Un misil lanzado desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años. Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local (17.07 GMT), tras lo cual se registraron varios impactos en la zona.

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a unas 20 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas y cuadros de pánico.

Entre los heridos figuran un niño de diez años y una en estado moderado, según MDA, que indicó que continúa prestando asistencia a otras personas en el lugar.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del colapso de un edificio tras uno de los impactos, lo que provocó un incendio en la zona.

Según el Comando del Frente Interno, la unidad del Ejército israelí encargada de garantizar la seguridad de la población civil en Israel, desde la medianoche se han registrado al menos siete oleadas de ataques iraníes dirigidas contra Dimona y otras áreas del sur del país.

En paralelo, el servicio de bomberos informó de varios incidentes en el norte de Israel atribuidos a impactos de cohetes lanzados por Hizbulá, con daños en algunos edificios.

En total, 15 personas han muerto en Israel por los ataques iraníes. Además, cuatro mujeres perdieron la vida tras el impacto de un explosivo durante un bombardeo de Irán en la localidad palestina de Beit Awwa (sur de Cisjordania).

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro, mientras denuncia un ataque de ambos países contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

“La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo Pezeshkian en una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

Asimismo, rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que el país mantiene un programa con fines pacíficos y está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

El presidente iraní también insistió en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y propuso la creación de un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

Dentro de esta narrativa de las armas nucleares, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado el ataque al "complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz" aunque, por el momento han descartado fugas de material radiactivo "y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio”.

La OEAI iraní recordó que esta acción “es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)”, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear.

Irán ha culpado del ataque tanto a Israel como a Estados Unidos, pero, fuentes consultadas por EFE en Jerusalén aseguran "no estar al tanto de un ataque" sobre Natanz que ya fue atacado hace quince días y que tampoco sufrió daños considerables.

Asimismo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió "contención para evitar cualquier peligro de accidente nuclear", señala la agencia nuclear de la ONU en un mensaje en X.

El organismo indicó que ha sido informado por Irán de lo ocurrido e insiste en que cualquier acción militar contra instalaciones nucleares conlleva riesgos y debe evitarse.

En letras gruesas y blancas, aparece la cifra sobre un cartel negro: “2.348”. Es el número de muertos “relacionados con el desastre” causado por el gran terremoto que azotó el este de Japón el 11 de marzo de 2011.

Pero en la prefectura de Fukushima, a 200 kilómetros al norte de Tokio, donde hace quince años tuvieron que huir 160.000 personas del accidente nuclear de la central operada por la Tokyo Electric Power Company (Tepco), las palabras son trampas. Hay que analizarlas para comprender su significado.

En el museo conmemorativo del gran terremoto y el desastre nuclear de Futaba, a solo 6 km de los reactores que explotaron tras ser golpeados por un tsunami, cada término se sopesa cuidadosamente. Por ello, las autoridades se han tomado la molestia de explicar quiénes son los muertos “relacionados con el desastre”: las personas que sucumbieron al “modo de vida de los refugiados”. No murieron, pues, a causa del terremoto directamente, sino que perecieron por “falta de cuidados”, “agotamiento físico” y “abatimiento psicológico” en los meses y años posteriores a la evacuación de las zonas devastadas por el tsunami y contaminadas por la lluvia radiactiva. Además, las tasas de suicidio han aumentado considerablemente.

“Son muertes causadas por el trastorno del entorno de estas personas”, explica Yasuyuki Taneichi, médico del hospital comunitario de Kuwano Kyoritsu, en la prefectura de Fukushima. “No murieron aplastadas por el derrumbe de una casa, sino por una concatenación de factores: la reducción de la actividad física y la ruptura de los vínculos sociales, con el consiguiente impacto psicológico. Todo ello les arruinó la vida”.

Las palabras “accidente nuclear” no figuran en la pared del memorial. Están implícitas en el término “desastre”. A principios de marzo, al cruzar por segunda vez la sala con una semana de diferencia, me sorprendió que el número de víctimas hubiera aumentado a 2.350. Se habían añadido dos personas más al macabro balance. Quince años después de la catástrofe nuclear más grave desde la explosión del reactor de Chernóbil en 1986, sigue aumentando el recuento de muertos en Fukushima.

En total, han fallecido 3.810 personas “en relación con el desastre” en las nueve prefecturas afectadas por el terremoto de 2011, según la autoridad encargada de la reconstrucción, cifras que datan del 31 de diciembre de 2025. En Iwate, al noreste de Honshū, la isla principal del archipiélago, 472 muertos; en Miyagi, justo debajo, 932; en Ibaraki, al norte de Tokio, 42.

En la prefectura de Fukushima, donde se produjo el accidente nuclear, 2.348. Más que en cualquier otro lugar y más que el balance del tsunami, que mató directamente a 1.831 personas, según las autoridades. A nivel nacional, perdieron la vida en el terremoto del 11 de marzo de 2011 casi 20.000 personas. Una de las peores catástrofes de la historia de Japón.

“El desastre se produjo en dos fases”, recuerda Terumi Kataoka, activista y esposa del pastor de Aizuwakamatsu. En 2011, acogió a evacuados en su parroquia, a unos cien kilómetros de la central. “Se produjo la explosión de los reactores. Algunas personas fueron evacuadas de inmediato, pero otras no. El ejército tardó en llegar a Futaba [ciudad colindante con la central, ndr]. Y luego pasaron hasta diez horas desde que la gente subió a los autobuses hasta que encontraron un lugar de evacuación. Algunas de esas personas estaban enfermas, eran mayores, necesitaban cuidados y murieron durante el transporte. Es horrible.”

Durante el traslado entre el hospital de Futaba y la ciudad de Iwaki perdieron la vida cuarenta pacientes. Otras personas heridas por el tsunami quedaron atrapadas en la zona evacuada y no pudieron ser rescatadas: “Después del 11 de marzo, volví a mi casa para regar las plantas”, recuerda Tomoko Kobayashi, gerente de un ryokan, un hotel tradicional, cerca de Minamisōma, a unos treinta kilómetros de la central. “No había nadie. Solo las flores me sonreían. En un momento dado, llegó un hombre. Acababa de perder a su primo, atrapado entre el agua y los escombros. Había pedido ayuda, pero como se encontraba en la zona irradiada, la gente no pudo rescatarlo. Lo oían gritar al otro lado del límite de la zona.”

Frente a la costa japonesa, el buque de la armada estadounidense USS Ronald Reagan envió a un equipo a socorrer a las víctimas del terremoto, y se encontró en medio de una nube radiactiva. Varios cientos de marineros interpusieron una demanda judicial, sin éxito, después de que algunos de ellos enfermaran gravemente. Uno de los demandantes falleció a causa de un cáncer raro.

En cuanto a los trabajadores de la central de Fukushima-Daiichi, uno de ellos murió de cáncer de pulmón en 2018, mientras que un subcontratista perdió la vida en 2024 tras realizar trabajos de descontaminación. En 2011, dos jóvenes trabajadores fallecieron a causa del accidente, una tragedia recreada en la serie The Days.

“Las muertes relacionadas con el desastre en la prefectura de Fukushima son mucho más numerosas que en otros lugares, es espectacular”, señala Toru Honda, médico del pueblo de Iitate, a unos cincuenta kilómetros de la central. “Esas personas no murieron directamente a causa del accidente nuclear, sino como consecuencia de él, sucumbiendo a la depresión y la desesperación, tras haber perdido su trabajo, su casa y su entorno familiar”. En su gran mayoría, tenían 66 años o más, según la Agencia de Reconstrucción.

Kuichi Eda, al frente del seguimiento sanitario de las consecuencias radiactivas y las evacuaciones, recibe a Mediapart en las laberínticas oficinas de la prefectura de Fukushima. Se toma su tiempo para responder a las preguntas, abre gruesos expedientes, muestra tablas de datos y distribuye informes. Pero cuando se le pregunta por el número de muertos causados por el accidente, se queda sin respuesta: “Nuestro servicio no puede responder a eso. No es nuestra responsabilidad”. 

El tema sigue siendo políticamente delicado en Japón. La actual primera ministra ultraconservadora, Sanae Takaichi, provocó un escándalo en 2013, dos años después de la catástrofe, al declarar: “Se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima-Daiichi de la empresa Tepco, pero no murió nadie”. En aquel momento, figura emergente del Partido Liberal Democrático (PLD), tuvo que disculparse.

Pero cuando, en febrero, el ministro de Reconstrucción, Takao Makino, presentó en rueda de prensa el balance de la “revitalización” de las regiones afectadas por el terremoto de 2011, ni siquiera se molestó en distinguir entre las víctimas mortales de la catástrofe natural y las del accidente nuclear. Una hábil forma de dar por zanjado el tema.

¿Ha llegado ya el momento de cerrar el libro de los muertos de la catástrofe de Fukushima? “¿Cuántas muertes causó el accidente de Fukushima? No se puede responder a esta pregunta quince años después, es demasiado pronto”, asegura Yasuyuki Taneichi, médico muy implicado en el seguimiento de los jóvenes afectados por el cáncer. “Chernóbil ocurrió hace cuarenta años y todavía no tenemos respuestas a todas las preguntas. En el caso de Hiroshima y Nagasaki, los efectos sobre el cáncer son claros ahora, ochenta años después.”

El aumento del riesgo de cáncer es el principal efecto a largo plazo de la exposición a la radiación en los supervivientes de la bomba atómica (hibakusha en japonés, “los irradiados”) durante el resto de sus vidas. “Los efectos de la radiación tardan muchísimo tiempo en manifestarse. Está claro, pues, que, cuando la industria nuclear dice que todo va bien, se trata de una afirmación sin fundamento”, añade el médico.

En Iitate, un municipio agrícola enclavado en un valle de arrozales y prados, el doctor Honda nos recibe en la consulta de su enfermero, en un salón amueblado con amplios sofás, junto a un rincón repleto de instrumentos musicales. El pueblo tuvo que ser evacuado tras el accidente nuclear de 2011. La orden de alejamiento de la población fue parcialmente levantada en 2023.

Antes de marzo de 2011, el municipio contaba con 6.500 habitantes. Hoy en día, solo queda una cuarta parte, alrededor de 1.500 personas. “No ha habido ningún nacimiento en Iitate el año pasado”, se lamenta el médico. “Las estructuras familiares han quedado completamente destruidas por la energía nuclear, ese es su mayor crimen aquí. Antes, vivían diez o quince personas bajo el mismo techo y los hijos heredaban la granja de sus padres. Pero hoy en día, nadie quiere vivir aquí debido al elevado nivel de radiación, y las familias se han desintegrado.”

“Cuando llegué aquí, justo antes de que se levantara la orden de evacuación, el alcalde me dijo que no necesitaba más recursos médicos”, recuerda Katsuya Hoshino, el enfermero. “Sin embargo, solo había una clínica abierta dos días a la semana y solo por las mañanas.” Finalmente, impulsado por el deseo de ayudar a los habitantes a defenderse en su entorno radiactivo, se instaló allí. Pero “durante las visitas médicas, hacen pocas preguntas sobre la radiactividad. Las personas que le temían se han marchado”. Ha llamado a su clínica Agabego, en referencia a la vaca roja (Akabeko), un amuleto tradicional de la región de Fukushima, y al nombre griego agapê, que significa amor incondicional.

Toru Honda señala que, salvo en uno o dos casos, todas las causas de muerte de sus pacientes están relacionadas con el cáncer: “Pero eso no prueba la relación con el accidente”. ¿Cómo saberlo? En Iitate se siguen registrando altos niveles de contaminación. La contaminación oscila entre 0,25 y 0,30 microsieverts por hora, lo que equivale a entre 2,6 y 3 milisieverts al año, explica el médico del pueblo: “Es dos o tres veces más que la dosis recomendada por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, lo que supone un riesgo para los habitantes”.

En la prefectura de Fukushima, la radiactividad ambiental debe superar los 20 milisieverts al año para que una zona sea objeto de una orden de evacuación y, por lo tanto, declarada inhabitable. En el resto del país, y del mundo, la norma es de 1 milisievert.

Nobuyoshi Ito, ingeniero en mediciones de radiactividad, ahora jubilado, también vive en Iitate. Supervisa cada día la radiactividad de su pueblo y muestra sus mejores resultados: más de 3 microsieverts en un cruce de carreteras, o 90.000 becquerels en una zanja entre una carretera y un campo en 2024, ocho años después de la descontaminación. Los sieverts miden la dosis recibida por un organismo, mientras que los becquerels cuantifican la radiactividad presente en el suelo, el agua u otra fuente.

“Los coches circulan y desplazan las partículas radiactivas. Y cuando llueve, las esparcen y van a parar al río”, explica con un contador en la mano. Detrás de su casa, en este hermoso jueves soleado de finales de febrero, hay 1,30 microsievert. “La norma internacional es dar prioridad a la salud de los habitantes, hacer todo lo posible para evitar el riesgo y, si existe un beneficio demostrado en el uso de la radiactividad, limitar ese riesgo al mínimo. Pero ¿qué beneficio obtenemos al vivir tras un accidente nuclear? Ninguno.”

“Es difícil demostrar la relación entre la radiación y las muertes”, advierte Toru Honda. La población está envejeciendo y el cáncer es la principal causa de muerte en Japón desde hace varias décadas.

Hachiro Sato, concejal de Iitate, dice que ya ha perdido la cuenta de las visitas al cementerio, mientras que la población se ha reducido a una cuarta parte: “Sé de veinte o treinta personas que han enfermado y fallecido desde 2011”. Y cuando pregunta a las familias por las causas de las muertes, le dicen “leucemia”, “cáncer” o “tumor maligno”.

“Los partidarios de la energía nuclear dicen que no es por el accidente, los detractores dicen que sí. Es ridículo”. Quince años después, sigue reprochando al alcalde que tardara en evacuar el pueblo, casi un mes y medio después del accidente de la central. “La gente pasó todo ese tiempo expuesta a la lluvia radiactiva. Casi todos eran personas mayores, porque los jóvenes y las familias habían huido por su cuenta”.

A unos cien kilómetros de allí, en el extremo occidental de la prefectura de Fukushima, el sol penetra en una nave de la Iglesia Unida de Cristo a través de sus vidrieras amarillas y azules. Su interior, un lugar de oración, es también un cuartel general antinuclear, donde están perfectamente alineados folletos sobre los bombardeos de Hiroshima y hay panfletos que llaman a manifestarse contra la reactivación de la central de Kashiwazaki-Kariwa (una de las mayores centrales nucleares del mundo, con siete reactores).

Terumi Kataoka, activista y esposa del pastor de la parroquia, es originaria de la región afectada. Todavía tiene amigos y familiares allí. “Hay un antes y un después del 11 de marzo de 2011: la gente padece cáncer, problemas de piel, problemas cardíacos. Son muy conscientes de todo ello, pero no pueden demostrar la relación con el accidente.” Su padre murió hace cinco años, a los 80 años. Es una edad avanzada. Pero en pocas semanas murieron muchos otros octogenarios. “¿Por qué todos al mismo tiempo?”

Para Terumi Kataoka, “es muy difícil imaginar que haya gente que dude de que el accidente nuclear haya causado muertes: lo que ocurrió en Hiroshima y lo que ocurrió en Fukushima es el mismo fenómeno radiactivo”. “¿Por qué se reconocen las muertes en un caso y no en el otro?”, se pregunta.

En Fukushima no se ha construido ningún monumento a los fallecidos por el accidente nuclear. Pero en la pared de una granja, no lejos de Namie, hay un altar improvisado, donde se ve un cráneo de vaca sobre el símbolo de la radiactividad. Una mano burlona ha garabateado una calavera con una nariz de payaso y ha sido clavado a una cruz otro trozo de esqueleto bovino.

Hacia el cielo se eleva una alambrada: “Es el humo de la central”, explica Masami Yoshizawa, campesino anarquista y artista. “Esta obra simboliza la tumba de la central de Fukushima. Porque esto es un infierno.”

En 2011, durante la evacuación, tuvo que dejar sus vacas en la granja. “Murieron encerradas en el establo”. Conserva fotos de sus cadáveres. “Se echó a perder la vida de esos animales.” Vacas, gallinas, cerdos, caballos: en 2011 se sacrificaron 650.000 animales de granja en un radio de 20 km alrededor de la central.

En su pared también escribió: “Adiós, Namie”. Pero la ciudad sigue ahí. Es incluso uno de los municipios que el Gobierno quiere convertir en escaparate de la reconstrucción de la región. “¿Qué vamos a hacer con esta ciudad? Los que regresan son abuelos y abuelas. ¿Vendrán aquí los nietos? No lo creo. Este lugar está condenado a ser destruido. Hemos dedicado toda nuestra vida a él y se ha acabado. Cuando explota una central nuclear, esto es lo que pasa. No queda nada.”

El 11 de marzo de 2011, el tsunami azotó Japón. El 15 de marzo fue un día de importantes emisiones radiactivas.

Para escribir esta serie de artículos, viajé a Japón entre mediados de febrero y principios de marzo. La mayoría de las entrevistas se han realizado en japonés y han sido traducidas por Hiroko Aihara, Johann Fleuri y Makiko Segawa.

Traducción de Miguel López

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles que su política energética es un "referente internacional" y ha lamentado que el PP quiera "volver atrás" con una propuesta energética "basada en negar el cambio climático y en el antieuropeísmo". Aagesen ha desvelado en el Congreso una carta que ha recibido su ministerio del Govern valenciano en la que "garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática" de Bruselas, fechada a 30 de octubre de 2025, un día después de cumplirse un año de la dana que acabó con la vida de 229 habitantes de esa Comunidad.

La resolución, firmada por María Ángela Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, también fue convalidada cuatro días antes de la dimisión del president Carlos Mazón, cuyo sucesor –Juan Francisco Pérez Llorca– necesitará el apoyo de Vox para ser investido este jueves.

"Me preocupa mucho que quieran volver atrás y me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos ¿votarán con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar en Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio eso es lo que me están pidiendo?", le ha dicho Aagesen al diputado del PP Guillermo Mariscal en la sesión de control del Congreso.

La carta se dirige directamente a la ministra para pedirle "promover" en Europa la cancelación del programa que graba las emisiones de CO₂ en la industria y otros sectores, una medida destinada a que las compañías que contaminen, sufraguen el coste de reparar ese daño. Ese dinero también se destina a inversiones para descarbonizar la industria. Por otra parte, el Govern reclama en la misiva prorrogar el cierre de la central nuclear valenciana de Cofrentes, una solicitud que deben hacer primero los dueños de la planta.

La ministra ha asegurado que esta semana ha recibido una carta de la Generalitat valenciana en la que pide al Ejecutivo "un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas".

Por su parte, Mariscal ha dicho que Aagesen es la que está "desconectada de la realidad" y le ha reprochado que "siga sin reconocer las causas del gran apagón" del pasado 28 de abril, que según el PP fueron la "falta de programación de control de tensión y la falta de tecnologías síncronas como la nuclear, que llevó al colapso por sobretensión".

"Por su planificación vamos a pagar 1.500 millones de euros extras y además están marginando la integración de renovables. Han convertido un sistema robusto en frágil", ha espetado el representante del PP a Aagesen.

Mariscal también ha afirmado que la "estrategia antinuclear" del Gobierno de Pedro Sánchez es "proapagón" y ha sostenido que, si el 28 abril Almaraz I no hubiera funcionado al 65 % y Almaraz II no hubiera estado desconectado y ambos equipos hubieran funcionado al cien por cien, hubiera sido "más fácil evitar el apagón".

La ministra ha hecho hincapié en que el PP mira a "políticas del pasado" y a "ocurrencias regulatorias que paralizaron en España el despliegue de las renovables, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética del exterior y dañaron nuestra credibilidad con arbitrajes".

A ese respecto ha incidido en que la "factura en diferido" de la política energética del PP son los más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales que se encontraron los socialistas cuando accedieron al gobierno.

“Conmigo Almaraz no se va a cerrar. Tenéis mi palabra”. Así lo proclamó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita a Extremadura dentro de la precampaña electoral. Y así evidenció que la central nuclear de la provincia cacereña será arma arrojadiza de cara al 21D, cuando se celebren las elecciones autonómicas y de cuyos resultados estarán muy pendientes desde Madrid. El arco parlamentario que se dibuje en la región dará las claves del nuevo ciclo político nacional. 

El ruido había empezado días antes en el Congreso, con el rechazo a una enmienda propuesta por el PP que pretendía, sin tener en cuenta el informe de los técnicos, eliminar directamente la fecha de cierre de las nucleares en España. Que esa enmienda no saliera adelante no significaba que la petición de alargar Almaraz hasta 2030 desapareciera, pero los populares dieron con el relato oportuno para acusar al PSOE de “traición”.

La realidad es que los socialistas extremeños, desde que se planteó la primera prórroga en 2019 (entonces se marcaron los años 2027 y 2028 como límite), han defendido siempre extender la vida útil de la central, discrepando de los planes energéticos nacionales de su propio partido.

Pero, ¿qué hay más allá de esas declaraciones de Feijóo y la batalla electoral? ¿El futuro pasa por extender sin límite una central de principios de los 80 que sigue acumulando residuos tóxicos y que, por su propia condición, ya nació con fecha de caducidad?

La respuesta es que no se ha trabajado de manera práctica y eficiente en las alternativas para la transición necesaria. Y el debate político tampoco se centra ahí.

La pérdida de puestos de trabajo si Almaraz cierra es, sin duda, uno de los argumentos más usados para la defensa de la energía nuclear. Las cifras oficiales dicen que hay 369 empleos directos con sueldos por encima de la media, más otros 662 indirectos de empresas especializadas. Además, en época de recarga existe una contratación extra de unas mil personas. No obstante, informes como el de la consultora Metys, que maneja el Foro Nuclear, hablan hasta de 3.800 puestos. “Pero es que esos datos inflados no son reales. Se dice que la comarca de Campo Arañuelo vive de la central, y no es verdad. La comarca vive de la agricultura. ¿Son importantes esos empleos que se van a perder y que los comités de empresa los tienen que defender? Sin ninguna duda. Pero entonces lo que se necesita es un plan de transición justa para paliar las consecuencias y buscar alternativas para la zona, algo que no se ha hecho”, dice Antonio Rosa, que fue consejero de Industria y Energía en los años 80 con Ibarra como presidente de la Junta de Extremadura; después ejerció de presidente del Clúster de la Energía en la región. Rosa es de las pocas voces en contra de la prórroga. “Es que ahora parece que toda Extremadura vive de Almaraz. Y, además, hay que recordar que la instalación no deja absolutamente nada en la comunidad, porque la sede fiscal de las empresas propietarias está fuera”.

Con su planteamiento coincide Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura (la confluencia de Podemos e Izquierda Unida), el único partido en la región en contra de que la nuclear siga funcionando. “Es prolongar unos pocos años más la agonía, ¿qué estabilidad es esa?”, plantea.

Desde el Ejecutivo del fallecido Guillermo Fernández Vara (PSOE) se intentó buscar una opción para la zona: la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero apenas ha habido avances en este proyecto en los dos años de gobierno de la popular María Guardiola.

Por ello, en el acto de precampaña de los socialistas del pasado miércoles en Mérida, con la presencia de Pedro Sánchez, el candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, aseguró que si gana las elecciones peleará por esa gigafactoría. Sánchez, por su parte, evitó pronunciarse sobre el futuro de Almaraz.

Además del empleo, otros de los puntos fuertes es el dinero que reciben los ayuntamientos del entorno. El informe 'Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz', de la consultora Payperthink y encargado por AMAC (Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos) refleja que los 12 pueblos más cercanos a la instalación reciben 15 millones de euros al año, lo que supone casi el 60% de los presupuestos municipales de la zona. En algunos municipios es casi el 80%. La traducción es que, por ejemplo, Almaraz (1.600 habitantes) es el pueblo más rico de Extremadura.

El dinero lo reciben en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la central, pero también por parte de Enresa, la empresa nacional que gestiona los residuos radiactivos. “Es un regalo envenenado”, asegura Rosa.

Otro de los factores clave en el debate sobre la continuidad de la central es si las energías renovables están preparadas para ser alternativa a la nuclear dejando a un lado el gas que viene de Argelia y evitar así que se incremente la factura de la luz. Los informes de Foro Nuclear afirman que Almaraz aporta el 7% del total de la energía que se consume en España. “Hemos cumplido con el plan previsto y estamos preparados para la transición”, dice, sin ninguna duda, Ángel Bernáldez, delegado en Extremadura de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Explica que hay dos claves. La primera, la capacidad para acumular energía. Bernáldez asegura que las nuevas plantas ya cuentan con la tecnología necesaria que permite esa posibilidad. Así, ya se podrían incorporar a los mecanismos de control de tensión, o lo que es lo mismo, servirían para dar estabilidad al sistema y hacer frente a las perturbaciones (las que provocaron el apagón).  

La segunda, la necesidad de mejora de la red eléctrica para aumentar la capacidad y que los proyectos fotovoltaicos no se vean limitados.

Desde el sector tienen claro que la apuesta clara por la renovable pasa porque la nuclear deje su espacio en el mercado “porque todas no caben”, pero hay voces que aseguran que aún se está a medio camino en este cambio sin tener que depender del gas. 

En este contexto, el último informe de Fundación Renovables pone el foco en la rentabilidad: “En principio, ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente hacia una falsa economía”.

El estudio también recoge: “Alargar hasta 2030 la vida de Almaraz supondría ir contra el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y alterar los planes que han guiado la inversión en renovables en los últimos años, además de abandonar la idea de un cierre escalonado y progresivo que permita suavizar la pérdida de generación nuclear, ya que supondría clausurar a la vez Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes en 2030”.

En la algarabía electoral sobre Almaraz, apenas se pronuncia el término residuos tóxicos, esos por los que los ayuntamientos reciben compensación. Ya se está haciendo un segundo Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la basura nuclear. Estas instalaciones son necesarias porque las piscinas dentro de las centrales se saturan. “Los restos siguen siendo radiactivos durante varios miles de años. En España las políticas sobre residuos no han conseguido clarificarse, no tenemos un plan definitivo. Hay que recordar que se trata de almacenes temporales”, subraya Carmen Ibarlucea, portavoz del Foro Antinuclear de Extremadura. ¿Cuál es el impacto medioambiental? “No se han hecho estudios. Los portugueses sí los hicieron y denunciaron contaminación en el río Tajo”. De hecho, Portugal, por la cercanía a la frontera, elevó una denuncia ante Europa en 2017 cuando se planteó la construcción del primer ATI.

Desde el otro lado, Foro Nuclear se agarra a que Almaraz no produce emisiones de CO2, lo que sí ocurre con las centrales de ciclo combinado que queman gas. Precisamente, por esa ausencia de CO2 se le consideró ‘energía verde’ por parte de la Unión Europea.

No obstante, Almaraz también necesita su propio combustible, el uranio, “que es finito, se está acabando y que se compra a Rusia”, incide Ibarlucea para romper esa idea de la autonomía energética que se le atribuye a la central cacereña.

Y hace hincapié en que las nucleares son ya “tecnología obsoleta que cuesta mucho dinero”.

Hay que partir de la premisa de que se diseñaron con un límite establecido: operar durante 40 años (Almaraz inició su actividad en 1981), aunque ahora empresas del sector defienden que se puede llegar hasta los 60 o incluso a los 100. En este hipotético caso, sería necesaria una importante inversión por parte de las propietarias. Al hilo de esta cuestión, hay que recordar que la posible prórroga de la central cacereña dependía, en un primer paso, de que sus dueñas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) pidieran la continuidad. No estaban dispuestas al considerar que el negocio no era rentable y por ello exigían al Gobierno una rebaja de impuestos. Enviaron la solicitud casi al límite sin la condición fiscal, pero habiendo conseguido una deducción en la ecotasa por parte de la Junta de Extremadura, una propuesta aprobada por María Guardiola a petición de Vox. 

¿En qué parte del proceso se está ahora? Desde el Gobierno se han establecido tres líneas rojas para dar el visto bueno a la ampliación: que se garantice la seguridad nuclear, la seguridad de suministro y que no suponga un coste para consumidores y contribuyentes.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha recibido la petición de prórroga y trabajará para emitir un informe donde se especifiquen las inversiones necesarias; paralelamente también hace los cálculos de cómo se llevaría a cabo el desmantelamiento de la central a partir de 2027. Son las dos opciones.

En ambos escenarios sigue siendo necesario trabajar tanto en una alternativa de empleo como en la mejora de las fuentes renovables para una transición justa.

En España solemos reducir el debate nuclear a una consigna binaria: prórroga sí o prórroga no. Ese marco es insuficiente. Lo que se dirime no es solo un mix eléctrico, sino la continuidad económica y social de comarcas donde la central estructura empleo, comercio y servicios públicos, al tiempo que el sistema eléctrico encara una década de transición con interconexiones limitadas y con el almacenamiento eléctrico todavía insuficiente y en expansión. En este contexto, la opción más razonable no es un sí incondicional ni un no abrupto, sino un sí con fecha de caducidad y condiciones exigibles.

Ese “sí condicionado” no pretende detener la transición, sino darle seguridad mientras madura. Su legitimidad descansa en unos pocos compromisos claros. Primero, que parte de los ingresos dependa de estabilizar la red —inercia, control de tensión, reservas— y no solo de producir energía. No se trata de pagar por existir, sino por prestar un servicio medible que reduzca vulnerabilidades en momentos críticos (¿les suena?). Segundo, que la prórroga sea corta y revisable: tres a cinco años como máximo, con hitos anuales que permitan recortarla si los sustitutos —almacenamiento, refuerzos de red, proyectos industriales— llegan a tiempo. El tiempo extra es un puente, no un derecho adquirido.

El territorio exige además resultados visibles. No bastan las declaraciones; se necesitan entregables con calendario: un canon anual pactado y actualizado, obras concretas cada año que refuercen servicios (salud, movilidad, vivienda), empleo local protegido en la transición y un programa de formación con inserción para jóvenes. Podría resumirse en un acuerdo breve, sin letra pequeña, que incorporase penalizaciones automáticas si no se cumplen los compromisos. El éxito no será retórico: se medirá cada trimestre en un tablero público con pocos indicadores, pero comprensibles.

Hay, asimismo, una condición que no admite eufemismos: prorrogar añade residuos. Un acuerdo serio lo reconoce con una cuenta separada destinada específicamente a cubrir el coste adicional de gestión y con un plan de mejora de los almacenes temporales allí donde sea necesario. Conviene explicitar, de manera sencilla, el “residuo marginal” asociado a cada año adicional: cuánto es, cuánto cuesta y dónde se guarda. Poner ese número sobre la mesa aportaría transparencia y credibilidad.

La transición solo merece ese nombre si deja una actividad nueva. Por eso el acuerdo debería incluir, en un plazo breve, un proyecto ancla no nuclear apoyado en el valor del nudo eléctrico de la central: almacenamiento, formación, mantenimiento industrial o un pequeño parque empresarial. Uno solo, bien definido —parcela, promotor, financiación, cronograma— bastaría para que el “día después” no empiece con un vacío.

El procedimiento de decisión también importa. Los referendos binarios tienden a simplificar en exceso. Es preferible una deliberación ciudadana informada que se pronuncie sobre paquetes condicionados: apoyo si se cumplen las cláusulas; retirada si no. La seguridad técnica no es materia de voto; sí lo es la licencia social vinculada a los beneficios pactados. Y, en la negociación, la coordinación comarcal y el apoyo de las asociaciones de municipios del entorno nuclear permiten ordenar peticiones y evitar asimetrías: una sola lista, un formato de acuerdo homogéneo, menos ruido y más control.

Este enfoque evitaría dos riesgos simétricos: el populismo del “todo o nada” y la opacidad tecnocrática que pide confianza sin ofrecer verificaciones. No promete milagros ni abre cheques en blanco. Propone un contrato con fecha, métricas y salidas. Si, al cabo de un año, no hay obras iniciadas, becas con inserción, canon pagado en tiempo, un proyecto ancla en marcha y la cuenta de residuos dotada, el propio diseño permite concluir —sin dramatismos— que ese sí ha caducado.

La decisión nuclear no resolverá por sí sola los desafíos del sistema ni los de los territorios; pero puede contribuir a que la transición sea ordenada. Para eso, el país necesita menos consignas y más reglas. Un sí que caduca, condicionado y verificable, podría ser una de ellas.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga.

En la mañana del martes 18 de noviembre, el buque Mijail Dudin navegaba frente a la costa holandesa. A bordo llevaba un cargamento de contenedores de uranio y uno de los secretos más incómodos de la industria nuclear francesa: su dependencia de Rusia para sus actividades de reprocesamiento, es decir, la transformación de combustible ya irradiado en material reutilizable en un reactor.

El buque, con bandera de Panamá, tiene previsto atracar en el puerto de Oust-Louga, en el mar Báltico, un importante puerto industrial ruso. ¿Cuál será su próximo destino? Posiblemente la ciudad de Seversk, en la región de Tomsk, donde se encuentra una planta de conversión de uranio gastado, la única en el mundo que lleva a cabo estas operaciones, muy contaminantes. Está gestionada por Tenex, una filial del grupo estatal ruso Rosatom.

Pero el lunes 17 de noviembre no se había confirmado nada oficialmente y era palpable la incomodidad entre los actores con los que Mediapart se puso en contacto, pues es un acontecimiento que debería haber pasado desapercibido: la carga el sábado de unos contenedores radiactivos a bordo del buque panameño en el puerto de Dunkerque. La ONG Greenpeace descubrió la maniobra y tomó fotos de los contenedores metálicos marcados con el símbolo amarillo y negro de la radiactividad.

“Había entre diez y doce contenedores ISO de 20 pies, equipados para recibir bidones con material radiactivo”, explica Yannick Rousselet, consultor de Greenpeace, así como “cilindros 30BX” diseñados para el transporte de uranio enriquecido. Pero estos iban claramente vacíos, ya que no tenían el logotipo de radiactividad. “Es muy probable que sea EDF quien envíe uranio ya gastado en forma de U3O8”, un polvo de color negro verdoso, “así como los contenedores que se utilizarán para devolver ese uranio una vez transformado”, precisa este especialista antinuclear.

Por parte de EDF, “no hay comentarios ni información específica sobre el tema”. Tampoco ha habido reacción por parte de Rosatom, con quien firmó un contrato de 600 millones de euros en 2018 para reciclar y enriquecer uranio procedente de combustible gastado. El ministerio de Economía no ha respondido a las preguntas de los periodistas, mientras que su ministro, Roland Lescure, se congratulaba a principios de noviembre de que los “amigos de la energía nuclear” hubieran “ganado la guerra de religión” sobre el átomo. Por su parte, la Alta Comisión para la Energía Atómica parece estar descubriendo ahora la operación.

Solo Orano (antes Areva), que fabrica el uranio reprocesado, denominado “URT”, en La Hague (Manche) a partir de combustibles gastados de EDF y lo almacena en su planta de Tricastin, en Drôme, explicó a Mediapart que “el transporte de uranio reprocesado (URT) al que ustedes se refieren no es operado por Orano y el URT no es propiedad del grupo”.

Esta empresa industrial especializada en la fabricación de combustible, propiedad del Estado francés en más de un 90 %, añade que “no está presente en Rusia, no tiene empleados allí y no tiene contratos en curso para la compra o venta de uranio natural, reprocesado o enriquecido con empresas rusas”.

Pero los vínculos de EDF con Rosatom continúan, a pesar del estallido de la guerra en Ucrania en 2022. La conversión del uranio reprocesado producido en Francia sigue realizándose en Rusia. A finales de 2023 se utilizó una primera recarga de combustible reprocesado enriquecido en el reactor de Cruas 2, en Ardèche. Y desde 2024 se han suministrado otras recargas, con uranio enriquecido en parte en los Países Bajos y en parte en Rusia, según precisa la empresa eléctrica.

Cada año, EDF compra cerca de 7.000 toneladas de uranio en todo el mundo, así como todos los servicios de transformación asociados (conversión, enriquecimiento, fabricación de conjuntos combustibles y reciclaje de combustible), recuerda el grupo. Esto supone cerca del 10 % de la demanda mundial.

En este carrito de la compra nuclear encontramos combustible tratado en Rusia. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, Francia volvió a importar 65 toneladas de uranio enriquecido procedente de Rusia, lo que representa el 20 % de sus importaciones totales de este producto, según los datos de aduanas analizados por Mediapart en junio.

Para las autoridades francesas, esto no supone ningún problema, ya que este volumen solo representa una mínima parte, alrededor del 5 %, de las 1.200 toneladas de combustible que se cargan cada año en las centrales nucleares francesas. Para garantizar la seguridad del suministro de sus reactores, EDF asegura que “maximiza la diversificación de sus fuentes geográficas y sus proveedores” y insiste en que no depende “de ninguna instalación, ninguna empresa y ningún país para garantizar la seguridad de su suministro”.

Entonces, “¿por qué seguir enviando uranio a Rusia para su tratamiento, cuando no hacerlo no tendría ninguna incidencia en el funcionamiento del parque?”, pregunta Pauline Boyer, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace Francia. Ella ve en ello “una señal política desastrosa”: ”Es realmente un cargamento vergonzoso, es indefendible intensificar el comercio con Rusia en un momento en que se intensifican los ataques contra la red energética de Ucrania.”

¿Es inmoral este sucio negocio nuclear con Rusia? En cualquier caso, no es ilegal, ya que “el combustible nuclear y otros bienes necesarios para el funcionamiento de las capacidades nucleares civiles” forman parte de los productos excluidos hasta ahora de las sanciones de la Unión Europea; la Comisión ha presentado después una hoja de ruta para eliminar progresivamente las importaciones rusas de energía. Rosatom y sus filiales estuvieron ausentes en la World Nuclear Exhibition, celebrada cerca de París a principios de noviembre, “por razones obvias relacionadas con la guerra”, según explicó su organizador.

¿Cuánto tiempo más durarán los negocios rusos de la energía nuclear francesa? EDF afirma estar “en conversaciones con varios proveedores” para desarrollar una planta de conversión de URT en Europa occidental. Pero hasta ahora no hay nada concreto. No se prevé ninguna instalación de este tipo en el megaproyecto de ampliación de las plantas de Orano en La Hague, denominado Aval du futur.

Pero ocurre que, sin conversión, el URT extraído en La Hague no es reutilizable en las centrales nucleares. Se convertiría entonces en un residuo, mientras que hoy en día se considera “material radiactivo” y, por lo tanto, se valoriza como tal. En la planta de Orano en Pierrelatte (Drôme) hay cerca de 35.000 toneladas, según el inventario de la Andra (Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos). Un voluminoso paquete que el sector nuclear teme que algún día se convierta en una carga.

Traducción de Miguel López

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este martes que la única central nuclear que ha solicitado la prórroga de su funcionamiento es la de Almaraz (Cáceres).

Aagesen, que ha hablado con EFE en la ciudad brasileña de Belém al margen de la cumbre climática COP30, ha recordado que los propietarios de las centrales nucleares pactaron el calendario de cierre en el año 2019 y son ellos a los que corresponde tomar decisiones sobre si quieren o no plantear una ampliación.

"La única ampliación de la que hemos recibido solicitud es Almaraz y por lo tanto estamos en ese proceso, donde primero hemos tenido muy claro que no íbamos a permitir que el coste de cualquier ampliación repercutiera sobre los consumidores o sobre los ciudadanos, y ahora estamos en esa fase en la cual queremos ver si la seguridad nuclear está ahí", ha comentado.

El director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), Paulo Santos, ha declarado este martes que las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) están “preparadas” para alargar su vida útil, si el Gobierno abre esa posibilidad.

La central nuclear de Ascó I tiene permiso de explotación hasta 2030; Ascó II, hasta 2032; y Vandellòs II, hasta 2035. En relación con el caso de Almaraz, Aagesen ha señalado que el Gobierno esperará el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de opinar.

"Ayer mismo realizamos el envío preceptivo al Consejo de Seguridad Nuclear. Es fundamental tener ese garante desde el punto de vista de seguridad nuclear y radiológica", ha dicho la vicepresidenta.

Aagesen ha recalcado que el informe técnico "merece el mayor respeto" y por ello el Gobierno no quiere "invadir" sus competencias "ni hacer ninguna valoración directa al respecto".

El CSN tiene de plazo hasta el 1 de septiembre de 2027 para remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el informe sobre la solicitud de prórroga de explotación de la central nuclear de Almaraz.

El pasado jueves y de forma un tanto sorprendente, Junts se abstuvo en la votación de una enmienda presentada por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible que facilitaba la prolongación de las centrales nucleares más allá del calendario de cierre pactado por las empresas. Teniendo en cuenta la importancia del asunto energético en Cataluña –una comunidad que apenas ha desarrollado energías renovables y cuyos poderes fácticos llevan tiempo empujando la prórroga nuclear– y la ruptura de las conversaciones con el Ejecutivo anunciada por Junts, todo hacía presagiar que estos apoyarían fervientemente la propuesta del PP. No fue así, la enmienda decayó y los análisis del momento leyeron ese movimiento en clave de una no-ruptura entre los independentistas y el Gobierno de coalición, el mismo día que se conocía el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que  avalaba los puntos clave de la amnistía.

Sin embargo, una mirada más allá de lo inmediato desvela que la abstención de Junts a esa enmienda del PP deja al Gobierno en una posición más incómoda. Hace unas semanas las empresas propietarias de la central de Almaraz –Iberdrola Generación Nuclear, Endesa Generación y Naturgy Generación– solicitaron al Ejecutivo una prórroga de la vida útil de la primera unidad de Almaraz, ampliándola de noviembre de 2027 a 2030. La enmienda presentada por el Partido Popular eliminaba la mención al carácter “último y definitivo” de la renovación de la autorización de Almaraz concedida ya en 2020. Es decir, la orden ministerial fija 2027 como el cierre definitivo, y eso es lo que los populares querían modificar.

Decaída la enmienda, ¿significa eso que Almaraz se cierra en 2027 tal como estaba previsto y acordado con las empresas? En absoluto. Las compañías han pedido su prórroga y la decisión está ahora en la mesa del Gobierno de coalición, lo que le pone en un serio aprieto. Por un lado, desde Extremadura –en campaña electoral–, y desde Cataluña –territorio estratégico para el PSOE de Sánchez– los socialistas están apostando por el mantenimiento de las centrales nucleares. Sin embargo, un movimiento así, además de producir numerosas dudas de carácter legal, supondría una enmienda a la totalidad de la política energética y de transición ecológica de este Ejecutivo, un freno al desarrollo de las energías renovables y un serio problema entre los socios de coalición. El alma verde de Sumar no podría resistir una decisión así, y para el conjunto de la formación supondría un incumplimiento grave del acuerdo de gobierno, como han declarado ya públicamente: "El cierre de las centrales nucleares es un compromiso del acuerdo de gobierno y no vamos a admitir que nadie se desmarque, mucho menos nuestro socio. El cierre de las centrales nucleares es un acuerdo del Gobierno y el PSOE tiene que cumplirlo" (ver aquí). En efecto, en la página 16 de dicho acuerdo, se puede leer: “Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las 16 centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa.”

Como se ha dicho, las empresas propietarias de Almaraz ya han solicitado la ampliación y cumplen sobre el papel con las tres líneas rojas que el Ministerio de Transición Ecológica les había planteado: que no se trasladen costes a los ciudadanos (que no haya rebajas fiscales para las eléctricas), que se garantice la seguridad nuclear y que se asegure el suministro eléctrico. Saben, no obstante, que la primera condición no deberá cumplirse de forma inmediata, pues la política energética –y más la nuclear– trabaja con plazos largos, y para cuando la ampliación entre en vigor quizá la Moncloa tenga otro inquilino encantado de incorporar las rebajas fiscales que las propietarias de centrales nucleares desean y anhelan. Esto, sin mencionar los costes indirectos y el coste de oportunidad que supone mantener la energía nuclear, topando así el desarrollo de renovables.

Si las compañías energéticas consiguen su cometido, hacen creer que cumplen con esas tres condiciones, y el Gobierno de coalición PSOE-Sumar prorroga la vida de Almaraz, habrá abierto la puerta para que el resto de nucleares hagan lo propio. Las renovables seguirán limitadas y con nulos incentivos a invertir en ellas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que marca la estrategia de transición energética habrá saltado por los aires y el Gobierno de coalición habrá hecho añicos su política de transición ecológica. Todo esto, en base a una decisión propia, sin que puedan alegar que una enmienda del PP, apoyada por la ultraderecha y Vox, les ataba de manos.

En efecto, Junts ha decidido ponérselo difícil al Gobierno. 

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), han acordado solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una 'miniprórroga' para los dos grupos de la instalación extremeña hasta junio de 2030.

En un comunicado remitido este jueves tras su asamblea extraordinaria, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) reitera su compromiso para seguir operando Almaraz de forma "segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo".

De obtener el visto bueno, la prórroga supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor de Almaraz, cuyo cese de actividad está previsto para el 1 de noviembre de 2027, y en dos años la de la segunda unidad, que, de acuerdo con el calendario actual, tendría que echar el cierre el 31 de octubre de 2028.

En una breve nota, CNAT se refiere a esta central como una "infraestructura esencial que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares".

Al mismo tiempo, señala, la instalación es el "principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

CNAT, que agrupa a las compañías titulares de Almaraz, sostiene además que la planta cacereña "cumple con todos los requisitos" de la revisión periódica de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2020 y que está vigente, precisamente, hasta 2030.

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta abogando por ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según ha avanzado El País y han confirmado este viernes a EFE fuentes del sector.

Fuentes de Transición Ecológica aseguran hoy que ya han recibido la misiva, si bien aclaran que en ella las tres compañías "exclusivamente trasladan su 'disposición' para ampliar el calendario de cierre" de Almaraz, pero que "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación".

Las mismas fuentes insisten en que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, "no ha cambiado su posición" de que para estudiar cualquier posible prórroga, ésta debe garantizar la seguridad desde una perspectiva radiológica, no suponer un mayor coste para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.

Este martes, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con motivo de esta cita, Iberdrola reiteró su compromiso con la extensión de la vida útil de esta central, en la misma línea de las posiciones manifestadas públicamente por Endesa y Naturgy. Esta última compañía insistió a comienzos de esta semana en plantear una 'miniprórroga' hasta 2030.

Desde el sector se valoró positivamente que Iberdrola diera un paso adelante y se posicionara a favor de una prórroga para Almaraz, de la que es el primer accionista con una participación cercana al 53%, por delante de Endesa (36%) y Naturgy (11, %).

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón peninsular del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

Fuentes de Iberdrola consultadas tras la reunión de la Junta de CNAT defendieron que la energía nuclear "es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización".

La central de Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y genera, cada año, el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares nacionales.

A tenor del documento de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hasta el 31 de diciembre de 2024 la planta extremeña tenía una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen de cerca de 630.000 gigavatios hora (GWh), siendo la instalación de "mayor aportación al sistema eléctrico nacional".

El cierre de su primer reactor está previsto para el 1 de noviembre de 2027, mientras que el del segundo, para el 31 de octubre de 2028.

En 2019, las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035.

Si no se modifica, la primera en cerrar será Almaraz. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo. 

La politización de asuntos de interés general todo lo enturbia. Ahora estamos en plena campaña de la derecha en apoyo de la energía nuclear y, en consecuencia, de la izquierda en contra. El despliegue del lobby atómico estos días es tan arrollador que impide un debate argumentado sobre si es conveniente, o no, alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta que se logre el almacenamiento de la energía.

"¡Que viene el apagón!", amenazan, como si atemorizas a un niño con el lobo. Mientras, está en marcha una estrategia dirigida a crear confusión con un tema muy técnico que tiene al Gobierno atrapado entre Sumar y PP-Vox. Resulta que el 1 de noviembre comenzaría el predesmantelamiento de las centrales nucleares con Almaraz al frente previsto para el 2035, según el plan que ellas mismas firmaron con Enresa. Lo que ha provocado el renacer de una polémica que, como el aborto, parece de otra época. 

Si la energía nuclear es tan genial y no está prohibido construir una central, Feijóo y Abascal deberían animar a las eléctricas a levantar una al lado de su casa. Lo que se llama educar con el ejemplo. Ya lo hizo Celia Villalobos con los huesos durante la crisis de las vacas locas o Arias Cañete con los yogures caducados. El problema es que los inversores no quieren meterse en un negocio que no es rentable si hay que partir de cero y que conlleva un alto coste de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos.

No veas qué marrón. Porque un molino eólico se desmonta en un día pero en donde ha habido una central nuclear hay que custodiar durante siglos algunos residuos. En 2009, el Congreso planteó montar un cementerio nuclear (ATC) en un municipio de Guadalajara pero la oposición social y política fue tal que se abandonó el asunto. Así que cada una de las siete centrales que hay en España tiene que asumir sus residuos.

Las eléctricas carecen de interés en construir nuevas centrales, pero les conviene mucho que las actuales sigan funcionando ahora que ya están amortizadas. Y a cambio de pedir permiso para seguir funcionando chantajean al Gobierno para que les quite los impuestos que el nuevo gurú económico del PP, Alberto Nadal, aprobó en 2013 cuando era secretario de Estado de Energía y que enfureció al sector. Tranquilos, que para eso ha vuelto ahora, para prometer eliminarlos en cuanto regresen al poder. Lo de siempre. Cuando gobiernan suben impuestos y crean otros nuevos, pero en la oposición se quejan de los que ellos mismos se inventaron. 

Ahí está la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que acaba de renunciar a 40 de los 80 millones que la central de Almaraz ingresaba a su comunidad gracias a su tasa ambiental autonómica. Le ha obligado Vox como condición para apoyar los presupuestos. El pasado mayo ya lo había hecho Mazón, perdonó la ecotasa a la central de Cofrentes a pesar de los más de 5.000 millones que había ganado en 2024. Los presidentes del PP exigirán luego al Gobierno más ingresos porque les faltan para garantizar los servicios públicos a valencianos y extremeños.

En estas, reaparece Red Eléctrica, que cuenta con más redes y más energía que nunca, a pedir auxilio a la CNMC, dando un golpe de gracia a las renovables, que tendrán menos protagonismo en el sistema frente al aumento en el mix de las centrales de ciclo combinado de gas porque no es capaz de gestionar el tráfico y busca cubrirse las espaldas. Un contexto perfecto para polarizar y entonar ‘Nucleares, sí. Por supuesto’, la irónica canción de Aviador Dro en los años 80, en respuesta al lema de la izquierda 'Nucleares, no. Gracias', cuando el debate sobre la energía nuclear estaba en su apogeo.

A cada coche que se acerca, se le entrega un folleto: Grosse querelle chez Arabelle! (Gran pelea en Arabelle). La rima (en francés, ndt) divierte a la joven y al hombre mayor con chaleco rojo que reparten folletos bajo la llovizna tibia de esta mañana de julio. Los trabajadores empiezan a llegar poco después de las 8. Se van bajando todas las ventanillas para coger la carta de la CGT que resume los motivos de una huelga iniciada once días antes.

Sonrisas, apretones de manos: el ambiente es distendido frente a las instalaciones de Arabelle Solutions, antigua GE Steam Power, rebautizada tras su compra por Électricité de France (EDF) en 2024. Incluso la directora de recursos humanos sale a saludar a los delegados sindicales, pero desaparece en cuanto se da cuenta de la presencia de una periodista.

Sin embargo, se respira un aire de emoción: “Nunca habíamos hecho huelga, ¡es histórico!”, dice Abdel*, jefe de obra, que lleva veinte años en la empresa y casi todos los días en la carretera. “¡Ya no podemos vivir así! Ya no tenemos ninguna ventaja por ser itinerantes”. Pone como ejemplo su desplazamiento actual: “Me dan 93 euros para el alojamiento, el desayuno, el almuerzo y la cena. Así que duermo en cuchitriles de hoteluchos para ahorrarme 20 euros porque sin los desplazamientos no puedo ahorrar nada”.

El día anterior, Patrick*, empleado de Arabelle Services —una entidad de Arabelle Solutions— y afiliado al sindicato CFE-CGC, explicaba: “En quince años, nunca había vivido una huelga. Pensábamos que al entrar en EDF las cosas mejorarían. Pero, en realidad son peores”.

Un acuerdo de empresa propuesto a principios de julio encendió la mecha: reducción de varias primas (incomodidad, comidas), reducción de la cobertura de los gastos de desplazamiento para volver a casa durante una misión, presión sobre la duración de los desplazamientos, etc. Lo que el empleador presentó como una simple adaptación a las normas de la Urssaf, el organismo que se encarga de recaudar las cotizaciones sociales, fue considerado por los trabajadores como un ataque inaceptable a sus derechos adquiridos.

“¡Quitarnos nuestras primas, con la vida miserable que llevamos!”. Abdel no se calma. “Me levanto a las 3 de la madrugada para estar a las 5 en la obra, a veces salgo a las 11 de la noche. Vivimos en pueblos donde no hay mucho que hacer porque las centrales nucleares no están en las ciudades.“

Se vuelve hacia su vecino, Ryan*, jefe de equipo, también afiliado a la CGT: “En una habitación, incluso tuvo bichos que le picaban.” ¿Chinches? “¡Eso es!”. Tras deshacerse de estos insectos urticantes, su compañero explica: “No estamos considerados. Hacemos sacrificios, en nuestro entorno la tasa de divorcios es muy alta. Nos perdemos los cumpleaños de nuestros hijos.” Todos dicen que les gusta su trabajo y esta itinerancia que les permite “conocer el país”, “no estar encasillados en un marco” y escapar de “la monotonía”. Pero no a cualquier precio: “Gano 2.600 euros brutos al mes, 100 euros más que los jóvenes a los que formo, ¿le parece normal?”

A las preguntas de Mediapart, Arabelle Solutions se limita a dar una respuesta mínima: “Las recientes conversaciones con todos los actores de este movimiento han sido intensas y constructivas”.

Satisfechas algunas reivindicaciones de los empleados, en la mañana del 23 de julio, la dirección de la empresa anuncia el fin de la huelga: “La mayoría de nuestros trabajadores itinerantes han reanudado su actividad hoy.” Pero unas horas más tarde, la CGT lo desmiente y afirma que continúan los paros en las centrales de Cattenom (Mosela), Cruas (Ardèche), Tricastin (Drôme) y, en parte, en Blayais (Gironda) y Dampierre-en-Burly (Loiret).

La huelga se mantendrá mientras la empresa no conceda un aumento del 7 % en la remuneración de las horas extra —fuera del horario diurno habitual— para compensar la reducción de las primas y un aumento de la prima por distancia. Arabelle Solutions se mantiene al margen: “No deseamos hacer más comentarios al respecto, más allá de lo ya comunicado anteriormente”.

Según los delegados sindicales contactados por Mediapart, la huelga partió de las bases, sobre todo de numerosos trabajadores no afiliados: “Hay una presión enorme sobre la CGT: por un lado, tenemos la presión de la dirección para firmar el protocolo de fin de huelga y, por otro, los huelguistas nos dicen que no quieren volver al trabajo”, dice uno de ellos. Dado que los empleados se encuentran en centros repartidos por toda Francia, las asambleas generales se celebran a diario a través de WhatsApp. En total, los trabajadores itinerantes de Arabelle Services son solo 195, pero la especificidad de sus competencias y oficios (especialistas en turbinas que hacen funcionar los reactores nucleares, especialmente en los EPR; expertos en alternadores, almaceneros...) hace que sean capaces de paralizar una obra si se niegan a trabajar. Un supervisor de obra, también en huelga, describe “una gran angustia social entre los empleados” y una fuerte “demanda de reconocimiento por parte de sus directivos”.

A diferencia de los subcontratistas, empleados por empresas externas con contratos de duración determinada, los itinerantes son empleados fijos con contratos indefinidos. Se les envía durante todo el año a trabajos de mantenimiento programados —las “paradas de unidad” de los reactores nucleares—, pero también en caso de reparaciones inesperadas y a menudo muy urgentes. “Nunca tenemos una planificación a seis meses vista”, resume Marc*, supervisor de obra, en huelga. En estas condiciones, es difícil mantener una vida social o acudir a una cita con el dentista concertada semanas antes.

La cuestión es que pasan parte de su vida profesional en la carretera, de camino hacia sus nuevas tareas; algunas personas entrevistadas por Mediapart dicen que recorren más de 30.000 kilómetros al año. A veces en turnos de ocho horas y en horarios irregulares, soportando largos desplazamientos y plazos de intervención muy estrictos. No están expuestos a las dosis de radiactividad del edificio del reactor, pero sufren ruido (“es un infierno, y los tapones para los oídos no siempre son los adecuados”), posturas incómodas (“pasar cuatro horas agachado debajo de una turbina”) y calor en las obras: hasta 42 °C en la sala de máquinas de Tricastin con equipos pesados y a veces embutidos en trajes de plástico, describe un técnico habitual de la central.

También está la formación de los trabajadores temporales: “Es una carga enorme, se exige mucho a los responsables de obra, que tienen que formar a mucha gente en oficios muy específicos”, añade Marc. Afortunadamente, sigue existiendo la pasión por la mecánica: “Son máquinas increíbles, ¡me encantan! Son joyas tecnológicas, se puede cambiar todo”, admite Arnaud*, jefe de obra.

Es la historia de un conflicto social clásico en torno a una cuestión industrial de gran actualidad: ¿Quién se beneficiará de las enormes inversiones públicas y privadas destinadas a la reactivación de la energía nuclear en Francia?

Es también la historia de un trauma aún palpable: el de la venta de las actividades energéticas de Alstom a General Electric en 2015, cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía. Una operación muy controvertida por la pérdida de soberanía que entonces simbolizaba y, casi diez años después, por el coste de la compra de las actividades nucleares del que fuera buque insignia francés. Parte de los empleados de Arabelle Solutions trabajaban anteriormente para Alstom.

Una década después, “la gente echa de menos aquella época, Alstom iba muy bien”, resume Marc. En febrero, Arabelle Solutions registró unas pérdidas de 120 millones de euros antes de intereses e impuestos. “¡En treinta y cinco años en la empresa, he tenido nueve nombres diferentes!”, calcula Franck*, empleado y delegado de la CGT. Y añade con amargura: “Hoy estamos con EDF, pero quién sabe, mañana puede que cierren.”

* Los nombres con asterisco han sido modificados a petición de las personas afectadas.

Traducción de Miguel López

Los precios de la luz en Europa en la última semana se han desbocado por los efectos de la ola de calor. Sube el consumo de electricidad, las centrales son menos eficientes y tres reactores nucleares han tenido incluso que apagarse en Francia y Suiza por el calentamiento de los ríos. Este último fenómeno no se ha dado nunca en España, pese a que la península también tiene siete reactores y sus ríos están mucho más expuestos al calor, de manera que cabe preguntarse por qué aquí no y en otros países sí.

La respuesta es que la normativa ambiental que regula los vertidos de aguas de refrigeración es más laxa en España que en otros países europeos. En Francia, siempre que un río alcance una temperatura de 28 °C, los reactores que necesiten su agua tienen que apagarse para no empeorar la situación. En Suiza el límite son 25 °C. Pero en España no hay un techo de temperatura para los ríos y solo hay obligación de que las centrales térmicas (también las de gas) devuelvan el agua que emplean para refrigerarse menos de 3 °C por encima del nivel al que la toman. Si el vertido es en lagos o embalses, sí hay un tope de 30 °C.

Aunque no hay un límite general, sí es cierto que las confederaciones hidrográficas pueden establecer sus propios umbrales de temperatura con los que pueden trabajar las centrales de su cuenca a través de autorizaciones de vertidos, pero las cotas son en general más permisivas que en Francia o Suiza. En el Tajo se ubican los dos reactores de Almaraz y el reactor de Trillo (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y allí la Confederación Hidrográfica del Tajo permite refrigerar con agua del cauce siempre que se devuelva a menos de 30 °C.

El termómetro exacto de la planta durante estos días es confidencial, pero a la altura de Almaraz (Cáceres) la temperatura del Tajo se encuentra realmente cerca de este tope, según los datos en tiempo real de la Confederación. Su termómetro a la salida de Almaraz lleva una semana marcando alrededor de 30 ºC, con un máximo de 31,3 ºC, que supera ampliamente la normativa. 

Sin embargo, desde la Confederación responden a infoLibre que los datos en tiempo real no están validados y pueden tener anomalías "superiores a un grado". "De cualquier forma, se realiza una recogida de información in situ sistemáticamente y en caso de detectarse anomalías se establece contacto inmediato con la central nuclear", añaden. Un portavoz de la central de Almaraz también confirma que la temperatura de vertido no ha superado los 30 °C hasta ahora.

Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la plataforma Toledo en Defensa del Tajo, recuerda que Almaraz ya tuvo en 2012 que instalar una veintena de torres de refrigeración mecánica por el gran problema de calentamiento del agua que sufría el embalse de Arrocampo, donde suelta el agua que después acaba en el Tajo.

"Controlar la temperatura del agua que se vierte es fundamental porque las especies de los ríos están adaptadas a unos valores. Calentar el agua también acelera la proliferación de la vegetación y la caída de los niveles de oxígeno en un río (el Tajo) que ya de por sí está muy contaminado por la agricultura y los vertidos de Madrid", recuerda Sánchez. "Y que no se nos olvide que este embalse está a las puertas de Monfragüe, un parque nacional".

En el Júcar, en Comunidad Valenciana, ocurre lo mismo. Allí toma y vierte agua el reactor de Cofrentes (Iberdrola) y la Confederación Hidrográfica del Júcar ha establecido para la central un permiso de vertido siempre que el agua esté a menos de 28 °C, pero del 1 de junio al 30 de septiembre se permite llegar a un vertido de 31 °C.

En Francia no se permite esa excepción, que habría sido suficiente para mantener abierto el reactor que cerró el pasado domingo. La compañía EDF, dueña del parque nuclear francés, tuvo que apagar el reactor Golfech I debido a que el río donde descarga estaba peligrosamente cerca del límite legal de temperatura. "Las condiciones meteorológicas de los últimos días han provocado un aumento importante de la temperatura en el Garona, que se espera que alcance los 28 °C el lunes", publicó EDF un día antes. En este caso, la planta cuenta con una torre de refrigeración que permite devolver el agua al río solo 0,2 °C por encima, pero eso no es suficiente para seguir operando.

El reactor de Blayais I, en el sureste de Francia, también tuvo que reducir su potencia el lunes por el calentamiento del río Gironda, así como el de Bugey, en el sureste. En Suiza han parado los dos reactores Beznau porque el río Aar ha superado los 25 °C.

El diario Le Monde contó esta semana que estas medidas se orientan exclusivamente a proteger la biodiversidad, pero que técnicamente los reactores pueden soportar una mayor temperatura de enfriamiento. "En el verano de 2022, la Autoridad de Seguridad Nuclear otorgó una exención a cuatro centrales eléctricas, incluida Golfech, para que pudieran operar a pesar de la ola de calor, con el fin de preservar la estabilidad del sistema eléctrico", recuerda el diario francés.

Eduardo Florentino, experto en energía nuclear y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, explica que los reactores españoles están preparados para afrontar olas de calor porque utilizan torres de refrigeración para evaporar una parte del agua que se utiliza en las centrales. Una instalación con estas torres puede devolver agua al río o al embalse tan solo 0,2 ºC más caliente de lo que la recogió. "Hace tiempo que se entendió que en España hacía falta prever las olas de calor y poner estas torres de refrigeración. Por ejemplo, Ascó no la tenía cuando se inauguró en 1984, pero se añadió en los años 90", señala el ingeniero.

Sin embargo, el problema al que se enfrentan tanto España como Francia es que el agua está tan caliente debido al cambio climático que incluso se acerca a las temperaturas tope antes incluso de haber pasado por el interior de las centrales. Al igual que en Almaraz, en Cofrentes (Valencia) los termómetros de la Confederación del Júcar marcan desde hace más de 10 días por encima de 28 °C, el límite de la concesión.

Pero en el caso de Cofrentes, esas mediciones en tiempo real tampoco son válidas para el cálculo. "Los controles oficiales se hacen cada dos días y abarcan un tramo del río, como recoge la ley, y no se utiliza la medida en tiempo real. En todo caso, no se superan los valores máximos permitidos", contestan desde la Confederación.

Los otros dos reactores que vierten agua en un río español son Ascó I y II (Endesa e Iberdrola) en Tarragona, donde también hay un historial dudoso de vertidos calientes. Ecologistes en Acció denunció este año la "contaminación térmica" del Ebro porque allí hay un límite de vertido a 25 °C, más exigente que en las otras plantas, y con un intercambio de temperatura que no puede superar los 3 °C, "que se ha sobrepasado reiteradamente en 2022 y 2023".

El séptimo reactor nuclear español, Vandellós II (Tarragona), es el único pegado al mar y que utiliza agua del Mediterráneo, por lo que queda al margen de la normativa del dominio público hidráulico.

La sequía ligada al cambio climático complica todavía más este problema. El ingeniero nuclear Francisco Ramírez explica en Revista Nuclear que cuando se reduce el caudal de un río por la sequía, este es mucho más sensible a los vertidos de las centrales nucleares porque hay menos caudal para diluir ese calor extra.

En concreto, calculó que en una situación normal, dos reactores de 1.000 MW de potencia vierten tanta energía en el río Ebro que lo calientan 2,4 ºC. "¿Y si el caudal del río se reduce a la mitad? Sencillo, el incremento de temperatura se multiplica por dos: 4,8 ºC", resume el ingeniero.

De hecho, Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico español, recoge en su informe de operación de 2024 la sequía como uno de los principales "riesgos físicos" de la red para la "generación térmica y nuclear", puesto que también hace falta agua para enfriar las centrales de ciclo combinado de gas. En todo caso, para 2030 y 2050 lo identifican como un riesgo "medio-bajo", incluso en un escenario de cambio climático severo.

El agua es clave en las centrales nucleares por dos motivos. Primero, porque se calienta con el calor del núcleo del reactor y ese vapor a alta presión permite girar una turbina y generar electricidad. Después, porque ese vapor se pasa por un circuito de agua fría que procede del exterior (un río o el mar) para condensar el líquido y poder calentarlo de nuevo en el reactor y repetir el proceso. Esa agua fría que se ha utilizado a modo de condensador se devuelve después al medio ambiente, pero puede pasar antes por una torre de refrigeración para rebajar su temperatura, aunque este paso hace que una parte se pierda porque se evapora a la atmósfera.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves en conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Moscú no se desviará de sus objetivos en Ucrania pese a los llamamientos de su colega a un cese de hostilidades, según informó el Kremlin y recoge EFE. "Rusia no se desviará de sus objetivos", dijo el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica.

Ushakov agregó que Putin explicó a Trump que Moscú continuará sus esfuerzos para eliminar las "causas originales" del conflicto con Ucrania, que llevaron a la confrontación actual. Mientras, Trump "planteó de nuevo la cuestión de un pronto cese de las hostilidades", reconoció el asesor presidencial.

Durante la conversación, que duró casi una hora y fue la sexta que ambos líderes mantienen este año, Putin le informó a Trump sobre el cumplimiento de medidas de carácter humanitario, acordadas con Ucrania durante las últimas negociaciones en Estambul y aseguró que Rusia está dispuesta a continuar el diálogo con Ucrania. "Vladímir Putin destacó que nosotros continuamos buscando una solución política y negociadora al conflicto", afirmó, aunque recalcó que no se abordó en concreto una tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev.

Desde Washington, Trump dijo a preguntas de la prensa estar "descontento" porque no logró "ningún progreso" sobre las negociaciones de paz en Ucrania durante esta conversación telefónica. "Tuvimos una llamada. Fue bastante larga y hablamos sobre muchos temas, incluido Irán. También conversamos de la guerra con Ucrania y no estoy contento sobre eso, no lo estoy", declaró antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Iowa. Cuando los periodistas insistieron, el republicano agregó: "No, no logramos ningún progreso con ellos".

Además de Ucrania, ambos presidentes abordaron en profundidad la situación en torno al programa nuclear iraní y Siria. "La parte rusa destacó la importancia de la solución de asuntos problemáticos y conflictivos exclusivamente a través de medios políticos y diplomáticos", indicó.

A la vez, señaló que Putin y Trump no abordaron el cese de entrega de ciertos tipos de armas estadounidenses a Ucrania, anunciado esta semana por Washington. "Durante esta conversación ese tema no se tocó", aseguró Ushakov.

El asesor presidencial reconoció que Putin y Trump no hablaron esta vez sobre una posible cumbre en un futuro.

La semana pasada, al hilo de los primeros mil bidones de residuos nucleares en la Fosa Atlántica localizados por la misión científica francesa Nodssum, la Xunta generó un notable alboroto político cuando la conselleira de Medio Ambiente aseguró que se había enterado "por la prensa" de estos vertidos ocurridos hace décadas para, acto seguido, recular. Sin embargo, además de estas declaraciones de Ángeles Vázquez, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, dependiente de su departamento, anunció que había solicitado información sobre el asunto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mediante una carta.

El CSN, una autoridad administrativa independiente, acaba de responder a esta comunicación. Como en anteriores ocasiones en las que fue cuestionado sobre este tema —también por Praza.gal en 2017 en el marco de la investigación en la que este periódico constató la ausencia de una vigilancia estable sobre los bidones—, el organismo evidencia que solo controla la radiactividad en las aguas costeras y no en el entorno de estos puntos, de cuya supervisión defiende que las autoridades españolas continúen al margen. Porque España, argumenta, no tiró residuos nucleares al Atlántico.

De esta forma, la respuesta del CSN a la Xunta consistió en "información sobre la calidad radiológica ambiental de las aguas costeras", que en el caso gallego se evalúa mediante "tres puntos de muestreo" con recogidas trimestrales. "Los resultados de las medidas y análisis realizados hasta la fecha no han detectado niveles significativos de radiactividad ambiental" en el litoral, señala.

Al hacer pública esta respuesta, Seguridad Nuclear también destaca que en 2021 la Unión Europea revisó, "entre otros asuntos", los sistemas de "vigilancia radiológica ambiental de las costas gallegas" y concluyó que son "adecuados". Lo hizo con un estudio conocido en 2023 en el que, como informó Praza.gal, volvió a evidenciar que nadie vigila regularmente el estado de estos vertidos nucleares que ahora está controlando la misión científica francesa en uno de los puntos donde se produjeron —en total son hasta una docena—.

En este sentido, Seguridad Nuclear enfatiza que estos vertidos se produjeron fuera de las aguas territoriales españolas y, además, subraya que "España no efectuó vertidos en la Fosa Atlántica". "Por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad sobre ellos ni sobre su estado" y "únicamente le corresponde verificar la calidad radiológica del medio ambiente en su territorio, incluidas las aguas costeras".

Mientras el organismo español responsable de la seguridad nuclear vuelve a desligarse del estado de los bidones, el equipo de la misión francesa continúa ofreciendo nuevos detalles sobre su trabajo. Uno de los responsables de la operación, el geólogo marino Javier Escartín, informó este lunes que el submarino robotizado Ulyx, con el que trabajan, ya ha realizado siete inmersiones en las que pudo localizar alrededor de 1.900 bidones y sigue extrayendo también sedimentos del fondo marino y muestras de agua para analizar la posible radiactividad.

Otra miembro de la misión, la geóloga marina canadiense Caroline Gini, explica a través de sus redes sociales que la expedición "está yendo bien". El submarino Ulyx, detalla, permite obtener imágenes de alta resolución de los bidones y la tecnología con la que trabajan les proporciona agua cerca de los bidones con los desechos, así como muestras del fondo marino.

El buque oceanográfico francés L'Atalante acaba de identificar los primeros mil barriles de residuos radiactivos frente a la costa gallega. Tras llegar a una de las zonas identificadas hace una semana y tras diversas pruebas técnicas —fundamentalmente el funcionamiento del robot submarino Uly X , capaz de descender hasta 6.000 metros—, esta misión científica bautizada como Nodssum, extrajo también fauna y sedimentos de la zona donde, entre 1949 y 1982, se vertieron unas 140.000 toneladas de estos residuos en estos contenedores de acero y hormigón. El último vertido, realizado por Países Bajos, tuvo lugar hace casi 43 años. 

La subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, aplaudió este miércoles la misión, de la que destacó su carácter internacional y su objetivo de analizar las consecuencias de "un comportamiento de hace muchos años". Según explicó, el Ejecutivo central estará muy atento a los resultados para "poder prevenir y actuar" sobre cualquier incidencia y "tomar medidas".

También este miércoles, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se dirigió otra vez a la Comisión Europea para recordarle que "no hizo su trabajo con respecto a la investigación de los residuos radiactivos de la Fosa Atlántica". Así, destacó que es la cuarta pregunta que le envía pidiendo una investigación europea. "No puede ser que Galicia recibiera la basura europea y que hoy la UE no haya tomado ninguna medida", explicó. 

Fue en 2017, en el 35 aniversario de los últimos vertidos nucleares frente a Galicia, en la conocida como Fosa Atlántica, cuando Praza.gal realizó una larga investigación con consultas a una decena de organismos internacionales y españoles en la que no fueron capaces de responder si alguien estaba vigilando con algún tipo de programa estable de supervisión esos bidones de acero y hormigón con 140.000 toneladas de residuos radiactivos vertidos al océano entre 1949 y 1982. PSOE, PP y BNG se hicieron eco de aquella investigación y durante varios años formularon iniciativas en el Parlamento gallego, el Congreso y el Europarlamento que constataron que ni España ni la UE vigilaban ni tenían previsto hacerlo el estado de esos bidones, algunos de los cuales llevan siete décadas bajo el mar.

Tras esas evasivas y negativas, recogidas por medios de comunicación de toda España, acabó siendo Francia la que anunció que realizaría la primera misión para vigilar el estado de los residuos de la Fosa Atlántica, una expedición científica que comenzó el pasado domingo 15 de junio y que acaba de identificar esos primeros mil barriles en esta primera campaña de localización y aproximación, en la que también se tomaron muestras. Una tarea que se completará en una segunda fase que se prevé para 2026 pero que aún no tiene fecha. 

El proyecto NODSSUM (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring), liderado por Javier Escartín y Patrick Chardon e impulsado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) francés —el equivalente al CSIC de España—, prevé realizar su primera campaña hasta el 11 de julio. En ella, el submarino robotizado autónomo UlyX, de la flota oceanográfica francesa, localiza los bidones y les toma fotografías. También toma muestras de animales y sedimentos para comprobar la radiactividad de los mismos.

En función de los resultados de la primera campaña, en una segunda aún sin fecha se empleará también un submarino para tomar muestras mucho más cerca de los bidones. Los objetivos son localizar con precisión los bidones y evaluar su condición física, medir la presencia de radiactividad en el agua, sedimentos y organismos vivos, estudiar su interacción y caracterizar los procesos de transporte de radiactividad en las profundidades del océano. 

La misión que ahora realizará Francia se centra en solo uno de la docena de puntos de vertido a lo largo de toda la costa atlántica europea identificados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según el inventario oficial de este organismo [aquí el PDF], con el que está elaborado el mapa interactivo que acompaña a esta información, en el lugar que investigará Francia, a unos 500 kilómetros al noroeste de Fisterra, cuatro países diferentes depositaron residuos nucleares entre 1977 y 1982: Bélgica (17.605,5 toneladas), Reino Unido (14.141 toneladas), Países Bajos (13.696 toneladas) y Suiza (3.151 toneladas). Además de este punto de vertido, hay otros varios más próximos a las costas gallegas donde estos u otros países lanzaron cantidades similares de residuos radiactivos.

Por otra parte, los residuos que ahora se analizarán son de los más recientes en el tiempo, justo anteriores a la prohibición de este tipo de prácticas, mientras que en otros emplazamientos los primeros bidones se vertieron hace más de 70 años, por lo que su deterioro puede ser mayor. 

La investigación realizada por Praza.gal en 2017 sobre la falta de supervisión de los bidones provocó la reacción de varios partidos políticos y de Greenpeace, cuyas campañas junto a marineros gallegos a bordo del buque Xurelo lograron poner fin a los vertidos en 1982. En el Parlamento Europeo, la Comisión respondió, como ya hiciera a preguntas de este periódico, que los vertidos están en aguas internacionales y que los Estados miembros solo tienen la obligación de analizar la radiactividad en sus costas, procedimientos que la UE supervisa periódicamente .

La Comisión incluso respondió, a una pregunta del entonces eurodiputado socialista José Blanco, que el Gobierno de Mariano Rajoy no veía necesario controlar los residuos a pesar de que varios ministerios discreparan entre ellos sobre las competencias en la materia.

Ante estas respuestas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, siguió formulando preguntas sucesivas —la última esta misma semana— para conocer el resultado de la siguiente supervisión europea sobre cómo España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), detecta la radiactividad en sus costas, control que se hizo en octubre de 2021 y cuyos resultados se comunicaron en marzo de 2023. En aquel momento, la Comisión Europea aseguró que los controles españoles de radiactividad en el litoral gallego y cantábrico eran adecuados, pero insistió en que "la verificación de todo tipo de control de los vertederos en la fosa atlántica queda fuera del ámbito de aplicación" de las normas europeas. 

"La Comisión reconoció que no dispone de información actualizada del estado de los bidones y que los últimos informes con los que cuenta, referidos a las aguas del Atlántico Norte, datan de 1990 y 2003", recordó este miércoles Ana Miranda. 

A falta de otras iniciativas por parte de la decena de organismos internacionales y estatales consultados por Praza.gal, ahora es Francia la que estudia el estado de estos residuos.

El Gobierno iraní informó de que los ataques israelíes que comenzaron el viernes han causado cerca de 1.800 heridos y han matado a 35 mujeres y 10 niños, aunque no ofreció un número total de fallecidos actualizado, según informó el martes la agencia oficial Irna y recogió EFE.

El ministro de Sanidad iraní, Mohammad Reza Zafarghandi, informó de que los ataques que comenzaron el 13 de junio han causado al menos 1.800 heridos, la mayoría de ellos civiles.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad cifró el pasado domingo en 224 los muertos por los ataques, pero el organismo no ha ofrecido nuevos datos totales de muertos, si bien ha habido reportes de prensa que elevan la cifra a más de 230.

El dirigente sí se refirió al bombardeo ocurrido el domingo en la Plaza Quds, en el norte de la capital, precisando que en la explosión fallecieron 12 personas, incluida una mujer embarazada, y otras 47 resultaron heridas.

Israel inició la ofensiva en la madrugada del viernes, argumentando que el avance del programa nuclear iraní y la fabricación de misiles balísticos por parte de Teherán representan una amenaza directa para su seguridad.

Desde entonces, la aviación israelí ha atacado diversas infraestructuras estratégicas, incluidos sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos y plantas nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow. También se han reportado operaciones contra altos mandos de la Guardia Revolucionaria y científicos vinculados al programa nuclear iraní.

Por su parte, el gobierno israelí ha informado que los misiles lanzados por Irán en respuesta han provocado la muerte de más de una veintena de personas en territorio israelí.

El debate interminable sobre el futuro de la nuclear en España ha regresado esta semana con más fuerza que nunca. Por primera vez, el presidente de la mayor eléctrica de España, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). ha pedido abiertamente en el Foro de Davos "mantener encendidas" las centrales operativas "porque son absolutamente necesarias", una clara alusión a paralizar el calendario pactado entre el sector y el Gobierno en 2019 para apagar los siete reactores que funcionan en España. En su discurso, no obstante, obvió la principal exigencia del sector para mantener vivos los reactores: menos impuestos para poder competir con otras tecnologías.

El pacto sobre el apagón nuclear en España recoge que la primera en cerrar sería Almaraz I (Extremadura) en noviembre de 2027 y el resto se desconectarían en los siguientes años, hasta culminar el plan en 2035. Las presiones para posponer estas fechas llevan años manifestándose en forma de comunicados no oficiales del sector atómico. Foro Nuclear, la patronal que representa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EdP, las dueñas de las cinco centrales españolas, ha trasladado en numerosas ocasiones que los siete reactores que funcionan en el país pueden operar durante décadas con una serie de inversiones. Pero que para rentabilizar este gasto hace falta reducir "la presión fiscal asfixiante" que sufren. 

Las voces para reabrir el diálogo nuclear en España surgieron tras una movilización que tuvo lugar el sábado 18 de enero en Almaraz. Allí acudieron unas 7.000 personas para reclamar que se mantenga operativa la central. El Ministerio de Transición Ecológica emitió un comunicado ese día en el que recordó que la decisión de cerrar fue de las compañías: "No es una atribución de este Ejecutivo. Es una decisión empresarial". En todo caso, añadieron desde el ministerio, "ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado al MITECO la modificación de este calendario de cierre y lo pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España". 

En respuesta al Gobierno, Foro Nuclear lanzó otro comunicado el lunes siguiente argumentando que si no han pedido reformar ese calendario es porque pagan demasiados impuestos, y así es inviable funcionar a largo plazo. "La carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo (desde 2019) un 70%, pasando de 16 €/MWh a 28 €/MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica. Como hemos denunciado en numerosas ocasiones, varios de estos tributos son redundantes, con objetos y bases imponibles duplicados y en su mayoría no atienden a su finalidad".

Esta afirmación sobre que la fiscalidad ha aumentado proviene del cálculo que hizo la consultora PwC el año pasado. En un informe señaló que, prácticamente, todos los tributos del sector nuclear han subido en los últimos cinco años, desde que se acordó el cierre de las centrales. Según el documento de la consultora, producir electricidad en una central nuclear cuesta ahora 39,50 €/MWh, y si a esa cifra se suman los 28,22 €/MWh de fiscalidad (en 2019 eran 16,56 €/MWh de impuestos), la energía les sale demasiado cara (66,90 €/MWh) y no puede competir con otras fuentes de energía, como las renovables. Aunque obvian que durante cientos de horas del año la electricidad se vende a precios muy inferiores y las cuentas no saldrían incluso con una bajada de impuestos. Además, varios de estos tributos son compartidos con el resto de tecnologías que generan electricidad, de manera que no restan competitividad a la energía atómica.

Según el informe de PwC, la principal subida fiscal de los últimos cinco años ha sido la de la famosa tasa Enresa, que en 2024 provocó un enfrentamiento abierto entre las compañías y el Gobierno.

Esa tasa recolecta dinero por cada megavatio de energía generado por un reactor nuclear para costear el desmantelamiento de las centrales españolas, una operación que están obligadas a pagar las compañías y que valdrá unos 20.000 millones de euros. Como el Gobierno central no ha logrado encontrar un municipio que albergase un gran cementerio nuclear para todos los residuos de las cinco centrales —el plan original de 2019— decidió en diciembre de 2023 reestructurar el plan de desmantelamiento y construir siete cementerios temporales debajo de cada uno de los reactores actuales, un cambio que encareció el plan de cierre en unos 2.000 millones.

De esta manera, en junio de 2024 el Ministerio de Transición Ecológica anunció que la tasa Enresa pasaría de 6,69 €/MWh (la cifra pactada en 2019) a 10,36 €/MWh, una decisión que enfadó enormemente a los propietarios de los reactores y que Foro Nuclear ha recurrido al Supremo. En este contexto, no hay margen para reducir esta tasa para abaratar la tasa Enresa si se pretende cubrir todo el coste del cierre, aunque el sector defiende que si se extendiera el calendario, la tasa Enresa descendería por sí sola porque el coste total del desmantelamiento se amortizaría a lo largo de más años.

El segundo gravamen que más ha subido desde 2019, según los cálculos de PwC, es el impuesto sobre los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica (IVPEE), creado por el PP de Mariano Rajoy en 2012. Habría pasado de 2,30 €/MWh a 4,85 €/MWh en 2024.

En realidad, el impuesto no ha variado y continúa gravando el 7% de los ingresos que tiene una compañía por la energía vendida. A diferencia de la tasa Enresa, también afecta al resto de tecnologías que generan electricidad, como las renovables o las centrales de ciclo combinado, así que no castiga la competitividad de la nuclear. En la década pasada el sector trató de tumbar el IVPEE alegando que era recaudatorio y que no buscaba proteger el medioambiente, como alegó en su día el Gobierno cuando lo creó, pero perdió la batalla judicial en el Tribunal Constitucional y después en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Estas dos figuras fiscales son el epicentro del conflicto nuclear en este momento. La queja del sector es que ambos impuestos se solapan porque gravan lo mismo, y como otras tecnologías de generación eléctrica no pagan ninguno de los dos, tienen una ventaja fiscal.

En 2012 el Gobierno de Rajoy creó el Impuesto producción combustible nuclear gastado, que en teoría grava el coste que tendrá durante las próximas décadas gestionar los residuos nucleares, dada la "incertidumbre" de que la tasa Enresa pueda cubrir el coste real del desmantelamiento de las centrales debido a la inflación. Esta tasa permanece congelada desde su creación (2.190 euros por kilogramo de metal pesado generado en los reactores), pero según PwC su coste para las nucleares ha crecido de 4,49 a 5,17 €/MWh en los últimos cinco años.

La patronal del sector, entonces Unesa, también llevó en 2013 este tributo a los tribunales, pero el caso se zanjó en 2019, cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró que era legal. Al igual que en los casos anteriores, sentenció que aunque su objetivo real fuese recaudatorio para compensar la deuda histórica del sistema eléctrico, es compatible con la normativa comunitaria.

Por su parte, las tres comunidades autónomas que acogen los siete reactores vivos en España, han ido introduciendo unas tasas autonómicas (llamadas Ecotasas) para compensar el impacto ambiental en la región de tener estas centrales. En 2010 lo hizo Extremadura (donde está Almaraz I y II), en 2013 la Comunitat Valenciana (Cofrentes), y en 2020 Cataluña (Ascó I y II, y Vandellós II). En este caso, desde 2019 ha crecido de 1,79 €/MWh de media a 4,77 €/MWh porque Cataluña introdujo la suya en 2020, y la situó muy por encima del resto, en 6,65 €/MWh, según PwC.

La consultora, en su estudio elaborado para las propietarias de las centrales, también calcula que otros tantos impuestos han subido en los últimos años, pero habría poco margen para meter mano sobre ellos porque pertenecen a diferentes administraciones. En conjunto, habrían subido de 1,29 a 3,07 €/MWh entre 2019 y 2024.

Entre ellos se encuentran el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la tasa para financiar el coste del Consejo de Seguridad Nuclear o los costes de vigilancia de las centrales de la Guardia Civil, entre otros.

El Partido Popular y Vox también han tratado de hacer suya la defensa de las nucleares, antes incluso de que las propias eléctricas lo hayan solicitado formalmente, de forma que en las próximas semanas esta batalla para renegociar el calendario nuclear llegará probablemente al Congreso.

El PP llevó en su programa electoral de 2023 la extensión de la vida útil de los reactores y en noviembre presentó una propuesta no de ley, pero ahora prepara una ofensiva a gran escala con una propuesta de ley que en teoría presentará en febrero. Feijóo estuvo el jueves 16 de enero en Cáceres para defender la central de Almaraz, el plato previo a la manifestación que se celebró el pasado fin de semana junto a la central. Además de numerosos políticos de PP y Vox, también asistió a la movilización el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, del PSOE.

Los municipios afectados por el futuro cierre nuclear también llevan años presionando para abortar este plan porque argumentan que perderán la principal fuente de ingresos municipal. Pedro Sánchez Yebra, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), calcula que se perderían unos 30.000 empleos con el apagón atómico, 10.000 de ellos directos. "Son el motor de nuestros municipios. Hay autónomos, pequeños comercios y empresas auxiliares que viven de ello", señala. Sánchez Yebra también es alcalde Yebra (Guadalajara) por el PP y trabaja con Naturgy en el sector nuclear.

Unas 7.000 personas, entre ellas un buen número de representantes políticos de distinto signo, marchan desde la plaza del Ayuntamiento de Almaraz hasta las puertas de la central nuclear para reclamar, pancarta en mano, la continuidad de la actividad de la planta extremeña ante el cierre previsto por el Gobierno central, según informa EFE.

La manifestación, convocada por los ayuntamientos del área de influencia de la central nuclear de Almaraz y la plataforma ciudadana "Sí a Almaraz, Sí al futuro", ha partido a las 10:30 horas desde el ayuntamiento con el fin visibilizar el rechazo que existe en buena parte de la sociedad extremeña al cierre de la instalación nuclear, que se ejecutaría en su primera unidad en 2027 y de forma definitiva en 2028.

A la cabeza de la comitiva se encuentran la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, flanqueada por el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso Retamosa, y el conocido divulgador científico Alfredo García, operador de reactor y supervisor.

Guardiola ha destacado la unidad de la sociedad extremeña, por encima de colores", para intentar frenar el "despropósito" del cierre de la central nuclear de Almaraz, un asunto que trasciende a la región, ya que es "una política de Estado y estamos jugándonos la soberanía energética".

También han participado en la concentración previa los presidentes de las Diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz, Miguel Ángel Morales y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, en contra de un cierre que ha movilizado a una alta representación de la sociedad extremeña entre alcaldes, ciudadanos y sectores económicos, políticos y sociales.

Antes de partir hacia la ubicación de la instalación nuclear, el alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma "Sí a Almaraz, Sí al futuro", Fernando Sánchez, ha subrayado que "estamos aquí por y para los intereses de una comarca y de toda Extremadura", para decir "alto y claro que este cierre conllevaría la despoblación de nuestro mundo rural".

Tras un recorrido sin incidentes de ningún tipo, la comitiva ha llegado pasadas las 11:00 horas hasta el control de acceso de la planta nuclear, en el que se había desplegado una gran pancarta con el lema "Sí a Almaraz, Sí al futuro".

Aquí, sobre un escenario se han sucedido varias intervenciones, entre ellas la del alcalde de Toril y presidente de la mancomunidad de Campo Arañuelo, Eugenio Trebejos, quien ha subrayado que cada vez más países, también en la Unión Europea, están apostando por la energía nuclear como eje de desarrollo insustituible, a la vez que ha defendido que "no podemos perder una de las mejores centrales del mundo".

Borja Romero, presidente del Comité de Empresa, ha destacado que el 7 % de la energía que se produce en España proviene de Almaraz, una central "segura, eficiente, y, muy importante, libre de emisiones de dióxido de carbono".

Finalmente, el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz, ha calificado la central nuclear, que genera 3.000 empleos, como "la industria más necesaria" de Extremadura.

Por su parte fuentes del Gobierno han compartido la necesidad de trabajar por un futuro mejor para el conjunto de los municipios, y a ello ha venido orientando su trabajo: con anticipación, diálogo, el diseño de un ecosistema atractivo para la inversión y el desarrollo. Además, aducen el cierre de la central a motivos empresariales y no técnicos.

Destacan que las eléctricas españolas no quieren prolongar la vida de sus centrales nucleares ya que les exigiría invertir mucho en las instalaciones para cumplir con las normas de seguridad aprobadas por la UE tras el desastre de Fukushima, por lo que obtienen más rentabilidad invirtiendo en renovables.