La mayoría del Congreso se opone a cambiar el calendario de cierre de las nucleares en España

No hay mayoría en el Congreso para cambiar el calendario de cierre de las centrales nucleares que quedan en España y prolongar su funcionamiento. Pero mucho menos lo hay para aumentar su peso en el mix energético español porque planificar, construir y poner en marcha nuevas centrales supone entre 10 y 20 años y para entonces el plan de la Unión Europea es que sean las energías verdes —las que de verdad son renovables y no generan residuos— las que dominen la producción.

La decisión del Gobierno de oponerse a la propuesta de la Unión Europea de cambiar la consideración de la energía nuclear y de las centrales de ciclo combinado (en las que se emplea combustible fósil) para que ambas sean consideradas verdes y así retrasar su extinción y facilitar que puedan recibir financiación pública acaba de reabrir el melón del debate político sobre la utilización del átomo para producir electricidad. Pero eso no quiere decir que quienes desean un renacimiento de las nucleares lo tengan fácil.

En primer lugar, porque aunque tiene apoyo entusiasta de Francia, la propuesta de Bruselas sólo cuenta, de momento, con el respaldo expreso de muy pocos países. Y con el rechazo de dos de los más grandes: Alemania y España. Para salir adelante necesita el apoyo de la mayoría simple del Parlamento Europeo y el voto a favor de 20 de los 27 países de la Unión que representen al menos el 67% de la población de la UE.

Y, en segundo lugar, porque aunque la propuesta de Ursula von der Leyen fuese aprobada, no cambiaría la realidad de mapa energético español, en el que sobreviven siete reactores en cinco emplazamientos (Almaraz I y II en Cáceres, Ascó I y II y Vandellós II en Tarragona, Cofrentes en València y Trillo en Guadalajara) que ya tienen fecha de cierre porque están a punto de superar —o ya lo han hecho— su ciclo de vida útil. Prolongar su funcionamiento exige cuantiosas inversiones que las eléctricas no están, de momento, dispuestas a asumir.

O no lo estaban, porque el lobby nuclear español acaba de defender que el átomo juegue un papel importante en la transición energética.

Lo cierto es que cualquier eléctrica puede proponer abrir nuevas centrales. Otra cosa es que les compense asumir el enorme coste que representa tomar esa iniciativa, sobre todo si el Estado no asume la mayor parte de los gastos, incluido el desmantelamiento al final de la vida útil de la instalación.

¿Y si lo hiciera? El Gobierno podría cambiar de política e inyectar dinero público para crear nuevas centrales. Pero aun así tardarían entre una y dos décadas en estar operativas, por lo que difícilmente podrían contribuir a resolver el problema de precios provocado desde hace varios meses por la dependencia del gas. Y para entonces los planes del gobierno pasan porque España esté cerca de abastecerse con un 100% de renovables gracias, entre otras cosas, al hidrógeno verde (el que genera el combustible a través de la eólica) y a las generalización de las baterías. 

De momento, el calendario vigente habla de cierre y las posiciones de los partidos representadas en el Congreso no apuntan a una cancelación. Almaraz I lo hará el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II el 31 de octubre de 2028 y Ascó I se desconectará en 2029. A finales de 2030, si no hay cambios en el calendario, se habrá clausurado también Ascó II. Para el lustro siguiente, quedarían Cofrentes, Vandellós II, que pararán en 2033 y 2034, respectivamente. En 2035 está previsto el cierre de la central Trillo, poniendo así fin a la producción de energía nuclear en España.

Otra cosa son sus consecuencias, que seguirán presentes durante mucho tiempo. Las centrales cerradas hasta la fecha (Garoña, Zorita y Vandellós I) están todavía en proceso de desmantelamiento y sus residuos nos acompañarán durante milenios. 

Los problemas de la energía nuclear en España se remontan a los años ochenta. En 1982 Felipe González (PSOE) paralizó los planes previstos y abordó una reestructuración que en 1994 dio lugar a una moratoria que canceló definitivamente las obras de siete centrales: Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodola I y Sayago I. Nunca se conectaron a la red, aunque algunas llegaron a estar terminadas al 100%. 

Alemania, en cabeza

Alemania nos lleva ventaja. Lo ocurrido en Fukushima (Japón) en 2011 y la memoria de Chernóbil (Ucrania) resolvieron definitivamente el debate nuclear en el corazón de la UE. La CDU de Angela Merkel tomó partido contra las centrales y puso en marcha un calendario de cierre que su sucesor, Olaf Scholz, en cuyo gobierno están además Los Verdes, se dispone a cumplir a rajatabla. 

Con el nuevo año, Alemania desconectó tres de sus seis últimas centrales nucleares: Brockdorf, Emsland y Gröhnde, en el norte de Alemania. El resto (Neckarshaim 2, Isar 2 y Gundremingen C, en el sur) cerrarán antes de que finalice el año.

Así que no es de extrañar que el Gobierno alemán también se oponga a la propuesta de la Comisión de lavarle la cara a la nuclear con la excusa de que no emite CO₂. No lo hace, pero genera residuos muy peligrosos que además son difíciles y caros de gestionar. Y para los que España no tiene ni siquiera un depósito permanente.

La posición del Gobierno de coalición en este asunto es coherente no solo con la vigente legislación española y con los planes de la UE sino con los compromisos que PSOE y Unidas Podemos adquirieron cuando se presentaron a las elecciones.

Los socialistas prometieron entonces mantener el calendario de cierre de “las centrales de carbón y nucleares” y “alcanzar en 2030 un porcentaje de electricidad producida con energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 2040, y del 100% en el 2050”. Unidas Podemos era aún más exigente: prometió poner fin a “las centrales de carbón antes del final de 2025 y de las centrales nucleares antes del final de 2024”.

La derecha española no apostó en las elecciones de 2019 por la energía nuclear. Pero estaba a favor. El PP, sin mencionarla, sí defendió no renunciar a tecnologías no renovables “que aún son útiles a nuestro país”. Vox fue todavía menos concreto: su objetivo es, dice su programa, “conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia”. Una referencia que, a la vista de las intervenciones de su diputada Mireia Borrás en el Congreso, alude a la nuclear, aunque no sea ni barata, ni sostenible, ni limpia.

El líder del PP, Pablo Casado, lleva meses defendiendo la energía nuclear como una solución para la factura de la luz, aunque ningún cambio en la política sobre esta tecnología puede tener efectos a corto medio o plazo en el recibo. 

Mercado liberalizado

De las palabras de Casado se desprende además que apostar por la energía nuclear es una decisión exclusivamente política. Sin embargo, en un mercado eléctrico liberalizado y una producción privatizada, las empresas tienen mucho que decir porque, aunque haya apoyo público, son ellas las que asumen los riesgos y los posteriores beneficios o las pérdidas. Y las eléctricas españolas no quieren seguir con esta tecnología. Por eso pactaron un calendario de cierre. Al menos hasta ahora.

El problema es que, en contra de lo que se suele decir, la energía nuclear no es barata. Los costes y la tardanza en levantar una central nuclear son, en muchas ocasiones, incompatibles con los ritmos de la transición ecológica. 

Ciudadanos, que hasta ahora mantenía una posición relativamente ambigua, se decanta por la propuesta de Bruselas e, igual que Casado, vincula la producción nuclear al problema del recibo. Quieren que el Gobierno explique su rechazo en el Congreso y propone “impulsar una mesa por la energía que ofrezca soluciones ante la escalada de precios”.

El bloque de la investidura, en cambio, desde Esquerra al PNV, está por el desmantelamiento de las centrales de fisión atómica. Cuando no por un adelanto del calendario de cierre.

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Dentro del Gobierno, aunque existe un acuerdo de fondo, sí han trascendido diferencias en torno a la propuesta de Bruselas. La vicepresidencia tercera, que lidera Teresa Ribera (PSOE), se ha mostrado en contra de que la nuclear y la cogeneración sean consideradas verdes, pero ha aceptado la posibilidad de que ocupen una nueva categoría, a la vista de que no producen CO₂ o lo hacen en un porcentaje menor que las energías enteramente dependientes de los combustibles fósiles.

Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos, también cree que estas tecnologías “no pueden formar parte de la nueva taxonomía verde europea”. Pero se muestra preocupado por los matices de la respuesta de Ribera: “Pese a compartir el rechazo del Gobierno a esta propuesta, nos parece que la postura de nuestro país debe ser mucho más ambiciosa y eso no pasa por hacer trampas con categorías intermedias”. “Para impulsar las políticas climáticas y acelerar la transición verde que necesita el planeta”, asegura, “ni el gas ni la nuclear pueden seguir recibiendo inversiones que deben ir a las energías renovables”.

La apuesta de Francia por la nuclear, que además celebra elecciones presidenciales este año, se explica por sus 56 reactores operativos, la cifra más elevada de la Unión Europea. Más del 70% de su electricidad es de origen nuclear, el porcentaje más elevado del mundo. Entre los más dependientes están Eslovaquia (54%), Hungría (49%), Bélgica (47%) y Suecia (34 %), según Foro Nuclear, el lobby de la industria del átomo en nuestro país. En España representó el 22% de la generación peninsular en 2019, según datos de Red Eléctrica de España.