años hay proyectados hasta 158 geriátricos con más de 120 camas. Y la mayoría estarán en Cataluña, que no obstante informa a este periódico que también contempla tres nuevas residencias públicas: uno en Terrassa, otro en Barcelona y otro en Sabadell. Tendrán, respectivamente, 80 y 90 plazas y costarán 11 millones cada una que provendrán de los fondos Next Generation. 

El Acuerdo de acreditación no sólo estableció un máximo de plazas. Al mismo tiempo, fijó un mínimo de personal. En concreto, el texto habla de que las ratios deben ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes. El número, no obstante, debe ir en aumento hasta alcanzar, el 31 de diciembre de 2029 —la fecha límite de aplicación de estas normas, según el Ministerio de Derechos Sociales—, las 51 empleadas por cada 100 usuarios.

No se conoce qué aprobará Murcia en este sentido, pero consultado el decreto del País Vasco se comprueba que, aunque anunciaron que la norma aumentaría un 15% las ratios, los números no llegan a acercarse, ni por asomo, a los aprobados por el entonces ministerio de Ione Belarra. Según el documento, el equipo técnico asistencial que apoya "las actividades de la vida diaria" se sitúa, como máximo —es decir, en los centros o módulos con ancianos de grados II y III de dependencia—, en 33 personas por cada 100 mayores.

Madrid, en su decreto aprobado a finales del año pasado, estableció por su parte una ratio mínima de 37 trabajadoras por cada 100 residentes en aquellos centros de menos de 50 plazas, elevando el número a 45 en los que sí superen ese número de camas. No obstante, no hablan de aumentarlo en ningún plazo de tiempo. Y en la región, además, se permiten esos centros de hasta 150 plazas.

¿Qué ocurre en Galicia? La normativa de 1996 tampoco hace referencia ni nombra ningún tipo de ratio. Ni mínima ni máxima. Directamente es una directriz que no aparece. No obstante, el texto sí que incluía un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas. Pero hablamos en pasado porque la Xunta ha suprimido esa exigencia.

Con ello, según los datos de REDE tras el análisis de las 295 residencias gallegas, desaparecen de golpe más de 200 puestos de trabajo de enfermeras. "Una decisión insensata y hasta criminal que embrutece aún más las atenciones que reciben las personas mayores más vulnerables y con la que el ejecutivo gallego de Alfonso Rueda ha dado rienda suelta a una vieja reivindicación de la patronal, que afirmaba que no había enfermeras en el mercado", denuncia Campos.

Sonia Jalda es portavoz del colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega) y coincide con él. "No es que no hayamos mejorado desde la pandemia, es que ahora estamos peor. Eliminar esa obligatoriedad perjudica, y mucho, a la calidad de la atención a la dependencia", lamenta. Pero es que, además, deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las trabajadoras. "Donde antes eran obligatorias siete u ocho enfermeras ahora van a poder trabajar con cuatro. Si se queda una sola enfermera en el turno de noche, ¿qué va a hacer si tiene dos emergencias?", se pregunta. Precisamente este viernes se han movilizado trabajadoras de los centros privados de A Coruña y Lugo para exigir un convenio "digno" con salarios "dignos".

Pero estas situaciones, en cualquier caso, no ocurren sólo en las comunidades que se negaron a aplicar el Acuerdo de acreditación. Carmen Martínez es secretaria general de la Federación Sociosanitaria de CCOO en La Rioja pero conoce bien el sector a nivel a nacional. Y no duda: "Ha empeorado mucho en estos cinco años". Tanto, dice, que ya nadie quiere dedicarse a él. "Las ratios mejoran sobre el papel, sí, pero es que hay centros en los que una recepcionista es contratada como gerocultora para cumplir con esos nuevos requisitos. La realidad es que aquí ya no hay personal. Se ha desmejorado todo tanto, que cada vez es más difícil contratar. Ya nadie quiere trabajar aquí", lamenta, desde el otro lado del teléfono.

Que no sean suficientes incrementa la carga de trabajo, pero es que aun así las condiciones no son buenas. Txomin Lasa, responsable sociosanitario del sindicato vasco ELA, lamenta que hay hasta un 50% de contratos parciales, lo que genera "jornadas muy escasas que obligan a las trabajadoras a complementarlas a golpe de llamadas o con otros trabajos". "Tampoco se sustituye a las trabajadoras y este aumento de carga de trabajado está haciendo que cada vez haya más bajas por motivos físicos o de salud mental", lamenta el sindicalista.

No hay datos oficiales de cuántas personas faltan en el sector, pero un informe de CCOO, UGT, Pladigmare y la Sociedad de Geriatría y Gerontología concluyó que sería necesario duplicar las plantillas para garantizar una asistencia "digna" en las residencias de Madrid. En concreto, el documento establecía la necesidad de 132 gerocultoras en plantilla por cada 100 residentes para asegurar una presencia de 83 profesionales a lo largo de todo el día: se dividirían entre 37 del turno de mañana (el que cuenta con una mayor carga de trabajo), 34 en el de tarde y 12 en el de noche.

El Ministerio de Bustinduy, en todo caso, no da los deberes por terminados. Este martes, más de dos años después de aprobarse el Acuerdo de acreditación, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta la reforma de la Ley de Dependencia que pretende, sostienen desde el departamento de Derechos Sociales, seguir trasladando todo ese nuevo modelo de cuidados a la legislación.

La idea siempre pasa en todo por la desinstitucionalización de la dependencia, es decir, por fomentar una mayor atención al domicilio y por, siempre, escuchar las preferencias de la persona. No significa cerrar las residencias, sino transformar esos centros en geriátricos más pequeños, con una atención individualizada. Por eso aumentaron las ratios y disminuyeron las plazas.

Y por eso también han echado a rodar la reforma de la Ley de Dependencia que, defienden desde el Ministerio, actualiza las definiciones de servicios como la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio. Una vez se apruebe la norma, explican, el desarrollo reglamentario deberá ser nuevamente abordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo, alcanzar acuerdos. Y mejorar, en su caso, el Acuerdo de acreditación 2022. Pero será entonces, de nuevo, un debate con las autonomías. Y es probable que no todas, como ya ocurrió en su día, estén de acuerdo.

Hace justo un año desde que el término "disminuido" desapareció del artículo 49 de la Constitución para ser sustituido por el concepto "personas con discapacidad". Unos meses después, hace ahora siete, el Gobierno aprobó también lo que bautizó Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Fueron dos decisiones distintas que ya entonces, sin embargo, tenían mucho en común. Este martes, el Consejo de Ministros ha ido un paso más allá y ha aprobado en primera vuelta una reforma de la Ley de Discapacidad y otra de la Ley de Dependencia. El objetivo: apuntalar esos dos cambios. Y empezar a plasmar lo que significaron a través de la legislación.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya dijo el pasado 3 de diciembre que los nuevos textos estaban listos. Que respondían a un "compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y equitativa" y que tardarían poco en salir adelante. La reforma del artículo 49, defendió, fue un "gran hito de esta legislatura" porque "trajo dignidad y más derechos a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones del sector". Lo único que faltaba entonces era trasladar todo eso a la vida diaria de todas ellas. Y para eso se ha aprobado esta reforma.

En palabras del Ministerio, la modificación busca garantizar cuatro grandes pilares para las personas con discapacidad: fomentar su autonomía, su inclusión, la accesibilidad universal y, por último, una protección específica para mujeres y niñas. Y para hacerlo plantea varias líneas de actuación.

La primera busca agilizar toda los procesos administrativos. En otras palabras: disminuir la burocracia. ¿Cómo? Haciendo que cualquier dependiente —sea cual sea su grado reconocido— ya tenga un 33% de discapacidad a ojos de la administración. Es, digamos, una unificación de circuitos. No hará falta que cada caso se estudie dos veces —una para conseguir una prestación o servicio por dependencia y otra para ser reconocido como persona con discapacidad— con una será suficiente.

A ello va asociado, además, una mayor eficacia también a la hora de sancionar. En 2023 se modificó la Ley General de Discapacidad para prohibir los espectáculos de "bombero torero" en los que se usaba a personas con acondroplasia para la mofa pública. Muchos se suspendieron a raíz de aquello, pero otros sortearon la norma y continuaron. Fue el caso por ejemplo de Teruel, donde el año pasado volvió a celebrarse a pesar de que también el Defensor del Pueblo pidió expresamente la suspensión del evento por considerar una "burla". Ahora, la reforma calificará esos actos como "infracciones graves", y como tal se sancionarán con multas de entre 600.000 y un millón de euros que se destinarán "a programas de promoción de la accesibilidad universal".

Será esa la segunda diana de la reforma. En palabras del Ministerio, se busca hacer de la accesibilidad "un derecho esencial para que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad". Que puedan hacerlo, por ejemplo, en el terreno sanitario. Porque todo lo que engloba una consulta o una prueba diagnóstica, por ejemplo, está contemplado para personas sin discapacidad. Igual que ocurre en un museo. O en un edificio de la administración pública.

Lo que la ley busca en este sentido es una doble acción: que la persona que se encuentre con esas situaciones tenga un amparo jurídico que le permita reclamar y que la necesaria adaptación tenga una financiación suficiente por parte del Estado, que tendrá una hucha formada, en parte, por esas sanciones que mencionábamos.

No es únicamente algo que buscar en el ámbito público. La reforma de la Ley de Discapacidad también aborda una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas. En concreto, el departamento de Bustinduy propone eliminar los límites económicos de las intervenciones en las viviendas. Es decir, que por ejemplo los gastos comunes derivados de incluir una rampa en un portal que tan sólo contaba con escaleras puedan espaciarse más en el tiempo. Básicamente, además, porque hacer eso será obligatorio igual que lo es ahora cumplir con las medidas de seguridad. Si no, en cualquier caso, se habilitará también a los vecinos el acceso a la justicia para obligar a su comunidad a acometer las reformas necesarias.

Esta medida tiene una explicación muy clara. Y es que tanto esta legislación como la relativa a Dependencia buscan, con el nuevo marco que asume el Ministerio de Derechos Sociales, que se garantice la autonomía de las personas. Y que prevalezca, además, lo que ellos desean, que en la mayoría de las ocasiones es permanecer en su vivienda. Según los propios datos del titular del departamento, el 90% de las personas desean envejecer en su hogar. Por eso debe hacerse lo posible para que éste lo permita. "Se busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa", explica el Gobierno.

Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) citados por el departamento de Bustinduy, "alrededor de 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad".

Las mujeres y las niñas con discapacidad tendrán una protección especial con la nueva reforma. Por un lado, se garantizará su salud salud sexual y reproductiva y se regulará el "derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad". Dicho de otro modo: ni sufrirán ningún tipo de discriminación a la hora de, por ejemplo, fundar una familia.

No son pocos los datos que evidencian la doble discriminación que sufre una mujer cuando también tiene una discapacidad. Los últimos fueron presentados a finales de 2023 por la Fundación ONCE y revelaron que el porcentaje de mujeres que sufren violencia machista en España asciende del 32% al 40,4% cuando tienen una discapacidad.

El Ministerio insiste en que es esencial que se abandone el enfoque que hasta ahora ha pervivido de la discapacidad. Y por eso también apuntan a la necesidad de que la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, rompa también los sesgos que mantiene.

Pasa con el machismo y pasa con el racismo. La inteligencia artificial está entrenada con datos que, inevitablemente, contienen sesgos tradicionales. Por ejemplo, según una investigación española publicada en la revista Algorithms, los algoritmos identifican y clasifican mejor a los hombres. En concreto, a los hombres blancos. Y también asocian de forma estereotipada a la masculinidad con las ciencias, y a la feminidad con las artes. Pues lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Así que la reforma de la ley propone supervisar de qué manera son consideradas y representadas.

Todo forma parte de la misma idea: las personas con discapacidad no son "dsminuidos" o personas de segunda. Son, mantiene el espíritu de la ley, personas autónomas que tienen derechos.

El Ministerio de Derechos Sociales, en cualquier caso, también aboga por ese enfoque para las personas dependientes, consideradas ya con una discapacidad del 33% con la renovación de estas leyes. En línea con la Estrategia de desinstitucionalización aprobada el pasado verano, el departamento que dirige Bustinduy pretende para las personas mayores lo mismo que para aquellas que tienen una discapacidad: garantizar su envejecimiento y su vida digna en el hogar. O, al menos, en el entorno comunitario en el que ya vivían.

Para ello, como ya anunciaron, se despoja la centralidad que hasta ahora han tenido las residencias de mayores, un modelo puesto en evidencia con la pandemia de covid y, además, excesivamente costoso para la administración. En lugar de eso, se aboga por ejemplo por una ayuda a domicilio que vaya más allá del hogar, facilitando a los dependientes una ayuda para ir a la compra o al médico. Y también por hacer que estos servicios puedan darse en otro tipo de recursos como las viviendas colaborativas para personas mayores.

Para ellas, además, también se prevé la garantía de acceso a aquellos dispositivos que les permiten ser autónomos en su día a día, como por ejemplo un andador o una silla de ruedas, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal. También se contempla un servicio de asistencia personal orientado promover la vida independiente o proporcionar un plan de actividades siempre ligado a los deseos de la persona.

En cualquier caso, el Ministerio recuerda que este tipo de servicios ya lo contemplan las carteras de varias comunidades. Y que son ellas, precisamente, las que tendrán que decidir ahora si incluyen todo esto o no. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya han criticado además que la reforma no lleva aparejado un incremento presupuestario. Y lamentan por ello que pueda ocurrir, otra vez, que todo quede "en papel mojado".

La Seguridad Social ha abonado este martes la nómina de la pensiones de enero con la revalorización del 2,8% prevista en el decreto ley ómnibus que estuvo en vigor hasta el pasado miércoles, cuando decayó en el Congreso, con lo que la subida no se aplicará en la nómina de los próximos meses. En total se han abonado 10.294.786 pensiones a 9,3 millones de personas por un importe de 13.432,4 millones de euros, lo que supone un incremento del gasto del 6,17% respecto a la nómina de enero de 2023, según informa EFE.

A la revalorización con carácter general del 2,8% se suma la subida de entre el 6 y el 9% para las pensiones mínimas.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.823,6 millones de euros), seguidas por las de viudedad (2.190,6 millones), incapacidad permanente (1.204,7 millones), orfandad (177,5 millones) y prestaciones en favor de familiares (35,9 millones).

La pensión media de jubilación se situó en 1.497,95 euros, un 4,39% más que un año antes. La pensión media de jubilación para el régimen general, por su parte, se situó en 1.658,6 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos superó, por primera vez, los 1.000 euros mensuales (1.004,5). En cuanto a la pensión media de viudedad, alcanzó los 931,53 euros.

La cuantía de la pensión para las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en enero a 1.581,23 euros de media. Durante 2024 se registraron 368.065 nuevas altas en pensiones de jubilación, de que el 29,6% se corresponde con jubilaciones anticipadas (108.968). En este mismo período, el 9,3% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada (34.273 en total) frente al 4,8 % que suponían en 2019. La edad media de acceso a la jubilación es de 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4 años.

En enero, 930.707 pensiones sumaron el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 75,6 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado mayoritariamente por mujeres (826.951).

El déficit de plazas residenciales para personas mayores sigue aumentando y serían necesarias al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa y Grandes Dependientes, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales que ha recogido EFE.

En los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en ese periodo, explica el informe basado en datos del Imserso. A comienzo de 2024 había en España 395.065 plazas residenciales para mayores, 3.510 menos que el año anterior.

"Los datos recientemente publicados por Imserso indican un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura (porcentaje de plazas sobre mayores de 65 años), que es el más bajo desde 2010", señala a EFE el coordinador del estudio, Gustavo García. Según el análisis, serían necesarias 89.324 plazas residenciales para alcanzar las cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y Comunitat Valenciana, con 35.857 y 24.801 respectivamente; entre las dos suman más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras tanto, en seis comunidades hay un exceso de plazas respecto a su ratio de plazas por personas mayores de 65 años: Castilla y León 17.764, Castilla-La Mancha 7.072, Aragón 4.859, Extremadura 4.096, Asturias 1.237 y La Rioja 408.

El 69,6% de las plazas para mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Se incluyen dentro de financiación pública plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; las que menos son Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

La asociación lamenta que no se hayan dado "pasos decididos" en la aplicación de la estrategia del nuevo modelo de cuidados, reforzando los servicios de atención domiciliaria. Explica que la ayuda a domicilio se mantiene en 2023 prácticamente igual que el año anterior en una cobertura de 5,5%, sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia.

Además, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012.

"Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", concluye García.

7.382 personas más. Más del doble. En concreto, un incremento de un 141,4%. En tan sólo dos años, el número de dependientes que esperan para recibir el servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid se ha disparado, según los datos oficiales de su propio Gobierno recopilados mes a mes por la diputada socialista en la Asamblea regional Lorena Morales. Si el 31 de diciembre de 2022 había 5.221 personas en la lista, el pasado fin de año eran ya 12.603, unas cifras que adquieren relevancia si se compara con otras con las que comparten periodo. Entre 2023 y 2024 el Ejecutivo regional destinó más de medio millón de euros a tres campañas para publicitar, precisamente, su teleasistencia. 743.000 euros "para promocionar un servicio que muchas personas, a pesar de tener su dependencia reconocida, morirán esperando", lamenta Morales.

No es un servicio cualquiera. La pandemia desnudó las carencias que las residencias llevaban años sufriendo y provocó que nuestro país —y no sólo— se replanteara el modelo de atención a las personas mayores. Así se aprobó la Estrategia estatal de Desinstitucionalización, un plan que tiene un objetivo muy claro: promover que el envejecimiento se cuide en el propio hogar, no en centros sociosanitarios. Ya lo pedía así la Ley de Dependencia aprobada en 2006, que en su artículo 13 recogía que las prestaciones iban orientadas a "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Para eso está la teleasistencia, además de la ayuda a domicilio, dos servicios que, si los analizamos a nivel nacional, no han alcanzado, ni mucho menos, las cotas deseadas: tan sólo cubren al 10,2% y al 5,52% de los mayores de 65 años de nuestro país y en Madrid, además, no dejan de acumular esperas. Desde 2021, de forma imparable.

"Este es el Madrid de Ayuso, el de la falta de humanidad y el negocio", denuncia Morales. Según los datos que ha ido acumulando, las listas de espera de la ayuda a domicilio también han aumentado, aunque no de la misma forma que las de teleasistencia. En concreto, lo han hecho un 70%, incrementándose de 9.925 en 2022 a 16.885 en 2024. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya asegura estar trabajando en solucionar estos números que, según aseguraron a infoLibre, se explican por "el progresivo envejecimiento de la población" al que Madrid está respondiendo superando este año las 190.000 personas atendidas en el sistema de dependencia. En el de teleasistencia, especifican, atienden ya a más de 80.000 usuarios, 9.282 más que en diciembre de 2023.

Sin embargo, la oposición no se detiene en estos números, sino en los que muestran todas aquellas personas que siguen esperando. Y que se explican, dicen, por la falta de inversión.

Se puede comprobar en los presupuestos autonómicos. Los últimos, aprobados el pasado mes de diciembre gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, contemplan una inversión para 2025 de 74,4 millones para estos dos servicios —58,6 para ayuda a domicilio y 15,7 para teleasistencia—, una cifra que hace un año era de 87,9 millones —71,2 para ayuda a domicilio y 16,7 para teleasistencia.

Mientras tanto, denuncia la oposición, el Ejecutivo conservador de Ayuso ha destinado 743.178,45 euros a tres campañas publicitarias para promocionar este último servicio (144.333 una, 424.846 otra y 173.998 la última). El PSOE ya ha solicitado toda la documentación vinculada a ellas, pero cuando solicitó el listado de todas las llevadas a cabo por la Consejería de Ana Dávila durante 2021, 2022 y 2023 las peticiones fueron sistemáticamente rechazadas. "Mucho nos tememos que Ayuso hace caja con lo que debería ir para atender como merecen en sus hogares a las personas mayores", denuncia Morales.

En cualquier caso, y según la información oficial recogida por la socialista, esa cantidad se destinó a promocionar, en concreto, lo que la Comunidad ha denominado "teleasistencia avanzada", una mejora del servicio que iba a estar funcionando ya en 2024 y que según los últimos datos del pasado mes de noviembre ha alcanzado al 75% de los usuarios. Según informan desde la Consejería, esa cantidad ha ido destinada, en concreto, "a poner en conocimiento de los madrileños el nuevo servicio, facilitar información acerca de su tramitación y mostrar las alternativas de atención que se contemplan con la teleasistencia avanzada, tanto por los avances tecnológicos como por la incorporación de profesionales sociosanitarios".

Costará un total 82,4 millones de euros, pero a cargo de los fondos europeos. "Ellos no van a hacer ningún esfuerzo para mejorar el servicio", lamenta Morales.

Porque la región tiene además otra fuente de financiación: la del Gobierno central. En 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 entonces dirigido por el vicepresidente Pablo Iglesias aprobó un Plan de Choque para reducir precisamente las listas de espera y mejorar la calidad de la atención, además de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Bajo esa premisa todas las comunidades reciben una cantidad. Y Madrid es la tercera que más ingresa. En 2024, 102,6 millones, el 13% del total sólo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Las malas cifras, en cualquier caso, no son únicas de la Comunidad presidida por Ayuso. Todas, según han denunciado en repetidas ocasiones desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, han disminuido su inversión en dependencia desde que la Administración General del Estado ha revertido los recortes de la época de la crisis con su Plan de Choque. Los últimos datos de los profesionales del sector, en este sentido, sitúan en un 49,6% la aportación autonómica a la dependencia, un porcentaje que en 2020 llegó a ser del 64%.

Se sabe cuántas son cada año, si fueron más hombres o más mujeres, qué edad tenían, dónde vivían y por qué causa fallecieron. Las estadísticas que publica el INE dibujan periódicamente un mapa detallado de cómo es la mortalidad en nuestro país. Paralelamente, y con un poquito más de retraso, el Ministerio de Sanidad elabora un informe que analiza los patrones de las defunciones que ha habido en todo el periodo de un año. Se ve si aumentan, si descienden. Y también se dan algunas pistas de por qué lo hacen. El último se publicó este mes de diciembre y concluyó que en 2022 se incrementó el número de muertes, sobre todo, por dos factores: por el calor y por la epidemia de gripe. Fueron los mayores de 85 años los principales perjudicados. Ahora bien, ¿cuántos de ellos vivían en residencias? Ahí las estadísticas no dan respuesta. Ninguna. El dato, simplemente, no existe.

Pero volvamos al primero. Hace dos años, los fallecimientos de mayores de 85 años supusieron el 48,6% del total, según se desprende del documento de Sanidad. Fueron prácticamente la mitad. Avancemos ahora un año. Y hagámoslo con las cifras del INE, que da la posibilidad de ampliar la horquilla y ver las defunciones de los ancianos de más de 80. Ahí la cosa cambia y el porcentaje se eleva mucho más. En concreto, hasta el 61%. La cifra es elevada, pero no por ello sorprendente o negativa. "Que los fallecimientos que hay en España se concentren en las personas más mayores significa que algo estaremos haciendo bien", señala Hicham Achebak, investigador postdoctoral del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Ahora bien, eso es una mera lectura preliminar. Tras ella llega la pregunta: ¿Puede reducirse esa mortalidad? ¿Hasta qué punto? Ahí ya no sirve sólo con saber quién muere y de qué, sino dónde y cómo lo hacen.

Eso es más complicado. Se desconoce cuántos mayores de 80 años viven en geriátricos, a pesar de que la población de esta edad supone el 77,8% de los residentes en estos centros. No se empadronan cuando ingresan. Y el DNI, a partir de los 70, es permanente. Es decir, que no hace falta renovarlo ni tampoco actualizarlo. De este modo, los certificados de defunción difícilmente reflejan en algún momento la dirección de una residencia. Ahí está el primer fallo. Es imposible saber, en síntesis, cuántos residentes fallecen.

No ocurre en todos los países. Como explica la doctora en epidemiología por la Universidad de California, María Victoria Zunzunegui, otros países de nuestro entorno como Francia y Reino Unido, que sí analizan estos datos, establecen que entre un 22% y un 25% de las defunciones anuales ocurren entre mayores residentes de geriátricos. Si trasladáramos ese porcentaje a nuestro país, continúa, habría alrededor de 100.000 ancianos de residencias fallecidos cada año. En el propio centro o en el hospital. "Pero no lo sabemos con exactatitud", lamenta.

Lo denunció ella misma en un artículo publicado en la revista Gaceta sanitaria en 2022 en el que criticaba esta "situación anómala". "No es posible conocer el número de muertes de las personas que viven en residencias dado el bajo porcentaje de defunciones ocurridas en las residencias con un certificado de defunción en el que figura la residencia como domicilio habitual. Tampoco es posible saber cuántas personas procedentes de una residencia fallecen en el hospital después de su ingreso", señalaba en el documento.

El epidemiólogo Fernando García López lo firmó con ella —y también junto a Vicente Rodríguez, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento— y reclama soluciones. "Debería modificarse el formulario con el que se rellenan las defunciones y que se concrete también si la persona estaba o no institucionalizada", señala. Si no, dice Achebak, otra opción es que el empadronamiento en el centro sociosanitario sea una condición sine qua non para ser ingresado. Fórmulas hay, aseguran todos las voces expertas consultadas.

La advertencia no radica en ningún caso en un mero deseo de conocimiento. A él se suma la necesidad de responder a la pregunta que se formula Achebak: ¿hay mortalidad evitable? ¿Cuánta y cómo puede actuarse sobre ella? García López es muy claro. "Todo aquello que no se mide no existe. Por eso si no medimos los fallecidos en las residencias es imposible que veamos la magnitud de este dato", señala. Y que detectemos posibles o potenciales problemas.

Volvamos a lo que sí sabemos. El incremento de la mortalidad del año 2022, según Sanidad, se debió fundamentalmente a la ola de gripe y al calor. Ese año hubo 9.799 defunciones por neumonía e influenza. De ellas, el 63,5% ocurrieron en mayores de 85 años. En cuanto a lo segundo, continúa el documento, se sabe que "las olas de calor empeoran el pronóstico de muchos pacientes que presentan enfermedades crónicas, sobre todo en personas mayores". Por eso se puede concluir que "las olas de calor ocurridas durante el verano contribuyeron al aumento de las tasas de mortalidad por otras causas de muerte" como, por ejemplo, Alzheimer, diabetes mellitus y septicemia. En concreto, el número de defunciones por estas causas subió respectivamente un 28%, un 24% y otro 28% entre 2021 y 2022.

Los datos del INE también llegan a conclusiones similares. A lo largo de todo 2023 hubo 11.880 fallecimientos por neumonía e influenza, de las cuales el 76% se concentró en ancianos mayores de 80 años. En el mismo periodo murieron 79.887 personas de esas edad por problemas circulatorios. Y 10.215 por enfermedades infecciosas. Y 11.131 por Alzheimer. Destaca esas causas Zunzunegui y no por casualidad, sino porque el calor, señala, también empeora esas dolencias. En términos relativos, las circulatorias supusieron el 30% de todas las muertes de mayores, las infecciosas el 3,8% y el Alzheimer el 4,2%. No puede decirse no obstante, completa la experta, que todas ellas sean o evitables o prevenibles, pero tampoco lo contrario. Porque faltan datos.

Si los hubiese podría actuarse sobre ese porcentaje que sí es evitable o prevenible. Por ejemplo, si en los meses de julio y agosto se detecta un pico de fallecimientos en residencias por enfermedades circulatorias, o entre diciembre y enero otro por neumonía o influenza, podría deducirse que no hay una adecuada climatización de los centros. Así lo señala Achebak. "Tener esos datos podría revelar que no hay una infraestructura física adecuada o que en periodo vacacional la cantidad de personal disponible en esos centros no es el suficiente", explica. Dicho de otro modo: los datos de mortalidad, de existir, no sólo revelarían cuántas muertes hay, cuándo y por qué, sino cómo es la calidad de vida en estos centros. Tanto públicos como privados.

¿Hay muchas muertes por infecciones? ¿Hay otras tantas por caídas? Tener respuesta daría margen para la actuación. "La opacidad" por el contrario, "impide que haya rendición de cuentas", sentencia Zunzunegui.

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,8% en 2025, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (2,4%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene. Esta es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como recoge en el último bloque de la reforma de las pensiones consultado por EFE.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.481 euros mensuales en 2025, lo que supone un incremento anual de 565 euros o de 41 euros mensuales. Este aumento beneficia a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre. Por ello, la cifra se confirmará el 13 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en una nota que esta medida "es una garantía de tranquilidad" y ha defendido que la subida de la pensión es "justicia social".

La reforma también estableció que la cuantía máxima de la pensión inicial contributiva se actualizará cada año de acuerdo con la inflación con un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. Esto hace que la máxima suba el año que viene el 2,91%, hasta superar los 3.267 euros mensuales.

Hasta 2011, año en que se congelaron todas las pensiones menos las mínimas y no contributivas, las pensiones se revalorizaban cada año conforme a la inflación prevista y luego se abonaba una paga compensatoria si el índice de precios de consumo (IPC) de noviembre era mayor a la subida fijada. En 2013 se estableció un mecanismo de revalorización ligado a la situación financiera de la Seguridad Social, que establecía una subida mínima del 0,25% mientras estuviera en déficit.

Cinco años después, en 2018, se derogó de facto ese mecanismo con la recuperación de la denominada "paguilla" que se calculó con la media de las tasas interanuales del IPC de los últimos doce meses, en lugar de con el IPC de noviembre como era tradicional.

La fórmula se recuperó legalmente en la reforma de las pensiones de 2021, después de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recomendara volver a ligar las pensiones al IPC.

La llegada de la crisis del coronavirus a las residencias madrileñas supuso, a su vez, la paralización del servicio sancionador de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Según su propia documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tan sólo impuso 16 sanciones a centros de mayores durante todo el año 2020, pero hay más letra pequeña: ninguna de ellas castigó algo sucedido más allá del 5 de marzo. Dicho de otro modo: el Ejecutivo regional no apreció ningún hecho sancionable durante los primeros meses de pandemia. Y si lo hizo, no lo multó. Desde ese 5 de marzo hasta 2021.

"Madrid encabezó durante todo 2020 los datos de contagios, pero parece que la Comunidad no se quiso enterar de lo que estaba pasando. Todo se resume en una especie de 'aquí no ha pasado nada", lamenta la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales. "Primero abandonó a las residencias a su suerte y luego ni siquiera las supervisó", añade. Fue ella la que consiguió consultar esta información después de meses de espera. Y la que la recopiló, bolígrafo y libreta en mano, de los documentos oficiales del Ejecutivo regional.

Sus fuentes en la Consejería de Familia, en cambio, defienden su actuación. Y explican que si eso ocurrió fue porque "la declaración del estado de alarma restringió la movilidad de todas las personas a excepción de personal de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal sanitario y servicios esenciales, lo que conllevó a la anulación de todas las visitas presenciales", como también publicó infoLibre hace unos meses.

En concreto fue precisamente desde ese 5 de marzo y hasta el 15 de abril, según también un documento oficial de la Comunidad. Es decir: en plena primera ola, el llamado Control de calidad, inspección, registro y autorizaciones (CIRA) no visitó ni uno solo de los 475 geriátricos madrileños. Según aseguran ahora las mismas fuentes, "en esa situación de crisis sanitaria, con un riesgo elevado de contagio para los usuarios de las residencias, que motivó la suspensión del régimen de visitas, se decidió centrar las actuaciones de inspección en labores de asesoramiento, seguimiento y comunicación permanente con los centros para facilitar la coordinación y respuesta a las necesidades de cada momento".

Según añaden, las "actuaciones habituales de inspección" se retomaron el 13 de junio. Pero tampoco hubo sanciones desde ese día hasta 2021. ¿Por qué? La Consejería no lo explica.

Esto supone que, obviamente, ninguna de las sanciones impuestas en 2020 haga mención a un virus que en enero, febrero y marzo era algo todavía lejano. La última sanción impuesta en 2020 a un geriátrico de la Comunidad de Madrid fue por la situación que se encontró en la residencia Ballesol Majadahonda en la inspección realizada el 5 de marzo de 2020. En concreto por administrar insulina caducada desde hacía un mes a una usuaria, un hecho que le costó al centro 6.001 euros reducibles a 3.600,60. Sólo hubo una sanción más ese mismo mes. La destinataria, la Residencia Los Nogales del Paseo Imperial, multada con el mismo importe.

El resto de las sanciones se remontan, siempre según la información extraída por Morales de los documentos oficiales, a lo observado en el mes de enero y de febrero de ese año. En el primero hubo tres inspecciones objeto de sanción —una en el Ensanche de Vallecas, otra en Sanitas La Florida y otra en Nuevo Día—; en el segundo, diez. Y una especialmente grave cuya multa no se firmó hasta meses después.

Fue por lo que se encontraron los inspectores el 6 de febrero en el centro gestionado por Hestia en Colmenar Viejo. Superaba la capacidad permitida, una habitación había sido convertida en despacho, no tenía contratado personal cualificado para programar las actividades dedicadas a los mayores, la medicación estaba almacenada en el pasillo sin ningún tipo de seguridad, había residentes con sujeciones sin prescripción médica, el salón tenía humedades y persianas rotas y los residentes estaban solos.

Todo le costó al centro 78.005 euros, pero no sólo eso. A Hestia se le prohibió prestar servicios sociales durante una década, al director se le inhabilitó durante cinco años y se revocó la autorización administrativa de la residencia. Nada de esto sin embargo fue efectivo hasta el 14 de septiembre, pasado lo peor de la pandemia.

En cualquier caso, ¿qué pasaba en las residencias cuando ya no había sanciones? Como confirma la Consejería y ha podido comprobar infoLibre, sí que hubo servicios de inspección oficiales de la Comunidad de Madrid que visitaron los centros de mayores una vez superada la primera ola de la pandemia, durante la que fallecieron 9.470 mayores, 7.291 de los cuales lo hicieron sin ser trasladados a los hospitales en cumplimiento de los Protocolos de la Vergüenza. En las actas que levantaron después, además, se ve que muchas "no hacían las cosas bien", critica Morales. En muchos casos no por dejadez, sino por imposibilidad. "Muchas registraban sobreocupación y otras ni siquiera una sectorización, pero a pesar de ello la Comunidad no cumplió con su obligación de vigilar", lamenta la diputada.

También lo ha podido comprobar después de meses de espera. Por ejemplo, en la inspección realizada el 15 de junio en Orpea Buenavista se dejó constancia que hasta la fecha habían fallecido 71 residentes, el 36% del total de las 196 plazas disponibles en el geriátrico, que se encontraba sin sectorizar, con cuatro trabajadores en su domicilio esperando una prueba PCR y otros tantos con un positivo confirmado.

El mismo día también se visitó la Residencia Santísima Virgen, perteneciente a la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, que fue intervenida en plena pandemia y que en la fecha de la visita no contaba con personal suficiente con la titulación necesaria ni con la atención especializada pautada. Además, en el geriátrico había una usuaria sin la oxigenoterapia pautada y sin los registros de cambios posturales cumplimentados.

En otras tantas se requirieron cosas similares. En Masam Guadarrama también se reclamó "atención pautada y especializada" y una "mejora en la cumplimentación de los registros", además de "mantenimiento y conservación de las instalaciones" o una "mejora en la lencería". Poco se pedía en relación al covid. "Cuando leí las actas me di cuenta de que las inspecciones se seguían realizando igual que en 2019. No parecía que hubiera pandemia", lamenta Morales, que extrajo de otra documentación oficial que sólo en agosto de 2020 había hasta 276 positivos en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. "¿Por qué no cruzaron los datos de sanciones con sus propias inspecciones o cifras?", se pregunta la socialista.

Muy distinto fue en cambio lo que otras organizaciones y organismos registraron en las actas de sus visitas. En las de los Bomberos a las que ha accedido infoLibre se evidenció por ejemplo que en varios centros de mayores había cadáveres que llevaban días a la espera de ser recogidos por los servicios funerarios. Pasaba por ejemplo en Vitalia Las Rozas (donde había dos cuerpos, uno desde hacía tres días), en Sanitas Residencial Getafe (donde se encontró otro), en Vitalia Parla o en Orpea San Fernando de Henares (donde eran cinco los cuerpos pendientes de recogida).

Observaron igualmente que la mayor parte del personal no tenía formación suficiente. Y que actuaba como podía. También sin el material de protección necesario. "Necesitan material", es la frase más empleada en casi todas las visitas a las residencias.

En las que realizó Médicos Sin Fronteras, por su parte, la idea más repetida hace alusión, precisamente, a esos Protocolos que impidieron los traslados a centros sanitarios. "Respecto a las derivaciones al hospital, los no referidos es porque no tenían criterio de derivación en el hospital", recogió la organización en la Residencia de Arganda del Rey. "Hasta la fecha no estaban aceptando derivaciones al hospital de referencia", plasmaron tras visitar Antares, el 11 de abril.