La piratería es un robo salvo, quizás, cuando se trata de una empresa de inteligencia artificial (IA). En Estados Unidos hay abiertos más de setenta procedimientos que enfrentan a artistas, escritores, actores o editoriales con los gigantes que fabrican los “grandes modelos de lenguaje” (large language model, LLM), motores de la IA generativa (la que produce textos e imágenes).

Esos creadores acusan a OpenAI, Anthropic o Meta, la empresa matriz de Facebook, de saquear sus obras para entrenar sus herramientas, en contravención de las normas de derechos de autor.

Uno de esos procedimientos es el caso “Kadrey contra Meta Platforms Inc.”, iniciado en 2023 y llevado a cabo por escritores como Richard Kadrey, Sarah Silverman o Ta-Nehisi Coates. Lo que está en juego es enorme: validar el modelo económico de los pioneros de la IA o abrir la vía a una remuneración masiva a los autores cuyos contenidos han sido utilizados sin su consentimiento y sin contraprestación alguna.

El análisis realizado por Mediapart de los miles de páginas de documentos hechos públicos con este motivo, enriquecido con entrevistas a exempleados de Meta, es muy revelador. Permite confirmar, como reveló en marzo en Estados Unidos la revista The Atlantic, que Meta ha entrenado su modelo de inteligencia artificial generativa, LLaMA, basándose en millones de libros acumulados por Library Genesis (LibGen), una web pirata que también recopila millones de artículos científicos.

Mediapart revela que estos documentos también demuestran la importante implicación, en 2022, de Guillaume Lample, que entonces era empleado de Meta. Luego fundaría Mistral AI, la joya francesa de la inteligencia artificial, empresa favorita de Macron valorada en 12.000 millones de euros, de la que Lample es director científico. Los documentos públicos demuestran que el investigador y empresario está detrás del pirateo de varias decenas de terabytes (es decir, miles de gigabytes) de datos.

Como muestran varias comunicaciones internas, la empresa de Mark Zuckerberg consideraba, a finales de 2023, que Mistral AI también había utilizado LibGen. Al ser preguntado sobre estos dos puntos, Guillaume Lample no respondió, a pesar de nuestros insistentes intentos. Meta tampoco respondió a nuestras preguntas.

En 2022, Mistral AI no existe. Guillaume Lample, ingeniero por la Universidad Politécnica, llegó a Meta en 2014 y ya era conocido por sus trabajos pioneros en el campo de la traducción automática. En aquel momento trabajaba en el laboratorio Fundamental AI Research (Fair). La estructura, creada en 2015, está dirigida por el francés Yann Le Cun, una auténtica estrella del sector, y cuenta con un importante equipo en París. “Los equipos de Fair funcionaban como un centro de investigación, recuerda un antiguo empleado de Meta. Trabajaban con gran autonomía con respecto a los objetivos comerciales de la empresa”.

Pero el ambiente cambia en otoño de 2022. Unos meses antes, Midjourney había lanzado un software de generación de imágenes y OpenAI se dispone a hacer público ChatGPT. Los ingenieros de Meta son muy conscientes de su retraso. Dos equipos de Fair, en Estados Unidos y Francia, trabajan en paralelo en la creación de un LLM. Buscan, con urgencia, adquirir datos.

El reto es cuantitativo: entrenar un LLM supone tragarse miles de millones de páginas de texto. Pero también es cualitativo. Dado que la IA imita lo que consume, los ingenieros deben alimentarla con textos bien escritos y bien estructurados. Por lo tanto, los libros, pero también los artículos científicos, aparecen como las fuentes particularmente interesantes para los equipos de Meta.

Antes de realizar ninguna compra, deciden poner a prueba esta teoría. Rápidamente se plantea la cuestión de utilizar LibGen. Este proyecto colaborativo, creado a mediados de la década de 2010 y alimentado por la cultura pirata de la época, tiene como objetivo hacer gratuitos los artículos de investigación y las obras protegidas por derechos de autor. En su apogeo, la web aglutina más de 6 millones de obras y al menos 80 millones de artículos científicos.

A partir de octubre, los equipos de Fair se plantean el uso de estos datos. Al menos quieren realizar pruebas. El 7 de octubre de 2022, tal y como indica un email interno, los responsables del laboratorio se organizan para obtener la autorización para utilizar LibGen. El 19 de octubre, un largo intercambio de emails detalla los retos para los equipos de investigación de Meta. “Los mejores recursos son, sin duda, los libros”, detalla un investigador de la empresa, que considera que, antes de comprar estas obras, hay que “empezar por hacer una prueba con y sin libros para demostrar el valor de las obras”.

“Guillaume y el equipo de París esperan los datos para demostrarlo”, dice. Para este investigador, es necesario “ponerse en contacto con los editores más importantes” o “comprar libros en masa por Internet”. No hay consenso sobre el tema. “No creo que debamos utilizar obras pirateadas. Es una línea roja”, protesta una investigadora, que se niega a utilizar “webs de piratería ilegales”.

“Todo el mundo utiliza LibGen”, argumenta entonces Guillaume Lample. Una postura reiterada a finales de noviembre de 2022, en otro intercambio de emails en el que una miembro de Fair vuelve a mostrar su preocupación por el uso de LibGen. “Eso es lo que hace OpenAI con GPT3, lo que hace Google con [el LLM] Palm, lo que hace DeepMind con Chinchilla”, replica Guillaume Lample. “Así que nosotros también lo vamos a hacer.”

El uso exploratorio queda validado y Lample comienza a piratear los contenidos recopilados en la plataforma, como lo demuestran los códigos revelados en el marco de la investigación, los emails internos y varias declaraciones. Estas descargas, iniciadas en octubre de 2022, duran varios meses y se refieren principalmente a la parte científica de LibGen.

Para ello, el ingeniero utiliza un protocolo Torrent, una tecnología peer-to-peer (P2P) que permite descargar un archivo de decenas, cientos o miles de otros usuarios que ya lo poseen en su totalidad o en parte. Este uso también implica poner a disposición de los internautas los archivos descargados, lo que facilita futuras piraterías. Los demandantes del caso “Kadrey contra Meta Platforms Inc.” estiman en muchos documentos que el francés descargó unos 70 TB de datos en total.

Ni Meta ni Guillaume Lample han respondido a nuestras preguntas, pero los registros de descargas de este último, que recogen su actividad informática mientras trabajaba para Meta, confirman su total implicación. Su análisis solo ha podido abarcar una fracción de las descargas: “Los registros [proporcionados por Meta, ndr] están incompletos”, señala el experto encargado del análisis. De los más de 70 TB de datos que Lample habría descargado a través de Torrent, los registros solo cubren 3,9 TB”. El informe también señala “datos que incluyen documentos procedentes de LibGen”.

En aquella época, Lample y sus colegas trabajaban sin descanso para finalizar lo antes posible un modelo de LLM comercializable. El 27 de febrero de 2023, Meta hace público LLaMA 1. La empresa ha decidido dejar a un lado los datos obtenidos en LibGen y utilizar datos de entrenamiento compatibles con la publicación del modelo en código abierto.

LLaMA 1 se basa, no obstante, en datos protegidos. El artículo que explica el funcionamiento del modelo, firmado conjuntamente por Guillaume Lample y Timothée Lacroix, también cofundador de Mistral AI, menciona el uso de “Books3”, una base de datos que contiene obras protegidas por derechos de autor, para su entrenamiento.

Al día siguiente, 28 de febrero, se reanuda la carrera por la innovación. Guillaume Lample y sus colegas se plantean cómo obtener aún más datos. En las semanas siguientes, los equipos de ingenieros de Meta presionan a la dirección para que adquiera “el máximo de textos de formato largo”.

Como revelaron varias declaraciones dentro del procedimiento judicial en Estados Unidos, Meta considera inicialmente pagar por el acceso a las obras e incluso habla de un presupuesto de 200 millones de dólares. Pero esa opción acaba descartándose. A principios de abril de 2023, circula por la empresa un memorándum interno en el que se detallan las fuentes de datos disponibles gratuitamente o fácilmente pirateables.

El 7 de abril, Meta emite una directiva dirigida a sus equipos: deben suspender la negociación de licencias. Los ingenieros vuelven a recurrir a datos pirateados. En mayo de 2023, se vuelven a descargar millones de libros y artículos accesibles en LibGen.

El origen de los documentos se va ocultando poco a poco. Los ingenieros dejan de hacer referencia a los datos pirateados, que se convierten en documentos “externos”. El 19 de diciembre de 2023, siguiendo el consejo del equipo de investigación, Meta decide utilizar los datos recopilados en LibGen para entrenar la tercera versión de LLaMA, sin revelar el uso de estas bases de datos.

Al año siguiente, basándose una vez más en un protocolo Torrent, los equipos de Meta recuperan los documentos recopilados en “Anna's Archive”, una base de datos pirateada aún más importante que LibGen, que se utilizará para entrenar las versiones más recientes de LLaMA.

Guillaume Lample en ese momento ya no está allí. Poco después de finalizar LLaMA 1 en la primavera de 2023, parece que se distanció de Meta. Otro ingeniero se encargó de coordinar la adquisición de datos. “Varias personas del equipo francés se tomaban muchas vacaciones, da la impresión de que empezaban a bajar el ritmo”, explica una fuente que ha analizado el importante expediente judicial estadounidense. “El equipo francés llevaba varios meses preparando una recaudación de fondos para [su] propio proyecto”, detalla un exempleado de Fair. “Utilizaron LLaMA 1 como trampolín”.

Los documentos del procedimiento también destacan las dificultades de Fair justo después de la publicación de LLaMA 1. Los datos recopilados por Lample y su equipo ya no son accesibles para una parte de Meta. “Se bloqueó el acceso a los datos y a las pruebas de evaluación para que nadie pudiera reconstruir completamente el proceso de entrenamiento de LLaMA 1”, confirma a Mediapart un exempleado.

En abril de 2023, un nuevo equipo se encarga de adquirir datos y descarga una nueva versión de LibGen. Entretanto, Lample y los demás cofundadores de Mistral buscan inversores. Entre sus promesas figura el uso de datos de “alta calidad”, para los que la joven empresa se compromete a negociar acuerdos de licencia.

En septiembre de 2023, Mistral lanza su propio modelo, Mistral 7B, con un rendimiento comparable al de sus competidores americanos. Este primer éxito sigue siendo la piedra angular de los productos actuales de la empresa.

¿De dónde proceden los datos utilizados para entrenarlo? “Mistral AI no es transparente en lo que respecta a los datos de entrenamiento”, señala Margarida Silva, investigadora del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (Somo). “Mistral no comparte ni los datos que utiliza ni los algoritmos empleados para desarrollar los modelos”, coincide Harshvardhan Pandit, investigador del AI Accountability Lab del Trinity College de Dublín (Irlanda).

La empresa asegura a Mediapart que los datos utilizados contienen “información pública disponible en Internet, conjuntos de datos no públicos con licencia de terceros, así como datos generados internamente de forma sintética”. A principios de 2025, la empresa firmó un acuerdo de asociación con la AFP. Desde 2024, también participa en el proyecto ArGiMi, que le permite acceder a parte de las colecciones del Instituto Nacional de lo Audiovisual y de la Biblioteca Nacional de Francia. Estas colaboraciones comenzaron mucho después del lanzamiento de Mistral 7B.

En Meta, los investigadores del Fair tienen otra idea sobre el origen de los datos de Mistral AI. En un email del 19 de diciembre de 2023 que valida el uso de LibGen por parte de Meta para entrenar su tercera versión de LLaMA, uno de los máximos responsables de la empresa escribe que el equipo de investigación “sabe, por el boca a boca, que OpenAI y Mistral utilizan LibGen para sus modelos”. El argumento va acompañado de una tabla que compara el rendimiento de las diferentes herramientas y atribuye la eficacia del software de Mistral al uso de datos pirateados.

“LLaMa y Mistral 7B son muy parecidos”, explica a Mediapart un exempleado de Meta. “No tengo ninguna duda de que Mistral ha utilizado LibGen”. Un análisis ampliamente compartido por varios especialistas consultados. “Es un tema complicado. Entiendo por qué las empresas de IA lo hacen sin decírselo al público y por qué eso enfada a la gente”, precisa un destacado investigador.

El reglamento europeo sobre inteligencia artificial, aprobado en el verano de 2024, establece que las empresas de IA generativa deben comunicar un resumen de los datos de entrenamiento utilizados en sus modelos. Un documento que Mistral AI aún no ha publicado.

El 11 de diciembre de 2025, Mediapart envió una serie de preguntas a numerosos interlocutores, entre ellos Mistral AI, Meta y Guillaume Lample. A pesar de nuestros diferentes intentos, a través de las redes sociales, por teléfono y a través del servicio de prensa de Mistral AI, Guillaume Lample no respondió. Meta tampoco.

La coautora de este artículo, Soizic Pénicaud, investiga los efectos de la tecnología digital y la inteligencia artificial. Colabora habitualmente con el colectivo de periodistas Lighthouse Reports. También es cofundadora de l'Observatoire des algorithmes publics y profesora en la facultad de Ciencias Políticas de Paris.

Esta investigación se ha llevado a cabo con el apoyo del Tarbell Center.

Traducción de Miguel López

Más solos y más débiles. La decisión de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) de archivar el expediente abierto en su día a Google y dejar al gigante norteamericano sin sanción por no hallar indicios de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deja a los medios españoles —cuyos contenidos son utilizados desde hace años para alimentar el gigantesco negocio publicitario del buscador— a los pies de los caballos. Google pasa a tener la sartén por el mango y será quien decida si paga, a quién y cuánto. Eso sí: cumpliendo los compromisos que trasladó a la CNMC.

La decisión del supervisor de la competencia da por buenas las promesas del buscador de negociar una remuneración para los medios que sea “transparente, equitativa y conforme a la normativa española” a la hora de incluir sus noticias en Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase. Cedro, la organización que había presentado la demanda, aseguró este viernes a infoLibre que no tenía constancia de que la CNMC hubiese tomado una decisión. Google no atendió nuestras solicitudes de información.

La demanda había sido presentada por Cedro en junio de 2021 para reivindicar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se viesen perjudicados por las prácticas que consideraban “abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa”.

Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) es la entidad de gestión colectiva que representa en España a autores y editores de libros, periódicos y revistas, encargada de proteger sus derechos de propiedad intelectual y de gestionar, en su nombre, las licencias y compensaciones por la reproducción, distribución y uso digital de sus obras, tanto en el ámbito educativo como en el informativo y profesional.

En materia de transparencia, Google se comprometió a informar a los editores sobre la metodología y los parámetros utilizados para calcular la remuneración por el uso de sus contenidos, así como sobre los ingresos publicitarios relevantes asociados a dichos usos. Este compromiso, según la empresa, permitiría a los medios disponer de información clave para evaluar la razonabilidad de las ofertas económicas y verificar que la compensación guarda una relación proporcionada con el valor generado.

La compañía también planteó un procedimiento de negociación estructurado, con plazos y fases claramente definidos para la firma de los acuerdos con los medios. Este esquema incorpora la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución de conflictos previstos en la legislación española.

Otro de los compromisos centrales es la actualización anual de la remuneración. Google aceptó revisar cada año la oferta económica, ofreciendo a los editores la opción de aceptar las nuevas condiciones o mantener las previamente acordadas. A ello se suma la posibilidad de solicitar una remuneración retroactiva por el uso de contenidos desde la entrada en vigor del artículo 129 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el 4 de noviembre de 2021, un punto especialmente sensible para los medios.

Para evitar interferencias entre distintos productos, Google se comprometió a separar las negociaciones y las remuneraciones de su plataforma News Showcase, garantizando su independencia tanto entre sí como respecto a otros servicios y productos de la compañía. Asimismo, precisó el alcance de las licencias, limitándolas exclusivamente a Google Search, Google Discover y Google News, o a la visualización en Google News Showcase, según el caso, descartando usos más amplios de los contenidos.

La empresa incluyó además compromisos destinados a reducir posibles efectos disuasorios. Entre ellos, la eliminación de cláusulas que permitan resolver contratos de Google News Showcase como represalia ante reclamaciones legales de los editores. A esto se añade el compromiso expreso de no adoptar penalizaciones contra aquellos medios que decidan limitar el uso de sus contenidos o que no alcancen un acuerdo económico con la plataforma.

Finalmente, Google ofreció someter los contratos a la ley española y a la jurisdicción de tribunales o a arbitraje en España, estableciendo además la prevalencia de la versión en castellano de los acuerdos.

La decisión de la CNMC de cerrar el expediente sin sanción al no percibir infracción, en la práctica, distancia a España del eje Francia–Alemania, que sí ha tomado medidas punitivas para que Google pague, apoyándose en la Directiva 2019/790 de la Unión Europea sobre derechos de autor en el mercado único digital, que obliga a los intermediarios digitales —como el buscador norteamericano— a negociar de buena fe con los editores por el uso de sus contenidos y que reconoce un derecho específico para los editores de prensa para autorizar o prohibir usos en línea de sus publicaciones y reclamar compensación por ello.

Sin embargo, aunque es un derecho que existe en el plano europeo, su eficacia depende de cómo cada Estado miembro lo incorpore a su derecho interno y de cómo se ejecute realmente la obligación de remunerar. En España, la transposición se realizó flexibilizando la norma europea al permitir negociaciones individuales, una fórmula menos estricta que las aplicadas en países como Alemania o Francia.

Francia, por ejemplo, ha impuesto sanciones económicas a Google por incumplimiento de obligaciones de remuneración y ha forzado negociaciones con los editores, llegando incluso a acuerdos bajo presión regulatoria real. En 2021, la autoridad francesa de competencia impuso una sanción de 500 millones de euros al buscador por no negociar con los editores de prensa en los términos previstos.

Y Alemania, si bien también se ha encontrado con limitaciones prácticas porque Google consiguió autorizaciones firmadas por los editores, ha impulsado un enfoque más riguroso en la exigencia de licencias colectivas y negociaciones estructuradas.

Mientras los dos países que forman el núcleo de la UE apostaban por la defensa de los derechos de autor frente al poder de las plataformas digitales, España tomó el camino de un cumplimiento menos exigente de la directiva europea. Aquí la transposición se hizo mediante el Real Decreto-ley 24/2021, incorporando estas obligaciones al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pero dejando mucho margen a las negociaciones privadas y evitando establecer mecanismos automáticos de remuneración o de arbitraje obligatorio. Y eso abre la puerta a que Google pueda argumentar que, en ausencia de obligaciones claras y eficaces a nivel nacional, la directiva por sí sola no obliga a pagar remuneraciones automáticas a los editores, dando margen a la interpretación y a la negociación.

La consecuencia práctica es que el derecho existe, sí, pero solo se cumple si la plataforma quiere. Y ese es exactamente el marco narrativo que Google busca consolidar.

En realidad, y a la vista de las decisiones tomadas en Alemania y Francia, España podría hacer mucho más para forzar a Google a pagar por usar contenidos que no son suyos como motor de su gigantesco negocio publicitario. Desde establecer legalmente la presunción de remuneración obligatoria, salvo prueba en contrario, hasta definir con mayor precisión qué es “uso significativo” del contenido, evitando el margen interpretativo que hoy explotan las plataformas. Es exactamente lo que hizo Francia: primero reconoció el derecho y luego forzó su materialización.

Otra posibilidad, que es la que la CNMC acaba de enterrar, es usar la legislación sobre competencia como palanca. La autoridad francesa en la materia no trató esto solo como un problema de propiedad intelectual, sino como un abuso de posición dominante, considerando prácticas como amenazar con retirar contenidos, imponer contratos individuales que fragmentan a los editores o condicionar pagos a cesiones editoriales o de datos.

España también podría, siguiendo al núcleo duro de la UE, reforzar legalmente las entidades de gestión colectiva de derechos de prensa, y establecer que, en ausencia de acuerdo, la negociación se haga obligatoriamente de forma colectiva, como ocurre en otros sectores culturales.

De ese modo, Google no podría limitarse a pactar con grandes grupos y dejar fuera a medios pequeños, locales o digitales independientes. Un asunto que, además, es particularmente relevante desde el punto de vista de la protección del pluralismo informativo, uno de los ejes que inspiran el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que también obliga a España.

La EMFA abre la vía para vincular explícitamente la remuneración a la sostenibilidad del periodismo, el derecho de los ciudadanos a una información plural y la salud del espacio público democrático, reforzando la legitimidad regulatoria y debilitando el relato de Google de que se trata solo de negocios privados.

La productora de la película Blade Runner 2049 demandó este lunes al empresario Elon Musk por usar de forma ilegal imágenes del filme de ciencia-ficción para promocionar el nuevo robotaxi de Tesla, compañía de la que es el mayor accionista y director ejecutivo. Alcon Entertainment interpuso la demanda en un tribunal federal de California, y en ella acusa al dueño de Space X y a su empresa de automóviles eléctricos de apropiarse indebidamente de la marca de la película para promocionar su producto en la presentación que realizó este mes en Los Ángeles.

La demanda también cita a Warner Bros y Discovery como acusados, y dice que Alcon había rechazado una solicitud de Musk y estas empresas para utilizar imágenes de Blade Runner 2049 como parte de un evento de mercadotecnia del pasado 10 de octubre en el estudio de Warner. Según la querella, la supuesta utilización de las imágenes del automóvil autónomo se llevó a cabo en ese encuentro, de acuerdo con informaciones de EFE.

Alcon Entertainment había rechazado una solicitud de Musk para el uso de imágenes de la película debido a su "comportamiento altamente politizado, caprichoso y arbitrario, que a veces deriva en un discurso de odio", según la denuncia.

La presentación no llegó a usar imágenes exactas de la película dirigida por Denis Villeneuve, pero mostró "imágenes creadas por inteligencia artificial (IA) que reflejaban escenas" de la cinta ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales y fotografía, de acuerdo con la demanda.

La empresa afectada califica el uso de herramientas de IA para crear imágenes casi idénticas como "una táctica de mala fe e intencionalmente maliciosa" con el objetivo de que el evento fuera "más atractivo para una audiencia global (...) para ayudar a vender Teslas".

La productora también señaló que estaba en conversaciones con otras marcas automotrices para asociarse en una próxima serie de televisión de Amazon, Blade Runner 2099, y que no quería que nada interfiriera en esas negociaciones, recogió el diario The New York Times.

Blade Runner 2049, una secuela de Blade Runner (1982), fue financiada y producida por Alcon y estrenada por Warner Bros en 2017. La película está protagonizada por el replicante K (Ryan Gosling) un androide similar al ser humano que vive en un Estados Unidos postapocalíptico y conduce un automóvil totalmente autónomo y con inteligencia artificial.

Universal Music, que mantiene un contrato con TikTok que vence el 31 de enero de 2024, ha anunciado que "congela" la prolongación de este acuerdo al entender que la plataforma ha intentado "intimidar" en las negociaciones en temas como las remuneraciones a artistas o su protección contra la inteligencia artificial, según informa Europa Press.

"Las tácticas de TikTok son obvias: usar el poder de su plataforma para dañar a artistas vulnerables y tratar de intimidarnos para que aceptemos un mal negocio que infravalora la música y defrauda a los artistas y compositores, así como a sus fans. Nunca haremos eso", ha señalado la discográfica en un comunicado.

Universal ha explicado que en las discusiones sobre la renovación del contrato, ha tratado de "presionar" a TikTok sobre "tres temas críticos". "Compensación adecuada para nuestros artistas y compositores, protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA y seguridad en línea para los usuarios de TikTok", ha apuntado.

No obstante, considera que no ha tenido éxito en ninguno de los tres apartados. Por ejemplo, respecto a la compensación, ha recordado que TikTok representa solo alrededor del 1% de los ingresos totales de la discográfica, a pesar del dinero que la plataforma genera a través de sus músicos. "TikTok está intentando construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por la música", ha lamentado.

En cuanto a la IA, apunta a que TikTok está "permitiendo que la plataforma se inunde" con grabaciones generadas por IA, además de desarrollar herramientas para permitir, promover y fomentar la creación musical de IA en la propia plataforma y "luego exigir un derecho contractual que permitiría que este contenido se diluya masivamente".

La discográfica ha alertado de las prácticas que ha empleado la plataforma durante las negociaciones. "Intentó intimidarnos para que aceptemos un acuerdo que valía menos que el acuerdo anterior, mucho menos que el valor justo de mercado y que no reflejaba su crecimiento exponencial. ¿Cómo? Eliminando selectivamente la música de algunos de nuestros artistas en desarrollo", ha señalado.

"Reconocemos los desafíos que causarán las acciones de TikTok y no subestimamos lo que esto significará para nuestros artistas y sus fans. Pero tenemos la responsabilidad primordial para con nuestros artistas", ha concluido.

El periódico estadounidense The New York Times ha presentado este miércoles una demanda contra Microsoft y OpenAI por emplear sus artículos para entrenar a ChatGPT. En la denuncia, The Times acusa a ambas tecnológicas de "un modelo de negocio basado en la infracción masiva de derechos de autor" y abre así la primera batalla legal de un gran medio contra la Inteligencia Artificial. La demanda presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan sostiene que "millones" de artículos publicados por The Times se han usado para entrenar al chatbot de Microsoft.

El periódico acusa a Microsoft de convertirse en una empresa billonaria a su costa aunque no detalla una cifra exacta. The Times lo deja en "miles de millones en daños legales y reales por la copia y uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times". El diario norteamericano quiere así "proteger su periodismo independiente" ante ChatGPT, al que ya considera un competidor potencial en el negocio de las noticias.

Según explica The Times, los inversores valoran actualmente a OpenAI en más de 80.000 millones y se benefician de miles de millones de dólares en inversión, una situación que tachan de desleal. "Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo", dice la demanda, que acusa a OpenAI y Microsoft de "usar el contenido del Times sin pago para crear productos que sustituyen al Times y le roban audiencia".

En el escrito de la denuncia el diario norteamericano explica como simplemente pidiéndole a ChatGPT que elimine el muro de pago del diario, te entrega el artículo completo. Concretamente se refiere al artículo ganador del Premio Pulitzer publicado por The Times  ‘Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek’. No solo eso, según muestran en la demanda, el motor de IA también copia al completo una crítica al restaurante Guy Fieri’s American Kitchen & Bar reseñada en 2012 al preguntarle por dicho establecimiento.

La demanda también culpa al chatbot de insertar información falsa que luego atribuyen erróneamente a una fuente.  La denuncia cita varios casos en los que Bing Chat de Microsoft proporcionó información incorrecta que atribuía a The Times, incluidos resultados de "los 15 alimentos más saludables para el corazón", de los cuales apuntan que 12 no fueron mencionados en ningún artículo del periódico.

Algunos medios internacionales como el propio The New York Times han bloqueado al rastreador web de OpenAI en los últimos meses impidiendo que la compañía de inteligencia artificial continúe extrayendo contenido de su sitio web y usando los datos para entrenar modelos de Inteligencia Artificial. La BBC, CNN y Reuters también están impidiendo a este modelo de IA usar sus obras.

Un grupo de escritores, entre los que se encuentran George R.R. Martin, Sylvia Day, Mary Bly y John Grisham, han presentado en Estados Unidos una demanda colectiva contra OpenAI por utilizar sus obras de ficción protegidas por los derechos de autor para entrenar modelos de lenguaje de gran tamaño y facilitar la generación de textos que imitan su trabajo, según recoge Europa Press.

La demanda colectiva está impulsada por la organización profesional de escritores publicados The Authors Guild y otros 17 escritores individuales, y responde "al daño y la amenaza existencial" a la profesión que han detectado en el empleo de las obras de ficción para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje.

La demanda se dirige contra OpenAI al entender que ha utilizado para el entrenamiento obras protegidas por los derechos de autor sin contar con la licencia necesaria para ello.

Desde The Authors Guild explican, en una nota de prensa, que el demandado cogió los libros de sitios web pirata y posteriormente los copió en la estructura de los modelos GPT 3.5 y GPT 4, que son los modelos de gran tamaño que utiliza para potenciar el chatbot ChatGPT y otras herramientas comerciales.

Otro problema vinculado con el uso ilícito que ha hecho OpenAI de las obras de los autores es que los usuarios del ChatGPT pueden pedirle a este chatbot que "escriba" obras que imiten el trabajo de los autores afectados. Cita como ejemplo el caso de George R.R. Martin y un "intento reciente" de generar los volúmenes 6 y 7 de la saga Canción de hielo y fuego.

"La gente ya está distribuyendo contenido generado por versiones de GPT que imitan o utilizan los personajes e historias de los autores originales. Las empresas venden mensajes que le permiten 'entrar en el mundo' de los libros de un autor. Se trata de claras infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los creadores originales", ha denunciado la directora ejecutiva del Authors Guild, Mary Rasenberger.

Esta demanda colectiva se ha centrado en los escritores de ficción por ser “una clase de escritores bien definida”, pero en The Authors Guild son conscientes de que afecta a escritores de todos los géneros, e incluso recuerdan el caso de Jane Friedman, que en agosto denunció a través de redes sociales que había encontrado libros en Amazon con su firma que ella no había escrito y que también se habían incluido en su perfil de autor en Goodreads.

Asomarse esta semana a X, antes Twitter, ha consistido en encontrarse tuit sí y tuit también con algunos vídeos de la historia de la televisión, escenas de series míticas o declaraciones de políticos, cantantes o deportistas doblados al inglés, el japonés, el italiano… y casi a cualquier idioma que se le venga a la mente. Así, entrar a la realidad alternativa que son las redes sociales ha visto durante unos días como el odio y las fake news quedaban relegadas por Mariano Rajoy o a Alberto Núñez Feijóo hablando un casi perfecto inglés, o a Belén Esteban, Chelo García Cortés u otros personajes del desaparecido Sálvame recreando para el mundo anglosajón alguno de los momentos que dejó el programa de Telecinco. 

La lista de personajes afectados por esta locura tuitera es extensa: momentazos convertidos en meme de Aquí no hay quién viva, Paquita Salas o Torrente, El Fary, Messi o Luis Rubiales y sus explicaciones bochornosas del "pico" a Jenni Hermoso. La explosión de estos vídeos vivida esta semana responde al lanzamiento el pasado viernes de una nueva aplicación de vídeos de una startup llamada HeyGen que permite con la inteligencia artificial traducir a otro idioma el contenido y el tono de voz de cualquier persona.

Aunque, en España, uno de los culpables ha sido la cuenta de @norcoreano: "Descubrí una inteligencia artificial rara y se me ocurrió probarla con un vídeo chorra y ahora mismo hay una empresa de Denver reunida de emergencia para explicar por qué le han petado sus servidores en España". En concreto, la publicación en cuestión, un vídeo de Belén Esteban en La Resistencia acumula desde el miércoles 13 más de 30 millones de reproducciones y más de 5.000 retuits, muchos de los cuales incluyen grabaciones nuevas de otros personajes hablando un inglés más que decente. Según publica El País, los tiempos de espera en la app pasaron de unos minutos a un día, y el miércoles había más de 120.000 usuarios esperando a que los servidores de esta herramienta hicieran su trabajo.

Pero, más allá de la gracia de ver finalmente a Feijóo o a Abascal hablando por fin un inglés decente, lo más impresionante y preocupante es la calidad de los resultados. ¿Cómo logra HeyGen este doblaje tan decente imitando incluso la voz y la entonación? "Se usan voces sintéticas basadas en redes neuronales, un tipo de algoritmos muy concretos que funcionan recreando cómo funcionan nuestras neuronas. Lo que hacen es que estos algoritmos se entrenan con voces y van aprendiendo perfectamente características como la cadencia o las pausas. Cuando aprenden estos patrones, son capaces de replicarlos en cualquier idioma", explica Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. 

El resultado es tan sorprendente que en algunos vídeos hasta los labios aparecen sincronizados. "Igual que se utiliza la inteligencia artificial generativa en los deepfakes se puede hacer con el tema de la voz", reconoce esta experta que apunta que podría ser una combinación de dos herramientas. Por un lado, la voz sintética para "decir lo que quieras" y otra para que "reconozca que ciertas características de la voz implica un movimiento u otro de labios". "El efecto es muy realista", confiesa Ortiz de Zárate. 

Tan realista que muchos en X ya apuntaban uno de los riesgos del uso de esta tecnología: ¿qué va a pasar con el sector del doblaje? "Hay que ver la calidad de estos sistemas de inteligencia artificial, porque hay mucho hype pero un actor de doblaje es un actor de doblaje y no se sabe si van a alcanzar su nivel. A lo mejor sustituye a ciertos actores para cosas básicas, pero no a los de grandes producciones. Esto lo que va a poner de relieve es el valor del trabajo humano", matiza Ortiz de Zárate. 

Sin embargo, este peligro no es nuevo para el sector del doblaje. El pasado abril, un manifiesto, firmado por doce asociaciones sindicales nacionales, ya alertó de los riesgos del boom con estas tecnologías "capaces de clonar voces y de desarrollar voces de inteligencia artificial que realicen este tipo de trabajo de manera autónoma": "La locución, el doblaje y la actuación de voz constituyen un bien cultural con gran arraigo en el sector de la comunicación, el entretenimiento y la enseñanza en todas las lenguas del Estado. Por ello, las administraciones públicas han de intervenir activamente y con efectividad para que un bagaje cultural, tan presente en la vida de los ciudadanos, siga siendo alimentado por seres humanos". 

No obstante, desde el sector del doblaje son contundentes con la proliferación de estos vídeos en redes sociales. "Entendemos el revuelo que causa porque es algo curioso, pero que no debería pasar de ahí. Estos vídeos no son doblaje, son una traducción simultánea hecha por una tecnología nueva", asegura Raúl Lara, presidente del Sindicato de Artistas de doblaje de Madrid (Adoma), que pone como ejemplo una de las escenas que se ha viralizado estos días: Loles León como Paloma en Aquí no hay quién viva. "Estos vídeos están muy conseguidos, pero no tienen gracia. Copia el tono de Loles León, lo dice en un inglés perfecto, pero lo que dice no tiene gracia para un estadounidense porque es una traducción literal", explica. 

Opinión similar tiene Jaime Roca Carrera, presidente del Sindicato de Actores de Voz y Voice Talents de Madrid (Avta). "Son herramientas que se están desarrollando y cuya calidad irá mejorando, pero el espectador no está viendo al actor hablando en un idioma extranjero, está viendo a una máquina", sostiene.

Roca Carrera señala, además, otro problema. "Lo que más nos preocupa, más que las herramientas de doblaje automático, es la capacidad de suplantación", reconoce el presidente de Avta. "Aquí no hay ningún dilema sobre la autoría. Cada uno tiene derechos sobre su propia voz o imagen. Estamos hablando de que están suplantando a la gente", defiende. 

Asier Sola, locutor y actor de doblaje, también explica que el problema no "es la herramienta en sí" ya que "puede llegar a tener aplicaciones muy útiles, especialmente para llegar a donde la industria tradicional no llega por no ser rentable como audiodescripciones para ciegos de productos más de nicho o audioguías". Sin embargo, encierra el problema de cómo se entrenan estas máquinas: "Esta inteligencia artificial no traduce y dobla de la nada, aprende gracias a los textos y las voces de profesionales que en la inmensa mayoría no han dado su consentimiento, y que nunca verán un céntimo de ello". 

¿Y los puestos de trabajo los ponen en riesgo? "Es evidente", sostiene Roca Carrera. "No debería porque al final el doblaje es un proceso artístico que implica a mucho personal", explica Lara que apunta que, por ejemplo, "el actor crea de nuevo el personaje" y "nada de eso existe en un automatismo que ha aprendido con datos que ha robado" porque, recuerda, han sido entrenadas "sin pagar derechos de autor". 

"En un mundo con cierta ética empresarial no tendría miedo. Las empresas de inteligencia artificial dicen que no va a sustituir a locutores y actores, sino a complementarlos, pero yo soy más que escéptico. El doblaje es un sector muy precarizado, se busca que el trabajo salga rápido, cantidad antes que calidad para que salga lo más rentable posible", reconoce Sola. Este locutor y actor de doblaje insiste que las empresas ya han demostrado que "la calidad de su producto no les importa demasiado" así que, si la esta nueva tecnología "mejora y consigue ofrecer resultados pasables, aunque sean de mala calidad": "¿Qué les impide usarlo para obtener todavía más beneficios?". 

Ortiz de Zárate comprende los temores del sector. "Si se entendiese como un complemento, podría ser fenomenal y podrían surgir oportunidades. Ya ha pasado en el pasado". No obstante, y aunque el marco podría ser amable para lograr un mejor producto o un producto más creativo, lo cierto es que siempre se plantea la dicotomía del momento en que la máquina pueda hacer el trabajo lo suficientemente bien como para sustituir al humano. 

Pero la suplantación de identidades y la pérdida de puestos de trabajo no son los únicos riesgos de la proliferación de estas herramientas de voz con inteligencia artificial. "Si ya se le había dado credibilidad a las fotos de Trump detenido o al papa con el abrigo, imagínate si se les escucha hablar", señala Ortiz de Zárate. Y es que la mejora de estos sistemas de voz implica directamente mejorar los deepfakes. "El daño más peligroso es que se utilicen para manipular. Se pueden llegar a escenarios en que se reproduzca a una persona físicamente en todos los aspectos. A nivel de desinformación es una amenaza tremenda", argumenta esta experta que recuerda que se abren además muchas "cuestiones que tienen que ver con violación de la privacidad y la intimidad" y la peligrosidad de una mejorar en la "generación de pornografía de venganza". 

Más allá de estos riesgos, que son muchos, la mejora de estas herramientas para doblar o copiar voces abre también un debate ético y moral. ¿Se puede usar como está usando la inteligencia artificial la imagen y la voz de una persona para cualquier propósito sin su consentimiento? "No se debería permitir. Es una violación grave de la intimidad, e incluso de la dignidad, y creo que es de las primeras cosas que serán reguladas", explica Sola que recuerda que "la voz es como la cara, algunas podrán parecerse pero no hay dos iguales". 

Y es que, como dice Sola, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados sin, por el momento, una legislación detrás. ¿Debe regularse? "Por supuesto, el avance tecnológico no se debe ni se puede parar", reconoce Lara que apunta que no hay dudas de que se va a regular: "Desde Adoma nos hemos puesto en contacto con otros sindicatos y se ha creado un grupo a nivel europeo, que ya es mundial e incluye a otros países. El objetivo es que las necesidades del sector de la cultura estén recogidas en la ley de la UE". La Eurocámara adoptó el pasado junio su posición negociadora con el Consejo Europeo para una ley pionera que se encuentra en la recta final para ser aprobada a finales de este año y entrar en vigor probablemente en 2025.

Desde Avta, proponen identificar estas creaciones. "El banco de datos de los que la inteligencia artificial coge sus ejemplos y sucedáneos debería estar identificado y debería hacerse con el permiso de sus creadores. Y también la salida, de que esa creación es de una máquina", explica Roca Carrera. Algo que ya está encima de la mesa de Bruselas. "Me imagino que la UE lo legislará como las inteligencias artificiales generativas, obligando a poner como marcas de agua para señalar que se ha generado con estas tecnologías", defiende Ortiz de Zárate. 

Para Sola, el punto clave será el copyright: "¿Quién es el propietario de un guion o una voz hecha por inteligencia artificial? ¿Quién la ha creado? ¿El propietario de la empresa? Pero él no ha creado nada, ha sido obra de una máquina que a su vez se ha nutrido del trabajo de miles de personas. Es complicado, porque tiene que ver con la propia definición del arte". Sin olvidarse además de la protección de intérpretes y traductores que no quieren ceder los derechos de su trabajo "para que una máquina les cave su propia tumba". Algo que ya han puesto sobre la mesa en Hollywood durante la huelga de los sindicatos de guionistas y actores.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ingresó 42.000 euros por derechos de autor de su libro Manual de Resistencia y después de pagar impuestos donó la totalidad de los beneficios a una organización no gubernamental, según la declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados, según recoge Europa Press.

En concreto, Sánchez ha obtenido 42.000 euros de beneficios y ha entregado la cantidad restante después de impuestos a la Obra Social Nur, una organización con actividad en Córdoba y Madrid. En 2019, año de publicación del libro ya había ingresado 16.600 euros en este concepto y entregado a la misma organización 8.990 euros.

Sánchez, que también es secretario general del PSOE, no indica que perciba ningún sueldo del partido, únicamente consta su salario como jefe del Ejecutivo de 87.814,80 euros. Además recibió 12.845 euros por arrendamiento de inmuebles y 360 euros por dividendos.

Por otro lado, ha abonado 43.782,67 euros de impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), aunque en la última declaración presentada hace apenas pagó 10.508,62 euros de IRPF, correspondientes a 2022.

El líder del PSOE también afirma haber donado 4.418 euros a su propio partido y mantiene su patrimonio inmobiliario: posee dos viviendas y dos plazas de aparcamiento en Madrid. Una vivienda y una plaza de garaje adquirida en 1992 de las que posee el 100% y el resto compradas en 2008 de las que es propietario de la mitad.

El presidente del Gobierno en funciones también posee 5.104 euros en acciones, la misma cantidad que refleja en su última declaración de bienes.

Al igual que en el último documento disponible de rendición de cuentas, Sánchez mantiene un saldo de apenas 20.000 euros en su cuenta corriente y tiene contratado un plan de pensiones por valor de 105.378 euros y un fondo de inversión con 81.449 euros.

Google News vuelve este miércoles 22 de junio a España, de forma que las publicaciones españolas estarán de nuevo incluidas en el buscador, tras casi ocho años de ausencia como consecuencia de la antigua Ley de Propiedad Intelectual, que contemplaba un derecho de compensación económica irrenunciable para los editores de noticias por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus contenidos, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado la directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares, quien ha destacado que el regreso del servicio coincide con el 20 aniversario mundial de Google News, y "gracias a una Ley de Derechos de Autor actualizada que permite a los medios de comunicación españoles, grandes y pequeños, tomar sus propias decisiones sobre cómo se puede descubrir y monetizar su contenido".

Google News España cerró en la madrugada del martes 16 de diciembre de 2014 y las publicaciones españolas dejaron de estar incluidas en el buscador, debido a la Ley de Propiedad Intelectual, que contemplaba un derecho de compensación económica irrenunciable para los editores de noticias por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus contenidos. España se convertía así en el primer país del mundo en el que cerraba este servicio.

Sin embargo, en noviembre de 2021, Google confirmó la reapertura en España de su servicio, una decisión adoptada a raíz del nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno español, que transpone la Directiva europea sobre Derechos de Autor. La decisión de la tecnológica llegaba tras la transposición de la normativa europea de derechos de autor, que permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

En una publicación en el Blog Oficial de Google España, recogida por Europa Press, Fuencisla Clemares ha explicado ahora que, a través de un sitio web y una aplicación específica, pronto disponible en Android e iOS, Google News "ayuda a los lectores a encontrar noticias de fuentes fidedignas, desde los sitios web de noticias más grandes del mundo hasta las publicaciones pequeñas, locales y especializadas".

"Y al identificar y organizar los enlaces a las historias de una amplia gama de fuentes de noticias —una herramienta clave en la lucha contra la desinformación— estamos ayudando a los lectores a descubrir más fácilmente el panorama general de lo que está sucediendo a su alrededor. Eso incluye encontrar más historias locales de sus comunidades, entender los temas de las noticias de última hora del día a nivel nacional y mundial, y ver qué historias han sido verificadas por organizaciones independientes", ha comentado.

En este sentido, Fuencisla Clemares ha señalado que hacer que sea más fácil para los lectores encontrar las noticias que buscan "no solo beneficia a los lectores, sino que también ayuda a los editores". Así, ha recalcado que Google News dirige a los lectores a los sitios web de los editores cuando hacen clic en los enlaces, "lo que ayuda a dirigir el tráfico a su contenido, donde pueden mostrar anuncios e incentivar a los lectores a suscribirse".

"La investigación mostró que el consumo de noticias en España cayó cuando tuvimos que cerrar Google News en 2014, y esto condujo a una reducción del 10% en el tráfico a los sitios web de los editores españoles, con el mayor impacto en editores más pequeños", ha argumentado la directiva de Google.

Por otro lado y aparte de reabrir Google News en España, ha anunciado que tienen intención de trabajar con los editores en busca de acuerdos, para poner en servicio en el país Google News Showcase "a la mayor brevedad".

Google News Showcase, según ha comentado, es un programa de productos bajo licencia, que "aporta una nueva experiencia y paga a los editores para que generen contenidos especialmente cuidados, destinados a los paneles de historias de Google News y Discover". Del mismo modo, ha informado de que continuará invirtiendo en productos, programas y financiación a través del programa Google News Initiative (GNI).

Con motivo del vigésimo aniversario de Google News, se han abierto oficialmente las solicitudes para Global News Equity Fund. Los periodistas independientes y las pequeñas y medianas organizaciones de noticias que producen noticias originales para las minorías y las audiencias subrepresentadas pueden solicitar hasta el 21 de julio para obtener financiación para apoyar y ampliar sus operaciones de noticias.

"Confiamos en que el regreso de Google News a España sirva para que mucha más gente encuentre las noticias que busca, de fuentes diversas y fiables de todos los tamaños, de dentro y de fuera de España, y brinde aún más apoyo para los periodistas y editores que trabajan sin descanso para contarnos la actualidad", ha concluido.

La transposición de la directiva europea de Derechos de Autor en el entorno digital aprobada este martes por el Consejo de Ministros exime a los creadores de pastiches, los conocidos como memes, de pedir autorización al autor de la obra original memessiempre que no implique riesgo de confusión y no infrinja un daño sobre ella o sobre el propio titular de la misma.

Así se recoge en el artículo 70 del Real Decreto-ley sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogido por Europa Press. El plazo máximo otorgado a los Estados miembros para la incorporación de la directiva a los ordenamientos jurídicos internos finalizó el pasado 7 de junio.

En concreto, sobre el pastiche indica que "no precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor". Así lo establece la nueva normativa.

Este límite, según añade el texto recogido por Europa Press, "será también aplicable a usos diferentes de los digitales". El pastiche o meme aparece en el articulado del decreto ley en dos ocasiones.

El Gobierno explica que se incluye por primera vez en el derecho español el límite de pastiche, que "refuerza la cobertura legal de las expresiones y construcciones multimedia que se replican y transmiten mediante Internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión —los conocidos como memes—, aunque este límite extiende también su ámbito al entorno analógico".

En el punto 8 del artículo 73 sobre el uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea se señala que "la cooperación entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos no impedirá que los usuarios carguen y pongan a disposición del público contenidos de obras u otras prestaciones que no infrinjan tales derechos o que se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche".

El Gobierno ha aprobado la transposición de la directiva europea de derechos de autor en el entorno digital que "corrige algunos desequilibrios para los titulares de derechos en el mercado con la aparición de intermediarios".

"Se tiene en cuenta el comportamiento de usuarios y se corrigen algunos desequilibrios con la aparición de intermediarios en el entorno digital, que han provocado en el mercado algunos perjuicios para titulares de derechos de autor", ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según ha informado Europa Press.

Rodríguez ha añadido que se trata de "sumarse" al resto de estados miembros de la UE para que los contenidos digitales "ganen oportunidades para competir en un mercado único digital". "Con esto, damos respuesta a demandas del sector cultural", ha indicado.

Precisamente, la semana anterior el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, destacó que "desde luego" España no se va a separar del consenso europeo, ya que, en sus palabras, "se tardaron cinco años" en establecer el consenso europeo, por lo que van a "aprovechar el camino que ya se emprendió".

España no ha transpuesto en el plazo previsto esta directiva europea, cuyo fecha dada por Bruselas era del 7 de junio de 2021. El anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, justificó este retraso en parte por estar a la espera de que la Comisión Europea diera unas orientaciones generales para todos los países.

A principios del pasado mes de octubre, el propio Iceta ya adelantó que la trasposición de la directiva europea de la propiedad intelectual en el mercado digital no supondrá "una gran revolución" para los derechos de autor.

Así, la propuesta se centrará en los agregadores de noticias que afectan especialmente a la prensa escrita y digital. "Parece que tuviésemos que hacer una gran revolución en todos los derechos de autor, pero no, nos vamos a centrar en lo que es el mandato de la UE", explicó entonces el ministro.

Iceta defendió también la necesidad de "romper una lanza por los creadores que pretenden vivir de su creación y los derechos de autor". "Combatir la piratería y hacer que las personas que nos han regalado a todos la creatividad puedan tener un justo retorno", señaló Iceta, quien insistió en que "quien no paga derechos de autor está privando a todos de un presente y un futuro".

La transposición de esta directiva ha generado confrontación en distintos sectores, que han reclamado introducir algunas medidas.

Google podría recuperar su servio de noticias en España con la trasposición 

Google considera que, "según las informaciones iniciales" relativas a la transposición de la normativa europea de derechos de autor, "parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España", el servicio que cerró en diciembre de 2014.

Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz de la compañía tras la aprobación este martes de la transposición de la directiva que, entre otras cuestiones, permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

"Sin embargo, necesitamos tiempo para analizar en detalle la nueva ley. En breve tomaremos decisiones sobre nuestros próximos pasos", ha matizado dicho portavoz de la compañía tecnológica.

Con el cierre de Google News España, las publicaciones españolas dejaron de estar incluidas en el buscador. La nueva Ley de Propiedad Intelectual contemplaba un derecho de compensación económica irrenunciable para los editores de noticias por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus contenidos. España se convertía así en el primer país del mundo en el que cerraba este servicio.

El cierre fue anunciado por el director de Google News, Richard Gingras, quien precisó que Google News no ganaba dinero, con lo que "este nuevo enfoque simplemente no es sostenible" y que el servicio creaba "valor real" para los medios reenviando a la gente a sus respectivas páginas y les ayuda a generar ingresos por publicidad.

El Ejecutivo ha dado luz verde ahora a esta nueva medida dentro de un Real Decreto-ley por el que transpone las directivas europeas sobre derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital. En concreto, en cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea (artículo 15 de la directiva europea), el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea.

"Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información", ha manifestado el Ministerio de Cultura.

En este sentido, Cultura ha indicado que, con la transposición de la directiva europea, se regula en España la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

Respecto al modo de gestión de este derecho, el Real Decreto-ley no se pronuncia, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

Así, recalca que la negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará "de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación".

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al líder de Más País, Íñigo Errejón, a indemnizar a un fotógrafo con 300 euros por usar sin permiso una fotografía que éste captó en un acto de Podemos durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014.

La Sección 28 de la Audiencia de Madrid, especializada en lo mercantil, ha revocado la sentencia dictada en enero de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil número 3, que absolvió a Errejón de haber vulnerado los derechos de propiedad intelectual exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública del fotógrafo, que le reclamó 1.815 euros --300 euros por cada una de las veces que considera que fue usada la imagen-- por daños y prejuicios.

La sentencia de la Audiencia Provincial, recogida por Europa Press, considera que Errejón sí que vulneró tal derecho al obtener sin permiso una fotografía en la que él aparecía participando en un mitin de la formación morada para utilizarla como imagen de identificación en los perfiles personal y privado de Twitter y Facebook.

No obstante, el tribunal no comparte el importe de la indemnización solicitada al constatar que el demandado sólo ha empleado en dos ocasiones la foto, en concreto, para ponerla como imagen de presentación en Facebook y Twitter. El resto de usos corresponden a "utilizaciones institucionales" por parte del partido político en su web y en diversos carteles de publicidad para eventos, señala la sentencia, por lo que no se puede atribuir a la responsabilidad de Errejón.

En cuanto a la cuantía por uso, los magistrados no creen que la cantidad de 300 euros por cada uso de la foto sea "un precio ajustado a mercado", por lo que, tras analizar las tarifas públicas, entienden que el precio debe ser de 150 euros por cada utilización.

Foto de la web del autor

La Sección 28 estima el recurso que interpuesto el fotógrafo contra la sentencia del juzgado de primera instancia al considerar que sí existen pruebas que demuestran que la fotografía que usó Errejón, siendo aún miembro de Podemos, procedía de la página web del autor, aceptando el argumento de la defensa que alegaba que se podía haber obtenido de otro sitio.

"Es difícil pensar que nadie que no sea el autor de las mismas pueda disponer de una colección tan completa de la secuencia de acciones realizada por el señor Errejón en ese momento y lugar", dicen los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia. Añaden que esta prueba permite, "por inferencia lógica", concluir que el recurrente fue quien captó esas imágenes.

La resolución --que no es firme-- subraya también que el fotógrafo no pierde los derechos patrimonial de exclusiva aunque se puedan acceder a las imágenes en algún sitio de Internet. "De manera que el que desee extraer esa imagen o servirse de ella tiene que tener presente que debe respetar los derechos de exclusiva que incumben al fotógrafo", apostilla. Por ello, los magistrados ven "inadmisible" que Errejón considerara que "como pudo acceder a la imagen fotográfica por medio de los buscadores de Internet, que no hacen otra cosa que bucear en páginas web, ya tenía derecho a hacerse con ella y usarla como le conviniera".

Son más de 200 artistas y 70 editoriales, y tenían un plan. Llevaban años disgustados con la SGAE, que acumula un historial de episodios de corrupción de viejo y nuevo cuño, tirones de orejas del Gobierno y de la comunidad internacional de entidades de gestión de derechos de autor, y una concatenación de tres direcciones distintas en los últimos dos años. Querían marcharse de allí y crear una nueva entidad, SEDA, Sociedad Española de Derechos de Autor, que sería la única competencia estatal de la SGAE en el ámbito musical. Debían comunicar su partida antes del 1 de julio, y se propusieron tener la autorización de licencia para la nueva organización antes de esa fecha. Pero llegó la pandemia y los trámites administrativos se paralizaron, y ahora el Ministerio de Cultura tiene hasta el 1 de septiembre para responder. Si no lo hace antes de fin de mes, defienden los autores, tendrán que mantenerse en la SGAE hasta 2022. 

Algunos músicos de la talla de Sabina o Fito Páez habían amagado ya con pedir la retirada de sus derechos, es decir, con romper su contrato con SGAE. El problema era que el sistema de entidades de gestión de derechos propicia el monopolio y hace que esta entidad no tenga, en la práctica, competencia en el ámbito musical —con las mismas funciones, solo existe EKKI, cuya labor se limita a Euskadi—. Y parte de los derechos de autor se tienen que gestionar de manera colectiva, de forma que para cobrarlos hay que estar, sí o sí, asociado a una entidad. Si los críticos con la entidad, organizados desde hace años en torno a Coalición Autoral, y ahora en SEDA, dejan la SGAE sin tener un plan b, no recibirán estos ingresos. "Hay gente que no va a dar marcha atrás, se apruebe o no a tiempo SEDA", explica el músico Patacho Recio, portavoz de este colectivo, "pero hay otros que si no hay alternativa no van a atreverse. La administración tiene el deber de darnos libertad de elección". 

SEDA presentó la documentación ante el Ministerio de Cultura, que debe otorgar la autorización, el 12 de marzo. La administración tiene tres meses para aprobarla, de forma que el plazo acababa el 12 de junio. Pero la crisis del coronavirus detuvo los trámites administrativos entre el 13 de marzo y el 1 de junio. Ahora, el Ministerio podrá contestar hasta el 1 de septiembre. "La cuestión no es si nos van a dar la autorización", dice Recio, "sino cuándo". Porque las normas de la SGAE establece que los socios que quieran abandonar la entidad lo harán el 31 de diciembre del año en curso, siempre y cuando avisen con seis meses de antelación. Es decir, la marcha tiene que comunicarse antes del 1 de julio. Los críticos con la entidad argumentan que la incertidumbre con respecto a la aprobación hará que muchos no se arriesguen a dar el paso, y forzará a los críticos a permanecer en la entidad contra su voluntad. El Ministerio de Cultura, por su parte, responde que "está tramitando dicho procedimiento administrativo, garantizando los derechos de todos los interesados en el mismo y procederá a su resolución dentro del plazo máximo para resolver".

En SEDA dicen que desconocen el motivo por el que el Gobierno no les ha dado aún una respuesta, pero mirar con cierta suspicacia esa referencia por parte del Ministerio a "todos los interesados". "¿Se refieren a la SGAE?", se pregunta Recio. Asegura que, cuando en mitad de la pandemia, pidieron a Cultura que se levantara la suspensión del plazo, la administración le respondió algo similar: que iban a consultar a los interesados. "Nosotros les replicamos con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual [LPI], porque si están consultando con la SGAE se la están saltando", critica el portavoz de la entidad. La ley de 1998, recogía que para que se concediera la autorización a una nueva entidad, había que contemplar, entre otros criterios, "el informe de las entidades de gestión ya autorizadas". Esto se eliminó en la ley de 2009. "No tiene sentido que tengamos que contar con el consentimiento de la competencia", denuncia Recio. 

El Ministerio de Cultura no ha aclarado a este periódico quiénes son, concretamente, estos "interesados" a los que estaría teniendo en cuenta en el procedimiento, e insiste en que el trámite "será resuelto dentro del plazo legal para ello": "Por ley, el Ministerio debe considerar interesados en dicho procedimiento administrativo no sólo a quienes lo han promovido, sino también a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva". La LPI establece varios criterios de autorización: que los estatutos sean correctos, que la entidad tenga capacidad para asegurar la gestión y que la autorización "favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual". No se hace referencia explícita a quiénes deberán ser tenidos en cuenta para conceder o no la licencia. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha manifestado en varias ocasiones que el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos supone una situación monopolística y vulnera la competencia. En un informe de 2010, llegó a recomendar la sustitución del sistema de autorización gubernamental por uno de simple registro. "La Ley de Propiedad Intelectual", decía el informe, "incorpora una serie de condiciones para operar como entidad de gestión que han contribuido decisivamente a configurar el actual régimen de monopolios y que dificultan la aparición de nuevos operadores que compitan con las entidades ya autorizadas". En este documento, la CNMC criticaba asimismo que "los contratos de gestión con los titulares se caracterizan por incluir altos periodos de permanencia y preaviso" y apostaba por una disminución de los plazos, limitando el preaviso a un máximo de tres meses. 

Hasta ahora, las distintas entidades de gestión de derechos de autor se han repartido de facto su campo de actuación, de forma que no son, en general, competencia las unas de las otras. SGAE tenía hasta ahora solo una entidad a la que podía considerar adversaria: DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), que se encarga de cine y televisión, uno de los ámbitos en los que también trabaja la SGAE. Y la existencia de esta organización ha sido decisiva para la organización: en octubre de 2019, 120 creadores del audiovisual, entre quienes se encontraban Almodóvar, Bayona o Sorogoyen, se dieron de baja en la SGAE para cambiarse a DAMA. Con 270 socios esperando junto a la puerta —"estos son los que lo han dicho por escrito", dice Patacho Recio, "otros muchos nos lo han comunicado informalmente"—, la existencia de otra entidad de gestión estatal dedicada a la música podría resultar decisiva para el futuro de la SGAE. SEDA sigue esperando.   

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado este martes dirigir contra 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas de televisión españolas, el procedimiento denominado La ruedaLa rueda, en el que se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización criminal.

Las televisiones investigadas son: Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, Radio Televisión Española, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha.

La trama conocida como La rueda de las televisiones se destapó con un operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante el registro fraudulento de obras musicales.

En esta causa se investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales libres así de derechos de autor y obras de escasa o nula calidad puestas a nombre de terceros –en algunos casos ni siquiera eran músicos–, para emitirlas como hilo musical en programas nocturnos de televisión y facturar por ello.

Los escritores se encuentran en España en una situación "desoladora" y un 77,2% tiene ingresos inferiores a 1.000 euros al año por derechos de autor que, normalmente, proceden de las ventas de los libros de los que tan solo obtienen un 10% del precio por cada uno, según datos del Libro Blanco de Escritor elaborado por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), informa Europa Press.  "Este estudio sirve para desmontar tópicos y la imagen que habitualmente se tiene del escritor con éxito, que únicamente representa un 0,001% de la realidad: la realidad es que la mayoría no puede vivir de escribir", ha señalado el sociólogo Ramón J. Soria, encargado de elaborar el informe.

En total, en la encuesta han participado 603 escritores pertenecientes tanto a ACE como a Cedro, de los cuales un 83,6% han asegurado no dedicarse en exclusiva a la escritura de libros. El estudio divide a los autores en cinco perfiles en base a los ingresos anuales por derechos: los pobres (ya mencionados), los precarios, los mileuristas, los estables y los consolidados.

Los precarios son el 6,6% del total y cuentan con unos ingresos de entre 1.000 y 2.000 euros al año; los mileuristas representan el 6,3% del total y ganan entre 2.000 y 5.000 euros al año; los estables son el 3,4% e ingresan entre 5.000 y 10.000 euros al año; mientras que los consolidados representan el 6,3% que ingresan más de 10.000 euros al año.

"Los que más ganan son testimoniales, hay unos nombres que todos conocemos que, comparados con el resto, son testimoniales. Nombres como los de Reverte o Cercas, por decir algunos, proyectan una idea del mundo literario en el que parece que el glamour es el día a día de los escritores", ha lamentado el presidente de ACE, Manuel Rico.

Las causas para haber llegado hasta esta situación son varias, según el propio Rico, quien sin embargo ha puesto a la crisis del año 2008 como una de las claves principales. "Fue un proceso brutal que supuso cierres editoriales y de librerías, la supresión de adelantos o incluso el no cobrar derechos", ha indicado.

Sin embargo, Soria ha destacado algo que el libro blanco —que cuenta con la colaboración de CEDRO y del Ministerio de Cultura y Deporte— ha puesto de relieve y que resulta "sorprendente": la desprotección contractual de los autores. "Me he visto sorprendido por la cantidad de contratos que se firman y contienen aspectos a priori no legales", ha alertado el sociólogo.

Una cuarta parte de libros sin contrato

Por ejemplo, el estudio destaca el "olvido" de los derechos para obras audiovisuales en los contratos, que revertirían en ingresos para los escritores en caso de ver su obra en el cine o en la televisión. En este sentido, más de la mitad de los autores (el 52,9%) desconoce si firmó o no esta cuestión, que en casi uno de cada tres casos supone apenas ingresar un 10% del total de derechos de uso pagado.

Además, el 14,3% de los contratos analizados eran ilegales, ya que no se estipulaba el porcentaje de derechos de autor a percibir; es frecuente no recibir las liquidaciones (en un 22% de los casos) y casi la cuarta parte de los libros se editan sin un contrato. Por el contrario, casi un 20% de los contratos firmados tienen más de diez años de vigencia.

Agentes literarios y demandas

Es por ello que el Libro Blanco plantea la ausencia de agentes literarios en el sector, ya que casi el 90% de los autores admiten no tener —y un 25,7% reconoce que "lo ha buscado y no lo ha encontrado"—. Rico ha reconocido que la labor jurídica de su asociación forma parte también del día a día.

"Calculamos que la asociación recibe al año 500 consultas de autores sobre la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales y la mayor parte de ellas se refieren a temas contractuales. Es el pan nuestro de cada día, pero eso se conoce poco porque a veces estamos más preocupados por el éxito", ha concluido.

Varios autores como Julio Iglesias, Sabina, José Luis Perales o Fito Páez han pedido la retirada de su repertorio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a partir del 1 de enero de 2020.

Según ha podido saber Europa Press, a estos nombres se suman otros como los de Ramón Arcusa (integrante de el Dúo Dinámico), Txus (Mago de Oz), Jorge Ilegal, Alejandro Jaén, o Iván y Amaro Ferreiro, entre otros artistas, así como las principales editoriales, tanto internacionales como independientes.

Según diversas fuentes consultadas por Europa Press, los autores se han visto "obligados" a retirar sus repertorios a partir del 1 de enero de 2020 ante una situación de "insostenibilidad total", con un reparto que consideran "injusto" e inequitativo dada la actual situación de gobierno de la SGAE que, según sostienen, está gobernada por las televisiones y "La Rueda".

Este viernes termina el plazo para presentar la carta de preaviso, por lo que aún quedan seis meses para "revertir la situación". Por ello, piden una nueva convocatoria de elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva, ya que considera que el actual organismo de dirección sigue representando "la Rueda".

Patacho Recio, portavoz de la Coalición Autoral, ha señalado a Europa Press que hasta el momento se han enviado alrededor de 300 cartas y esperan superar las 500, ya que algunos autores seguirán enviando sus solicitudes por correo electrónico antes de que termine el plazo, este domingo 30 de junio.

Según ha destacado, algunos de los firmantes equivalen a nombres internacionales como "Bob Dylan, Bruce Springsteen o Adele" y la retirada puede suponer "un 60 por ciento de los ingresos de la SGAE". La alternativa para estos autores sería funcionar de manera "colectiva" o con alguna "nueva entidad de gestión".

En este sentido, ha indicado que la alternativa para cambiar de opinión sería el "rescate" por parte del Ministerio de Cultura y Deporte o la convocatoria de elecciones a la presidencia, que ahora ocupa Pilar Jurado.

Por su parte, Rafael Aguilar, de Peermusic, una de las editoras, ha criticado que la Rueda "no ha terminado" y que sus representantes ""siguen siendo mayoría" en la Junta Directiva. "O nos toman como socios de pleno derecho o nos tendremos que ir a otro sitio, retirando además el repertorio Internacional que representamos", ha señalado.

En junio del año pasado, varios autores presentaron también un preaviso para retirar sus repertorios si la situación no cambiaba. En octubre, José Ángel Hevia fue elegido presidente, en sustitución de José Miguel Sastrón, y duró en el cargo tan solo cuatro meses, ya que a finales de febrero fue cesado y Pilar Jurado fue elegida para situarse al frente de la entidad.

El pasado lunes 24 de junio, la Asamblea General no apoyó con mayoría de dos tercios la reforma de los estatutos que exige la directiva europea y que pide tanto el Ministerio de Cultura y Deporte como la CISAC, organismo internacional del que la entidad española fue expulsada de manera temporal el pasado 30 de mayo.

La SGAE responde: va a seguir trabajando para defender a sus socios 

Al respecto, la SGAE ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sido objeto de "una acción coordinada de peticiones de salida de socios de esta entidad", situación motivada por la presión ejercida por las editoriales multinacionales discográficas y secundado por algunos autores "con el mero objetivo de que la comunidad autoral ceda a sus pretensiones" pero que, como aseguran, "carece de efectos inmediatos".

La institución señala que "es la tercera vez que las editoriales multinacionales discográficas utilizan esta medida de presión" y precisan que "en septiembre de 2016 y en junio de 2018 ya ejercieron idéntica amenaza que finalmente no llevaron a cabo".

La SGAE recuerda que "antes de abandonar la entidad hay que estar al corriente de pago" y aclara que "las opciones de futuro que los autores pudieran contemplar y que los promotores de la iniciativa les están haciendo llegar, carecen de infraestructura alguna en el cobro y en la recaudación en España".

Por este motivo, prosigue, "aboga por el diálogo, tal y como solicitó el Ministerio de Cultura, con el fin de concluir con los requisitos legales de aprobación de los nuevos estatutos, que cuentan con el apoyo de la mayoría de los autores y el bloqueo de las editoriales multinacionales discográficas".

Por todo ello, la SGAE insiste en que "va a seguir trabajando para defender los derechos de sus más de 127.000 socios sin caer en favoritismos hacia los intereses individuales de ningún grupo empresarial, en la defensa de un patrimonio cultural de España y de toda la comunidad iberoamericana, y de sus trabajadores, que la han mantenido, a lo largo de estos años, entre las cinco primeras entidades de gestión del mundo".

El Ministerio de Cultura ha recurrido este viernes el auto en el que la Audiencia Nacional le negaba, el pasado martes, la intervención temporal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según un comunicado hecho público por el propio Ministerio. El tribunal argumentaba que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugería que este recurriera a un tribunal ordinario. La sala concluía que no cabía sino denegar la petición de Cultura, realizada el pasado febrero, "al resultar inadecuado el procedimiento". El área dirigida por el ministro José Guirao ha recurrido esta decisión, que no era firme. 

Cultura había solicitado en febrero la autorización para una "intervención temporal" de la entidad, de seis meses, que incluiría la "remoción de los órganos de gobierno". El plan de Guirao era nombrar un gestor interino "constituido bajo la forma de una comisión", según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Esta comisión "asumiría las funciones legales y estatutarias" de los órganos de gobierno de la entidad anulados judicialmente, y estaría integrada por un subsecretario de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un "juez de lo mercantil especialista en derechos de autor" que "está de excedencia en un bufete de abogados privado", en calidad de experto.

El comunicado enviado por el Ministerio defiende que el auto "no aceptó a trámite la solicitud efectuada por el Ministerio por motivos estrictamente formales de jurisdicción competente, sin entrar a valorar el fondo". de esta forma, el Gobierno insiste en que "el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE", iniciado en septiembre de 2018 con un primer apercibimiento, no se ve afectado por la decisión de la Audiencia, y este sigue "abierto y plenamente vigente". Cultura insiste en que la entidad de gestión de derechos de autor no ha cumplido aún las peticiones del Gobierno: el comunicado señala que no se han modificado los Estatutos, como se pidió, no se ha resuelto el litigio en torno al reparto de ingresos de 2018, y no se han celebrado unas elecciones a la Junta directiva "respetando todos los derechos de los miembros de la entidad (incluyendo el derecho al voto electrónico anticipado)".

Por su parte, la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, se mostró satisfecha el martes por la resolución de la Audiencia Nacional. La soprano, elegida a finales de febrero, reiteró su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad hecho público entonces. La sociedad ha modificado su reglamento en los últimos meses para admitir el voto electrónico también en las elecciones de su Junta Directiva, unas de las solicitudes del Ministerio. En su comunicado, Cultura no menciona este hecho, y solo hace referencia a que la actual Junta no fue elegida de esta forma.

Por otra parte, los socios de la entidad votan el próximo lunes 24 de junio, en Asamblea, unos nuevos Estatutos que incorporarían las indicaciones del Gobierno. Las preasambleas regionales celebradas entre el 11 y el 18 de junio han votado mayoritariamente a favor del nuevo reglamento, lo que prefigura una victoria para Jurado. Según la información otorgada por la SGAE, de los 3.683 votos emitidos, 3.192 han aceptado los nuevos Estatutos, lo que supone un 86,7% del total. Esta cifra alcanza la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la modificación. La entidad asegura en un comunicado que la nueva normativa "cuenta con el respaldo de los vicepresidentes de los cuatro colegios que integran la Junta Directiva, Pequeño Derecho, Gran Derecho, Obras Audiovisuales y Editores Musicales". 

Tras eso, la SGAE tendría que resolver el litigio en torno al último reparto de 2018: el Ministerio exige que se haga conforme a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que establece un tope del 20% del total para los derechos obtenidos por la emisión de música en televisión —una forma de combatir la trama de la rueda—, algo que comparten parte de los socios, mientras que la entidad defiende que esa normativa no debería regir ese último reparto. 

Los problemas de la entidad han traspasado también las fronteras: el pasado 30 de mayo, la Confederación Internacional Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) votó a favor de la exclusión durante un año de la entidad española, aseguraba en un comunicado que las denuncias interpuestas contra la SGAE eran "motivo de gran preocupación" y hablaba de "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa". En el comunicado, la CISAC exhortaba a la sociedad de autores a realizar los "cambios reglamentarios necesarios" e implantar "importantes desarrollos técnicos", con "la esperanza de poder readmitir a la SGAE como miembro lo antes posible".

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición del Ministerio de Cultura para realizar una intervención temporal cautelar de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Así, el auto, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, considera que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugiere que este recurra a un tribunal ordinario. La sala concluye que no cabe sino denegar, "al resultar inadecuado el procedimiento", la autorización de remoción de los órganos de representación de la SGAE y su intervención temporal interesada por el Abogado del Estado. 

La Audiencia Nacional señala que no ha lugar "a conceder en este trámite la autorización de remoción de los órganos de representación y la intervención temporal de la SGAE solicitada por el Abogado del Estado". La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha expresado su satisfacción por la resolución de la Audiencia Nacional, que llega cuatro meses después de la petición de intervención del Ministerio, a la vez que ha reiterado su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad.

El Ministerio ha señalado en un comunicado que, en el Auto de la Sala, "esta no se considera competente para dirimir sobre esta materia y no entra a evaluar la cuestión de fondo sobre la pertinencia o no de la intervención". "Los problemas que tenía la SGAE sin solventar los sigue teniendo", ha dicho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao en una atención a medios en Lisboa. "El Auto rechaza autorizar la intervención del Ministerio por una cuestión formal, no de fondo", ha insistido Guirao. A finales del pasado mayo, la Confederación Internacional de Autores decidió expulsar durante un año a la SGAE por el "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa"

El Ministerio de Cultura y Deporte envió el pasado mes de febrero a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal —por un plazo inicial de seis meses— la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre la que incluía el nombramiento de un gestor interino para la entidad. La SGAE señala que la petición se realizó en el marco de un procedimiento judicial en curso, en el que la entidad de gestión había a su vez presentado un recurso contencioso-administrativo contra un apercibimiento del propio Ministerio. "Es evidente entonces que la remoción de órganos de representación y la intervención temporal de la entidad gestora son en todo caso, y por expresa previsión legal, actos posteriores al apercibimiento", señala el auto de la Sala que se declara no competente para resolver sobre la intervención solicitada.

"La vía que se nos presenta es acudir a otra vía judicial o retirar la autorización como entidad de gestión a la SGAE. Es algo que nunca hemos querido hacer", ha señalado el Ministro, "y hemos optado por una vía moderada que pasara primero por los requerimientos y, cuando la SGAE no ha respondido adecuadamente a los mismos, hemos acudido a la vía judicial". En su comunicado, el Ministerio de Cultura ha insistido en que "la SGAE es una entidad privada" y en que este departamento "desearía que se dieran las circunstancias para no necesitar acudir a otras instancias judiciales para solicitar que se autorice la intervención de ésta".

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha desestimado la demanda de la primera discográfica de Bebe, Trovador Ediciones, y ha liberado a la cantante de los compromisos contractuales que había adquirido en el año 2003 al entender que resultan abusivos para la intérprete, según informa Europa Press.

Trovador Ediciones demandó a Bebe al entender que todavía debía entregar la totalidad del encargo pactado en un contrato de 2003, cuando la cantante todavía no había publicado su primer álbum Pafuera telarañas (2004), reclamando, además, que se le prohibiese concluir el contrato con otra editora. Bebe publicó con Trovador Ediciones los álbunes: Pafuera telarañas, Y (2009) y Un pokito de rocanrol (2012), mientras que, ya en el 2016, Cambio de piel vio la luz con Warner Music. La primera editora de la cantante reclamaba que, en el contrato firmado en 2003, existía el compromiso de grabar cinco álbumes -de los cuales ya había tres publicados- en un plazo de diez años y, además, "presentar y entregar en exclusiva al editor todas las obras de su autoría compuestas durante ese plazo".

En la sentencia, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez entiende que el contrato del año 2003 es "nulo de pleno derecho en cuanto contrario al orden público constitucional", ya que entiende que se genera una vinculación por contrato "excesivamente amplia tanto en tiempo como objeto". En el texto, se resalta que, tras la firma del contrato y la publicación del primer álbum, la vinculación creativa entre ambas partes se prolonga desde hace 16 años, lo que solo puede ser calificable de excesiva. "Partiendo de tal postulado, no puede resultar admisible que por la vía del precontrato de edición la autora/creadora quede vinculada indefinidamente o por un tiempo excesivo a la cesión obligatoria de los derechos de explotación de las obras creadas, se incorporen o no a producciones musicales de larga duración", ha indicado la sentencia.

En este sentido, el juez alerta de que si la demandada, en su libertad creativa y diseño de su carrera artística, publicita un álbum de estudio cada cuatro años aproximadamente, resulta que, "abarcando el encargo de 2003 los próximos cinco álbumes, la vinculación precontractual de edición exclusiva entre las partes se extiende por un plazo esperado de veinte años". "Si a ello sumamos que la efectiva edición tiene una duración de doce años (en un contrato firmado por 2003) y de veinte años (en un contrato de 2009), puede concluirse que serán cuarenta los años de actividad creativa de la demandada la que se encuentra vinculada pre y contractualmente con la demandante, lo que parece vulnerar la legislación".

A todo ello añade que la doctrina establece que el encargo de obra a una joven autora "carente de popularidad y fama y huérfana de éxito comercial", al tiempo de formalizar el precontrato "puede ir acompañado de todas las claúsulas", pero enmarcadas "dentro de los límites legales".

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 33,8 millones de euros a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la asociación ANELE por "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales", informa Europa Press.

Según informa el organismo, se ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. Además, añade que también se ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales.

De este modo, informa de que a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos conductas ilícitas: una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", indica la CNMC.

También recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características peculiares, ya que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio porque están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.

A ello, hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy "clara y determinante". Asimismo, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

Por su parte, la editorial Santillana, sancionada con más de nueve millones de euros, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la millonaria sanción de la CNMC que la editorial "rechaza" por no "ajustarse a derecho" y "contener errores materiales". En un comunicado, expone que la resolución de la CNMV "descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales".

La asociación ANELE también ha anunciado este viernes interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución, que ha calificado como "arbitraria e injusta".

Sanción de 2,95 millones de euros a la SGAE por abuso de dominio

Asimismo, Competencia ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 2,95 millones de euros por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales, según ha informado este viernes en un comunicado. Por un lado, la CNMC sanciona a la SGAE por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios" para decidir si atribuyen o le retiran en parte a dicha entidad la gestión de sus derechos.

Asimismo, Competencia multa a la entidad de derechos de autor por su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneraciones mediante la venta de paquetes de autorizaciones de reproducción y comunicación pública, así como por la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical, en el sector del hospedaje y en el de restauración. Según señala la CNMC, al no existir dicho desglose, el usuario no podía conocer los costes reales ni comparar con otras ofertas de competidores de la SGAE.

Esta investigación se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de autor y Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. Por todo ello, la CNMC insta a la SGAE a abstenerse de realizar conductas semejantes e impone una sanción de 2,9 millones de euros, tal y como establece la resolución contra la que no cabe recurso por la vía administrativa, pero sí recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.