El sector nuclear reabre una batalla contra el cierre de centrales que sólo podrá ganar con dinero público

El debate interminable sobre el futuro de la nuclear en España ha regresado esta semana con más fuerza que nunca. Por primera vez, el presidente de la mayor eléctrica de España, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). ha pedido abiertamente en el Foro de Davos "mantener encendidas" las centrales operativas "porque son absolutamente necesarias", una clara alusión a paralizar el calendario pactado entre el sector y el Gobierno en 2019 para apagar los siete reactores que funcionan en España. En su discurso, no obstante, obvió la principal exigencia del sector para mantener vivos los reactores: menos impuestos para poder competir con otras tecnologías.
El pacto sobre el apagón nuclear en España recoge que la primera en cerrar sería Almaraz I (Extremadura) en noviembre de 2027 y el resto se desconectarían en los siguientes años, hasta culminar el plan en 2035. Las presiones para posponer estas fechas llevan años manifestándose en forma de comunicados no oficiales del sector atómico. Foro Nuclear, la patronal que representa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EdP, las dueñas de las cinco centrales españolas, ha trasladado en numerosas ocasiones que los siete reactores que funcionan en el país pueden operar durante décadas con una serie de inversiones. Pero que para rentabilizar este gasto hace falta reducir "la presión fiscal asfixiante" que sufren.
Las voces para reabrir el diálogo nuclear en España surgieron tras una movilización que tuvo lugar el sábado 18 de enero en Almaraz. Allí acudieron unas 7.000 personas para reclamar que se mantenga operativa la central. El Ministerio de Transición Ecológica emitió un comunicado ese día en el que recordó que la decisión de cerrar fue de las compañías: "No es una atribución de este Ejecutivo. Es una decisión empresarial". En todo caso, añadieron desde el ministerio, "ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado al MITECO la modificación de este calendario de cierre y lo pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España".
En respuesta al Gobierno, Foro Nuclear lanzó otro comunicado el lunes siguiente argumentando que si no han pedido reformar ese calendario es porque pagan demasiados impuestos, y así es inviable funcionar a largo plazo. "La carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo (desde 2019) un 70%, pasando de 16 €/MWh a 28 €/MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica. Como hemos denunciado en numerosas ocasiones, varios de estos tributos son redundantes, con objetos y bases imponibles duplicados y en su mayoría no atienden a su finalidad".
Esta afirmación sobre que la fiscalidad ha aumentado proviene del cálculo que hizo la consultora PwC el año pasado. En un informe señaló que, prácticamente, todos los tributos del sector nuclear han subido en los últimos cinco años, desde que se acordó el cierre de las centrales. Según el documento de la consultora, producir electricidad en una central nuclear cuesta ahora 39,50 €/MWh, y si a esa cifra se suman los 28,22 €/MWh de fiscalidad (en 2019 eran 16,56 €/MWh de impuestos), la energía les sale demasiado cara (66,90 €/MWh) y no puede competir con otras fuentes de energía, como las renovables. Aunque obvian que durante cientos de horas del año la electricidad se vende a precios muy inferiores y las cuentas no saldrían incluso con una bajada de impuestos. Además, varios de estos tributos son compartidos con el resto de tecnologías que generan electricidad, de manera que no restan competitividad a la energía atómica.
La fiscalidad nuclear: la tasa Enresa
Según el informe de PwC, la principal subida fiscal de los últimos cinco años ha sido la de la famosa tasa Enresa, que en 2024 provocó un enfrentamiento abierto entre las compañías y el Gobierno.
Esa tasa recolecta dinero por cada megavatio de energía generado por un reactor nuclear para costear el desmantelamiento de las centrales españolas, una operación que están obligadas a pagar las compañías y que valdrá unos 20.000 millones de euros. Como el Gobierno central no ha logrado encontrar un municipio que albergase un gran cementerio nuclear para todos los residuos de las cinco centrales —el plan original de 2019— decidió en diciembre de 2023 reestructurar el plan de desmantelamiento y construir siete cementerios temporales debajo de cada uno de los reactores actuales, un cambio que encareció el plan de cierre en unos 2.000 millones.
De esta manera, en junio de 2024 el Ministerio de Transición Ecológica anunció que la tasa Enresa pasaría de 6,69 €/MWh (la cifra pactada en 2019) a 10,36 €/MWh, una decisión que enfadó enormemente a los propietarios de los reactores y que Foro Nuclear ha recurrido al Supremo. En este contexto, no hay margen para reducir esta tasa para abaratar la tasa Enresa si se pretende cubrir todo el coste del cierre, aunque el sector defiende que si se extendiera el calendario, la tasa Enresa descendería por sí sola porque el coste total del desmantelamiento se amortizaría a lo largo de más años.
El IVPEE
El segundo gravamen que más ha subido desde 2019, según los cálculos de PwC, es el impuesto sobre los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica (IVPEE), creado por el PP de Mariano Rajoy en 2012. Habría pasado de 2,30 €/MWh a 4,85 €/MWh en 2024.
En realidad, el impuesto no ha variado y continúa gravando el 7% de los ingresos que tiene una compañía por la energía vendida. A diferencia de la tasa Enresa, también afecta al resto de tecnologías que generan electricidad, como las renovables o las centrales de ciclo combinado, así que no castiga la competitividad de la nuclear. En la década pasada el sector trató de tumbar el IVPEE alegando que era recaudatorio y que no buscaba proteger el medioambiente, como alegó en su día el Gobierno cuando lo creó, pero perdió la batalla judicial en el Tribunal Constitucional y después en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Impuesto al combustible nuclear y ecotasas autonómicas
Estas dos figuras fiscales son el epicentro del conflicto nuclear en este momento. La queja del sector es que ambos impuestos se solapan porque gravan lo mismo, y como otras tecnologías de generación eléctrica no pagan ninguno de los dos, tienen una ventaja fiscal.
En 2012 el Gobierno de Rajoy creó el Impuesto producción combustible nuclear gastado, que en teoría grava el coste que tendrá durante las próximas décadas gestionar los residuos nucleares, dada la "incertidumbre" de que la tasa Enresa pueda cubrir el coste real del desmantelamiento de las centrales debido a la inflación. Esta tasa permanece congelada desde su creación (2.190 euros por kilogramo de metal pesado generado en los reactores), pero según PwC su coste para las nucleares ha crecido de 4,49 a 5,17 €/MWh en los últimos cinco años.
La patronal del sector, entonces Unesa, también llevó en 2013 este tributo a los tribunales, pero el caso se zanjó en 2019, cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró que era legal. Al igual que en los casos anteriores, sentenció que aunque su objetivo real fuese recaudatorio para compensar la deuda histórica del sistema eléctrico, es compatible con la normativa comunitaria.
Por su parte, las tres comunidades autónomas que acogen los siete reactores vivos en España, han ido introduciendo unas tasas autonómicas (llamadas Ecotasas) para compensar el impacto ambiental en la región de tener estas centrales. En 2010 lo hizo Extremadura (donde está Almaraz I y II), en 2013 la Comunitat Valenciana (Cofrentes), y en 2020 Cataluña (Ascó I y II, y Vandellós II). En este caso, desde 2019 ha crecido de 1,79 €/MWh de media a 4,77 €/MWh porque Cataluña introdujo la suya en 2020, y la situó muy por encima del resto, en 6,65 €/MWh, según PwC.
Otros impuestos
La consultora, en su estudio elaborado para las propietarias de las centrales, también calcula que otros tantos impuestos han subido en los últimos años, pero habría poco margen para meter mano sobre ellos porque pertenecen a diferentes administraciones. En conjunto, habrían subido de 1,29 a 3,07 €/MWh entre 2019 y 2024.
Entre ellos se encuentran el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la tasa para financiar el coste del Consejo de Seguridad Nuclear o los costes de vigilancia de las centrales de la Guardia Civil, entre otros.
Una guerra política
El Partido Popular y Vox también han tratado de hacer suya la defensa de las nucleares, antes incluso de que las propias eléctricas lo hayan solicitado formalmente, de forma que en las próximas semanas esta batalla para renegociar el calendario nuclear llegará probablemente al Congreso.
El PP llevó en su programa electoral de 2023 la extensión de la vida útil de los reactores y en noviembre presentó una propuesta no de ley, pero ahora prepara una ofensiva a gran escala con una propuesta de ley que en teoría presentará en febrero. Feijóo estuvo el jueves 16 de enero en Cáceres para defender la central de Almaraz, el plato previo a la manifestación que se celebró el pasado fin de semana junto a la central. Además de numerosos políticos de PP y Vox, también asistió a la movilización el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, del PSOE.
Los municipios afectados por el futuro cierre nuclear también llevan años presionando para abortar este plan porque argumentan que perderán la principal fuente de ingresos municipal. Pedro Sánchez Yebra, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), calcula que se perderían unos 30.000 empleos con el apagón atómico, 10.000 de ellos directos. "Son el motor de nuestros municipios. Hay autónomos, pequeños comercios y empresas auxiliares que viven de ello", señala. Sánchez Yebra también es alcalde Yebra (Guadalajara) por el PP y trabaja con Naturgy en el sector nuclear.