El proyecto ha recibido el nombre de “Astrée”. Según la información de Mediapart, la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos (DLPAJ) y la Dirección de Transformación Digital (DTNUM), dependientes del Ministerio del Interior, están desarrollando una herramienta destinada a gestionar los contenciosos relacionados con los extranjeros mediante inteligencia artificial generativa (IA).

“Se trata de un proyecto de inteligencia artificial de asistencia en la tramitación de solicitudes”, se lee en un documento al que Mediapart ha tenido acceso, en el que se señala la “necesidad” de una herramienta de este tipo ante el aumento de reclamaciones, “centrándose en los contenciosos masivos fácilmente automatizables”. Una primera fase de desarrollo de la herramienta se centró inicialmente en las infracciones de tráfico.

Los contenciosos relacionados con los extranjeros, que abarcan todos los procedimientos iniciados ante los tribunales para impugnar decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior (por ejemplo, una medida de expulsión como una OQTF, obligación de abandonar el territorio francés, o la denegación de la expedición de un permiso de residencia), se identifica así como un contencioso masivo, con un aumento observado del 33 % en cuatro años; representa, por tanto, el 91 % de los contenciosos del ministerio.

En 2022, Gérald Darmanin, que entonces era ministro del Interior, se quejó de las diferentes vías de recurso ofrecidas a los extranjeros, considerando que era necesario reducir su número (mencionó doce procedimientos) y los plazos. Su deseo fue recogido en la ley de inmigración aprobada a finales de 2023, y posteriormente en un decreto y en una circular de julio de 2024, con el objetivo de simplificar este contencioso reduciendo a tres el número de procedimientos.

Se han seleccionado tres prefecturas para la prueba piloto: la de Seine-Saint-Denis, donde hay más contenciosos, la de Bouches-du-Rhône, donde se ha puesto en marcha una iniciativa de “simplificación del itinerario del extranjero”, y la de Ille-et-Vilaine, “voluntaria” en este ámbito. Se han elegido otras dos prefecturas como opción: París y la Guayana, “debido a las particularidades de los territorios de ultramar”.

Para el Ministerio del Interior, el objetivo es identificar las necesidades y responder a ellas con la IA, en particular en lo que respecta a los recursos relacionados con la expulsión (ya se trate de órdenes de salida del territorio o de retención administrativa), que son objeto de una “atención especial” tanto por su aumento como por una “voluntad política”. La fase de preparación para la implantación de esta nueva herramienta comenzó en el verano de 2025 y se prolongará a lo largo de 2026, antes de su aplicación efectiva a finales de 2026 o principios de 2027.

“Los contenciosos masivos generan un importante flujo de solicitudes en los servicios jurídicos del Ministerio del Interior”, algunas de las cuales son “repetitivas y estereotipadas” y “pueden poner a los servicios en dificultades”, según se lee en un intercambio de correos electrónicos para justificar el futuro uso de la IA. “Los servicios ya no tienen tiempo para ver las cosas en perspectiva respecto a su actividad global y desarrollar una visión estratégica.”

Astrée tiene como objetivo extraer datos personales y administrativos o proponer la redacción de un escrito de defensa, para descargar a los funcionarios de la prefectura y, en última instancia, facilitar la expulsión de los extranjeros. La herramienta podría integrarse así en diferentes fases de un procedimiento.

Pero, ¿serán al menos informadas las diferentes partes implicadas, tribunales, abogados y usuarios extranjeros? “Se trata de cuestiones humanas que, a la larga, serán tratadas por la IA. Es un poco aterrador”, dice indignada una fuente del Ministerio del Interior. Esto plantea “cuestiones de orden democrático”: en lugar de reforzar el rigor del derecho y cambiar de paradigma en materia de inmigración, “se quiere imponer lo que se considera un avance técnico a la gente sin que esta tenga siquiera voz ni voto”, opina la misma fuente. “Existe la voluntad de demostrar que se está resolviendo el problema de los contenciosos masivos, pero esto, por el contrario, puede llegar a generar otros problemas”.

Esta fuente, que afirma haber observado a los sucesivos ministros del Interior en su búsqueda de “cifras en detrimento del trato humano”, se pregunta por la pertinencia de “imponer OQTF de forma sistemática sin estudiar seriamente la solicitud de las personas” o de emitir OQTF por amenaza al orden público por motivos “más o menos ridículos”. Ante esta lacra que pone vidas en suspenso, ¿cómo sorprende que miles de OQTF sean impugnadas ante los tribunales? “Y aquí solo hablamos de los contenciosos relacionados con la expulsión”, señala, evocando un inevitable efecto boomerang y un “contencioso completamente desquiciado, tanto en número como en complejidad”.

Por otra parte, subraya, la creciente complejidad del derecho, propiciada por las sucesivas leyes de inmigración, pero también por los decretos o las instrucciones ministeriales, “crea un caldo de cultivo propicio para el caos total”. “Algunas prefecturas cometen errores o no respetan la ley, bien porque ya no entienden nada de los procedimientos o porque se aprovechan para servir a una agenda política de extrema derecha”, lamenta, recordando que el exministro del Interior, Bruno Retailleau, había afirmado alto y claro que el Estado de derecho “no era intocable”.

El uso de la IA es “preocupante”, opina un funcionario de la administración aconstrumbrado a este tipo de litigios, sobre todo si se “utiliza mal” o es “fuente de errores”. No obstante, matiza: si el escrito de contestación de una prefectura está mal redactado o contiene errores, “los magistrados y abogados se darán cuenta rápidamente y eso podrá servir en defensa del extranjero”. El riesgo es mayor si la IA se utiliza “en el momento de dictar medidas de expulsión o medidas de ejecución, como el arresto domiciliario o el internamiento, ya que esto tendrá consecuencias importantes para el extranjero”, advierte.

Aunque esta fuente bien informada reconoce la problemática de un contencioso “masivo” y habla de agentes obligados a trabajar en “plazos muy ajustados”, el problema lo ve en otra parte: las medidas, adoptadas “en cadena”, son “quizás en parte infundadas o ilegales desde el principio, porque se aplica una política de cifras en cuanto a las medidas dictadas, y porque hay que tomarlas a toda costa incluso cuando la situación no lo permite”. Aun a riesgo de “depender por completo” de la justicia, con la esperanza de que esta censure lo que sea ilegal o resuelva situaciones de bloqueo relacionadas con la administración digital. Dicho esto, “Laurent Nuñez es más sensible a las cuestiones relacionadas con el derecho de residencia y las violaciones de derechos, lo cual es positivo”.

Mediapart ya ha documentado cómo la digitalización de los trámites y los fallos que de ella se derivan, pero también la emisión indiscriminada de OQTF, obligan a los usuarios extranjeros a recurrir a la justicia. “Nos pasamos el tiempo presentando recursos”, se lamenta Laurent Charles, abogado especializado en derecho de extranjería en París. “Se han vuelto necesarios aunque solo sea para conseguir una cita en la prefectura”.

El abogado describe un sistema que ya no se basa en la igualdad de acceso a los servicios públicos, sino en lógicas de “red” y de medios financieros, pues la justicia tiene un coste. “No sería de extrañar que las prefecturas utilizaran la IA para gestionar los recursos de los extranjeros, que se han disparado, porque, de lo contrario, el sistema no funciona”, explica, denunciando un círculo vicioso.

“Como de costumbre, los extranjeros son conejillos de indias”, lamenta Stéphane Maugendre, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. “El Estado se ha inventado totalmente la crisis. Sería la solución milagrosa ante un contencioso masivo, pero ¿por qué existe?”, se pregunta el jurista, subrayando que no hay suficiente personal en las prefecturas y que existe una sospecha generalizada hacia los extranjeros, “a quienes se les expiden permisos de un año o resguardos de seis meses”.

Pone como ejemplo reciente el de una clienta que no conseguía renovar su permiso de residencia y que solo recibía respuestas automáticas, “quizás de la IA, por cierto”, a través de la Administración digital para extranjeros en Francia. “En cuanto se acudió al tribunal, su expediente pasó al servicio de contenciosos de la prefectura y por fin obtuvimos una respuesta”.

Stéphane Maugendre ve en ello un peligro, sobre todo en un litigio tan “humano”: “Tratan a las personas extranjeras como expedientes en papel, lo están haciendo todo mal. A veces utilizo la IA y veo sus límites. Creo que eso multiplicará los recursos, porque habrá errores”. Los documentos de un expediente de recurso deben ser analizados por un ser humano, afirma. La IA nunca podrá “captar las pequeñas diferencias” de cada caso.

En un número de la revista Plein droit de marzo de 2023, titulado "Étrangers mal jugés" (extranjeros mal juzgados), el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) subraya hasta qué punto esta saturación de los tribunales es el «resultado de decisiones políticas». El proyecto Astrée y la voluntad de utilizar la inteligencia artificial para responder a esta problemática demuestran que esta orientación no ha cambiado.

Cada año, el Consejo de Estado da a conocer las cifras de la justicia administrativa correspondientes al año anterior. En ellas figura un desglose de los asuntos registrados por ámbito de contencioso. La proporción de los de extranjería, que abarca cuestiones relacionadas con los permisos y visados de residencia, los permisos de trabajo o las expulsiones, es cada vez mayor. En 2025, representaba el 55 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos de apelación y el 46 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos; muy por delante de los demás temas, que no superaban el 10 %.

El número de asuntos juzgados por los tribunales administrativos se disparó un 11,3 % con respecto a 2024, alcanzando los 283.136 asuntos. De ellos, 62.249 se juzgaron como “procedimiento de urgencia”. Muchos recursos se interponen precisamente con carácter de urgencia (porque de ello depende el curso de una vida) a raíz de una denegación denominada “implícita” de la prefectura respecto a la solicitud de un permiso de residencia o su renovación, o para impugnar una orden de salida del territorio, a menudo dictada paralelamente a una decisión de denegación tras una solicitud de permiso de residencia.

Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Estos días asistimos a un ruido ensordecedor liderado por la versión más ultra de Feijóo, que ha decidido desempolvar el discurso del miedo con el objetivo de satisfacer a sus socios de Vox. Dice Feijóo que la regularización de personas migrantes nos traerá delincuentes. Miente, y lo sabe. Sabe que esta regularización es extremadamente garantista con los temas de seguridad. También sabe que fue el PP de Rajoy quien hizo una regularización premium con las Golden Visa para traer aquí a todo tipo de delincuentes poniéndoles la alfombra roja. Así que Feijóo no tiene un problema con la inseguridad, sino con que el orden democrático empiece a aplicarse también a quienes no tienen una cuenta corriente con seis ceros.

Hablemos de seguridad real. El proceso de regularización actual —fruto de una ejemplar Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas— no regala nada. Exige. Los solicitantes pasan por un triple filtro que ya quisiera para sí cualquier consejo de administración: certificado de penales de su país, certificado de ausencia de delitos en España e informe policial. Cualquier mancha, cualquier detención, les deja fuera. A quien viene a trabajar y a convivir, no a especular, el Estado le mira con una lupa que roza la obsesión. Y, a la vez, le ofrece también seguridad, la de que no le podrán explotar laboralmente, ni excluir de sus derechos fundamentales.

Qué diferencia con el "modelo Rajoy" de las Golden Visa. Aquello sí que fue una barra libre de inseguridad. Mientras ahora se fiscaliza hasta el último papel de los vecinos y vecinas que harán cuantiosas contribuciones fiscales para financiar el bienestar común, el PP aprobó una regularización VIP para extranjeros ricos a cambio de especular con la vivienda y, además, les regaló rebajas de impuestos como la que hizo Ayuso con la ley Mbappé. Se puso en marcha con las Golden Visa un modelo que ha sido un coladero de manual por cuatro razones que conviene no olvidar:

No se investigaba el origen del dinero. Daba igual si los fondos venían de la corrupción o del crimen organizado; si traías el fajo, tenías el permiso y el fajo quedaba lavado. Un verdadero colador de delincuencia del que nunca dijo nada Feijóo. Se concedieron visados masivamente por la compra de casas, disparando los precios primero en barrios ricos y, por efecto dominó, asfixiando el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras. Pero si hablamos de delincuencia y seguridad, frente al control exhaustivo del migrante trabajador, al rico solo se le pedía un cheque. Si un delincuente compraba un piso a nombre de su hija de 18 años sin antecedentes, después toda la familia entraba en España sin más comprobaciones. Una alfombra roja que se podía comprar. Pero además, las Golden Visa disfrutaban de un silencio administrativo positivo del que no gozará jamás una trabajadora migrante. Si la administración no respondía, el rico ganaba. Para el resto, el silencio sigue siendo un muro.

Regularizar no es un acto de caridad, es poner orden desde las instituciones para defender a los débiles frente a los fuertes. Es garantizar un proceso ordenado de migraciones, es garantizar la seguridad de todos, también de las trabajadoras migrantes. Es sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas para que se incorporen plenamente a la ciudadanía: que paguen impuestos, que escolaricen a sus hijos, que coticen para las pensiones y que dejen de ser vulnerables ante la explotación laboral. Es sacar a miles de niños y niñas de la pobreza y de la marginalidad.

Esta regularización es la victoria de una sociedad civil decente que se ha negado a mirar hacia otro lado. Es una regularización que se ha promovido desde la ciudadanía masivamente, desde la Iglesia, desde el sector empresarial. Es el triunfo del sentido común frente a la xenofobia y el racismo. Mientras unos prefieren importar fortunas opacas que encarecen nuestras casas, otros apostamos por dar derechos a quienes ya construyen nuestro país día a día. Eso es, sencillamente, democracia.

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Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, expresidenta de Más Democracia y diputada por Más Madrid.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para hacerlo estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia letrada a extranjeros sea prestada exclusivamente por abogados especializados, tras el anuncio de que ONG especializadas y sindicatos podrán solicitar ciertos trámites de extranjería, informa EFE.

El presidente del Consejo General, Salvador González, ha hecho esta solicitud en una carta enviada a la ministra, Elma Saiz, en la que argumenta que la asistencia de abogados especializados garantiza la "mejor defensa posible", según indica esta organización en un comunicado.

Esta solicitud se produce cuando el Gobierno tramita el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), la vía con la que se pretende facilitar que las personas extranjeras tramiten sus solicitudes, una medida que estaba en audiencia pública hasta el pasado 10 de febrero.

La Abogacía pide que todas las personas jurídicas inscritas en dicho registro designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, así como establecer requisitos claros para inscribirse en dicho registro.

Según el borrador, en el registro podrán inscribirse organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de la comunidad autónoma y entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de vida que estén vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Deberán cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber sido condenadas ni sancionadas por prácticas relacionadas con su actividad y acreditar "una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a personas extranjeras".

Actualmente solo pueden presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este contexto, la Abogacía defiende la necesidad de letrados especializados con el argumento de que la denegación de una autorización afecta al proyecto de vida y los derechos fundamentales y en "esos momentos críticos" no se puede improvisar la defensa sino que "debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".

Considera la Abogacía que estos profesionales son los más preparados para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean tutelados y protegidos. "Su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes", señala el presidente del Consejo.

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes, según recoge EFE.

Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que alcanzó los 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Esta población nacida fuera de España superó por primera vez los 10 millones (10.004.581 personas) y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país (18.696 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 25.089 personas en el cuarto trimestre respecto al anterior. Así, de los 49,5 millones de residentes, 42.327.164 tienen nacionalidad española y 7.243.561 nacionalidad extranjera.

Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 56.431 respecto al tercer trimestre.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron marroquí (con 13.000 salidas), colombiana (12.500) y española (7.900).

Durante el cuarto trimestre de 2025, y respecto al anterior, la población crece en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta, excepto en Baleares y Melilla.

Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), Madrid (0,24%) y Cataluña y la ciudad autónoma de Ceuta (0,23% en ambos casos).

Igual que la media nacional (0,16%) están Aragón y Cantabria, y por debajo, pero también aumentando población, se sitúan Castilla y León (0,14%), Murcia (0,13%), Galicia (0,12%), Asturias (0,9%), País Vasco (0,07%), Andalucía (0,06 %), Extremadura, Navarra y La Rioja (0,05% en los tres casos) y Canarias (0,02%).

En Melilla la población disminuyó un 0,26% y en Baleares un 0,07%.

El número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre. 

La autopsia definitiva de Abderrahim El Akkouh, el vecino de Torrejón de Ardoz que murió mientras era inmovilizado por un policía municipal de Madrid el pasado 17 de junio, confirma su muerte por asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida, según informa EFE.

Eso es lo que afirma el documento firmado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, donde se muestran las conclusiones tras el análisis de los pulmones, el corazón y la laringe de este varón de origen magrebí que murió tras sufrir la técnica conocida como 'mataleón'.

La autopsia certifica como única causa posible de la muerte la asfixia por compresión torácica, es decir, la imposibilidad de que Abderrahim respirara al comprimirle el pecho y no poderse expandir los pulmones.

Asimismo, recoge la posibilidad de que fuera víctima de una presa cervical, es decir, una maniobra de estrangulamiento del cuello que impide la entrada de aire y circulación sanguínea hacia el cerebro.

Por último, la autopsia especifica que el cuerpo presentaba etiología homicida, en referencia a que la causa de la muerte no fue accidental ni natural.

Según Rubén Vaquero, uno de los abogados de la familia El Akkouh, esto certifica que "lo que ocurrió aquella noche hay que tratarlo como un asesinato y no como un homicidio imprudente".

El letrado ha asegurado a EFE que intentarán que el agente policial ingrese en prisión preventiva, un extremo que sí apoya la Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público se opone a que el agente jubilado que ayudó al primero a retener a Abderrahim pase a estar investigado en la causa, donde ahora figura como testigo, aunque así lo demande el equipo legal de la familia El Akkouh.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha tras la decisión del Tribunal Constitucional, que dictaminó la inconstitucionalidad de varias normas. Según informa EFE.

Rebelo de Sousa indicó en un comunicado publicado en la página web de la Presidencia lusa que devolverá la reforma sin promulgar a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) "a raíz de la sentencia dictada hoy por el Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales cinco disposiciones de la ley".

La reforma fue enviada a la alta corte por el presidente luso al considerar que las modificaciones que se introducen a la reagrupación familiar de los migrantes "parecen restringir de manera desproporcionada y desigual el principio de la unión familiar".

Rebelo de Sousa también consideró que "estas modificaciones pueden provocar un aumento de las rutas migratorias irregulares por parte de otros miembros de la familia que quedan excluidos del derecho a la reagrupación, como es el caso del cónyuge".

Y avisó que podría contribuir "a una mayor estratificación entre las personas migrantes, en función de su cualificación y sector de actividad (…) comprometiendo el principio de igualdad y el principio de no discriminación".

La decisión del Constitucional, aprobada por mayoría según confirmó este viernes en una rueda de prensa su presidente, José João Abrantes, se tomó al considerar que las nuevas normas "pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia" y violar los derechos consagrados en la Constitución".

El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los migrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.

La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a "actividades altamente cualificadas" y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.

Su aprobación vino acompañada de críticas por parte de los partidos de izquierda y de organizaciones de la sociedad civil, que pidieron audiencias con el presidente luso para trasladarle sus dudas sobre la legislación.

Si me permiten la metáfora, podríamos entender que una persona migrante es un ciudadano o ciudadana que por las circunstancias vitales y sociales es trasplantado a un organismo “extraño” (otro país), y cuya integración se va a ver condicionada por una serie de factores relacionados con tres elementos: el nivel de compatibilidad entre las circunstancias en el origen y en el destino, la cantidad de anticuerpos de rechazo en el país-organismo receptor, y las características individuales que puedan bloquear y compensar los dos elementos anteriores, especialmente los anticuerpos.

Cuanto mayor es la compatibilidad, es decir, la similitud cultural entre el país donante y el receptor, más fácil resulta la integración. No obstante, esta integración va a depender en gran medida del nivel de anticuerpos racistas que existan en el organismo que recibe el trasplante migrante, y del grado de especificidad de los mismos, pues hay anticuerpos generales ante cualquier trasplante, y luego otros específicos que actúan con mayor intensidad y van dirigidos contra antígenos concretos como el grupo étnico, la religión, las prácticas culturales, la ideología… Todo ello, que actúa como marco global, se ve condicionado en la práctica por factores individuales que tienen la capacidad de bloquear esos anticuerpos de rechazo; entre ellos encontramos hechos como que se trate de una persona rica, que sea famosa en actividades como el deporte o la música, que tenga empresas emprendedoras… En esos casos se produce un bloqueo de los anticuerpos y, con independencia del grado de compatibilidad entre origen y destino, el organismo receptor los integra sin vacilaciones.

El problema más serio en todo este proceso son los anticuerpos que la ultraderecha de manera activa, y una parte importante de la sociedad de forma pasiva, están inoculando al organismo de la convivencia para alterar la fisiología de la democracia, que siempre debe de venir caracterizada por la homeostasis de la armonía y la igualdad en unas circunstancias de pluralidad y diversidad, como son las características de cualquier organismo superior y desarrollado. Sin embargo, son estos elementos los que no son aceptados por quienes se encuentran en una posición evolutiva más simple desde el punto de vista social, al pensar que su condición, valores, creencias e ideas son superiores a las del resto.

Todos esos anticuerpos de rechazo configuran el racismo de nuestra sociedad, y muchos medios y redes sociales lo que hacen es inyectarlos a gente sana para infectarla de xenofobia y así rechazar cualquier trasplante ciudadano.

Podría parecer una metáfora muy forzada, pero si comprobamos las dinámicas y el papel de las personas migrantes en el organismo receptor (España), vemos que actúan como nuevos órganos capaces de recuperar la insuficiencia de las partes de nuestra economía encargadas de realizar las funciones más precarias, más duras, más exigentes, más infravaloradas… y lo hacen tanto para resolver las cuestiones económicas y de servicios inmediatas, como para garantizar recursos sociales y económicos que mantienen nuestro estado de bienestar. De hecho, según el Banco Central Europeo, el incremento de la economía española de 2019 a 2024 fue de 7,5 puntos porcentuales, y estima que la contribución de los trabajadores y trabajadoras extranjeras a ese crecimiento fue del 80%. El Fondo Monetario Internacional también estimó que por cada punto porcentual de aumento en inmigración el PIB per cápita crecía un 2%. Hoy por hoy una economía como la española, en la que el 26,7% de las personas que trabajan en la hostelería son extranjeras, el 20,7% en la construcción, el 24,4% en agricultura y el 45,4% en servicios domésticos (INE), si prescindiera de su labor, no solo entraría en insuficiencia, sino que supondría un colapso.

Pero el racismo es selectivo, solo ve lo que le interesa para mantener su posicionamiento racista. Por eso habla de extranjeros como responsables de la delincuencia y criminalidad para aumentar los anticuerpos contra ellos.

En España la media de homicidios en los tres últimos años (2022-2024) fue de 335, de los cuales, según los datos del Ministerio del Interior, alrededor de un 30% fueron cometidos por extranjeros, lo cual significa que100 homicidios fueron llevados a cabo por extranjeros y 235 por españoles. Teniendo en cuenta la media de población española y extranjera para esos años según el INE, la tasa de homicidas españoles sería de 5,6 por millón de habitantes españoles, y la de homicidas extranjeros sería 16,3 por millón de habitantes extranjeros. Con estos datos llegan a la conclusión reduccionista de que la violencia se debe a la población extranjera como si se tratara de una cuestión biológica y racial, y no tuvieran nada que ver otros factores como la edad, los estresantes y factores sociales, los ámbitos de relación, los vínculos con contextos de violencia, la educación… Lo que les interesa es lanzar el mensaje de que son asesinos porque son extranjeros, y no que asesinan bajo determinadas circunstancias que si actuaran sobre la población española también darían lugar a una criminalidad similar.

Al final esos elementos son esenciales para aumentar y mantener los niveles de anticuerpos contra los extranjeros, y a que se produzca el rechazo del trasplante que, entre otras cosas, ayuda al bienestar de nuestra economía y sociedad.

La manipulación es tan evidente que, por ejemplo, y puesto que hablamos de trasplantes, no tienen en cuenta que en los años 2022-2024 el porcentaje de donantes de órganos extranjeros supuso el 11,3%, y que la tasa poblacional correspondiente a esos tres años fue de 44,2 por millón de personas extranjeras. Unas donaciones que salvaron muchas vidas de españoles y españolas, puesto que la media anual de receptores de órganos extranjeros es de 16, mientras que las personas españolas receptoras de trasplantes son 5931. Los mismos racistas que destacan que la tasa de homicidas extranjeros es del 16,3 por millón, lo cual supone el homicidio de unas 117 personas, ignoran y no consideran que la tasa de donantes extranjeros es de 44,2 por millón, que implica dar vida a miles de personas.

La generosidad, altruismo e integración de la población extranjera no solo se comprueba en el día a día con su trabajo y convivencia, sino que además se continúa en un hecho tan trascendente como la donación de sus órganos para que otras personas españolas puedan seguir viviendo, y recuperar gracias a ese gesto calidad de vida y vida.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Nos sobran ocho millones de personas. Lo han descubierto los de Vox, gente astutísima, llevando la cuenta con un ábaco. La portavoz de «emergencia demográfica» del partido fachoso publicitó el prodigio aritmético en una rueda de prensa: «Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo». A ver si me aclaro: el partido que preside la caricatura de Iznogud declara, por boca de la tal Rocío de Meer (el típico apellido de cristiano viejo), que nos sobran un porrón de extranjeros.

Lo de «extranjeros» lo pongo yo porque soy un bendito. Algo me dice que los finlandeses pueden estar tranquilos. ¿Los de las golden visa? No diga inmigrantes, diga inversores. Viendo el revuelo que se montó el lunes, el partido monosílabo cobardeó en tablas. «¡Mentira!», escribió la brava parlamentaria en su cuenta de Twitter. «Yo no he dicho que había que expulsar [a] ocho millones». En el vídeo, en modo selfi, decía que la cifra de ilegales solo la tiene el Gobierno, y que no la comparte porque van a medias con las mafias. La moderación, ay, duró un suspiro. Alentados por el frenesí evacuatorio de sus simpatizantes (lo de arreglar un país echando a gente es un eslogan de comprobada eficacia), la doña se plantó en el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas para ciscarse en el mandato evangélico. «Fui extranjero y me acogisteis»: Jesucristo, la derechita cobarde. En fin, vamos con el entrecomillado: «Un tipo con chilaba que piensa que su mujer tiene que caminar cinco pasos por detrás es una persona que, por muchos papeles que tenga, no respeta nuestros usos y costumbres, y nosotros lo deportaríamos». ¡Por muchos papeles que tenga! Es que, de verdad, Mohamed, cómo se te ocurre. ¡Incultúrate! La «violencia intrafamiliar» hay que practicarla al volver de la taberna apestando a Soberano, como se ha hecho siempre.

Me encantaría discutir con su señoría de qué costumbres me habla. ¿Abrirse una cuenta con permiso del marido? ¿Ayuno en las fiestas de guardar? ¿Jugar al mus? ¿Poderte divorciar? Me encantaría, digo, porque imagino el follón que se le iba a montar en el cotolengo respondiese lo que respondiese. Cuando armas un partido con los desechos de Fuerza Nueva, unos cuantos calvos de Falange y tres centenares de arribistas a los que asombra el mecanismo de un botijo, la unidad doctrinal es un lujo que no te puedes permitir. Y sí, sé que podría esmerarme en explicar cómo eso de «lo español», ese otro invento del XIX apañado durante el auge de los nacionalismos, lo bien que nos ha venido que por este terruño pasasen tantísimos pueblos o en escribir unos vivas al ajonjolí, los alféizares, los cantes de ida y vuelta, la Alhambra, a Trajano, Maimónides, el garum y las acequias, pero miren, no serviría de nada.

Estos patanes no van a echar a nadie porque no sabrían cómo hacerlo: les basta con soltar alguna gilipollez incendiaria de tanto en tanto para cargar de razones a sus huestes con cortinilla y para que la diputada de turno se pasee por un par de televisiones a ver si así nos acordamos de que existen. Luego, la paguita, la mamandurria y líbrenos Dios de gobernar, que es cosa cansadísima.

Los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, tradicionalmente contrarias a la inmigración, y, paradójicamente, eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros.

Casi la mitad de los votantes nacidos fuera de España que se decantaron por votar al Partido Popular (PP) en las elecciones generales de 2023 procede de tres países: Colombia, Venezuela y Marruecos, tres de los cuatro grupos de votantes originarios de otros países que más participaron (el cuarto es Ecuador). Los venezolanos aportan la mayor parte a ese voto popular (21,3%), por delante de los colombianos (10,9%) y de los marroquíes (11,4%).

Se trata de tres nacionalidades que, según datos recopilados en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el marco de un estudio en el que entrevistaron a 15.000 personas, aseguran estar entre las que más profesan una religión, aunque no la practiquen, lo que presupone un perfil más conservador que los de nacionalidades que se declaran no creyentes en cualquiera de sus fórmulas (ateos, agnósticos o indiferentes).

Los datos del mismo estudio sugieren el motivo de esta predilección por las fuerzas de la derecha: colombianos y venezolanos aportan el mayor número de españoles nacidos en el extranjero que se autoubican ideológicamente entre el 7 y el 10 (en una escala en la que el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). En ambos casos se trata de países con presidentes de izquierdas, pero sucede exactamente lo mismo con los marroquíes, cuyo país de origen es un régimen autoritario de derechas.

No es posible saber con detalle cuántos ciudadanos nacidos fuera de España tienen derecho a voto en España y cuáles son sus países de origen. Sin embargo, un vistazo a los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer trimestre de este año es suficiente para confirmar que Colombia, Marruecos y Venezuela son, precisamente, los países que más inmigrantes están aportando. El CIS apunta a que, entre los tres, suponen el 29,3% del total del voto de electores no nacidos en España emitido en las elecciones de 2023.

En el caso de Vox, la mayor aportación de votos de ciudadanos españoles con origen en el extranjero procede de franceses (17,5%), seguida muy de cerca por los venezolanos (17,1%). En Francia son precisamente los aliados de Santiago Abascal, Reagrupamiento Nacional (RN), quienes encabezan las encuestas.

En el caso del PSOE, el apoyo más numeroso procede de los nacidos en Ecuador (14,7%), seguido por los originarios de Colombia (10%), Alemania (8,1%) y Marruecos (7,9%). Los naturales de Ecuador son los que más peso tienen entre los votantes no nacidos en España que se identifican a sí mismos como de izquierdas (entre el 1 y el 3 en la escala de auto-ubicación ideológica).

Los argentinos, en cambio, son los que más eligieron la papeleta de Sumar en las elecciones celebradas hace dos años, con un 16,1 %. Les siguen los franceses (11,9%), los colombianos (7,6%) y los uruguayos (7,6%).

Si se atiende a los datos de ocupación laboral, se observa que los argentinos y venezolanos que pueden votar son más numerosos en los grupos que requieren mayor cualificación, como directores, gerentes, profesionales, científicos e intelectuales. En cambio, si se analiza el rango de actividades menos exigentes desde el punto de vista formativo, destacan otros orígenes. Los nacidos en Marruecos y Colombia dominan el trabajo doméstico no remunerado (25,1% y 24,3%, respectivamente). Los venezolanos copan las ocupaciones militares y los cuerpos policiales, al menos entre quienes respondieron a las preguntas del CIS, y los ecuatorianos son mayoría (29,8%) entre quienes desempeñan ocupaciones elementales.

La paradoja es que la tendencia de voto de quienes más participan en las elecciones habiendo nacido en el extranjero apoya mayoritariamente a partidos que rechazan o combaten la emigración, como es el caso de Vox. Pero también del Partido Popular. Y están entre los que menos respaldo dieron en 2023 a las fuerzas de izquierdas más comprometidas con las solicitudes de regularización, como el PSOE y, sobre todo, Sumar (el estudio no refleja el apoyo a Podemos porque en 2023 se presentó bajo el paraguas de la formación de Yolanda Díaz).

De hecho, el Gobierno prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo, a 350.000 a finales de 2025.

Después de varios meses de titubeos, el Ejecutivo decidió en mayo impulsar una negociación con el resto de grupos políticos para tramitar finalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de gran parte de las personas migrantes que se encuentran en España sin papeles. Una reivindicación que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva más de un año estancada en la Cámara Baja. Su toma en consideración fue apoyada por todos los partidos, con la única excepción de Vox.

Ahora la clave será decidir, a través de la negociación entre partidos, en qué términos sale adelante, ya que fuerzas como ERC, EH Bildu, BNG y Podemos han sido siempre partidarias de una regularización de máximos, que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en el país, y otros como PP, Junts o PNV han apostado por incorporar diferentes condicionantes.

La formación de Alberto Núñez Feijóo nunca ha dado detalles de hasta dónde están dispuestos a llegar, pero su líder, en una entrevista radiofónica difundida en abril del año pasado, prometió abiertamente “una solución” para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. “Hay un debate que debemos dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país”, señaló.

Recientemente, sin embargo, Feijóo pareció endurecer su postura. “Quien venga a aportar será un ciudadano más. Quien no cumpla con nuestros valores, tendrá que irse por donde ha venido.” Esa referencia a “nuestros valores” sugiere que el PP apuesta por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no.

El Gobierno prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo a 350.000 a finales de 2025, según informa EFE.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha participado, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el II Encuentro con Entidades de Inmigrantes en València, ha explicado que con la reforma del reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, se prevé que a finales de este año sean 350.000 los inmigrantes regularizados y el próximo año se llegue a las 400.000 personas regularizadas.

Cancela ha señalado que es un procedimiento individualizado "con garantía, seguridad jurídica", y además con él se atiende el marco de la Unión Europea de no poder hacer regularizaciones masivas con carácter general. "Entonces creo que esta es la mejor herramienta que puede existir para que las personas puedan acceder a la ciudadanía plena, que es de lo que estamos hablando", ha afirmado.

Según Cancela, con las novedades que contempla la reforma del reglamento se simplifican los trámites, se facilita el acceso al arraigo y se aumenta el número de figuras de arraigo (social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar), "intentando facilitar al máximo" que las personas que puedan acreditar los requisitos puedan hacerlo.

La secretaria de Estado de Migraciones ha calificado de "éxito absoluto" las medidas extraordinarias desplegadas por el Gobierno para regularizar la situación administrativa de migrantes tras la dana, pues de las 30.000 solicitudes recibidas, la mayoría de la provincia de Valencia, más del 95 % han sido resueltas en positivo y quedan pendientes de resolución unas 4.000.

Las que han resultado negativas -1.366 desestimadas según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones ofrecidos el pasado 14 de mayo- es debido a documentación que hay que subsanar y a la no aportación de documentación que se requiere, como ocurre en el caso del documento sobre antecedentes penales, para lo que se ha ampliado el plazo puesto que hay países que están tardando mucho en remitir esos papeles de constatación de no tener antecedentes y eso hace que los migrantes no lleguen a cumplir los plazos.

Cancela ha destacado las medidas extraordinarias para los extranjeros que estuvieran en situación irregular para que tuvieran la oportunidad de participar en la reconstrucción en la tierra que "han escogido para desarrollar su vida".

Valencia es la cuarta provincia con mayor presencia de personas migrantes y un territorio que ha demostrado "solidaridad y acogida".

Sobre el reparto ha defendido que el Gobierno está poniendo propuestas encima de la mesa y que sigue pensando que la medida oportuna es la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería.

Canarias, ha dicho, cuenta con "toda nuestra colaboración y solidaridad y seguimos hablando, buscando soluciones, sobre todo para los menores no acompañados, solos, muy vulnerables, que creo que habría que pensar primero ante todo en ellos para intentar buscar una solución lo antes posible".

La Universidad de Harvard denunció que la suspensión de visados para nuevos alumnos extranjeros inscritos en el centro educativo, ordenado este miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump, es una medida "ilegal" que "viola los derechos" de la universidad. "Este es otro paso más de represalia ilegal de la Administración que viola los derechos de la Primera Enmienda de Harvard. Harvard seguirá protegiendo sus alumnos internacionales", publicó la universidad en un comunicado recogido por EFE

La proclamación firmada por Trump suspende durante seis meses prorrogables la concesión de nuevos visados a estudiantes de Harvard que pretendan participar en los cursos de la universidad o en sus programas de intercambio y ordena a la Secretaría de Estado que estudie revocar los visados que ya han sido otorgados para los alumnos.

La Casa Blanca explicó en un comunicado que esta decisión responde a la necesidad de "salvaguardar la seguridad nacional" y aseguró que Harvard ha "demostrado un historial de vínculos extranjeros preocupantes y radicalismo". La Administración republicana ya había intentado prohibir a Harvard la admisión de estudiantes extranjeros, pero la restricción fue bloqueada por una jueza federal el pasado 29 de mayo.

"La decisión de la corte del 29 de mayo permite a la Universidad seguir admitiendo a estudiantes y académicos internacionales mientras avanza el caso. Harvard seguirá tomando medidas para proteger los derechos de nuestros estudiantes y académicos internacionales, integrantes de nuestra comunidad que son vitales para la misión académica de la universidad y cuya presencia aquí beneficia a nuestro país de manera inconmensurablemente", agregó Harvard en su comunicado.

El Gobierno de EEUU -que también ha congelado subvenciones a la prestigiosa universidad- ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles, ya que ha acusado a la universidad de tener un sesgo progresista, de seguir aplicando consideraciones raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas en el campus. Harvard, por su parte, afirma que está sufriendo represalias injustas y asegura que no permitirá que el presidente le imponga condiciones de cómo operar la prestigiosa institución.

Una jueza federal anunció este jueves que extenderá una orden temporal que bloquea la revocación por parte del gobierno de Trump de la capacidad de la Universidad de Harvard para matricular a estudiantes internacionales, según informaron varios medios, recoge EFE.

La jueza de distrito de EEUU, Allison Burroughs, anunció que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado que no realicen cambios al programa de visas estudiantiles de Harvard indefinidamente.

En este sentido, Burroughs declaró: "Quiero mantener el statu quo" para permitir que Harvard continúe recibiendo estudiantes internacionales con visas por el momento, de acuerdo con la CNN.

No obstante, los detalles aún se están debatiendo en el tribunal.

Burroughs ha solicitado a los abogados de Harvard y del Departamento de Justicia que lleguen a un acuerdo para detener la revocación del programa de visas estudiantiles por el momento.

La jueza también ha expresado su preocupación por el hecho de que los posibles estudiantes de Harvard en el extranjero no han podido obtener visas en algunas embajadas estadounidenses en el extranjero desde la semana pasada, de acuerdo con la cadena estadounidense.

La extensión de la jueza de distrito estadounidense Allison D. Burroughs se produce después de que la administración Trump diera a Harvard 30 días para responder a una notificación del Departamento de Seguridad Nacional que le prohibía recibir estudiantes extranjeros.

El Gobierno de EEUU -que también ha congelado subvenciones a la prestigiosa universidad- ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles, ya que ha acusado a la universidad de tener un sesgo progresista, de seguir aplicando consideraciones raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas en el campus. 

Mientras que la universidad afirma que está sufriendo represalias injustas.

Paralelamente este jueves se celebró en el campus de Cambridge (Massachusetts) la ceremonia de graduación de las clases 2025 de Harvard que estuvo repleta de mensajes para Trump, ya que los oradores señalaron en sus discursos que están en el centro de una batalla nacional. 

Yurong "Luanna" Jiang, una recién graduada china, recibió una gran ovación tras instar a los graduados a recordar su "humanidad compartida", según la CNN.

"Si aún creemos en un futuro compartido, no olvidemos a quienes fueron etiquetados como enemigos; ellos también son humanos", concluyó Jiang, quien se gradúo hoy en la Escuela de Desarrollo Internacional.

Emily huyó de las extorsiones y amenazas de violencia que le llegaban a la casa donde vivía con sus dos hijos menores en Colombia. Pidió asilo en 2023 y logró encontrar un trabajo con contrato y alojamiento en Barcelona. No obstante, la reforma del Reglamento de Extranjería del Ministerio de Inclusión que entró en vigor este martes la podría penalizar y obligarla a tener que sobrevivir dos años en la irregularidad.

A Emily le denegaron la solicitud de asilo y recurrió, creyendo que la situación vivida en su país de origen era merecedora de protección internacional. A lo largo de este tiempo tuvo un contrato de trabajo que duró hasta febrero. Pero ahora ya nadie la contrata pese a contar con años de experiencia laboral. “He hecho diez entrevistas y las empresas me dicen que sus abogados recomendaron no emplearme porque tengo un primer rechazo en el asilo”, explica.

La parte que más le atemoriza es verse empujada a la irregularidad. Si la resolución firme de su solicitud acaba siendo denegada, no podrá usar los años vividos en el país para demostrar su arraigo. Un tiempo que antes de la reforma sí que computaba. Eso significa que para volver a tener permisos de trabajo y residencia tendrá que poner su contador a cero y pasar los dos años que marca la ley en situación irregular.

“Si tienes un contrato de trabajo, lo tendrás que dejar; si tienes un contrato de alquiler, lo tendrás que dejar, y también muchos bancos pondrán trabas para abrir una cuenta”, enumera Jordi Campabadal, coordinador del área jurídica de la Fundación Bayt al-Thaqafa, como algunas de las consecuencias que ya afectan a quienes se les deniega el asilo.

La ambiciosa reforma del Ministerio de Inclusión ha ampliado las modalidades de arraigo, ha flexibilizado parte de la burocracia y ha facilitado la contratación laboral en origen. Pero por contra, desde su aplicación este martes, está perjudicando a quienes huyen de sus países buscando refugio. Una situación que podría afectar aproximadamente a 150.000 personas en España, estima la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Para subsanar esta brecha, el Gobierno propuso el martes pasado reactivar la Proposición de Ley para la regularización de personas migrantes, una propuesta basada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya. Pero los efectos aún tardarán en aplicarse porque hay que llegar a un acuerdo con los socios de investidura, lo que también definirá quién se beneficiará de la ley.

A día de hoy, tanto la Fundación Bayt al-Thaqafa, especializada en acogida y protección internacional en Cataluña, como CEAR, ya han notado que esta reforma ha desincentivado las peticiones de asilo y los recursos por rechazo. “Nos consta que nacionalidades colombianas, peruanas o marroquís ahora piensan mucho si solicitar el asilo o no”, expone Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR. “Porque, si no se pide ya, empieza a correr el plazo de su permanencia en España y, si se pide y se deniega, su contador vuelve a cero”.

Las solicitudes de Colombia y Perú han caído drásticamente si se comparan los primeros meses del año 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Inclusión. El año pasado, hasta mayo se presentaron 19.371 peticiones de colombianos y 4.964 de peruanos. Por contra, en los primeros cuatro meses de este año 6.762 colombianos y 1.755 peruanos han pedido protección internacional.

“Necesitamos el asilo, pero si hubiéramos sabido lo que pasaría no lo hubiéramos pedido”. Luciana (nombre ficticio), su pareja y su familia con dos hijos menores también huyeron de Colombia por las amenazas y extorsiones que recibieron. “Yo era maestra y mi pareja, jefe de obra en la construcción, teníamos una vida tranquila hasta que apareció un grupo paramilitar”, relata Luciana. “El detonante para irnos fue cuando hicieron estallar una granada en casa de un vecino”, zanja la madre. Pidieron asilo hace nueve meses y aún esperan resolución. 

“Cuando uno tiene hijos se propone que no vean lo que uno ha visto”, explica también Mariana (nombre ficticio), solicitante hondureña con dos hijas a cargo. “Nosotros hemos tenido que enterrar a algunos de nuestros amigos”, manifiesta Mariana, en su caso afectada por la violencia de las maras. Tras más de seis meses esperando, aún no sabe si le aceptarán la protección internacional.

El Ministerio incluyó en la reforma una disposición transitoria que rebajaba de dos años a seis meses el tiempo que algunos solicitantes debían pasar en irregularidad antes de poder demostrar su arraigo. Pero sólo se pudieron acoger a esta rebaja quienes con un primer caso de asilo denegado, desistieron del recurso interpuesto. En la práctica, ha puesto entre la espada y la pared a quienes aún no tenían el proceso resuelto antes del 20 de mayo.

“El problema ha afectado sobre todo a quienes no han recibido una respuesta firme sobre su asilo antes de este martes”, apunta Elena Muñoz, “porque debían decidir antes de esa fecha si desistían de la solicitud”. Ni Luciana, ni Mariana ni Emily quisieron desistir. 

“Dudé mucho”, expone Emily, que lleva más de tres años viviendo en Barcelona. “Pero tengo dos hijos a cargo, soy madre soltera y no me podía permitir estar un tiempo en la irregularidad, necesitaba encontrar trabajo”. Emily se queja de que esta reforma probablemente también tendrá un impacto diferencial por género. “Hay más mujeres que aceptan trabajos peor pagados o con más horas de jornada laboral porque tienen hijos o familias que deben sostener”, apunta. “Conozco personas que han trabajado de internas en atención domiciliaria como yo y que han sufrido acoso sexual en sus trabajos y no han denunciado por el temor de estar en situación irregular”.

Vicky Columba, portavoz de la ILP Regularización Ya, denuncia también que la irregularidad administrativa en mujeres y trans “impide denunciar la violencia machista por temor a una orden de expulsión”. Y añade que “en trabajos como el del hogar, impide la fiscalización laboral, lo que hace más difícil denunciar situaciones de vulneración de derechos”.

Nuria Moya, responsable del área de Salud Mental de Bayt al-Thaqafa y miembro de la Red Acoge, puntualiza que a los seis meses de la disposición habría que añadir “el tiempo que luego tardan en resolver, con lo que en la práctica, quien haya desestimado el asilo acabará pasando más de un año en situación irregular”. 

“Han incluido una disposición que genera incertidumbre, porque hay un factor que no depende de ellos, sino de la agilidad de la Administración en los trámites burocráticos”, admite Elena Muñoz, de CEAR. “Hay muchas realidades, hay personas que pueden estar menos de seis meses y otras que pueden estar tres años.”

Según datos de Eurostat, a 2024 España tenía pendiente de resolver 263.985 solicitudes de protección internacional, lo que incrementó en casi un 30% los expedientes apilados en las oficinas de extranjería respecto al año 2023. El promedio mensual de solicitudes resueltas fue de 8.020, lo que indica que para resolver todas las que hay pendientes, se necesitarían casi 33 meses –sin que entraran más solicitudes, algo que no es realista–.

Esta situación motivó este lunes un paro de dos horas de CCOO delante de todas las oficinas de extranjería “ante el colapso del sistema”. Para intentar paliar la situación, el Gobierno ha anunciado, junto a la reforma, que prevé incorporar 750 trabajadores en las 25 Oficinas de Extranjería. En Cataluña, por ejemplo, supone incrementar entre un 30% y un 40% los recursos, ha afirmado Carlos Prieto, el Delegado del Gobierno.

Jordi Campabadal, de Bayt al-Thaqafa, cree que el cambio en el Reglamento tiene su raíz en esta saturación en las oficinas. Uno de los objetivos de la reforma es “despejar la vía del asilo”, explicó esta semana la ministra Elma Saiz. La idea de fondo sugiere distinguir la migración por lazos familiares de la de personas que huyen porque su vida está en peligro. “Existe el argumento de que hay quien usa mal el asilo”, asegura Campabadal. “El argumento considera que hay quien sabía que no le iban a dar el asilo, pero lo pedía igualmente porque podía computar los años de espera de su resolución para luego pedir el arraigo”.

No obstante, la alta denegación de solicitudes de asilo, que en 2024 aumentaron al 43% de las totales, sumada a la gran cantidad de solicitudes pendientes, ha provocado una situación que puede acabar por enviar a la irregularidad a muchas familias.

Para paliar esta brecha, el Gobierno ha rescatado la regularización de migrantes como solución. El borrador de la propuesta de ley ya está en la mesa de los partidos políticos, y quieren que afecte a todo aquel que estaba en España de forma irregular antes del 31 de diciembre de 2024. Una fecha que tendrá que acordarse con los socios de investidura.

Los promotores de la ILP Regularización Ya piden regularizar a quienes estuvieran antes del 20 de mayo de 2025, según su portavoz, Vicky Columba. “Esto también afecta a los empresarios que han tenido que despedir a gente o no pueden aceptar solicitantes de asilo”, considera la portavoz. Columba considera que un factor que podría haber hecho activar la regularización es el efecto que podía tener en las vacantes laborales la cifra estimada de 150.000 solicitantes abocados a la irregularidad.

El Gobierno de Donald Trump ha prohibido a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses, según informa EFE.

La decisión ha sido comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que reza: "Les escribo para notificarles que, con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado".

"Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal", anota un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). 

En ese sentido, el DHS indica que la elitista universidad "ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos".

"Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó", anota Noem.

La secretaria justificó la pérdida de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio "por incumplimiento de la ley". "Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país", añadió.

La matrícula en Harvard es de 59.320 dólares para el año escolar que comienza a finales de este año, y los costos pueden ascender a casi 87.000 dólares si se incluye alojamiento y comida, según el diario The New York Times.

Además, los estudiantes internacionales tienden a pagar una mayor proporción de los costos educativos en comparación con otros alumnos, de acuerdo con el medio. 

La Administración republicana notificó a Harvard sobre la decisión tras un tira y afloja en los últimos días sobre la legalidad de una extensa solicitud de registros como parte de la investigación del DHS, según indicaron fuentes a The New York Times.

Este martes entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería, una herramienta con la que el Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años pero que ha despertado un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo o la infancia. El texto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 19 de noviembre y entra en vigor ahora, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según informa EFE.

Desde entonces, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha presentado como una ambiciosa reforma que, después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos, da respuesta a la realidad migratoria actual, adaptando la normativa europea en la materia. En esta línea, una de sus novedades más importantes es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos -social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar- y reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.

También se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Entre sus puntos positivos, el nuevo reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

Las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios. Además, mientras se forman, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.

En la otra cara de la moneda está una novedad del nuevo texto que ha despertado grandes críticas de muchas oenegés de defensa de derechos de los migrantes, fuerzas políticas e instituciones como el Defensor del Pueblo. Y es que el nuevo texto establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad y deberá permanecer en ella hasta dos años para conseguir los papeles.

Como vía transitoria, durante un año, el Gobierno reduce de dos años a seis meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo, lo que ha provocado que muchos potenciales refugiados que ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España hayan renunciado a su petición y caído en la irregularidad.

Esto ha llevado a siete entidades sociales -la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro- a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo, que aún no ha pronunciado al respecto. También el Defensor del Pueblo registró el pasado viernes un informe en las Cortes Generales en el que advierte de que la entrada en vigor del reglamento "podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores".

Estos efectos negativos de la norma han llevado al Gobierno a estudiar nuevas vías para paliar estos daños y a cambiar su posición respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, que no había estado entre sus prioridades hasta ahora. En los últimos días, el PSOE ha impulsado las negociaciones en el Congreso con los diferentes grupos para impulsar la tramitación de esta iniciativa, que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva allí más de un año estancada.

Polacos, chinos y ucranianos son los extranjeros que más aumentan sus compras de vivienda en España, según la estadística notarial. Al cierre de 2024, las transacciones de ciudadanos polacos aumentaron un 43,7%, las de personas con nacionalidad china lo hicieron un 26,5% y las de ucranianos un 26,3%. Por otro lado, caen las adquisiciones por parte de rusos (-10%), franceses (-2%), británicos (-1,7%) y belgas (-1,6%), clientes tradicionales del mercado nacional. En el caso de Polonia y los países del este de Europa, los portales inmobiliarios señalan que es a partir de 2022 cuando comienza a aumentar esta tendencia, lo que podría señalar una vinculación con el desarrollo de la guerra de Ucrania y la invasión por parte de Rusia.

La compraventa de viviendas en España es un indicador que no para de subir. Da igual si se mira la evolución mensual o la interanual: en enero, las compraventas de vivienda aumentaron en más de 6.000 con respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, y en el conjunto de 2024 estas operaciones crecieron un 10%, hasta las 641.900 transacciones. Los precios, por su parte, también aumentaron, tanto en casas nuevas como de segunda mano, y el problema de la vivienda sigue creciendo. En España, al cierre de 2024, la tasa de variación anual del precio de la vivienda se situó en el 11,3%. Los inmuebles nuevos aumentaron un 12,3% su importe y los de segunda mano un 11%, con un impulso muy destacado en el último trimestre del ejercicio, según los últimos datos del INE.

Una de las soluciones a este problema poliédrico pasa por tratar de separar la vivienda como elemento de necesidad para las familias, de aquella que se dedica a la especulación o al ocio para tratar de frenar los precios y facilitar el acceso a los ciudadanos. La compra de vivienda por extranjeros suele incluirse dentro de las causas que hinchan los precios debido a que quienes compran suelen tener rentas más altas, pueden pagar importes más altos o buscan una segunda residencia en una zona turística, aumentando aún más la demanda en zonas tensionadas.

Entre las medidas que ha planteado el Gobierno, está limitar la compra de vivienda por extranjeros cuando esta tenga como fin el ocio o la especulación. En este contexto se aprobó la eliminación de las conocidas como Golden Visa (visados de oro en castellano), un tipo de permisos de residencia que se concedían de manera extraordinaria a personas que compraban inmuebles con precios superiores a los 500.000 euros. Este mecanismo se había creado en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy y estaban destinadas a fomentar la entrada de capital al país, pero resultó tener, sobre todo, un efecto inflacionario sobre los precios de los inmuebles. Hasta 2023 se concedieron en España 22.430 visados de este tipo y la progresión anual mostraba una curva ascendente que pasaba de los 2.758 en 2021, a los 3.739 en 2022 y a los 5.425 en 2023. En cuanto a las nacionalidades de origen, destaca muy por encima del resto los países del continente europeo, seguidos de Asia y América del Norte.

Más allá del cambio de tendencia en las dinámicas de compra, por número de inmuebles son los británicos, alemanes y holandeses no residentes quienes acapararon el 34% de las compraventas en la segunda mitad de 2024, con un total de 10.072 entre los tres países, sobre un total de 29.201 transacciones. Entre quienes residen fuera de España, pero compran aquí una vivienda, la mayoría de las adquisiciones las realizaron los británicos, aunque las compras cayeron un 1,3% en el último semestre de 2024. Por detrás se encuentran los alemanes, que compraron 6.749 casas en 2024 y aunque a finales de ese año la compra aumentó, encadenaba cuatro semestres de caídas. Países Bajos es el tercer comprador en número de casas y cerró el año pasado con 5.616 operaciones. 

“En los compradores extranjeros se observa un comportamiento diferente entre los que residen en España y los que no. Estos dos colectivos presentan, en general, motivos de compra diferenciados: los no residentes suelen adquirir una vivienda en España por motivos vacacionales y tienen preferencia por las zonas turísticas, mientras que los residentes lo suelen hacer por motivos laborales o educativos, y es más habitual que compren en zonas más urbanas”, señala un estudio de Caixabank Research.

Si se miran los datos de extranjeros que residen en España, son los marroquíes y rumanos quienes más compran. Curiosamente, son también Marruecos y Rumanía los dos países que más trabajadores extranjeros aportaron al mercado laboral español en marzo, lo que respalda la interpretación de que los extranjeros residentes suelen comprar por motivos de trabajo o porque están desarrollando su vida en España. Así, las compras de residentes y de no residentes tienen un impacto desigual en los precios de la vivienda. Mientras los primeros pagan precios más bajos y suelen comprar en zonas donde hay trabajo, los no residentes buscan zonas turísticas y, con un poder adquisitivo superior (como es el caso de ingleses o alemanes), tienden a tensionar más los precios. En este sentido, la estadística de los notarios señala que los no residentes pagan de media por sus viviendas unos 3.060 euros por metro cuadrado, mientras los residentes pagan 1.795 euros, solo 82 euros más de media que los nacionales.

Existe una vasta comunidad de estadounidenses que, a pesar de la distancia, sigue estrechamente vinculada con su país de origen. Así es Democrats Abroad —Demócratas en el Extranjero— (DA), "el brazo oficial del Partido Demócrata que se asegura de que todos los estadounidenses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto". Está reconocido por el Comité Nacional Demócrata (DNC) y está regulado directamente por el Partido Demócrata. "Trabajamos para brindar representación demócrata a los estadounidenses que viven en el extranjero, promoviendo la elección de candidatos demócratas a través de la movilización del voto fuera del país", asegura la organización.

En el mundo, hay más de 6,5 millones de estadounidenses que viven, estudian, trabajan o prestan servicios fuera del país y tienen derecho a votar en su país de origen. "Sin embargo, muchos estadounidenses en el extranjero no saben que tienen derecho a votar ni cómo hacerlo mientras están en el extranjero", se informa desde la asociación.

En la campaña presidencial de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon, los demócratas en París y Londres empezaron a explorar maneras de apoyar al Partido Demócrata. Cuatro años después, en 1964, los demócratas en el extranjero se unieron por primera vez de manera simultánea en París y Londres, durante la victoria de Lyndon Johnson sobre Barry Goldwater.

Tras esta victoria, los votantes demócratas en el exterior iniciaron una campaña para obtener el pleno derecho al voto, ya que los ciudadanos estadounidenses en el exterior no podían votar por correspondencia. No fue hasta 1986, en el que se aprobó la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero (UOCAVA), que proporcionó el marco legal necesario para aumentar considerablemente el acceso al voto de los estadounidenses que residen en otros países.

Siendo una organización dirigida 100% por voluntarios —son 18.000 en total— y sin financiación externa, cuenta con 52 comités nacionales repartidos por Europa, América, Asia, Oriente Medio y África. "Estos comités nacionales mantienen a los estadounidenses en el extranjero informados sobre sus derechos y les facilitan la participación en el proceso político de Estados Unidos", explica la entidad.

En elecciones recientes, hemos visto que los márgenes de victoria en Estados clave pueden reducirse a unos pocos cientos o miles de votos. Los estadounidenses que votan desde el extranjero tienen el potencial de influir significativamente en los resultados. Sin ir más lejos, en las elecciones de 2020, los votos emitidos desde el extranjero marcaron la diferencia a la Casa Blanca y al Senado en Georgia y Arizona —Georgia contabilizó 18.475 votos en el extranjero y Arizona 18.435—. En esas elecciones, el expresidente Joe Biden ganó en Georgia por 11.779 votos y en Arizona por 10.457.

"La buena noticia es que los estadounidenses en el extranjero votan por el partido demócrata en cantidades abrumadoras", asegura la entidad. De hecho, desde 2020 hasta abril de 2024, el 77,65% de los votantes que utilizaron la herramienta de votación VoteFromAbroad.org (VFA) se identificaron de izquierdas, mientras que el 17,2% se registraron sin preferencia partidaria y únicamente el 2,5% se describieron como republicanos.

Y es que esta herramienta no partidista de apoyo a los votantes experimentó un crecimiento excepcional en las últimas elecciones presidenciales de 2020. "Más de 766.680 visitantes únicos realizaron más de 1 millón de visitas, un impresionante aumento de tres veces en comparación con 2016", afirma la organización.

Otros datos a reseñar de VoteFromAbroad son que sus usuarios iniciaron sesión desde 221 países diferentes representando a 130 partidos diferentes en el que el 75% se declaró demócrata y el 2,9% republicano. En cuanto a Estados Unidos, Democrats Abroad consiguió que, en las elecciones de 2020, el voto civil en el exterior se incrementase en un 73,5% en comparación con 2016. Sin embargo, en 2020, la participación de los votantes en el extranjero fue del 14%.

En cuanto al número de votantes estadounidenses elegibles que residen en el extranjero, en 2020 recibieron papeletas 1,8 millones de personas; mientras que en 2016 las recibieron 930.156. "Curiosamente, el 50% de estas papeletas fueron enviadas a los estados considerados en disputa", analiza la organización.

La finalidad de este impacto se resume en "el compromiso de fortalecer la democracia y garantizar que se escuchen las voces de los estadounidenses en el extranjero", sostiene Democrats Abroad.

Más allá de promover el voto, los temas sociales también juegan un papel importante. La migración y el asilo se han convertido en un tema candente en estas elecciones. Junto con los derechos reproductivos y el acceso al aborto, la frontera y las políticas migratorias están definiendo la agenda electoral en Estados Unidos. Por esto mismo, Democrats Abroad toma conciencia de ello: "Disponemos de una plataforma llamada Caucus Globales en la que pretendemos generar conciencia y abogar por el cambio", manifiesta la asociación. Los temas que más preocupan van desde el cambio climático hasta la inmigración pasando por el activismo LGTBI y la importancia de las mujeres en la sociedad. "Nuestra función en transformar las actividades con base en Estados Unidos en movimientos globales es esencial para nuestro trabajo, ya que contribuye a la reflexión de los temas por los que seguimos luchando", explican desde el organismo.

El pasado 5 de septiembre, tuvo lugar el evento Americans Abroad for Harris-Walz en el que asistieron 33.000 espectadores únicos y se registraron 6.800 votantes estadounidenses que actualmente residen en el extranjero. "Marcó el cierre de nuestra campaña para crear conciencia sobre los derechos de voto de los estadounidenses en el extranjero, el proceso de votación desde el extranjero y la función crucial que estos votantes desempeñan en la determinación de los resultados electorales", describe la organización. Días después, el 21 de septiembre, los estadounidenses en el extranjero comenzaron a votar en las elecciones generales de 2024.

Pese a los 6.200 kilómetros que separan Madrid de la Casa Blanca, esta distancia no detiene a Democrats Abroad en su labor de organizar una campaña electoral sólida en favor de los demócratas también en la capital de España. "Nuestro objetivo es orientar y apoyar a los estadounidenses que residen en la capital para que puedan ejercer su derecho al voto adecuadamente. El proceso varía según el estado, y en algunos casos, resulta realmente complejo cumplir correctamente con los requisitos", explican desde DA Madrid.

En lo que se refiere a esta campaña electoral, la organización en Madrid —creada en 2004— "está incorporando de 3 a 5 nuevos miembros a diario, lo que refleja la relevancia que tienen estas elecciones presidenciales para los estadounidenses que viven en Madrid", explica la organización. Y es que Democrats Abroad España —el comité oficial de los demócratas estadounidenses que viven en España— es el sexto comité nacional con más de 6.100 miembros. Además de estar en Madrid, tienen presencia en Alicante, Barcelona, Málaga, Granada, Donostia, Sevilla y València.

Como una de las últimas actividades de estas elecciones, este martes 5 de noviembre se llevará a cabo una fiesta para seguir la noche electoral y celebrar los resultados, en caso de una victoria demócrata.

En 2013, un grupo de destacados líderes del Comité Nacional Republicano (RNC) se percató de que los millones de estadounidenses que viven y trabajan en el extranjero carecían de representación dentro del RNC. Con el propósito de resolver esta falta de representación y ofrecer un espacio global para aquellos estadounidenses que comparten los valores fundamentales del Partido Republicano, estos líderes comprometidos fundaron Republicans Overseas (RO).

Esta organización mantiene a los republicanos en el extranjero políticamente informados y, a la vez, facilita un canal para comunicar las preocupaciones políticas de los estadounidenses fuera del país a los líderes políticos y candidatos presidenciales. El objetivo es claro: motivar a los millones de estadounidenses que residen en el extranjero a involucrarse más activamente en el proceso político democrático de Estados Unidos ofreciendo información, análisis de políticas y actividades de promoción.

Fomentan la movilización del voto con el objetivo de, según indican en su página oficial, ayudar al Partido Republicano a recuperar la Presidencia y el Senado, y mantener el control de la Cámara de Representantes.

A diferencia del Partido Demócrata, que organiza la primaria presidencial de Democrats Abroad, el Partido Republicano no lleva a cabo una primaria presidencial específica para los republicanos que residen en el extranjero. Como resultado, Republicans Overseas no envía delegados a la Convención Nacional Republicana.

“Estamos otra vez peleando para que pongan un autobús que han quitado. Después de tantos años seguimos luchando para que el transporte llegue a Roquetes”, se queja Amparo Iturriaga, presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio de montaña en el extremo noreste de Barcelona. Aquí los vecinos también secuestraron autobuses como modo de protesta en los años 70, igual que en el barrio de Torre Baró, donde se ambienta la aclamada película El 47, que estos días se puede ver en el cine.

Los movimientos vecinales de la capital catalana han cambiado mucho desde la Transición, pero bajo la postal turística de Barcelona sigue latiendo un rico universo de luchas populares. “Han surgido nuevas formas de organización que a menudo están centradas en temas más específicos”, explica João França, antropólogo experto en movimientos sociales y autor de Habitar la trinchera (Ed. Octaedro), sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Iturriaga coincide en que los movimientos cada vez están más especializados. “Los temas generales del barrio, que llevaba la asociación de vecinos, no deben de estar de moda, nos hemos vuelto más individualistas”, señala.

“Los años setenta son el momento de gloria del movimiento vecinal. Tiene una fuerza y una representatividad muy grande que viene de la lucha durante el final de la dictadura”, relata el historiador Marc Andreu, autor de Barrios, vecinos y democracia (Ed. L’Avenç). Después vino la elección de los primeros ayuntamientos democráticos en 1979 y la “cooptación” de parte de esos movimientos por los nuevos consistorios, que “copian las plataformas reivindicativas de los movimientos vecinales” y hasta cierto punto las hacen realidad, al menos en satisfacer necesidades básicas de los barrios periféricos, como asfaltar las calles, construir alcantarillas y servicios como el agua. Se produce entonces “una cierta desmovilización. Una parte de los cuadros forjados en el movimiento vecinal se hacen concejales”, explica Andreu, que destaca el papel de los partidos de izquierdas y sindicatos en el movimiento vecinal de los 70.

La relación con las organizaciones políticas y sindicales ha cambiado mucho en los movimientos barceloneses. “La gente es más reacia al papel que puedan jugar los partidos en los movimientos”, coincide França, que señala razones históricas: “Las organizaciones sienten que hubo una delegación de la lucha en los partidos [en los años 80] y eso debilitó a los movimientos”. “Las banderas nos han separado”, lamenta Iturriaga.

Las asociaciones de vecinos ya no son tan numerosas y en su mayoría están envejecidas, pero el barrio sigue siendo el principal espacio de movilización para muchos vecinos. “Muchos tienen su propio sindicato o asamblea de vivienda. El barrio sigue siendo un ámbito importante, por la proximidad, conocimiento, gente que no se iría a la otra punta de la ciudad para una asamblea, también por motivos económicos”, explica França. En Roquetes, la asociación de vecinos trabaja con otros colectivos en temas relacionados con la calidad de vida en el barrio, desde los recortes de personal en el centro de salud hasta la reparación de los ascensores y escaleras mecánicas –“hay mucha gente mayor en estos barrios y muchas cuestas”, señala Iturriaga.

La película de Marcel Barrena muestra el protagonismo que las familias migradas de otras zonas de España tuvieron en la construcción de barrios como Roquetes. “Los vecinos construyeron el alcantarillado los domingos, el único día que tenían libre”, recuerda Iturriaga. “A la que venía uno y lograba condiciones un poco mejores que en el pueblo de origen, se avisaba y venían por contactos familiares, sin perder las raíces”, relata Marc Andreu. “Una vez aquí la gente se integraba y configuraban esa catalanidad”. El historiador destaca el papel del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y Comisiones Obreras: “al ir de la mano el elemento nacional [catalán] y de clase, se crea un marco en el que [los migrantes] son sujetos activos de la construcción del país”.

Hoy Barcelona tiene un 25% de población de nacionalidad extranjera y eso se refleja en los movimientos sociales. “En el movimiento de vivienda vemos mucha presencia migrante, pero las reivindicaciones antirracistas no están en los discursos como un tema central”, analiza França. Quizá por eso “vemos cada vez más colectivos antirracistas no mixtos. El movimiento de la ILP Regularización Ya, impulsado por los propios colectivos migrantes, ha conseguido llegar al Congreso con 700.000 firmas”, destaca el antropólogo. En la asociación de vecinos de Roquetes, la población de origen extranjero está muy presente como usuaria de programas sociales, pero “les cuesta más participar en espacios de toma de decisión”, reconoce Iturriaga, “están trabajando un montón de horas fuera de casa, tienen niños”.

Tanto França como Iturriaga destacan la importancia de la lucha por la vivienda, uno de los temas que más ha movilizado en Barcelona en los últimos años. Sin embargo, el antropólogo defiende la necesidad de superar las luchas sociales centradas en una cuestión específica: “los procesos de transformación profunda necesitan entender las reivindicaciones de forma amplia”. Preguntada por qué le gustaría para el futuro de la asociación de vecinos de Roquetes, su presidenta lo tiene claro: “Volver a tener esa visión global que se tenía, que peleáramos por todo, no solo por cosas concretas”.