El modelo de residencias de la Xunta: Amancio Ortega las construye y Alfonso Rueda privatiza su gestión

La promesa que hizo el entonces presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en febrero de 2017 de construir siete nuevas residencias públicas de mayores en las siete ciudades gallegas ha cambiado mucho durante todo este tiempo. Los edificios no los construye el propio Gobierno autonómico sino la Fundación Amancio Ortega, que los dona después a la Xunta, que se encarga de ponerlos en funcionamiento. Pero en lugar de hacerlo con personal público, como ocurre con otras residencias de mayores públicas, se está privatizando su gestión . 

En el caso de las dos primeras residencias, las de Santiago y Lugo, la Consellería de Política Social decidió convocar concursos limitados a entidades privadas de iniciativa social, y acabó siendo ganadora la polémica Fundación Fesan. Pero con la tercera residencia que recibe, la de Pontevedra, la Xunta ha abierto el concurso a cualquier empresa privada con ánimo de lucro, a la que está dispuesta a pagar hasta medio millón de euros más al año que en los centros de Santiago y Lugo. Además, el centro no comenzará a funcionar hasta al menos medio año después de recibirlo finalizado de la Fundación Amancio Ortega, un retraso que ya se registró con los otros dos centros ya que la Xunta tardó un año en tener "a pleno rendimiento".

En el caso de las residencias recibidas de Amancio Ortega en Santiago y Lugo, la Xunta consideró "conveniente reservar este contrato a entidades de iniciativa social" que reinvirtiesen los beneficios en su objeto social o cuya titularidad contase con la participación activa de trabajadores o usuarios. Es decir, el concurso público para la gestión de los centros quedó limitado a fundaciones o cooperativas, lo que provocó que los dos centros acabaran en manos de la Fundación Fesan, que consiguió los contratos gracias a reducir el coste de las plazas en un 12%.

Pero en el nuevo concurso que acaba de convocarse para privatizar la gestión de la tercera residencia recibida de Amancio Ortega, la de A Eiriña, en Pontevedra, con las mismas 120 plazas que los dos centros anteriores, la Xunta abre ahora el contrato a cualquier empresa, sin más justificación que comprobar la posibilidad legal de que pueda hacerlo. Lo hace además incrementando los importes económicos estimados del contrato.

En Lugo y Santiago, la Xunta convocó contratos por dos años, prorrogables uno más, mientras que en Pontevedra es por dos, prorrogables por otros tres más. Teniendo en cuenta que en todos los casos la Xunta contempla la posibilidad de modificaciones contractuales de hasta el 20%, el Gobierno gallego está dispuesto a pagar hasta 18,4 millones de euros en Pontevedra por un contrato de cinco años, frente a los 9,4 millones que estaba dispuesto a abonar por tres años por cada una de las residencias de Santiago y Lugo. Es decir, el concurso en Pontevedra contempla hasta medio millón más al año.

En todos los casos, tanto en las dos residencias anteriores como en esta tercera, la Xunta contempla un beneficio económico para el adjudicatario del 5%, lo que en el caso del centro pontevedrés supondría, según el propio pliego de condiciones, alrededor de 300.000 euros en los dos años iniciales de contrato.

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Al igual que en los dos concursos anteriores, también en el caso de la residencia de Pontevedra, la Xunta se limita a exigir como requisitos de personal que la empresa cumpla los ratios mínimos contemplados en la normativa gallega de 1996, dejando en manos de las empresas la posibilidad de mejorar sus ofertas. 

Por otra parte, la residencia de Pontevedra fue entregada por la Fundación Amancio Ortega el pasado 30 de octubre en un acto al que asistió el presidente Alfonso Rueda. Sin embargo, no fue hasta este viernes 7 de febrero cuando la Consellería de Política Social convocó al concurso para su gestión, en el que señaló como fecha estimada de apertura del centro el 1 de mayo, seis meses después de recibirlo. En el caso de la residencia de Santiago, el propio departamento admitió que tardó un año en tener el centro "a pleno rendimiento", tras recibirlo el 24 de octubre de 2023. Medio año después de ese acontecimiento publicitado también por el presidente Rueda, el centro seguía cerrado y la Xunta aún no había formalizado el contrato para su gestión con la Fundación Fesan.

El pasado mes de septiembre, en su informe anual, la Valedora do Pobo [equivalente al Defensor del Pueblo estatal] volvió a criticar el retraso de "años" para que una persona con dependencia y con derecho reconocido a una plaza en una residencia pública o concertada acabe ocupando efectivamente esa plaza. La Xunta respondió que ya se estaba trabajando para ampliar la oferta gracias a las residencias donadas por Amancio Ortega, pero la Valedora replicó que "cuando esas plazas estén en funcionamiento todavía serán insuficientes para atender a las personas con gran dependencia".